02-Descentralizada - 2007.indd - Contraloría General de la República

Administración Nacional DescentralizadaSector Industria, Producción y Comercioy sociopolítica a los NUDES La Misión, Lomas del Merey,Guri, Caruachi y La Paragua.El Núcleo de Desarrollo Endógeno La Paragua (NUDELa Paragua) se encuentra ubicado en el estado Bolívar,municipio Raúl Leoni, siendo su principal objetivo desarrollaractividades productivas que permitan a la poblaciónde La Paragua, desempeñarse en labores distintasa la minería, como la agrícola artesanal, manufacturera,transporte terrestre, turística, ecoturística, metalmecánicay de construcción, lo que permitirá a los pobladores mejorarsus condiciones de vida y emprender nuevos trabajos,teniendo como base el desarrollo endógeno sustentable.Cabe señalar, que la CVG financia a cooperativas para laejecución de sus proyectos, a través del Fondo RegionalGuayana (FRG).Alcance y objetivos de la actuaciónLa actuación estuvo orientada a la evaluación de lastransacciones efectuadas por la CVG, con la finalidad dedeterminar la sinceridad y legalidad de los aportes y la aplicaciónde los recursos destinados a la creación y fomentodel NUDE La Paragua, durante el período del 01-01-2006 al31-03-2007. A tales efectos, se revisaron y analizaron unamuestra selectiva de documentos; además, se efectuaronvisitas de inspección, siendo los objetivos verificar la sinceridady la legalidad de los recursos asignados al NUDELa Paragua, así como verificar la efectiva ejecución de lainversión por parte de la CVG, destinada al citado NUDE.Observaciones relevantesPara el ejercicio económico financiero 2006, los recursospresupuestarios asignados por la CVG, para promover laejecución de proyectos socio-organizativos, técnico-productivosy de infraestructura de apoyo a los NUDES, asícomo la coordinación y monitoreo de los NUDES de primerageneración que impulsa la CVG, en el marco de las políticaspúblicas y los lineamientos estratégicos nacionalespara la consolidación del nuevo modelo productivo, fueronprevistos a través de 3 proyectos a nivel presupuestario, enforma global y no desglosado por NUDE, los cuales sumaronBs. 27.914,72 millones, de los cuales la GGDE ejecutó Bs.2.394,24 millones, equivalentes a 8,58% del total asignado;no obstante que el principio de eficiencia en la asignacióny utilización de los recursos públicos, referido en el artículo20 de la Ley Orgánica de la Administración Pública(LOAP), Gaceta Oficial N° 37.305 de fecha 17-10-2001,establece que la asignación de recursos a los órganos y entesde la Administración Pública se ajustará estrictamente alos requerimientos de su funcionamiento para el logro desus metas y objetivos; asimismo, el funcionamiento de laAdministración Pública propenderá a la utilización racionalde los recursos humanos, materiales y presupuestarios. Porotra parte, el artículo 12 de la Ley Orgánica de Planificación(LOP), Gaceta Oficial N° 5.554 Extraordinario del 13-11-2001, en concordancia con el artículo 16 de las NormasGenerales de Control Interno (NGCI), Gaceta Oficial N°36.229 del 17-06-1997, señalan que la planificación debeser perfectible, para ello deben evaluarse sus resultados,controlar socialmente su desarrollo, hacerle seguimientoa la trayectoria, medir el impacto de las acciones y, simultáneamente,incorporar los ajustes que sean necesarios; deigual manera, el literal b) del artículo 10 de las precitadasnormas, establece que los niveles directivos y gerencialesde los organismos o entidades deben ser diligentes en laadopción de las medidas necesarias ante cualquier evidenciade desviación de los objetivos y metas programadas,detección de irregularidades o actuaciones contrarias a losprincipios de legalidad, economía, eficiencia y/o eficacia.Esa situación obedeció a la falta de continuidad de lasgestiones gerenciales, ya que desde el año 2004, a partirdel cual fue creada la GGDE, han sucedido 6 gerentes enmenos de 3 años con un promedio de 4 a 5 meses de permanenciaen el cargo; además, no cuenta con una estructurafuncional establecida y normada oficialmente y el recursohumano con que cuenta (19), en su mayoría (14), está en lacondición de contratado, lo cual trae como consecuenciaque los recursos no sean asignados y utilizados eficientementeen estos proyectos de fomento y desarrollo de losNUDES, cuyo objetivo es el de configurar una estructuraproductiva adecuada a la región, así como, fortalecer laspequeñas y medianas industrias, tomando asociacionesy cooperativas que tengan como fin generar beneficioscolectivos, en la búsqueda de una mayor participaciónsocial; por consiguiente, no se contribuye con las políticas119

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007públicas y los lineamientos estratégicos nacionales para laconsolidación del nuevo modelo productivo.Durante el año 2006, la CVG a través del FRG, otorgócréditos para la ejecución de proyectos de las cooperativasque conforman el NUDE La Paragua, como parte del Programade Reconversión Laboral Minera que lleva a caboesa corporación. Los recursos otorgados ascendieron a Bs.838,29 millones y los desembolsos realizados 27-04-2007,suman Bs. 287,91 millones, que representan el 34,34% deltotal. Adicionalmente, de la visita de inspección realizadaen fecha 25-04-2007, a las áreas que comprenden el NUDELa Paragua se determinó en relación con la obra correspondientea la construcción del Nudetel (instalaciones quealbergarán un centro de comunicaciones, una estación deradio comunitaria y una sala de reuniones), por Bs. 312,89millones, que se habían iniciado los trabajos de construcción;en cuanto a las actividades que realizan las cooperativasque conforman el NUDE La Paragua, se observó que unacooperativa mantenía en vivero 9.000 plantas de lechosapara ser transplantadas en 8 hectáreas de terreno deforestadoy acondicionado con sistema de riego; además no sehabía cumplido con el cronograma de siembra, debido aque se estaba a la espera del desembolso de los recursos porparte del FRG, para realizar el transplante de las plantas;otra cooperativa construyó un local para el procesamiento,acopio y comercialización de pescado, el cual no se habíaculminado, ya que faltaba el recubrimiento de paredes yla colocación de pisos y baldosas, situación que se debíaa la falta de recursos, aunado a que no se había adquiridoel camión para la comercialización del producto, debidoa la no disponibilidad en el mercado; y una cooperativareacondicionó el local donde funciona el taller y para elmomento de la visita se encontraban varias socias elaborandoartesanía; además, tenían diversa artesanía para sucomercialización.La GGDE no contaba con una estructura organizativadebidamente aprobada por las máximas autoridades. Alrespecto, el artículo 36 de la Ley Orgánica de la ContraloríaGeneral de la República y del Sistema Nacional de ControlFiscal (LOCGRSNCF), Gaceta Oficial N° 37.347 de fecha17-12-2001, establece que corresponde a las máximas autoridadesjerárquicas de cada ente, la responsabilidad deorganizar, establecer, mantener y evaluar el sistema decontrol interno, el cual debe ser adecuado a la naturaleza,estructura y fines del ente. Lo anteriormente señalado, sedebe a que la modificación de la estructura organizativade la CVG, aprobada por el Directorio Ejecutivo de laCorporación, mediante la cual se crea la GGDE, no hasido formalmente aprobada por el Ministerio del PoderPopular para la Planificación y el Desarrollo. En este sentido,el no tener formalmente definidas, las atribuciones yfunciones de las distintas dependencias y sus relacionesjerárquicas dentro de la organización, limita el ejerciciode las funciones y competencias atribuidas a cada una deellas, así como el ejercicio del control que le correspondeejercer a los órganos de control fiscal. En consecuencia,esta situación afecta la funcionalidad de la GGDE, debidoa que no se ha formalizado una estructura organizacionalque permita adecuar y actualizar los procedimientos administrativos,de acuerdo a las necesidades actuales de laGerencia General; además, no están definidas, mediantenormas e instrucciones, las funciones de los cargos, asícomo los niveles de autoridad y responsabilidad.No se localizaron ni fueron suministrados a este máximoÓrgano de Control, manuales de normas y procedimientosni políticas para la ejecución de las actividades de la GGDE.Al respecto, el artículo 37 de la LOCGRSNCF estableceque cada entidad del sector público elaborará, en el marcode las normas básicas dictadas por la Contraloría Generalde la República, las normas, manuales de procedimientos ydemás instrumentos o métodos específicos para el funcionamientodel sistema de control interno. De igual modo, elartículo 15 de las NGCI señala que las políticas que dictenlos organismos o entidades deben definirse por escrito ydeben adoptarse decisiones dirigidas a procurar la debidaconcordancia y adecuación de la organización con susplanes y programas, a establecer mecanismos para ejercerel control de las actividades de acuerdo con lo programadoy a motivar al personal en la consecución de los objetivosy metas establecidos. Esta situación se debe a la ausenciade mecanismos continuos de control interno, que permitanalertar a las autoridades de esas desviaciones, lo cual traecomo consecuencia que esa Gerencia General, no cuentecon un sistema de control interno que le garantice el manejoeficiente de sus recursos, para el logro de los planes120

Administración Nacional DescentralizadaSector Industria, Producción y Comercioy objetivos programados; además, limita a los órganos decontrol fiscal efectuar un adecuado control.ConclusionesDe la evaluación efectuada a los aportes y a la aplicaciónde los recursos destinados por la CVG a la creacióny fomento del NUDE La Paragua, se determinó que parael ejercicio económico financiero 2006, la GGDE de lacorporación, ejecutó el 8,58% del total de los recursosasignados para promover la ejecución de proyectos socioorganizativos,técnico-productivos y de infraestructura deapoyo de los NUDES, así como la coordinación y monitoreode los núcleos de primera generación que impulsa la CVG,en el marco de las políticas públicas y los lineamientosestratégicos nacionales para la consolidación del nuevomodelo productivo. Del mismo modo, la CVG otorgó créditospor Bs. 838,29 millones, a través del FRG, para laejecución de proyectos presentados por cooperativas queconforman el NUDE La Paragua, como parte del Programade Reconversión Laboral Minera, de los cuales habíadesembolsado el 34,34% del total de esos recursos. Porotra parte, la GGDE presentó debilidades en su sistema decontrol interno administrativo, por cuanto no contaba conuna estructura administrativa debidamente aprobada porlas máximas autoridades y carecía de manuales de normasy procedimientos y de organización, situación que afectasu funcionalidad.RecomendacionesEl Directorio Ejecutivo de la CVG debe:• Crear los mecanismos necesarios que permitan dotara la GGDE, del recurso humano requerido, para llevaracabo la evaluación y el seguimiento continuo de losrecursos asignados y ejecutados, para la creación y elfomento de los NUDES, con el propósito de incorporaroportunamente los ajustes que sean necesarios parael uso eficiente de los recursos y así contribuir conlas políticas públicas y los lineamientos estratégicosnacionales establecidos por el Ejecutivo Nacional.• Girar instrucciones al FRG, a los fines de que seformulen e implanten efectivos mecanismos de seguimientoy control a los proyectos ejecutados porlas cooperativas a las que se les otorgó créditos, conel objeto de que dichas organizaciones cumplan conlas condiciones exigidas por el fondo para realizarlos desembolsos.• Efectuar las gestiones que correspondan, ante elMinisterio del Poder Popular para la Planificacióny el Desarrollo, a los fines de que apruebe la nuevaestructura organizativa de la corporación, en la cualse incorpora la GGDE.• Girar las instrucciones correspondientes a la Unidadde Desarrollo Organizacional de la corporación, unavez aprobada la nueva estructura organizativa, paraque elabore los manuales de normas y procedimientosde la GGDE, con el propósito de garantizar y ejercerun adecuado control interno sobre sus procesos; además,asegurar su implementación, funcionamiento yevaluación periódica.CVG FERROMINERA ORINOCO, C.A.EMISIONES DE POLVO A LA ATMÓSFERACVG Ferrominera Orinoco, C.A. fue creada el 10-12-75,y su objeto está dirigido a la explotación del mineral dehierro en el territorio nacional, así como la administración,dirección, industrialización y la explotación de los bienesque pasaron a propiedad de la Corporación Venezolanade Guayana (CVG); en este sentido, realiza toda clase deactividades, especialmente mineras, de industrialización,comercialización, transporte, investigación, armador,agenciamiento naviero y aduanal, almacenaje temporal o inbond, y en general, el almacenaje o depósito de mercancíasen proceso de nacionalización.La producción del mineral de hierro se realiza con baseen planes de minas. Una vez extraído el material de lamina producto de la explotación, éste es transportado a laciudad de Puerto Ordaz por medio de trenes conformadospor vagones, para ser vaciados en un volteador de vagonescon capacidad para 60 vagones por hora, luego pasa a 3estaciones de trituración mediante cintas transportadoras,hasta ser reducido el mineral a fracciones menores de 1¾ de pulgadas (granulometría), para ser transportado ala estación de cernido natural, donde se separa el mineralfino menor a 3/8 de pulgadas y mineral grueso mayor a121

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 20073/8 de pulgadas, siendo transportado el mineral fino hacialas pilas de homogenización y el mineral grueso hacia laplanta de secado, donde se reduce la humedad y se producela separación del mineral fino que se encuentra adherido almineral de hierro grueso. Posteriormente, el material va alpatio de almacenamiento de productos gruesos, para luegoser despachado por camiones o por cintas transportadoras.Entre las áreas más problemáticas de la empresa, con mayoríndice de contaminación atmosférica por emisiones depolvo, se encuentra la planta de secado, ubicada en la zonaindustrial de Puerto Ordaz, en donde se destacan los puntosde transferencia en cintas transportadoras de material finode una zona a otra y los raspadores que hacen limpiezasa las correas, eliminándose los restos de material que sequedan adheridos en las correas; así como las vías no asfaltadas.En ese sentido, la contaminación atmosférica serefiere a la presencia en la atmósfera de uno o más contaminantesdel aire, definiéndose estos como cualquier sustanciapresente en el aire que, por su naturaleza, sea capazde modificar los constituyentes naturales de la atmósfera,alterando sus propiedades físicas o químicas y cuya concentracióny período de permanencia en la misma, puedaoriginar efectos nocivos sobre la salud de las personas yel ambiente en general.Alcance y objetivos de la actuaciónLa auditoría se circunscribió a la evaluación del controlejercido por CVG Ferrominera Orinoco, C.A., en relacióncon las emisiones de polvo a la atmósfera generadas ensu proceso productivo, específicamente en instalacionesubicadas en la ciudad de Puerto Ordaz, estado Bolívar,durante el período del 29-06-98 al 27-10-2005. En esesentido, tuvo como objetivos verificar la ejecución y seguimientodel cronograma de adecuación ambiental para elárea operativa de Puerto Ordaz, en cuanto a las emisionesde polvo a la atmósfera se refiere; evaluar el sistema decontrol interno relacionado con las acciones dirigidas alcontrol de esas emisiones de polvo; verificar si las fuentesde contaminación atmosférica existentes en el procesoproductivo fueron controladas por la empresa, conforme lanormativa interna y de carácter general vigente; y si dichocontrol está dirigido a mitigar los efectos negativos en lasalud de los trabajadores de la empresa y de la poblacióncercana a la industria, así como en el medio ambiente. Atales efectos, se abordaron los Proyectos Nos. 11 y 13, denominados“Mejoras al Sistema Colector de Polvo en Plantade Secado–Puerto Ordaz” y “Sistema de Control de PolvoÁrea Industrial Puerto Ordaz”, respectivamente; se revisóy analizó selectivamente la documentación relacionadacon el proceso de adecuación ambiental, inherente a lasemisiones de polvo, de conformidad con los lineamientosemanados del Ministerio del Ambiente y de los RecursosNaturales (MARN) ahora Ministerio del Poder Popularpara el Ambiente. Asimismo, se efectuaron inspeccionesin situ en la planta de procesamiento de mineral de hierro,ubicada en Puerto Ordaz.Observaciones relevantesCVG Ferrominera Orinoco, C.A. dio cumplimientoparcial al cronograma de adecuación ambiental contentivode condiciones, limitaciones y restricciones de carácterambiental, referidas al control de la contaminaciónpor emisiones atmosféricas generadas por la referidaempresa en la ciudad de Puerto Ordaz, aprobado por elMARN, contemplado en la Providencia AdministrativaN° A-C-A-77-01-45-021/98 del 27-11-98, por cuanto parael Proyecto N° 11 “Mejoras al Sistema Colector de Polvoen la Planta de Secado-Puerto Ordaz”, se consideróuna ejecución desde el cuarto trimestre de 1998 hastael primer trimestre de 2000, no obstante, se concluyó al31-12-2000, es decir, con un atraso de 9 meses; posteriormente,dicho proyecto fue objeto de actividades demantenimiento y mejoras; asimismo, para el ProyectoN° 13 “Sistema de Control de Polvo Área Industrial dePuerto Ordaz”, se estimó el período 1998-2001, sin embargo,a la fecha 27-10-2005, se encontraba en procesopor motivo de problemas financieros; éste fue reprogramadoy modificado por CVG Ferrominera Orinoco,C.A., para ejecutarse desde el tercer trimestre de 2002al primer trimestre de 2005, sin embargo, el proyectopresentaba un retraso de 4 años conforme la programacióninicial y de 7 meses según la reprogramación de laempresa, siendo el mismo reestructurado, por lo que seplanificó para ser ejecutado en una etapa previa y 5 etapasposteriores. Cabe destacar, que se ejecutaron una seriede subproyectos como medidas de mitigación alternas al122

Administración Nacional DescentralizadaSector Industria, Producción y Comerciocitado proyecto, a saber: prolongación de 450 metros devía férrea en patios internos de carga de gruesos, a objetode minimizar el tránsito de camiones y equipos pesados;asfaltado de 2,50 Km. de vialidad interna; programaciónde arborización, a través de la reforestación de áreas dentrode la planta, con especies de considerable altura (plantasde eucaliptos), que permitieran establecer barreras naturalesque disminuyeran la velocidad del viento; diseño einstalación de sistema artesanal de aspersores en áreas dela planta; colocación de fosas en el sector de la plantade calibradores en Procesamiento de Mineral de Hierro(PMH) y planificación de riego en vías internas dela planta, entre otros. Lo expuesto, no contribuyó enla reducción de niveles de contaminación atmosféricagenerada en su proceso productivo, incidiendo dichasituación en la salud y calidad de vida de las poblacionescercanas a la empresa.No se localizó ni fue suministrada documentación a travésde la cual CVG Ferrominera Orinoco, C.A., sometió a lareconsideración del MARN, el cronograma de adecuaciónambiental para el control de la contaminación generada porel polvo de hierro (Proyecto N° 13), aprobado en ProvidenciaAdministrativa N° A-C-A-77-01-45-021/98 del27-11-98, a los efectos de modificar dicho instrumento,como consecuencia del incumplimiento de los lapsosprogramados inicialmente (1998-2001). Asimismo, nofue suministrada la reprogramación del citado cronograma,debidamente aprobada por el Ministerio, a pesar delconcepto “perfectibilidad” contemplado en el artículo 12de la Ley Orgánica de Planificación (Gaceta Oficial N°5.554 Extraordinario del 13-11-2001) a través del cual seseñala que la planificación debe ser perfectible, para ellodeben evaluarse sus resultados, controlar socialmente sudesarrollo, hacer seguimiento a la trayectoria, medir elimpacto de sus acciones y, simultáneamente, incorporarlos ajustes que sean necesarios. No obstante lo mencionado,en Informe de abril de 2004 del Departamento deGestión Ambiental de CVG Ferrominera Orinoco, C.A.,se observó parte de la reprogramación del Proyecto N°13, elaborada por esa empresa, que contempló un lapsode enero de 2002 al tercer trimestre de 2003, para elSistema Piloto de Control de Polvo, y un período delsegundo trimestre de 2004 al primer trimestre de 2005,para el Sistema de Control de Polvo PMH (Etapa 1), faseque al 27-10-2005, se encontraba en proceso. La situaciónen comento se debió a la ausencia de una continuaevaluación y seguimiento por parte de las instanciascorrespondientes, entre otras, la Gerencia de Controlde Riesgo, el Departamento de Gestión Ambiental, asícomo el MARN, lo que impide detectar posibles desviacionesen los proyectos ambientales, lo que limita a losresponsables de tomar las decisiones, en la adopción delos correctivos necesarios que conlleven al cumplimientode los objetivos propuestos al formular los cronogramasde adecuación ambiental, dirigidos a mantener adecuadosniveles de calidad del aire, por consiguiente, dicha circunstanciano coadyuva a mitigar los efectos negativos que lacontaminación produce en la salud de las personas y en elmedio ambiente.CVG Ferrominera Orinoco, C.A. realizó evaluacionescomo medida de control interno, durante los años 2003y 2005, a través de la contratación de servicios externos,donde se midieron las concentraciones promedio de laspartículas totales en suspensión (PTS), mediante equiposespecializados (High-Vol), de cuyos resultados obtenidospara cada una de las estaciones ubicadas en el área deinfluencia de las instalaciones de la planta industrial deCVG Ferrominera Orinoco, C.A., se determinó que enla Estación N° 1 de muestreo, localizada en el tallerde equipos pesados, los resultados de las medicionesarrojaron PTS de 79,30 ug/m3 y 45,22 ug/m3 para losaños 2003 y 2005, respectivamente, en donde el valor de79,30 ug/m3 se encontraba en el rango de 75-200 ug/m3,que corresponde a una zona de aire moderadamentecontaminado y 45,22 ug/m3 a una zona de aire limpio,tal como se establece en el artículo 5 de las NormasSobre Calidad del Aire y Control de la ContaminaciónAtmosférica (Gaceta Oficial N° 4.899 Extraordinariode fecha 19-05-95), que contempla una clasificación dezonas de acuerdo con los rangos de concentraciones dePTS, calculadas con base en promedios anuales. Por otrolado, la Estación N° 2, ubicada en la zona del ferrocarril(Caseta de vigilancia), fue la zona de mayor presencia departículas, ubicándose en 772,70 ug/m3 y 416,28 ug/m3,para los años 2003 y 2005, respectivamente, valores esosmayores a 300 ug/m3, que se corresponden a zonas cuyo123

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007aire es muy contaminado, tal como lo establece el artículo 5de las citadas Normas, en donde adicionalmente se indica,que las zonas con niveles superiores a 300 ug/m3 seránobjeto de la implantación de medidas extraordinarias demitigación. Por último, los resultados obtenidos en EstaciónN° 3, localizada en la salida del proceso, específicamenteen la Caseta de Vigilancia del portón principal de ingresoa la empresa, arrojaron la presencia de partículas de 65,50ug/m3 y 53,87 ug/m3, para los años 2003 y 2005, respectivamente,valores que cumplieron con los límites normalesestablecidos en las citadas Normas sobre Calidad del Airey Control de la Contaminación Atmosférica, vale decir,por debajo de 75 ug/m3, que corresponde a una zona deaire limpio. El origen de la presencia de partículas en losvalores indicados, está relacionado con el cumplimientoparcial del cronograma de adecuación ambiental, lo queincide de manera negativa en el cuidado y conservación dela salud de los trabajadores de la empresa y de la poblacióncercana a la industria.De la revisión realizada a los documentos soportesde los resultados de las mediciones de las estaciones demonitoreo de la Red de Calidad de Aire de Ciudad Guayana,durante el año 2003, se observó que la Estaciónde Monitoreo de PTS, denominada Campo “C”, ubicadaen el techo de la Residencia La Casona (Residencia bajadensidad), área de mayor influencia del manejo de mineralen CVG Ferrominera Orinoco, C.A., resultó una zona conaire moderadamente contaminado, con niveles de concentraciónpromedio anual que oscilaban entre 87,38 ug/m3 y166,66 ug/m3, durante los años 2001, 2002, 2003, 2004 yel primer trimestre de 2005, valores que se encuentran enel rango 75 ug/m3-200 ug/m3 establecido en el mencionadoartículo 5 de las Normas Sobre Calidad del Aire yControl de la Contaminación Atmosférica, como zonade aire moderadamente contaminado. Las situacionesantes expuestas obedecieron entre otros, a la inobservanciade las condiciones previstas en el cronogramade adecuación ambiental, por lo cual esta ContraloríaGeneral reitera que las medidas adoptadas a la fecha delas referidas mediciones, para la mitigación del impactoambiental producido por el polvo de hierro (finos), noresultaron suficientes para la protección y preservaciónde la salud de los trabajadores de la empresa y de lapoblación cercana a la industria.ConclusionesEn CVG Ferrominera Orinoco, C.A. se determinóel cumplimiento parcial del cronograma de adecuaciónambiental aprobado por el Ministerio del Poder Popularpara el Ambiente; asimismo, se observaron debilidades decontrol interno relacionadas con la planificación, por cuantono fueron reprogramados los lapsos previstos en el citadoinstrumento, lo cual evidencia la ausencia de un seguimientocontinuo por parte de diferentes dependencias de la empresa,así como del Ministerio, lo que impide detectar posiblesdesviaciones en los proyectos ambientales, por consiguiente,limita la toma de decisiones y la adopción de correctivosdirigidos a mantener niveles adecuados de calidad del aire.Por otra parte, se observó que si bien es cierto que CVGFerrominera Orinoco, C.A. adoptó una serie de medidas paralelasa la ejecución del proyecto N° 13, dirigidas a controlarlas emisiones de polvo, las mismas resulta insuficientes paraminimizar las emisiones de partículas al ambiente.RecomendacionesLa Junta Directiva de CVG Ferrominera Orinoco, C.A.debe:• Girar las instrucciones correspondientes a las dependenciasinvolucradas, a los fines de reformular yreprogramar el proyecto N° 13 “Sistema de Control dePolvo en el Área Industrial de Puerto Ordaz”, reflejadoen el cronograma de adecuación ambiental; remitir elmismo a la Dirección Estatal Bolívar del Ministeriodel Poder Popular para el Ambiente, a los efectos de suconsideración y aprobación; así como ejecutar el mismouna vez aprobado, conforme los lapsos previstos.• Crear los mecanismos necesarios que permitanefectuar la evaluación y el seguimiento continuo dela ejecución de los cronogramas de adecuación ambientaldebidamente aprobados por el Ministerio delPoder Popular para el Ambiente, con el propósito dedetectar posibles desviaciones y corregir las mismasoportunamente y así cumplir con los objetivos ambientalesformulados por esa empresa.124

Administración Nacional DescentralizadaSector Industria, Producción y Comercio• Continuar realizando evaluaciones y mediciones periódicascomo medida de control interno, lo cual lepermitirá a CVG Ferrominera Orinoco, C.A., conocerlos niveles de concentraciones de partículas totalessuspendidas en el aire y ejercer las acciones pertinentesy oportunas, en caso de presentarse desviacionesrelevantes.efectuar HOCOSA, por concepto de Seguro Social Obligatorio;sin embargo, de la revisión efectuada a la nóminade los trabajadores, se evidenció que la empresa realizólas respectivas retenciones. Al respecto el artículo 63 dela Ley de reforma Parcial de la Ley del Seguro Social,Gaceta Oficial Nº 4.322 Extraordinario del 03-10-1991, estableceque el patrono está obligado a entregar al InstitutoVenezolano de los Seguros Sociales (IVSS) su cuota y laHOTELERA COLÓN, S.A. (HOCOSA)de sus trabajadores, en la oportunidad y condiciones queestablezca el Reglamento; también señala que el atrasoPERSONAL CONTRATADO; SSO, PARO FORZOSOen el pago causará interés de mora del 1,00% mensual,Y LEY DE POLÍTICA HABITACIONALademás de las sanciones correspondientes. Esto obedecióHOCOSA es una empresa del Estado venezolano, fue constituidael 20-11-1968 como sociedad anónima, su accionistamayoritario es la Corporación de Los Andes (CORPOANDES),y su objeto social es la explotación en todos sus aspectosde la rama hotelera en el Estado Táchira, sus vecindades yen cualesquiera sitios de la República en donde considereconveniente y necesario establecer y fundar establecimientoscon ese fin, bien sean éstos hoteles, moteles, fondas,posadas. Podrá establecer asociaciones estratégicas destinadasa cumplir con su objeto principal.a que la empresa no realizó los pagos correspondientes alaporte y cotización de los trabajadores, lo que trajo comoconsecuencia que la empresa presente al 31-05-2006, unadeuda acumulada con el IVSS, por Bs. 72,08 millonesde los cuales Bs. 30,75 millones (42,66 %) correspondena intereses moratorios, lo que compromete su situaciónfinanciera y patrimonial. De igual manera, se excluyena los trabajadores de la empresa, del derecho que tienende disfrutar de los beneficios que le ofrece el Sistema deSeguridad Social.Alcance y objetivo de la actuaciónLa actuación, se circunscribió a evaluar, en una muestraselectiva de las transacciones, las actividades administrativasrealizadas por HOCOSA durante el año 2005 y el primertrimestre de 2006, siendo los objetivos específicos, verificarla situación laboral del personal contratado, así como,cerciorarse de la idoneidad y legalidad de los mecanismosutilizados para la aplicación de las deducciones salarialespor concepto de Seguro Social Obligatorio, Paro Forzosoy Ley de Política Habitacional realizados al personal; ademásconstatar si la empresa enteró oportunamente a losorganismos respectivos los recursos retenidos y verificar siHOCOSA, cumple con las previsiones contenidas en la normativalegal y sublegal que rige los entes descentralizadosfuncionalmente con fines empresariales.Observaciones relevantesNo se evidenció ni fueron suministrados a esta ContraloríaGeneral los comprobantes de los pagos que debióDe la revisión efectuada a la nómina de los trabajadoresde HOCOSA, se constató que la empresa realizó lasretenciones por concepto de Paro Forzoso y Ley de PolíticaHabitacional; sin embargo, no realizó los respectivospagos ante los organismos competentes, razón por la cualal mes de agosto 2006, la empresa presentaba retencionesacumuladas y no enteradas por los citados conceptos deBs. 1,74 millones y Bs. 4,20 millones, respectivamente,siendo esto contrario a lo establecido en el artículo 47 dela Ley del Régimen Prestacional de Empleo (Gaceta OficialN° 38.281 del 27-09-2005) que señala que el empleadordeberá descontar, al efectuar el pago del salario, el montocorrespondiente a la cotización del trabajador, informar aéste sobre la retención efectuada y enterarlo a la Tesoreríade Seguridad Social dentro de los primeros 5 días hábilesde cada mes; así como, lo contenido en el artículo 173 dela Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat(Gaceta Oficial N° 38.204 de fecha 08-06-2005) que estableceque los empleadores deberán retener las cantidadesa los trabajadores, efectuar sus propios aportes y depositardichos recursos en la cuenta de cada uno de los trabajadores125

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007en el Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda, dentrode los primeros 5 días hábiles de cada mes, a través del enteoperador calificado y seleccionado por el Banco Nacionalde la Vivienda. Esta situación trae como consecuencia, quelos trabajadores de la empresa no estén protegidos por unsistema de seguridad social, que promueva y les garantice elmejoramiento de la calidad de vida y su bienestar. Por otraparte, se expone a la empresa a las sanciones pecuniariasprevistas en las leyes.Se constató que HOCOSA presentaba 8 demandas laboralespor cobro de prestaciones sociales de ex trabajadores dela empresa, cuyos montos suman la cantidad de Bs. 141,58millones, de las cuales se había llegado a transacción en 3de estas demandas, por un monto de Bs. 61,50 millones; alrespecto, se observó que la empresa no había constituidoun fideicomiso o un Fondo de Prestaciones de Antigüedad,que le permitiera, cumplir con la obligación de cancelar lasprestaciones de antigüedad, cuando la relación de trabajotermine por cualquier causa. Sobre el particular, el artículo108 de la Ley Orgánica del Trabajo (Gaceta Oficial Nº 5.152Extraordinario del 19-06-1997) establece que después deltercer mes ininterrumpido de servicio, el trabajador tendráderecho a una prestación de antigüedad; así mismo, indicaque la prestación de antigüedad, atendiendo a la voluntaddel trabajador, requerida previamente por escrito, se depositaráy liquidará mensualmente, en forma definitiva,en un fideicomiso individual o en un Fondo de Prestacionesde Antigüedad o se acreditará mensualmente a sunombre en la contabilidad de la empresa. Lo depositadoo acreditado mensualmente se pagará al término de larelación de trabajo. La situación antes señalada trae comoconsecuencia que se comprometa financiera y económicamentela empresa, al no contar con los recursos para hacerfrente a las demandas y a los elevados pasivos laboralesque mantiene.HOCOSA carecía de manuales de organización, denormas y procedimientos, lineamientos y políticas, quedescribieran los diferentes pasos y procedimientos de lastareas asignadas al personal que integra cada una de lasdependencias o unidades de la empresa; no obstante loestablecido en el artículo 37 de la Ley Orgánica de la ContraloríaGeneral de la República y del Sistema Nacional deControl Fiscal (LOCGRSNCF), Gaceta Oficial N° 37.347de fecha 17-12-2001, que señala que cada entidad del sectorpúblico elaborará, en el marco de las normas básicas dictadaspor la CGR, las normas, manuales de procedimientos,indicadores de gestión, índices de rendimiento y demásinstrumentos o métodos específicos para el funcionamientodel sistema de control interno; así como, a lo previsto enel artículo 22 de las Normas Generales de Control Interno(NGCI), Gaceta Oficial N° 36.229 del 17-06-1997, el cualseñala que dichos manuales deben incluir los diferentespasos y condiciones de las operaciones a ser autorizadas,aprobadas, revisadas y registradas, así como lo relativo alarchivo de la documentación justificativa que le sirva desoporte y además, éstos deben ser aprobados por las máximasautoridades jerárquicas. La situación antes señaladase debe a la inobservancia, por parte de la Junta Directiva,de las atribuciones que tiene asignadas en los Estatutos, loque trae como consecuencia que HOCOSA, no cuente con unsistema de control interno que le garantice la exactitud yoportunidad de la información financiera, presupuestariay administrativa, además de salvaguardar su patrimonio;así mismo, limita a los órganos de control fiscal efectuarun adecuado control.HOCOSA no contaba con un Plan Estratégico ni conplanes operativos anuales. Al respecto, el principio defuncionamiento planificado y control de la gestión y de losresultados, contenido en el artículo 18 de la Ley Orgánicade la Administración Pública (LOAP), Gaceta Oficial N°37.305 del 17-10-2001, establece que el funcionamientode los órganos y entes de la Administración Pública sesujetaran a las políticas, estrategias, metas y objetivosque se establezcan en los respectivos planes estratégicosy compromisos de gestión. Igualmente, comprenderá elseguimiento de las actividades, así como la evaluación ycontrol del desempeño institucional y de los resultadosalcanzados. Asimismo, el artículo 50 de la Ley Orgánicade Planificación (LOP), Gaceta Oficial N° 5.554 Extraordinariodel 13-11-2001, señala que cada uno de los órganosy entes de la Administración Pública deben elaborar surespectivo Plan Operativo, donde se concreten los programas,proyectos y acciones a desarrollar en el año fiscalcorrespondiente, en conformidad con las directrices delPlan Operativo Anual Nacional. Ésta situación se debe al126

Administración Nacional DescentralizadaSector Industria, Producción y Comerciodesconocimiento, por parte de las máximas autoridadesde la empresa, de que HOCOSA forma parte de los entesdescentralizados con fines empresariales, lo que la haceparticipe de un sistema mixto de Derecho; por ende, serigen por normas del Derecho Privado en cuanto a sucreación, organización y funcionamiento, y está sometidaal Derecho Público, por tanto sujeta al debido cumplimientode la normativa legal y sublegal en ésta materia.Lo que trae como consecuencia que HOCOSA, no dispongade instrumentos de planificación que le permitan orientarla ejecución de sus metas y objetivos, evaluar y realizarseguimiento de los resultados de su gestión, además delimitar a los órganos de control fiscal evaluar el cumplimientode los mismos.Para los ejercicios económico financiero 2005 y 2006,HOCOSA no elaboró los presupuestos de ingresos y gastos;no obstante, la Ley Orgánica de la Administración Financieradel Sector Público (LOAFSP), Gaceta Oficial N°37.978 del 13-07-2004, en su artículo 66, Capítulo IV delRégimen Presupuestario de la Sociedades Mercantiles delEstado y otros Entes Descentralizados Funcionalmentecon Fines Empresariales, señala que los directorios o lasmáxima autoridades de los entes aprobarán el proyecto depresupuesto anual de su gestión y lo remitirán, a travésdel correspondiente órgano de adscripción, a la OficinaNacional de Presupuesto (ONAPRE), antes del 30 de septiembredel año anterior al que regirá. Todo ello, se debe aldesconocimiento, por parte de la alta gerencia de HOCOSA,de que forman parte de los entes descentralizados con finesempresariales, por tanto sujeta al debido cumplimiento dela normativa legal y sublegal referida a la materia presupuestaria,lo que trae como consecuencia, que la empresano cuente con un mecanismo adecuado que permita a susmáximas autoridades y a los órganos de control externos,evaluar y controlar, las diferentes etapas del proceso presupuestario,así como, medir la efectividad y eficacia enel logro de los resultados esperados de su gestión, en unperíodo determinado.HOCOSA durante el año 2005 y primer semestre de 2006,no realizó los registros contables en los libros principales yauxiliares correspondientes. No obstante, que las NormasGenerales de Contabilidad del Sector Público (NGCSP),Gaceta Oficial N° 36.100 del 04-12-1996, establece en elartículo 4°, el principio del registro, el cual señala que loshechos contables deben reconocerse y registrarse oportunamente,de una sóla vez, en orden cronológico, consecutivo,sin que existan vacíos u omisiones en la información,conforme a los sistemas, métodos y procedimientos que seestimen adecuados, a fin de garantizar la coherencia de lainformación. De igual manera, el artículo 26 de las NGCIseñala que todas las transacciones que ejecute un organismoo entidad y que produzca variaciones en sus activos,pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y, en general en cualesquierade las cuentas que conforman el sistema, deberánser objeto de registro contable en los libros principales yauxiliares correspondientes. Por otra parte, la CláusulaCuarta, numeral 7, de los Estatutos Sociales de la empresaestablece en las atribuciones de la Junta Directiva, el develar porque la contabilidad se lleve con la mayor claridady exactitud. La situación anteriormente señalada, se debea la falta de vigilancia, seguimiento y control, por parte dequienes dirigen y tienen la responsabilidad de administrarla empresa, que garantice el registro sistemático de todaslas transacciones que afecten la situación económica financierade HOCOSA, y a la carencia de un adecuado sistema decontrol interno, lo que limita a la empresa contar con unacontabilidad actualizada, que permita producir informaciónfinanciera oportuna, confiable y necesaria, para la tomade decisiones de manera pertinente y acertada, además,dificulta el ejercicio del control y la auditoría interna yexterna.Los bienes muebles de HOCOSA no estaban debidamenteidentificados y el registro del inventario de estos bienesno estaba actualizado. Al respecto, el Manual de Normasde Control Interno sobre un Modelo Genérico de la AdministraciónCentral y Descentralizada Funcionalmente(Gaceta Oficial N° 38.282 del 28-09-2005), numeral 4.11.3,establece que cada organismo o ente debe tener los bienesdebidamente identificados con etiquetas o marcas, con elmétodo, código y fecha de rotulación establecidos paratal efecto, estén en almacén o en uso de acuerdo con losprocedimientos establecidos. Por otra parte, el literal a) delartículo 3 de las NGCI, señala que el control interno decada organismo debe organizarse con arreglo a conceptosy principios generalmente aceptados, cuyo funcionamiento127

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007debe orientarse al cumplimiento de los objetivos entre loscuales se encuentra la salvaguarda del patrimonio público.Esta situación se debe a que la empresa no cuenta con loscontroles internos necesarios que garanticen el resguardo,custodia y salvaguarda de los bienes, lo que dificulta elcontrol físico y contable de dichos bienes, así como suseguridad.ConclusionesDe la evaluación efectuada a las actividades administrativasrealizadas por la empresa, se determinó que, auncuando HOCOSA se inscribe dentro de las denominadasempresas públicas, su organización y funcionamiento nose encontraban adecuados a la normativa legal vigenteque rige para esas organizaciones, como resultado de esasituación la empresa presentó debilidades en el sistemade control interno administrativo, contable y financiero,así como en la observancia de la normativa legal y reglamentariaque la rige; situaciones que no garantizaronla salvaguarda de los bienes y recursos de HOCOSA. Talesafirmaciones se sustentan fundamentalmente en que laempresa realizó retenciones a sus trabajadores por conceptode Seguro Social, Paro Forzoso y Ley de PolíticaHabitacional, sin embargo, no efectuó los pagos respectivosante los organismos competentes; además, presentaba 8demandas laborales por cobro de prestaciones sociales delos ex trabajadores, situación que compromete financieray económicamente la empresa. Por otra parte la empresacarecía de manuales de normas y procedimientos y deorganización; no contaba con un Plan Estratégico ni conplanes operativos; no elaboró los presupuestos de ingresosy gastos correspondientes a los ejercicios económicos financieros2005 y 2006; no realizó los registros contablesen los libros principales y auxiliares; los bienes mueblesno se encontraban debidamente identificados y el registrode esos bienes no estaba actualizado.RecomendacionesLa Junta Directiva y la Presidencia de HOCOSA debe:• Efectuar las diligencias que correspondan, ante losorganismos competentes, a los fines de sincerar y regularizarla situación de sus trabajadores, en relacióncon la deuda que presenta la empresa por conceptode Seguro Social Obligatorio, Paro Forzoso y PolíticaHabitacional.• Elaborar y aprobar el Manual de Organización y losmanuales de normas y procedimientos ajustados alos procesos internos de la empresa, así como a lanormativa legal que la rige, necesarios para regularlas actividades que ejecutan las distintas dependenciasde la empresa, con el propósito de garantizar y ejercerun adecuado control interno sobre sus procesos.• Formular el Plan Estratégico y el Plan OperativoAnual de acuerdo con las disposiciones contenidas enla LOAP y la LOP, a los fines que le permitan orientarla ejecución de sus políticas, estrategias, metas y objetivos,además de evaluar y realizar el seguimientode los resultados de su gestión.• Formular sus presupuestos de acuerdo con las disposicionescontenidas en la LOAFSP y su ReglamentoN° 1, así como los lineamientos emitidos por laONAPRE.• Establecer los mecanismos de control interno necesarios,que garanticen el registro contable oportunoen los libros principales y auxiliares de todas lastransacciones que realice la empresa.• Realizar inventario físico de todos los bienes propiedadde la compañía, que se encuentran ubicados enlas instalaciones del hotel, para proceder a su debidaidentificación y registro.HOTEL DEL LAGO, C.A.EJECUCIÓN DE CONTRATOEl Hotel del Lago, C.A. inició sus operaciones al público,en fecha 14-08-1953, para esa época contaba con el serviciode 129 habitaciones. Unos años más tarde fue inauguradoel primer salón de fiestas “Caroní” con capacidad para 500personas. A partir del año 1.976 se inicia la construcciónde una torre que agregaría 177 habitaciones, además deun Centro de Convenciones con 9 salones; no obstante, esen el año 1.980, cuando 100 habitaciones pertenecientes ala mencionada torre, entran en funcionamiento, conjuntamentecon la nueva piscina, para ofrecer una estadía másplacentera a todos sus huéspedes. Luego, entraron en operatividadlas restantes 77 habitaciones de la torre, así como el128

Administración Nacional DescentralizadaSector Industria, Producción y ComercioCentro de Convenciones. Durante el período comprendidoentre los años 1985 y 1993, se inició la remodelación dela antigua construcción del hotel y de las áreas públicasy sociales. Para el año 1999, entró en funcionamiento elpent-house del Hotel del Lago, C.A., como salón de usosmúltiples, al que se le dio el nombre de “Salón Zapara”.Por último, durante los años 2002 y 2003, se llevaron acabo remodelaciones de los restaurantes “El Patio” y “ElBohío” así como de 117 habitaciones, incluyendo los pasillosinternos ó corredores que les acompañan.La empresa tiene como objetivo fundamental la administración,operación y explotación del negocio de alojamientohotelero, que realizará por si mismo o a través de terceros,pudiendo dedicarse igualmente a la administración, operacióny explotación de gimnasios, centros deportivos,aeróbicos, acuáticos, estéticos, recreacionales, culturales,casinos, bingos y máquinas traga níqueles.La estructura organizativa está integrada por la Asambleade Accionistas, Junta Directiva y Presidencia, SupervisiónAuditora y Supervisión de Gestión Operativa,las cuales conforman el nivel directivo y supervisorio asícomo, una Gerencia General, con 7 gerencias de línea,encargadas de la operación y administración del hotel, bajolos lineamientos de la empresa operadora IntercontinentalHotels Corporation (IHC).La administración y el funcionamiento del Hotel delLago, C.A., se encuentra a cargo de la sociedad anónimaIntercontinental Hotels Corporation (IHC), facultada porla empresa estatal Hotel del Lago, C.A., para actuar comoempresa operadora del inmueble conocido como “Hoteldel Lago”, con las facultades indicadas en el contrato deadministración y operación, entre las cuales destacan: manejodel personal y su remuneración; hacer reparaciones y decoracionesdel hotel que crea razonablemente necesarias parael debido mantenimiento, conservación y funcionamientodel mismo; arrendar a precios de mercado espacios pertenecientesal hotel, de común acuerdo con la propietaria, obtenery conceder permisos que IHC considere necesarios para elfuncionamiento del hotel, tales como puestos de cigarros,periódicos, salones de belleza, garajes para taxis, entre otros;inspeccionar y controlar las actividades de los inquilinos,concesionarios, titulares de permisos de sus empleados, yen fin, las comprendidas en el contrato en referencia, previaparticipación o aprobación del Hotel del Lago, C.A., en sucarácter de Propietaria, cuando así se indique.El 29-05-2003, se suscribió un contrato entre el Hotel delLago, C.A. y la empresa ARCOPLAN, C.A. el cual tiene porobjeto la reparación de: “Obras de albañilería, plomería,pintura y electricidad, correspondiente a 78 habitacionesy pasillos de los pisos 2 y 3 de la sección 3 del edificiooriginal y Torre del Hotel del Lago”, de acuerdo con lasespecificaciones técnicas de la licitación selectiva N°2003-0009, además se cita en el referido contrato que “ElContratista” cumplirá con la ejecución del trabajo, a todocosto, con sus propios elementos, y por su propia cuenta,responsabilidad y riesgo, proporcionando mano de obra,materiales consumibles, equipos y herramientas adecuadaspara la realización de lo indicado en la Cláusula N° 1, delreferido contrato.Alcance y objetivo de la actuaciónLa actuación estuvo orientada a la evaluación del contratosuscrito entre la empresa ARCOPLAN, C.A. y el Hotel delLago, C.A., relacionado con reparación de obras menores,cuya ejecución se llevó a cabo durante el período comprendidodesde el 25-06-2003 hasta el 13-06-2004; a los finesde verificar el cumplimiento del procedimiento de licitaciónselectiva signado con el N° 2003-0009, mediante el cualse otorgó la Buena Pro a la empresa ARCOPLAN, C.A., enatención a lo establecido en la normativa legal vigente, sepracticó una revisión exhaustiva al pliego licitatorio y todala documentación que le acompaña, así como determinarsi las obras de remodelación se efectuaron de conformidadcon lo dispuesto en el contrato suscrito en fecha 29-05-2003, conllevando a que del universo comprendido por78 habitaciones, se escogió una muestra selectiva de 28habitaciones (35,90%), para la inspección y verificaciónde los trabajos efectuados.Observaciones relevantesDe la revisión efectuada a los documentos correspondientesal procedimiento licitatorio, tales como: Pliego de la129

