de las senadoras maría del pilar ortega martínez y adriana dávila ...

En cuanto a los derechos del sentenciado se establece expresamente la posibilidad de que el interno tengala opción de reclamar aquellas medidas que le afectan a sus más elementales derechos, por lo que se haprevisto una facultad expresa del juez de ejecución, consistente en resolver las peticiones o quejas que losinternos le formulen en relación con el régimen y el tratamiento penitenciario, en cuanto afecten susderechos fundamentales.Otro aspecto importante lo es la garantía que tiene el sentenciado para hacer uso de su derecho de defensadentro del propio procedimiento de ejecución, pues debe entenderse que el judicializar el proceso deejecución no consiste únicamente en generar mecanismos procesales para el control de la pena sino tambiénpermitir que el condenado pueda defenderse adecuadamente de la ejecución misma. Por ello se establece laposibilidad del condenado de continuar contando con asistencia técnico-jurídica, de modo que pueda hacervaler sus derechos y el conjunto de garantías que limitan la actividad penitenciaria;Regular la figura del juez de ejecución de sanciones penales, sus atribuciones y competencia, laintervención que tendrá este dentro del procedimiento de ejecución de sanciones penales, los principios quedeberá de observar en su actuación, así como su participación en el proceso de reinserción del sentenciado.Regular concretamente las distintas etapas del procedimiento de ejecución de sanciones penales y demedidas de seguridad, sobre la base del debido proceso y el respeto a los derechos humanos, siendoaplicable en lo conducente los principios que sustentan el sistema acusatorio. Partiendo en todo momentode considerar al sentenciado como una persona sujeta de derechos y obligaciones durante la ejecución de lasanción, y no como un objeto de derecho.Dentro del procedimiento que nos ocupa se salvaguarda el principio de contradicción entre las partes ante elJuez de Ejecución, quien a su vez ha de resolver en audiencia pública lo que proceda conforme a laobservancia de los principios, derechos y garantías, previstos en la Constitución, así como en la presenteley.Regular los sustitutivos penales y los beneficios preliberacionales, su naturaleza, características yconsecuencia legales, así como los requisitos de procedibilidad para que el sentenciado pueda acceder. Afin de terminar con la discrecionalidad de la autoridad administrativa en el otorgamiento de los beneficiospreliberaciones, se deja tal responsabilidad al Juez de Ejecución;Regular en concreto el procedimiento de ejecución de cada de una de las posibles sanciones penales, talescomo la pena privativa de la libertad, la multa, la reparación del daño, la amonestación, la suspensión delejercicio de servicio público y de profesiones, la disolución de personas morales, suspensión de derechos,entre otras.Se regulan los casos y consecuencia de la extinción de las penas, así como el procedimiento de aplicaciónde medidas de seguridad.Se establecen los tipos de recursos que resultan aplicables dentro del procedimiento de ejecución desanciones penales y medidas de seguridad.Se regula de manera detallada los distintos ejes sobre los que se desarrollará el sistema de reinserción socialdel sentenciado pasando por la educación, el trabajo, la capacitación para el mismo, la salud, el deporte y elrespeto a los derechos humanos, como componentes clave de la reinserción social del sentenciado, así comola responsabilidad de las autoridades penitenciarias para dar cumplimiento a este imperativo constitucional,entre otras propuestas.Hablar del nuevo paradigma del sistema de ejecución de sanciones y de reinserción social constituye un tema quedebe ser tratado desde una óptica integral, sobre la base de los principios de enarbolan el sistema penal acusatorio,motivo por el cual el presente proyecto legislativo, pretende constituirse como un primer intento en la búsqueda deun modelo jurídico adecuado en materia de ejecución de sanciones penales, al retomar aspectos de diversaslegislaciones vigentes así como de proyectos que se encuentran actualmente en el Congreso de la Unión, con elobjeto de ayudar en la compleja tarea de poder confeccionar un modelo normativo ajustado a los requerimientosconstitucionales establecidos por la referida reforma constitucional de 2008.