Revista El Defensor al Día - Defensor del Pueblo

Junio 2010 nº 61El Defensor al díacumplimiento acudiendo a su familia para que leprestaran el importe necesario para pagar la sanción,por lo que la Agencia le concedió inicialmente unaplazamiento que le imponía una cuantía de 550euros al mes durante 36 meses. Considerando queeste aplazamiento no era adecuado se solicitó a laAgencia que reconsiderara el calendario de pagosy los efectos que éste tendría en el desarrollo de lavida del contribuyente.Finalmente, la Administración ha accedido aofrecer un aplazamiento en sesenta plazos mensuales(cinco años) con mensualidades de 316,10 euros,cantidad que ha sido considerada adecuada, ya queuna prolongación de los plazos supondría tambiénla generación de unos intereses que incrementaríanconsiderablemente la deuda inicial.Resuelto el pago de una asistencia sanitaria trasun accidente de trabajoTras una dilatada tramitación, se haconcluido satisfactoriamente la investigación queafectaba a un trabajador del Instituto Municipal deServicios Sociales de Tarragona, que había solicitadoque se le reintegraran los gastos derivados dedeterminada asistencia sanitaria tras un accidentelaboral.El Instituto Nacional de la Seguridad Social(INSS) descartó, en principio, su responsabilidad enel pago de la expresada asistencia, derivada de unacontingencia profesional y el Servicio Catalán deSalud entendía, igualmente, que no le correspondía elabono de este gasto sanitario, de lo que se dedujo queera necesario resolver el conflicto de competenciasplanteado, para poder encontrar una solución alcaso.El Defensor del Pueblo consideró que, sindiscutir que la obligación protectora venía aseguradapor el INSS, como entidad gestora, había que aclarara qué organismo correspondía la obligación del pagode esta asistencia, a la vista de las normas relativasal abono de los costes derivados de la asistenciasanitaria prestada por los servicios públicos de saludy teniendo en cuenta que el gasto, cuyo reintegrose reclamaba, por un tratamiento odontológicoreparador de los daños producidos en un accidentelaboral, se habría llevado a cabo por servicios ajenosal Servicio Catalán de Salud, como éste tambiénsubrayaba.Para resolver las discrepancias surgidas, seacudió a la jurisprudencia, del Tribunal Supremo yen concreto a la Sentencia de 15 de enero de 2009,dictada en unificación de doctrina, en la que seaclaraba que el tratamiento reparador dispensado altrabajador, en un caso similar al que nos ocupa, noconsistiría en una asistencia sanitaria, en su sentidoestricto, aunque pudiera ser un complementode la misma, ni se encuadraría en el marco de laatención farmacéutica o recuperadora que tiende ala rehabilitación de una persona enferma.En consecuencia, la reparación dentalcuyo pago se solicitaba debía entenderse como unamodalidad de protección complementaria, paraproveer al trabajador accidentado de un elementosustitutorio de otro orgánico o funcional, como ocurríaen el caso planteado al tratarse de una reparaciónodontológica, que le permitiría el restablecimientodel mayor grado posible de normalidad en eldesarrollo de sus capacidades físicas.Con este fundamento, se pidió a la DirecciónGeneral del Instituto Nacional de la Seguridad Socialque revisase su criterio, con el objetivo de encontrar,finalmente, una solución al problema planteado.Dicho Centro Directivo, tras analizarnuevamente la cuestión, a la vista de la citadadoctrina del Tribunal Supremo, modificó su posturainicial y aceptó, finalmente, que procedía el abonode los gastos de tratamiento odontológico, ya que,con carácter general, el beneficiario tiene derechoa que el Instituto, como asegurador del riesgo, lereintegre el coste que acredite que ha soportado,no correspondiendo, en consecuencia, al Serviciode Salud asumir la prestación sanitaria prescrita,al venir derivada de un accidente de trabajo, conlo que quedó finalmente resuelto el conflicto decompetencias que dio lugar a nuestra intervención.www.defensordelpueblo.es14