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007Licitación selectiva N° 2003-0009 y el expediente de la empresacontratada, no se evidenció los soportes documentalesrelativos a las diversas actuaciones que debieron integrarel procedimiento de licitación en referencia, es decir: Invitacióna otras empresas para la participación del proceso;ofertas presentadas por las empresas participantes; caucióno garantía por el monto fijado, emitidas por las empresasparticipantes; actas de la comisión de licitaciones sobrerecepción y apertura de sobres, así como, el informe del resultadofinal del mencionado proceso licitatorio. Situaciónque no se encuentra acorde con lo establecido en los TítulosIII y IV, correspondientes a los Capítulos III y I, respectivamente,de la Ley de Licitaciones (Gaceta Oficial N° 5.556del 13-11-2001), así como, en el artículo 107 esjudem. Loantes descrito se originó por la ausencia de mecanismos decontrol interno previstos en los procesos licitatorios, talescomo listas de chequeos de requisitos administrativos ylegales, que permitieran advertir a los administradores sobrelas desviaciones u omisiones en el cumplimiento de losprocedimientos que se estaban llevando a cabo, así como laexistencia de debilidades en el manejo, preservación y custodiade la documentación justificativa de las operacionesrelativas a los procedimientos y contrataciones de obras yservicios. Lo que trae como consecuencia, que el procesocarezca de credibilidad y transparencia, por cuanto no selogró constatar que la información sobre el mismo, fueseválida y confiable, y permitiera determinar la legalidady responsabilidad de los resultados obtenidos y por endeel otorgamiento de la “Buena Pro” a favor de la empresaARCOPLAN, C.A. Adicionalmente, ese hecho limitó a estemáximo órgano de control, en la ejecución de la evaluaciónde todo lo concerniente al referido proceso licitatorio, alcarecer de documentos que soporten los procedimientosy actos aprobatorios, así como verificar, el cumplimientode los principios de economía, transparencia, honestidad,eficacia, competencia y publicidad, los cuales deben serrespetados en los procedimientos de selección de contratistassujetos a la Ley de Licitaciones.Mediante visitas de inspección realizada en fecha 22-11-2004, a 28 habitaciones, equivalente a (35,90%) de las78 habitaciones del Hotel del Lago, C.A., incluidas en elcontrato para la ejecución de las “obras de albañilería, plomería,pintura y electricidad, ubicadas en los pasillos de lospisos 2 y 3 de la sección 3 del edificio original y Torre delHotel del Lago, de acuerdo con las especificaciones técnicasdel pliego de Licitación No. 2003-0009.”, se observó quelas obras de remodelación ejecutadas por “El Contratista”,guardan relación con las especificaciones contenidas en lacláusula N° 1 inserta en el contrato en comento.Se detectaron deficiencias de control interno vinculadascon el procedimiento de archivo y resguardo llevado porel Hotel del Lago, C.A., relacionado con los documentosinherentes al contrato objeto de análisis, por cuanto no sesuministró a la comisión del máximo órgano de control, elacta de inicio de los trabajos de construcción, ni el informetécnico donde se describiera las condiciones físicas en quese encontraban las 78 habitaciones y pasillos de los pisos2 y 3 de la sección 3, del edificio original antes de ser remodeladas.En ese sentido, el literal a), del artículo 23 delas Normas Generales de Control Interno (NGCI), GacetaOficial N° 36.229 del 17-06-1997, señala que todas lastransacciones y operaciones financieras y administrativasdeben estar respaldadas con la suficiente documentaciónjustificativa, y los documentos deben contener informacióncompleta y exacta, archivarse siguiendo un orden cronológicou otros sistemas de archivo que faciliten su oportunalocalización, y conservarse durante el tiempo estipuladolegalmente. Situación que se originó por deficiencias enel sistema de control interno de la empresa, fundamentalmenteen el sistema de archivo utilizado, por cuanto nocuenta con mecanismos que le permitan detectar erroresu omisiones en la conformación de los expedientes, lo queincide negativamente en el control y resguardo que debegarantizar el mencionado hotel, de toda la documentaciónque le es propia, por operaciones y transacciones efectuadasde cualquier índole, por lo que se reitera lo expuestoen cuanto a las limitaciones que esas circunstancias leimponen a los órganos de control fiscal.ConclusionesNo se localizó ni fue suministrada los soportes documentalesque avalara la ejecución del proceso de licitación,mediante el cual se otorgó la “Buena Pro” a la empresaARCOPLAN, C.A. Por otro lado, no obstante que las obrasejecutadas se corresponden con las especificaciones téc-130

Administración Nacional DescentralizadaSector Industria, Producción y Comercionicas establecidas, este Organismo Contralor evidenciódeficiencia en las que incurrieron las autoridades delmencionado hotel, relacionada con el control y resguardode toda la documentación que le es propia, incidiendonegativamente en la conformación de los expedientes delrespectivo proceso de licitación.RecomendacionesLa Junta Directiva del Hotel del Lago, C.A. debe:• Adoptar medidas necesarias para que se efectúenlos procesos relacionados con la contratación deobras y servicios, atendiendo lo establecido en laLey de Licitaciones, con la finalidad de garantizarel cumplimiento de los principios inherentes en losprocedimientos de selección de contratistas sujetos ala mencionada ley.• Emprender acciones inmediatas que conlleven aimplementar mecanismos efectivos, que asegurenun adecuado control y resguardo de toda la documentaciónrelativa a las operaciones y transaccionesadministrativas, financieras y técnicas, con la finalidadde resguardar la información en forma completa yexacta, archivada en orden cronológico que facilitesu oportuna localización y la protección contra lasustracción, así como de cualquier otro riesgo.INSTITUTO NACIONAL DE HIPÓDROMOS (INH)SEGUIMIENTO Y PROCESO DE LIQUIDACIÓNEl Instituto Nacional de Hipódromos (INH) fue creadomediante el decreto Nº 357 de fecha 03-09-58, (GacetaOficial N° 25.750 de fecha 03-09-58), como un institutoautónomo con personalidad jurídica y patrimonio propioe independiente de la Hacienda Pública Nacional. Su objetivoes la administración y explotación de los hipódromosnacionales, con el fin de contribuir al fomento y mejorade las razas equinas del país y cumplir con sus ingresos, ala ejecución de fines altruistas encausados por propósitosde bien social, como son los asistenciales, benéficos yculturales.En fecha 21-12-89, el Ejecutivo Nacional mediante decretoNº 689 publicado en Gaceta Oficial Nº 34.373 de lamisma fecha, ordenó la reorganización del Instituto. Ental sentido, en el año 1990 el titular del extinto Ministeriode Agricultura y Cría, actual Ministerio del Poder Popularpara la Agricultura y Tierras, presentó ante el Consejo deMinistros el proyecto de Reestructuración y Privatizacióndel Instituto, cuya administración le fue concedidaal extinto Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV),actualmente Banco de Desarrollo Económico y Social deVenezuela (BANDES) mediante la aprobación por parte delEjecutivo Nacional y posterior firma por las autoridadesdel INH, de un contrato de fideicomiso de fecha 27-08-91,por la cantidad de Bs. 500,00 millones. En virtud de nohaberse cumplido el proceso de privatización del INH, elEjecutivo Nacional emitió en fecha 25-10-99 el decretoN° 422 con Rango y Fuerza de Ley que Suprime y Liquidaal Instituto Nacional de Hipódromos y Regula lasActividades Hípicas (Gaceta Oficial Nº 5.397 Extraordinariode fecha 25-10-99). Asimismo, estableció parasu ejecución un lapso de 12 meses, contados a partir dela publicación del decreto Ley en la Gaceta Oficial yotorgó la supervisión del proceso al extinto Ministeriode la Producción y el Comercio.El patrimonio del INH está integrado por activos hípicos(constituyen todos aquellos muebles, inmuebles y derechos,que a la fecha de promulgación del decreto Nº 422, estánafectados a los Hipódromos Nacionales vinculados a laactividad hípica) y no hípicos, que conforman las poligonalesdel Hipódromo Nacional La Rinconada (Caracas),el Hipódromo Nacional de Valencia (estado Carabobo),el Hipódromo de Santa Rita (estado Zulia), el ComplejoRecreacional Isla de Margarita y el Canódromo Internacional,entre otros.Alcance y objetivos de la actuaciónLa actuación se circunscribió a la evaluación de lasacciones emprendidas por la Junta Liquidadora del INHpara culminar el proceso de liquidación del Instituto, conocasión de la recomendación vinculante plasmada en elInforme Definitivo Nº 52 de fecha 29-04-2005, notificadamediante Oficio Nº 06-00-1602 de fecha 22-06-2006, alos fines de determinar las estrategias implementadas porla Junta Liquidadora del INH para culminar el proceso131

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007de liquidación del Instituto, conforme al cronograma deliquidación elaborado para tal fin, evaluándose de maneraselectiva, las actividades programadas por el Instituto enel referido cronograma para culminar el mismo.Observaciones relevantesEl INH elaboró para el año 2005 el cronograma delproceso de liquidación, el cual contemplaba los objetivosorientados a: 1) mantener la continuidad del espectáculohípico, 2) liquidar los activos no hípicos, 3) retirar y liquidaral personal del INH, 4) honrar las deudas y cumplirlas obligaciones exigibles a la Institución y 5) revertir a laRepública los activos hípicos, objetivos éstos que teníancomo fecha de culminación el mes de diciembre del año2005. Sin embargo, a mes de diciembre 2006, el proceso desupresión y liquidación del INH no se ha materializado, noobstante lo establecido en el parágrafo único del artículo 2del decreto Nº 422, el cual establece que dicho proceso sellevaría a cabo en un lapso que no excedería de 12 mesesa partir de la entrada en vigencia del referido decreto Ley(25-10-99).Es importante destacar, que desde la fecha de promulgacióndel decreto Nº 422 se han designado 4 JuntasLiquidadoras, generándose así atrasos en la ejecución delproceso, sin que se evidenciaran de igual manera, accionespor parte del Ejecutivo Nacional orientadas a definirel proceso de supresión y liquidación del Instituto; ya queel mismo no cuenta con los recursos financieros necesariospara culminar el proceso de liquidación y honrar lasdeudas con los trabajadores y de terceros, debido a que losactivos no hípicos no se habían enajenado y los ingresosobtenidos por la actividad hípica (ingresos propios), resultaroninsuficientes para cancelar los pasivos laborales a lostrabajadores, pasivos que al mes de junio del año 2006, sehabían cuantificado aproximadamente en Bs. 35.201,19millones, de acuerdo a Acta firmada entre el SindicatoÚnico Nacional de Empleados Públicos y la junta liquidadora(SUNEP-INH) sin incluir los pasivos pendientes porcancelar al personal obrero y jubilado.Por otra parte, las áreas que conforman los activos nohípicos del INH ubicadas en el Hipódromo La Rinconada,en su mayoría habían sido afectadas para programas y proyectossociales implementados por el Ejecutivo Nacional,hecho que amerito el planteamiento por parte del Institutode las negociaciones respectivas, a los fines de suscribiracuerdos y compromisos para el uso de los espacios de supropiedad con los organismos y entes involucrados, sin queal mes de diciembre 2006, se negociaran los pagos productode la venta de los terrenos ubicados en las inmediacionesdel Hipódromo La Rinconada y ocupados para el desarrollode los programas antes citados. Tal situación, limita laobtención de los recursos financieros e incide en el retrasodel proceso de liquidación. Es de señalar que de acuerdoa lo informado por el Presidente de la junta liquidadora,el Instituto para al mes de diciembre 2006, adelantaba negociacionespara solventar la situación legal de los activosno hípicos con los organismos involucrados.En relación con los activos no hípicos, propiedad delInstituto ubicados en el estado Nueva Esparta, la juntaliquidadora del INH no había procedido a su liquidacióntal y como lo establece el literal b) del artículo 4 del decretoNº 422. No obstante, se efectuaron tres procesos delicitación, en fechas 08-09-2005, 28-09-2005 y 16-03-2006,cuyos resultados fueron declarados desiertos por falta deoferentes, razón por la cual la comisión de licitación delINH, solicitó la aprobación ante la comisión de enajenaciónde bienes no afectos a las industrias básicas (CENBISP)para venderlos por lotes separados. El hecho precedentementeexpuesto impide que el INH cuente con los recursosfinancieros necesarios para culminar con el proceso deliquidación y supresión.Por lo antes expuesto, este Órgano de Control consideraque el Instituto se encuentra realizando parcialmente lasgestiones dirigidas a atender la recomendación formuladapor esta Contraloría General plasmada en el informe definitivoNº 52 de fecha 29-04-2005, por cuanto al mes dediciembre de 2006, existía un cronograma de liquidaciónque contemplaba las actividades a seguir por la Institución,sin embargo, no había concluido el proceso de supresión yliquidación del Instituto, el cual presentaba un retraso de 7años, observándose que ni las juntas liquidadoras que hansido nombradas desde la promulgación del decreto Nº 422,ni el Ministerio responsable de la supervisión del referido132

Administración Nacional DescentralizadaSector Industria, Producción y Comercioproceso, han dictado medidas tendentes a definir y concluirel mismo, no obstante lo previsto en el artículo 48 de laLey Orgánica de la Contraloría General de la Repúblicay del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF)Gaceta Oficial N° 37.347 de fecha 17-12-2001, en dondese indica que las recomendaciones que contengan losinformes de auditoria o de cualquier actividad de control,previa autorización del Contralor General de la República,tienen carácter vinculante y por tanto, son de acatamientoobligatorio por parte de los entes sujetos a su control.Para el retiro y liquidación del personal del INH, elcronograma del proceso de liquidación elaborado por elInstituto contemplaba actividades dirigidas a elaborar ypresentar ante el Viceministerio de Planificación y DesarrolloInstitucional (VIPLADIN), los Registros de Información deCargos (RIC) los movimientos de personal (FP-020) tantodel personal activo como pasivo, el Registro de Asignaciónde Cargos (RAC) del Instituto, el plan de egreso para liquidary retirar el personal empleado y obrero, comprendiendoel plan de jubilaciones de oficio, especiales, entre otros.Ahora bien, como quiera que las actividades indicadastenían como fecha de culminación el mes de diciembre delaño 2005, la junta liquidadora del INH no había concluidoal mes de diciembre 2006, la elaboración de los RIC, losRAC y los movimientos de personal. Adicionalmente, latrayectoria de los funcionarios no estaba registrada demanera precisa en los expedientes de personal, situaciónque dificultó la elaboración de los movimientos (FP-020). Al respecto, el artículo 4, literal c) del decreto Nº422 le atribuye a la junta liquidadora del INH, retirary liquidar a los trabajadores del Instituto, así mismo elartículo 3 literal b) de las Normas Generales de ControlInterno (NGCI) Gaceta Oficial Nº 36.229 de fecha17-06-97, establece que se debe garantizar la exactitud,cabalidad, veracidad y oportunidad de la informaciónpresupuestaria, financiera, administrativa y técnica. Loanterior se debe, a la falta de información en los archivosde la Institución desde el año 1993 hasta la actualidad,sobre la creación y/o eliminación de los cargos existentesen la Institución, así como a la falta de organizacióny control en las unidades administrativas responsables(oficina de recursos humanos del INH), sobre los archivosdel personal, a los fines de garantizar el adecuado controlsobre la trayectoria laboral de los empleados y obreros quetrabajan o trabajaron en ese Instituto. Tal circunstancialimita a la junta liquidadora del INH, la determinacióndel monto real que debe cancelar al personal que laboróo labora en esa dependencia, a los efectos de honrar loscompromisos adquiridos con los trabajadores, con el objetode dar cumplimiento a las atribuciones conferidas a éstaen el decreto Nº 422.Al mes de diciembre 2006, el INH no contaba con unorganismo de adscripción o tutela a los fines de que efectuaralas labores de supervisión del proceso de liquidacióny tomara las decisiones en virtud del vencimiento del plazoestablecido en el decreto N° 422, el cual no debía exceder de12 meses contados a partir del 25-10-99, fecha de publicacióndel decreto antes citado. Al respecto, el parágrafo únicodel artículo 2 del referido decreto, establece en su partefinal que: (…) “Si vencido este plazo, quedaren pendientesasuntos administrativos o judiciales, el Ejecutivo Nacional,a través del Ministerio de la Producción y el Comercio,tomará las decisiones que considere conveniente.” Es deseñalar, que el Instituto, desde su creación hasta el año2004, se encontraba adscrito al Ministerio antes citado,de acuerdo a lo establecido en la reforma parcial deldecreto Nº 3.336 sobre Organización y Funcionamientode la Administración Pública Central (Gaceta OficialN° 38.086 de fecha 14-12-2004); posteriormente, con laentrada en vigencia del decreto N° 3.416 sobre Organizacióny Funcionamiento de la Administración PúblicaCentral (Gaceta Oficial N° 38.112 de fecha 21-01-2005),en el cual se reorganizó el Ministerio de la Produccióny el Comercio, con la creación de los Ministerios deIndustrias Ligeras y Comercio, Ministerio de IndustriasBásicas y Minería y el Ministerio de Turismo, actualesMinisterios del Poder Popular para las Industrias Ligerasy Comercio, del Poder Popular para las IndustriasBásicas y Minería y del Poder Popular para el Turismo,respectivamente, se omitió en dicha reorganización laadscripción del INH a un Ministerio; sobre ese aspecto,la Junta Liquidadora en diversas oportunidades mediantevarias comunicaciones dirigidas a la Vicepresidenciade la República y al Ministerio de Industrias Ligeras yComercio, ha solicitado que se defina la adscripción delInstituto, sin que a mes de diciembre 2006, se materializara133

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007la adscripción, con el consecuente retraso en el proceso deliquidación del Instituto.ConclusionesEl proceso de supresión y liquidación del Instituto nose llevó a cabo en el tiempo establecido en el decreto Nº422 y las actividades programadas en el cronograma deliquidación elaborado por el Instituto no se cumplieronen el lapso establecido. Así mismo, la falta de accionesconcretas por parte de las Juntas Liquidadoras así comodel Ejecutivo Nacional por órgano del Ministerio responsablede la supervisión del proceso de liquidación ysupresión del INH, limitó la obtención de los recursosfinancieros necesarios para culminar el referido proceso.Por otra parte, la falta de información en los archivosdel INH sobre la trayectoria laboral de los trabajadores,contribuyó al retraso en la elaboración de los RAC,movimientos de personal, entre otros, a ser presentadosante VIPLADIN para su aprobación. De igual manera, elInstituto no se encontraba adscrito a ningún organismo,por lo que no existía una adecuada supervisión del procesode liquidación.RecomendacionesLa Junta Liquidadora del INH debe:• Orientar las acciones a los fines de culminar elproceso de liquidación y supresión del Instituto ydar cumplimiento a las atribuciones conferidas enel decreto N° 422 de supresión y liquidación delInstituto.• Gestionar ante los organismos competentes, la adscripcióndel Instituto a los fines de que cuente con unMinisterio que supervise el proceso de liquidación ysupresión del mismo.• Presentar a esta dirección general, en un plazo de 30días hábiles, las estrategias a ser implementadas por lajunta liquidadora a los fines de culminar, en un lapsoperentorio, el proceso de supresión y liquidación delINH, ejecutando las acciones relacionadas con laliquidación del Instituto que se encuentren sujetas alas competencias que le han sido otorgadas a la juntaliquidadora.MERCADOS DE ALIMENTOS, C.A. (MERCAL, C.A.)DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS DELA CESTA BÁSICAMercados de Alimentos, C.A. (MERCAL, C.A) es unaempresa del Estado venezolano. Su creación fue ordenadamediante Decreto Presidencial Nº 2.359 del 09-04-2003(Gaceta Oficial Nº 37.672 del 15-04-2003) bajo la formade compañía anónima. Posteriormente, se han producidovarias modificaciones estatutarias siendo la última de fecha05-10-2005. La empresa MERCAL, C.A. se encuentra adscritaal Ministerio de Alimentación, según Decreto sobrela Organización y Funcionamiento de la AdministraciónPública Central Nº 4.276 (Gaceta Oficial Nº 38.386 del 23-02-2006) actualmente denominado Ministerio del PoderPopular para la Alimentación.La sociedad tiene como objeto fundamental, la comercializacióny el mercadeo al mayor y al detal de productosalimenticios de calidad y alto contenido nutricional, productosde limpieza y aseo personal, electrodomésticos,línea blanca, expendio de comida rápida, prendas de vestir,calzado, artículos deportivos, perfumería, papelería, mueblería,materiales de construcción, juguetería, utensiliosde cocina, artículos para el hogar, lencería, textos y útilesescolares y otros productos de lícito comercio, de consumomasivo y de primera necesidad, de origen nacional ointernacional, así como la distribución y colocación de losmismos en puntos estratégicos de venta. En ejercicio de suobjeto, la empresa podrá participar en programas de incentivoa la producción nacional y en programas sociales parael abastecimiento de alimentos en función del autoabastecimientoy de la seguridad alimentaría de la Nación. Enrelación con la organización interna, la administracióninmediata y dirección de los negocios de la empresa, estána cargo de una Junta Directiva. En cuanto a la estructuraorganizativa, fue aprobada en fecha 03-03-2004, y reflejatres niveles a saber: Un primer nivel denominado NivelEstratégico, un segundo nivel denominado Nivel Tácticoy un tercer nivel, denominado Nivel Regional, conformadopor las Coordinaciones Estadales. Posteriormente, en fecha02-12-2005, se aprobó una modificación a Nivel Estratégico,con la creación de la Vicepresidencia de Operaciones eInspección, para desconcentrar las actividades operativas134

Administración Nacional DescentralizadaSector Industria, Producción y Comerciode la Presidencia de MERCAL e incorporar el seguimiento,control e inspección en las operaciones de la red (es decir,en las 24 Coordinaciones Estadales). La Red Comercialsubsidia los precios de los productos y está conformadapor los siguientes establecimientos: centros de acopio,módulos Tipo I, módulos Tipo II, supermercales, bodegasmóviles (mercalitos móviles), bodegas afiliadas (mercalitos)y los megamercados. La Red Social es prioritaria, ya queatiende a la población social más vulnerable, por lo quepara contribuir a mejorar su calidad de vida, la conformanlos siguientes programas especiales: MERCAL Protección yMERCAL Máxima Protección que se compone a su vez dedos programas a saber: Casas de Alimentación y SuplementoNutricional.Alcance y objetivos de la actuaciónLa actuación se orientó a evaluar los mecanismos utilizadospor MERCAL, C.A. en los centros de acopio, módulosTipo I y supermercales, para asegurar la distribución ydespacho de los productos alimenticios, cuyo objetivo específicoestaba dirigido a determinar si la empresa cuentacon mecanismos de control para la distribución y despachode productos alimenticios y otros rubros, en los centros deacopio, módulos Tipo I y supermercales. A tales efectos,se examinó mediante el análisis selectivo de una muestrade transacciones, el procedimiento utilizado por MERCAL,C.A., para la distribución y venta de productos alimenticiosque conforman la cesta básica, en el Distrito Capital,durante el año 2005 y el primer semestre de 2006. Eneste sentido, se efectuaron visitas a 4 centros de acopio, 4módulos Tipo I y 2 Supermercales, se aplicó entrevistas alos responsables de los citados establecimientos, así comotambién, se revisaron los documentos registrados tanto parala recepción de mercancía como para su despacho.Observaciones relevantesAl 16-08-2006, los módulos Tipo I y supermercales deMERCAL, C.A. carecen de normas y procedimientos, que regulenla actividad operativa del Programa Especial MERCALProtección; en su defecto, los jefes de los referidos establecimientosaplican criterios heterogéneos para el despachode los productos para ejecutar el mencionado programapor parroquias, así como también, no existe normativa yprocedimientos que rijan las operaciones administrativasdel Programa Especial MERCAL Máxima Protección (casasde alimentación y suplemento nutricional), ejecutados enlos centros de acopio. Al respecto, el artículo 37 de la LeyOrgánica de la Contraloría General de la República y delSistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF) GacetaOficial Nº 37.347 del 17-12-2001, en concordancia con elliteral a) del artículo 8 de las Normas Generales de ControlInterno (NGCI), refieren que cada entidad del sector públicoelaborará, las normas, manuales de procedimientos ydemás instrumentos o métodos específicos para el funcionamientodel sistema de control interno. Asimismo, a losniveles directivos y gerenciales les corresponde garantizarel eficaz funcionamiento del sistema en cada área operativa.Tal situación tiene como origen, la falta de previsión porparte de los administradores, al implantar programas oproyectos sin contar con reglas, procedimientos, políticaso normas claras para su ejecución, lo que conlleva a quela empresa no disponga de un instrumento que le permitaincorporar la información analítica, homogénea, ordenaday sistemática sobre los procedimientos que debe conocer ymanejar el personal, relacionados con las actividades operativasy administrativas de la institución, que le permita a suvez, llevar eficaz y efectivamente los procesos relacionadoscon la distribución y despacho de los productos.Se observó que en los centros de acopio, módulos TipoI y supermercales, la información suministrada por elreporte de inventario de mercancía que genera el sistemaadministrativo, a cualquier fecha de corte, sólo refleja lascantidades acumuladas por las entradas de mercancíasdesde la apertura de la empresa y no incluye el registrode las salidas por venta o los respectivos ajustes pordesincorporación del producto por caducidad, daños enel empaque, mermas, devoluciones, robo y programassociales, entre otros; los conteos físicos de inventarios seefectúan semanalmente y/o diariamente, y su respectivoregistro se realiza en diferentes formatos elaborados enExcel y no en el preestablecido en los manuales operativosde los precitados establecimientos. Al respecto, los manualesoperativos para los centros de acopio y módulos, en susCapítulos II y III, referidos a las normas y a los procedimientosde control de inventario y de control de pérdidas135

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007de mercancías, respectivamente, señalan que todo faltantede mercancía será reportado a la Gerencia de Ventas parainiciar las averiguaciones pertinentes, así como también,semanalmente debe efectuarse un conteo físico de la mercancíaexistente y cuadrarlo contra el reporte emitido por elsistema, y que se deben registrar en los formatos “Arqueode Inventario”, el resultado obtenido (sobrante o faltante)en el campo “Diferencia” y las cantidades (por productos)determinadas como pérdida según el formato “Controlde Pérdidas de Mercancías”. Adicionalmente, el literalb) del artículo 3 y el literal a) del artículo 8 de las NGCIestipulan, que el control interno de cada organismo debegarantizar la exactitud, cabalidad, veracidad y oportunidadde la información administrativa y técnica; además de quela máxima autoridad jerárquica del ente debe establecer,mantener y perfeccionar el sistema de control interno. Loanterior obedece a que la empresa no cuentan con un buensistema de control interno que prevea el manejo, controly el registro de sus inventarios mediante un sistemapermanente, que proporcione información esencial parala aplicación de acertadas políticas de compra y venta,así como también que permita confrontar los resultadosde las tomas físicas realizadas periódicamente, formularlos ajustes respectivos, para regularizar las diferenciaso establecer las responsabilidades según sea el caso.En consecuencia, se carece de una base confiable deinformación que permita determinar las diferencias porcualquier irregularidad, y obtener saldos correctos deinventario para hacer las provisiones oportunamente yla toma de decisiones sobre el manejo de los inventarios,tanto para rendir cuenta como para efectos de reposiciónde los productos.La Gerencia de Seguridad Integral no cuenta con unmanual de normas y procedimientos que regule su acciónadministrativa y establezca detalladamente las actividadesespecíficas de trabajo con indicación del responsable y ladescripción de la acción que éste realiza. Cabe señalar,que la Cláusula Décima Sexta, literal g) de los EstatutosSociales de MERCAL, C.A. señala que la Junta Directivade la empresa tiene entre sus atribuciones aprobar los manuales,reglamentos internos y otras normas que rijan lasactividades de la sociedad dentro del Sistema de Normasy Procedimientos de la Organización. Adicionalmente,el artículo 37 de la LOCGRSNCF, en concordancia conel artículo 134 de la Ley Orgánica de la AdministraciónFinanciera del Sector Público (LOAFSP), Gaceta OficialNº 38.198 del 31-05-2005, establecen que cada entidad delsector público elaborará, las normas, manuales de procedimientosy demás instrumentos o métodos específicos parael funcionamiento del sistema de control interno, así comola máxima autoridad de cada organismo tiene la responsabilidadde establecer y mantener un sistema de controlinterno, el cual incluirá los elementos de control previo yposterior incorporados en las normas y manuales de procedimientos.El origen de lo expuesto está relacionado confallas de control interno inherentes a la ausencia de seguimientocontinuo por parte de las autoridades de la empresa,responsables del control interno que debe estar presente enla administración activa. En consecuencia, los procesospropios a la gerencia se realicen sin la debida formalidad,lo cual no garantiza la uniformidad en la aplicación de losmismos, por parte del personal, ni orienta en las diferentesactividades y tareas de la gerencia en comento.ConclusionesLa empresa presentó debilidades en el sistema de controlinterno en los procesos administrativos y operativos,situación que no garantiza la salvaguarda de los recursosmanejados por la empresa. Tal afirmación se sustenta fundamentalmenteen que MERCAL, C.A. no cuenta con normativainterna que regule las operaciones administrativasde los programas especiales MERCAL Máxima Protección yMERCAL Protección, así como de la Gerencia de SeguridadIntegral; existe la omisión de mecanismos que permitanmantener un adecuado control de las compras e inventariosde acuerdo con lo programado; aunado a que no cuentancon registros de inventario permanente ni actualizados.RecomendacionesEl Presidente y la Junta Directiva de MERCAL, C.A.deben:• Evaluar integralmente el sistema de control internoe implementar los correctivos necesarios, dirigidosa adecuar los mecanismos de control y seguimientosobre los procesos administrativos y operativos que136

Administración Nacional DescentralizadaSector Industria, Producción y Comercioejecuta la empresa, a los fines de garantizar el adecuadoy eficiente resguardo del patrimonio.• Adaptar los Manuales Operativos de los Centros deAcopio y Módulos, para que regulen las actividadesrealmente efectuadas por MERCAL, C.A., relacionadascon los programas especiales de MERCAL MáximaProtección y MERCAL Protección, para asegurar la implantación,funcionamiento y evaluación del sistemade control interno.• Elaborar y aprobar el Manual de Normas y Procedimientosde la Gerencia de Seguridad Integral,necesario para regular las actividades que ejecutala dependencia, con el propósito de garantizary ejercer un adecuado control interno sobre susprocesos.• Implementar mecanismos, herramientas gerencialesy/o métodos de control, que garanticen un efectivomanejo de los inventarios de mercancía en los Centrosde Acopio y Módulos con la finalidad de obtener saldoscorrectos de inventario para hacer las provisionesoportunamente y llevar un control de las existenciastanto para rendir cuenta como para efectos de reposiciónde los productos.PALMAVEN, S.A.CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRASEl Ejecutivo Nacional a partir del ejercicio 1999, inicióuna política de Desarrollo Endógeno, cuya orientación sebasa en la participación de las mayorías en el destino dela nación, la democratización de los recursos petroleros, laconstrucción de una sociedad más justa y el mejoramientoen las condiciones de vida de poblaciones históricamente olvidadasy desasistidas. Ahora bien, dentro de las iniciativaspara el Desarrollo Endógeno, destacan los Núcleos de DesarrolloEndógeno (NUDES), cuyos lineamientos provienendel Ministerio para la Economía Popular (MINEP), desdedonde pasan al Ministerio de Energía y Petróleo (MEP),máximo ente regulador del negocio de los hidrocarburos,al cual se encuentra adscrita la empresa Petróleos de Venezuela,S.A., (PDVSA) como operadora de este sectory encargada de suministrar recursos financieros para laconformación de los NUDES.Una de las propuestas ejecutadas por PDVSA, se refiereel Núcleo de Desarrollo Endógeno Tácata (NDET),ubicado en la Comunidad Indígena Santa Rosa de Tácata,municipio Pedro María Freites del estado Anzoátegui, elcual comprende los sectores: Carutico, La Isla, Algarrobo,La Leona, San Vicente, Trapichito, Paraman, La Pereña yCapachito. El Núcleo tiene su origen en el proyecto Tácata,el cual era patrocinado por la Gerencia de Exploracióny Producción del Distrito Petrolero Punta de Mata. Noobstante, a partir del año 2004, se acordó que el proyectoTácata se transfiriera a la empresa PALMAVEN, S.A., bajola figura de núcleo de desarrollo endógeno, en virtud deque esa filial petrolera fue reactivada con la finalidad dellevar a cabo las funciones de desarrollo social de PDVSA,acordándose la reactivación por la junta directiva de PDV-SA, en Reunión Nº 2004-43 del 21-10-2004, así como enasamblea extraordinaria de accionistas de PALMAVEN, S.A.,Nº 150 del 15-11-2004. Es oportuno destacar, que PALMAVEN,S.A., es una filial de PDVSA inscrita en el Registro Mercantilde la Circunscripción Judicial del Distrito Federal yEstado Miranda bajo el Nº 139, tomo 13-B el 26-12-1975,Expediente Nº 75634; cuya última reforma estatutaria fueaprobada en la asamblea extraordinaria de accionistas dePDVSA Nº 141, celebrada el 03-02-2003 y registrada en lacitada Oficina de Registro Mercantil el 14-03-2003, bajoel Nº 11, tomo 42-A. Segundo. Para el año 2005 fue asignadoy ejecutado un monto de Bs. 360,36 millones para elNDET, del presupuesto correspondiente a otros costos ygastos de la filial PALMAVEN, S.A. y para el año 2006, fueasignado un monto por Bs. 600,00 millones, de la partidadenominada remediación y adecuación de la citada filial,de lo cual se había ejecutado al primer semestre 2006 unmonto de Bs. 330,62 millones.Alcance y objetivos de la actuaciónLa actuación se circunscribió a la evaluación de la sinceridady razonabilidad en el otorgamiento de los recursos,por parte de PALMAVEN, S.A. al Núcleo de Desarrollo EndógenoTácata, correspondientes al año 2005 y tercer trimestrede 2006, principalmente a los proyectos vinculadoscon la construcción de aulas escolares, oficina del NúcleoTácata, galpones para la producción avícola, galpón parala fabricación de bloques, tendido eléctrico y adecuación137

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007de un galpón para la herrería, así como de un preescolar;para ello se efectuó la revisión y análisis de: la facturaciónemitida por distintas Cooperativas a PALMAVEN, S.A. por unmonto de Bs. 358,08 millones y Bs. 269,30 millones, querepresentan el 96,14% y 81,44%, del monto facturado parael período señalado; así como el 61,54% de 13 expedientesde Cooperativas y 10 contratos suscritos entre PALMAVEN ylas Cooperativas, igualmente se practicó la inspección en 7sectores de la Comunidad Indígena Santa Rosa de Tácata,Municipio José María Freites, Anaco-estado Anzoátegui,a los fines de constatar la construcción de las obras.Observaciones relevantesDe la revisión efectuada a 8 expedientes que representanun 61,54% del total de 13 expedientes correspondientes a lasCooperativas que ejecutaron los proyectos en el Núcleo deDesarrollo Endógeno Tácata, se observó que 3 expedientesno se encontraban suficientemente soportados, toda vezque un expediente carecía del contrato, en el siguiente nose encontraban 3 facturas y en otro no se localizó el actaconstitutiva de la cooperativa y una factura. Al respecto,el artículo 23 de las Normas Generales de Control Interno(NGCI), Gaceta Oficial N° 36.229 del 17-06-97, señalaque todas las transacciones deben estar respaldadas conla suficiente documentación justificativa. Los hechosmencionados obedecen a que PALMAVEN S.A., no habíadictado directrices y/o lineamientos que permitieran llevarun efectivo control interno en cuanto al manejo administrativode los expedientes de las empresas o cooperativascon las cuales contrata, circunstancia que limita a la administracióny a los órganos de control en la ejecución delas labores de vigilancia y control de las transacciones yoperaciones.De la revisión efectuada a los 10 contratos que reposabanen los 8 expedientes seleccionados para la muestra,se evidenciaron omisiones y fallas en la conformación delos documentos, por cuanto todos los contratos carecíandel “Anexo A” señalado en la cláusula primera de los mismos,donde se hace referencia al detalle de las partidasque conforman la obra; en los contratos suscritos con 5cooperativas, no se especificó el sector o zona donde seejecutaría la obra, indicando la cláusula primera de los contratos,de manera general, que se realizaría en el MunicipioPedro María Freites y en 2 contratos que correspondían auna cooperativa, no tenían signado el número de contrato.Las anteriores situaciones inobservan lo establecidoen el artículo 23 de las NGCI, que señalan que todas lastransacciones y operaciones financieras y administrativasdeben estar respaldadas con la suficiente documentaciónjustificativa, asimismo el literal “a” del mismo artículo,contempla que los documentos deben contener informacióncompleta y exacta. Lo cual tiene su origen en la ausenciade mecanismos de control, tales como listas de verificación,revisiones periódicas de expedientes, entre otras,que garanticen la ejecución de una efectiva supervisión yvigilancia del manejo de los expedientes de los contratospor parte de la filial PALMAVEN, S.A. En consecuencia sedificultan las labores de control fiscal que les competeejercer a los órganos de control.De la comparación efectuada a los registros llevadospor la Gerencia de Planificación y Presupuesto de PALMA-VEN, C.A., para el año 2005, con la información manejadapor la Coordinación del Núcleo Tácata, se evidenciaroninconsistencias entre los reportes, por cuanto, en el reportede la mencionada Gerencia, se apreciaron facturasde proveedores que no guardaban relación con las actividadesdel Núcleo Tácata. Al respecto, el artículo 35 de laLey Orgánica de la Contraloría General de la República ydel Sistema Nacional del Control Fiscal (LOCGRSNCF),Gaceta Oficial N° 37.347 del 17-12-2001, en concordanciacon el artículo 131 de la Ley Orgánica de la AdministraciónFinanciera del Sector Público (LOAFSP), Gaceta OficialN° 37.606 del 09-01-2003, y el literal b) del artículo 3 de lasNGCI, señalan que el control interno de cada organismocomprende las normas y procedimientos adoptados dentrode un ente, a los fines de garantizar la exactitud, cabalidad,veracidad y oportunidad de la información financiera, administrativay técnica, para la toma de decisiones. Situaciónque refleja debilidades en el sistema de control interno dePALMAVEN, S.A., al carecer de mecanismos que le permitancerciorarse del adecuado registro de los desembolsos. Enconsecuencia al no contar la empresa filial PALMAVEN, S.A.,con información confiable, limita a la administración en latoma de decisiones y a los órganos de control en las laboresque les compete ejercer.138

Administración Nacional DescentralizadaSector Industria, Producción y ComercioEn inspección realizada el 10-08-2006 no habían sidoculminadas las obras correspondientes a la construcciónde los galpones para engorde de pollos en la finca el Melaoy el sector Carutico; así como el galpón para la fabricaciónde bloques en el sector San Vicente. Tampoco se finalizó larehabilitación del galpón para herrería en el sector La Isla.No obstante, que en la cláusula segunda de los contratossuscritos entre la filial PALMAVEN, S.A. y las cooperativas,se establece que la cooperativa ejecutará las obras en elplazo de 30 días hábiles, contados a partir de la fecha delotorgamiento del anticipo y de la firma del contrato; porlo que al vencimiento de los respectivos períodos (30-06-2005, 03-01-2006 y 10-01-2006, respectivamente), las obrasdebieron estar ejecutadas. Así mismo, se observó que habíaun contrato suscrito entre PALMAVEN, S.A. y otra cooperativa,en el que se indica un plazo de ejecución de 60 díascalendarios contados a partir de la fecha de la firma delcontrato (13-03-2006), por lo que la obra debió concluirseal 12-05-2006. Cabe señalar que en los expedientes de losproyectos asignados a las cooperativas, no constan prórrogaso extensiones de los plazos de ejecución señaladosen los contratos, ni suspensión de las obras contratadasde conformidad con la cláusula décima cuarta de los contratossuscritos entre PALMAVEN, S.A. y las cooperativas,que contempla el levantamiento de un Acta de SuspensiónTemporal, con expresa indicación de la fecha de la suspensión,las causas que la motivaron y el tiempo probable dela misma. Las situaciones planteadas tuvieron su origen enla ausencia de una efectiva supervisión y control por partede la filial PALMAVEN, S.A. en la asignación y ejecución delas obras, así como en el seguimiento al cumplimiento delas cláusulas contractuales. En consecuencia, se retrasanlos proyectos sociales ofrecidos a la comunidad Santa Rosade Tácata, además de los efectos que produce la inflaciónsobre los costos de los materiales necesarios para la ejecuciónde las obras y por ende, se incrementa la inversiónsocial que le corresponde ejercer a PDVSA a través de suempresa filial PALMAVEN, S.A.No se evidenció la construcción del pozo de agua en elfundo El Melao, aun cuando se efectuó el pago del 30,00%como anticipo a una cooperativa, por un monto de Bs. 17,71millones. No obstante, lo contemplado en la cláusula primera,numeral 3, del contrato suscrito entre PALMAVEN S.A.y la cooperativa, que señala, la cooperativa se obliga a realizarla perforación de un pozo de agua en el citado fundo.Asimismo, no se localizaron ni fueron suministrados losdocumentos que permitiesen determinar el otorgamientode prórrogas o extensiones de los plazos de ejecución delos trabajos señalados en el contrato, ni suspensión de laobra contratada de conformidad con la cláusula décimacuarta del contrato suscrito entre las partes. La mencionadasituación tiene su origen a las debilidades en el proceso deplanificación del proyecto y en los mecanismos de controlque debieron aplicarse para constatar la propiedad delfundo, lo que conllevó a que se originara una disputa legalpor la comprobación de la propiedad de las tierras dondese proyectó la perforación de dicho pozo. En consecuencia,se tiene que existe un retraso en los proyectos socialesofrecidos a la comunidad Santa Rosa de Tácata, ademásdel incremento en los costos de los materiales necesariospara la ejecución de las obras por efecto de la inflación ypor consiguiente, se incrementa la inversión social que lecorresponde ejercer a PDVSA a través de su empresa filialPALMAVEN, S.A.Durante la inspección realizada se evidenció materialde construcción a la intemperie, tal como correas de acero,tuberías y cerchas de acero estructural, ubicado en elSector El Algarrobo, dicho material corresponde a la obraconstrucción del galpón para pollos de engorde, que estabaejecutando una cooperativa en el fundo El Melao. Noobstante lo contemplado en el artículo 7 de la Ley Contrala Corrupción (Gaceta Oficial N° 5.637 Extraordinario del07-04-2003), que señala los funcionarios y empleados públicosdeben custodiar el patrimonio público con decencia,decoro, probidad y honradez. Hecho motivado, a que laempresa PALMAVEN, S.A. no previó las medidas pertinentesen cuanto al resguardo y custodia de estos materiales; enconsecuencia, las inadecuadas condiciones bajo las cualesse encontraban dispuestos los materiales acarrean un dañopatrimonial a la empresa.ConclusionesSe observó que los recursos han sido efectivamentedestinados a la creación y fomento del núcleo en mención,no obstante de la revisión a la documentación, se139

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007determinaron un conjunto de debilidades en el sistema decontrol interno, por cuanto hubo transacciones que no estabansuficientemente respaldas, documentos que carecíande información completa y exacta, así como informaciónque resultó incongruente al momento de efectuar el cruceentre las fuentes que la suministraron. Por otra parte, 4obras no habían sido culminadas; una no se había iniciadoaún cuando se efectuó el pago del 30,00% de anticipo paradicha construcción, y finalmente la filial PALMAVEN, S.A.no había tomado medidas para el resguardo de material deconstrucción adquirido con recursos destinados al NUDE.RecomendacionesLa Junta Directiva de PALMAVEN, S.A. debe:• Emprender acciones inmediatas que conlleven a implementarmecanismos adecuados de control internoen cuanto al manejo administrativo y conformaciónde los expedientes de las empresas o cooperativas conlas cuales contrata.• Implementar mecanismos que permitan efectuaradecuadamente los registros de los desembolsosrealizados a cada núcleo, a los fines de garantizar laobtención de información confiable.• Establecer mecanismos que conlleven a una efectivasupervisión por parte de la filial PALMAVEN, S.A. alas obras realizadas por las cooperativas, a los finesde dar cumplimento a las cláusulas establecidas enlos contratos suscritos entre las partes, y poder asígarantizar un efectivo control de las labores socialesen el logro de los objetivos propuestos.• Implantar las medidas pertinentes en cuanto al resguardoy custodia de los materiales en virtud delcontrato establecido entre PALMAVEN, S.A., y las cooperativas,de acuerdo con lo señalado en el artículo7 de la Ley Contra la Corrupción, para garantizar laadecuada utilización del patrimonio público.PALMAVEN, S.A.EJECUCIÓN DE RECURSOS EN LA CREACIÓN DEL NÚCLEO DEDESARROLLO ENDÓGENO SAN SILVESTREPALMAVEN, S.A. es una empresa del Estado venezolano,filial de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), constituidainicialmente con el objeto de promover y participar en eldesarrollo armónico de la industria petrolera con la agricultura;el ambiente y la comunidad; así como de contribuircon la productividad del sector agrícola, actualmente esla filial encargada de ejecutar la función de DesarrolloSocial en PDVSA, lo cual incluye el apoyo a las distintasmisiones creadas por el Ejecutivo Nacional, Ribas, VuelvanCaras, Sucre, Identidad, Barrio Adentro, y Núcleos deDesarrollo Endógeno, todo ello, de conformidad con susnuevas funciones atribuidas en su reactivación, aprobadaen Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la empresaen fecha 15-11-2004.El Núcleo de Desarrollo Endógeno San Silvestre(NUDE San Silvestre), se encuentra ubicado en la parroquiaSan Silvestre del Municipio San Silvestre estadoBarinas. En cuanto a los planes y proyectos previstos arealizar en el NUDE San Silvestre, se tiene planteada lareconstrucción de la red educativa de la zona, la cualconsta de 7 escuelas, la construcción y consolidaciónde granjas de producción agrícola, la construcción deun centro de acopio integral; una casa comunitaria;y un galpón de producción avícola; entre otros. Losrecursos efectivamente aplicados en la creación ydotación del NUDE San Silvestre durante el ejercicio2005 y primer semestre de 2006, ascendieron a Bs.533,98 millones de los cuales Bs. 142,72 millones en elejercicio 2005 y Bs. 391,24 millones durante el primersemestre de 2006.Alcance y objetivo de la actuaciónLa actuación se circunscribió a la evaluación de lastransacciones efectuadas por PALMAVEN, S.A., con la finalidadde determinar la sinceridad y razonabilidad de losaportes otorgados y su correcta ejecución en la creacióny fomento del NUDE San Silvestre durante el períodocorrespondiente al año 2005 y primer semestre 2006;todo ello, mediante el análisis de documentos y visitasde inspección, de una muestra selectiva de las operacionesrelacionadas con el otorgamiento y aplicación de losrecursos, la selección y contratación de las empresas, laejecución de la inversión y la operatividad de los bienesadquiridos.140

Administración Nacional DescentralizadaSector Industria, Producción y ComercioObservaciones relevantesPALMAVEN, S.A. ejecutó recursos financieros para lacreación y dotación del NUDE San Silvestre, con cargo asu presupuesto de Otros Costos y Gastos, específicamenteen la partida de Donaciones y Liberalidades para el año2005, y en la partida de Remediación y Adecuación, delPresupuesto de Operaciones para el año 2006, mediantelas órdenes internas Aros. 100130001568 y 101500000069,por un monto total de Bs. 533,98 millones, de los cualesBs. 142,72 millones corresponden al año 2005 y Bs. 391,24millones al año 2006; no obstante, de conformidad con lasinstrucciones emanadas de la reunión de junta directiva dePDVSA del 20-05-04, estaban dispuestos para ese fin porla empresa estatal, recursos colocados en el fideicomisopor hasta Bs. 60.000,00 millones, a favor de la FundaciónOro Negro en el Banco de Desarrollo Económicoy Social de Venezuela (BANDES), cuya Cláusula Primeraestipula lo siguiente: El objeto del presente contrato, es laadministración e inversión del fondo fiduciario en operacionesque atiendan principalmente a liquidez, seguridady rentabilidad, el cual esta destinado a efectuar los pagosque indique el ente ejecutor, para apoyar el impulso delos primeros 11 núcleos de desarrollo endógeno Ministeriode Energía y Minas–Petróleos de Venezuela,S.A., (entre los que se incluye el NUDE San Silvestre). Aeste respecto, el artículo 38, numerales 1 y 2 (segundopárrafo) de la Ley Orgánica de la Contraloría Generalde la República y del Sistema Nacional de ControlFiscal (LOCGRSNCF), Gaceta Oficial N° 37.347 del17-12-2001, señala el deber de garantizar, mediante laaplicación de mecanismos de control interno, que antesde proceder a la adquisición de bienes o servicios queimpliquen compromisos financieros, los responsables seaseguren que el gasto este correctamente imputado a lacorrespondiente partida del presupuesto, o en su caso,a créditos adicionales; además de verificar la existenciade disponibilidad presupuestaria.Esta situación tuvo su origen, ante la imposibilidadde la empresa de girar recursos contra dicha cuenta, enatención a las formalidades de pago estipuladas en laCláusula Novena del referido contrato, cuyo contenidono pudo ser modificado mediante las acciones legales(adendum) intentadas por PDVSA ante el ente fiduciario;lo que derivó en la disposición del presupuesto previstopor la filial para donaciones y liberalidades, sin considerarselos aspectos contables y legales relativos a estetipo de operaciones.83 adquisiciones de bienes, 62 durante el ejercicio2005 y 21 del primer semestre del año 2006, carecían delos Pedidos del Sistema Aplicaciones y Productos (SAP)que debió emitir PALMAVEN S.A. previos a la facturación ypago de los respectivos bienes adquiridos para la creacióny dotación del NUDE San Silvestre; situación que resultacontraria a los procedimientos corporativos, en el SistemaAplicaciones y Productos (SAP), creación de pedido demateriales, contratación de obras y servicios, que calificanal pedido como el documento formal mediante el cual sesolicita a un proveedor o contratista, un material o servicio(Documento MM-03-03-001-PR). Lo que evidencia fallasde control interno, específicamente en las operaciones decompra adelantadas por la filial con relación a la creacióny dotación del NUDE San Silvestre y que, indefectiblemente,afecta la transparencia de las transacciones y, por tanto,la sinceridad de las operaciones adelantadas a ese efectopor la filial.No se localizaron ni fueron suministrados a este máximoórgano de control, los documentos que debieron suscribiro avalar los miembros de las distintas cooperativas y lascomunidades que conforman el NUDE San Silvestre, quedemostraran o respaldaran la entrega de la maquinaria,materiales e insumos adquiridos por la Coordinación dePALMAVEN, S.A., a los beneficiarios de dicho núcleo. Alrespecto, el punto 4.11.6, del Manual de Normas de ControlInterno sobre un Modelo Genérico de la AdministraciónCentral y Descentralizada Funcionalmente (Gaceta OficialN° 38.282 del 28-09-2005) señala el deber de crear y manteneren todos los organismos de la Administración Centraly Descentralizada funcionalmente, registros permanentesy detallados de las entradas, salidas y traspasos de todossus activos fijos y bienes inmuebles. Circunstancia querefleja la existencia de debilidades administrativas, asícomo la ausencia de mecanismos de control previo en lasoperaciones adelantadas a ese efecto por la filial PALMAVEN,S.A.; limitando en consecuencia el ejercicio del control141

