Los Depósitos de Detenidos

Los Depósitos de Detenidos; regulación y ejercicio de su actividadJulio GARCÍA-AGULLÓ MONTEROSubinspector del Cuerpo Nacional de PolicíaEl Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, Nº 14, Sección Colaboraciones,Quincena del 30 Jul. al 14 Ago. 2011, Ref. 1736/2011, pág. 1736, tomo 2, Editorial LA LEYLA LEY 14060/2011La competencia delegada que ejercen los ayuntamientos cabeza de partido judicialen la titularidad y funcionamiento de los Depósitos de Detenidos, obliga a los enteslocales a consumir una parte muy importante de sus recursos en materia deseguridad pública, sin apenas percibir por ello contraprestación. Escasez deplantillas y medios policiales no son contrarrestados por el titular de lacompetencia, la administración centralI. EL MARCO LEGAL DE LOS DEPÓSITOS DE DETENIDOSEl art. 149 de la Constitución Española define aquellas materias que son de competenciaexclusiva estatal, entre las que se encuentran la legislación procesal, penitenciaria y laseguridad pública. Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del RégimenLocal, las Administraciones Estatal y Autonómica podrán delegar en los municipios el ejerciciode competencias en materias, siempre que se alcance una mejora en la eficacia de la gestión.La delegación deberá determinar el alcance, contenido, condiciones y duración de esta,pudiéndose transferir medios personales y económicos. Caso de que tal delegación se hagapor ley, deberá ir acompañada necesariamente de la dotación o el incremento de medioseconómicos para desempeñarlos, ejerciéndose la competencia delegada de acuerdo con lalegislación del Estado o de las Comunidades Autónomas correspondientes. En esta línea, laDisposición Final Quinta de la Ley de Bases de Régimen Local, Ley 7/1985, de 2 de abril,dispone lo siguiente:«A partir de la entrada en vigor de esta Ley, los Municipios cabeza de partido judicial en que noexista establecimiento penitenciario alguno asumirán, en régimen de competencia delegada, laejecución del servicio de depósito de detenidos a disposición judicial, correspondiendo lacustodia de dichos detenidos a la Policía Municipal en funciones de Policía Judicial. LaAdministración competente en materia penitenciaria pondrá a disposición de los Municipios aque se refiere el párrafo anterior los medios económicos suficientes para el mantenimiento delreferido servicio en los términos previstos por la legislación sectorial correspondiente».Esto se encuadra en el art. 126 de la Constitución Española donde se reconoce la institución dela policía judicial, que dependerá de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en susfunciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, enlos términos que la ley establezca. Se redunda por tanto en la función de Policía Judicial que la

LECrim., en su art. 283.5º) otorga a la Policía Local, sin perjuicio del carácter de colaboradorque puedan tener en otros cometidos de Policía Judicial ( art. 29.2 LO 2/1986).Conviven así diversidad de instalaciones que albergan a personas privadas de libertad comoson los Depósitos de Detenidos, los Establecimientos Penitenciarios en sus diversasconfiguraciones, los Centros de Internamiento de Extranjeros y los Centros de InternamientoTemporal de Extranjeros. Los dos últimos no son objeto del presente análisis, pero si convieneprofundizar en lo que distingue a los Depósitos de Detenidos de los EstablecimientosPenitenciarios.Básicamente los establecimientos penitenciarios son aquellos que:• 1. Que comprenderán establecimientos preventivos, de cumplimiento depenas y especiales.• 2. Son entidad arquitectónica, administrativa y funcional con organizaciónpropia.• 3. Que están formados por unidades, módulos y departamentos que facilitenla distribución y separación de los internos.• 4. Que cuentan con un conjunto de dependencias y servicios para permitiruna adecuada separación de los internos.• 5. Que cuentan con locales adecuados para las distintas actividadesencomendadas al personal penitenciario.• 6. Que se gobiernan y administran por órganos colegiados y órganosunipersonales.• 7. Que están atendidos por funcionarios de la Administración General delEstado, salvo en Cataluña, por ser competencia transferida.• 8. Que la seguridad exterior está atribuida a las Fuerzas y Cuerpos deSeguridad del Estado, o en su caso, a los Cuerpos de Policía de lasComunidades Autónomas.• 9. Que la seguridad interior está atribuida a los funcionarios de los Cuerposde Instituciones Penitenciarias, salvo en supuestos de graves alteracionesdel orden, en cuyo caso también corresponderá a aquellos.Y la existencia diferenciada de un Depósito Municipal de Detenidos se justifica por lainexistencia de establecimiento penitenciario en la cabeza de partido judicial ( DisposiciónFinal Quinta de Ley 7/1985, LBRL y Disposición Adicional Primera Real Decreto 190/1996, de 9de febrero, sobre Reglamento Penitenciario), de lo que se deduce que los DepósitosMunicipales de Detenidos no son establecimientos penitenciarios. Sin embargo, el ReglamentoGeneral Penitenciario establece su ámbito objetivo y subjetivo de aplicación no solo pararegular la ejecución de las penas y medidas de seguridad privativas de libertad y el régimen delos presos preventivos, sino también para el régimen de los detenidos a disposición judicial entodo el territorio del Estado por aplicación directa.

