Revista El Defensor al Día - Defensor del Pueblo

Junio 2010 nº 61El Defensor al díaEntrega a las Cortes del Informe Anual 2009alcance nacional ha de reunir a los representantesdel Poder Judicial, a los del Ejecutivo estatal y de lasdiferentes comunidades autónomas, a los portavocesde todos los grupos políticos, así como a las entidadesde representación de los operadores jurídicos y de lasociedad en su conjunto.Un gran acuerdo para mejorar laAdministración de Justicia habrá de expresarse enla adopción de reformas legales y en la aprobaciónde esfuerzos de inversión que hagan posible latransformación de la infraestructura en que sesostiene. Esto exige un compromiso de todas laspartes y un consenso práctico sobre los objetivos aalcanzar, de los cuales el principal ha de ser garantizarEl grado de aceptaciónde las resolucionesmuestra una respuestapositiva de las diferentesadministraciones a lasopiniones del Defensor delPuebloel ejercicio legítimo de los derechos democráticos.En cuanto a la lucha contra la violenciadoméstica, el Defensor del Pueblo ha tenidoocasión de manifestar una vez más la necesidad deadoptar normas homogéneas de validez para todo elterritorio nacional en determinados aspectos comolos relacionados con la regulación de los puntos deencuentro familiar o el funcionamiento de las “casasde acogida”. Sobre estas últimas, es un ejemplo deevolución positiva el acuerdo de colaboración entrelos responsables de seis comunidades autónomaspara la puesta en común de sus recursos de asistenciaa las mujeres maltratadas.Administración penitenciariaEl volumen de la población penitenciaria noha cesado de crecer durante el año 2009, habiéndosesuperado la cifra de los 76.000 internos. Comparandocon otros países, las condiciones de vida en los centrospenitenciarios españoles no resultan particularmentepenosas, aunque es necesario tener en cuenta queese constante crecimiento en el número de internosy la falta de adecuación de algunas infraestructuraspodría deteriorar la situación si no se vigila elfuncionamiento de los centros y no se atiende a lasnecesidades de los presos, cuando sean legítimas, ytambién de los empleados que allí trabajan.Las visitas realizadas a prisiones, casi unaveintena, y las quejas tramitadas durante 2009muestran una continuidad en los problemas yaestudiados en años anteriores, con ligeras variaciones.En particular, la situación de los hospitalespsiquiátricos penitenciarios de Sevilla y Alicanteha merecido una especial atención en este informe.Los demás centros visitados han sido los de Alcaláde Guadaíra (Sevilla Mujeres), Algeciras, Alhaurínde la Torre, Bonxe, Brieva, Cáceres, Ceuta, Córdoba,Herrera de la Mancha, Huelva, Murcia, Santa Cruzde la Palma, Santander, Tenerife, Teruel y Topas.Aspectos como la atención psico-social, laasistencia sanitaria, la mejora de las condicionesde habitabilidad de las celdas, siguen siendo objetohabitual de queja y, en cada caso, la Institución tratade confirmar la predisposición de las autoridadespenitenciarias para corregir las deficienciascontrastadas.Seguridad ciudadanaA finales de 2009 las Cortes Generalesaprobaron la modificación de la Ley Orgánica 3/1981,de 6 de abril, reguladora del Defensor del Pueblo,por la que el Estado español designa expresamentea esta Institución para llevar a cabo la labor previstaen el Protocolo Facultativo a la Convención de lasNaciones Unidas contra la Tortura. Este nuevomandato del legislador explicita una función que, dehecho, el Defensor del Pueblo viene realizando desdelos inicios de su actividad, encaminada a prevenir yalertar sobre cualquier situación que pueda conducira la comisión de malos tratos o abusos por parte,principalmente, de los agentes de autoridad ymiembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.Una vez introducida esta modificación y, según prevéel redactado de la nueva disposición, la Institucióndeberá intensificar su actividad ordinaria en estamateria y organizar un consejo de asesoramientotécnico y jurídico de acuerdo con las previsiones delProtocolo de Naciones Unidas.Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,incluidos los cuerpos estatales de Policía Nacionaly Guardia Civil y las policías autonómicas y locales,llevan a cabo una difícil tarea en la que deben guardarun delicado equilibrio para mantener el ordenpúblico evitando al mismo tiempo las interferenciasen la vida cotidiana de los ciudadanos, prestándolesla atención que puedan necesitar ante muy diversascircunstancias. La convivencia, especialmente enlas grandes ciudades, es muchas veces conflictivay multitud de circunstancias, naturales o sociales,puede exigir en cualquier momento la intervenciónde las fuerzas de orden público. Las quejas de los4