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007fiscal que le compete ejercer a los órganos de control y ala administración activa.De la revisión efectuada a los comprobantes de las adquisicionesrealizadas por la Coordinación PALMAVEN S.A.,Región los Llanos durante el ejercicio 2005, relacionadosa la creación y dotación del NUDE San Silvestre, las cualestotalizan la cantidad de Bs. 142,85 millones, se determinóla adquisición de materiales de construcción y ferretería desimilares características, sin la realización de procesos licitatorios,por Bs. 62,77 millones. Lo que denota debilidadesen la planificación de las compras anuales por la referidaCoordinación, toda vez que las compras de dichos insumosascendieron a una cantidad equivalentes a 2.135 unidadestributarias (valor de la UT para el ejercicio 2005 era deBs. 29.400,00) por lo que la transacción se encuadrabaen la aplicación del procedimiento de licitación selectiva,previsto en el artículo 72 de la Ley de Licitaciones (GacetaOficial N° 5.556 Extraordinario del 13-11-2001) queseñala: Puede procederse por Licitación Selectiva: en casode adquisición de bienes o contratación de servicios, si elservicio a ser otorgado es por un precio estimado desde1.100 UT y hasta 11.000 UT. Criterio igualmente sostenido,en el Capitulo IV, punto 7.1.2, del Manual Mecanismos deContratación de PDVSA. La razón por la cual PALMAVENS.A., no realizó procesos licitatorios generales o selectivosde conformidad con la normativa legal vigente, se debió, aque durante ese periodo las adquisiciones fraccionadas demateriales e insumos para la creación y dotación del NUDESAN SILVESTRE, sólo se realizaba bajo la estricta modalidadde adjudicación directa; lo que no le permitió a la filialobtener mejores condiciones respaldadas por contratoscon los proveedores, específicamente en cuanto a preciosy garantías en favor de los intereses públicos; haciendonugatorios los principios de economía, eficiencia, eficaciay prontitud, a cuyo cumplimiento esta sujeta la AdministraciónPública.Al mes de agosto de 2006, la filial no contaba con documentosformales como contratos de trabajo, de servicioso suministro, con las cooperativas de dicho núcleo, ni conlos distintos proveedores que le suministraban materiales einsumos para la creación y dotación del NUDE San Silvestre;situación contraria a lo previsto en el Capítulo III, punto6.1 del Manual Mecanismos de Contratación de PDVSA,que señala: ningún trabajo, obra, servicio o adquisición debienes muebles, podrá ser iniciado sin la firma previa delcontrato correspondiente. Situación originada por fallasde control interno de la filial al carecer de mecanismos decontrol tales como: listas de chequeo, de requisitos previosa las adquisiciones, lo que coloca a la filial en una posicióndesfavorable, donde resultan inexigibles las obligaciones delas partes (trabajadores y proveedores) con relación a losintereses públicos vinculados con la creación y dotacióndel NUDE San Silvestre.Del análisis realizado a los registros de gastos efectuadospor la Coordinación PALMAVEN, S.A. Región los Llanos,los cuales totalizan la cantidad de Bs. 545,46 millones, sedeterminó que Bs. 228,59 millones (41,90%) correspondíana la ejecución de las obras medulares e infraestructuraprevistas a realizar para la consecución del proyecto deNUDE San Silvestre y Bs. 316,87 millones (58,10%), secorrespondía a la realización de obras sociales en la comunidaddel sector San Silvestre; no obstante, según seindica en documento contentivo de la planificación delNUDE San Silvestre, se constató que los montos previstospara la consecución de dichas obras durante el periodoevaluado (6 proyectos) ascendían a Bs. 4.740,00 millones,lo que resulta en una ejecución financiera de la inversióndestinada a la infraestructura del NUDE San Silvestre porBs. 228,59 millones equivalente al 4,82% del total de loprogramado para esos proyectos. La anterior circunstanciadenota debilidades en la planificación y control en laejecución del referido proyecto de desarrollo endógeno,contrario a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Orgánicade Planificación (Gaceta Oficial N° 5.554 Extraordinariodel 13-11-2001) que establece que la planificación debe serperfectible, debiendo evaluarse, para ello, sus resultados,controlar socialmente su desarrollo, hacerle seguimiento ala trayectoria, medir el impacto de sus acciones y, simultáneamente,incorporar los ajustes que sean necesarios, entanto que los artículos 15 al 17 de las Normas Generalesde Control Interno (NGCI), Gaceta Oficial N° 36.229 del17-06-97, visualizan la planificación como una funcióninstitucional y permanente, en la que los planes y políticasque dicten los organismos o entidades, deben definirse porescrito, y establecerse mecanismos para ejercer el control142

Administración Nacional DescentralizadaSector Industria, Producción y Comerciode su cumplimiento. como origen de la citada condición,se tiene que la Coordinación PALMAVEN–Región los Llanos,no manejó instrumentos y mecanismos de planificaciónen la ejecución del proyecto, tales como: asignación depresupuestos por proyectos en SAP, ni elaboración de unplan o proyecto especifico formalmente aprobado por susmáximas autoridades, contentivo de objetivos, mecanismosde seguimiento y estrategias a seguir, con la finalidad delograr la efectiva consecución del proyecto de desarrolloendógeno; lo que derivó en la no ejecución de la mayoríade las obras y proyectos medulares para la creación y consolidacióndel NUDE San Silvestre.ConclusionesSe determinaron debilidades en los sistemas de controlinterno y en los mecanismos de control perceptivo aplicadosen los procedimientos de compra adelantados por laCoordinación los llanos, tales como: ausencia de pedidosSAP y de documentos suscritos o avalados por los miembrosde las distintas cooperativas y la comunidad beneficiadaen la ejecución del proyecto de desarrollo endógeno.De igual modo, se evidenciaron fallas en la selección delas empresas y/o cooperativas encargas de la prestaciónde servicios y suministro de bienes a la filial, cuando seconstató la ausencia contratos de servicio y suministrosuscritos por PALMAVEN, así como la adquisición fraccionadade insumos de similares características, por un montototal por el que debieron realizarse procesos licitatorios.Aunado a lo anterior, al mes de agosto de 2006, aun nohabían sido iniciadas en su mayoría, y en ningún casoconcluidas, las obras o proyectos de infraestructura yvialidad previstos a construirse en la localidad de SanSilvestre, a objeto de la efectiva creación y puesta enfuncionamiento de un Núcleo de Desarrollo Endógenoen dicha localidad; todo ello causado fundamentalmentepor fallas en las actividades de planificación del proyectopor la filial PALMAVEN. S.A.RecomendacionesLa Junta Directiva de PALMAVEN, S.A. y la CoordinaciónRegión los Llanos deben:• Implementar como practica administrativa dentro dela empresa, la utilización de instrumentos idóneos deplanificación, tales como elaboración de proyectosaprobados por las respectivas autoridades de la empresa,contentivos de objetivos, mecanismos de seguimiento,estrategias y responsables de la ejecución,a objeto de garantizar que los recursos destinados ala consecución de los citados proyectos de desarrolloendógeno, se asignen y ejecuten de manera planificada,y se encausen a los fines y objetivos previstospor la filial.• Efectuar las gestiones necesarias que garanticenque PALMAVEN, S.A., diseñe mecanismos quepermitan adaptar sus presupuestos empresariales,a la normativa prescrita en la Ley Orgánica deAdministración Financiera del Sector Público ysu Reglamento N° 1, así como a los lineamientosestablecidos por la ONAPRE, con el propósito degarantizar y ejercer un adecuado control sobre elproceso presupuestario.• Diseñar y establecer mecanismos de control internoy perceptivos en las operaciones de la empresa,que permitan garantizar que los bienes requeridos ycancelados por la filial, se correspondan con los queefectivamente son entregados a la empresa estatal;esto con el fin de garantizar la sinceridad en las operaciones,y por ende los intereses patrimoniales de laindustria petrolera.• Dar estricto cumplimiento a la normativa legal ysub-legal aplicable en materia de selección y contrataciónde empresas, a objeto elaborar los respectivoscontratos de ejecución de obras, prestación deservicios, o suministro de bienes con las empresascon las que la filial realice negociaciones, asícomo de restringir la aplicación del procedimientoexcepcional de adjudicación directa, sólo a lascircunstancias y supuestos expresamente previstos enlas citadas normas.PDVSA GAS, S.A.CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y LEGISLACIÓN AMBIENTALPDVSA GAS, S.A. tiene por objeto realizar las actividadesde exploración, explotación, recolección, almacenamiento,procesamiento, industrialización, transporte, distribución143

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007y comercialización de los hidrocarburos gaseosos, susproductos y subproductos.PDVSA GAS, S.A. tiene como objetivo principal, construiruna infraestructura que le permita incrementar laproducción de gas actual de 1.840 millones de pies cúbicosnormales diarios (MMPCND) hasta 2.774 MMPCND y 35mil barriles diarios (MBD) de crudo liviano y condensadoen forma confiable y a menor costo operacional, a fin desatisfacer las necesidades de gas del mercado interno y delas plantas de extracción de gas natural licuado (GNL), enun horizonte de 20 años.Igualmente, posee el compromiso de dar cumplimientoa las leyes ambientales vigentes y sus reglamentos, paralos cuales tiene en los actuales momentos planes de saneamientointegral de pasivos ambientales (45 fosas y 102muros quemadores), ubicados en los campos de Mata R.,Aguasay-Caro, Soto, Zapato, San Joaquín, Santa Ana,Santa Rosa, El Toco y El Roble; restauración ambiental deáreas (localizaciones), consistente en la estabilización detaludes y vías de acceso, contando con un cronograma deactividades que se proyecta hasta el año 2011. El DistritoGas Anaco (DGA), perteneciente a PDVSA GAS, S.A., contócon recursos presupuestarios, económicos y financierospara los años 2003, 2004 y primer semestre de 2005, porBs. 108.964,00 millones, Bs. 728.000,00 millones y Bs.1.302.793,98 millones, respectivamente, de los cuales seejecutaron Bs. 279.436,50 millones, Bs. 634.369,30 millonesy Bs. 317.257,04 millones, equivalentes a 256,00%, 87,00%y 24,00%, en ese mismo orden.Alcance y objetivos de la actuaciónEvaluación del cumplimiento de las normas y legislaciónambiental por parte de PDVSA GAS, S.A.. en laslabores de producción y procesamiento de gas, en el estadoAnzoátegui, específicamente en una muestra de lasinstalaciones ubicadas en el Distrito Anaco, durante el año2003 al primer semestre de 2005; así como la asignaciónde recursos presupuestarios, económicos y financieros alcontrol ambiental en la explotación de hidrocarburos, asimismo,su adecuada utilización. Igualmente, se verificóque las instalaciones utilizadas por PDVSA GAS, S.A.,contaran con manuales de normas y procedimientos quegaranticen la adecuada operación de los equipos y queestos sean de conocimiento y de uso obligatorio por elpersonal operativo, así como para el control y mitigaciónde incidentes o accidentes que involucren riesgosde contaminación ambiental.Observaciones relevantesPDVSA GAS, S.A. no formula ni ejecuta el proceso presupuestariopor programas y partidas con base en el PlanÚnico de Cuentas de la Oficina Nacional de Presupuesto(ONAPRE), situación que inobserva los artículos 2 y 4 delReglamento Nº 1 de la Ley Orgánica de AdministraciónFinanciera del Sector Público (LOAFSP), sobre el SistemaPresupuestario, (Gaceta Oficial Nº 5.592 Extraordinariodel 27-06-2002). Al respecto, se constató que PDVSAGAS, S.A., filial de Petróleos de Venezuela, S.A., formulay ejecuta su presupuesto bajo un sistema electrónico deejecución financiera continua denominado SAP (Sistemas,Aplicaciones y Productos), el cual a juicio de este máximoOrganismo Contralor no cumple con los criterios técnicosy legales establecidos por la normativa legal vigente paralos entes del Estado en materia presupuestaria, viéndoselimitado, en consecuencia, el cumplimiento de las accionesde seguimiento y control que le corresponden ejercer a laadministración activa y a los órganos de Control Fiscal.Aun cuando el Distrito Gas Anaco (DGA) pertenecientea PDVSA GAS, S.A. contó con recursos presupuestarios,económicos y financieros para los años 2003, 2004 y elprimer semestre de 2005, para la ejecución de sus labores,centrados en las áreas de perforación, manejo de gas,mantenimiento y servicios y producción; no se constató laasignación de recursos dirigidos a la prevención, correccióny control de eventos ambientales, situación que a juiciode este máximo Organismo Contralor, denota debilidaden las actividades de planificación y previsión por partedel precitado distrito en materia ambiental, con lo cual sedesatendió la política del Ejecutivo Nacional contenidas enel Plan Operativo Anual Nacional (POAN), que priorizala conservación del medio ambiente, todo ello en razónde las disposiciones contenidas en nuestra Carta Magna,referidas a los Derechos Ambientales, inobservando144

Administración Nacional DescentralizadaSector Industria, Producción y Comercioasimismo lo establecido en el artículo 17 de las NormasGenerales de Control Interno (NGCI), Gaceta Oficial Nº36.229 de fecha 17-06-1997, en cuanto a que los planes,programas y proyectos de cada organismo o entidad debenestar en concordancia con los planes nacionales, estadalesy municipales y formularse sobre la base de estudios ydiagnósticos actualizados, teniendo en cuenta la misiónde la institución, sus competencias legales y estatutarias,el régimen jurídico aplicable y los recursos humanos, materialesy financieros que permitan el normal desarrollo delas actividades programadas. La situación antes descrita,obedeció, principalmente, a que durante los procesos deformulación y revisión presupuestaria por parte del distrito,no fueron tomados en cuenta los proyectos dirigidos a laprotección integral del medio ambiente, y por consiguienteno contó con recursos presupuestarios para la preservaciónefectiva del medio ambiente durante ese período.No se localizaron ni fueron suministrados los documentosaprobatorios por parte de la Junta Directiva de PDVSAGAS, S.A., de los manuales de normas y procedimientosde la Gerencia de Seguridad, Higiene y Ambiente (actualmenteGerencia de Ambiente e Higiene Ocupacional), talcomo lo establece el artículo 22 de las NGCI. Al respecto,se constató que tal situación obedece a fallas de controlinterno que existen en la dependencia, al no contar conmecanismos tales como lista de chequeo de requerimientosadministrativos y legales que le permitan detectar oportunamenteel incumplimiento de la normativa. En estesentido, al ser los manuales de normas y procedimientosmecanismos que permiten la adecuada documentación ydivulgación de los procesos, métodos y actividades llevadospor la empresa, éstos requieren de la aprobación por partede la Máxima Autoridad, para que de esa forma, se logresu implementación en todos los niveles organizacionales yque su cumplimiento sea de carácter obligatorio.Se evidenció que los instrumentos técnicos utilizadospor la Gerencia de Ambiente e Higiene Ocupacional, seencontraban desactualizados, situación que inobserva loprevisto en los artículos 35 y 36 de la Ley Orgánica de laContraloría General de la República y del Sistema Nacionalde Control Fiscal (LOCGRSNCF), Gaceta Oficial Nº37.347 de fecha 17-12-2001, en cuanto a la responsabilidadde las máximas autoridades jerárquicas de promover laeficiencia, estimular la observancia de sus políticas para elcumplimiento de su misión, así como de organizar, establecer,mantener y evaluar el sistema de control interno, paraadecuarlo a la naturaleza y estructura del ente. Asimismo,el numeral 2 del artículo 8, de las Normas para el FuncionamientoCoordinado del Control Externo e Interno (GacetaOficial Nº 36.229 de fecha 17-06-1997), señala el deber quetienen los entes sujetos a las referidas normas de evaluarperiódicamente y actualizar los sistemas y procedimientosde control interno a los fines de alcanzar sus objetivosprincipales. En este sentido, la ausencia de mecanismos decontrol interno no permite que los referidos instrumentossean evaluados de manera periódica a fin de incorporarleslas actualizaciones, lo que limita a la empresa verificar elcumplimiento de la normativa y procedimientos contenidosen los referidos manuales.El DGA para noviembre 2005 contaba con manuales ynormativa legal, políticas, programas y prácticas específicas,relacionados con la conservación ambiental, ademásdisponía de el Plan de Acción y Control de Emergenciasy Contingencias (PAYCE-GAS) con vigencia julio 2001y de un Plan de Contingencia contra Derrames Operacionalesen el Sistema de Transmisión de Hidrocarburos dePDVSA E y P-Oriente (exploración y producción). Igualmente,contaba con el Convenio Marco de CooperaciónInstitucional suscrito entre el Ministerio del Ambiente yde los Recursos Naturales y PDVSA, dirigido a orientarlas acciones conjuntas de ambas organizaciones con lagestión ambiental, derivadas del desarrollo y operacionesde las actividades de exploración, producción, transporte,manufactura y comercialización que realiza PDVSA en elcampo de la industria gasífera, a través del mejoramientocontinuo del desempeño ambiental de la estatal petroleray sus empresas filiales, controlando y reduciendo al mínimolos riesgos ambientales y los impactos que puedangenerarse, como consecuencia de las actividades señaladasprecedentemente.ConclusionesPDVSA GAS, S.A., formuló y ejecutó los presupuestosde los años 2003, 2004 y primer semestre de 2005, bajo145

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007el sistema electrónico de ejecución financiera continuadenominado Sistemas, Aplicaciones y Productos, (SAP),el cual no cumple con los criterios técnicos y legales establecidosen la Ley Orgánica de Administración Financieradel Sector Público sobre el Sistema Presupuestario y sobrela base del Plan Único de Cuentas de la Oficina Nacionalde Presupuesto (ONAPRE).Asimismo, el DGA no asignó recursos dirigidos a laprevención, corrección y control de eventos ambientales, situaciónque denota debilidad en la planificación y previsiónpor parte del precitado Distrito en materia ambiental.Los manuales de normas y procedimientos de la Gerenciade Ambiente e Higiene Ocupacional, no contaban conla aprobación de la Junta Directiva, situación que denotafallas de control interno y evidencia la falta de mecanismosque permitan detectar oportunamente el desacato dela normativa.RecomendacionesLa Junta Directiva de PDVSA GAS, S.A. debe:• Diseñar mecanismos que permitan adaptar los presupuestosempresariales a la normativa contenidaen la Ley Orgánica de la Administración Financieradel Sector Público y su Reglamento Nº 1, así comoa los lineamientos establecidos por la ONAPRE, con elpropósito de garantizar y ejercer un adecuado controlsobre el proceso presupuestario.• Proceder a aprobar los manuales de normas y procedimientosde la Gerencia de Seguridad, Higieney Ambiente (actualmente Gerencia de Ambiente eHigiene Ocupacional) del Distrito Gas Anaco.• Realizar la revisión y actualización de los manualesde normas y procedimientos, políticas, programas yprácticas específicas, relacionados con la conservaciónambiental.PDVSA PETRÓLEO, S.A.ADQUISICIÓN DE EQUIPOSPDVSA Petróleo, S.A. es una empresa propiedad delEstado venezolano. Su objeto social, consiste en realizarlas actividades de exploración, explotación, transporte, manufactura,refinación, almacenamiento, comercializacióno cualquier otra actividad en materia de petróleo y demáshidrocarburos; adquirir y enajenar, por cuenta propias ode terceros, bienes muebles o inmuebles; emitir obligaciones;promover, como accionistas o no, otras sociedadesmercantiles y asociarse con personas naturales o jurídicas,todo conforme a la Ley; fusionar, reestructurar o disolverempresas de su propiedad; otorgar créditos, financiamiento,fianzas, avales o garantías de cualquier tipo y, en general,realizar todas aquellas operaciones, contratos y actoscomerciales que sean necesarios o convenientes para elcumplimiento del mencionado objeto. Su misión consisteen realizar las actividades de exploración, explotación,transporte, manufactura, refinación, almacenamiento ycomercialización de hidrocarburos.La insuficiencia en la generación de energía eléctricapor medio de los sistemas térmicos, el retraso en la puestaen funcionamiento de nuevos proyectos de generacióneléctrica y la fuerte sequía en la cuenca del río Caroní, queafectó seriamente los niveles de almacenamiento de aguade la represa de Gurí durante los años 2001 y 2002, comprometieronpara ese entonces las operaciones petrolerasy en gran medida la seguridad de la Nación. Situación quedio inició durante el año 2002 al procedimiento para laadquisición de 25 unidades móviles turbogeneradoras consus respectivos equipos de repuestos. Los costos derivadoso asociados a las operaciones de compra serían recuperadospor Petróleos de Venezuela, S.A., (PDVSA) mediante descuentosy/o suministro de energía eléctrica. De acuerdo a lodispuesto en los referidos documentos se tiene que una vezadquiridos los equipos eléctricos, deberán ser entregados ynacionalizados por la Compañía Anónima de Distribución,Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE).Alcance y objetivos de la actuaciónLa auditoría se circunscribió a la evaluación de losprocedimientos de contratación utilizados por la DivisiónOccidente de PDVSA Petróleos, S.A., para la adquisiciónde equipos de turbogeneración eléctrica, durante los años2002 y 2003, así como, con el objeto de determinar la legalidad,sinceridad y razonabilidad del traspaso, por parte146

Administración Nacional DescentralizadaSector Industria, Producción y Comerciode la División Occidente de PDVSA Petróleos, S.A; de losequipos adquiridos a la Compañía Anónima de Distribución,Administración y Fomento (CADAFE).Observaciones relevantesSe constató que PDVSA Petróleo, S.A., le había suministradoa CADAFE la cantidad de 20 cartas renuncia, equivalentesal 80,00% del total 25, sin evidenciarse la cantidadde 5 cartas renuncias (20,00%) por los restantes equipos,correspondientes a la operación de adquisición y entrega delas referidas unidades móviles turbogeneradoras eléctricas.Sobre este particular, el artículo 23, literal “a” de lasNormas Generales de Control Interno (NGCI), GacetaOficial N° 36.229 del 17-06-97, señala lo siguiente: Todaslas transacciones y operaciones financieras, presupuestariasy administrativas deben estar respaldadas con lasuficiente documentación justificativa. En este aspectose tendrá presente lo siguiente: a) Los documentosdeben contener información completa y exacta, archivarsesiguiendo un orden cronológico u otros sistemasde archivo que faciliten su oportuna localización, yconservación durante el tiempo legalmente estipulado.La carencia de las cartas renuncia, que de acuerdo a losprevisto en las Actas de Asambleas Extraordinarias deAccionistas de PDVSA, debían ser presentadas una veztraspasadas las unidades móviles a CADAFE, dificulta laslabores de la administración y de los órganos de controlen la conciliación de las transacciones realizadas porPDVSA Petróleos, S.A. Situación causada por fallas enlos sistemas de archivo de la empresa al no contar conmecanismos de control que advirtieran sobre la omisióno falta de documentación.En comunicación S/N de fecha 23-07-2003, PDVSAPetróleo, S.A., autorizó la adquisición de 20 plantas detratamiento de combustible líquido por un monto de US$800,00 mil, como parte de los costos asociados por laadquisición de los equipos turbogeneradores; tal como lodemuestran las facturas y registros contables correspondientesa la mencionada operación, suministrados por laDirección Ejecutiva de Finanzas, sin embargo, no fue localizadaen la citada documentación el Acta de Asamblea deAccionistas de PDVSA Petróleos, S.A., que evidenciara laaprobación de la referida compra. Al respecto, de acuerdoa lo antes señalado en el artículo 23 de las NGCI, señalaque todas las transacciones y operaciones financieras,presupuestarias y administrativas deben estar respaldadascon la suficiente documentación justificativa. De lo antesexpuesto se desprende que dicha situación, tiene su origenen debilidades de control interno, específicamente encuanto a la verificación de la existencia de los requisitosformales para la disposición de recursos financieros, presupuestariosy administrativos, lo que limita las accionesde control y seguimiento que le corresponde ejercer a losórganos de control.ConclusiónSe evidenciaron deficiencias en los sistemas de archivode la empresa, al no localizarse 5 de las cartas de renuncia;adicionalmente, se aprecian debilidades en los sistemas decontrol interno, ya que no se suministro ni fue localizadael Acta de Junta Directiva donde se aprobaran la comprade 20 plantas de tratamiento para los turbogeneradoreseléctricos.RecomendaciónLa Junta Directiva debe dejar constancia en Actade Junta Directiva la adquisición de las 20 plantas detratamiento de combustible líquido como complementode los equipos de turbogeneración eléctrica, así como,tomar las acciones pertinentes dirigidas a optimizar losmecanismos de control interno que permitan asegurarque los archivos contengan toda la documentación derespaldo.PDVSA PETRÓLEO, S.A.CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOSPDVSA Petróleo, S.A. es una empresa filial de Petróleosde Venezuela, S.A. (PDVSA), inicialmente constituida el16-11-78 bajo el nombre de PDVSA Petróleo y Gas, S.A.,siendo modificada su denominación social a PDVSA Petróleo,S.A. Posee un capital social de Bs. 1,28 billones,totalmente suscrito y pagado por la República Bolivarianade Venezuela, representado por 51.204 acciones147

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007nominativas no convertibles al portador, con un valor deBs. 25,00 millones cada una. Su objeto social, consisteen realizar las actividades de exploración, explotación,transporte, manufactura, refinación, almacenamiento,comercialización o cualquier otra actividad en materia depetróleo y demás hidrocarburos; adquirir y enajenar, porcuenta propia o de terceros, bienes muebles o inmuebles;emitir obligaciones; promover, como accionistas o no, otrassociedades civiles o mercantiles y asociarse con personasnaturales o jurídicas; fusionar, reestructurar o disolverempresas de su propiedad; otorgar créditos, financiamiento,fianzas, avales o garantías de cualquier tipo y en general,realizar todas aquellas operaciones, contratos y actoscomerciales que sean necesarios o convenientes para elcumplimiento del mencionado objeto.PDVSA Petróleo, S.A. cuenta dentro de su estructuraorganizacional y funcional con la División Centro Sur dePDVSA Petróleo, S.A., la cual se encarga de realizar lasactividades de exploración y explotación de hidrocarburosen los estados Barinas y Apure; el crudo producido es recolectadoen 7 estaciones de flujo (Sinco D, Silvestre, Mingo,Borburata y Silvan en Barinas y Guafita y la Victoria enApure), para luego ser almacenado en el patio de tanquesde Silvestre y transportado por un oleoducto de aproximadamente647 kilómetros, que atraviesa los estados Apure,Barinas, Portuguesa, Lara, Yaracuy y Carabobo, donde seencuentra la refinería el Palito.Alcance y objetivos de la actuaciónLa actuación se circunscribió a la evaluación delos procesos utilizados por la División Centro Sur dePDVSA Petróleo, S.A., para la contratación de obrasy servicios, durante el año 2005 y el primer semestrede 2006, y tuvo por objetos evaluar los mecanismos decontrol interno aplicados a las operaciones dirigidas a lacontratación de obras y servicios, así como verificar elcumplimiento de la normativa legal y sublegal en materiade licitaciones, mediante el análisis de una muestra de58 expedientes de licitación, equivalente al 18,41% de untotal de 315, cuya selección se realizó considerando losmontos de las contrataciones y el impacto operacionalde las mismas.Observaciones relevantesEl manual Mecanismos de Contratación de Petróleos deVenezuela, S.A. (PDVSA) y sus empresas filiales, utilizadopor la División Centro Sur de PDVSA Petróleo, S.A., parala contratación de obras y servicios, se encuentra desactualizadoen relación con la normativa legal y sublegal vigenteque rige a esas operaciones; no obstante lo previsto en elartículo 36 de la Ley Orgánica de la Contraloría Generalde la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal(LOCGRSNCF), Gaceta Oficial N° 37.347 del 17-12-2001,en concordancia con lo contemplado en el artículo 8°, literala) de las Normas Generales de Control Interno (NGCI),Gaceta Oficial Nº 36.229 del 17-06-97, y el artículo 8°, numeral2) de las Normas para el Funcionamiento Coordinadode los Sistemas de Control Externo e Interno (NFCSCEI),Gaceta Oficial Nº 36.229 del 17-06-97, en los cuales seseñala que corresponde a la máxima autoridad jerárquicade cada organismo, organizar, establecer, mantener, evaluary actualizar periódicamente el sistema de control interno,para su mejoramiento y eficacia. La anterior circunstanciase originó por debilidades del sistema de control interno dela corporación, al no contar con mecanismos de control,tales como: auditorías y revisiones de los manuales denormas y procedimientos, que le permitieran a la administración,advertir oportunamente sobre la desactualización delos mismos, ya que su contenido hacía referencia a la Ley deLicitaciones publicada en Gaceta Oficial N° 37.097 del 12-12-2000, derogada mediante el Decreto Nº 1.555 con Fuerzade Ley de Reforma Parcial de la Ley de Licitaciones (GacetaOficial N° 5.556 Extraordinario del 13-11-2001). Este hechoconduce a la ocurrencia de errores u omisiones en las operacionesde licitación y contratación de obras y servicios, porparte de las áreas involucradas en tales actividades.Se verificó que 14 contratos, los cuales representan el24,00% del total de la muestra, no mostraban fecha de suscripción;asimismo, de estos, 7 no presentaban las firmascorrespondientes, en inobservancia a lo establecido en elartículo 127 del Código de Comercio (Gaceta Oficial N°475 Extraordinario del 21-12-55), el cual señala que loscontratos mercantiles deben expresar el lugar, día, mes yaño; asimismo, en el Capítulo III, numeral 6, apartes 6.1y 6.3 de las Guías de Administración del Manual Meca-148

Administración Nacional DescentralizadaSector Industria, Producción y Comercionismos de Contratación de PDVSA y sus empresas filiales(Agosto de 2001), se expresa, entre otras consideraciones,que ningún trabajo, obra, servicio o adquisición de bienesmuebles podrá ser iniciado sin la firma previa del contratocorrespondiente. Adicionalmente, el Manual de Normas deControl Interno sobre un Modelo Genérico de la AdministraciónCentral y Descentralizada Funcionalmente (GacetaOficial N° 38.282 del 28-09-2005), en el numeral 4.10.1sobre los Procedimientos Administrativos de Adquisicióny Contratación, se indica que los mismos se sujetarán alas disposiciones legales vigentes (Decreto de ReformaParcial de la Ley de Licitaciones, Contratos, CondicionesGenerales de Contratación para la Ejecución de Obras yotras disposiciones legales y reglamentarias que regulenla materia). Estos hechos tienen su origen en la ausenciade efectivos mecanismos de control en las gerencias responsablesde la administración de dichos contratos, quepermitieran cerciorarse del cumplimiento de tales requisitoslegales y administrativos, situación que limita a laadministración y a los órganos de control fiscal, verificarel cumplimiento de los lapsos establecidos para la entradaen vigencia de los efectos del contrato; además, limita elestablecimiento del plazo para la firma del acta de iniciode la obra, así como la verificación del cumplimiento de loscronogramas del proceso de contratación y la ejecución delas obras y prestación del servicio objeto de licitación.Se determinó que 12 de los contratos analizados, fueronotorgados en fecha posterior al plazo máximo de 17 díashábiles, establecido en los pliegos de licitación, para lafirma del contrato. Al respecto, el artículo 47, numeral 11de la Ley de Licitaciones, señala que los procedimientosde licitación deben contener entre otros, la determinaciónclara y precisa del plazo máximo para otorgar el contrato,en tanto que el artículo 53 de la misma ley, dispone que eltiempo de vigencia de las ofertas exigido en los pliegos delicitación, debe ser el suficiente para que el ente contratantepueda realizar todas las actuaciones necesarias para la calificación,examen y evaluación de ofertas, otorgamientoy notificación de la buena pro y firma del contrato. Dichasituación es causada por deficiencias del sistema de controlinterno, ya que el ente no cuenta con mecanismos para laplanificación objetiva de los lapsos del proceso licitatorio,de vigilancia y seguimiento, tales como listas para el chequeode requisitos legales y administrativos, que permitanla detección oportuna de desviaciones, por consiguiente,esa circunstancia produce retrasos en la ejecución de lasactividades, con consecuencias económicas, operativas ylogísticas, entre otras, sobre el desarrollo de las obras y laprestación de los servicios.No se evidenció que los trabajadores vinculados a losprocesos licitatorios de la División Centro Sur de PDVSAPetróleo, S.A., realizaran actividades de entrenamiento yactualización a través del Servicio Nacional de Contrataciones(SNC). Al respecto, en el artículo 27 de la Leyde Licitaciones se establece que los responsables de lasoficinas de compras y los integrantes de las comisionesde licitación deben participar en los programas de capacitacióny adiestramiento del SNC. Tal situación obedece aque las gerencias involucradas no han implementado losmecanismos que permitan tomar las previsiones para quelos funcionarios efectúen los cursos pertinentes, lo quetrae como consecuencia la desactualización y el desconocimientopor parte de los trabajadores vinculados a losprocesos de contratación, de los avances e innovacionesque se formulen al respecto.ConclusionesComo resultado de la evaluación efectuada a los procesosutilizados por la División Centro Sur de PDVSA Petróleo,S.A., para la contratación de obras y servicios, durante elejercicio 2005 y el primer semestre de 2006, se observarondebilidades de control interno relacionadas con la actualizaciónde la normativa interna en materia de licitaciones.Por otra parte, se determinó la inobservancia de normativalegal y sublegal, en relación con los requisitos de verificaciónprevios a la contratación y durante la contratación,los lapsos previstos en los cronogramas de los procesos deselección y contratación; así como en la participación delos responsables de dichos procesos en los programas decapacitación y adiestramiento previstos por el SNC.Recomendaciones• La Junta Directiva de PDVSA Petróleo, S.A. debedar las instrucciones correspondientes a las diferentes149

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007dependencias de la empresa, para establecer efectivosmecanismos continuos y permanentes de control,que le permitan a la administración, advertir oportunamentesobre la desactualización de manuales denormas y procedimientos. En ese sentido, se estimaactualizar el Manual Mecanismos de Contrataciónutilizado por la corporación petrolera y sus empresasfiliales, tomando en consideración la normativalegal y sublegal vigente que rige esas operaciones,para posteriormente someterlo a la aprobación de lasinstancias pertinentes.• La Gerencia General de la División Centro Sur dePDVSA Petróleo, S.A. debe:– Establecer efectivos mecanismos de planificación,así como dispositivos de verificación y validaciónde información en materia de procesos de selecciónde contratistas, así como en la ejecución de loscontratos, con el propósito de garantizar la efectivaaprobación de su contenido, evitar retrasos en laejecución de las actividades y facilitar el controlde los procesos de selección de contratistas y delas obras y servicios contratados.– Implementar mecanismos de planificación quepermitan incorporar a los responsables de lascompras y contrataciones, en los programas anualesde capacitación y adiestramiento del SNC, locual coadyuvará en la ejecución de los procesos deselección de contratistas y en las adquisiciones debienes y servicios.PDVSA PETRÓLEO, S.A.CONTRATACIÓN DE PERSONALPDVSA Petróleo, S.A. es una empresa del Estado venezolano,filial de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). Larefinería El Palito (REPL), tiene por objeto la refinación ycomercialización de derivados del petróleo, principalmentepara el mercado local. Su misión es satisfacer las necesidadesde energía de la sociedad apoyándose en la excelenciadel personal, tecnologías de vanguardia y creando el máximovalor para la nación venezolana. Al primer semestredel año 2006 la estructura organizativa de la refineríaestaba conformada 1 Gerencia General, encargada de lasuprema dirección y coordinación de las actividades de larefinería; 1 Sub-Gerencia de Operaciones y 13 gerenciasadministrativas, a saber: Recursos Humanos, Automatización,Tecnología e Informática (AIT), Finanzas, Seguridad,Operaciones, Técnica, Mantenimiento, Asuntos Públicos(AAPP), Salud, Servicios Logísticos, Materiales y Legal.Al 30-06-2006, la fuerza laboral de la refinería estaba representadapor 3.425 trabajadores, de los cuales 1.297 seencontraban registrados en la nómina de PDVSA, llevadaen la plataforma electrónica de manejo de datos denominadaSistema, Aplicaciones y Productos (SAP), (221 comonómina de contratistas y 1.907 la nómina correspondientea obras y proyectos).Alcance y objetivos de la actuaciónLa actuación, se circunscribió a evaluar la idoneidad delos mecanismos de contratación utilizados por la refineríaEl Palito, para la contratación de personal, evaluar losmecanismos empleados para la contratación de personalasí como verificar la ocurrencia de desviaciones en la conformaciónde la nómina. Para ello, se realizó una muestraselectiva las contrataciones directas de personal efectuadaspor la refinería El Palito durante los años 2004, 2005 yprimer semestre 2006, e incluidas en las nóminas: mayory obras y proyectos.Observaciones relevantesEl documento denominado “Procedimiento Especialrelativo al Registro, Selección, Ingreso y Egreso NóminaObras y Proyectos”, el cual es utilizado por la Gerencia deRecursos Humanos de la REPL para regular la contratacióndel personal destinado a las obras y proyectos, estuvovigente hasta el 01-05-2005; además dicho documento fueaprobado sólo por el Gerente General de la refinería, noobstante lo establecido en el artículo 22 de las NormasGenerales de Control Interno (NGCI) Gaceta Oficial Nº36.229 de fecha 17-06-97, el cual establece que los manualestécnicos y de procedimientos deben ser aprobados por lasmáximas autoridades jerárquicas de los organismos o entidades,entendiéndose por máxima autoridad, de acuerdoa lo establecido en el artículo 55 del Reglamento de la LeyOrgánica de la Contraloría General de la República (GacetaOficial N° 37.169 de fecha 29-03-2001), al órgano ejecutivo150

Administración Nacional DescentralizadaSector Industria, Producción y Comercioa quien corresponda la dirección o administración del organismoo entidad y que en el caso citado, se corresponde conla Junta Directiva de PDVSA Petróleo, S.A. Tal situación sedebe, a que el procedimiento implantado correspondía a unmanual provisional, elaborado para regular la contingenciaocurrida en el año 2003 con la contratación de personal. Laanterior situación trae como consecuencia, que la REPLno disponga de una normativa formalmente aprobada quedefina de manera escrita, el procedimiento a emplear parala contratación del personal temporal, destinado a las obrasy proyectos.La fuerza laboral de la refinería que integra la nóminacontenida en la plataforma informática denominada Sistemas,Aplicaciones y Productos (SAP), al mes de agosto2006 se encontraba conformada por un total de 1.297 trabajadores,discriminados en nóminas: ejecutiva (2), mayor(526), menor (385), diaria (362) y temporal (22). Adicionalmente,la refinería manejaba desde el año 2004, la nóminade obras y proyectos con un total de 1.907 trabajadores;en la misma se incluye al personal contratado por tiempodeterminado y se encuentra conformada por los mismosconceptos de la nómina SAP, es decir, nómina diaria, menory mayor, además de los conceptos de honorarios profesionalesPDVSA, honorarios profesionales, paquetizados ySistema Democratización de Empleo (SISDEM). Ahora bien,el artículo 77 de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT), GacetaOficial N° 5.152 Extraordinario de fecha 19-06-97, señalaentre otros, que el contrato de trabajo podrá celebrarse portiempo determinado únicamente en los siguientes casos: a)cuando lo exija la naturaleza del servicio; b) cuando tengapor objeto sustituir provisionalmente y lícitamente a untrabajador, situación que no fue observada en la muestrarevisada de la referida nómina, ya que existen trabajadoresincluidos desde el año 2003 que no cumplen los requisitosestablecidos en el artículo anteriormente citado. La implantaciónde la nómina paralela se debió a la necesidadde sustituir la nómina de contratistas que se manejabaen la refinería, debido a que como consecuencia del paropetrolero, no habían empresas que quisieran trabajar en larefinería. Ahora bien, es importante resaltar que desde lafecha del paro petrolero hasta la actualidad, han transcurridoaproximadamente 3 años y medio, no existiendo ala fecha de la auditoría (agosto 2006), la eventualidad quepara aquel entonces generó la creación de la nómina citada,situación que trae como consecuencia que la nómina delos trabajadores contratados en la REPL, no esté ajustadaa la legalidad.De la revisión efectuada a una muestra de 115 expedientesde personal clasificados en la nómina mayor,equivalentes al 21,54% de los 534 trabajadores incluidosen la mencionada nómina y pertenecientes a las Gerencias:General, Automatización, Informática y Tecnología (AIT),Asuntos Públicos, Auditoría, Contratación, Distribución,Finanzas, Legal, Mantenimiento, Materiales, Operaciones,PCP, Recursos Humanos, Salud, Servicios Logísticos, Seguridad,Higiene y Ambiente (SHA) y Técnica, se observólo siguiente:En 41 expedientes de personal, 35,65% de la muestrarevisada, no se evidenció la renovación a las propuestas deservicios firmadas a tiempo determinado durante el año2003, de igual manera, no se evidenciaron las planillasde ingreso como empleados permanentes de la nómina,así como la aprobación de dicha contratación por partedel Gerente de Recursos Humanos de la REPL. Al respecto,el artículo 23, numeral a) de las NGCI señala quelos documentos deben contener información completa yexacta. Tal situación se debe, a que no se mantiene uncontrol adecuado sobre los soportes que deben contenerlos expedientes, situación que limita el conocimiento quedebe tener la administración, sobre el desempeño de sustrabajadores.En 12 expedientes de personal, equivalentes al 10,43%de la muestra, no se evidenció documentación que respaldarael ingreso como personal fijo (renovación o prórrogade los contratos a tiempo determinado), una vez vencidoel lapso estipulado en el contrato, sin embargo, a la fechaagosto 2006, se encontraban incluidos en la nómina SAP.Ahora bien, el artículo 74 de la LOT, señala que el contratode trabajo concluirá con la expiración del términoconvenido y no perderá su condición específica cuandofuere objeto de una prórroga, entendiéndose, que encaso de 2 o más prórrogas, el contrato se considerarápor tiempo indeterminado. De igual manera, el artículo77 de la citada Ley, señala que el contrato de trabajo151

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007podrá celebrarse únicamente por tiempo determinado,entre otros puntos, cuando lo exija la naturaleza delservicio y cuando tenga por objeto sustituir provisionalo lícitamente a un trabajador. Tal situación se debe, adebilidades de control interno en cuanto al seguimientoque se le debe mantener a los empleados contratados atiempo determinado, situación que refleja debilidades decontrol interno en el proceso de contratación del personalasí como en el seguimiento que debe dársele a los contratospor tiempo determinado firmados entre los trabajadores yPDVSA Petróleo, S.A., refinería El Palito.De la revisión efectuada a una muestra de 122 expedientesde personal de la nómina de obras y proyectosy que representan el 18,60% de los 656 trabajadores incluidosen los conceptos: mayor, honorarios profesionalesPDVSA, honorarios profesionales y SISDEM, se evidenciólo siguiente:Cinco contratos del personal equivalente al 0,76% de lamuestra revisada, no se encontraban suscritos por el trabajador.Al respecto, el punto 8.4.1 de los Planes y Normas deRecursos Humanos relativos al ingreso de personal, estableceque los empleos temporales, independientemente desu duración, serán objeto de un contrato de trabajo escritoy firmado por las partes. Tal situación se debe, a la falta deseguimiento por parte de la REPL sobre los soportes quedeben contener los expedientes de personal, entre ellos, lacopia del contrato de trabajo debidamente firmada por laspartes, situación que no permite que la empresa PDVSAPetróleo, S.A., garantice el cumplimiento por parte delcontratado de las disposiciones legales y reglamentariasestablecidas en los respectivos contratos.17 contratos equivalentes al 13,93% de la muestra revisada,relacionados con la contratación de personal jubiladosde la industria petrolera, presentaban una duración de larelación laboral por 5 años, no obstante que el 4.2.2 incisob.2 de las Normas sobre reclutamiento, selección y empleo,contenidas del Manual Corporativo de Políticas, Normas yPlanes de Recursos Humanos de PDVSA, establece que laempresa dará oportunidad de re-empleo a jubilados paraposiciones y/o procesos críticos, estableciendo entre otrascondiciones la contratación por un lapso máximo de 2 años.Al respecto, no se evidenció en los expedientes respectivosdocumentación que justificara la contratación por el lapsoanteriormente citado, situación originada principalmente,por la falta de control y seguimiento de los soportes quedeben ser incorporados en los expedientes, a los fines degarantizar su debida conformación. Lo anterior reflejadebilidades de control interno, al mantener personal jubiladoen calidad de contratado por periodo superiores a losestablecidos en las normas antes mencionadas.De la conciliación realizada a 53 expedientes de empleadosequivalente al 43,44% de la muestra seleccionadaversus los gananciales devengados por los precitadosempleados, se determinó que en 24 de ellos, se efectuaronpagos sin que se evidenciara en el expediente respectivo,copia del contrato de trabajo que soportara los montos aser cancelados. Ahora bien, el numeral 2, artículo 56 delReglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la AdministraciónFinanciera del Sector Público, sobre el sistema presupuestario,(Gaceta Oficial N° 5.592 Extraordinario de fecha 27-06-2002), establece que sólo se registrarán como compromisosválidamente adquiridos, los actos que mediante ellos sedispongan o formalicen obligaciones, razón por la cual,desde el punto de vista presupuestario se hace necesariola existencia de un contrato debidamente firmado entrelas parte. De igual manera, el artículo 23, literal a) de lasNGCI el cual señala que los documentos deben contenerinformación completa y exacta. Lo anterior se debe a laausencia de controles sobre los expedientes a los fines deverificar que contengan los soportes necesarios que avalenla contratación realizada, situación que afecta la transparenciade los actos administrativos, lo que a su vez incideen la apropiada asignación de las responsabilidades.No se evidenció ni fue suministrado el manual descriptivode cargos en el que se definan las funciones de cadacargo, su nivel de autoridad, responsabilidades y relacionesjerárquicas, no obstante lo establecido en el artículo20 de las NGCI. Tal situación se debe, a que sólo existendescripciones de cargos individuales específicos, situaciónque limita el control que se debe tener sobre las funcionesy responsabilidades atribuidas a cada cargo, a los fines degarantizar que los cargos sean ocupados por personal conel perfil y requerimientos técnicos apropiados.152

Administración Nacional DescentralizadaSector Industria, Producción y ComercioConclusionesLa REPL no cuenta con instrumentos normativos formalmenteaprobados por las máximas autoridades queregulen la contratación de personal clasificado en la nóminade Obras y Proyectos, observándose de igual manera, queen la referida nómina se incluyeron desde el año 2003 atrabajadores cuya contratación se realizó a tiempo determinado,aunado a la ausencia de Manual descriptivo de cargos.Así mismo, los expedientes de personal de la muestra revisada,no estaban debidamente conformados ni respaldadoscon suficiente documentación, notándose la ausencia decontratos de servicio, planillas de ingreso, renovaciones decontratos, soportes de ascensos o promociones así comocambios de condición de empleados contratados a fijos,contratos de servicio sin la firma del trabajador o patrono,ausencia de las copias de los títulos universitarios o en sudefecto, la reválida en caso de haber cursado estudios enel extranjero. Además de la duplicidad de los registros enlas diferentes nóminas manejadas por la refinería.Recomendaciones• La Junta Directiva de PDVSA Petróleo, S.A. debeactualizar y aprobar el instrumento normativo denominadoProcedimiento Especial relativo al Registro,Selección, Ingreso y Egreso Nómina Obrasy Proyectos.• La Gerencia General de la Refinería El Palito debeimplementar los mecanismos y controles internosorientados a ajustar la nómina de obras y proyectos yque además le permitan a los diferentes niveles de larefinería, comprobar el cumplimiento de la normativalegal y sublegal que en materia de conformaciónde expedientes y contratación de personal regula aPDVSA Petróleo, S.A.PDVSA PETRÓLEO, S.A.COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL DE PETRÓLEOPDVSA Petróleo, S.A. es una empresa pública con uncapital social de Bs. 289,53 billones, totalmente suscrito ypagado por Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), comoúnico accionista; tiene por objeto, realizar actividades deexploración, explotación, transporte, manufactura, refinaciónalmacenamiento, comercialización o cualquier otraactividad en materia de petróleo y demás hidrocarburos.La División de Manufactura y Mercadeo, a través de laUnidad de Negocios, Refinación y Comercio es la responsabledel comercio y suministro de crudos en el mercadointernacional, mediante ventas bajo las modalidades deconvenios, contratos a plazos y ocasionales (Spot).Las ventas internacionales de petróleo crudo, son responsabilidadescompartidas por la Gerencia General deComercio, a través de la Gerencia de Ventas de Crudos yComercio Complementario, y por la Gerencia General dePlanificación de Comercio y Suministro, a través de laGerencia de Convenios de Suministro y Planificación aCorto Plazo, proceso en el cual además intervienen laGerencia General de Suministro y Logística, por mediode las Gerencias de Operaciones de Crudos, Logística,Fletamento y Análisis y Optimización Operacional; yla Gerencia General de Administración de Comercio ySuministro.De acuerdo con el reporte de ventas suministrado porla Gerencia General de Comercio, PDVSA Petróleo, S.A.,comercializó 656,59 millones de barriles de petróleo crudo(514,32 millones durante el año 2003 y 142,27 millones enel primer trimestre de 2004), equivalentes a 1.254 cargamentoso embarques por concepto de operaciones de ventasinternacionales, por un monto total de US$ 16.341,00millones.Alcance y objetivos de la actuaciónLa actuación se orientó hacia la evaluación de unamuestra de 64 expedientes relacionados con la venta decrudo en el mercado internacional correspondientes al año2003 y el primer trimestre de 2004 y tuvo como objetivos:evaluar la legalidad y sinceridad de los procesos ejecutadospor PDVSA Petróleo, S.A., así como la verificación delcumplimiento de la normativa legal y sublegal vinculadacon los aspectos administrativos, financieros y técnicosrelacionados con los procesos de comercialización internacionalde crudos.153