Por lo que la aplicación de las normas penitenciarias sobre los Depósitos de Detenidos,obedece a falta de regulación específica con rango suficiente sobre la realidad, configuración yfuncionamiento en precario de dichos Depósitos. Y no es cuestión baladí, ya que en losestablecimientos penitenciarios se contempla el ingreso de detenidos por Policía Judicial bajodeterminadas premisas, mientras que el cuerpo policial local responsable del Depósito deDetenidos diferente de aquella, sufre en no pocas ocasiones su paupérrima realidad en lo quea escasez de recursos humanos y materiales se refiere.«La existencia de los depósitos municipales viene justificada desde hace más de cientocincuenta años en base al cumplimiento de tres funciones que los configuran comoinstrumento auxiliar imprescindible de los órganos jurisdiccionales (que no de los demásórganos o instituciones policiales) del orden penal: 1. Lugar de custodia de detenidos adisposición de los Juzgados de Instrucción ubicados en las localidades donde no existenestablecimientos penitenciarios. 2. Lugar de custodia de presos o penados conducidos desdeestablecimientos penitenciarios a los juzgados mencionados, para la práctica de diligenciasjudiciales. 3. Lugar de cumplimiento de condenas de corta duración».(Fuente: El Régimen Penitenciario en los Depósitos Municipales; Fernández Arévalo, Luis;Fiscal de Vigilancia Penitenciaria, Sevilla).Dicha triada de funciones de los Depósitos de Detenidos, en modesta opinión, parece más unanhelo de reflejar la estructura del Estado (administraciones central, autonómica y local) en laadministración penitenciaria, que una exacta concreción de la única función de los Depósitosde Detenidos como lugar de custodia de detenidos a disposición judicial. Si bien no siemprefue así. La fuente citada, de la que recomiendo su lectura, traza una exhaustiva evoluciónhistórico-procesal de los antecedentes de los Depósitos de Detenidos.II. EL INGRESO EN EL DEPÓSITO DE DETENIDOSUna vez establecido qué son los Depósitos (Municipales) de Detenidos, conviene analizar quépersonas son las que pueden ingresar en ellos.Recordemos que el art. 15.1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria establece que el ingresode un detenido, preso o penado, en cualquiera de los establecimientos penitenciarios se harámediante mandamiento u orden de autoridad competente, excepto en el supuesto depresentación voluntaria. La redacción del art. 15 del Reglamento Penitenciario, aprobado porReal Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario,establece tres supuestos de ingreso en establecimiento penitenciario; a saber:1. mediante orden judicial de detención, mandamiento de prisión o sentencia firme de laautoridad judicial competente,2. mediante solicitud de ingreso por parte de la Policía Judicial debiendo constar expresamenteen la solicitud los siguientes extremos: datos identificativos del detenido, delito imputado, quese haya a disposición judicial y hora y día del vencimiento del plazo máximo de detención,3. por orden de detención del Ministerio Fiscal, constando los datos de las diligencias y elvencimiento del plazo de detención.Quedó matizado por ley el concepto en que pueden ingresar las personas sujetas a custodia enestos Depósitos, detenidos a disposición judicial, resaltando con ello el carácter instrumentalde los depósitos al servicio de los juzgados del partido judicial. Ello excluye a otra clasedetenidos como puedan ser los que lo son en fase de investigación policial o por aplicación dela normativa en materia de extranjería, entre otros ejemplos.

