Puntos Clave de la Sociedad Civil para el Nuevo Borrador ... - CSM

El nuevo borrador cero tiene que ir mucho más allá de la noción de “participación” de las partes interesadas en los proyectos de inversión. Los principios del CLPI (consentimiento libre, previo e informado) deberían aplicarse a todas las comunidades afectadas, en particular a las partes interesadas más vulnerables y marginadas. Debería prevalecer el principio de la co-­‐gestión de los recursos naturales (incluidas la tierra, el agua y las semillas) por las comunidades. Las consultas deberían celebrarse en todas las fases de la toma de decisiones sobre el proyecto y la implementación del mismo, desde que se inicia el estudio de los proyectos de inversión, incluida la negociación de los términos del contrato. Las consultas deberían basarse en evaluaciones previas e independientes de los impactos potenciales positivos y negativos de las inversiones (algo parecido al párrafo 12.10 de las DVGT). El Estado es responsable de garantizar que la información pertinente se ponga a disposición de las personas afectadas de formas accesibles que permitan su comprensión y uso. Esto debe incluir explícitamente la divulgación de toda la información que las comunidades afectadas necesitan mientras se negocian los proyectos propuestos. 7. La inversión agrícola responsable adopta un enfoque atento al género que hace especial hincapié en las necesidades de las mujeres productoras de alimentos Aunque los Términos de Referencia (6C-­‐v) requieren que los principios de la iar aborden las cuestiones de género, el borrador cero actual es completamente ciego a los asuntos de género. Teniendo en cuenta que las mujeres suponen el 80% de la mano de obra agrícola y que son responsables de la producción de la mitad de los alimentos del mundo, esta omisión es inaceptable. Esta laguna debería abordarse reconociendo explícitamente las formas específicas de discriminación a las que hacen frente las mujeres, incluidos: el acceso desigual a, y el control de, los recursos productivos como la tierra: menos oportunidades económicas; salarios más bajos comparado con los hombres por el mismo trabajo; un poder de toma de decisiones en el hogar más débil; la carga no cuantificada ni remunerada del trabajo productivo y reproductivo; la exclusión de las reuniones y procesos de toma de decisiones que afectan a sus vidas. 8. Mecanismos para examinar las inversiones que sean independientes, inclusivos, transparentes y que rindan cuentas y estén acompañados por mecanismos de recurso justos y efectivos Los principios relacionados con el monitoreo y el examen de las inversiones, así como los relacionados con los procedimientos de reclamación y recurso, necesitan ser mucho más sólidos que en el borrador discutido el 16 y 17 de mayo, con una definición más clara de los papeles y responsabilidades. Antes de que se tomen decisiones o se llegue a acuerdos con los inversores externos, los Estados deben garantizar evaluaciones independientes y completas que incluyan la participación plena de las comunidades afectadas (tal como se cita en el párrafo 12.10 de las DVGT). Los Estados deben respaldar la supervisión independiente y monitorear las inversiones a gran escala en la tierra mediante iniciativas de actores múltiples que incluyan a la sociedad civil, tal como se resalta en las Directrices Voluntarias, dedicando especial atención a los impactos y el cumplimiento de las normativas y leyes apropiadas. Las acciones de satisfacción de los posibles agravios deberían incluir la compensación, la restitución, las sanciones, la posibilidad de emprender el procedimiento jurídico adecuado, etc. Los Estados deben garantizar que los mecanismos judiciales y no judiciales nacionales y locales de reclamación y de recurso son accesibles y asequibles para las comunidades afectadas. Si no lo fueran, los Estados deberían proporcionar ayuda legal. Los mecanismos de reclamación deben tener en cuenta y contrarrestar el desequilibrio de poder entre las comunidades, los inversores y los gobiernos.

9 No están claros los papeles y responsabilidades de los distintos actores para garantizar, promover y respaldar la inversión agrícola responsable Es necesario aclarar los papeles y responsabilidades. El Estado queda frecuentemente identificado como facilitador-­‐regulador, pero también es inversor y, de acuerdo con la legislación internacional en derechos humanos, tiene obligaciones hacia sus ciudadanos. Los principios de la iar deben reconocer el papel primario de los Estados a la hora de exigir cuentas a los inversores privados. Esto incluye la obligación extraterritorial de los Estados de origen de exigir cuentas a los inversores privados en sus inversiones en el extranjero. Los principios deben asegurar que el derecho a la alimentación y al agua se incluyan en los tratados de inversión bilaterales y en otros acuerdos de inversión internacionales, y exigir a las empresas que invierten en el extranjero que divulguen plenamente sus actividades. Aunque las empresas privadas no tienen el mismo tipo de obligaciones que los Estados, deberían estar legalmente obligadas por las normas más estrictas, de obligado cumplimiento garantizado legalmente. Además, los principios deben asegurar que se implementen normas y salvaguardias para proteger a los productores de alimentos a pequeña escala, las comunidades locales, los modos de vida y el medio ambiente. Las instituciones multilaterales también tienen papeles y responsabilidades que deben tratarse en los principios de la iar. La rendición de cuentas es un asunto crucial y si no se vuelven a redactar los principios relacionados con ella existe un peligro real de que los principios no estén a la altura de las expectativas. 10. Principios sobre la implementación de la iar Es necesaria una visión clara sobre cómo han de implementarse los principios de la iar una vez que se aprueben. Los principios y subprincipios deberían desarrollarse elaborando cómo ha de implementarse la iar, y cómo han de medirse y monitorearse los avances logrados en la implementación de la iar por los diferentes actores.