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007Observaciones relevantesLa Dirección Ejecutiva de Comercio y Suministro dePDVSA Petróleo, S.A., no cuenta con una estructura organizativay funcional aprobada por la máxima autoridadde la empresa, en ese sentido, el artículo 3 de las NormasGenerales de Control Interno (NGCI), Gaceta Oficial N°36.229 del 17-06-97, dispone que el control interno de cadaente, debe organizarse con arreglo a conceptos y principiosgeneralmente aceptados de sistema y estar constituidos porpolíticas y normas formalmente dictadas, orientándolo alcumplimiento de objetivos, tales como: salvaguardar elpatrimonio público, garantizar la exactitud, cabalidad,veracidad y oportunidad de la información presupuestaria,financiera, administrativa y técnica, y procurar laeficiencia, eficacia, economía y legalidad de los procesosy operaciones, así como el acatamiento de las políticasestablecidas. Tal omisión se origina en que con posterioridada los sucesos de los años 2002 y 2003 se aplicó unesquema organizativo “provisional o de contingencia”, aúnno modificado por las autoridades, lo cual puede ocasionarlimitaciones en el cumplimiento de las tareas, metas yobjetivos, así como en la implementación de las políticasy decisiones institucionales por la existencia y mantenimientode normas y estructuras de carácter provisionalpara la ejecución de los procesos y actividades medularesde gran importancia para el cumplimiento de la misión dela empresa.PDVSA Petróleos, S.A. no cuenta con un manual deorganización, inobservando lo establecido en el artículo36 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de laRepública y del Sistema Nacional de Control Fiscal (LO-CGRSNCF), Gaceta Oficial N° 37.347 del 17-12-2001,en el sentido de que le corresponde a las máximas autoridadesjerárquicas de cada ente la responsabilidad deorganizar, establecer, mantener y evaluar el sistema decontrol interno, y este debe ser adecuado a su naturalezay fines, en concordancia con las premisas establecidasen el artículo 8 de las NGCI. Dicho manual no ha sidoelaborado debido a que la empresa estructuralmentese rige por el manual corporativo de organización dePDVSA, lo que dificulta las labores de control y vigilanciaefectiva del funcionamiento del sistema de controlinterno, en el entendido de que la estructura organizativaes parte importante de éste.De 64 expedientes de ventas solicitados a la GerenciaGeneral de Comercio, 16 de ellos (25,00%) no fueronsuministrados. Al respecto, se verificó que los mismos seprodujeron en un período en que la unidad de archivo nose encontraba operativa y adicionalmente no se activaronmecanismos de control que permitieran salvaguardar lainformación documental. En relación con tales omisiones,las NGCI pautan en su artículo 23, que todas las transaccionesy operaciones financieras, presupuestarias yadministrativas deben estar respaldadas con la suficientedocumentación justificativa, y deberán tomarse las medidasnecesarias para salvaguardar y proteger los documentos delos distintos riesgos a los cuales están sometidos, limitandolos hechos descritos, el que puedan efectuarse las tareasdestinadas a la supervisión y al control posterior de lasoperaciones y transacciones relacionadas con las ventasinternacionales de crudos.No se evidenció la conformación de expedientes parasustentar el proceso administrativo, correspondiente a unode los convenios de suministro internacional de crudoscon una refinería, inobservando las previsiones que en estesentido disponen las NGCI en el artículo 23, respecto a ladocumentación justificativa de las operaciones financieras,presupuestarias y administrativas. De tales entregas,según las evidencias (sólo 47 facturas entregadas) no seformó expediente porque las mismas se realizaron travésde una tubería (oleoducto) que comunica los tanques dePDVSA Petróleo, S.A., con los tanques que surten larefinería bajo el citado convenio, sin que se efectuaranlos controles internos referidos a la documentación técnicagenerada en el proceso y se tomaran las previsionesadministrativas correspondientes, lo que trae como consecuenciaque los órganos de supervisión y vigilanciapresenten dificultades para realizar una efectiva labor desupervisión, control y seguimiento del referido proceso deventas internacionales.Los convenios de suministro de crudos firmados conlas empresas internacionales, en el denominado procesode integración vertical, contemplan para el cálculo de los154

Administración Nacional DescentralizadaSector Industria, Producción y Comercioprecios finales de los cargamentos de crudo, fórmulas yprocedimientos que involucran la aplicación de descuentosy rebajas en la valoración, que dan como resultado unprecio final inferior al que puede obtenerse en el mercado.Al respecto, el manual políticas comerciales de PDVSAPetróleo, S.A., expresa que es misión de la empresa, maximizarlos ingresos aprovechando entre otros escenarios,las oportunidades y fortalezas comerciales, dentro decriterios de excelencia y ética para sus clientes y empresasrelacionadas. Así mismo, en el capítulo IV, punto 14, enlo referente a la fijación de precios cotizados para crudosy productos, establece que estos son valores de referenciaque se aplican a las ventas de exportación tomando enconsideración estrategias de Estado, condiciones demercadeo y niveles de precios representativos que rigenlos distintos mercados, y que además serán constantementerevisados. Los hechos descritos tienen su origenen que la empresa no ha establecido los mecanismos decontrol interno que permitan revisar, evaluar y analizarlas condiciones y modalidades de contratación de talesconvenios para proceder a la transformación y adecuaciónde los mismos a fin de corregir las distorsiones yfluctuaciones que inciden en la diferencia en los preciosfinales de venta, lo que puede causar la disminución delos ingresos por ventas, así como la pérdida de mejoresoportunidades para la colocación de los crudos al exterior,a través de la penetración y posicionamiento hacianuevos clientes y mercados.ConclusionesSe observaron debilidades de control interno, relacionadascon la organización, el mantenimiento de normasy estructuras de carácter provisional para la ejecuciónde procesos y actividades medulares, así como con laactivación de los mecanismos para la conformación delos expedientes de ventas, justificación y salvaguarda dela información documental y en la revisión, actualizacióny adecuación de las condiciones y modalidades para lascontrataciones y convenios.RecomendacionesLa Junta Directiva de PDVSA Petróleo, S.A. debe:• Instruir a las dependencias competentes de la empresa,al inicio de las acciones para la inmediata revisión delos convenios de suministro internacional de crudos,con el fin de adecuarlos a las actuales realidades delmercado internacional, revisar y ajustar las fórmulasy procedimientos que involucran la aplicación dedescuento por costos aplicables y rebajas, a fin decorregir las distorsiones y fluctuaciones que incidennegativamente en los precios finales de venta de losmismos, así como establecer los mecanismos específicosde control de tales operaciones a fin de promovery facilitar la supervisión de los niveles competentes yde los órganos de control fiscal interno y externo.• Dictar las políticas y normas de control interno, parala adecuación y actualización de la estructura organizativa,así como los manuales de normas, procesos yprocedimientos, con el fin de dotar a esa instituciónde un sistema normativo seguro y confiable, para facilitarla instrumentación de los mecanismos de controlinterno disminuyendo el grado de discrecionalidad yprovisionalidad para la realización de los procesosadministrativos relacionados con la comercializacióninternacional de crudos y para el cumplimiento de losobjetivos y fines de esa empresa.La Dirección Ejecutiva de Comercio y Suministro dePDVSA Petróleo, S.A. debe:• Girar las instrucciones pertinentes a las dependenciasa su cargo en relación con la conformación de losexpedientes, para garantizar que las transacciones yoperaciones financieras, presupuestarias y administrativasbajo su responsabilidad, deben respaldarse consuficiente documentación justificativa con la finalidadde que permita verificar objetivamente la totalidad delproceso, facilitar su oportuna localización y asegurarun mejor control de tales expedientes.• Iniciar de manera expedita la revisión y actualizaciónde las normas, manuales y procedimientos internosde esa Dirección Ejecutiva a fin de someterlos enbreve tiempo a la consideración y aprobación de lasmáximas autoridades, con el objeto de conformar demanera unificada las normas y procedimientos de recepción,clasificación, control, archivo y custodia de ladocumentación, relacionada con la comercialización155

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007internacional de crudo, así como para la selección,inscripción y actualización periódica del registro delos clientes para ventas de exportación.• Implementar las medidas de control interno necesariaspara salvaguardar y proteger los documentos, con lafinalidad de garantizar la autenticidad, integridad e inalterabilidadde la información documental generadaen los procesos de ventas internacionales de crudo, afin de que puedan efectuarse las tareas destinadas alcontrol posterior de las operaciones generales efectuadaspor esa administración.PDVSA PETRÓLEO, S.A.CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS EN CAMPO TÁCATAPDVSA Petróleo, S.A., es una empresa propiedad delEstado venezolano, filial de Petróleos de Venezuela, S.A.(PDVSA), constituida bajo el nombre de PDVSA Petróleo yGas, S.A., el 16-11-78, siendo modificada su denominaciónsocial a PDVSA Petróleo, S.A. en fecha 09-05-2001. Laúltima reforma estatutaria consta en documento de fecha19-12-2002.Su objeto social, consiste en realizar las actividadesde exploración, explotación, transporte, manufactura,refinación, almacenamiento, comercialización o cualquierotra actividad en materia de petróleo y demáshidrocarburos; adquirir y enajenar, por cuenta propia ode terceros, bienes muebles o inmuebles; emitir obligaciones;promover, como accionistas o no, otras sociedadesciviles o mercantiles y asociarse con personasnaturales o jurídicas, todo conforme a la Ley; fusionar,reestructurar o disolver empresas de su propiedad; otorgarcréditos, financiamiento, fianzas, avales o garantíasde cualquier tipo y en general, realizar todas aquellasoperaciones, contratos y actos comerciales que seannecesarios o convenientes para el cumplimiento delmencionado objeto.Dentro de la estructura organizativa de PDVSA Petróleo,S.A. se encuentran las divisiones de Exploración yProducción (E&P) Occidente y E&P Oriente; esta última, asu vez, está conformada por una Gerencia General y 2 Sub-Gerencias, encontrándose la Gerencia del Distrito Norte,adscrita a la Sub-Gerencia Operativa, quien desarrolla elProyecto “Desarrollo Campo Tácata”.El Campo Tácata se encuentra ubicado en los límitesde Anzoátegui y Monagas, al sur de Urica, y el desarrollodel mismo contemplaba en el corto y largo plazo, la incorporacióntemprana de gas libre, destinado a atender lademanda de ese combustible por el parque industrial delpaís. En febrero de 2003 se creó el Proyecto “DesarrolloCampo Tácata”, el cual contaba con un plan de desarrolloacelerado del área, que contemplaba la perforaciónde 45 pozos de desarrollo adicionales. En junio del año2003, la Gerencia de Infraestructura Tácata realizó larevisión del diseño y construcción de la línea de pruebade 12 pulgadas, cuya longitud alcanzaba a 27 kilómetros,para realizar las pruebas extendidas de los pozosTAG-16 y TAC-2X, la cual constituye la primera fase enel desarrollo del Campo Tácata, en donde se incorporóla construcción de 2 múltiples de producción/prueba,denominados TA-MP-1 y TA-MP-3, de 12 puestos cadauno. Ahora bien, para la construcción de la línea deprueba de 12 pulgadas de diámetro, se registró en elSistema, Aplicaciones y Productos (SAP) el RenglónN° 2002-28108262, orden interna N° 800000063444,con la denominación línea de prueba 12 pulgadas nuevocorredor Tac, cuyo monto alcanzó la cantidad de Bs.5.287,67 millones.Alcance y objetivos de la actuaciónLa actuación se circunscribió a la evaluación de losprocedimientos aplicados por la División Oriente dePDVSA Petróleo, S.A., en la planificación y ejecucióndel Proyecto “Desarrollo Campo Tácata”, durante elperíodo comprendido entre el año 2003 y el 05-03-2007,principalmente en lo referido a la ejecución de la obraidentificada como línea de prueba de 12 pulgadas dediámetro entre el Campo Tácata y la estación de flujoSanta Bárbara. Estuvo dirigida a verificar la adecuadaaplicación de los procedimientos contenidos en los lineamientospara la Evaluación Económica del Portafoliode Inversiones (LEEPI), fundamentalmente los referidosa las fases de visualización y conceptualización, asícomo a verificar la efectiva ejecución de los recursos156

Administración Nacional DescentralizadaSector Industria, Producción y Comerciofinancieros asignados al referido proyecto. Para ello seefectuó la revisión y análisis de 3 contratos de un totalde 7, equivalente al 42,86%, cuyo monto alcanzó a Bs.2.970,42 millones, que representan el 56,18% del montototal contratado (Bs. 5.287,67 millones), considerandopara la selección los montos de los contratos.Observaciones relevantesLos “Lineamientos para la Evaluación Económica delPortafolio de Inversiones” (LEEPI), cuyo objetivo se enfocahacia el establecimiento, homologación y aplicaciónde las políticas, normas y criterios económicos para laevaluación de las propuestas de inversión, e incluye lasGuías de Gerencia de Proyectos de Inversión de Capital(GGPIC), no habían sido aprobados por las máximasautoridades de PDVSA Petróleo, S.A., aún cuando en lasdisposiciones generales se establece su uso obligatorio,para la evaluación de los proyectos de inversión de laindustria petrolera. Al respecto, el artículo 22 de lasNormas Generales de Control Interno (NGCI), GacetaOficial Nº 36.229 del 17-06-97, establece que los manualestécnicos y de procedimientos deben ser aprobadospor las máximas autoridades. La referida situación esoriginada por la ausencia de efectivos mecanismos decontrol interno que alerten a las máximas autoridadessobre este tipo de desviaciones, lo cual resta legalidadal referido instrumento, al no cumplir con la formalidadde aprobación establecida en la normativa.La Gerencia del Distrito Norte de la empresa PDVSAPetróleo, S.A. no contaba con los documentos soportesdonde se expresaran claramente los objetivos y propósitosque perseguía el proyecto original Desarrollo del CampoTácata; estimado de costos; factibilidad técnica/económicay los documentos soportes de decisión, que avalaran lasdecisiones y aprobaciones del proyecto en sus diferentesfases, entre otros soportes; en ese sentido, el literal a) delartículo 23 de las NGCI, señala que todas las transaccionesdeben estar suficientemente respaldadas, y que losdocumentos deben archivarse cronológicamente o bajosistemas de archivo que faciliten su oportuna localización;asimismo, deben conservarse en el tiempo estipuladolegalmente. Por otra parte, aún cuando los LEEPI, no seencontraban formalmente aprobados, en el punto 3, se indicaque las GGPIC, se aplicaran como de uso obligatoriopara todos los proyectos de inversión. Luego, en el punto3.1. se indica, que: un proyecto se divide en 5 fases y quecada fase concluye con el documentos soportes de decisión,el cual varía de acuerdo a la fase en la cual se encuentra elproyecto. Asimismo, señala que cada documento soportede decisión debe contener: un estimado de costos y unplan de ejecución de todo el proyecto, el plan detallado, elestimado clase II y los recursos necesarios para ejecutarla fase siguiente. El hecho señalado tiene su origen en laausencia de mecanismos de control y seguimiento en elresguardo de los referidos documentos; en consecuencia,ello limita tanto a los administradores como a los órganosde control fiscal, a los efectos de la adecuada evaluacióndel proyecto inicial y verificación del propósito para el cualfue concebido el proyecto en mención.De la revisión y análisis efectuado a las valuacionespresentadas por 3 empresas, se determinó que del totalejecutado por Bs. 2.970,42 millones, fueron registradosBs. 656,78 millones a la orden interna N° 800000067638,denominada “Completación Línea de 12 pulgadas CampoTácata”, que representa el 22,11% del monto total, asociadaal renglón presupuestario N° 2004-28908201 Desarrollodel Proyecto Tácata, en tanto que el monto restante por Bs.2.313,64 millones, que representa el 77,89%, se registróa la orden interna N° 800000063444, denominada Líneade Prueba 12 pulgadas Nuevo Corredor Tácata, asociadaal renglón presupuestario N° 2002-28108262 – “Construcciónde Nuevo Corredor de Tubería Tacata”, observándoseal respecto, que en documento de fecha 16-02-2007, se indicó la orden interna N° 800000063444,como orden ejecutora del proyecto. En este sentido, elliteral b) del artículo 3 de las NGCI, establece como unode los objetivos del control interno de cada organismo,el garantizar la exactitud, cabalidad, veracidad y oportunidadde la información presupuestaria, financiera,administrativa y técnica. Adicionalmente, el Manualde Procedimientos Control de Gestión del Presupuestoy Desembolsos de PDVSA, describe los pasos a realizarpara el seguimiento y control de la ejecución presupuestaria,a través del SAP; situación originada por deficienciasen los mecanismos de control y manejo de información,157

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007así como carencia de una efectiva supervisión por partede las Gerencias y Departamentos de las OrganizacionesEjecutoras de Proyectos de Infraestructura (OEPI), porcuanto son los responsables de la ejecución y control de lospresupuestos inherentes a su gestión, de acuerdo al citadomanual, así como a la ausencia de verificación de los datosregistrados en el SAP, lo cual incide de manera negativaen la toma de decisiones respecto a la información que segenera de la ejecución del proyecto, por cuanto las mismasse toman con base en información no confiable; además,dificulta las labores de control que le competen ejercer alos órganos de control fiscal.ConclusionesDe la evaluación efectuada al proyecto “Desarrollodel Campo Tácata”, se observaron debilidades de controlinterno relacionadas con la aplicación de los lineamientospara la evaluación económica del portafolio de inversiones,por cuanto los mismos no se encontraban aprobados por lamáxima autoridad de PDVSA Petróleo, S.A.; no obstanteque dichos lineamientos contemplan las GGPIC, que hansido aplicadas en la industria petrolera para llevar a cabosus proyectos; asimismo, no se evidenciaron los documentossoportes de decisión, que apoyaran las decisionesinherentes al citado proyecto. En cuanto a la ejecución delos recursos, se determinaron diferencias en el número delas órdenes internas realmente afectadas en la asignación yejecución de recursos a nivel del SAP y las órdenes internasinformadas por la Gerencia General de Exploración yProducción, División Oriente, lo cual genera informaciónno confiable para la toma de decisiones.Recomendaciones• Las instancias correspondientes deben crear efectivosmecanismos de control interno, que permitan sometercontinuamente a la Junta Directiva de PDVSA Petróleo,S.A., la aprobación de distintos instrumentos normativosy de procedimientos, entre otros, los LEEPI,a los fines de dar formalidad y legalidad a los mismos,en la aplicación de los proyectos de inversión de laindustria petrolera.• La Gerencia del Distrito Norte debe emprender accio-nes inmediatas que conlleven a implementar mecanismosadecuados de control que permitan mantener losdocumentos que respalden los proyectos ejecutados,los cuales deben conformarse y resguardarse en expedientesdestinados para tales fines; igualmente, debedelimitar las áreas responsables del resguardo de ladocumentación e información de los proyectos, enaras de proteger los documentos soportes de todas lastransacciones inherentes a cada caso en particular, desdesu origen hasta la culminación de los mismos.• Las dependencias responsables de la ejecución y controlde los presupuestos en el SAP deben formular eimplantar efectivos mecanismos de comunicación quegeneren información sincera para la toma de decisiones;así como dispositivos de revisión y supervisiónde los registros que se efectúen en cada proyecto quese lleve a cabo, con la finalidad de garantizar la exactitudy veracidad de la información presupuestaria,financiera y técnica.PDVSA PETRÓLEO, S.A.CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS EN LA REFINERÍAEL PALITOPDVSA Petróleo, S.A., es una empresa del Estado venezolano,filial de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA),cuyo objeto es realizar actividades de exploración, explotación,transporte, manufactura, refinación, almacenamiento,comercialización o cualquiera otra actividad en materiade petróleo y demás hidrocarburos, entre otros. Para elcumplimiento de su objeto social, cuenta a nivel nacionalcon 3 grandes complejos refinadores, a saber: Puerto LaCruz, Paraguaná y El Palito.La Refinería El Palito (REP) tiene por objeto la refinacióny comercialización de derivados del petróleo,principalmente para el mercado local. En el año 2006,esta refinería funcionó bajo la dirección de 13 gerenciasadministrativas, en donde la Gerencia Técnica de la REP,bajo la actuación de la Superintendencia de Ingeniería yProyectos, es la gerencia encargada de ejecutar el controly/o supervisión de las actividades de planificación y ejecucióndel proyecto adecuación de la planta de alquilaciónde la REP, a la Norma API 751.158

Administración Nacional DescentralizadaSector Industria, Producción y ComercioEl proyecto evaluado está dirigido a la protecciónambiental y contempla la instalación de un sistema demitigación de fugas masivas y desalojo rápido de ácidofluorhídrico (HF), a una localización segura en las instalacionesde la REP; se originó en el año 1992, cuando sepublicó la Norma API 751, por el Instituto Americano dePetróleo, que establece como recomendación, el uso dedeterminados sistemas a objeto de minimizar los riesgos defugas masivas de HF. Los recursos financieros empleadospor la REP en el citado proyecto, al ejercicio fiscal 2006,fueron por Bs. 15.237,00 millones.Alcance y objetivos de la actuaciónLa auditoría se circunscribió a la evaluación de losprocedimientos aplicados por PDVSA Petróleo, S.A., enla planificación y ejecución del proyecto adecuación de laplanta de alquilación de la Refinería El Palito, a la NormaAPI 751, durante el período del 01-01-98 al 23-04-2007.Tuvo como objetivos verificar el cumplimiento de losprocedimientos aplicados en las fases de visualización yconceptualización de los lineamientos para la EvaluaciónEconómica del Portafolio de Inversiones (LEEPI), en elreferido proyecto; evaluar el proceso de contratación parala ejecución del proyecto y verificar la efectiva ejecuciónde los recursos financieros asignados al mismo. A talesefectos, se revisó y analizó selectivamente una muestrade 7 expedientes de contratos suscritos por la REP, para laconstrucción de obras, suministro de bienes y prestaciónde servicios en la ejecución del proyecto, representativadel 77,77% del total de 9; se analizaron los reportes delSistema Aplicaciones y Productos (SAP); y se efectuó unainspección a las instalaciones y adyacencias a la planta dealquilación de la REP.Observaciones relevantesLa Gerencia Técnica de la REP, utiliza para la planificacióny ejecución de los proyectos de inversión, los lineamientospara la Evaluación Económica del Portafolio deInversiones (LEEPI) y las Guías de Gerencia de Proyectosde Inversión de Capital (GGPIC), sin embargo, tales instrumentosa la fecha 23-04-2007, no se encontraban aprobadospor las máximas autoridades de la empresa. Al respecto, enel artículo 22 de las Normas Generales de Control Interno(NGCI), Gaceta Oficial N° 36.229 del 17-06-97, se señalaque los manuales técnicos y de procedimientos deben seraprobados por las máximas autoridades jerárquicas de losorganismos y entidades. Lo expuesto tiene su origen en laausencia de efectivos mecanismos de control interno quealerten a las máximas autoridades sobre este tipo de desviaciones,lo cual resta legalidad a los referidos instrumentos,al no cumplir con la formalidad de aprobación establecidaen la normativa.No se localizaron ni fueron suministrados a esta ContraloríaGeneral, los documentos soportes de decisión(DSD) de las fases de visualización, conceptualización ydefinición del proyecto, ni el expediente de las evaluacionesoriginales de costos del proyecto; no obstante el literal a) delartículo 23 de las NGCI, señala que todas las transaccionesy operaciones financieras, presupuestarias y administrativas,deben estar respaldadas con suficiente documentaciónjustificativa, la cual debe contener información completa yexacta, archivarse en orden cronológico u otros sistemas dearchivo que faciliten su oportuna localización y conservarsedurante el tiempo estipulado legalmente. Aun cuando loscitados LEEPI y las GGPIC, no están formalmente aprobadaspor las máximas autoridades de la empresa, en el punto2.8 de las disposiciones generales de las LEEPI, se indicaque en todo proyecto, nuevo o en proceso, deben observarselas GGPIC; instrumento técnico que a su vez refiere quela ejecución de todo proyecto se realizará con base en 5fases o procesos, a saber: Visualización, conceptualización,definición, implantación y operación, las cuales en cadacaso, no podrán iniciarse sin antes obtener la aprobación delDSD correspondiente. La ausencia de documentos y datadel proyecto, se debe a fallas de control interno respecto ala adecuada preservación de la documentación y a la existenciade mecanismos de respaldo de la data e informaciónbásica de los proyectos y transacciones que adelanta, locual restringe la aplicación de controles y correctivos, asícomo la evaluación posterior del proyecto.En 6 de los 7 expedientes seleccionados y revisados(85,71%) se constató la aplicación del procedimiento excepcionalde adjudicación directa, cuyo acto motivado sefundamentó en el numeral 8 del artículo 88, previsto en la159

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007Ley de Licitaciones (LL), Gaceta Oficial Nº 5.556 Extraordinariode fecha 13-11-2001, referido a que se procederá poresa vía, si se trata de obras o bienes regulados por contratosresueltos o rescindidos y el retardo por la apertura de unnuevo procedimiento licitatorio pudieren resultar perjuiciospara el ente contratante; no obstante, se determinó mediantela revisión y análisis de la documentación del proceso, quea pesar de la situación extraordinaria invocada por las autoridades,los mencionados contratos fueron suscritos porla REP en fechas que comprenden desde 04-04-2005 al 31-12-2006, es decir, entre 8 y 16 meses después de la fecha deemisión del mencionado acto motivado (09-09-2004); tiempoque resultaba suficiente para realizar el procedimientocompetitivo de licitación selectiva previsto en el artículo 72de la LL, en virtud de que los montos de las contratacionesoscilaban entre 1.100 y 11.000 unidades tributarias (UT),conforme a su monto equivalente en UT (Valor de la UTpara el año 2005 de Bs. 29.400,00, según Gaceta Oficial N°38.116 del 27-01-2005). Este hecho refleja debilidades en elproceso de planificación de las inversiones de la REP, loque deriva en el incremento de los costos y la disminuciónde la eficacia en las operaciones administrativas.Los contratos analizados no reflejan en el texto del documentoprincipal ni en sus respectivos anexos, incluidos lospresupuestos de la obra, especificación alguna del montoa cancelar a la contratista por concepto de impuesto alvalor agregado (IVA), sin embargo, esto constituye partedel costo de las obras o servicios, según lo establecido enel artículo 27, numeral 3 de la Ley de Reforma Parcial dela Ley de Impuesto sobre la Renta (LISR), Gaceta OficialN° 5.566 Extraordinario del 28-12-2001. En concordancia,con lo previsto en el numeral 3 del artículo 3, de la Ley queestablece el Impuesto al Valor Agregado (LIVA), GacetaOficial N° 37.006 del 03-08-2000, la prestación de servicios(que incluye a los contratos de obra y servicios), constituyehecho imponible de la obligación de pagar el referido tributo.Tal situación se origina por debilidades en la aplicaciónde mecanismos de control previo por parte de PDVSAPetróleo, S.A., en materia de contrataciones, que le permitierancerciorarse del cumplimiento de todos los requisitosconforme lo prevé la normativa legal y sublegal aplicable,no siendo reflejado el monto ciertamente comprometidoen la operación, lo cual limita el ejercicio de una efectivaplanificación y control financiero por la empresa.En 6 de los expedientes revisados (85,71%) no se incluyóen los presupuestos de los respectivos contratos, la partida“variaciones de precios”; no obstante, se determinarondiferencias que oscilan entre 11,93% y 95,45%, respectodel monto inicial pactado en los contratos suscritos y losmontos pagados a las contratistas. En los artículos 15 al17 de las NGCI, se prevé que la planificación ha de seruna función institucional y permanente, en la que debenestablecerse mecanismos para ejercer el control de su cumplimiento.Así, el artículo 62 de las Condiciones Generalesde Contratación para la Ejecución de Obras (Gaceta OficialN° 5.096 Extraordinario del 16-09-96), señala que el presupuestode la obra, que forma parte del contrato, deberáincluir una partida denominada “variaciones de precios”,por un monto prudencialmente estimado por el ente contratante.Es de resaltar, que el aparte primero del artículo1, de las referidas Condiciones Generales, se les instruyea los Institutos Autónomos y Empresas del Estado, paraque elaboren sus normas de contratación en concordanciacon las citadas normas; asimismo, en el numeral 4.11.13,literal h, del Manual de Normas de Control Interno sobreun Modelo Genérico de la Administración Central y DescentralizadaFuncionalmente (Gaceta Oficial N° 38.282del 28-09-2005), se indican los documentos mínimos quedebe contener un contrato, entre los cuales se indica lasCondiciones Generales de Contratación para la ejecuciónde obras. La referida situación refleja debilidades en laplanificación y elaboración de instrumentos contractuales,así como en los mecanismos de control y supervisión.En este sentido, al no tomarse previsiones con respecto aeventuales variaciones en los montos de los contratos, seefectúan erogaciones no previstas por la empresa, las cualesimpactan en los resultados económico-financieros de lagestión, y por ende, en el cumplimiento de los objetivos ymetas planteadas.Los reportes del sistema SAP, correspondientes al ejerciciopresupuestario 2003, reflejaron una ejecución presupuestariadel proyecto con saldo negativo por Bs. 19,00millones; situación contraria a la naturaleza de la cuenta,por cuanto en la aplicación o ejecución de recursos, sólo160

Administración Nacional DescentralizadaSector Industria, Producción y Comercioson admisibles numéricamente resultados de ejecuciónmayores o iguales a cero. Al respecto, el artículo 12 de laLey Orgánica de Planificación (LOP), Gaceta Oficial Nº5.554 Extraordinario del 13-11-2001, en concordancia conlos artículos 16 y 17 de las NGCI, sostienen que la planificaciónes una actividad permanente y perfectible, por loque deben evaluarse sus resultados, controlar socialmentesu desarrollo, hacerle seguimiento a la trayectoria, medir elimpacto de sus acciones y simultáneamente incorporar losajustes que sean necesarios. De igual modo, los artículos 2,3 y 6 de las NGCI, señalan el deber que tienen las máximasautoridades jerárquicas de los entes que conforman la administraciónpública, de establecer y aplicar mecanismosde control interno, a los fines de garantizar la exactitud,cabalidad, veracidad y oportunidad de la informaciónpresupuestaria, financiera, administrativa y técnica. El nocontar con información presupuestaria y financiera claray objetiva relacionada con la planificación y ejecución delproyecto, así como, carecer de mecanismos de control y seguimientoidóneo en las áreas de planificación y ejecuciónde los recursos asignados al citado proyecto, trajo comoconsecuencia, la deficiente aplicación de los recursos asignadossin la conclusión definitiva del citado proyecto.De la inspección realizada el 23-04-2007, a las instalacionesy adyacencias a la planta de alquilación de la REP,en donde se localizaban obras, maquinarias y equipos correspondientesa la ejecución del proyecto, así como de larevisión y análisis de documentación soporte del proyecto,se constató que el avance físico y financiero porcentualdel proyecto era de 95,00% y 66,91%, respectivamente;no obstante, que la fecha inicial prevista por la REP parala culminación de los trabajos era el 31-12-2002, lo querepresenta un retraso superior a 4 años para la culminacióndel proyecto, no obstante lo previsto en los artículo 12 dela LOP, y 15 al 17 de las NGCI, que establecen que la planificacióndebe ser una actividad institucional permanente,en la cual deben evaluarse periódicamente sus resultados,controlar socialmente su desarrollo, hacerle seguimiento asu trayectoria y, simultáneamente, incorporar los mecanismoso ajustes para ejercer el control de su cumplimiento.Lo expuesto confirma las debilidades en la planificación ycontrol, antes esbozadas en la ejecución del proyecto. Eneste sentido, al no contar la REP con un sistema de mitigaciónde fugas masivas de HF y/o hidrocarburos livianos enla unidad de alquilación, se ve limitado el procedimientopara practicar el desalojo rápido y seguro del inventariode HF que circula en dicha planta, en caso de eventos nodeseados que incluyan fugas de ácidos; lo que representaun riesgo real de graves daños a los trabajadores y a lasinstalaciones de la planta, así como de consecuencias catastróficasal medio ambiente circunvecino o aledaño a larefinería (Puerto Cabello, El Palito y Morón).ConclusionesExisten fallas de control interno en la aplicación delos LEEPI y las GGPIC, inherentes a la ejecución de losproyectos, por cuanto los mismos para el 23-04-2007,no se encontraban aprobados por la máxima autoridad;además, los DSD de las fases de visualización, conceptualizacióny definición del proyecto, no se evidenciaron.Se inobservaron las disposiciones legales de la LL, asícomo la normativa interna de PDVSA, Petróleo, S.A.,en la aplicación de los procedimientos para la selecciónde los contratistas. La ejecución presupuestaria de losrecursos asignados al proyecto, reflejó saldo negativo;y un avance físico y financiero de éste, en un 95,00% y66,91%, respectivamente.Recomendaciones• La Junta Directiva de PDVSA Petróleo, S.A. debe:– Instruir a las diferentes dependencias de la empresa,a los efectos de crear efectivos mecanismos de controlinterno, que permitan someter continuamente ala máxima autoridad de la empresa, la aprobaciónde instrumentos normativos y de procedimientosinternos, tal como los LEEPI, a los fines de darformalidad y legalidad a los mismos, en la aplicaciónde los proyectos de inversión de la industriapetrolera.– Dar directrices a las instancias correspondientes dela REP, a los fines de que se formulen e implantenmecanismos adecuados de planificación delas inversiones, que permitan ejecutar de maneraprogramada los procedimientos pertinentes para laselección de contratistas.161

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007• La Gerencia Técnica debe emprender acciones inmediatasque permitan implementar mecanismosadecuados de control y seguimiento en el manejoadministrativo de la documentación y en la conformaciónde expedientes de los proyectos ejecutados;asimismo, debe delimitar las áreas responsables delresguardo de la documentación de los proyectos.• La Gerencia de Contrataciones debe formular e implantarefectivos mecanismos de control previo enmateria de contrataciones, así como de supervisióny seguimiento a los procesos, que le permitan a laempresa cerciorarse del cumplimiento de todos losrequisitos para la contratación, conforme lo prevé lanormativa legal y sublegal aplicable.• La Gerencia de Finanzas debe Implantar de maneraperentoria, adecuados mecanismos de supervisión yseguimiento a los procesos de asignación y ejecuciónde los recursos presupuestarios y financieros de losproyectos adelantados por la empresa, así como a laejecución física de los mismos, que permitan evaluar periódicamentelos resultados obtenidos, detectar posiblesdesviaciones y aplicar los correctivos necesarios.PDVSA PETRÓLEO, S.A.CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EN MATERIADE MANTENIMIENTOPDVSA Petróleo, S.A. es una empresa del Estadovenezolano filial de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDV-SA), constituida inicialmente bajo el nombre de PDVSAPetróleo y Gas, S.A., en fecha 16-11-1978, siendo modificadasu denominación social a PDVSA Petróleo, S.A.en fecha 09-05-2001. En las actividades de refinación dehidrocarburos, la empresa cuenta a nivel nacional con3 complejos refinadores: Puerto La Cruz, Paraguaná yEl Palito.La Refinería El Palito (REP) tiene por objeto la refinacióny comercialización de derivados del petróleo,principalmente para el mercado local. La capacidadde refinación de la REP es de 140 mil barriles diarios(MBD). Durante el año 2006, la REP funcionó bajo ladirección 13 gerencias administrativas, 1 Sub-Gerencia,y 1 Gerencia General.El presupuesto de operaciones revisado de la REP, presentóasignaciones conforme a lo siguiente: año 2002, Bs.97.142,00 millones; 2003, Bs. 94.337,00 millones; 2004,Bs. 164.394,00 millones, y; 2005, Bs. 198.529,00 millones.Asimismo, evidenció ejecuciones por Bs. 107.315,00millones; Bs. 69.012,00 millones; Bs.221.868,00 millonesy Bs. 207.032,00 millones, respectivamente para el mismoperíodo; montos éstos dentro de los que se incluyen lascorrespondientes asignaciones y ejecuciones presupuestariasrelacionadas con los gastos en mantenimiento de lasplantas y equipos.Alcance y objetivo de la actuaciónLa actuación estuvo dirigida a la evaluación del cumplimientode la normativa en materia de mantenimientode plantas y equipos por parte de PDVSA Petróleo, S.A.,específicamente las relacionadas a las actividades de refinación,llevadas a cabo en las instalaciones de la REP duranteel año 2002 al primer semestre de 2006. En ese sentido,se verificó que PDVSA Petróleo, S.A., asignara recursospresupuestarios, económicos y financieros a las actividadesde mantenimiento y reparación de plantas y equipos en laREP, así como su adecuada utilización, que las instalacionesdestinadas a la refinación de crudos presentaran adecuadosniveles de mantenimiento, así como contaran conmanuales de normas y procedimientos de mantenimientode los equipos y que estos sean de conocimiento y de usoobligatorio por el personal operativo. A tales efectos, serevisó la normativa legal y sublegal aplicable en el áreade mantenimiento de instalaciones y equipos, manualesde normas y procedimientos, documentos técnicos relacionadoscon las plantas y equipos, información relativa alas paradas de plantas; adicionalmente, se seleccionó unamuestra de plantas y equipos en atención a su criticidadpara realizar una inspección.Observaciones relevantesLos registros de ejecución presupuestaria relacionadoscon la Parada de Planta de Conversión y Tratamientorealizada en el período 2003-2004, reflejaron aplicacionespresupuestarias por Bs. 51.198,00 millones, imputados soloa la unidad de Alquilación, conforme cifras reflejadas en162

Administración Nacional DescentralizadaSector Industria, Producción y Comerciodocumento denominado “Planificación Financiera de losPlanes, Programas y Proyectos de Mantenimiento de laREP año 2003”; no obstante, de la revisión al “Informede Parada de Planta 2003-2004” emitido por la Superintendenciade Parada de Planta y al Informe de AuditoríaInterna de julio 2004, se evidenció la ejecución de trabajosde mantenimiento en otras unidades de la Planta deConversión y Tratamiento, tales como Craqueo Catalítico(FCC), Merox, Aminas y Aguas Ácidas, entre otras, porBs. 51.363,67 millones, Asimismo, los registros presupuestariosrelacionados a la ejecución de la mencionada paradade planta, incluidos en el “Informe de Parada de Planta2003-2004”, evidenciaron errores en la sumatoria de lascategorías labor, contratos y materiales, que resultaron enla presentación de Bs. 48.058,00 millones, siendo que elcorrecto era de Bs. 51.363,67 millones, lo que representauna diferencia en los registros de Bs. 3.305,67 millones.Al respecto, los artículos 2, 3 y 6 de las Normas Generalesde Control Interno (NGCI), Gaceta Oficial N° 36.229del 17-06-1997, señalan el deber que tienen las máximasautoridades jerárquicas de los organismos y entes que conformanla administración pública, de establecer y aplicarmecanismos de control interno, a los fines de garantizarla exactitud, cabalidad, veracidad y oportunidad de lainformación presupuestaria, financiera, administrativa ytécnica; y, en este sentido, dado que los presupuestos seconsideran instrumentos de la planificación, el no contarcon información que refleje ciertamente las aplicacionesde recursos, restringe el ejercicio de un efectivo control dela gestión por las máximas autoridades de la REP y limitael accionar de los órganos de control fiscal.A junio de 2006, no se encontraba activo el programade mantenimiento preventivo (Módulo PM), contenidoen el Sistema de Aplicaciones y Productos (SAP); siendoque los registros de información atinentes a la planificacióndel mantenimiento preventivo de la maquinarias yequipos de la REP, eran llevados de manera manual porel personal de la Superintendencia de MantenimientoPreventivo, lo cual denota debilidades en los sistemas decontrol interno empleados por el complejo refinador, enatención al contenido del artículo 3 de las NGCI, el cualseñala que cada entidad debe organizar su metodología decontrol con arreglo a garantizar la exactitud, cabalidad yveracidad de su información administrativa, presupuestariay técnica. En este sentido, la aplicación de un mecanismotipo manual, no exento de errores humanos para llevar elcontrol de actividades sensibles e importantes como elmantenimiento preventivo en una instalación altamentecompleja, no garantiza la exactitud, cabalidad y veracidadde la información.De las inspecciones realizadas en fechas 30-05-2006 y01-06-2006 a las instalaciones de la Planta de Conversióny Tratamiento, se observó: emisión de chispas en la zonade los alabes del expansor del tren recuperador de potencia(TRP) de la unidad de FCC; un manómetro dañado; corrosiónexterna en las tuberías y fuga de aceite de lubricaciónen el mecanismo del acople del compresor de gas húmedoN° G-6223, ausencia de aislamiento térmico en la tuberíade la turbina N° G-6810BT de la unidad de Alquilación,corrosión externa en las tuberías de las bombas Nros.G-6803B y G-6807. Al respecto, el artículo 19 de la LeyOrgánica de Hidrocarburos (Gaceta Oficial N° 37.323 defecha 13-11-2001), señala el deber de quienes realicen actividadesde extracción, explotación, transporte, refinación,industrialización, almacenamiento, comercialización yconservación de los hidrocarburos, de realizarlas conformea las mejores prácticas, científicas y técnicas disponiblessobre seguridad e higiene y protección ambiental; en esesentido, los lineamientos y mejores prácticas, contenidas enlos puntos 2 y 3 del Manual de Proceso de Mantenimientode Rutina, identificado con el N° MR-02-16-02, titulado“Actividades de Mantenimiento Preventivo”, establecencomo tareas y actividades de mantenimiento preventivo,la lubricación, cambios de aceite, inspecciones, ajustes,calibración, limpieza, protección de corrosión y prueba defuncionamiento, las cuales deben realizarse, a objeto deprevenir fallas prematuras y extender el ciclo de vida de losactivos de las instalaciones, es de resaltar de no realizarsede manera inmediata la reparación de las fallas en la zonade los alabes, conllevaría a graves daños al mencionadoequipo, lo que a su vez, provocaría una parada de emergenciaen la unidad de FCC; asimismo, la falta de lubricaciónen el mecanismo de acople del compresor de gas húmedo,genera fricciones en los componentes internos, altas temperaturasy vibraciones que ocasionan daños a los diferenteselementos e igualmente conduciría a la paralización de la163

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007mencionada unidad. Similar consideración debe tenersecon la presencia de corrosión externa en las tuberías, situaciónque potencia los riesgos de fugas de gases o líquidos,que producirían daños al ambiente y a personas.En la inspección realizada el 31-05-2006 a las instalacionesde la planta de Destilación y Especialidades, seevidenció que los tubulares del intercambiador de calor E-2001 se encontraban dañados, razón por la cual la unidad deReformación Catalítica (PTR) estaba fuera de servicio, eninobservancia al contenido del artículo 9° de la Ley SobreConservación y Mantenimiento de Obras e InstalacionesPúblicas (Gaceta Oficial N° 33.257 del 03-07-1985), queestablece: los organismos sujetos a la presente Ley, tendrána su cargo y bajo su inmediata responsabilidad lasgestiones permanentes de conservación y mantenimientode las obras, edificaciones, equipos y demás instalaciones obienes a ellos adscritos o que le sean propios, tal situaciónse originó debido a debilidades de los sistemas de mantenibilidadde la maquinaria y equipos de la refinería, lo queocasionó que desde el momento del accidente a la citadafecha, no se produjera nafta reformada e hidrógeno (H2),insumo básico para la elaboración de gasolinas, además deafectar la producción de benceno, tolueno y xileno, en launidad de BTX (benceno, toluenos y xileno), por cuanto esaplanta debió operar con nafta reformada proveniente de laRefinería Puerto La Cruz, con el consiguiente incrementoen los costos de operación. Adicionalmente, se tienen losefectos de los costos ocasionados por la corrosión en losequipos e instalaciones pertenecientes a la unidad de PTR,así como, el impacto que ocasiona a la unidad de Oxigenado,por la compra de H2 y al aumento de los riesgosasociados al manejo de hidrógeno.De la revisión efectuada al Informe de Auditoría de julio2004, denominado Parada de Planta Conversión y Tratamiento2003/2004, elaborado por la Gerencia Corporativade Auditoría Interna de PDVSA, se constató que a partir defebrero de 2004, las tuberías de la unidad de Alquilacióncomenzaron a presentar fugas de ácido fluorhídrico (HF)e isobutano, como consecuencia de la presencia de porosen el material de aporte (fundente) y fisuras en las juntassoldadas a filete para tuberías de diámetros menores a 3pulgadas; además se localizaron agrietamientos en laszonas que fueron afectadas por el calor producido por elprocedimiento de soldadura utilizado en las juntas soldadasa tope para las tuberías de diámetros mayores o iguales a3 pulgadas; todo ello, debido a que durante la parada deplanta de la unidad de Alquilación realizada durante el período2003-2004, se utilizó para la soldadura de materialesdisímiles (monel-acero al carbono); el procedimiento “WPSP1 a P42 Para Acero al Carbono con Monel en Soldadurade Tope”, desarrollado por la Sociedad Americana deSoldadura (AWS siglas en ingles), utilizado para soldaraceros al carbono con monel, el cual consistió en aplicarpara las juntas de las tuberías de diámetros menores a 3pulgadas material de aporte identificado como Monel AWSER-NiCu-7 al 100% de la unión soldada y para las juntasde tuberías mayores o iguales a 3 pulgadas la aplicacióndenominada Monel ER-NiCu-7 al pase de raíz, rellenandocon acero al carbono AWS E-7018, procedimiento queno esta permitido ejecutar en unidades de servicio quemanejen HF tal y como se especifica en el memorándumde fecha 10-06-2002, “Recomendaciones de Soldadura enServicio de HF plantas de Alquilación CRP”, emitido porIngeniería de Confiabilidad e Inspección y Corrosión delComplejo Refinador Paraguaná (CRP), que está referidoa la homologación de las mejores prácticas. Así, entre lascausas que produjeron las fallas de las mencionadas juntas,se tiene la utilización de un inadecuado procedimientode soldadura. Al respecto, el artículo 19 del Decreto conFuerza de Ley Orgánica de Hidrocarburos, señala que laspersonas que realicen las actividades a las cuales se refiereeste Decreto Ley, deberán hacerlo en forma continua yeficiente, conforme a las normas aplicables y a las mejoresprácticas científicas y técnicas disponibles sobre seguridade higiene, protección ambiental, entre otras, más aún cuandose refiere a plantas de tecnología similar desarrolladapor la empresa Universal Oil Products (UOP). En ese sentido,se tiene que las fugas de HF e isobutano representanun riesgo real para el medio ambiente y los trabajadores,además de acarrear la disminución de la producción hastala paralización total de la planta, para efectuar mantenimientocorrectivo por 44 días, situación corroborada porlos informes “Trabajos Especiales de Reparación estado al30 de mayo” y “Arranque de la unidad después de realizartrabajos especiales de reparación, Refinería El Palito unidadde Alquilación”. Es importante destacar, que de la revisión164