La detención policial se practica de acuerdo con los arts. 492 y 520 de la LECrim., no pudiendodurar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguacionestendentes al esclarecimiento de los hechos, y en el plazo máximo de setenta y dos horas, eldetenido deberá ser puesto en libertad o a disposición judicial. Queda por tanto establecidoque transcurrido el plazo de detención cautelar policial, nunca más allá de la setenta y doshoras, la misma finaliza con la puesta en libertad o con la puesta a disposición judicial.Así se reconoce en la Instrucción 12/2007, de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre loscomportamientos exigidos a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado(por tanto de obligado cumplimiento para el Cuerpo Nacional de Policía y el Cuerpo de laGuardia Civil) para garantizar los derechos de las personas detenidas o bajo custodia policial.En esta Instrucción se recuerda que el plazo máximo de detención, establecido en los arts. 17.2de la Constitución y 520 de la LECrim., es de 72 horas, cuyo cómputo se inicia en el momentomismo de la detención y finaliza con la puesta en libertad o a disposición judicial. Por ello, unavez finalizadas cuantas diligencias hubiera sido preciso realizar, el detenido debe, sin másdemora, ser puesto a disposición de la Autoridad Judicial o en libertad.A la hora de determinar qué detenidos deben ingresar en los Depósitos Municipales esimprescindible determinar en qué momento justo se produce la puesta a disposición judicial,sin obviar que «el plazo de la detención policial termina en el mismo instante en que comienzala detención judicial, sin que existan periodos intermedios entre una y otra" (La Detención,Gómez Pillado, Esther; Editado por BOE, 2004, pág. 55).Para redundar en cuándo se produce de manera efectiva esa puesta a disposición, nosapoyaremos materialmente en el análisis de los derechos que le asisten antes de esemomento, entre los que se encuentra el solicitar el habeas corpus. Este procedimientopermite obtener la inmediata puesta a disposición de la Autoridad Judicial de cualquierpersona detenida ilegalmente. Dicho de otra manera. La solicitud de habeas corpus puede serformulada por quien no está a disposición judicial, por lo que si aquellos detenidos policialesque aun habiéndose terminado el atestado, no han sido presentados todavía materialmenteante la Autoridad Judicial pueden solicitar habeas corpus, quiere decir que estos detenidos noestán a disposición judicial, lo que solo se materializa cuando de acuerdo con el art. 497LECrim., se lleva a presencia judicial. Por tanto, será solo a partir de ese momento, cuandomediante auto o mandamiento, este detenido en tal calidad ingrese en los DepósitosMunicipales, hasta que la autoridad judicial eleve la detención a prisión o la deje sin efecto enel término de setenta y dos horas máximo a contar desde que el detenido le hubiese sidoentregado.Muy clarificadora es la Sentencia del Tribunal Constitucional número 147/08 de 10 denoviembre: donde se expone que la puesta a disposición judicial de un detenido no lo esdesde que se finalizan las diligencias policiales, sino desde cuando la detención policial hafinalizado, y se materializa la detención judicial.Se debe hacer mención aquí al Informe del Abogado del Estado Jefe del Servicio Jurídico delMinisterio de Justicia e Interior, de fecha 25 de enero de 1996, en el que se resolvía laobligación de los responsables de los Depósitos de Detenidos de admitir el ingreso dedetenidos que aún no hallándose a disposición judicial, fuera solicitado tal ingreso por laautoridad gubernativa o policial que hubiera ordenado la detención, y así lo informaba en basea lo estipulado en el art. 25 del Reglamento Penitenciario vigente entonces por el Real Decreto1201/1981, de 8 de mayo, hoy derogado, cuya redacción contemplaba tal posibilidad, hoydescartada por el Reglamento Penitenciario vigente, Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero. Yes que mientras aquel Reglamento Penitenciario permitía el ingreso de cualquier detenidopracticado por autoridad gubernativa con competencia para detener, el vigente Reglamentosolo lo permite cuando los detenidos se hayan a disposición judicial (1) .

Discrepa este autor de lo reflejado en Acta de la Comisión Provincial de Coordinación de PolicíaJudicial de Sevilla, de fecha trece de diciembre de 1996, en la que partiendo de la premisaerrónea por extensiva, como ya se ha expuesto, de considerar los Depósitos de Detenidoscomo Establecimientos Penitenciarios, llega a la conclusión de que la Policía Judicial, comoautoridad competente para acordar la detención, puede, por consiguiente, ordenar el ingresode detenidos en los Centros Penitenciarios, Depósitos inclusive. Si bien es cierto, que otorga ala Autoridad de Policía Judicial que ordenó el ingreso, la competencia de entregar el detenido ala autoridad judicial.Tampoco se comparte la conclusión reflejada en el Acta de trece de noviembre de 1997, de laComisión Provincial de Coordinación de Policía Judicial de Córdoba, en la que su Punto II), aunreconociendo lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera del vigente ReglamentoPenitenciario por el que la Administración Local debe dar cuenta a la Penitenciaria de losingresos en los Depósitos Municipales a los que se unirá copia certificada de las órdenes dedetención, prisión, traslado o libertad dictadas por las autoridades judiciales, terminaaseverando que «(...) los detenidos que deban ser custodiados en los depósitos municipales,fuera del supuesto en que sea el Juez de Instrucción quien haya acordado la detención [¿?],pueden ser aquellas personas que hayan sido detenidas directamente por la Policía Nacionalo la Guardia Civil, o bien por la Policía Local si bien en este caso deberá hacerse entrega deldetenido a la Policía Judicial para su posterior puesta a disposición judicial, dándose laparadoja absurda de que se exige un dictado judicial para una situación previa de dictado quesolo lo es policial.En conclusión, el no cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 15 del vigenteReglamento Penitenciario, supondrá la denegación motivada del ingreso en el Depósito deDetenidos por resolución del responsable de servicio del mismo, recurrible en alzada deacuerdo con lo previsto en el art. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ante laAlcaldía en su atribución de Jefatura de la Policía Local (2) .En cualquier caso, el registro de las entradas y salidas de ingresados en los Depósitos deDetenidos, debe quedar reseñado no solo a su control cronológico, sino al exhaustivo controldocumental de cuantas incidencias ocurran durante su estancia como fiel reflejo de la cadenade custodia de aquellos, lo que obliga a recomendar la conveniencia de asumir la Instrucción12/2009 del Secretario de Estado de Seguridad por la que se regula el Libro de Registro yCustodia de Detenidos como instrumento técnico homogéneo.III. EL DEPÓSITO CÓMO LUGAR DE CUMPLIMIENTO DE CONDENASRespecto a ser los Depósitos lugar de cumplimiento de condenas de corta duración convienedecir que en su redacción original, el Código Penal aprobado por la Ley Orgánica 10/1995, de23 de noviembre, establecía como lugar de cumplimiento de la pena de arresto de fin desemana pudieran ser los Depósitos Municipales (art. 37), precepto modificado sustancialmentepor la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, desapareciendo tal opción, que crea a suvez la nueva pena de localización permanente como pena privativa de libertad de carácter levey con un máximo de hasta doce días. Su cumplimiento obligaba al penado a permanecer en sudomicilio o en un lugar determinado fijado por el Juez en sentencia.La Circular 2/2004, de 22 de diciembre, sobre aplicación de la reforma del Código Penaloperada por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre de la Fiscalía General del Estado,establecía que los Sres. Fiscales rechazarán la opción de cumplir la localización permanente enun centro Penitenciario o en un Depósito Municipal, evitando los inconvenientes del ingresopenitenciario y dando todo tipo de facilidades al reo para que la ejecución no afecte a su vidafamiliar y laboral, admitiéndose incluso la ejecución fraccionada o discontinua. Ello veníaavalado por la propia exposición de Motivos de la L.O. 15/2003 al referir que con esta nuevapena se evitan los efectos perjudiciales de la reclusión en establecimientos penitenciarios,