Administración Nacional DescentralizadaSector Industria, Producción y Comercioy análisis efectuado por este Organismo Contralor a losinformes antes citados, así como a la capacidad instaladadiaria de la unidad de Alquilación y a la producciónmensual real de la REP, se determinó una pérdida pordiferimiento de producción de la mencionada unidad porBs. 176.275,17 millones y, adicionalmente, se generó ungasto extraordinario en reparaciones por Bs. 9.556,62millones, según el reporte de Planificación Financierade los Planes, Programas y Proyectos de Mantenimientode la REP para el año 2004, lo que resulta un total deBs. 185.831,79 millones, vinculado con la ejecución deinadecuados procedimientos de trabajo, tales como lasprácticas de soldaduras mencionadas.De la inspección efectuada a la unidad de BTX de laplanta Destilación y Especialidades, se constató que elequipo denominado cromatógrafo de benceno en ambienteidentificado con el código 41AT-005, cuya funciónes detectar y alertar sobre la presencia de benceno en elambiente por posibles fugas en la planta y así garantizar laprotección adecuada de las instalaciones y de los trabajadoresque en ella laboran, se encontraba fuera de servicio.Situación que se presenta no obstante que PDVSA mantienecomo política corporativa, el control y minimización de losriesgos en las instalaciones. Al respecto, el artículo 783 delDecreto N° 1.564, por el cual se dicta la Reforma Parcialdel Reglamento de las Condiciones de Higiene y Seguridaden el Trabajo (Gaceta Oficial N° 1.631 Extraordinario del31-12-1973), señala: los edificios y estructuras que formenparte, o estén directamente relacionados con una fábricao establecimiento y todas las máquinas, instalacioneseléctricas, mecánicas y de cualquier otra índole, asícomo las herramientas y equipos, se mantendrán encondiciones seguras y buen funcionamiento. Se debeseñalar que desde la salida de servicio del citado equipoaño 2003 a junio de 2006, habían transcurrido al menos 3años sin que la planta contara con un equipo de análisis,detección y alarma de benceno en el ambiente, el cualresulta esencial para la segura ejecución de los procesospor cuanto en caso de presentarse fuga de bencenoen esta unidad y no contar con señales de detección yalarma temprana, acarrearía daños mayores a personas,instalaciones y al ambiente.Se aplicó una encuesta a 12 trabajadores adscritos a laGerencia de Mantenimiento, en la que se obtuvo comoresultado el desconocimiento por la totalidad de los encuestadosdel Manual Proceso de Mantenimiento de RutinaMantenimiento Correctivo (UCM SCM), así como de lasmejores prácticas para la aplicación del mantenimientocorrectivo señaladas en dicho manual; ahora bien, considerandoa los manuales de normas y procedimientos comoelementos esenciales del control interno, debe señalarseque su desconocimiento o inaplicabilidad constituyendebilidades que no permiten el efectivo funcionamientoy/o cumplimiento del mismo, así como de las operaciones,lo cual inobserva el contenido de los artículos 39 de laLey Orgánica de la Contraloría General de la República ydel Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF),Gaceta Oficial N° 37.347 del 17-12-2001, y 8 de las NGCI,que señalan el deber de máximas autoridades jerárquicasde cada organismo o entidad, así como de los gerentes y/oautoridades administrativas de cada sección o departamento,de vigilar el cumplimiento de los planes y políticassobre las actividades realizadas así como de establecer,mantener y perfeccionar el sistema de control interno, y engeneral vigilar su efectivo funcionamiento, esta situaciónobedece a la innumerable cantidad de normas contenidas enel SAP de PDVSA, y a lo inaccesible de esta informacióna gran parte del personal operario en razón del desconocimientodel manejo de dicho sistema; lo que aumenta asílos riesgos de incurrir en prácticas indebidas y riesgosaspor desconocimiento en las labores de mantenimiento pordicho personal.ConclusionesDe la evaluación efectuada se evidenciaron diferenciasen los montos de ejecución, así como la sola imputaciónen los registros presupuestarios de Bs. 51.198,00millones, a la unidad de Alquilación, no obstante, serealizaron trabajos en otras unidades. De igual modo seconstataron diferencias por Bs. 3.305,67 millones, en lasumatoria de las categorías labor, contratos y materiales,que resultaron en la presentación de un monto de Bs.48.058,00 millones, siendo el correcto de Bs. 51.363,67millones.165

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007Se detectaron fallas de mantenimiento tales como:emisión de chispas en la zona de los alabes del expansor,corrosión externa en las tuberías y fuga de aceite de lubricaciónen el mecanismo del acople del compresor de gashúmedo y ausencia de aislamiento térmico. Asimismo severificó la inoperatividad del Módulo PM, contenido en elSAP, de la Unidad de PTR y del cromatógrafo de bencenoen ambiente. Aunado a ello, se constató la aplicación deun inapropiado procedimiento de soldadura en las tuberíasde la unidad de Alquilación durante la parada de planta2003-2004, y la posterior paralización de la planta por 44días para efectuar mantenimiento correctivo; lo que generóun gasto extraordinario en reparaciones más pérdida pordiferimiento de producción por monto que asciende a Bs.185.831,79 millones. Finalmente, se determinó el desconocimientodel Manual Proceso de Mantenimiento de RutinaMantenimiento Correctivo (UCM SCM), así como de lasmejores prácticas para la aplicación del mantenimientocorrectivo señaladas en dicho manual.RecomendacionesLa Junta Directiva de PDVSA Petróleo, S.A.y la GerenciaGeneral de la Refineria El Palito deben:• Diseñar y establecer mecanismos de control internoidóneos que garanticen que los recursos destinadosen inversión y a gastos de mantenimiento en la REP,se asignen y ejecuten de manera planificada, y seencausen a los fines y objetivos previstos.• Reactivar el Módulo PM, contenido en el SAP, aobjeto de garantizar la ejecución de una adecuadaplanificación, control y seguimiento de las actividadesde mantenimiento.• Implantar una gestión permanente de conservación ymantenimiento que incluya aspectos relacionados conla planificación, programación y control en la REP,además de la implementación de mecanismos efectivosde supervisión a las instalaciones y equipos quela conforman, a los fines de garantizar la operatividadde los mismos y la maximización de la vida útil dela maquinaria.• Iniciar las acciones tendentes a reparar y poner enfuncionamiento el intercambiador de calor N° E-2001, a objeto de reactivar la unidad de PTR, con lafinalidad de producir nuevamente nafta reformadae H2.• Implementar mecanismos de supervisión y controlque permitan constatar que los procedimientos demantenimiento correctivo preventivo y predictivoaplicados a las plantas y equipos, se ajusten a la normativavigente y a las mejores prácticas aprobadaspor la empresa para tales procedimientos; ello con elobjeto de minimizar los riesgos de ocurrencia de fallasen los equipos, así como garantizar la continuidadoperativa de los mismos.• Instalar y poner en funcionamiento, perentoriamente,el cromatógrafo de benceno en ambiente en launidad de BTX, a objeto de garantizar la protecciónadecuada a las instalaciones y los trabajadores queen ella laboran.• Implementar acciones dirigidas a hacer del conocimientoy uso habitual por parte del personal operarioy de mantenimiento, de los manuales de normas yprocedimientos contenidos en el SAP.PETROQUÍMICA DE VENEZUELA, S.A. (PEQUIVEN)ADQUISICIÓN DE BIENES; CONTRATACIÓNY EJECUCIÓN DE OBRASPetroquímica de Venezuela, S.A. (PEQUIVEN) es unaempresa del Estado venezolano, que tiene por objeto elejercicio de actividades vinculadas con la industria petroquímica,carboquímica, similares y afines, así como lacomercialización nacional e internacional de los productosde las referidas industrias. Actualmente, la orientación estratégicade la empresa, así como su prenombrada misión,visión y otros elementos, están siendo modificados pararesponder a las líneas generales del Estado, las cuales seinscriben en un modelo social de derecho, el cual priorizalo social y enfoca sobre su desarrollo económico, social,cultural y productivo, en beneficio de las comunidades(desarrollo endógeno).El Núcleo de Desarrollo Endógeno Campo IndustrialAna María Campos (NUDECIAMCA), se encuentra ubicadoen el municipio Miranda del estado Zulia (CostaOriental del Lago), específicamente en un lote de terrenode aproximadamente 20 hectáreas, dentro de la zona166

Administración Nacional DescentralizadaSector Industria, Producción y Comerciode seguridad y defensa del Complejo Petroquímico ElTablazo, adecuado y parcelado para la instalación de27 empresas de producción social (EPS). En cuanto alos planes y proyectos previstos a realizar en el NU-DECIAMCA, se tiene planteada en una primera fase, laconstrucción de 4 galpones de aproximadamente 1.250metros cuadrados (m2) cada uno, para ser utilizados enla instalación de 4 fábricas de transformación - aguasdebajo- de derivados de polímeros (jeringas, sacos derafia, tanques y paletas plásticas); lo que a su vez incluye,la provisión y dotación de servicios internos como son:iluminación, construcción de instalaciones sanitarias,de un área industrial para la transformación de polímeros,de un depósito y oficinas (mezanina), servicios deelectricidad, agua potable, sistemas contra incendio yde aguas servidas.Alcance y objetivo de la actuaciónLa actuación se circunscribió a la evaluación de lastransacciones efectuadas por PEQUIVEN, en la creación yfomento del NUDECIAMCA, con la finalidad de determinarla sinceridad y razonabilidad de los aportes otorgados ysu correcta ejecución, durante el período enero de 2005 aoctubre de 2006; todo ello, mediante el análisis de documentosy visitas de inspección, a una muestra selectivade las operaciones relacionadas con el otorgamiento yaplicación de los recursos, la selección y contratación delas empresas, la ejecución de la inversión y la operatividadde los bienes adquiridos.Observaciones relevantesLos contratos suscritos por PEQUIVEN con las contratistaspara la adquisición de bienes, ejecución de obras oprestación de servicios durante el desarrollo del proyectoNUDECIAMCA, fueron otorgados mediante adjudicacióndirecta, procedimiento excepcional previsto en la Ley deLicitaciones (Gaceta Oficial Nº 5.556 Extraordinariodel 13-11-2001), aún cuando los montos de dichas contratacionessuperaban las 11.000 unidades tributarias(UT) para la adquisición de bienes y las 25.000 UT enel caso de contratación de obras y servicios previstosen la mencionada Ley, siendo el valor de la UT para elaño 2006 de Bs. 33.600,00 (Gaceta Oficial N° 38.350de fecha 04-01-2006), por lo que dichas negociaciones,conforme al monto equivalente de las transacciones,encuadraban en los supuestos de aplicación del procedimientode licitación general, establecido en el artículo61, numerales 1 y 2 de la Ley de Licitaciones, que señala:que debe procederse por Licitación General o LicitaciónAnunciada Internacionalmente, en el caso de adquisiciónde bienes o contratación de servicios, si el contrato a serotorgado es por un monto estimado superior a 11.000UT, y en el caso de construcción de obras, si el contratoa ser otorgado es por un monto estimado o superior a25.000 UT. Lo que se origina por una serie de fallas vinculadascon la planificación y ejecución de la inversiónpor la empresa petroquímica, además de debilidades enlos sistemas de control administrativo y legal, los cualescarecen de mecanismos que les permitan detectar oportunamentelas desviaciones, y por ende acatar los principiosde economía, transparencia, igualdad, eficiencia, eficaciay prontitud, a cuyo cumplimiento están sujetas diversassociedades o empresas del estado.No se localizó ni fue suministrada la fianza de fielcumplimiento que debió suscribir una contratista, previoa la firma del contrato con PEQUIVEN, ni se evidenciaronen los comprobantes de pago emitidos a favor de ésta, lasretenciones que debió realizar la empresa estatal por eseconcepto. Asimismo, aun cuando 4 empresas, presentaronlas fianzas de fiel cumplimiento, las mismas fueron suscritasen fecha posteriores a la negociación de las citadascontratistas con la empresa petroquímica. Al respecto,se tiene que los artículos 36 y 38 numeral 3 de la LeyOrgánica de la Contraloría General de la República y delSistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), GacetaOficial N° 37.347 del 17-12-2001, establecen el deberde las máximas autoridades de los entes, de garantizarmediante el establecimiento y aplicación de mecanismosde control interno, que antes de proceder a la adquisiciónde bienes o servicios, o a la elaboración de otros contratosque impliquen compromisos financieros, los responsablesse aseguren que se hayan previsto las garantías necesariasy suficientes para responder por las obligaciones que ha deasumir el contratista, criterio este que se concatena con elnumeral 4.11.16 (sobre las fianzas) del Manual de Normas167

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007de Control Interno sobre un Modelo Genérico de la AdministraciónCentral y Descentralizada Funcionalmente(MNCIMGACDF), Gaceta Oficial N° 38.282 del 28-09-2005, que señala que la respectiva unidad administradoraserá responsable de verificar la presentación oportuna porparte de los contratistas, de la fianza de fiel cumplimientoestablecidas en el contrato. Tal situación se produce, principalmente,por debilidades en aplicación de adecuadosmecanismos de control previo por los niveles administrativosresponsables, a objeto de dar estricto cumplimiento ala normativa aplicable antes de proceder a la contrataciónpor PEQUIVEN; lo que resulta en la celebración de una negociaciónriesgosa para el patrimonio público, por cuantose contrató sin la previa obtención de garantías necesariaspara la celebración de la transacción.PEQUIVEN otorgó un anticipo a una empresa por Bs.657,54 millones, no obstante, no se localizó ni fue suministradaa este Organismo Contralor, la respectiva fianza deanticipo que debió suscribir la empresa contratista a satisfacciónde la empresa estatal. Aunado a ello, los conveniosde suministro suscritos entre PEQUIVEN y la contratista, nocontenían en el documento principal ni en los respectivosanexos, cláusula alguna que estipulara el otorgamiento deanticipos a las contratistas por la empresa petroquímica. Aeste respecto, el numeral 4.11.16 del MNCIMGACDF, enconcordancia con el artículo 38 numeral 3 de la LOCGR-SNCF, establece que la respectiva unidad administradoraserá responsable de verificar la presentación oportuna porparte de los contratistas, de las fianzas (de fiel cumplimientoo anticipo), establecidas en el contrato. Lo que refuerza loseñalado por este Órgano Superior de Control, en cuantoa que la empresa carece de mecanismos de control previoespecíficamente en materia de contrataciones, que permitanverificar el cumplimiento de los requisitos para garantizarla recuperación por parte de PEQUIVEN de los montos entregadoscomo anticipos a contratistas, conforme lo prevé lanormativa legal y sublegal aplicable; situación que colocaen desventaja jurídica a la empresa pública en caso deincumplimiento por parte de la contratista.En la inspección realizada el fecha 20-10-2006 a lasinstalaciones del NUDECIAMCA, se constató que se encontrabanen proceso de ejecución las obras relacionadas conla infraestructura y servicios eléctricos de los 4 galponesdestinados a la fabricación de jeringas, sacos de rafia, estivasy rotomoldeo, no obstante, la fecha prevista para laterminación de los trabajos era el 14-07-2006, conformela cláusula segunda contenida en el contrato sucrito con laempresa, que estipula que la contratista ejecutará la obra enun plazo de un mes calendario contado a partir de la firmadel acta de inicio de la obra; documento que efectivamentese suscribió en fecha 14-06-2006; lo que refleja un retrasode 69 días hábiles en la ejecución de dichos trabajos. Loanterior se debe a debilidades en la planificación y controldel referido proyecto, lo que a su vez conlleva la postergaciónen la consecución de los objetivos del proyecto dedesarrollo endógeno adelantado por la petroquímica, asícomo el principio autogestionario y de desarrollo aguasabajo que se propende lograr en la comunidad organizadade dicho sector.De las respuestas obtenidas en encuestas aplicadas aun total de 23 personas pertenecientes a 8 cooperativas,equivalentes al 8,58% del total de 268 cooperativistas, sedeterminó que el principal problema que confrontan lostrabajadores pertenecientes a las cooperativas del galpón dejeringas, lo constituyen las constantes filtraciones de aguaque percolan a través del piso y las paredes del área de lamezzanina del citado galpón, situación que fue corroboradapor este máximo Organismo Contralor, durante visitade inspección realizada el 20-10-2006 a las instalacionesdel galpón de jeringas. Al respecto, el artículo 783 delDecreto N° 1564, por el cual se dicta la Reforma Parcialdel Reglamento de las Condiciones de Higiene y Seguridaden el Trabajo (Gaceta Oficial Nº 1.631 Extraordinariodel 31-12-1973), señala que los edificios y estructuras queformen parte, o estén directamente relacionados con unafábrica o establecimiento y todas las máquinas, instalacioneseléctricas, mecánicas y de cualquier otra índole,así como las herramientas y equipos, se mantendrán encondiciones seguras y buen funcionamiento, criterio quese complementa con el artículo 9 de la Ley Sobre Conservacióny Mantenimiento de Obras e Instalaciones Públicas(Gaceta Oficial Nº 33.257 del 03-07-1985), que estableceque los organismos sujetos a la presente Ley, tendrán a sucargo y bajo su inmediata responsabilidad las gestionespermanentes de conservación y mantenimiento de las168

Administración Nacional DescentralizadaSector Industria, Producción y Comercioobras, edificaciones, equipos y demás instalaciones obienes a ellos adscritos o que le sean propios. Estas filtracionesocurren, por fallas en la construcción y el diseñodel referido galpón, tales como: la instalación de un canalen el techo (parte interna), que resulta insuficiente paramanejar el volumen de agua de lluvia, y al desnivel en elterreno sobre el que finalmente fue construido el galpónde jeringas, situación que compromete la integridad de lainstalación y de los equipos y maquinarias; además, no segarantizan los adecuados niveles de seguridad industrialy de asepsia, que deben cumplirse para la fabricación dejeringas o cualquier equipo médico.ConclusionesLos procedimientos administrativos efectuados porPEQUIVEN para la creación y dotación del NUDECIAMCA, no seajustaron a los principios de eficiencia y transparencia quedeben estar presentes en todas las operaciones realizadaspor los distintos órganos y entes que conforman la AdministraciónPública Nacional. Asimismo, se evidenciaronfallas en la aplicación de los procedimientos de seleccióny contratación de las empresas contratistas por PEQUIVEN,toda vez que se constató la utilización casi exclusiva delprocedimiento excepcional de adjudicación directa parala selección y posterior contratación de las empresasencargadas de la ejecución del proyecto NUDECIAMCA, noobstante ser esta una modalidad de selección de caráctereminentemente excepcional, aplicable solo en casos deestricta coyuntura operacional en la empresa; aunado aello, las transacciones conforme al monto de los contratos,encuadraban en cada caso en los supuestos de aplicacióndel procedimiento de licitación general previsto en la Leyde Licitaciones vigente. Finalmente, se constató que a lafecha de la presente actuación fiscal (20-10-2006), no sehabían concluido las obras o proyectos de infraestructuray vialidad previstos a construirse en las instalaciones delComplejo Petroquímico El Tablazo, con motivo de la efectivacreación y puesta en funcionamiento del NUDECIAMCA; loque representa un retraso en la ejecución de dicho proyectocon respecto de la fecha inicial prevista por la empresa parala conclusión de las obras; todo ello causado principalmentepor fallas en la planificación y control de la ejecución delproyecto efectuadas por PEQUIVEN.RecomendacionesLa Junta Directiva de PEQUIVEN y la Gerencia Corporativade Desarrollo Endógeno deben:• Implementar mecanismos de control interno en materiade selección, contratación y ejecución de obras,a objeto de garantizar los intereses públicos dispuestosen las negociaciones por la empresa estatal, asícomo de restringir la aplicación del procedimientoexcepcional de adjudicación directa, sólo a las circunstanciasy supuestos expresamente previstos enlas citadas normas.• Implementar mecanismos de supervisión y control ala ejecución de las obras relacionadas a los proyectosde desarrollo endógeno que actualmente adelantaPEQUIVEN, con el propósito de garantizar la efectiva yeficiente ejecución de los trabajos y su cumplimientoen los lapsos previstos.• Implementar como práctica administrativa dentro dela empresa, la utilización de mecanismos e instrumentosidóneos de planificación que permitan, entreotras, la incorporación de ajustes y acciones correctivasoportunas y necesarias, para el cumplimientode las metas previstas, a objeto de garantizar que losrecursos destinados a la consecución de los citadosproyectos de desarrollo endógeno, se encausen a losfines y objetivos previstos por la empresa.PETROQUÍMICA DE VENEZUELA, S.A. (PEQUIVEN)ASIGNACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS,ECONÓMICOS Y FINANCIEROSPetroquímica de Venezuela, S.A. (PEQUIVEN) es unaempresa del Estado venezolano constituida en fecha 01-12-1977, siendo la última modificación del documentoestatutario de fecha 20-02-2006.La prenombrada sociedad tiene por objeto el ejercicio deactividades en las industrias petroquímica, carboquímica,similares y afines, así como la comercialización nacional einternacional de los productos de las referidas industrias.El capital social de PEQUIVEN asciende a Bs. 999.745,07millones, representado por 999.744 acciones nominativas169

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007con un valor de Bs. 1,00 millón cada una y dos accionesnominativas con valores de Bs. 709.254,00 y Bs. 367.024,00respectivamente, suscritas y pagadas por la RepúblicaBolivariana de Venezuela, único accionista.Para la realización de sus actividades de producción yoperaciones comerciales, PEQUIVEN se encuentra organizadaen unidades producción, a saber Unidad de ProducciónOlefinas y Plásticos, Unidad de Producción Fertilizantes yUnidad de Producción Productos Industriales.El Complejo Petroquímico El Tablazo está organizadooperativamente por tres líneas de productos a saber, poliolefinas, cloro-policloruro de vinilo (PVC) y urea-fertilizantes.La gestión y responsabilidad operacional delComplejo Petroquímico El Tablazo radica en su GerenciaGeneral.Los presupuestos de operaciones revisados y aprobadosal Complejo Petroquímico El Tablazo para losejercicios económicos financieros 2002 al 2005, fueronpor Bs. 317.298,00 millones, Bs. 838.711,00 millones, Bs.1.782.589,00 millones y Bs. 2.482.000,00 millones, respectivamente.Las asignaciones presupuestarias correspondientesa gastos de mantenimiento de las plantas y equiposdel precitado complejo, hasta el período 16, fueron por Bs.39.881,00 millones, Bs. 41.192,00 millones, Bs. 53.678,00millones y Bs. 76.736,00 millones respectivamente, lascuales representan 12,57%, 4,91% 3,01% y 3,09% respectoa los presupuestos revisados aprobados.Alcance y objetivos de la actuaciónLa actuación se circunscribió a evaluar en una muestraselectiva de instalaciones y equipos pertenecientes a lacadena de clorovinilos, las inversiones realizadas por PE-QUIVEN, vinculadas con las actividades de mantenimiento yreparación de plantas y equipos en ese complejo, durante elperíodo comprendido del año 2002 al 2005 y tuvo como objetivosespecíficos verificar que PEQUIVEN asignara recursospresupuestarios, económicos y financieros a las actividadesde mantenimiento y reparación de plantas y equipos en elComplejo Petroquímico El Tablazo, así como su adecuadautilización; verificar que el Complejo Petroquímico ElTablazo, cuente con manuales de normas y procedimientosque garanticen la adecuada operación de los equipossujetos a mantenimiento, que estos sean de conocimientoy de uso obligatorio por el personal operativo; verificar quelas instalaciones del Complejo Petroquímico El Tablazopresenten adecuados niveles de mantenimiento.Observaciones relevantesDe la comparación realizada a los presupuestos degastos de mantenimiento para los ejercicios económicosfinancieros 2002 al 2005, hasta el período 16, por Bs.39.881,00 millones, Bs. 41.192,00 millones, Bs. 53.678,00millones y Bs. 76.736,00 millones respectivamente, consu ejecución por Bs. 48.910,00 millones, Bs. 28.965,00millones, Bs. 43.314,00 millones y Bs. 62.883,00 millonesrespectivamente, se determinaron significativas desviacionesen su ejecución, en razón de que para el año 2002, elpresupuesto presentó una sobre ejecución del 22,64%, esdecir Bs. 9.029,00 millones; mientras que para los ejercicios2003, 2004 y 2005, presentaron sub ejecuciones porBs. 12.227,00 millones (29,68%), Bs. 10.364,00 millones(19,31%) y Bs. 13.853,00 millones (18,05%), respectivamente,lo que evidencia debilidades en el proceso deplanificación del complejo durante los citados ejercicioseconómicos financieros, situación que no se ajusta a loseñalado en los artículos 12 y 16 de la Ley Orgánica de laAdministración Financiera del Sector Público (LOAFSP),gacetas oficiales Nros. 37.029, 37.606 y 37.978 de fechas05-09-2000, 09-01-2003 y 13-07-2004, respectivamente, loscuales señalan que los presupuestos públicos comprenderántodos los ingresos y todos los gastos para el correspondienteejercicio económico financiero y que esos presupuestosdeben mostrar equilibrio entre el total de las cantidadesautorizadas para gastos y aplicaciones financieras y eltotal de las cantidades estimadas como ingresos y fuentesfinancieras. Por su parte, los artículos 16 y 17 de NormasGenerales de Control Interno (NGCI), dictadas por laContraloría General de la República (Gaceta Oficial N°36.229 del 17-06-1997), señalan que la planificación debeser una actividad permanente y que los planes, programasy proyectos de un organismo deben formularse con baseen estudios y diagnósticos actualizados. Dicha situaciónobedeció, a una inadecuada planificación de los recursos170

Administración Nacional DescentralizadaSector Industria, Producción y Comerciopara los citados ejercicios económicos financieros, lo quetrajo como consecuencia, distorsiones en los presupuestosaprobados para atender las labores de mantenimiento enel Complejo Petroquímico El Tablazo, las cuales limitanlas operaciones en el citado Complejo, particularmente lasvinculadas con la gestión de mantenimiento.Los manuales de normas y procedimientos sobre lasactividades de mantenimiento de las instalaciones y equiposdel Complejo Petroquímico El Tablazo, se encontrabanimplantados en el módulo de la Gerencia de Mantenimientocontenido en el SAP (Sistemas, Aplicaciones y Productos)y son del conocimiento del personal responsable de lasoperaciones de cada una de las plantas, no obstante, fueronaprobados por el Gerente de Mantenimiento, según constaal pie de página de los referidos instrumentos, nivel deorganización que no posee la competencia para aprobarnormas y procedimientos, por cuanto dicha competenciaestá atribuida al Comité Ejecutivo de PEQUIVEN. En estesentido, el artículo 23 numeral 23.2 de los Estatutos Socialesde la empresa, establece, entre otras facultades yatribuciones del Comité Ejecutivo de PEQUIVEN (…) “Dictarlos reglamentos, manuales de normas y procedimientosinternos y de actividad financiera, con respecto a la organizaciónadministrativa de la Compañía”. Adicionalmente,este Organismo Contralor advierte que la precitada normainterna colide con el artículo 22 de las NGCI, el cual señalaque los manuales técnicos y de procedimientos deben seraprobados por las máximas autoridades jerárquicas de losorganismos y entidades, lo cual limita la potestad que debetener la Junta Directiva, como máxima autoridad jerárquica,de organizar, mantener y establecer un sistema decontrol interno, adecuado a la naturaleza y fines del ente.En inspección realizada en fechas 30 y 31 de mayo de2006 a una muestra selectiva de instalaciones pertenecientesa la cadena de cloro vinilos, se observó corrosiónexterna y daños en los aislantes de varias tuberías de lasplantas; en la planta de monocloruro de vinilos (MVC)se constató la existencia de un tanque identificado con elNº T-811, utilizado para almacenamiento de dicloruro deetileno (EDC), fluido altamente tóxico y corrosivo, cuyasparedes se encontraban deformadas y; en la planta de clorosoda se evidenció hundimiento del piso del área donde seencuentran los tanques utilizados para almacenar sodacáustica. Adicionalmente, se verificó que no hubo produccionesde cloro, soda cáustica, fertilizantes y materiasprimas para la fabricación de plásticos y alcoholes. Talessituaciones, según el reporte de indicadores de gestión delComplejo Petroquímico El Tablazo, se debieron a fallasen los equipos y problemas operacionales ocurridos en lasdiferentes plantas, lo cual aunado al hecho que no se hanintervenido las tuberías a los fines de corregir la corrosiónexterna y reparar/reemplazar los aislamientos térmicosy la pintura de las tuberías, evidencia la insuficiencia enlos mantenimientos realizados durante esos periodos. Alrespecto, el artículo 9 de la Ley Sobre Conservación yMantenimiento de Obras e Instalaciones Públicas (GacetaOficial N° 33.257 de fecha 03-07-1985), establece que esresponsabilidad de los organismos públicos, entre los quese incluye a PEQUIVEN, realizar las gestiones permanentes deconservación y mantenimiento de las obras, edificaciones,equipos y demás instalaciones o bienes a ellos adscritos oque le sean propios. Por su parte el artículo 783 del Reglamentosobre las Condiciones de Higiene y Seguridad en elTrabajo (Gaceta Oficial N° 1.631 Extraordinario de fecha31-12-1973), establece el deber de mantener en condicionesseguras y buen funcionamiento todas las máquinas e instalacionesmecánicas que formen parte, o estén directamenterelacionados con fábricas o establecimientos. La situaciónplanteada trae como consecuencia que el deterioro de lascitadas instalaciones y equipos atente contra la continuidadde las operaciones y que representen riesgos de fugas degases o líquidos, que ocasionen daños al ambiente y a laspersonas.ConclusionesPEQUIVEN asignó recursos presupuestarios para atenderlos gastos de mantenimiento de las plantas y equipos delComplejo Petroquímico El Tablazo; sin embargo, talesasignaciones presentaron significativas desviaciones ensu ejecución; los manuales de normas y procedimientossobre las actividades de mantenimiento de las instalacionesy equipos del Complejo Petroquímico El Tablazo, seencontraban implantados en el módulo de la Gerencia deMantenimiento contenido en el SAP y son del conocimientodel personal responsable de las operaciones de cada una de171

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007las plantas, no obstante, fueron aprobados por el Gerentede Mantenimiento, nivel de organización que no posee lacompetencia para aprobar normas y procedimientos; enlas áreas de las instalaciones visitadas, pertenecientes ala cadena de cloro vinilos, se observó corrosión externay daños en los aislantes de varias tuberías de las plantas,asimismo, en la planta de MVC se constató la existencia deun tanque utilizado para almacenamiento de EDC, fluidoaltamente tóxico y corrosivo, cuyas paredes se encontrabandeformadas, y en la planta de cloro soda se evidenció hundimientodel piso del área donde se encuentran los tanquesutilizados para almacenar soda cáustica.RecomendacionesLa Junta Directiva de PEQUIVEN debe:• Implementar los mecanismos adecuados de control,para garantizar que los recursos destinados a las actividadesde mantenimiento y reparación de plantas yequipos en el Complejo Petroquímico El Tablazo,se asignen y realicen de manera planificada y seencaucen hacia los fines y objetivos previstos.• Realizar las gestiones pertinentes a los fines deaprobar los manuales de normas y procedimientosen materia de mantenimiento, aprobados porinstancias distintas a la máxima autoridad, asícomo diseñar y aplicar mecanismos adecuadosde seguimiento, para que las diferentes instanciasgerenciales, sometan a la consideración y aprobaciónde la Junta Directiva, los proyectos de losreferidos manuales de normas y procedimientos, locual le dará formalidad a los procesos, actividadesy tareas contemplados en los mismos, conforme lanormativa vigente sobre el particular.• Realizar las acciones de mantenimiento necesarias enlas instalaciones pertenecientes a la cadena de clorovinilos, en la cual se observó corrosión externa y dañosen los aislantes de varias tuberías de las plantas;en la planta de MVC, donde se constató la existenciade un tanque utilizado para almacenamiento de EDC,cuyas paredes se encontraban deformadas, y en laplanta de cloro soda donde se evidenció el hundimientodel piso del área donde se encuentran los tanquesutilizados para almacenar soda cáustica.SECTOR SERVICIOSBANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA (BIV)DESIGNACIÓN DEL TITULAR DEL ÓRGANODE CONTROL INTERNOEl Banco Industrial de Venezuela, C.A. (BIV) es unaempresa integrada a la estructura general del Estado Venezolano,es decir, forma parte de los entes descentralizadosfuncionalmente, lo que la hace partícipe de un sistema mixtode Derecho. Así, se rige por normas de Derecho Privadoen cuanto a su creación, organización y funcionamiento,y está sometida a normas de Derecho Público y, por tanto,sujeta al control de éste máximo Órgano Contralor, deconformidad con lo previsto en el artículo 9 numeral 10 dela Ley Orgánica de la Contraloría General de la Repúblicay del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF),Gaceta Oficial Nº 37.347 de fecha 17-12-2001, ello sin perjuiciodel control que le corresponde ejercer a su órgano decontrol fiscal interno. En cuanto a su organización interna,la competencia para la administración inmediata y direcciónde los negocios comerciales del banco le correspondea la Junta Directiva.El capital social del BIV está representado por 100millones de acciones, distribuido de la manera siguiente:Ministerio de Finanzas, propietaria de 73.004.412 acciones,que representan 73,004412% del capital social; el Bancode Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BAN-DES), propietario de 26.800.428 acciones, que representan26,800428%, y 522 accionistas minoritarios, poseedores de195.160 acciones, que equivalen a 0,195160% del capital social.Asimismo, el BIV inicia un proceso de integración enbanca múltiple, asumiendo las funciones de FIVCA e INBIVEN,con la unificación de sus Directivas en una sola unidad dedecisión, previamente, la Junta Directiva del banco, habíaresuelto solicitarles a estas empresas, poderes suficientesque le permitieran en su condición de coordinador delGrupo Financiero representarlas en el Consejo BancarioNacional y en la Asociación Bancaria de Venezuela.La Unidad de Auditoría Interna del BIV se encuentraadscrita al más alto nivel organizativo, según resoluciónde Directorio, acta del 20-04-2006 y se conforma por tres172

Administración Nacional DescentralizadaSector Serviciosdivisiones a saber: Averiguaciones Administrativas, Controly Seguimiento y Auditoría. A su vez, la División deControl y Seguimiento tiene adscritos los departamentosde Control Previo y Seguimiento y el de Control de Riesgos.En lo que respecta a la División de Auditoría, se leadscriben el departamento de Auditoría y el de Auditoríade Sistemas. En fecha 14-01-2005, el presidente del BIV,convocó al acto de juramentación de los miembros deljurado calificador para la selección y designación deltitular de la unidad de auditoría interna, compuesto portres miembros principales y sus respectivos suplentes, queejercieron la revisión de 19 expedientes, destacándose alfinal, 4 participantes.Por otra parte, la Unidad de Auditoría Interna elaborósu plan operativo anual de acuerdo a las directricesgenerales emitidas por la institución financiera, sobre labase de la metodología del marco lógico establecida porel Ministerio de Planificación y Desarrollo y dentro de laslineamientos del Plan de Desarrollo Económico y Socialde la Nación 2001-2007. Además, dentro del marco de susfunciones, enfocó su acción de control sobre todas aquellasactividades desarrolladas por el BIV, enmarcadas en lastres premisas básicas institucionales aprobadas medianteresolución del Directorio del BIV JD-2004-608, acta defecha 27-10-2004.Alcance y objetivos de la actuaciónLa actuación estuvo orientada a evaluar exhaustivamenteel proceso de selección y designación del Auditor Internodel Banco Industrial de Venezuela (BIV) celebrado en fecha24-02-2005, así como, la ejecución del plan operativo anualde la Unidad de Auditoría Interna, para ese mismo ejerciciofiscal. A tales fines, se fijaron los objetivos específicossiguientes: verificar que la designación del Auditor Internose haya realizado en atención a las previsiones contenidasen la LOCGRSNCF y en el Reglamento sobre los Concursospara la Designación de los Titulares de las Unidadesde Auditoría Interna de los Órganos del Poder PúblicoNacional y sus Entes Descentralizados, emanado de estaContraloría General de la República, mediante ResoluciónN° 01-00-00-004 del 27-02-2002 (Gaceta Oficial Nº 37.394del 28-02-2002); verificar la situación jurídica del BIV, laInversora Banco Industrial de Venezuela, C.A. (INBIVEN)y el Banco de Inversión Industrial de Venezuela, C.A.(FIVCA), en torno a la selección y designación del auditorinterno, así como, evaluar la ejecución de las actividadesdel referido órgano de control interno.Observaciones relevantesNo se constató evidencia documental en el expedienterevisado por este Organismo Contralor, de que el juradocalificador hubiere solicitado formalmente por ante estaContraloría General de la República, información relacionadacon el registro de inhabilitados, sanciones y/o causasiniciadas, donde podría estar comprometida la responsabilidadadministrativa de alguno de los participantes enel concurso para la selección y designación del titular delAuditor Interno del banco. En este sentido, el artículo 7°,numeral 6 del Reglamento Sobre los Concursos para laDesignación de los Titulares de las Unidades de AuditoríaInterna de los Órganos del Poder Público Nacional y susEntes Descentralizados, señala como uno de los requisitosmínimos para participar en el concurso poseer reconocidasolvencia moral. Situación que obedece a la inexistenciade mecanismos de control interno implementados por eljurado calificador a los efectos de verificar y corroborar enel registro de inhabilitados, antes de proceder a la seleccióny designación del ganador del concurso. En consecuencia,la designación del titular se realizó sin que este OrganismoContralor, tuviera la certeza de que el jurado calificadorcumpliera a cabalidad con lo descrito en la norma prescritaen el reglamento.No se evidenciaron los expedientes curriculares de losmiembros del jurado calificador, designados por el BIV ysus empresas filiales, así como, los representantes elegidospor la SUNAI, que permitieran a esta Contraloría General dela República, verificar si poseían los requisitos establecidosen los artículos 7° y 8° del precitado reglamento. Al respecto,las razones aludidas expresadas por las autoridadesdel banco, es que las únicas carpetas que se encontraronfueron 14 expedientes de los concursantes, asicomo, lascomunicaciones de notificación del ganador del concursopara la provisión al cargo de Auditor Interno del BIV.En consecuencia, este Organismo de Control, no logró173

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007constatar que el jurado calificador reuniera las credencialesexigidas por dicho reglamento.Se evidenció que el titular designado para ser AuditorInterno del BIV, fue elegido igualmente para ser AuditorInterno de las empresas filiales, FIVCA e INBIVEN, noobstante, que en el aviso de prensa de fecha 20-01-2005,publicado en el diario Últimas Noticias, se convocó sólopara proveer el cargo de Auditor Interno de ese banco, sinhacer mención sobre el grupo financiero u otra empresa ofilial de dicha entidad bancaria. Al respecto, se evidencióque las mencionadas empresas filiales carecen de estructurapropia y recurso humano, toda vez que dada la absorción dedichas empresas filiales, por parte del banco, desaparecióla estructura organizativa y pasaron a formar parte de lanómina del BIV. En este sentido, el Parágrafo Único delartículo 26 de la LOCGRSNCF, prevé una excepción enel sentido de que, siempre y cuando converjan una seriede circunstancias para que el ente interesado solicitela autorización para no crear la estructura del Órganode Control Interno o para suprimirla, este máximoOrganismo Contralor, evaluará las circunstancias allíprevistas, y de considerarlo procedente, autorizará quelas funciones de los referidos órganos sean ejercidas porla unidad de auditoría interna del órgano de adscripción.En consecuencia, el BIV, no ha solicitado a este OrganismoContralor, la autorización para no crear y en efectono convocar al llamado a concurso para la selección ydesignación del Titular del Órgano de Control Interno desus empresas, lo cual la designación del Auditor Internode las empresas filiales, no se encuentra enmarcada enla normativa aplicable.La Unidad de Auditoría Interna del BIV no realiza suprogramación de actividades considerando los recursoshumanos, tecnológicos, materiales, financieros y tiempo,en detalle, sólo se estiman los viáticos utilizados paraaquellas actuaciones de control realizadas en las oficinasdel interior y exterior. Asimismo, no determinan el costo delas auditorías, ni cuenta, con indicadores que le permitanmedir la gestión. En este particular, la programación deauditoría del banco, estiman viáticos y pasajes al personalactuante, lo cual tiene su referencia en el presupuestoanual de la Unidad de Auditoría Interna. Tal situación seconstituye en una limitante para el cumplimiento de lasfunciones que el legislador le ha consagrado a los Órganosde Control Interno en el ámbito de sus competencias, comose trata de evaluar el cumplimiento y los resultados de losplanes y las acciones administrativas, la eficacia, eficiencia,economía, calidad e impacto de la gestión del ente sujetoa su control, a tenor de lo previsto en el artículo 41 de laLOCGRSNCF.La estructura organizativa de la Unidad de AuditoríaInterna del BIV no está en consonancia con los fundamentoslegales y sublegales que rigen la materia, comoson los previstos en la LOCGRSNCF, Ley Orgánica de laAdministración Financiera del Sector Público (LOAFSP),Gaceta Oficial N° 37.978 del 13-07-2004, Reglamento sobrela Organización del Control Interno en la AdministraciónPública Nacional (ROCIAPN), Gaceta Oficial N° 37.783del 25-09-2003, y demás normas e instrucciones dictadaspor este Órgano Superior de Control y la SuperintendenciaNacional de Auditoría Interna (SUNAI), en el ámbitode su competencia. El efecto radica en que, la estructuraorganizativa de la Unidad de Auditoría Interna, no estádebidamente conformada a los cambios previstos en elmandato legal.ConclusionesEl proceso de selección y designación del Auditor Internode esa institución financiera no estuvo enmarcadodentro de los parámetros establecidos en la normativa legalvigente, para la fecha de la celebración del mismo, porcuanto no se evidenció que el jurado calificador hubieracorroborado formalmente, el aspecto relacionado con lasolvencia moral de los concursantes, ante este OrganismoContralor en atención a las previsiones contenidas en elReglamento sobre los Concursos para la Designación delos Titulares de las Unidades de Auditoría Interna de losÓrganos del Poder Público Nacional y sus Entes Descentralizados,con lo cual se vulneró la transparencia de losresultados. Asimismo, la designación del Auditor Internodel BIV, como Titular de los Órganos de Control Interno delas empresas filiales FIVCA e INBIVEN, se realizó sin contarcon la autorización expresa de esta Contraloría Generalde la República.174

Administración Nacional DescentralizadaSector ServiciosEn cuanto al POA para el ejercicio fiscal 2005 del Órganode Control Interno del banco, elaborado sin atendera estudios y diagnósticos actualizados, asimismo, no sedeterminó el costo de las auditorías ejecutadas.Por otra parte, la estructura organizativa de la Unidadde Auditoría Interna del BIV, no esta acorde con los fundamentoslegales y sublegales previstos en la LOCGRSNCF,LOAFSP, el ROCIAPN y demás normas e instruccionesemanadas de este Órgano Superior de Control.RecomendacionesSe insta al presidente y demás miembros que integranla Junta Directiva del BIV a:• Ser vigilante de que el jurado calificador que se designepara llevar a cabo los sub-siguientes procesosde selección del Titular de la Unidad de AuditoríaInterna, evalúe las credenciales y condiciones decada participante, verificando que cumplan con losrequisitos mínimos para concursar, y en caso contrario,descartar aquellos que no los reúnan, con lafinalidad de garantizar la objetividad del proceso, lavalidez y confiabilidad de los resultados, en estrictocumplimiento de las atribuciones y deberes previstosen la normativa que regula la materia.• Implementar los mecanismos de control internopertinentes, con el fin de resguardar y archivar lainformación emitida con ocasión del proceso deselección del Titular de la Unidad de AuditoríaInterna.• Realizar las gestiones pertinentes ante este OrganismoContralor, a fin de solicitar la autorización parano crear y en consecuencia no convocar al llamado aconcurso para la selección y designación del Titulardel Órgano de Control Interno de sus empresas filialesFIVCA e INBIVEN.• Impartir las instrucciones necesarias para que lasinstancias responsables diseñen una Estructura Organizativapara la Unidad de Auditoría Interna, lacual deberá ser acorde con la naturaleza, estructuray funciones del BIV; tomando además en consideración,las competencias y funciones que le son asignadas,de conformidad con las disposiciones legalesy sublegales que rigen la materia, en tal sentido,deberá estar adscrita al máximo nivel jerárquico deese banco y tener un rango dentro de la estructuraorganizativa mayor o igual a las dependencias bajosu control.• Instar a la Unidad de Auditoría Interna para queformule sus planes operativos anuales, atendiendoa estudios y diagnósticos actualizados, tomando enconsideración su ámbito de control y los recursoshumanos, materiales y financieros, con que dispone,lo cual coadyuvará a una gestión de control eficaz yeficiente.COMPAÑÍA ANÓNIMA METRO DE CARACAS (CAMETRO)ASIGNACIONES OTORGADAS A LA CAJA DE AHORROSLa Compañía Anónima Metro de Caracas (CAMETRO) esuna empresa del Estado venezolano, integrada a la estructurageneral del Estado, es decir, forma parte de los entesdescentralizados funcionalmente, lo que la hace partícipede un sistema mixto de derecho. Así, se rige por normasde Derecho Privado en cuanto a su creación, organizacióny funcionamiento, y está sometida a normas de DerechoPúblico, y por tanto, sujeta al control de este máximoÓrgano Contralor, de conformidad con lo previsto en elartículo 9, numeral 10 de la Ley Orgánica de la ContraloríaGeneral de la República y del Sistema Nacional de Control(LOCGRSNCF), Gaceta Oficial N° 37.347 de fecha 17-12-2001, ello sin perjuicio del control que le correspondeejercer a su órgano de control fiscal interno. Es importanteseñalar que, CAMETRO es un ente descentralizado con finesempresariales, en virtud de lo dispuesto en el artículo7 numeral 2 de la Ley Orgánica de la AdministraciónFinanciera del Sector Público (LOAFSP), Gaceta oficialN° 38.198 de fecha 31-05-2005.CAMETRO fue constituida el 08-08-77, bajo la forma deDerecho Privado, según inscripción en el Registro MercantilPrimero de la Circunscripción Judicial del DistritoFederal y Estado Miranda, bajo el número 18, Tomo 110-Ade esa misma fecha. Su régimen jurídico está basado ensu documento constitutivo, el cual ha sido elaborado conamplitud suficiente para que abarque las funciones deestatutos sociales; en las disposiciones contenidas en el175

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007Código de Comercio y en las normas generales aplicablesa las empresas del Estado. La última modificación de suActa Constitutiva-Estatutaria fue inscrita ante el RegistroMercantil Primero de la Circunscripción Judicial delDistrito Capital y Estado Miranda en fecha 04-09-2001,bajo el número 72, Tomo 170-A-PRO. Se encuentra bajo latutela del Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura,según Decreto N° 5.103 de fecha 28-12-2006, sobrela Organización y Funcionamiento de la AdministraciónPública Nacional (Gaceta Oficial N° 5.836 Extraordinariode fecha 08-01-2007).El capital social de la empresa es de Bs. 2.049,72 millones,dividido en 2.049.719 acciones nominativas de Bs.1.000,00 cada una, donde la cantidad de 2.048.719 acciones(99,95%) se encuentran suscritas y pagadas en su totalidadpor la República Bolivariana de Venezuela y el resto, 1.000acciones (0,05%), fueron suscritas por el Centro Simón Bolívar(CSB, C.A.) y el Instituto Autónomo de Ferrocarrilesdel Estado (IAFE), con 500 acciones cada uno, de las cualeshan pagado Bs. 100.000,00 cada uno.El objeto de la compañía es la construcción e instalaciónde las obras y equipos, tanto de infraestructura como desuperestructura del Metro de Caracas, el mantenimientode sus equipos e instalaciones de superestructura y laoperación, administración y explotación de dicho sistemade transporte, así como la construcción, dotación, operacióny explotación de otras instalaciones y sistemas detransporte complementarios o auxiliares del Metro deCaracas, tales como estacionamientos, sistemas superficialeselevados o subterráneos de transporte urbano ysuburbano, entre otros.Por su parte, la Caja de Ahorros de los Trabajadores dela C.A. Metro de Caracas (CATMECA), de acuerdo conel artículo 1 de sus estatutos, es una asociación civil sinfines de lucro, autónoma con personalidad jurídica propia,que fundamenta su organización y funcionamiento en losprincipios y condiciones establecidos en el artículo 2 de laLey General de Asociaciones Cooperativas, la cual podráser designada con igual valor jurídico bajo la contracciónde su denominación como “CATMECA”, se encuentra debidamenteinscrita ante la Oficina Subalterna del SegundoCircuito de Registro Público del Municipio Libertadordel Distrito Capital en fecha 31-07-1978, anotado bajo elnúmero dos (02) tomo cuarenta (40), Protocolo Primero;modificado su documento constitutivo según consta dedocumento protocolizado por la antes mencionada OficinaSubalterna de Registro en fecha 16-10-1980, anotado bajo elnúmero siete (07), Protocolo Primero, Tomo Séptimo (7mo);cuyos Estatutos Sociales fueron reformados y debidamenteprotocolizados ante la mencionada oficina Subalterna deRegistro en fecha 17-02-1992, anotada bajo el número dieciséis(16), tomo veinticinco (25), protocolo primero.CATMECA tiene por objeto fomentar el ahorro sistemáticoentre sus asociados; custodiar, administrar e invertirsus recursos; conceder préstamos a corto, mediano, largoplazo e hipotecarios; procurar que sus asociados puedanadquirir su vivienda principal y establecer planes de beneficiosocio-económicos y previsión social a favor de susasociados. Además de encontrarse regulada por la Ley deCajas de Ahorro y Fondos de Ahorro, de los trabajadoresde los organismos y entes públicos, también está sometidaal ámbito de control de la Ley Orgánica de la ContraloríaGeneral de la República y del Sistema Nacional de ControlFiscal, de conformidad con lo previsto en el artículo 9,numeral 11, el cual establece que las fundaciones y asociacionesciviles y demás instituciones creadas con fondospúblicos, se encuentran sujetos a la aplicación de la referidaLey y de la fiscalización de la Contraloría General de laRepública. Adicionalmente lo señalado en el artículo 67ejusdem, establece que los órganos de control fiscal externoestán facultados, dentro de los límites de su competencia,para vigilar que los aportes, subsidios y otras transferenciashechas por las entidades sometidas a su control aotras entidades públicas o privadas sean invertidos en lasfinalidades para las cuales fueron efectuados. A tal efecto,podrán practicar inspecciones y establecer los sistemas decontrol que estimen convenientes. Ello sin perjuicio delcontrol que le corresponde ejercer a la Superintendenciade Cajas de Ahorro.Alcance y objetivos de la actuaciónLa actuación estuvo orientada a evaluar la legalidady sinceridad de las asignaciones otorgadas a la Caja de176