excluyéndose por la misma razón el cumplimiento en depósito municipal de detenidos. Mismocriterio siguió el Informe del C.G.P.J. de 26 de marzo de 2003.Ahora bien, la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal modifica la pena privativa de libertad delocalización permanente, otorgándole carácter de pena menos grave de tres meses y un día aseis meses, y como pena leve de un día a tres meses. Asimismo, incorpora a la naturaleza depena principal, su aplicación como sustitución de pena privativa de libertad. Como modalidadde cumplimiento de la localización permanente de carácter ordinario se establece el domicilioo lugar determinado por el Juez en sentencia o auto motivado; y con carácter excepcional paralos supuestos de reiteración de faltas de hurto, se incorpora el cumplimento de la misma en elcentro penitenciario más próximo al domicilio del penado en régimen de fines de semana yfestivos. Continuando con nuestra tesis, los Depósitos de Detenidos no son centrospenitenciarios ya que carecen de la configuración legalmente establecida y arriba expuesta, sibien cabría el uso de los Depósitos como lugar determinado por el Juez. Esta aseveraciónviene refrendada por la reciente publicación del Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, por elque se establecen, entre otros aspectos, las circunstancias de ejecución de las penas delocalización permanente en centro penitenciario, donde mención alguna se hace de losDepósitos de Detenidos, sí haciéndose de manera expresa a su cumplimiento con carácterexcepcional en centro penitenciario próximo al domicilio del penado los sábados, domingos yfestivos siempre que se imponga como pena principal.Función auxiliar de los Depósitos de Detenidos en las conducciones de internos.En lo que se refiere a la función del Depósito como lugar transitorio de custodia de presos ypenados que desde establecimientos penitenciarios se conducen a los juzgados para lapráctica de diligencias judiciales, conviene recordar que el Depósito lo es tan solo paradetenidos y, en algún muy excepcional caso, para penados de localización permanente,descartándose otra condición de interno como puedan ser los presos o restos de penados. Esmás, la Instrucción 5/2009, de 30 de junio de la Secretaría de Estado de Seguridad, modificadapor la Instrucción 8/2009, de 4 de septiembre, sobre conducción y custodia de internos decentros penitenciarios (3) , confirma dicha diferenciación de tal modo que se considera:• 1. Interno: persona recluida en un centro penitenciario, ya sea comodetenido judicial, preso o penado.• 2. Detenido judicial: interno que está privado de libertad en un centropenitenciario por orden de la autoridad Judicial pendiente de sulegalización en el plazo de 72 horas.• 3. Preso: interno que sufre prisión preventiva en un establecimientopenitenciario o similar, a la espera de ser juzgado por una causa pendiente.• 4. Penado: interno condenado por sentencia firme a pena de privación delibertad, que está cumpliendo en un establecimiento penitenciario o centroanálogo.Y asigna al Cuerpo Nacional de Policía, a la Guardia Civil y a las Policías Autonómicas (cuerpospoliciales competentes en el territorio), y no a las Policías Locales, la custodia de los internosen los lugares de destino, incluida la sede judicial y, por qué no, el propio Depósito deDetenidos si es que en aras de la colaboración inter cuerpos se le ceden dichas instalaciones.

Por tanto, la responsabilidad de custodia de los internos sujetos de conducción será siemprede los agentes estatales o autonómicos, y de ser posible, con su propia infraestructura.Lo cierto es que la Disposición Final Quinta tan solo atribuye a las Policías Locales la custodiade detenidos a disposición judicial en el Depósito de Detenidos, pero no su traslado ainstalación alguna. Por Decreto 2355/1967, de 16 de septiembre, por el que se regulan lasconducciones de detenidos, presos y penados, publicado en BOE n.º 241/1967, de 9 deoctubre, se establece en su artículo segundo, que:«Las autoridades judiciales, cualquiera que sea su jurisdicción, y las gubernativas solicitarán lasconducciones de detenidos, presos y penados que por cualquier causa o motivo precisen conarreglo a las siguientes normas (...) que se materializan para la conducción urbana delsiguiente modo: (...) b) (...), o conducciones municipales: directamente del Jefe delEstablecimiento o lugar, civil o militar, donde se encuentre el detenido, preso o penado, quiena su vez, interesará su realización, por parte de las fuerzas de Policía Armada, del JefeSuperior de Policía o Comisario Jefe, y si no existieran estas fuerzas del Jefe de la GuardiaCivil».Dicho precepto se encuentra en vigor tal como reconoce la propia Secretaría de Estado deSeguridad en su Instrucción 8/2009, de 4 de septiembre, y que restringe su ejecución al CuerpoNacional de Policía, Guardia Civil y Policías Autonómicas realizando la escolta durante laconducción de los internos y su custodia en los lugares de destino. Y define la propiaInstrucción como interno a los detenidos judiciales. La misma Instrucción 8/2009 confirmadicha custodia al cuerpo policial (CNP, GC o PA) que tenga asignada la competencia territorialen el lugar de estancia, incluyendo en lugar los juzgados y centros hospitalarios, tanto paraingreso en los mismos, como para asistencia médica o consulta.En resumen, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 2355/1967, de 16 de septiembre y con laInstrucción 8/2009, de 4 de septiembre de la Secretaría de Estado de Seguridad:• 1. La conducción o traslado dentro del término municipal tanto a sedejudicial como a centro médico o cualquier otro lugar de los detenidos adisposición judicial ingresados en el Depósito que a tal efecto existe en estemunicipio corresponderá a la Guardia Civil o Cuerpo Nacional de Policía,según reparto territorial de ambos cuerpos.