Administración Nacional DescentralizadaSector ServiciosAhorros de la empresa CAMETRO, así como las operacionesrelativas con la creación y administración de los fondosasignados al personal jubilado y pensionado de la empresa,durante los ejercicios 2003, 2004 y 2005.Observaciones relevantesLas retenciones efectuadas al personal, por conceptode aporte del trabajador a la Caja de Ahorros, fueronenteradas a la Caja de Ahorros de los Trabajadores de laC.A. Metro de Caracas (CATMECA) con retraso entre03 y 69 días, no obstante, lo establecido en el artículo64 de la Ley de Cajas de ahorro y Fondos de Ahorro(Gaceta Oficial N° 37.611 de fecha 16-01-2003), el cualestablece un plazo de 5 días para enterar las retencionesrealizadas a los trabajadores. Esta situación se motivóa la poca efectividad de las diligencias realizadas parael pago de los aportes por parte de la Gerencia Corporativade Administración y Finanzas de la C.A. Metrode Caracas, a pesar de que esos recursos habían sidodescontados de la nómina de los trabajadores. Lo quetrajo como consecuencias que la empresa C.A. Metrode Caracas pagara intereses de mora a CATMECA,de conformidad con lo establecido en la mencionadanormativa, adicionalmente esta situación afectó la disponibilidadde CATMECA, para el cumplimiento de susmetas y objetivos.Los pagos efectuados por la empresa C.A. Metro deCaracas, por concepto de aporte del patrono a la Caja deAhorros, fueron efectuados a la Caja de Ahorros de losTrabajadores de la C.A. Metro de Caracas (CATMECA)con retrasos que oscilan entre 15 y 1.030 días, no obstante,el artículo 64 de la Ley antes citada, establece un plazo de5 días para pagar los aportes correspondientes al patrono.Esta situación se motivó a la insuficiente liquidez que presentóla empresa durante los años 2003, 2004 y 2005 y ala falta de diligencia en la toma de decisiones por parte dela Gerencia Corporativa de Administración y Finanzas, encuanto a la administración del efectivo y del flujo de caja;en virtud de la disponibilidad que presentaba la empresaal final de cada período, lo que trajo como consecuenciasque la empresa C.A. Metro de Caracas pagara interesesde mora a CATMECA, de conformidad con lo establecidoen la mencionada Ley; adicionalmente, afectó la disponibilidadfinanciera de CATMECA, durante los años 2003,2004 y 2005.Durante el período comprendido entre la fecha deconstitución del Fondo de Pensionados y Jubilados de losTrabajadores de la C.A. Metro de Caracas (03-09-1998) y elaño 2005, no fueron realizados depósitos en las cuentas dedicho fondo, producto de aportes patronales y retencionesa los trabajadores de la empresa, no obstante lo establecidoen la cláusula cuarta del documento constitutivo, la cualestablece que los recursos del Fondo están constituidos porlos aportes que hagan los trabajadores activos de la empresa;los aportes que por Ley corresponden a la empresa;así como el producto de las colocaciones e inversiones derecursos y cualquier otro aporte en dinero o valores en bienesde cualquier naturaleza que reciba por cualquier título.Tal situación obedece a que la C.A. Metro de Caracas noejerció un estricto control de las retenciones y aportespor concepto de Fondo de Pensiones y Jubilaciones deCAMETRO, toda vez que se efectuaron las retenciones alpersonal activo de la empresa, lo cual sumado al aportepatronal representó para los años 2004 y 2005 la cantidadde Bs. 3.389,71 millones y Bs. 5.468,98 millonesrespectivamente, no obstante estos no fueron depositadosen las cuentas del mencionado Fondo y se realizaroncolocaciones con los recursos constitutivos del mismo.Dicha situación trajo como consecuencia la afectación delos recursos del sistema de previsión social del personalde la C.A. Metro de Caracas, indistintamente que la empresahaya honrado los compromisos, que legalmente lecorresponden con el personal jubilado y pensionado.La Caja de Ahorros de los Trabajadores de la C.A.Metro de Caracas pagó un monto total de Bs. 1.559,18millones, por concepto de los honorarios profesionales aun abogado, equivalente al 10% del monto cobrado a laC.A. Metro de Caracas, de acuerdo con lo establecido enel contrato de fecha 19-05-2005, suscrito de conformidadcon lo establecido en el artículo 28, ordinal 17 del Estatutode esa Caja de Ahorros, para que representare, sostuvierey defendiere sus derechos, acciones e intereses, de formajudicial y extrajudicial, respecto de las gestiones decobranza que tenían por objeto recuperar los derechos177

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007de créditos correspondientes a CATMECA, por conceptode los aportes patronales, aportes personales de cada unode los asociados, retenciones y cualquier otro créditoque a favor de ésta mantuviera la empresa C.A. Metrode Caracas, lo cual incluía la presentación formal dedemanda tendente a recuperar estos créditos y sus interesesmoratorios. Sin embargo, en el contrato suscrito seevidencian cláusulas que parecen favorecer al contratadosin resguardo del patrimonio de la Caja de Ahorros delos Trabajadores de la C.A. Metro de Caracas, toda vezque se señala obligatoriedad del pago del servicio, indistintamentedel tiempo transcurrido y de las gestionesextrajudiciales que realizara el abogado, si las partes llegarana un acuerdo, antes o después de iniciado el juicio,así mismo se indicó la obligatoriedad de cubrir todoslos gastos tales como: pago de honorarios de expertos,carteles de publicación en prensa, fotocopias y copiascertificadas, traslados y constituciones de tribunales,pagos de depositarias judiciales, entre otros.Al respecto es de indicar que a pesar de que el contratofue suscrito en fecha 19-05-2005 por el Presidente, Vicepresidentey Tesorero de CATMECA así como el abogadoen comento por la otra parte, no fue sino hasta el mes deoctubre del año 2005, que mediante la figura de asambleasparciales de asociados se informó a los asociados la decisióntomada de contratar un abogado y otorgarle un poderpara que representara a la asociación y gestionara lacobranza a la empresa CAMETRO, no obstante, el artículo26, numeral 3, de la Ley de Cajas de Ahorro y Fondos deAhorro (Gaceta Oficial N° 37.611 del 16-01-2003), señalaentre las funciones del Consejo de Administración: “Informara la Asamblea de Asociados sobre los litigios quese encuentren pendientes, así como de la contrataciónde apoderados judiciales y extrajudiciales”.De lo anteriormente expuesto se desprende la inobservanciapor parte del Consejo de Administración de CAT-MECA de las disposiciones que rigen el funcionamientode la Caja de Ahorros, al contratar los servicios profesionalesdel referido abogado sin la previa autorización de laAsamblea de Asociados en detrimento de los intereses deCATMECA.ConclusionesEl desfase presentado en la entrega a CATMECA de losmontos retenidos a los trabajadores y el aporte patronalpor concepto de Caja de Ahorros, denota una inadecuadaadministración de recursos por parte de la Gerencia Corporativade Administración y Finanzas de CAMETRO, endetrimento de la disponibilidad financiera de CATMECA,que se traduce en el pago de recursos adicionales por conceptode intereses moratorios. Así mismo, la no realizaciónde los depósitos respectivos en las cuentas del Fondo dePensionado y Jubilados de la C.A. Metro de Caracas, porconcepto de aportes patronales y retenciones de los trabajadores,afecta los recursos correspondientes al sistema deprevisión social del personal de la Compañía.Por otra parte, la contratación efectuada por CATMECA,a un abogado designado como apoderado de la Caja deAhorros de los Trabajadores de la C.A. Metro de Caracas,sin la respectiva aprobación de los asociados y en condicionesdesfavorables para la Caja, por el orden de Bs. 1.559,18millones, para realizar gestiones de recuperación de losmontos adeudados por CAMETRO por concepto de retencióny aporte patronal, incide negativamente en la transparenciade la operación realizada.RecomendacionesSe insta a las máximas autoridades de la C.A. Metrode Caracas (CAMETRO) y al Consejo de Administración deCATMECA, abocarse al estudio de las diferentes fallasadministrativas detectadas, y en tal sentido:• La Junta Directiva de la C.A. Metro de Caracas, agirar instrucciones a las gerencias involucradas losfines de cumplir con lo establecido en Ley de Cajasde ahorro y Fondos de Ahorro, y en tal sentido enteraroportunamente las retenciones efectuadas al personalde CAMETRO, así como cumplir de la misma formacon los aportes patronales. Asimismo, girar instruccionesa los fines de cumplir con lo establecido en elDocumento Constitutivo del Fondo de Pensionadosy Jubilados de los Trabajadores de la C.A. Metro deCaracas, correspondiente a las retenciones al personaly aportes del empleador.178

Administración Nacional DescentralizadaSector Servicios• El Consejo de Administración de la Caja de Ahorrosde los Trabajadores de la C.A. Metro de Caracas, a losfines de asegurar los principios de legalidad, economía,imparcialidad, honestidad, transparencia, buenafe y confianza, deben someter a la previa consideracióny aprobación de los asociados aquellos actos odecisiones que comprometan de manera significativael patrimonio de la Caja de Ahorro.jetivos específicos: Verificar los mecanismos establecidospor la CNC para la vigilancia, supervisión y control de lasactividades relacionadas con el funcionamiento de casinos,salas de bingo y máquinas traganíqueles; constatar los mecanismosimplementados por la Comisión para supervisarla correcta recaudación de las regalías y contribuciones especialesprevistas en la LCCSBMT; verificar si la estructuraorganizativa y el funcionamiento de la CNC se ajusta a lanormativa vigente aplicable a las instituciones y órganos delestado; así como, verificar si el proceso presupuestario de laCNC está enmarcado en los lineamientos previstos en la LeyOrgánica de la Administración Financiera del Sector Público(LOAFSP), Gaceta Oficial Nº 37.978 de fecha 13-07-2004,para los entes descentralizados sin fines empresariales, asícomo el Reglamento Nº 1 de la citada Ley (Gaceta OficialNº 5.592 Extraordinario de fecha 27-06-2002).COMISIÓN NACIONAL DE CASINOS, SALAS DE BINGOY MÁQUINAS TRAGANÍQUELES (CNC)VIGILANCIA, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ACTIVIDADES LÍCITASDE ENVITE Y AZARLa Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y MáquinasTraganíqueles (CNC) goza de autonomía funcional,fue creada mediante la Ley para el Control de los Casinos,Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles (LCCSBMT),Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 36.254de fecha 23-07-97, es un Servicio Autónomo del EstadoVenezolano, integrado a la estructura orgánica del Ministeriodel Turismo (ahora Ministerio del Poder Popular parael Turismo), según la Disposición Transitoria TrigésimaOctava del Decreto Presidencial Nº 5.246 (Gaceta Oficialde la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.654 del28-03-2007), en el cual se dictó la Reforma Parcial delDecreto sobre Organización y Funcionamiento de la AdministraciónPública Nacional. Tiene por objetivo ser elente rector de la política nacional en materia de recreacióny entretenimiento, responsable de la concesión de licencias,el control, la supervisión, fiscalización y recaudación detributos en materia de juegos lícitos de envite y azar, quese realizan en los establecimientos de Casinos, Salas deBingo y Máquinas Traganíqueles.Alcance y objetivos de la actuaciónLa actuación se circunscribió a la evaluación de lagestión desarrollada por la CNC durante el ejercicio fiscal2005, así como su organización y funcionamiento. En talsentido, se tomó una muestra de 15 licenciatarias, equivalentea 30,00% del total del universo de 50 empresasautorizadas para operar como licenciatarias de casinos ysalas de bingo. A tales efectos, se fijaron los siguientes ob-Observaciones relevantesEn la actuación practicada se evidenció que 4 licenciatariasno presentaron los estados financieros mensualescorrespondientes al ejercicio fiscal 2005. Al respecto, elartículo 22 de la Providencia Administrativa Nº 3, referidaa las “Normas y Procedimientos para la Recaudación,Control y Fiscalización de las Contribuciones Especialesestablecidas en la Ley para el Control de los Casinos, Salasde Bingo y Máquinas Traganíqueles” (Gaceta Oficial N°37.026 de fecha 31-08-2000), establece que la InspectoríaNacional llevará un registro actualizado con la informaciónde las empresas licenciatarias, entre cuyos datos deberácontener la información contable de los estados financierosmensuales, a los efectos de verificar la autoliquidaciónrealizada por dichas empresas o de realizar el cálculo delas contribuciones especiales, cuando este procedimientole corresponda efectuarlo a la Comisión.En este sentido es importante destacar que el hecho deno contar con los estados financieros mensuales de lasempresas licenciatarias, se torna en una limitante para laCNC, a los fines de conocer en primer lugar, si efectivamentelas autoliquidaciones por concepto de contribucionesespeciales, que realizan las empresas autorizadas paraoperar casinos y salas de bingo, se efectúan con base en elvalor real de sus activos, y en segundo lugar, si las referidas179

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007empresas, reúnen el requisito del capital operativo mínimo,para continuar operando en el territorio nacional. Tal situaciónes consecuencia de que la Inspectoría Nacional, no hainstrumentado los mecanismos de control necesarios paragarantizar la remisión mensual de la información financierapor parte de las empresas licenciatarias.El artículo 17, numeral 7 de la LCCSBMT, prevé entrelos requisitos que deben consignar las empresas interesadasen la operación de casinos y salas de bingo, lasfianzas bancarias o de compañías de seguros; asimismo,la Resolución de Directorio Nº 141 de fecha 08-07-2004,establece que la vigencia de la fianza deberá ser el lapsode duración de la licencia respectiva, esto con el objetode garantizar la premiación, regalías, contribuciones especialesy demás impuestos y obligaciones que impone elmarco normativo que regula este tipo de actividades. Noobstante, de la revisión efectuada a los expedientes de lasoperadoras, se evidenció que 3 de ellos no contenían lafianza de fiel cumplimiento y 6 presentaban la fianza defiel cumplimiento vencida. Tal situación se deriva de laausencia de mecanismos de control interno por parte de laCNC, dirigidos a garantizar la observancia por parte de lasempresas operadoras de todas las obligaciones que contraena tenor de las previsiones contenidas en la LCCSBMT ydemás normativa de obligatorio cumplimiento, lo que traecomo consecuencia que dichas licenciatarias operen sinasegurarle a los usuarios de sus servicios el cumplimientode la premiación ofertada.Se observó que 3 licenciatarias no habían actualizado elmonto de su capital social, en atención a la variación anualde la Unidad Tributaria (UT), no obstante, lo establecidoen el parágrafo único del artículo 16 de la LCCSBMT, encuanto a que el monto equivalente en bolívares del capitalsocial mínimo, debe reajustarse a comienzos de cada añode acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo229 del Código Orgánico Tributario. Al respecto, el primeraparte del artículo 7 del “Reglamento de la Ley para elControl de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles”(RLCCSBMT), Gaceta Oficial N° 36.523 de fecha24-08-98, establece entre otros que, cuando los balancesreflejen un capital operativo inferior, la Licenciataria deberáreponerlo dentro de los cinco días hábiles siguientesa la fecha de recibo del balance contable por parte de laComisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y MáquinasTraganíqueles. En caso de no reponerlo, se aplicarán lassanciones previstas en el artículo 45 de la LCCSBMT, deconformidad con lo establecido en el artículo 44, numeral3 de dicha Ley.Tal situación es originada por la falta de implementaciónde mecanismos de control y seguimiento por parte de laCNC, a través de su Inspectoría Nacional, para que lasempresas con licencia para operar salas de bingo, casinosy máquinas traganíqueles cumplan a cabalidad con losrequisitos establecidos en el marco jurídico que regulala operatividad y funcionamiento de los referidos establecimientos,lo que trae como consecuencia que dichaslicenciatarias funcionen sin asegurarle a sus usuarios elcumplimiento de la premiación y a la CNC la cancelaciónde las obligaciones impositivas establecidas en la normativacorrespondiente.No se evidenció dentro de la documentación que conformalos citados expedientes, Actas de Determinación,Resolución de Directorio y/o Planillas de Liquidaciones, alos fines de realizar los ajustes correspondientes a las autoliquidacionesrealizadas por las empresas licenciatariaspor concepto de Contribuciones Especiales y Regalías, canceladasdurante el ejercicio fiscal 2005. Sobre el particular,el artículo 24 de la Providencia Administrativa Nº 3 indicaque, “La Dirección de Administración de la ComisiónNacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíquelesrevisará las autoliquidaciones de las empresaslicenciatarias dentro de los sesenta (60) días siguientes a supresentación y notificará a la Inspectoría Nacional cualquierdisconformidad para que ésta proceda a su determinaciónsegún lo establecido en esta Providencia”. En tal sentido,el artículo 15 de la Providencia Nº 2 “Normas y Procedimientospara la Recaudación, Control y Fiscalización delas Regalías por concepto de la Explotación de Mesas deJuego en Casinos y de Máquinas Traganíqueles” (GacetaOficial N° 37.026 de fecha 31-08-2000), señala que: “Lafalta de pago, el pago incompleto o fuera del término, haráexigible la totalidad del saldo adeudado más los interesesmoratorios, calculados de conformidad a lo establecidoen el artículo 59 del Código Orgánico Tributario; y deter-180

Administración Nacional DescentralizadaSector Serviciosminadas mediante Actas de Fiscalización, que al efectoelaborará la Inspectoría Nacional”.Tal hecho es consecuencia de la falta de revisión a lasautoliquidaciones realizadas por las empresas licenciatarias,así como de un adecuado control y seguimiento delos montos que por concepto de regalías y contribucionesespeciales deben cancelar estas empresas, las cuales constituyenuna fuente de ingresos, tanto para el Tesoro Nacionalcomo para el referido Servicio Autónomo.Se evidenciaron debilidades en el sistema de controlinterno, relacionadas con la verificación de los cálculosefectuados por las licenciatarias a los fines de cumplircon la cancelación de las contribuciones especiales. Alrespecto, el artículo 11 de la LCCSBMT, establece a cargode las licenciatarias, una contribución especial destinadaal presupuesto de gastos de la Comisión. Dicha contribucióndebe liquidarse por adelantado ante la CNC, dentrode los primeros diez (10) días de cada mes del respectivoejercicio fiscal, a tenor de lo previsto en el artículo 12de la LCCSBMT situación que afecta el volumen de losingresos que percibe el citado Servicio Autónomo y porende su operatividad; y los mismos son consecuencia de lafalta de revisión a las autoliquidaciones realizadas por lasempresas licenciatarias, así como de un adecuado controly seguimiento de los montos que por concepto de regalíasy contribuciones especiales deben cancelar estas empresas;función atribuida a la Dirección de Administración de laCNC, a tenor de lo dispuesto en el artículo 24 de la ProvidenciaAdministrativa Nº 3.Se observó que 9 licenciatarias dejaron de enterar alTesoro Nacional durante el año 2005, la suma aproximadade Bs. 4.593,46 millones, por concepto de regalías. Al respecto,el artículo 14 de la Providencia Administrativa Nº 2,señala que, “Las empresas licenciatarias deberán calcularmensualmente las regalías y cancelar el monto determinadoen una oficina de fondos nacionales, dentro de loscinco (5) días continuos siguientes a la finalización decada mes calendario”, en concordancia con el artículo32 ejusdem, que prevé “La Dirección de Administraciónde la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo yMáquinas Traganíqueles revisará las autoliquidacionesde las empresas licenciatarias dentro de los sesenta(60) días siguientes a su presentación y notificará a laInspectoría Nacional cualquier disconformidad para queésta proceda a su determinación según lo establecido enesta Providencia”.Tal situación es consecuencia de que la CNC, a travésde la Dirección de Administración, durante el año 2005no efectuó revisiones a las autoliquidaciones que debenhacer las empresas licenciatarias, para garantizar que lasmismas cumplan sus obligaciones tributarias con el TesoroNacional.Los estados financieros de la CNC correspondientesal año 2005, no se encuentran auditados por un contadorpúblico colegiado, a los fines de ser presentados a laOficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), a la OficinaNacional de Contabilidad Pública (ONACOP) y a la SuperintendenciaNacional de Auditoría Interna (SUNAI),no obstante, que el artículo 16 de la Ley de Presupuestopara el ejercicio fiscal 2005 (Gaceta Oficial Nº 5.743Extraordinario de fecha 13-12-2004), señala la obligatoriedada los entes descentralizados funcionalmente sinfines empresariales de presentar los estados financieroscertificados por un contador público debidamente colegiado,dentro del primer trimestre del año siguienteal del cierre de cada ejercicio presupuestario, ante lasinstancias anteriormente citadas. Esto se debe a que lasautoridades de la Comisión no contrataron a un contadorpúblico a los fines de auditar dichos estados financieros.En consecuencia la CNC no cuenta con cifras certificadaspor profesionales independientes que den fe pública de lagestión financiera de ese Servicio Autónomo; asimismo,la ONAPRE no dispone de dichos reportes a los fines deejercer las funciones que le ha conferido el estamentojurídico como órgano del Sistema Presupuestario de laNación. Igualmente, a la ONACOP no le permite cumplircon la función de consolidar los estados financieros de laRepública y sus entes descentralizados.ConclusionesLa evaluación realizada por esta Contraloría Generalde la Republica, a la gestión cumplida por la Comisión181

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles(CNC), así como su Organización y Funcionamientodurante el año 2005, reflejó entre otros: ausenciade mecanismos de control interno dirigidos a garantizarla observancia por parte de las empresas operadoras decasinos, salas de bingo y máquinas traganíqueles de todaslas obligaciones que contraen a tenor de las previsionescontenida en la normativa de obligatorio cumplimientoque rige la materia, toda vez que, se constató de la revisiónefectuada a una muestra de 15 expedientes, la existenciade 4 licenciatarias que no presentaron los estadosfinancieros mensuales correspondientes al ejercicio fiscal2005, 3 que no contienen la fianza de fiel cumplimiento,6 que presentan la fianza de fiel cumplimiento vencida,así como 3 que no han actualizado el monto de su capitalsocial; falta de revisión a las autoliquidaciones realizadaspor las empresas licenciatarias, así como de un adecuadocontrol y seguimiento de los montos que por concepto deRegalías y Contribuciones Especiales deben cancelar estasempresas.RecomendacionesCon el propósito de coadyuvar al fortalecimientodel sistema de control interno de la Comisión Nacionalde Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles(CNC), esta Contraloría General de la República instaal Presidente y demás Miembros que integran el DirectorioEjecutivo de la CNC, para que asuman las decisionesnecesarias para concretar las recomendacionessiguientes:• Implementar mecanismos de Control Interno, quegaranticen la vigilancia, supervisión y control de lasempresas con licencia para operar Casinos, Salas deBingo y Máquinas Traganíqueles.• Instrumentar mecanismos de seguimiento y controlpara supervisar la correcta recaudación de las Regalíasy Contribuciones Especiales previstas en la Ley parael Control de los Casinos, Salas de Bingo y MáquinasTraganíqueles.• Establecer los mecanismos necesarios que permitana la Comisión, contar oportunamente con EstadosFinancieros auditados y certificados por una firma decontadores públicos independientes.INSTITUTO AUTÓNOMO CONSEJO NACIONALDE LA VIVIENDA (CONAVI)CONTRATOS Y RECURSOS UTILIZADOS PARA SU EJECUCIÓNEl CONAVI fue creado por Ley de Política Habitacional(Gaceta Oficial Nº 4.124 del 14-09-1989) y a partir del01-01-1999 tiene carácter de Instituto Autónomo (GacetaOficial Nº 36.575 del 05-11-1998). Actualmente está bajola tutela del Ministerio del Poder Popular para la Vivienday Hábitat. La Ley del Régimen Prestacional de Vivienda yHábitat (Gaceta Oficial Nº 38.182 del 09-05-2005) estableceque el Ejecutivo Nacional deberá presentar a la AsambleaNacional el proyecto de ley especial de la supresión y liquidacióndel CONAVI, así como, la creación de una JuntaLiquidadora. El numeral 4 del artículo 12 del Decretocon Rango y Fuerza de Ley que Regula el Subsistema deVivienda y Política Habitacional (LSVPH) Gaceta OficialNº 37.066 del 30-10-2000, vigente para el periodo evaluado,establece que la política habitacional en materia devivienda desarrollará el Programa IV: “Rehabilitación deUrbanizaciones Populares”. Razón por la cual, el CONAVIsuscribió el convenio interinstitucional con el ServicioAutónomo de Fondos Integrados de Vivienda (SAFIV)y el Instituto Municipal de la Vivienda y del Hábitat delMunicipio Independencia del Estado Miranda (INMUVHI)con el objeto de regular la ejecución del proyecto denominado“Construcción del Sistema de Cloacas, Aceras,Cunetas y Asfaltado, en calles de los Sectores Brisas deCartanal y Bachaquero del Desarrollo La Lagunita”, el cualse encuentra inserto en el referido Programa IV, que seríadesarrollado con recursos del Fondo de Aportes del SectorPúblico (FASP) correspondiente al presupuesto del año2004, por Bs. 3.759,56 millones. Posteriormente, en fecha12-08-2004, se suscribió el contrato de fideicomiso deadministración entre el INMUVHI (fideicomitente), creadopor Ordenanza Municipal del Municipio Independenciadel estado Miranda de fecha 26-06-2001, BANESCO,Banco Universal C.A. (fiduciario) y el SAFIV, siendoel objeto del mismo, la administración e inversión delfondo fiduciario para la ejecución del citado proyecto.Adicionalmente, el INMUVHI suscribió contrato de inspeccióny contrató por vía de adjudicación directa ala empresa Constructora para ejecutar los trabajos delproyecto antes citado, en virtud del Decreto Nº 0006-182

Administración Nacional DescentralizadaSector Servicios2003, emanado del Municipio Autónomo Independenciadel Estado Miranda, dada la emergencia declarada en elmismo, en fecha 31-07-2003.La cláusula segunda del convenio anteriormente identificado,establece que el CONAVI, actuaría como el organismoasesor, planificador, supervisor, organizador y prestadorde la asistencia técnica habitacional y como el organismosupervisor, fiscalizador, controlador y evaluador de losentes que intervienen en la administración de los recursos.El SAFIV sería el organismo que proporcionaríaa través del FASP, los recursos para la ejecución delproyecto objeto del Convenio, y el INMUVHI operaríacomo el ente responsable de la ejecución de las obrasdel referido proyecto.Alcance y objetivos de la actuaciónLa actuación se orientó a evaluar la situación administrativadel expediente suministrado por la Dirección de Supervisióny Control de Calidad del CONAVI, relacionado con los4 contratos suscritos por el CONAVI, para la “Construccióndel Sistema de Cloacas, Aceras, Cunetas y Asfaltado, encalles de los Sectores Brisas de Cartanal y Bachaquero delDesarrollo La Lagunita, así como los recursos utilizadospara su ejecución, durante el período comprendido entreel año 2004 al primer semestre de 2006.Observaciones relevantesDe la evaluación administrativa efectuada al expedientede los 4 contratos suscritos por el CONAVI, para laejecución del referido proyecto, archivados en la Direcciónde Supervisión y Control de Calidad, se constató que enlos mismos, no reposaban los documentos necesarios paraque el CONAVI realizara un efectivo control y supervisiónde los entes que administraron los recursos inherentesal proyecto, así como, la inspección de la ejecución delproyecto, previsto en el convenio interinstitucional; losexpedientes contienen información repetida y no estándebidamente numerados ni foliados; la información contenidaen dichos expedientes no está archivada en ordencronológico, ni está consolidada en una sola Gerencia yparte de ella está incompleta o no reposa en el CONAVI,no obstante que el artículo 141 de la Ley Orgánica dela Administración Pública (Gaceta Oficial Nº 37.305del 17-10-2001), en concordancia, con lo previsto en elartículo 23 de las Normas Generales de Control Interno(NGCI) Gaceta Oficial Nº 36.229 de fecha 17-06-1997,establecen que los documentos deben contener informacióncompleta y exacta, archivarse siguiendo un ordencronológico que faciliten su oportuna localización, asícomo, el artículo 86 del Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánicade Administración Financiera del Sector PúblicoSobre el Sistema Presupuestario (Gaceta Oficial Nº 5.592Extraordinario del 27-06-2002) señala la obligatoriedadde conformar los expedientes que impliquen transaccioneseconómicas financieras y conservarse organizadosy numerados en orden consecutivo. Tales situaciones,derivadas de la delegación de responsabilidades por partedel CONAVI, inciden en el desarrollo de las actividadesque debió realizar este Instituto, sobre las operacionesefectuadas para la ejecución del proyecto, relativas a unefectivo control y supervisión en atención al conveniointerinstitucional suscrito, a fin de garantizar la correctautilización de los recursos destinados a la ejecución delproyecto y por ende la salvaguarda del patrimonio delEstado. Además, limitaron las actividades de control quele compete ejercer a los órganos de control fiscal, en elsentido de evaluar la situación administrativa, física yfinanciera del proyecto.Los contratos de inspección, de obras y el conveniointerinstitucional, no poseen fecha de suscripción, no obstanteque todas las transacciones y operaciones financieras,presupuestarias y administrativas deben estar respaldadascon la suficiente documentación justificativa, además, losdocumentos inherente a estos, deben contener informacióncompleta y exacta, según lo previsto en el artículo 23 delas NGCI. Tales situaciones, producto de la delegaciónde responsabilidades por parte del CONAVI, no permitenconocer la fecha de celebración de dichos contratos a losefectos de verificar el cumplimiento de los lapsos establecidoscontractualmente. Asimismo, ante posibles inobservanciasde los contratos, tal omisión podría obstaculizar elejercicio de los derechos de la República frente a terceros,dado el desconocimiento de la entrada en vigencia de lacontratación.183

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007El contrato de inspección de las obras, suscrito por el IN-MUVHI para prestar los servicios profesionales de inspeccióny supervisión del proyecto, establece un lapso de duraciónde 4 meses, no obstante, que el convenio interinstitucionaly los contratos de fideicomiso y de obras señalan queel plazo de ejecución sería de 5 meses. En consecuencia,las disposiciones establecidas en el referido convenio yen los contratos de fideicomiso y de obras, no fueronconsideradas a la hora de llevar a cabo la suscripcióndel mencionado contrato de inspección, que debería serpor el mínimo de tiempo de ejecución de los trabajos (5meses), establecidos en el convenio interinstitucional,es decir, que los trabajos realizados por la empresa contratadaestuvieron 1 mes sin la debida supervisión porparte del ente contratante (INMUVHI) evidenciándose queel CONAVI no cumplió con las obligaciones contraídasen el convenio interinstitucional y a lo establecido enla LSVPH.La empresa contratista mantiene en su poder Bs. 987,22millones por concepto de anticipo no ejecutado, equivalenteal 55,22% del monto total otorgado (Bs. 1.787,94 millones)por este concepto, sin que se evidenciara la aplicaciónde las cláusulas penales establecidas en los documentoscontractuales, por parte del Instituto Municipal a losefectos de la recuperación del anticipo no amortizado, nilas diligencias por parte del CONAVI, en cuanto a la administracióny control de los dineros que el Estado le confiópara la ejecución del proyecto, dado que no exigió cuentasal ente ejecutor (INMUVHI) sobre los recursos que le fueronentregados, ni aplicó las sanciones correspondientes, esdecir, tanto el CONAVI como el INMUVHI, no cumplieroncon lo establecido en el convenio interinstitucional y en elcontrato de fideicomiso, a los efectos de la recuperacióndel anticipo no amortizado.La empresa Contratista fue contratada por el INMUVHImediante adjudicación directa, para la ejecución de lasobras por Bs. 3.759,56 millones, debido a la declaratoriade emergencia del Municipio Autónomo Independenciadel Estado Miranda, a través del Decreto de fecha 31-07-2003, no obstante su baja capacidad financiera (Bs.100,00 millones) y nivel de contratación (I), sumado a lafalta de experiencia en ejecución de obras, según constaen la “Planilla Resumen” del Registro Nacional de Contratistas.Circunstancias, que aunadas al bajo desempeñopor parte de la empresa contratada para la inspección delas obras, influyeron en la paralización de los trabajos,pese al anticipo otorgado a la empresa contratista por Bs.1.787,94 millones, sin embargo, el INMUVHI contrató a lareferida empresa para la ejecución del desarrollo, aproximadamente1 año después de declarada la emergencia porparte del Municipio, obviando el proceso de licitacióncorrespondiente establecido en la Ley de Licitaciones,que le permitiera al CONAVI efectuar un seguimiento coordinadoy efectivo del proceso de selección de la empresacontratista, en cuanto a la verificación de su capacidadfinanciera, nivel de contratación y la experiencia en laejecución de las obras, entre otros, así como, la exigenciade las garantías pertinentes y suficientes a los efectos dela correcta ejecución de los trabajos, lo que trajo comoconsecuencia la paralización de la obra y la posteriorrescisión del contrato con las consecuentes erogacionesadicionales por parte del CONAVI, a los efectos de cumplircon el objeto establecido en el convenio interinstitucional,acarreando esto un mayor costo económico y social a lanación, además, este Máximo Órgano de Control no pudoconstatar si el INMUVHI, ha sido diligente o ha cumplidoa cabalidad las acciones necesarias para ejecutar enun tiempo perentorio los trámites administrativos pararescindir el contrato y proceder judicialmente contra laempresa contratista, por cuanto no consta en el expedientelos documentos necesarios para la revisión respectiva. Esdecir, que el CONAVI no veló que el ente contratante exigieralas garantías necesarias para salvaguardar y protegerlos dineros públicos para la construcción del proyecto,frente a eventuales incumplimientos de los contratosimputables a los contratistas, no obstante, que el sistemade control interno implantado en los entes y organismosdeberá garantizar, que antes de proceder a la adquisiciónde bienes y servicios, o la elaboración de otros contratosque impliquen compromisos financieros, los responsablesse aseguren de que se hayan previsto las garantías necesariasy suficientes para responder por las obligacionesque ha de asumir el contratista, según lo previsto en elnumeral 3 del artículo 38 de la LOCGRSNCF.184

Administración Nacional DescentralizadaSector ServiciosConclusionesEl CONAVI no ejerció un adecuado y oportuno seguimientoy control sobre el contrato de fideicomiso suscritopara la ejecución de la obra construcción del sistemade cloacas, aceras, cunetas y asfaltado, en calles de losSectores Brisas de Cartanal y Bachaquero del DesarrolloLa Lagunita, en virtud de que el expediente que reposaen el archivo de la Dirección de Supervisión y Controlde Calidad del Instituto, no contiene toda la documentaciónnecesaria, para que el Instituto realizara unaefectiva supervisión de los entes que administraron losrecursos inherentes al proyecto, así como, la inspecciónde la ejecución del mismo.Los contratos de inspección, de obras y el convenio interinstitucional,no poseen fecha de suscripción. Asimismo,se determinó inconsistencias en los lapsos de ejecuciónpara la inspección y supervisión del proyecto, previstos enlos contratos de inspección de obras; de fideicomiso y deobras así como, en el convenio interinstitucional.La empresa constructora mantiene en su poder montospor concepto de anticipo no ejecutado, equivalente al55,22%, del monto total otorgado. Adicionalmente, el IN-MUVHI no aplicó las cláusulas penales establecidas en losdocumentos contractuales, a los efectos de la recuperacióndel anticipo no amortizado. Además, se obvió el procedimientolicitatorio previsto en la normativa vigente, ya quelas obras fueron contratadas mediante el procedimiento deadjudicación directa. No se observaron en el expediente losdocumentos relativos a los trámites administrativos pararescindir el contrato, para la aplicación de los procedimientospara el reintegro del anticipo no ejecutado y procederjudicialmente contra la empresa contratista.RecomendacionesEn atención de las observaciones contenidas en el presenteInforme, esta Contraloría General de la Repúblicaexhorta a la Junta Liquidadora de CONAVI, lo siguiente:• Abocarse a subsanar las fallas y deficiencias observadasen relación con la supervisión y control de losContratos suscritos por ese Instituto para la ejecuciónde la obra “Construcción del sistema de cloacas,aceras, cunetas y asfaltado, en calles de los sectoresBrisas de Cartanal y Bachaquero del desarrollo La Lagunita,”,a los fines de que el proceso de liquidación,mediante el cual esa Junta asumió las obligacionespropias de la Institución, esté dirigido de maneraefectiva, permitiendo crear la plataforma organizativarequerida, para asegurar que el organismo que asumalas funciones, corrija las situaciones contenidas eneste Informe, procurando satisfacer las necesidadesde la colectividad, y cumplir, entre otros, con la metaprevista, con miras a lograr un manejo adecuado delos recursos asignados.• Conformar un expediente que contenga los documentosinherentes al proyecto, con la finalidad de garantizarel correcto y adecuado traslado al Organismo queasuma las obligaciones, para lograr su continuidad oculminación.• Exigir al INMUVHI el cumplimiento de los procedimientosadministrativos necesarios, a los fines de recuperarlos montos que por concepto de anticipo no ejecutado,la empresa contratista mantiene en su poder, así comola aplicación de las sanciones y/o penalizaciones aque hubiere lugar.INSTITUTO AUTÓNOMO CONSEJO NACIONALDE LA VIVIENDA (CONAVI)CONVENIO INTERINSTITUCIONAL PARA EJECUCIÓN DE OBRASEl CONAVI fue creado por Ley de Política Habitacional(LPH), Gaceta Oficial Nº 4.124 de fecha 14-09-1989, y apartir del 01-01-1999 tiene carácter de Instituto Autónomo(G.O. Nº 36.575 del 05-11-1998), adscrito al Ministerio parala Vivienda y Hábitat, actual Ministerio del Poder Popularpara la Vivienda y Hábitat (Decreto Nº 5.103 del 28-12-2006, publicado en Gaceta Oficial Nº 5.836 Extraordinariode fecha 08-01-2007).En las Disposiciones Transitorias Primera, del Título VIIDisposiciones Transitorias, Derogatorias y Final de la Leydel Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat (GacetaOficial Nº 38.204 del 08-06-2005), se estableció que en unlapso no mayor de noventa días continuos, contados a partirde la publicación de esta Ley, el Ejecutivo Nacional deberá185

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007presentar a la Asamblea Nacional, el proyecto de ley especialde supresión y liquidación, del CONAVI, situación queha influido en la organización y funcionamiento de la Institucióny por ende en el suministro de la información.El numeral 4 del artículo 12 del Decreto con Rangoy Fuerza de Ley que Regula el Subsistema de Vivienday Política Habitacional (LSVPH), publicada en G. O. Nº37.066 del 30-10-2000, vigente para el periodo evaluado,establece que la política habitacional en materia de viviendadesarrollará el Programa IV: “Rehabilitación de UrbanizacionesPopulares”, el cual tiene por objetivo procurarla rehabilitación integral sostenible y sustentable de lasurbanizaciones populares que presenten un alto grado dedeterioro físico, ya sea por longevidad de la obra o porvicios constructivos, que se lograría mediante la formulaciónde proyectos urbanos que involucran a los organismosejecutores, a la comunidad organizada, a las pequeñas ymedianas empresas de la construcción y a grupos interdisciplinariosde profesionales. Razón por la cual, el CONAVIsuscribió el Convenio Interinstitucional, con el ServicioAutónomo de Fondos Integrados de Vivienda (SAFIV) y elInstituto Municipal de la Vivienda del Municipio FranciscoLinares Alcantara (IMVIFLA) del Estado Aragua, institutocon personalidad jurídica y patrimonio propio, distinto eindependiente del Fisco Municipal, creado por OrdenanzaMunicipal Nº 11/2001 de fecha 30-04-2001, con el objetode la ejecución del proyecto: “Rehabilitación de Cloacas delBarrio 12 de Octubre” ubicado en el Municipio FranciscoLinares Alcántara del Estado Aragua.Cabe señalar, que en la cláusula tercera del convenioantes identificado, quedó establecido que el CONAVI actuaríacomo el organismo asesor, planificador, supervisor, organizadory prestador de la asistencia técnica habitacional, asícomo, el organismo supervisor, fiscalizador, controlador yevaluador de los entes que intervienen en la administraciónde los recursos, comprendidas las facultades de inspecciónde la ejecución del proyecto y de la obras comprendidasa cargo de tales entes, de conformidad con lo establecidoen el artículo 70 de la LSVPH vigente para el periodoevaluado. Por otra parte, el SAFIV como el organismo queproporcionaría, a través del Fondo de Aportes del SectorPúblico (FASP), los recursos para la ejecución del proyectoobjeto del convenio, e IMVIFLA actuó como el ejecutor delproyecto.Posteriormente, fue suscrito Contrato de Fideicomiso deAdministración entre IMVIFLA (Fideicomitente) y BANESCOBanco Universal C.A. (Fiduciario), protocolizado ante laNotaría Pública Décimo Séptima del Municipio Libertadordel Distrito Capital, el 21-01-2004.En fecha 03-02-2004, suscribió el contrato de obras conla empresa Contratista con el objeto de la ejecución dela “Rehabilitación de Cloacas del Barrio 12 de Octubre”en el Municipio Francisco Linares Alcántara del EstadoAragua, por Bs. 226,31 millones y un plazo de ejecuciónde 90 días.Alcance y objetivos de la actuaciónLa actuación se orientó a verificar la situación administrativadel convenio interinstitucional suscrito por elCONAVI, SAFIV e IMVIFLA para la “Rehabilitación de lascloacas del Barrio 12 de Octubre”, ubicadas en el MunicipioFrancisco Linares Alcántara del Estado Aragua, y constatarsi los recursos fueron aportados oportunamente para laejecución de la obra, en el período 2003-2005.Observaciones relevantesDe la revisión efectuada al expediente relacionado conla ejecución del proyecto en referencia, que reposa en elarchivo de la Dirección de Supervisión y Control de Calidaddel CONAVI, no se evidenciaron los informes mensualesrelativos al avance del proceso: Ejecución de proyectos yde obras, movimiento de tierra y reporte de los profesionales,especificando la empresa y equipos interdisciplinarioscontratados (el cual tenía que ser presentado en el formato“Matriz Gerencial de Control y Ejecución de Proyectos”),ni el cierre económico del contrato de fideicomiso, quecontenga: fecha y monto de los recursos recibidos y delas erogaciones efectuadas; costo de administración delfideicomiso con indicación de la fecha y el monto de losdesembolsos efectuados por este concepto, utilidades o rendimientosacumulados y generados por el fondo fiduciario,no obstante lo previsto en la cláusula cuarta del convenio186

Administración Nacional DescentralizadaSector Serviciosinterinstitucional, mediante la cual el IMVIFLA se comprometíaa remitir dicha información al CONAVI.Adicionalmente, en el referido expediente no se evidencióel contrato de inspección, pese a lo previsto enla cláusula quinta del convenio interinstitucional, el cualindica que “A los fines del ejercicio de las funciones deinspección del Proyecto, ‘IMVIFLA’ contratará los serviciosde profesionales altamente calificados en cada una de lasmaterias, previamente calificados y seleccionados por el‘CONAVI’, de conformidad con lo expuesto en el ordenamientojurídico y en el Manual de Contratación del Colegio deIngenieros de Venezuela y con cargo a los costos operativosen la forma indicada (…)”, situación que obedece a que elmismo se encuentra en poder de IMVIFLA, según lo expresóla Presidenta de la Junta Liquidadora (E) del CONAVI, enfecha 12-09-2006.Las observaciones antes expuestas obedecen a debilidadesde control interno en el expediente que reposa en elarchivo de la Dirección de Supervisión y Control de Calidaddel CONAVI, por cuanto, no contiene toda la documentaciónnecesaria para la evaluación del estado en que se encuentrala contratación, lo que incide desfavorablemente en la certezaque debe existir en la Institución sobre la situación delcontrato, dado que el objetivo primordial de ese archivo, laconservación y disposición de la documentación de maneraorganizada, útil, confiable y oportuna como lo establece elartículo 141 de la Ley Orgánica de Administración Pública(LOAP), Gaceta Oficial N° 37.305 de fecha 17-10-2001, enconcordancia con lo establecido en el literal “a” del artículo23 de las Normas Generales de Control Interno (NGCI),Gaceta Oficial N° 36.229 de fecha 17-06-97, norma queestablece que los documentos deben contener informacióncompleta y exacta, archivarse siguiendo un orden cronológicou otro sistema de archivo que faciliten su oportunalocalización, lo que no permite el análisis y seguimientode la ejecución de los trabajos contratados.Las actas de inicio y de paralización de la obra fueronsuscritas por el Instituto Municipal y la empresa contratistaen fechas 10-02-2004 y 11-02-2004, respectivamente, sinembargo no están firmadas por el ingeniero inspector, noobstante lo previsto en el artículo 17 de las CondicionesGenerales de Contratación para la Ejecución de Obras(CGCEO), Gaceta Oficial Nº 5.096 Extraordinario del 16-09-96, que establece se dejará constancia de la fecha enque se inicien efectivamente los trabajos mediante acta deinicio que firmarán el ingeniero residente, el contratista yel ingeniero inspector, en concordancia con el artículo 45,literales “a” y “ñ”, situación que obedece a que la designacióndel ingeniero inspector fue aprobada mediante resolución depresidente del instituto Agenda 117, Punto 05 de fecha 15-04-2004 (2 meses después de iniciados los trabajos).El presidente del IMVIFLA suscribió el “Acta de Culminacióndel Proyecto”, mediante la cual el Municipio certificóla culminación física y financiera de la obra, sin embargola misma no está firmada por el ingeniero inspector, quientenía que dar la conformidad de la buena ejecución de laobra, además, no existe ningún informe técnico por partedel CONAVI de la supervisión, fiscalización y control de lostrabajos, no obstante lo establecido en la cláusula terceradel convenio anteriormente identificado, desconociéndosela situación actual de la obra, lo que evidencia la falta decontrol, e inobservancia de los procedimientos administrativospara la contratación y ejecución de las obras, establecidosen la normativa que rige la materia y en el conveniointerinstitucional suscrito a tales fines.De la revisión efectuada al cuadro demostrativo de cierrede obra, se observó la disminución del presupuesto original,sin que se evidenciara documentos (oficios, resoluciones,entre otras), que demuestren que el CONAVI aprobara lareducción de las metas físicas de la obra “Rehabilitaciónde la Cloacas del Barrio 12 de Octubre”, no obstante loprevisto en la cláusula décima tercera del convenio interinstitucional,que señala lo siguiente: “Las partes convienenen que si el costo de los servicios profesionales y delas obras previamente aprobadas se ven afectadas por lainflación, variaciones de precios, o cualquier otro factorajeno, superando los porcentajes previstos para variacionesde presupuestos, se reducirán metas físicas a los fines demantener las disponibilidades presupuestarias existentes,previa evaluación, supervisión y autorización expresa delCONAVI, de conformidad con las Condiciones Generalesde Contratación para la Ejecución de Obras Públicas” yel artículo 64 de las Normas de Operación del Decreto187