• 2. Asimismo, la custodia de estos detenidos en sede judicial o cualquier otrolugar donde hubieran sido trasladados, corresponderá igualmente a laGuardia Civil o Cuerpo Nacional de Policía.Y cualquier controversia o propuesta de colaboración entre los cuerpos policiales actores en lademarcación, se deberá tratar en Junta Local de Seguridad, único órgano legal concompetencia para resolverla ( art. 54, L.O. 2/1986, de 13 de marzo; art. 4, Real Decreto1087/2010, de 3 de septiembre), sin perjuicio de las funciones atribuidas a la ComisiónNacional y Provinciales de Coordinación de Policía Judicial.La cuestión económica.Dice la Disposición Final Quinta de la Ley de Bases de Régimen Local, Ley 7/1985, de 2 de abril,que la Administración competente en materia penitenciaria pondrá a disposición de losMunicipios a que se refiere el párrafo anterior los medios económicos suficientes para el

mantenimiento del referido servicio en los términos previstos por la legislación sectorialcorrespondiente. La Disposición Adicional Primera del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero,sobre Reglamento Penitenciario dice que la Administración penitenciaria competenteentregará a los Ayuntamientos titulares de los Depósitos para gastos de alimentación yestancia de los detenidos y mantenimiento de las instalaciones, una cantidad por detenido ydía.Esta se materializa por Orden de 6 de marzo de 2000 en 5.898 pesetas por detenido y día, quepor Resolución de 22 de octubre de 2001, se realiza la conversión a euros resultando35,447694 por detenido y día, sin que hasta la fecha se haya actualizado dicha cantidad. DichaOrden ha pasado los trámites oportunos de la Comisión Nacional de Administración Local.Teniendo en cuenta que cada estancia de un detenido obliga necesariamente al menos a 1hora de limpieza del calabozo y 1 hora de lavandería de sábanas, mantas y toallas, sustentoalimenticio suficiente, mantenimiento de las instalaciones, así como a las horas de custodia(salario/hora policía) tantas como dure el ingreso, no resulta difícil calcular que el coste real dela estancia/día de un detenido supera ampliamente la cantidad referida.La diferencia entre el coste real y el coste abonado por la Administración penitenciariacompetente, es cantidad que se puede y se debe revisar, máxime cuando la abonadapermanece inalterable desde el año 2000.Muy clarificadora son las Sentencias del Tribunal Supremo, Sala 3.ª, de 21.02.98, y la n.º488/2004 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso-Administrativo,Sección 5.ª, de 31.03.04, que recogen el derecho de los Ayuntamientos titulares de losDepósitos de Detenidos a recibir las compensaciones financieras suficientes para atender losgastos de mantenimiento, inversión o cualquier otro generado por dicho servicio desde laentrada en vigor de la Ley de Bases de Régimen Local, con especial referencia al coste de lavigilancia durante las veinticuatro horas.Y llama mucho la atención que la Generalitat de Cataluña como administración competente enesta materia mediante Orden JUS/349/2005, de 26 de julio, determina la cantidad que laAdministración debe abonar a los Ayuntamientos de Cataluña que tienen Depósito deDetenidos en los importes que se relacionan según los diferentes parámetros:• 1. 66,92 euros por detenido y día por los conceptos de custodia, alimentacióny estancia.• 2. 17.343,43 euros anuales en concepto de amortización de la inversión ymantenimiento de las instalaciones para determinados Ayuntamientos demayor entidad.• 3. 8.671,72 euros anuales en mismo concepto anterior para los de menorentidad.Cantidades todas ellas muy superiores a lo que la Administración Estatalasigna en el resto del territorio nacional.La videovigilancia y los ficheros policiales.Según la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre de la Agencia Española de Protección deDatos, en principio, no parece que haya impedimento alguno en contar con dicho sistematécnico de vigilancia siempre y cuando esté señalizado y no invada la integridad más íntima deldetenido en la zona de aseo y servicios.