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007con Rango y Fuerza de Ley que Regula el Subsistema deVivienda y Política Habitacional, en el que se estableceque “Toda modificación o ajuste en los fideicomisos deadministración, deberá ser aprobada por el Consejo Nacionalde la Vivienda, quien informará al Servicio Autónomode Fondos Integrados de Vivienda (...)”. Lo que trae comoconsecuencia, que no se haya ejecutado el proyecto de laobra originalmente previsto, que tenía como fin brindar lassoluciones oportunas, a la problemática que confrontan loshabitantes de la zona.De la revisión efectuada al “Contrato de Fideicomiso”,firmado para la ejecución de la obra “Rehabilitación deCloacas del Barrio 12 de Octubre”, no se evidenció la inscripciónante el Registro Mercantil, pese a lo previsto en elartículo 62 de la Ley General de Bancos y Otras InstitucionesFinancieras, (Gaceta Oficial Nº 5.555 Extraordinario defecha 13-11-2001), el cual establece que “Todos los contratosde fideicomiso deben estar debidamente inscritos en elRegistro Mercantil correspondiente”. De igual manera, elartículo 1.924 del Código Civil Venezolano (Gaceta OficialNº 2.990 Extraordinario de fecha 26-07-82), establece que“Los documentos, actos y sentencias que la Ley sujeta alas formalidades del registro y que no hayan sido anteriormenteregistrados, no tienen ningún efecto contra terceros,que por cualquier título, hayan adquirido y conservadolegalmente derechos sobre el inmueble. Cuando la Leyexige un título registrado para hacer valer un derecho, nopuede suplirse aquél con otra clase de prueba, salvo disposicionesespeciales”, lo que trajo como consecuencia que elEstado no garantizara la preservación de sus derechos anteterceros, al omitir los requisitos previstos en la normativalegal aplicable.ConclusionesEl CONAVI no ejerció un adecuado y oportuno seguimientoy control sobre el contrato de fideicomiso suscritopara la ejecución de la obra “Rehabilitación de Cloacas delBarrio 12 de Octubre”, en virtud de que en el expedienteque reposa en el archivo de la Dirección de Supervisióny Control de Calidad del Instituto, no se encuentra la documentaciónnecesaria que permita verificar la correctaejecución de la obra. Adicionalmente, las actas de inicio,paralización y el acta de culminación del proyecto, no estánfirmadas por el Ingeniero Inspector.El SAFIV transfirió la totalidad de los recursos previstosen el convenio interinstitucional, sin embargo, elpresupuesto original fue disminuido sin que se evidenciarandocumentos por parte del CONAVI aprobando lareducción de las metas físicas de la obra, ni se garantizóla preservación de los derechos del Estado ante terceros,al no inscribir ante el Registro Mercantil, el contrato defideicomiso.RecomendacionesLa Junta Liquidadora del CONAVI deberá:• Abocarse a subsanar las fallas y deficiencias observadasen relación con la supervisión y control de loscontratos suscritos por ese instituto para la ejecuciónde de la obra “Rehabilitación de Cloacas del Barrio12 de Octubre”, a los fines de que el proceso deliquidación, mediante el cual esa junta asumió lasobligaciones propias de la institución, esté dirigidode manera efectiva, permitiendo crear la plataformaorganizativa requerida para asegurar que el organismoque asuma las funciones, corrija las situacionesobservadas, procurando satisfacer las necesidadesde la colectividad y cumplir entre otros, con la metaprevista, con miras a lograr un manejo adecuado delos recursos asignados.• Exigir al IMVIFLA el cumplimiento de los procedimientosadministrativos para la contratación y ejecuciónde las obras, establecidos en la normativa que rige lamateria, a los efectos de garantizar la calidad de lostrabajos realizados y la satisfacción del interés colectivo,así como, aplicar las sanciones y/o penalizacionesa que hubiere lugar, en virtud de las debilidadesobservadas.INSTITUTO AUTÓNOMO CONSEJO NACIONALDE LA VIVIENDA (CONAVI)EJECUCIÓN DE OBRASEl CONAVI fue creado por Ley de Política Habitacional(LPH), Gaceta Oficial Nº 4.124 del 14-09-1989, y a partir del188

Administración Nacional DescentralizadaSector Servicios01-01-1999 tiene carácter de Instituto Autónomo (GacetaOficial Nº 36.575 del 05-11-1998). Actualmente está bajola tutela del Ministerio del Poder Popular para la Vivienday Hábitat. De acuerdo con el numeral 5 del artículo 12 delDecreto con Rango y Fuerza de Ley que regula el Subsistemade Vivienda y Política Habitacional (LSVPH), GacetaOficial Nº 37.066 del 30-10-2000, la política habitacional enmateria de vivienda desarrollará el Programa V “NuevasUrbanizaciones y Vivienda de Desarrollo Progresivo”. Ental sentido, en fecha 22-03-2004 se suscribió el conveniointerinstitucional entre el CONAVI, el Servicio Autónomo deFondos Integrados de Vivienda (SAFIV) y el Instituto deVivienda y Hábitat del Municipio Caroní del Estado Bolívar(INVIHABITAT), el cual tiene por objeto regular la ejecucióndel proyecto denominado “Construcción de Urbanismoy 1000 Viviendas Unifamiliares en el Desarrollo HabitacionalUD-338, II etapa de Las Amazonas”, el mismo seencuentra inserto en el mencionado Programa V. Cabe señalarque en la cláusula segunda del convenio anteriormenteidentificado, quedó establecido que el CONAVI actuaría comoel organismo asesor, planificador, supervisor, organizadory prestador de la asistencia técnica habitacional y como elorganismo supervisor, fiscalizador, controlador y evaluadorde los entes que intervienen en la administración de losrecursos, comprendidas las facultades de inspección de laejecución del proyecto y de las obras a cargos de tales entes,de conformidad con lo establecido en el artículo 70 de laLSVPH. Asimismo, el SAFIV intervendría como el organismoque proporcionaría, a través del Fondo de Aportesdel Sector Público (FASP), los recursos para la ejecucióndel proyecto objeto del convenio, y el INVIHABITAT operaríacomo el ente ejecutor del referido proyecto. Ahora bien, enfecha 04-05-2004 el INVIHABITAT suscribió el contrato deobra INVHC Nº 003-04, con la empresa contratista, cuyoobjeto era ejecutar los trabajos del referido proyecto, elcual sería ejecutado con recursos del FASP, por un montode Bs. 25.912,50 millones.Alcance y objetivos de la actuaciónLa actuación se orientó a la evaluación administrativadel expediente suministrado por la Dirección de Supervisióny Control de Calidad del CONAVI, relacionado con laconstrucción del desarrollo habitacional UD-338, II etapade Las Amazonas, así como los recursos utilizados parasu ejecución, durante el año 2004 y el primer semestre de2006.Observaciones relevantesNo se evidenció el documento mediante el cual el CONAVIaprobó los lineamientos, criterios y formatos necesariospara formular y presentar las solicitudes de proyectos delprograma V, no obstante que los procedimientos a ser utilizadosdeben ser aprobados por las máximas autoridadesjerárquicas de los organismos y entidades, según lodispuesto en el artículo 22 de las Normas Generales deControl Interno (NGCI), Gaceta Oficial Nº 36.229 del17-06-1997, en concordancia con el artículo 36 de laLey Orgánica de la Contraloría General de la Repúblicay del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSN-CF), Gaceta Oficial Nº 37.347 del 17-12-2001, y con elartículo 4 del Reglamento sobre la Organización delControl Interno de la Administración Pública Nacional(ROCIAPN), Gaceta Oficial Nº 37.783 del 25-09-2003.En consecuencia, al no contar el CONAVI con los manualesformalmente aprobados, que regulen las actividadesque realizan las diferentes unidades, éstas quedan sometidasa la discrecionalidad de los funcionarios de eseInstituto.De la evaluación administrativa efectuada al expedientede los contratos suscritos por el CONAVI, para la construccióndel antes referido desarrollo habitacional, se constatóque en los mismos no reposan los documentos necesariospara que el CONAVI realice un efectivo control y supervisiónde los entes que administran los recursos inherentes al proyecto,así como, la inspección de la ejecución del proyecto,según lo previsto en la cláusula segunda el convenio interinstitucionalde fecha 22-03-2004, en concordancia conel artículo 70 de la LSVPH. Tal situación obedece a quedicha información no reposa en el CONAVI, ya que el enteencargado de la ejecución físico y financiera del referidoproyecto habitacional es el INVIHABITAT. Lo que deja demanifiesto, la falta de supervisión y vigilancia que debióejercer el CONAVI, en el desarrollo de este proyecto, a finde que se llevara a cabo de conformidad con la políticahabitacional y metas establecidas.189

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007La información contenida en el expediente presentalas siguientes fallas: está repetida; no está archivada enorden cronológico; alguna no se corresponde con la obrasujeta a análisis; los documentos no están debidamentenumerados ni foliados; no está consolidada en una solagerencia y parte de ella está incompleta o no reposa en elCONAVI. Es de señalar que la ausencia de documentos, asícomo las fallas en la organización de estos, incide desfavorablementeen el control adecuado que debe existir entodo organismo, por cuanto el objetivo de los archivos dela administración pública es en esencia, la conservacióny disposición de la documentación de manera organizada,útil, confiable y oportuna, tal como lo establece el artículo141 de la Ley Orgánica de Administración Pública(LOAP), Gaceta Oficial N° 37.305 de fecha 17-10-2001,en concordancia con lo previsto en el artículo 23 de lasNGCI, así como, el artículo 86 del Reglamento Nº 1 dela Ley Orgánica de Administración Financiera del SectorPúblico sobre el Sistema Presupuestario, Gaceta OficialNº 5.592 del 27-06-2002, los cuales señalan la obligatoriedadde conformar los expedientes que impliquentransacciones y operaciones financieras, presupuestariasy administrativas, respaldadas con suficiente documentaciónjustificativa, completa, organizados en ordencronológico y consecutivo, que faciliten su oportunalocalización. Estas situaciones, ocasionan limitacionesen el desarrollo de las actividades de control que debiórealizar el CONAVI, sobre las operaciones efectuadas parala ejecución del referido desarrollo habitacional y limitalas actividades de control que le compete ejercer a losórganos de control fiscal.El acta de inicio de la obra fue suscrita en fecha 14-05-2004, sin embargo, el INVIHABITAT le otorgó a la empresacontratista un anticipo de pago equivalente al 30,00% delmonto total de la obra (Bs. 7.485,00 millones) en fecha 06-05-2004, es decir, una semana antes de la suscripción dela referida acta, no obstante, que el artículo 53 de las CondicionesGenerales para la Contratación y Ejecución deObras (CGCEO), Gaceta Oficial Nº 5.096 del 16-09-1996,establece que éste será otorgado después de la firma delacta de inicio, en concordancia, con la cláusula novenadel contrato de obra INVHC Nº 003-04. Situación queevidencia, que el CONAVI no actuó de conformidad con lasatribuciones y obligaciones que le impone el artículo 70de la LSVPH, así como, la cláusula segunda del conveniointerinstitucional, afectando con esto el logro de la metafísica, que inicialmente se había propuesto.De la información suministrada por la Dirección deSupervisión y Control de Calidad del CONAVI, se desprendeque de las 1000 viviendas previstas en el referido proyecto;126 fueron terminadas, 12 estaban en ejecución, 512(51,20%) en disminución de metas, y el resto (350 viviendas)se ejecutarían con el desembolso que faltaba por transferir,sin embargo, en el expediente no reposan evidenciasdocumentales que demuestren que el CONAVI, aprobara lareducción de las metas físicas del proyecto. No obstante, lacláusula 11 del convenio interinstitucional señala que lasmetas físicas se reducirán, previa evaluación, supervisióny autorización del CONAVI, en concordancia con el artículo64 de las Normas de Operación del Decreto con Rango yFuerza de Ley que Regula el Subsistema de Vivienda yPolítica Habitacional (Gaceta Oficial Nº 37.057 del 16-10-2000). La situación expuesta, deja en evidencia la falta enla planificación para la ejecución del referido proyecto, enel sentido de prever la obtención oportuna de los recursos,que terminó afectando la meta física en un 51,20%.Asimismo, es de destacar que los referidos documentosdeben reposar en el expediente de la obra, a los efectos delcontrol y seguimiento por parte del CONAVI del avance yejecución de la obra realizada por la empresa contratada.Es decir, que el CONAVI no tiene información formal en loque respecta a la disminución en la cantidad de viviendasque fueron previstas para construirse inicialmente,y adicionalmente, se evidencia que el proyecto no estabasiendo controlado adecuadamente por lo que se afectó lameta del mismo, sin que el CONAVI desempeñara el rol quele fue conferido a través de la normativa legal vigente parael período evaluado.En fecha 02-07-2003, mediante Resolución del Directoriodel CONAVI, fue aprobado el proyecto especificandolas características de las viviendas a ser construidas, sinembargo, en fecha 19-10-2005, la Dirección de Supervisióny Control de Calidad del CONAVI, realizó una inspecciónal urbanismo observándose que las características de lasviviendas que se habían construido hasta ese momento,190

Administración Nacional DescentralizadaSector Serviciosno se correspondían con lo previsto en la mencionadaresolución. Es decir, que además de haber disminuido lascantidades de viviendas a ejecutar, las que se construyeronno cumplieron con las especificaciones aprobadas. Estasituación se debe a que las disposiciones establecidas enla respectiva resolución, no fueron consideradas a la horade llevar a cabo la ejecución del mencionado proyecto,evidenciando fallas del control por parte del CONAVI, encuanto a la supervisión de los trabajos, a los efectos deadvertir las situaciones expuestas.Según Resolución Nº 004 de fecha 22-07-2005, el INVI-HABITAT resolvió la rescisión del contrato de obra INVHCNº 003-04, de conformidad con lo establecido en la cláusulavigésima de dicho contrato, en concordancia con el artículo116 de las CGCEO, sin embargo, no se evidenció lasacciones realizadas por parte del CONAVI, en relación conla supervisión, control, evaluación y fiscalización de losentes que intervienen en la administración de los recursosasignados al proyecto. En este sentido, se observó que laempresa contratista aún mantiene en su poder recursos queno fueron ejecutados. Tal situación trae como consecuencia,la contratación de otras empresas, lo que implica nuevaserogaciones por parte del CONAVI, a los efectos de cumplircon el objeto establecido en el convenio interinstitucional,acarreando esto un mayor costo económico y social a lanación.ConclusionesEl CONAVI no ejerció un adecuado control y seguimientode los diferentes contratos relacionados con la construccióndel desarrollo habitacional UD-338, II etapa de Las Amazonas,de la Parroquia Unare, toda vez que su sistema decontrol interno presenta fallas en su implementación, enrazón que los lineamientos, criterios y formatos necesariospara formular y presentar las solicitudes de proyectosdel programa V “Nuevas Urbanizaciones y Viviendas deDesarrollo Progresivo”, no están formalmente aprobadospor la máxima autoridad, generando discrecionalidad ensu aplicación, aunado a que en los expedientes no reposanlos documentos inherentes a la ejecución de los contratosrelacionados con la obra en comento, a los fines de asegurarel acatamiento de las normas legales, salvaguardarlos recursos públicos en aras de una sana gestión administrativa,así como, la preparación e integración de ladocumentación requerida para su presentación ante esteOrganismo Contralor.Adicionalmente, en fecha 06-05-2004 el INVIHABITATle otorgó a la empresa contratista un anticipo por Bs.7.485,00 millones equivalente al 30,00% del monto totalde la obra, antes de la suscripción del Acta de Inicio(14-05-2004). De acuerdo con la situación financiera delfideicomiso de administración emanado del CONAVI, laempresa contratista mantiene en su poder Bs. 2.373,48millones, los cuales no fueron ejecutados, sin que se evidencienlas acciones realizadas por parte del INVIHABITATpara su recuperación, ni la aplicación de las cláusulaspenales establecidas en el documento contractual. Asimismo,no se evidenciaran las acciones por parte delCONAVI con respecto a la referida situación, no obstanteel control y supervisión que este Instituto debe ejercersobre los entes que intervienen en la administraciónde los recursos, previsto en la LSVPH, vigente para elperíodo evaluado.De igual manera, se evidenció fallas en la planificaciónpara la ejecución del referido proyecto, toda vez que se redujoen 51,20% la meta física, sin que se observara la aprobaciónpor parte de las instancias correspondientes, aunadoa que las viviendas que se construyeron no cumplieron conlas especificaciones aprobadas inicialmente, situacionesque incidieron negativamente en el derecho a la viviendacontemplado en la Constitución de la República Bolivarianade Venezuela, en los Planes Sociales de la Nación, y en losobjetivos previstos en los contratos respectivos, aunado aldaño ocasionado al patrimonio del CONAVI.RecomendacionesSe exhorta a la Junta Liquidadora del CONAVI a:• Abocarse a subsanar las fallas y deficiencias observadasen relación con la supervisión y control de losContratos suscritos por ese Instituto para la ejecuciónde los desarrollos habitacionales, a los fines de queel proceso de liquidación, mediante el cual esa Juntaasume las obligaciones propias de la Institución,191

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007esté dirigido de manera efectiva, permitiendo crearla plataforma organizativa requerida, para asegurarque el organismo que asuma las funciones, corrijalas situaciones contenidas en este Informe, procurandosatisfacer las necesidades de la colectividad, ycumplir, entre otros, con la meta prevista, relacionadacon la construcción de las viviendas con los serviciosnecesarios para su ocupación, con miras a lograr unmanejo adecuado de los recursos asignados.• Instar al INVIHABITAT a ejercer en un lapso no menos de30 días las acciones necesarias que fueran procedentes,tendentes a recuperar los recursos que la empresacontratista aún mantiene en su poder.INSTITUTO AUTÓNOMO CONSEJO NACIONALDE LA VIVIENDA (CONAVI)EJECUCIÓN DE PROGRAMASEl Instituto Autónomo Consejo Nacional de la Vivienda(CONAVI) fue creado por Ley de Política Habitacional(Gaceta Oficial Nº 4.124 Extraordinario de fecha 14-09-89), transformado en Instituto Autónomo por decreto ley(Gaceta Oficial Nº 36.575 del 05-11-98). Actualmente, estábajo la tutela del Ministerio del Poder Popular para la Vivienday Hábitat (Gaceta Oficial Nº 5.836 Extraordinariodel 08-01-2007).En el Título VII Disposiciones Transitorias, Derogatoriasy Final de la Ley del Régimen Prestacional de Vivienday Hábitat (Gaceta Oficial Nº 38.204 del 08-06-2005), seestablece que “En un lapso no mayor de noventa díascontinuos, contados a partir de la publicación de esta Ley,el Ejecutivo Nacional deberá presentar a la AsambleaNacional, los proyectos de leyes especiales de supresióny liquidación de (…) el Consejo Nacional de la Vivienda(CONAVI) (…); situación que ha influido en la organizacióny funcionamiento de la Institución. Con fundamento enla ley supra citada, el entonces Ministro de la Vivienda yHábitat, designó a la Junta Liquidadora del CONAVI (GacetaOficial Nº 38.205 de fecha 09-06-2005).De acuerdo con el artículo 6 de las Normas de Operacióndel Decreto con Rango y Fuerza de Ley que Regula el Subsistemade Vivienda y Política Habitacional (Gaceta OficialNº 37.057 de fecha 16-10-2000), el Programa HabilitaciónFísica de las Zonas de Barrios, previsto en el artículo 12numeral 2, vigente para la fecha, destinado a la mejor estructuraciónurbana de las grandes zonas de barrios con elresto de la ciudad de la que forma parte, estaría dirigido ala construcción, reconstrucción, ampliación, remodelación,mejora, dotación de equipos fijos y mantenimiento mayorde obras de prevención de riesgos geológicos y de otro tipo,obras mayores de infraestructura y obras de equipamientocolectivo de ámbito intermedio.En fecha 08-06-2004, el CONAVI suscribió con el BancoCanarias de Venezuela, C.A., un contrato de Fideicomisode Administración, identificado con el Nº 275, con el objetode la administración e inversión del fondo fiduciario porBs. 19.322,47 millones, para el desarrollo del Programa deAsistencia Técnica Integral. Posteriormente, en fecha 21-03-2005 el presidente del CONAVI, quien a su vez ejercía elcargo de Ministro de la Vivienda y el Hábitat, suscribió elConvenio de Administración Delegada, con el ServicioAutónomos de Fondos Integrados de Viviendas (SAFIV)y la Sociedad Civil, de conformidad con la Resolucióndel Directorio N° 02-2005.01 de fecha 21-01-2005, porun monto de Bs. 4.237,84 millones a ser ejecutado en10 meses, cuyo objetivo específico era “(…) planificar,promover, facilitar y supervisar la implementación delprograma de Habilitación Física en 160 zonas de barriosen todo el país, implementación que parte de la motivación,organización y capacitación de las comunidadespara llegar a la ejecución de obras bajo la modalidad deadministración delegada de los recursos por parte de lascomunidades organizadas, en cumplimiento del principiode cogestión Comunidad–Estado, establecido en el artículo184 de la Constitución de la República Bolivarianade Venezuela”.En razón del Convenio antes identificado, el CONAVIsuscribió en fecha 08-04-2005, contrato de Fideicomisode Administración con el Banco Canarias de Venezuela,C.A. y la Sociedad Civil por Bs. 4.237,84 millones, concargo al referido contrato de fideicomiso de administraciónN° 275, con el objeto de la administración e inversión delfondo fiduciario, para la ejecución del Plan Maestro y suPresupuesto.192

Administración Nacional DescentralizadaSector ServiciosCabe señalar, que en la cláusula quinta del Convenioantes identificado, quedó establecido que el CONAVI secomprometía a realizar la inspección general, supervisión,seguimiento y evaluación de los trabajos y las actividadesprevistas en la Propuesta Técnica y Financiera del ProgramaII; el SAFIV, sería el encargado de transferir losrecursos hasta por un monto de Bs. 4.237,84 millones parala ejecución del proyecto y la Sociedad Civil constituida por3 profesionales, con personalidad jurídica propia, inscritaen fecha 04-02-1998 ante la Oficina Subalterna del PrimerCircuito de Registro del Municipio Libertador del DistritoFederal de Caracas, con el objeto de: “(…) promover laurbanización de los barrios a nivel nacional, construirciudad para la mayor parte de nuestra población que habitaen barriadas. La urbanización de los barrios se basa enun programa de mejoramiento integral de estas zonas quepermita su incorporación plena a la estructura urbana asícomo la superación de sus carencias internas en cuantoa niveles de urbanización, utilizando los más avanzadosrecursos técnicos y donde participen en las decisiones yen la conducción del proceso las comunidades residentes(…)”, sería el ejecutor del proyecto convenido.El entonces Ministro de la Vivienda y Hábitat, a travésde Resolución Nº 022 publicada en la Gaceta Oficial Nº38.303 en fecha 31-10-2005, decidió unilateralmente dejarsin efecto el citado Convenio, según lo establecido en laResolución Nº 387, Cláusula Sexagésima de las CondicionesGenerales de Contratación para Estudios y Proyectos(Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 30.785de fecha 03-09-75), que reza lo siguiente: “El Ministeriose reserva el derecho de resolver el contrato por decisiónunilateral suya, en cualquier momento, aún sin que medieculpa de “El Consultor” para lo cual deberá hacerle lanotificación por escrito. “El Consultor”, paralizará losestudios y no iniciará trabajo alguno a partir de la fechade notificación, a menos que ‘El Ministerio’ lo autorice acompletar, en la medida posible, parte de los estudios yainiciados”.Alcance y objetivos de la actuaciónLa actuación se orientó a verificar la situación administrativadel Convenio de Administración Delegada, suscritopara la ejecución del Programa II Habilitación Física de lasZonas de Barrios y que los aportes del SAFIV, hayan sidoentregados de acuerdo con las cláusulas establecidas en elConvenio durante el año 2005.Observaciones relevantesEl Convenio suscrito entre el CONAVI y el SAFIV enfecha 21-03-2005 con la Sociedad Civil AMHABITAT, parala ejecución de los proyectos del Programa II, no recogeel espíritu, propósito y razón del legislador, previsto en elartículo 184 antes citado, por cuanto, éste establece que “LaLey creará mecanismos abiertos y flexibles para que losEstados y los Municipios descentralicen y transfieran a lascomunidades y grupos vecinales organizados los serviciosque éstos gestionen previa demostración de su capacidadpara prestarlos, promoviendo: (Omissis) 2. La participaciónde las comunidades y ciudadanos y ciudadanas, a travésde las asociaciones vecinales y organizaciones no gubernamentales,en la formulación de propuestas de inversiónante las autoridades estadales y municipales encargadasde la elaboración de los respectivos planes de inversión,así como en la ejecución, evaluación y control de obras,programas sociales y servicios públicos en su jurisdicción”.Sin embargo, el CONAVI suscribió el Convenio con AMHA-BITAT, sin que se evidenciara análisis para la selección dela referida empresa, debido a que el objetivo específicodel referido Convenio consistía en “planificar, promover,facilitar y supervisar la implementación del programa deHabilitación Física en 160 Zonas de Barrios en todo el país,implementación que parte de la motivación, organización ycapacitación de las comunidades para llegar a la ejecuciónde obras bajo la modalidad de administración delegada delos recursos por parte de las comunidades organizadas,en cumplimiento del principio de cogestión Comunidad- Estado, establecido en el artículo 184 de la Constituciónde la Republica Bolivariana de Venezuela”.Por otra parte, la modalidad de administración delegadaera aplicable a los programas reproductivos, conforme loestablece el artículo 54 de las Normas de Operación: “Lautilización de los recursos para los programas reproductivosserá aplicable conforme a lo siguiente: 1. Desarrollo deproyectos por parte de un organismo ejecutor, a través de193

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007las modalidades de inversión directa y de administracióndelegada para la comunidad organizada debidamente constituida.(…)”. De igual manera, el artículo 55 de las referidasNormas dispone que “Los recursos destinados a todos losprogramas antes referidos, serán utilizados mediante lossiguientes tipos de fideicomisos de administración: (Omissis)2. Fideicomisos para la administración delegada a lacomunidad organizada, en cuyo caso el ejecutor público hadelegado en una comunidad organizada la contratación deservicios de obras (…)”. Sin embargo, el citado Programa II,de conformidad con el artículo 17 de la Ley que Regula elSubsistema de Vivienda y Política Habitacional, fue consideradocomo un Programa no Reproductivo, entendiéndosecomo tal, aquellos que no exigen una contraprestacióneconómica por parte del beneficiario de la asistencia habitacional.En consecuencia, el CONAVI promovió la entrega defondos públicos (Bs. 4.237,84 millones), para la ejecucióndel proyecto previsto en el referido Convenio a un grupode profesionales asociados en forma particular, no obstanteque la normativa vigente para la fecha de la actuación, prevéla administración delegada para la comunidad organizadadebidamente constituida, con fundamento en los programasreproductivos antes citados.El CONAVI no designó al inspector que debía encargarsedel seguimiento y control del citado Convenio, no obstantelo previsto en la cláusula quinta del mismo, debido a quela Dirección General de Vivienda y Hábitat del CONAVI noentregó los lineamientos a seguir para la contratación de lainspección. Situación que evidencia la falta de una efectivasupervisión por parte del CONAVI para la cabal ejecucióndel referido Convenio, en detrimento del patrimonio delEstado, en razón de que no ejerció las medidas necesariaspara garantizar que los recursos que le fueron asignados parala ejecución de las actividades previstas en el Convenio,fueran utilizados correctamente, toda vez que no creó losdispositivos de control que permitiera salvaguardar losdineros transferidos al fondo fideicometido, sin cumplir elfin último previsto en la normativa vigente y en la CartaMagna.De la muestra seleccionada de las órdenes de pago emitidaspor el CONAVI, por Bs. 79,73 millones, equivalente a58,53% del total, Bs. 136,22 millones, se evidenció queno están conformadas por los funcionarios autorizadospor el fideicomitente (CONAVI), para dar curso a los pagosrespectivos, no obstante lo establecido en el ParágrafoPrimero de la cláusula quinta y décima del contrato defideicomiso de administración, las cuales establecen que“El fiduciario pagará al beneficiario con cargo al fondofiduciario las cantidades correspondientes a las órdenes depago presentadas por el mismo, previamente registradas yconformadas por el fideicomitente”, y en cuanto a las obligacionesdel fideicomitente: “(…) 3. Presentar al Fiduciario:a) oficio que contenga los nombres de las personas paravalidar las órdenes de pago, relacionadas con la ejecucióndel Plan Maestro y su presupuesto”, respectivamente. Esdecir, el CONAVI no ejerció un control adecuado sobre laserogaciones realizadas con cargo al Convenio, en virtudque no cumplió con los niveles autorizatorios correspondientes,no obstante la obligación de la inspección general,supervisión, seguimiento y evaluación de los trabajos ylas actividades previstas en el instrumento contractual, endetrimento de su patrimonio.No se evidenció la inscripción ante el Registro Mercantildel contrato de fideicomiso, no obstante lo previsto en elartículo 62 de la Ley General de Bancos y Otras InstitucionesFinancieras (Gaceta Oficial Nº 5.555 Extraordinariode fecha 13-11-2001), donde se establece que: “Todos loscontratos de fideicomiso deben estar debidamente inscritosen el Registro Mercantil correspondiente. Adicionalmentelos contratos de fideicomisos mediante los cuales setransfiera al fondo fiduciario bienes inmuebles o derechossobre éstos, así como la revocatorias o reformas de losmismos, deberán protocolizarse en la Oficina u OficinasSubalternas del Registro respectivas”. De igual manera,el artículo 1.924 del Código Civil Venezolano (GacetaOficial Nº 2.990 Extraordinario de fecha 26-07-82), el cualreza que: “Los documentos, actos y sentencias que la leysujeta a las formalidades del registro y que no hayan sidoanteriormente registrados no tienen ningún efecto contraterceros, que por cualquier título, hayan adquirido y conservadolegalmente derechos sobre el inmueble. Cuando laley exige un título registrado para hacer valer un derecho,no puede suplirse aquél con otra clase de prueba, salvodisposiciones especiales”, es decir, que el Estado a travésdel CONAVI, no garantizó la preservación de sus derechos194

Administración Nacional DescentralizadaSector Serviciosante terceros, establecidos en los requisitos legales previstosen la normativa antes identificada.El SAFIV realizó 2 desembolsos a favor de AMHABITAT,por Bs. 2.270,31 millones, equivalente a 53,57% del montototal (Bs. 4.237,84 millones), con recursos del Fideicomisode Administración, suscrito a los efectos de dar cumplimientoa las actividades previstas en el Convenio deAdministración Delegada. No obstante que éste no recogeel espíritu, propósito y razón del legislador, previsto en elartículo 184 de la Carta Magna. Es decir, que el CONAVIrealizó erogaciones con cargo a un convenio que debió sersuscrito por la comunidad organizada y no por una asociaciónparticular, sin que se evidenciara objeción alguna porparte de la Consultoría Jurídica del Instituto y el cual fuedejado sin efecto unilateralmente por el entonces Ministrode la Vivienda y Hábitat, según lo establecido en la CláusulaSexagésima de las Condiciones Generales de Contrataciónpara Estudios y Proyectos.ConclusionesEl CONAVI suscribió el Convenio de AdministraciónDelegada con la Sociedad Civil Amigos del Hábitat y elSAFIV, para la ejecución de los proyectos del Programa II“Habilitación Física de las Zonas de Barrios”, al margen delo previsto en la Carta Magna y en la normativa que rige lamateria, y de los procedimientos necesarios para su selección.El referido Convenio fue rescindido, no obstante se lecancelaron la cantidad de Bs. 2.270,31 millones, sin habercumplido las metas previstas. Adicionalmente, el Institutopresentó deficiencias en el sistema de control interno, alno contar con un Inspector debidamente designado a losefectos del correspondiente control y seguimiento de laejecución del Convenio, y de la conformación de los expedientescon la correspondiente documentación derivadade su ejecución, para un efectivo control sobre los recursoserogados que forman parte del Patrimonio del Estado.RecomendacionesLa Junta Liquidadora del CONAVI deberá:• Estudiar la factibilidad y viabilidad de la ejecuciónde los Convenios de Administración Delegada, antesde proceder a su suscripción, en el sentido de tomaren cuenta a las comunidades y grupos vecinalesorganizados en la ejecución de los servicios queestos demanden, siempre y cuando demuestren lacapacidad necesaria para su ejecución, a los efectosque se ajusten a los mandatos constitucionales yprocedimentales.• Abocarse a subsanar las fallas y deficiencias observadasen relación con la supervisión y control de losConvenios suscritos por ese Instituto, a los fines deque el proceso de liquidación, mediante el cual esaJunta asumió las obligaciones propias de la Institución,esté dirigido de manera efectiva, permitiendocrear la plataforma organizativa requerida, paraasegurar que el organismo que asuma las funciones,corrija las situaciones contenidas en este Informe,procurando satisfacer las necesidades de la colectividad,y cumplir, entre otros, con la meta prevista, conmiras a lograr un manejo adecuado de los recursosasignados.INSTITUTO AUTÓNOMO CONSEJO NACIONALDE LA VIVIENDA (CONAVI)EJECUCIÓN DE PROYECTO EN LAS TEJERÍASEl CONAVI fue creado por la Ley de Política Habitacional(Gaceta Oficial Nº 4.124 Extraordinario de fecha 14-09-89) y transformado en Instituto Autónomo por DecretoLey (Gaceta Oficial Nº 36.575 del 05-11-98). Antes de lasupresión y liquidación prevista en las Disposiciones TransitoriasPrimera, del Título VII Disposiciones Transitorias,Derogatorias y Final de la Ley del Régimen Prestacionalde Vivienda y Hábitat (Gaceta Oficial Nº 38.204 en fecha08-06-2005), el CONAVI se encontraba bajo la tutela delMinisterio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat,según Decreto publicado en Gaceta Oficial Nº 5.836 Extraordinariode fecha 08-01-2007.Con fundamento en la Ley supra citada, el entoncesMinistro de la Vivienda y Hábitat, actual Ministro delPoder Popular para la Vivienda y Hábitat, a través de lasResoluciones Nros. 001 y 002 (Gaceta Oficial Nº 38.205 defecha 09-06-2005), designó a los Directores Principales ySuplentes de la Junta Liquidadora del CONAVI y el SAFIV,195

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007los cuales, se encargarían de asumir las obligaciones propiasde cada uno de los entes en proceso de liquidación ysupresión, coordinadas, supervisadas y controladas porel ministerio con competencia en materia de vivienda yhábitat.Antes de iniciarse el proceso de liquidación de la Institución,el CONAVI de acuerdo con las competencias establecidasen la Ley que regula el Subsistema de Vivienday Política Habitacional tenía como misión: “Planificar,coordinar y hacer seguimiento y control del cumplimientodel Decreto de Ley que regula el Subsistema de Vivienda yPolítica Habitacional, para lograr la participación eficientede los diferentes actores públicos y privados que intervienenen el proceso habitacional, con el fin de satisfacer lasnecesidades de vivienda de la población venezolana”. Y suvisión, era ser el organismo rector de la política nacionalde Vivienda, que mediante la implementación del citadoDecreto de Ley, determinaría las bases de la política habitacionaldel Estado.De acuerdo con el artículo 6 de las Normas de Operacióndel referido Decreto de Ley, el Programa de HabilitaciónFísica de las Zonas de Barrios, previsto en el artículo 12numeral 2, del referido Decreto de ley, vigente para la fecha,destinado a la mejor estructuración urbana de las grandeszonas de barrios con el resto de la ciudad de la que formaparte, estaría dirigido a la construcción, reconstrucción,ampliación, remodelación, mejora, dotación de equipos fijosy mantenimiento mayor de obras de prevención de riesgosgeológicos y de otro tipo, obras mayores de infraestructura yobras de equipamiento colectivo de ámbito intermedio. En estesentido, debido a la situación de emergencia presentada enel sector “Los Jabillos”, como consecuencia de las lluviasacaecidas, la Alcaldía del Municipio Santos Michelena,en fecha 05-09-2001, decretó el estado de emergencia endicho sector.A los efectos de ofrecer solución a la problemáticaplanteada, se suscribieron dos Convenios Interinstitucionalesentre el CONAVI, el IMUVI y el SAFIV en fechas07-12-2000 y 06-05-2002, de acuerdo con los cuales elCONAVI actuaría como organismo asesor, planificador,supervisor y prestador de la asistencia técnica habitacional,el IMUVI sería el ente ejecutor del Proyecto yel SAFIV aportaría los recursos a través del Fondo deAportes del Sector Público (FASP). Paralelamente, enla misma fecha, el IMUVI suscribió dos contratos de fideicomisocon el Banco del Caribe, C.A., y el Banco deVenezuela, C.A., por Bs. 683,18 millones y Bs. 935,49millones, respectivamente.Alcance y objetivos de la actuaciónLa actuación se orientó a la evaluación del expedientesuministrado por la Dirección de Supervisión y Controlde Calidad del Instituto Autónomo Consejo Nacional dela Vivienda (CONAVI), relacionado con la ejecución delproyecto denominado: Habilitación Física de la U.D.U.1.4, II etapa, Las Tejerías, sector “Los Jabillos”, MunicipioSantos Michelena del Estado Aragua, así como los recursosutilizados para su ejecución.Observaciones relevantesEl Manual de Contratación y Servicios Profesionalespara el Desarrollo de Propuestas de Habilitación Físicade las Zonas de Barrios, no está formalmente aprobadopor las máximas autoridades del CONAVI, no obstante quelos artículos 35 y 36 de la Ley Orgánica de la ContraloríaGeneral de la República y del Sistema Nacional de ControlFiscal (LOCGRSNCF), Gaceta Oficial Nº 37.347 defecha 17-12-2001, en concordancia con el artículo 22 delas Normas Generales de Control Interno (NGCI), GacetaOficial Nº 36.229 de fecha 17-06-1997, prescriben una seriede atribuciones correspondientes a las máximas autoridadesde los organismos, a los fines de definir formalmentelos mecanismos de control interno a ser desarrollados.Esta situación obedece a que el Programa HabilitaciónFísica de las Zonas de Barrios, contenido en las Normasde Operación del Decreto con rango de Fuerza y Ley queregula el Subsistema de Vivienda y Política Habitacional,(Gaceta Oficial Nº 36.977 de fecha 21-06-2000), delinealos lineamientos del programa y la contratación de obras yservicios profesionales del programa, lo que limita la definiciónformal de los procesos, generando discrecionalidaden la ejecución de las actividades llevadas a cabo por elpersonal que labora en las referidas áreas.196

Administración Nacional DescentralizadaSector ServiciosNo se disponía de la documentación soporte necesaria,relativa a contratos de obras, valuaciones, fianzas suscritas,soportes de pago, entre otros, debido a que el IMUVI no diorespuesta a las solicitudes hechas por el CONAVI, situaciónque refleja la falta de implementación de mecanismos decontrol y seguimiento por parte del Instituto. Al respecto,el artículo 60 de la Normas de Operación del Decreto conrango y fuerza de Ley que regula el Subsistema de Vivienday Política Habitacional, establece que el fideicomitente yel fiduciario de los fideicomisos de administración, estánobligados a suministrar a los administradores de los recursosdel FASP, al CONAVI, y al SAFIV, todo documentoo información adicional que les fuere solicitada, lo queincide desfavorablemente en el control y seguimientoque debe existir en la organización, por cuanto todas lastransacciones y operaciones financieras, presupuestarias yadministrativas, deben estar respaldadas con la suficientedocumentación justificativa, de conformidad con lo dispuestoen el artículo 23 de las NGCI, además, limita lasactividades de control y seguimiento que le compete ejercera los órganos de control fiscal internos y externos, toda vezque no se dispone de la documentación suficiente, a los finesde verificar las operaciones efectuadas, los desembolsosrealizados, así como la ejecución del los proyectos.A través del FASP fueron transferidos Bs.1.618.67 millones,correspondientes a los fideicomisos suscritos parala ejecución del proyecto, sin embargo, en los actualesmomentos la obra se encuentra paralizada debido a fallasdetectadas en la ejecución del proyecto, no obstante queel artículo 70, numerales 5 y 11 del Decreto con rango yfuerza de Ley que regula el Subsistema de Vivienda y PolíticaHabitacional (Gaceta Oficial N° 5.392, extraordinariode fecha 22-10-1999), establece la obligatoriedad por partedel CONAVI, de vigilar el cumplimiento de los programasdesarrollados por los sectores público y privado, a fin deque los mismos se lleven a cabo de conformidad con lapolítica habitacional y metas establecidas. Esta situaciónobedece a que el IMUVI no cumplió con los objetivos delPrograma II, toda vez que no aplicó los términos establecidosen las Condiciones Generales para la Contratacióny Ejecución de Obras (CGCEO), (Gaceta Oficial N° 5.096Extraordinario de fecha 16-09-96), al no llevar expedientecorrespondiente al proyecto y no efectuar el control de losproductos elaborados y cancelados, lo que se traduce enque el CONAVI, delegó atribuciones en cuanto al control yfiscalización de los programas desarrollados por los entes,afectando de esta manera la administración de los recursosinvertidos por el Estado, a los fines de dar cumplimientoa las metas establecidas.El monto del cronograma original de desembolsos aprobadopara la obra por Bs. 932,50 millones, fue modificadoa Bs. 922,50 millones, debido a que se redujeron metasfísicas correspondiente a la construcción del centro de usosmúltiples, canalización de quebradas y construcción deviviendas en la quebrada “El Mamón”, recursos que fuerondestinados para la construcción de viviendas de sustitución,sin embargo, no se evidenció pronunciamiento por partedel CONAVI, a los fines de autorizar dicha modificación, noobstante que la Cláusula Décima Segunda del conveniosuscrito en fecha 06-05-2002, establece que las partesconvienen en que si el costo de los servicios profesionalesy/o de las obras se ven afectadas por la inflación, variacionesde precio, o cualquier otro factor ajeno, superandolos porcentajes previstos para variaciones de presupuestos,se reducirán las metas físicas, previa evaluación, supervisióny autorización expresa del CONAVI, lo cual deja demanifiesto las fallas presentadas desde la elaboración delproyecto, aunado a que es responsabilidad del CONAVI, elmonitoreo general, supervisión, seguimiento y evaluaciónde la ejecución de las actividades y obras previstas en elproyecto.No se evidenciaron informes mensuales enviados porel IMUVI, correspondientes al avance del mencionadoproyecto, no obstante lo dispuesto en la Cláusula Cuarta,numeral 2, 2.6, la cual dispone que el IMUVI deberá enviaral CONAVI, informes mensuales relativos a todos los procesos,incluyendo avances o ejecución de obras, ejecuciónpresupuestaria, ejecución físico financiera, entre otros,así como cualquier otra información que le sea requeridapor éste. Esta situación se debe a que el IMUVI nunca diorespuesta a las solicitudes realizadas por el CONAVI, lo queevidencia debilidades de control interno vinculadas a lafalta de supervisión por parte del CONAVI, toda vez queestando facultado para controlar y fiscalizar los recursosde los fondos que conforman el Subsistema de Vivienda y197

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007Política Habitacional y en ese sentido, ejercer las accioneslegales correspondientes, no ejerció un control oportunoy eficiente a tales efectos, limitando la oportunidad deejercer un adecuado control de los recursos destinados ala construcción del proyecto.ConclusionesEl CONAVI no ejerció un adecuado y oportuno seguimientoy control sobre la ejecución del proyecto U.D.U1.4 “Los Jabillos”, Municipio Santos Michelena, EstadoAragua, en virtud de que el Manual de Contratación yServicios Profesionales para el Desarrollo de Propuestasde Habilitación Física de las Zonas de Barrios, no estáformalmente aprobado por las máximas autoridades delCONAVI, aunado a que en el expediente que reposa en elarchivo de la Dirección de Supervisión y Control de Calidaddel Instituto, no se encuentra la documentación necesariaque permita verificar la correcta ejecución de la obra ni lasituación administrativa de la misma.La obra se encuentra paralizada debido a fallas detectadasen la ejecución de la obra, no obstante que fuerontransferidos recursos, y además, no se evidenció pronunciamientopor parte del CONAVI, a los fines de autorizar lasvariaciones en las cantidades de obra a ser ejecutadas, nilos informes mensuales correspondientes al avance delmencionado proyecto.Recomendaciones• Abocarse a subsanar las fallas y deficiencias observadasen relación con el control de los contratossuscritos por ese organismo, para la ejecución delos desarrollos habitacionales, a los fines de que elproceso de liquidación, mediante el cual esa Juntaasume las obligaciones propias de la Institución, estédirigido de manera efectiva, permitiendo crear la plataformaorganizativa requerida, para asegurar que elorganismo que asuma las funciones, corrija las dichassituaciones, procurando satisfacer las necesidades dela colectividad, y cumplir, entre otros, con las metasprevistas, con el objeto de lograr un adecuado manejode los recursos asignados.• Exhortar a la Dirección de Supervisión y Control deCalidad del CONAVI, a través de la Dirección Generalde Vivienda y Hábitat a efectuar un control efectivoy una correcta conformación de los expedientes relativosa la construcción de los desarrollos habitacionales,a los fines de garantizar su correcto traslado a laInstitución que asuma las obligaciones, para lograr lacontinuidad y/o culminación del referido proyecto.• Exigir al IMUVI el cumplimiento de los procedimientosadministrativos para la contratación y ejecución de lasobras, establecidos en la normativa que rige la materia,a los efectos de garantizar la calidad de los trabajosrealizados y la satisfacción del interés colectivo, asícomo, aplicar las sanciones y/o penalizaciones a quehubiere lugar, en virtud de las debilidades evidenciadas.INSTITUTO AUTÓNOMO CONSEJO NACIONALDE LA VIVIENDA (CONAVI)EJECUCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROSEl Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI) fue creadopor la Ley de Política Habitacional (Gaceta Oficial Nº4.124 Extraordinario de fecha 14-09-1989), transformadoen instituto autónomo con personalidad jurídica, autonomíafuncional y patrimonio propio, distinto e independiente dela República por Decreto con rango de Ley N° 2.992, queregula el Subsistema de Vivienda y Política Habitacional(Gaceta Oficial Nº 36.575 del 05-11-1998). Actualmente,está bajo la tutela del Ministerio del Poder Popular para laVivienda y Hábitat, según Decreto N° 5.103 (Gaceta OficialNº 5.836 Extraordinario de fecha 08-01-2007).En correspondencia con las políticas del Estado venezolano,el CONAVI de acuerdo con lo dispuesto en el numeral4 del artículo 12 del Decreto 367 (Gaceta Oficial Nº 3.588Extraordinario de fecha 22-10-1999) de la Ley que regulael Subsistema de Vivienda y Política Habitacional desarrollóel Programa IV: “Rehabilitación de UrbanizacionesPopulares”, dirigido a aquellas que fueron promovidas ypor tanto proyectadas fundamentalmente por el Estado opara el Estado en sus distintos niveles y que se encuentrenen estado de deterioro, objetivo que se lograría mediantela formulación de proyectos urbanos que involucran a los198

Administración Nacional DescentralizadaSector Serviciosorganismos ejecutores, a la comunidad organizada, a laspequeñas y medianas empresas de la construcción y agrupos interdisciplinarios de profesionales.Con la finalidad de proporcionar un marco jurídico conceptualque regulara la metodología e implantación de lapuesta en marcha del Programa IV, se firmó el ConvenioInterinstitucional entre el CONAVI, la Alcaldía del MunicipioFederación del Estado Falcón y el Servicio Autónomo deFondos Integrados de Vivienda (SAFIV), para la ejecucióndel proyecto: “Consolidación del Sector José LeonardoChirinos (Cloacas y Vialidad), ubicado en el MunicipioFederación del Estado Falcón”.A tal efecto, el CONAVI actuaría como el organismoasesor, planificador, supervisor, organizador y prestadorde la asistencia técnica habitacional y como organismosupervisor, fiscalizador, controlador y evaluador de losentes que intervienen en la administración de los recursos,incluidas las facultades de inspección del proyecto y de lasobras comprendidas a cargos de tales entes y la alcaldíaactuaría como ejecutor del proyecto.En fecha 25-09-2003, se suscribió un contrato de Fideicomisode Administración, entre la alcaldía del referidomunicipio, el Banco Industrial de Venezuela, C.A. (BIV) yel SAFIV, con el objeto de administrar e invertir Bs. 497,74millones, recursos éstos provenientes del Fondo de Aportesdel Sector Público (FASP). Posteriormente, en fecha 15-12-2003, la alcaldía suscribió un contrato de obras con laempresa denominada Constructora Moneca, C.A., por Bs.473,50 millones, para la ejecución del referido proyecto, enel mismo se estableció que el municipio ejercería el controly la fiscalización de los trabajos que realizara la contratistapara la ejecución de la obra, así como la forma de pago lacual quedó establecida en el Convenio InterinstitucionalCONAVI-Alcaldía-SAFIV.Alcance y objetivos de la actuaciónLa actuación se orientó a evaluar el expediente relacionadocon la ejecución del proyecto “Consolidación deCloacas y Vialidad del Sector José Leonardo Chirinos dela Parroquia Churuguara, Municipio Federación, EstadoFalcón”, así como los recursos utilizados para su ejecución,durante los años 2004 y 2005, mediante el análisisexhaustivo del expediente.Observaciones relevantesEl reglamento interno de la Gerencia Técnica del proyectono está formalmente aprobado, no obstante lo previsto enlos artículos 35 y 36 de la Ley Orgánica de la ContraloríaGeneral de la República y del Sistema Nacional de ControlFiscal (LOCGRSNCF), Gaceta Oficial N° 37.347 de fecha17-12-2001, en concordancia con el artículo 22 de las NormasGenerales de Control Interno (NGCI), Gaceta OficialN° 36.229 de fecha 17-06-1997, que prescriben una serie deatribuciones correspondientes a las máximas autoridades alos fines de definir formalmente los mecanismos de controlinterno. Al respecto, es de destacar que el citado reglamentodetalla los diferentes pasos y condiciones de las operacionesa ser autorizadas, aprobadas, revisadas y registradas,sin embargo al no estar debidamente aprobado, por lasinstancias competentes, limita la definición formal de losprocesos, lo que genera discrecionalidad en la ejecución delas actividades llevadas a cabo en el control y fiscalizacióndel proyecto “Consolidación de Cloacas y Vialidad delSector José Leonardo” y por ende el cabal cumplimientode las operaciones administrativas y técnicas a que estásometido un proyecto determinado, situación que influyenegativamente sobre el control interno de las actividadesque realizan las dependencias encargadas de la evaluacióndel proyecto, en particular la Dirección de Programas y laDirección de Supervisión y Control de Calidad.De la revisión efectuada al expediente llevado por laDirección de Supervisión y Control de Calidad del CONAVIrelacionado con la “Consolidación de Cloacas y Vialidaddel Sector José Leonardo Chirinos”, se observó que ladocumentación existente no está debidamente numeradani foliada, además, carece de la documentación siguiente:Acta de Inicio; Acta de Recepción Definitiva de la obra yContrato de Inspección. No obstante que el artículo 141de la Ley Orgánica de la Administración Pública (LOAP),Gaceta Oficial N° 37.305 de fecha 17-10-2001, en concordanciacon el artículo 23 de las NGCI, disponen quelos documentos deben contener información completa y199