Por Real Decreto 596/1999, de 16 de abril, se aprueba el reglamento de desarrollo y ejecuciónde la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, que regula la utilización de videocámaras por laFuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos. En dicho texto legal se exceptúa de suámbito de aplicación las instalaciones fijas de videocámaras que realicen las Fuerzas Armadas ylas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en sus inmuebles, siempre que se dediquenexclusivamente a garantizar la seguridad y protección interior o exterior de los mismos, lo quese encuadra para el caso que nos ocupa de videovigilancia interior en los términos establecidosen los principios básicos de actuación definidos en el art. 5.3.b) de la Ley Orgánica 2/1986respecto de los detenidos bajo custodia policial.La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personalestablece como ámbito de aplicación aquellos datos de carácter personal registrados ensoporte físico que los haga susceptibles de tratamiento y a toda modalidad de uso posterior deestos datos por los sectores públicos y privado. Entre estos no cabe ninguna dudad de que seencuentran todos aquellos que se registren en una dependencia policial, tanto en soportepapel como informático, y sobremanera, los de aquellas personas vinculadas a una acciónpolicial como es la detención.En la Memoria 2008 de la Agencia Española de Protección de Datos (4) se refleja en su página20 que entre las principales infracciones declaradas en materia de protección de datos seencuentra la falta de inscripción de fichero por Ayuntamientos. Y entre las principalesactuaciones abiertas por el Director de la misma se encuentran los ficheros de Policía Local.Pues bien, resulta imprescindible que los ficheros policiales de los Cuerpos de la Policía Localestén registrados en la Agencia Española de Protección de Datos, incluidos los relacionadoscon el Depósito Municipal de Detenidos, no solo en materia del régimen de uso de talesinstalaciones, sino también aquellos que registren y conserven imágenes de las propiascámaras de seguridad.IV. CONCLUSIÓNPor un lado, coincidiendo con lo reflejado en el Informe Especial del Defensor del Pueblo deAndalucía de noviembre de 2008, se debe decir que el contenido de la delegacióncompetencial efectuada por la Ley de Bases de Régimen Local, se respete en su integridadpor la Administración delegante, de modo que en el aspecto de su financiación se cubrantotalmente los costes reales de este Servicio, por todos los conceptos, liberando así a losAyuntamientos de las enormes cargas que en recursos económicos, materiales y humanos lesupone asumir por imperativo legal una competencia estatal delegada, sin despreciar loprevisto en el art. 27 de la Ley 7/1985 sobre transferencia de personal.Y por otro, el ejercicio efectivo de esta competencia, exige de una regulación normativa desuficiente rango y específica por la enorme y singular importancia de la materia, sin quequeden lagunas en cuanto a su interpretación que sean resueltas por los diversos órganoscolegiados que las puedan conocer, o lo que es peor, a dispersa y diversa resolución deórganos unipersonales (5) .(1)Ver art. 25 de RD 1201/1981, de 8 de mayo., y art. 15 de RD 190/1996, de 9 defebrero.(2)Ver TextoVer art. 21.1.i) de Ley de Bases de Régimen Local, Ley 7/1985, de 2 de abril.

(3)Ver TextoPublicada en B.O.G.C. n.º 26 de 18.09.09; y O.G. C.N.P. n.º 1785 de 14.09.09.(4)Ver Textohttps://www.agpd.es/portalweb/canaldocumentacion/memorias/memoria_2008/common/memoria_2008.pdf.(5)Ver TextoComisiones Nacionales y Provinciales de Coordinación de Policía Judicial y JuntasLocales de Seguridad, unos; y Decanatos y Alcaldías, otros.