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007exacta, archivarse siguiendo un orden cronológico u otrossistemas de archivo que faciliten su oportuna localización,y conservación durante el tiempo establecido legalmente.En este sentido, la ausencia de documentos incide desfavorablementeen el control adecuado que debe existir en todaorganización, por cuanto el objetivo de los archivos es, enesencia, la conservación y disposición de la documentaciónde manera organizada, útil, confiable y oportuna.No se evidenciaron los informes mensuales relativosal avance del proceso, a la ejecución del proyecto y deobras, debido a que el órgano ejecutor, es decir, la alcaldía,no remitió los mismos al CONAVI, no obstante la cláusulacuarta del Convenio Interinstitucional, la cual indica quela alcaldía se compromete a enviar al CONAVI los referidosinformes, así como al Comité Estatal de Viviendas delEstado Falcón. Situación que evidencia que el CONAVI noejerció un control y seguimiento efectivo y eficaz sobre laejecución del proyecto, ni veló por la correcta aplicación delos recursos, a los fines de garantizar que fueran utilizadosen la consecución del proyecto en referencia, en virtud deque no contó con los referidos informes a los efectos deconstatar, a través de la inspección del proyecto y de laobra, el correcto cumplimiento y la calidad de los trabajosde ese instituto.De la revisión efectuada a los presupuestos de obras delproyecto, cuadro de cierre y valuaciones, relacionados conla obra “Consolidación de Cloacas y Vialidad del SectorJosé Leonardo Chirinos” presentados por la empresaconstructora, no se evidenció la autorización por partedel CONAVI para la reducción de metas físicas del proyectopor Bs. 146,52 millones, es decir 30,88% del montototal contratado (Bs. 473,50 millones). De esta cantidad37,33% (Bs. 54,58 millones), correspondieron a partidasrelacionadas con la vialidad (aceras y brocales), las cualesno fueron ejecutadas, además, se efectuaron aumentos yobras extras por Bs. 148,52 millones, con lo cual el montototal de la obra ascendió a Bs. 472,04 millones; no obstantela cláusula décima quinta del Convenio Interinstitucional,la cual establece que si las partes convienen que el costode los servicios profesionales y de las obras previamenteaprobadas, se ven afectadas por la inflación, variacionesde precio, o cualquier otro factor ajeno, se reducirán lasmetas físicas a fin de mantener las disponibilidades presupuestariasexistentes, previa evaluación, supervisión yautorización expresa del CONAVI. La observación expuestadenota las fallas existentes a nivel del proyecto aprobadopor el instituto, que ameritó variaciones de obras (aumentos,disminuciones y obras extras), evidenciándose la faltade una supervisión adecuada y oportuna por parte delCONAVI, que le permitiera el control y evaluación de losentes que intervinieron en la ejecución del proyecto y porende, de los recursos aplicados.No se evidenció la documentación relacionada con laasignación, desembolso y manejo de los recursos utilizadosen la ejecución del referido proyecto, en particular; cierreeconómico del Fideicomiso, balance general detallado yresumido, movimiento del fideicomiso, estado de cuenta,corte de rendición de cuenta y relación de inversiones efectuadas,previstas en el Contrato de Fideicomiso suscritoentre la Alcaldía y el Banco Industrial de Venezuela, noobstante que la Cláusula Octava del Contrato de Fideicomisosuscrito entre la Alcaldía del Municipio Federacióndel Estado Falcón y el Banco Industrial de Venezuela,C.A., establece que El Fideicomitente deberá en formaescrita suministrar esta información tanto a la alcaldíacomo al CONAVI, dentro de los primeros 5 días hábiles decada mes. Este hecho evidencia que el CONAVI no ejercióun control oportuno sobre los desembolsos de los recursosempleados en la ejecución del proyecto, y el manejo de losrendimientos del fondo fiduciario, a los efectos de velar porsu correcta ejecución.ConclusionesEl CONAVI no actuó como el organismo supervisor ycontrolador del proyecto Consolidación del Sector JoséLeonardo Chirinos (Cloacas y Vialidad), ubicado en elMunicipio Federación del Estado Falcón”, tal como estabacontemplado en el convenio interinstitucional, a los efectosde garantizar la correcta ejecución de los trabajos correspondientesal proyecto, así como, el manejo transparentede los compromisos contraídos y pagos efectuados a travésdel referido convenio, sin que se evidenciara un controlefectivo sobre las mismas, no obstante que son recursosdel Estado, destinados a satisfacer las necesidades del200

Administración Nacional DescentralizadaSector Servicioscolectivo. De igual manera, la falta de mecanismos decontrol interno orientados a mantener la información odocumentación resguardada en un expediente debidamenteconformado con la documentación inherente a laejecución del proyecto, no permite determinar la situaciónadministrativa de la obra y por ende la sinceridad de lostrabajos realizados.RecomendacionesEn atención de los resultados expuestos, esta ContraloríaGeneral de la República considera pertinente exhortar a laJunta Liquidadora de CONAVI, para que se avoque a subsanarlas fallas y deficiencias observadas en relación con la supervisióny control de la obra “Consolidación de Cloacas yVialidad del Sector José Leonardo Chirinos de la ParroquiaChuruguara, Municipio Federación, Estado Falcón”, a losfines de que el proceso de liquidación, mediante el cual esaJunta asume las obligaciones propias de la institución, estédirigido de manera efectiva, permitiendo crear la plataformaorganizativa requerida, para asegurar que el organismoque asuma las funciones, corrija las situaciones observadas,procurando satisfacer las necesidades de la colectividad, ycumplir, entre otros, con la meta prevista, relacionada conla ejecución del referido proyecto, con miras a lograr unmanejo adecuado de los recursos asignados.CONSORCIO VENEZOLANO DE INDUSTRIA AERONÁUTICAY SERVICIOS AÉREOS, C.A. (CONVIASA)APLICACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN ÁREAS MEDULARES;CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METASEl Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticasy Servicios Aéreos, S.A, (CONVIASA) es una empresa delEstado venezolano, integrada a la estructura general delEstado, es decir forma parte de los entes descentralizadosfuncionalmente, lo que la hace partícipe de un sistema mixtode Derecho. Así, se rige por normas de Derecho Privadoen cuanto a su creación, organización y funcionamiento,y está sometida a normas de Derecho Público y por tantosujeta al control de este máximo Órgano Contralor, deconformidad con lo previsto en el artículo 9, numeral 10 dela Ley Orgánica de la Contraloría General de la Repúblicay del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF),Gaceta Oficial N° 37.347 del 17-12-2001, ello sin perjuiciodel control que le corresponde ejercer a su órgano de controlfiscal interno.CONVIASA fue creada bajo la forma de sociedadanónima, cuyo órgano de tutela es el Ministerio de laProducción y el Comercio (actualmente denominadoMinisterio del Poder Popular para las Industrias Ligerasy Comercio) y el Instituto Autónomo Fondo Nacional dePromoción y Capacitación para la Participación Turística,según Decreto N° 2.866 (Gaceta Oficial N° 37.910del 31-03-2004). Fue constituida en fecha 02-07-2004,según consta en el documento constitutivo estatutariode la empresa.En fecha 25-04-2006, fue celebrada una Asamblea GeneralExtraordinaria, en la cual entre otros puntos, se acordóel cambio del Ministerio de tutela de CONVIASA, que pasó alMinisterio de Infraestructura, actual Ministerio del PoderPopular para la Infraestructura (Gaceta Oficial Nº 38.424de fecha 26-04-2006).La empresa tendrá por objeto la explotación del serviciopúblico de transporte aéreo nacional e internacionalcomercial, regular y no regular de pasajeros, correo, cargay operaciones comerciales y turísticas.La Dirección y Administración de la Sociedad estará acargo de una Junta Directiva, integrada por el Presidente,un Vicepresidente Administrativo, un VicepresidenteOperativo, y 5 directores.La estructura organizativa de la empresa se encuentraconformada por la Asamblea de Accionistas, Junta Directiva,Unidad de Auditoría Interna, Presidencia, ConsultoríaJurídica, Comisión Permanente de Licitaciones, Direcciónde Tecnología, Información y Comunicación y 2 Vicepresidencias,una Administrativa y una Operativa.Para el ejercicio fiscal 2006, le fue aprobado a CONVIASAel presupuesto de Ingresos y Gastos, por Bs. 638.892,41millones (Gaceta Oficial N° 5.797 Extraordinario de fecha26-12-2005), reflejando modificaciones por disminuciónque ascienden a Bs. 293.856,99 millones.201

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007Alcance y objetivos de la actuaciónLa actuación estuvo orientada a evaluar selectivamenteel cumplimiento de los objetivos y metas del ConsorcioVenezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos,S.A, (CONVIASA), así como la aplicación de los recursosfinancieros en las áreas medulares de la organización,durante el año 2006.Observaciones relevantesLa empresa no cuenta con Reglamento Interno ni conmanuales de normas y procedimientos de las DireccionesOperativas y Administrativas, motivado a las modificacionesen su estructura organizativa, al respecto se destacalo que establece el artículo 36 de la Ley Orgánica de laContraloría General de la República y del Sistema Nacionalde Control Fiscal (LOCGRSNCF), en concordancia conlos artículos 2 y 3 del Reglamento Sobre la Organizacióndel Control Interno en la Administración Pública Nacional(Gaceta Oficial Nº 37.783 de fecha 25-09-2003), los cualeshacen referencia a la responsabilidad de las máximasautoridades de organizar, establecer, mantener y evaluarel sistema de control interno, adecuado a la naturaleza,estructura y fines del ente, contemplando el plan de organización,las políticas y normas, así como los métodosy procedimientos adoptados, con el fin de asegurar elacatamiento de las normas legales y la salvaguarda delpatrimonio público. Lo antes expuesto incide en formanegativa en el sistema de control interno de diversas áreas,al no existir procedimientos formalmente establecidos queguíen su operación y funcionamiento.La empresa llevó a cabo sus operaciones durante el año2006, mediante un Plan Operativo Anual, encontrándoselos procesos medulares alienados con su objeto social; asícomo con sus objetivos generales y específicos; sin embargono fueron ubicadas evidencias documentales de suaprobación por parte de las instancias competentes y susrespectivas modificaciones. Trayendo como consecuenciaque no exista un instrumento formalmente aprobado yconfiable, donde se precise entre otros aspectos las metaspropuestas y las alcanzadas; así como las Gerencias responsablesde cumplir los objetivos formulados. Al respecto,se destaca que el artículo 3 de las Normas Generales deControl Interno (Gaceta Oficial Nº 36.229 del 17-06-1997),contempla que el control interno de cada organismo debeorganizarse con arreglo a conceptos y principios generalmenteaceptados y estar constituidos por políticas y normasformalmente dictadas.El titular de la Unidad de Auditoría no ha sido designadomediante concurso, es decir actualmente existe unAuditor Interno encargado, dado que desde la creación deCONVIASA, la Unidad de Auditoría Interna no había sidoconstituida y estructurada, se encontraba dentro del organigrama,como una oficina que reportaba directamentea la Vicepresidencia, posteriormente se realizan modificacionesy se aprueba formalmente su estructura endiciembre 2006. No obstante, el artículo 136 de la LeyOrgánica de la Administración Financiera del SectorPúblico (LOAFSP), Gaceta Oficial Nº 37.606 de fecha9-01-2003, establece que los titulares de los órganos deauditoría interna serán seleccionados mediante concurso,organizado y celebrado de conformidad con lo previstoen la LOCGRSNCF. La situación antes planteada, derivadade la inobservancia de las disposiciones legales ysublegales que rigen la materia, incide negativamente enlas actividades y procesos adelantados por la unidad.De la revisión documental efectuada a la relación deórdenes de compra y de servicio suministradas por laDirección de Administración-Gerencia de Logística deCONVIASA, correspondiente al año 2006, se evidenció laausencia del consecutivo numérico y orden cronológicoen las mismas, dado que el ente no contó con un sistemaautomatizado de control, por lo que el proceso se realizóde forma manual. Al respeto, se destaca lo que estableceel artículo 27 de las Normas Generales de Control Internoy el Manual de Normas de Control Interno sobre un ModeloGenérico de la Administración Central y DescentralizadaFuncionalmente, Numeral 4.3.13 Control y Uso deFormularios Prenumerados (Gaceta Oficial Nº 38.282 del28-09-2005), establecen que aquellos documentos que seutilicen para sustentación de operaciones, deberán estarnumerados correlativamente al momento de su impresión.Tal situación constituye una debilidad de control internoque trae como consecuencia que se incremente el margen202

Administración Nacional DescentralizadaSector Serviciosde errores en la emisión de tales documentos, generandoduplicidad entre ellos.La empresa contrajo compromisos presupuestarios yfinancieros a través de la emisión de órdenes de comprapara la adquisición de bienes y la contratación de servicios,por Bs. 36.480,78 millones de cuyo monto se seleccionó unamuestra de Bs. 2.907,80 millones, equivalente al 7,97% deltotal emitido.De la referida muestra se determinó que la empresarealizó la selección de contratistas mediante el procedimientoexcepcional de adjudicación directa, sin la debidajustificación no obstante que el artículo 88 de la Ley deLicitaciones (Gaceta Oficial N° 5.556 Extraordinario defecha 13-11-2001) establece que se podrá proceder poradjudicación directa, independientemente del monto dela contratación, siempre y cuando la máxima autoridaddel ente contratante, mediante acto motivado, justifiqueadecuadamente su procedencia, en los supuestos indicadosen el precitado artículo.Dichas adquisiciones y contrataciones alcanzaron la cantidadde Bs. 2.907,80 millones, siendo que por los montos delos contratos, individualmente considerados y con base alvalor de la Unidad Tributaria (UT) fijada para el año 2006en Bs. 33.600,00, debieron ser sometidos al procedimientode licitación selectiva y/o general según el caso, toda vezque resultaba procedente la aplicación del procedimientode licitación selectiva, cuando el monto de la contrataciónse ubicara entre las 1.100 y 11.000 Unidades Tributarias ypara el procedimiento de licitación general cuando el montode la adquisición resultara mayor a las 11.000 UnidadesTributarias. Lo precedentemente expuesto trae como consecuencia,que en tales procesos de selección de contratistas,no se consideraron los principios de la Ley de Licitaciones,en cuanto a garantizar la competencia, igualdad, economía,eficiencia y razonabilidad de los precios.En relación con el contrato S/N de fecha 11-10-2005,cuyo objeto es el abastecimiento regular y extraordinariode comidas y demás servicios complementarios para losvuelos nacionales e internacionales de la flota de CONVIASA(Servicio de Catering) por Bs. 847,41 millones, se evidencióque el mismo fue suscrito por el Vicepresidente de CON-VIASA, no obstante, el literal D de la Cláusula VigésimaSéptima de los Estatutos Sociales de la empresa contemplaque es atribución del Presidente celebrar cualquier clasede contratos necesarios para llevar a cabo el objeto de lasociedad. Es importante destacar que no fue suministradala evidencia documental que soporte la delegación detal atribución por parte del Presidente al VicepresidenteEjecutivo, situación que evidencia la vulnerabilidad de losmecanismos de control interno previstos por el ente para eladecuado deslinde de atribuciones y competencias.ConclusionesCon base en las observaciones formuladas por esteOrganismo Contralor relacionadas con el cumplimientode objetivos y metas del Consorcio Venezolano de IndustriasAeronáuticas y Servicios Aéreos, S.A. (CONVIASA) sedeterminaron fallas relacionadas con el sistema de controlinterno, tales como: la empresa no cuenta con un ReglamentoInterno, Manuales de Normas y Procedimientos delas Direcciones Operativas y Administrativas. En relaciónal cumplimiento de los objetivos y metas del Consorciose determinó que la empresa llevó a cabo sus operacionesdurante el año 2006 mediante un Plan Operativo Anual,sin embargo no fueron ubicadas evidencias documentalesde la aprobación por parte de las instancias competentes.El titular de la Unidad de Auditoría Interna no ha sidoseleccionado mediante concurso público en atención a lanormativa legal vigente.En cuanto al proceso de selección de contratistas parala adquisición de bienes y contratación de servicios sedeterminó que las relaciones de órdenes de compra y deservicios emitidas por la Dirección de Administración-Gerencia de Logística, no guardan un orden consecutivonumérico y orden cronológico.El Consorcio realizó la selección de contratistas medianteel procedimiento excepcional de adjudicación directa, sinjustificar mediante acto motivado suscrito por la máximaautoridad. Adicionalmente el contrato por la cantidadde Bs. 847,41 millones, cuyo objeto es el abastecimientoregular y extraordinario de comidas, fue suscrito por el203

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007Vicepresidente de CONVIASA, sin estar debidamente autorizadopara ello.Las debilidades de control interno anteriormente señaladasafectan de manera negativa la administración de laempresa, lo que incide en el adecuado cumplimiento delos objetivos y metas.RecomendacionesSe recomienda a las máximas autoridades de CONVIASA,abocarse al estudio de las diferentes fallas detectadas, parasubsanar las situaciones, así como:• Elaborar el Reglamento Interno de la empresa y manualesde normas y procedimientos de las DireccionesOperativas y Administrativas.• Realizar las acciones pertinentes a los fines de formalizarlos trámites correspondientes para el llamado aconcurso público con el objeto de designar al titularde la Unidad de Auditoría Interna.• Evaluar el sistema administrativo para el registro ycontrol de las órdenes de servicio y órdenes de compra,a los fines de erradicar los errores.• Acogerse a la normativa legal que rige para la selecciónde contratistas en la adquisición de bienes y/oservicios.• Abstenerse de suscribir contratos de bienes y/oservicios por personas que no poseen competenciapara ello.CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA REGIÓN CENTRAL(CORPOCENTRO)EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA DE RECURSOSLa Corporación de Desarrollo de la Región Central(CORPOCENTRO) fue creada mediante Decreto de Ley defecha 09-12-1981 (Gaceta Oficial N° 2.895 Extraordinario del28-12-1981), como un instituto autónomo con personalidadjurídica y patrimonio propio, adscrita al entonces Ministeriode Planificación y Desarrollo, actual Ministerio delPoder Popular para la Planificación y el Desarrollo, sujetaal control de este máximo Organismo de Control, de conformidadcon lo previsto en el artículo 9 numeral 10 de laLey Orgánica de la Contraloría General de la República ydel Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF),Gaceta Oficial N° 37.347 del 17-12-2001, ello sin perjuiciodel control que le corresponde ejercer a su órgano de controlfiscal interno.Con motivo de la calamidad ocurrida en el estadoVargas, a consecuencia de las lluvias que azotaron alpaís durante diciembre del año 1999, el Ejecutivo Nacionaldecretó estado de emergencia nacional en todasaquellas entidades que sufrieron los efectos del fenómenoclimatológico de las lluvias, esta situación fundamentóel objeto del contrato de Fideicomiso de Administracióne Inversión, suscrito por la Corporación con el Fondo deInversiones de Venezuela, ahora Banco de DesarrolloEconómico y Social de Venezuela (BANDES), de fecha28-06-2000, por Bs. 12.000,00 millones, que dio origenal inicio de la construcción del pueblo agrícola, industrialsostenible de Chaguaramal, ubicado en el estado Miranda,cuyo proyecto se basó en el Plan SARAO (Sistema deAsociaciones Rurales Auto-Organizadas), manejado através de una comunidad organizada en lo que se denominóla Cooperativa Chaguaramal, transferido posteriormenteal Instituto Nacional de Tierras (INTI), parasu continuación como proyecto de desarrollo agrícolay rural, a través del documento Cesión de Fideicomisode fecha 15-07-2003.El Sistema de Asociaciones Rurales Autoorganizadas(SARAO) fue un proyecto de política pública constituidopor fundos colectivos, cuyo propósito fue contribuir con eldesarrollo agrícola y agro industrial y artesanal nacional.El Plan SARAO Chaguaramal se concibió bajo un marcoteórico y de ingeniería conceptual, contó con 3 componentes:servicios urbanos de infraestructura, productivo yasociativo; cuya fase inicial originó la construcción de lamacromanzana A, conformada por 144 viviendas, serviciosbásicos y vialidad, entre otras.Los recursos financieros provinieron inicialmente delFideicomiso (Matriz), suscrito entre los actuales, Bancode Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES),y los Ministerios del Poder Popular para las Finanzas, ypara la Planificación y el Desarrollo, de fecha 13-06-2000,al Fideicomiso de Administración e Inversión suscrito204

Administración Nacional DescentralizadaSector Serviciosentre el actual BANDES, y CORPOCENTRO, por Bs. 12.000,00millones, los cuales al 09-01-2002 habían sido entregadosen su totalidad.CORPOCENTRO manejó durante el período comprendidoentre el segundo semestre de 2001 al primer semestre de2003, recursos financieros por Bs. 14.022,16 millones,discriminado de la manera siguiente: disponibilidad financieraal 30-06-2001 por Bs. 1.867,82 millones, e ingresosprovenientes de los aportes recibidos y de intereses porcolocaciones realizadas por el Fiduciario, por Bs. 12.154,34millones; de los cuales pagó gastos por Bs. 7.062,55 millones,mediante transferencias directas a las cuentas bancariasde los beneficiarios.Alcance y objetivos de la actuaciónLa actuación se circunscribió a la evaluación de laejecución financiera y presupuestaria de los recursosasignados a CORPOCENTRO, durante el segundo semestre2001, año 2002 y primer semestre 2003, específicamentedel Proyecto SARAO Chaguaramal, ubicado en el estadoMiranda, para lo cual se revisó una muestra selectiva delos gastos, las cláusulas contenidas en los contratos y quese hayan ejecutado de acuerdo con las especificacionestécnicas aplicables.Observaciones relevantesDel análisis realizado al Listado de Desembolsos y delos depósitos efectuados por BANDES a las cuentas bancariasde la Corporación, se evidenció que CORPOCENTRO, recibiótransferencias de recursos financieros y presupuestariosdel BANDES durante los años 2001, 2002 y 1er. Semestrede 2003, a través de la figura del Fideicomiso de Administracióne Inversión, por Bs. 907,49 millones, destinadosa erogaciones vinculadas a la construcción del pobladode Chaguaramal, los cuales no fueron incorporados en elpresupuesto de ingresos y gastos de la Corporación durantede esos años, no obstante, lo previsto en el artículo18 literal b de la Ley de Presupuesto del año 2001 (GacetaOficial N° 37.121 de fecha 17-01-2001), el cual establece quelos incrementos de créditos presupuestarios superiores a10,00%, que surjan como producto de una nueva fuente definanciamiento, así como de un incremento de los recursosinicialmente previstos, deberán ser aprobadas por el respectivoMinisterio de adscripción o de tutela; en concordanciaa lo previsto en el artículo 3 de la Ley Orgánica de RégimenPresupuestario (LORP), Gaceta Oficial N° 36.916 de fecha22-03-2000, que establece, los presupuestos comprenderánlos correspondientes ingresos y gastos, y a lo previsto enel artículo 4 ejusdem, el cual establece que los ingresoscontendrá la enumeración de los diferentes ramos de ingresosy las cantidades estimadas para cada uno de ellos en elejercicio; así como, a lo previsto en el artículo 12 de la LeyOrgánica de Administración Financiera del Sector Público(LOAFSP), Gaceta Oficial N° 37.606, de fecha 09-01-2003,el cual establece que los presupuestos públicos comprenderántodos los ingresos y todos los gastos, así como lasoperaciones de financiamiento. Al respecto, la Corporaciónno contó con mecanismos de control interno, destinados a laevaluación y revisión de las fuentes de financiamiento y suincorporación en los diferentes ramos de ingresos y gastos,así como sobre la planificación que requería la ejecuciónde un proyecto de obra dirigido a la creación de todos loscomponentes de un poblado. Esta situación limitó al áreade fideicomiso del proyecto, el manejo de los créditosasignados, vinculándolos con una partida presupuestaria,de acuerdo a la naturaleza del gasto.Por concepto de adquisición de bienes, fue pagado Bs.25,58 millones, como parte de la ejecución del ProyectoSARAO Chaguaramal, cuyas facturas no indican los serialesde identificación, no obstante, lo previsto en el artículo23 literal a de las Normas Generales de Control Interno(NGCI), Gaceta Oficial N° 36.229 de fecha 17-06-1997, elcual establece que los documentos deben contener informacióncompleta y exacta, archivarse siguiendo un ordencronológico. Tal situación obedece a que la Corporación,no contó con un sistema de control interno formalmenteestablecido para el manejo de los soportes a los desembolsosde los fideicomisos, que le permitiera implementarprocedimientos que garantizara la sinceridad en la información,así como en el registro de los bienes adquiridos.Cabe señalar, que los inventarios de los bienes del proyecto,no indican los seriales, limitándose a señalar algunascaracterísticas de los mismos. Lo que limitó establecer,diferenciar y actualizar los inventarios de bienes, a los fines205

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007de su adecuado registro y control, así como, al momento depagar, el área de fideicomiso, no dispuso de informaciónque garantizara el cumplimiento de las especificacionestécnicas y de sus garantías.El presidente de la Corporación otorgó a la CooperativaChaguaramal, adelantos societarios por Bs. 38,44 millones,desde el mes de julio al mes de octubre de 2002, a losfines de proveer de insumos económicos y materiales a lospobladores pioneros para desarrollar actividades agrícolasdel área socio productiva, no obstante, la constitución dela Cooperativa antes indicada, se formalizó en fecha 28-10-2002, bajo los números 158 y 159, folio 188-194 del RegistroCivil de los Municipios Páez, Andrés Bello y PedroGual del estado Miranda, fecha posterior a la entrega delos recursos. Cabe destacar que el convenio que regula elfinanciamiento para la ejecución del Plan de ProducciónAgrícola Vegetal, fue suscrito en fecha 09-07-2003, el cualestablece en la cláusula segunda, el financiamiento de losrecursos y por ende de las condiciones para que CORPO-CENTRO provea a la Cooperativa, de los bienes y recursosfinancieros necesarios. Al respecto, la Corporación otorgóla figura de los adelantos societarios, a los fines de adelantaractividades del área socio productiva, sin embargo,no contó con mecanismos de control interno destinados aevaluar la legalidad del gasto. Esta situación limitaba alárea de fideicomiso del proyecto, asegurar la recuperaciónde la inversión, toda vez que la cooperativa para la fechade los primeros adelantos no se encontraba formalmenteconstituida ni los convenios suscritos.No se evidenciaron las autorizaciones y permisosotorgados por el Ministerio del Ambiente y de los RecursosNaturales (MARN), ahora Ministerio del PoderPopular para el Ambiente, previos a la ejecución de lamacromanzana A, no obstante, lo establecido en el artículo37 de las Condiciones Generales de Contrataciónpara la Ejecución de Obras (Gaceta Oficial N° 5.096Extraordinario de fecha 16-09-1996), y de las NormasCOVENIN-Sector Construcción, en las cuales se establecenque para dar inicio a la ejecución de las obras, elorganismo contratante, debe tramitar previamente laobtención de los respectivos permisos. Tal situación sedebió a que en el período 2000-2003, la Corporación,como ente contratante, no gestionó a tiempo los permisosnecesarios. La referida situación evidencia debilidadesen el proceso de la planificación de la obra, dado queésta debió contener todo lo relativo a la permisologíanecesaria a los efectos del inicio de los trabajos, lo queocasionó atrasos en la ejecución de las obras.Los presupuestos de los contratos, correspondientes a lasobras de la macromanzana A, suscritos por CORPOCENTROentre julio de 2000 y julio de 2003, no contienen la partidadenominada “Variaciones de Precios”, no obstante, loprevisto en el artículo 62 de las Condiciones Generales deContratación para la Ejecución de Obras, el cual estableceque dicha partida debe incluirse como parte del presupuestode la obra, por un monto prudencialmente estimado porel ente contratante, ya que dichas variaciones se deberánpagar contra la referida partida. Al respecto, la Corporaciónno previó incluir la partida variaciones de precios enel presupuesto de los referidos contratos de las obras. Estasituación trajo como consecuencia, que no se estimaran losrecursos necesarios para cancelar los incrementos en loscontratos de las obras que se le reconocieran por conceptosde variaciones de precios.Las obras de la macromanzana A, se iniciaron en el año2000 sin contar previamente con un Estudio de ImpactoAmbiental, no obstante, lo previsto en el artículo 129 dela Constitución de la República Bolivariana de Venezuela(Gaceta Oficial N° 5.453 Extraordinario de fecha 24-03-2000), el cual señala que todas las actividades susceptiblesde generar daños a los ecosistemas deben ser previamenteacompañadas de estudios de impacto ambiental y socio cultural,así como, lo indicado en el articulo 6 de las Normassobre Evaluación Ambiental de Actividades Susceptibles deDegradar el Ambiente (Gaceta Oficial N° 35.946 de fecha25-04-1996), que prevé la presentación del referido estudiopara los proyectos de actividad agroindustrial y de desarrollode obras de infraestructura. Debido a que las obraspara el movimiento de tierras se comenzaron en el año2000 basadas en el Decreto de Emergencia N° 577 de fecha15-12-1999. Situación que evidencia que no se evaluaroninicialmente los efectos de las obras sobre los componentesdel ambiente natural y social a ser intervenido, de maneratal que se pueda proponer las medidas preventivas, mitigan-206

Administración Nacional DescentralizadaSector Serviciostes y correctivas y determinar los parámetros ambientalesque conforman la normativa legal vigente.ConclusionesComo resultado de la evaluación a la ejecución financieray presupuestaria de los recursos asignados al ProyectoSARAO Chaguaramal del estado Miranda, así como, de loscontratos de obras suscritos para su ejecución, se constatóque la Corporación no estableció mecanismos de controlinterno y de planificación, a los fines de velar por el estrictocumplimiento del objeto establecido en el contrato deFideicomiso de Administración e Inversión del Proyecto,así como, de la normativa legal aplicable para la ejecucióndel mismo, por cuanto: no incluyó en el presupuesto deingresos y gastos, los recursos financieros manejados através del Fideicomiso de Administración; las facturaspor concepto de la adquisición de bienes no contienenel serial de identificación, y los adelantos societarios seotorgaron sin haber cumplido con los requisitos legales.Adicionalmente, en los documentos soportes al pago nien el expediente del proyecto, se observó documentaciónreferida a los aspectos técnicos previos a la ejecución dela obra, tales como: el Proyecto de Ingeniería Básica y deDetalle y los Estudios de Impacto Ambiental, entre otros.Situaciones que evidencian debilidades en el proceso deplanificación del Proyecto SARAO Chaguaramal, destinadoa la construcción de un poblado autosustentable.RecomendacionesEsta Contraloría General de la República recomiendalo siguiente:• Al presidente de CORPOCENTRO:– Establecer un Sistema de Control Interno delSistema Presupuestario que permita aprobar eincorporar en el presupuesto de ingresos y gastos,los incrementos presupuestarios que surjande una nueva fuente de financiamiento, previo alestudio y la evaluación de las competencias parasu aprobación.– Implantar los mecanismos necesarios a los fines deestablecer procedimientos destinados a la revisiónde los documentos soportes al pago, específicamen-te, en cuanto a la adquisición de bienes muebles,haciendo énfasis en los seriales y especificacionestécnicas, tendente a facilitar su identificación y porende su ubicación, a fin de que se genere informaciónoportuna y confiable en el momento que serequiera.– Establecer un sistema de control interno que velepor la incorporación en el expediente de Fideicomisodel Proyecto, de los documentos técnicos quefaciliten la toma de decisiones en cuanto a medidaspreventivas y correctivas, dándole viabilidad a laejecución del proyecto.• Al área de Fideicomiso emprender las acciones correspondientespara que antes de proceder a la entrega deadelantos societarios, vele por la legalidad del gasto,verificando mediante mecanismos de control interno,el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidosen la normativa que regula la materia.CORPORACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN Y DESARROLLODEL ESTADO VARGAS (CORPOVARGAS)EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, FÍSICA Y FINANCIERADE RECURSOS ASIGNADOSA raíz de la necesidad de impulsar la recuperación yreconstrucción del estado Vargas, como consecuencia delgrado de afectación del estado por las fuertes precipitacionesocurridas durante el mes de diciembre de 1999, elEjecutivo Nacional crea, en el año 2000, 2 instituciones: laAutoridad Única de Área para el estado Vargas (AUAEV)y la Corporación para la Recuperación y Desarrollo delEstado Vargas (CORPOVARGAS).La Corporación para la Recuperación y Desarrollo delEstado Vargas (CORPOVARGAS) es un ente descentralizadofuncionalmente con forma de derecho público, sin finesempresariales, creado bajo la figura de instituto autónomo,con personalidad jurídica propia, dotado de patrimoniopropio e independiente del Tesoro Nacional y sujeto alcontrol de este máximo Órgano Contralor, de conformidadcon lo previsto en el artículo 9, numeral 6 de la LeyOrgánica de la Contraloría General de la República y delSistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), GacetaOficial N° 37.347 del 17-12-2001, ello sin perjuicio del207

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007control que le corresponde ejercer a su órgano de controlfiscal interno. Fue creada mediante ley (Gaceta Oficial N°36.968 del 08-06-2000). Se encuentra adscrita (control detutela) al Ministerio del Poder Popular para la Planificacióny Desarrollo, según consta en el Decreto con Fuerza deLey de Reforma Parcial de la Ley sobre Adscripción deInstitutos Autónomos, Empresas del Estado, Fundaciones,Asociaciones y Sociedades Civiles del Estado a los Órganosde la Administración Pública (Gaceta Oficial N° 5.556 Extraordinariodel 13-11-2001). De acuerdo con lo establecidoen el artículo 2 de su ley de creación, CORPOVARGAS tiene porobjeto promover, ejecutar, financiar y coordinar proyectosy programas de naturaleza físico ambiental, económicay social para el estado Vargas, afectado por la catástrofenatural ocurrida en diciembre de 1999.Durante el período comprendido entre los años 2000 al2004, le fueron aprobados a CORPOVARGAS los respectivospresupuestos de Ingresos y Gastos por Bs. 265.401,57 millones.Para el año 2000, el Ejecutivo Nacional aprobó elPlan Extraordinario de Inversiones también denominado“Plan Sobremarcha”, por Bs. 80.000,00 millones, destinadosa la ejecución de obras para la disminución de riesgosen cuencas y la rehabilitación del estado Vargas, en fecha05-12-2001, se suscribió un Contrato de Fideicomiso através del cual se administraron los recursos provenientesdel Capital Semilla, el monto asignado fue de Bs. 19.955,00millones producto de las transferencias del Ministerio dePlanificación y Desarrollo, actual Ministerio del PoderPopular para la Planificación y Desarrollo. Por otra parte,a través de la Ley Especial de Endeudamiento Anual parael ejercicio Fiscal del año 2001 (Gaceta Oficial N° 5.504Extraordinario del 11-12-2001); fue aprobada una operaciónde Crédito Público por Bs. 77.500,00 millones, parael financiamiento del Plan Nacional para la Corrección deTorrentes. Para el año 2003, contó con un financiamiento enla reprogramación de la Ley Especial de Endeudamiento,por Bs. 23.148,90 millones, suscrito entre el Ministeriode Economía y Hacienda de España. Adicionalmente,durante el año 2003, CORPOVARGAS inició sus funcionescomo Entidad Gestora y Ejecutora de los programas Prevenciónde Desastres (Convenio VEN/AIDCO/2001/0269)y Reconstrucción Social del Estado Vargas (ConvenioVE/B7-3100/00/004), suscritos en fecha 19-12-2002, entrela Comunidad Europea y la República Bolivariana deVenezuela (Gaceta Oficial Nº 5.648 Extraordinario del25-07-2003). El costo fue de Bs. 43.356,60 millones, conun aporte Nacional de Bs. 20.046,60 millones y de la ComunidadEuropea de Bs. 23.310,00 millones. Asimismo,para el proyecto de Prevención de Desastres en el EstadoVargas, el monto total alcanzó la cantidad de Bs. 115.384,50millones; con un financiamiento distribuido en: aportelocal de Bs. 57.109,50 millones, y aporte externo de Bs.58.275,00 millones.Alcance y objetivos de la actuaciónLa actuación se orientó al análisis de la ejecución presupuestaria,física y financiera de los recursos asignados aCORPOVARGAS, durante el lapso comprendido entre los años2000 al 2004. En tal sentido, se evaluó una muestra de 37contratos de obras, equivalentes a 47,43% de 78 contratossuscritos por la corporación durante los años 2002 al 2004,considerando como criterio para la selección de la muestra,la ejecución de las obras relacionadas con el control detorrentes, vialidad, consolidación de costas y sistema deagua potable, así como de la mayor inversión de los recursosfinancieros y el avance físico de las obras.Observaciones relevantesCORPOVARGAS no cumplió con las formalidades legalespara modificar el presupuesto de Ingresos y Gastos del año2002, en Bs. 3.925,46 millones, sin contar con la debidaaprobación de la Junta Administradora, por lo cual el presupuestomodificado ascendió a Bs. 116.786,29 millones,producto de los ingresos adicionales generados por conceptode intereses obtenidos en exceso de lo formuladoinicialmente (Bs. 450,67 millones), lo que significa unavariación en ese rubro del 771,03%, no obstante lo establecidoen el artículo 116, numeral 2, del Reglamento N°1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera delSector Público (LOAFSP) sobre el Sistema Presupuestario,(Gaceta Oficial N° 37.029 de fecha 05-09-2000), relativo altrámite autorizatorio de las modificaciones presupuestariasque implican incremento de los créditos originalmenteaprobados, aplicable a estos procedimientos efectuadospor la corporación por disposición del artículo 17 de la208

Administración Nacional DescentralizadaSector ServiciosLey de Presupuesto Anual 2002 (LPA) Gaceta Oficial ExtraordinariaNº 5.618 de fecha 19-12-2002; por cuanto lasreferidas transacciones, individualmente consideradas, nosuperan el 5,00% del total del presupuesto (Bs. 112.860,83millones), correspondiendo ser autorizados por la JuntaAdministradora de esa corporación, como máxima autoridaddel ente descentralizado. Tal situación se debió a lainterpretación dada por la dependencia de administraciónde CORPOVARGAS, a la delegación otorgada por Junta Administradoraal presidente de la corporación mediante Puntode Cuenta de fecha 18-11-2001, aprobado en acta de laJunta Administradora del 22-11-2001. Lo expuesto, indicaque la corporación al no cumplir las formalidades legalesen la modificación del presupuesto ha afectado los límitesmáximos para gastar, autorizados originalmente.La aprobación de las modificaciones presupuestariasdurante el año 2003 y 2004, por Bs. 4.261,65 millones yBs. 51.097,68 millones respectivamente, no se realizaronen atención a las disposiciones contenidas en el artículo116, numeral 2 y artículo 8, numeral 5 del Reglamento N°1 de la LOAFSP, sobre el Sistema Presupuestario, el cualseñala entre otros, que las modificaciones que impliquenincremento de hasta el 5,00% en el total de los créditosoriginalmente aprobados en su presupuesto, las autorizarála máxima autoridad del ente descentralizado, que eneste caso, corresponde a la Junta Administradora de lacorporación, por el contrario se fundamentó en la delegaciónotorgada por la Junta Administradora al presidente.Lo expuesto, indica que la corporación no contó con lasformalidades legales para modificar oportunamente lospresupuestos de ingresos y gastos de los referidos ejercicioseconómicos financieros, afectando de esa manera, loslímites máximos para gastar autorizados originalmente.De 26 proyectos, se seleccionó una muestra de 17 relacionadoscon el control de torrentes, en los cuales se observóque de 24 presas inicialmente proyectadas en concretociclópeo o concreto armado, 15 presas de control de sedimentos,fueron posteriormente modificadas a gaviones.Debido a que las autoridades de CORPOVARGAS decidieroncambiar los criterios iniciales de diseño establecidos porla Autoridad Única de Área del estado Vargas (AUAEV).No obstante lo indicado en los proyectos elaborados por laAUAEV en el año 2001 que contemplaban la construcciónde presas de concreto ciclópeo o armado abiertas de retenciónde sólidos grandes, aguas arriba de las zonas urbanas,considerando el tratamiento integral (presas, canalización,espigones y escolleras) de las cuencas y no el desarrolloparcial en el control de torrentes, que si bien cumple conla mitigación de riesgos, no asegura el comportamientopara el cual se realizó el diseño de los proyectos. Situaciónque trajo como consecuencia la intervención parcial de lascuencas, sin contar con un sistema integrado por obras deretención de sedimentos (presas), canales en las zonas urbanas,obras de descarga al mar y consolidación de costasconformadas por espigones y escolleras.Las obras ejecutadas, entre los años 2002-2004 porCORPOVARGAS se realizaron sin contar con instrumento deordenación territorial aprobado. Debido a que la AutoridadÚnica de Área del Estado Vargas (AUAEV) no realizó laadecuada planificación, presentado demora en la aprobaciónde este instrumento de ordenación territorial. No obstantelo establecido en el artículo 3 del decreto de creaciónde la AUAEV Decreto N° 1.112 (Gaceta Oficial N° 37.093de fecha 06-12-2000), el cual indica: “la Autoridad Únicade Área para el estado Vargas tendrá un lapso de dos (2)años a partir del presente Decreto para la elaboración ypresentación del plan de ordenamiento correspondiente”.Trayendo como consecuencia riesgo de construir obras ensitios no aptos sin contar con un instrumento legal debidamenteaprobado, emprendiendo acciones de expropiaciónpara la construcción de canalizaciones y rehabilitación deviviendas.De acuerdo con la muestra seleccionada y al plan deobras de CORPOVARGAS, se determinó que el avance físicoalcanzado entre los años 2001-2004, para la ejecución depresas es del 63,00% y canalización 6,27%, resultandoun promedio para el control de torrentes de 34,63%. Porotra parte, las obras ejecutadas corresponden a solucionesparciales, las cuales están reflejadas en las modificacionesefectuadas en los diferentes proyectos, los cuales no incluyenel tratamiento integral de las cuencas (presas, canalizacióny obras de descarga al mar). Motivado a que losdesembolsos por parte del Ejecutivo Nacional no llegaronde manera oportuna a los fines de dar cumplimiento a los209

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007planes y programas previsto, ocasionado por los sucesosacaecidos el 11-04-2002 y al paro petrolero de diciembredel mismo año, siendo esto contrario a lo establecido en elartículo 12 de la Ley Orgánica de la Administración Pública(LOAP) Gaceta Oficial N° 37.305 del 17-10-2001 y el artículo3, literal c de las Normas Generales de Control Interno(NGCI), Gaceta Oficial N° 36.229 del 17-06-1997, en elcual se señala que se debe procurar la eficiencia, eficacia,economía, celeridad, entre otros, de los procesos y operacionesinstitucionales, entre los organismos responsablesde la aprobación y/o ejecución de los recursos. Se apreciaque en las cuencas como la de San Julián, Camurí Grandey Naiguatá, no cuentan con obras de protección, quedandola población y la infraestructura de dichas zonas urbanas,de los referidos cauces, vulnerables a cualquier evento demagnitud media y/o alta, pudiendo ocasionar desastres alproducirse el desbordamiento del flujo torrencial al quedarcolmatado los canales naturales causando daños a personase infraestructuras urbanas, obstrucción de drenajes,vialidad existente.En los planes operativos correspondientes a los ejerciciosfiscales 2002, 2003 y 2004, se observó el no cumplimientode las metas previstas, aun cuando se ejecutaron obras nocontempladas en el plan operativo del año 2003. Situacióndebida a que los recursos presupuestarios estimados nofueron recibidos oportunamente por la corporación, envirtud de lo establecido en los artículos 16, 17 y 18 de lasNGCI relativo a la planificación como función institucional.Limitando la adopción por parte de CORPOVARGAS de aplicarmedidas que permitan incorporar los ajustes necesariospara el cumplimiento de los objetivos y metas en formaoportuna en sus planes operativos.De la muestra seleccionada a 37 contratos de obras,suscritos entre los años 2002 y 2004 se determinó que 35de ellos, fueron adjudicados directamente, no adecuándosea los requisitos previstos en los supuestos para procedera la adjudicación, según consta en los actos motivadosaprobados por el presidente de CORPOVARGAS, con base enel artículo 88, ordinal 6 del Decreto N° 1.555 de ReformaParcial de la Ley de Licitaciones (Gaceta Oficial N° 5.556Extraordinario del 13-11-2001), no existiendo ninguna limitaciónen el monto de la contratación de las obras, todavez que la corporación sigue otorgando contratos de obraspor adjudicación directa. Situación debida a que obviaronlos procedimientos de licitación selectiva y general contenidosen la referida ley. No obstante, lo dispuesto en elnumeral 2, articulo 61, de la Ley de Licitaciones aplicable,por cuanto los montos individuales de los contratos suscritosdurante el período 2002-2004, excedieron en 25.000Unidades Tributarias (valor de la unidad Bs. 14.800 para elaño 2002; Bs. 19.7400 para el año 2003 y Bs. 27.400 parael año 2004), cantidades legalmente exigidas para abrir losprocesos de licitación general. Limitando los procedimientosatinentes a la contratación de las obras y selección decontratistas, mediante los cuales se debe respetar los principiosde economía, transparencia, honestidad, eficiencia,igualdad, competencia y publicidad establecido en la Leyde Licitaciones.De la inspección física realizada a una muestra de 22presas para el control de torrentes, terminadas entre finalesde 2002 y primer trimestre de 2003, se determinó que11 se encuentran totalmente sedimentadas (colmatadas),que representa el 50,00% de la muestra, 7 parcialmentesedimentadas (31,81%) y 4 en ejecución (18,18%). Debidoa la inexistencia de un plan de mantenimiento que permitadisminuir el gran volumen de arrastre de sólidos, presenteen las cuencas, producto de las lluvias de magnitud mediay al proceso de degradación de las mismas. No obstante,lo establecido en los diferentes proyectos para el controlde torrentes y en el documento denominado “Proyectos deControl de Erosión y Canalización de Ríos y Quebradas enel Estado Vargas” adoptado por la corporación, firmado enfecha 22-01-2002, en los cuales se contempla la limpiezay/o mantenimiento de las presas. Situación que trajo comoconsecuencia disminución en la capacidad de almacenamientode sedimentos que se encuentran en los cauces delos ríos o quebradas, insuficiencia de las estructuras decontención para retener los materiales producto del arrastrey hasta pérdidas humanas y materiales.ConclusionesDurante los años 2000 al 2004, CORPOVARGAS no contó demanera oportuna con los recursos necesarios para financiarla construcción de las obras programadas, fundamental-210

Administración Nacional DescentralizadaSector Serviciosmente los provenientes de fuentes extraordinarias comolos créditos adicionales, los recursos originalmente aprobadospara inversión, cuya disponibilidad era efectiva, nofueron aplicados de forma expedita a los fines de cumplirde manera eficaz y eficiente con los planes y programasprevistos en sus planes operativos; de igual manera, lasmodificaciones presupuestarias referidas a los incrementosde los presupuestos durante los años en referencia, no contaroncon la debida aprobación de la Junta Administradorade acuerdo con la normativa legal y sublegal a la que seencuentra sujeta el instituto.CORPOVARGAS ha realizado el desarrollo parcial de losproyectos en lo que respecta al control de torrentes, al noevidenciarse el tratamiento integral de las cuencas en loque respecta a presas, canalización, espigones y escolleras,que asegure el comportamiento para el cual se realizó eldiseño de los proyectos y la minimización de riesgos yademás se observó atraso en la ejecución de los proyectosoriginales, una vez realizada la propuesta de cambiopor la corporación, al no proceder a la adecuación de losmismos, quedando la población y la infraestructura de laszonas urbanas vulnerables a cualquier evento de magnitudmedia y/o alta. Por otra parte las obras ejecutadas duranteel período 2002-2004 por CORPOVARGAS se realizaron sincontar con un instrumento legal de ordenación territorialaprobado, incumpliendo las metas previstas en los planesoperativos correspondiente a los ejercicios fiscales 2002,2003 y 2004, ausencia de un plan de mantenimiento correctivoen las obras de control de torrentes, para disminuirel volumen de arrastre de sólidos presentes en las cuencase inobservancia de los procedimientos establecidos en laLey de Licitaciones, en lo que respecta a la contrataciónde las obras ejecutadas por la corporación.RecomendacionesSe recomienda a la Junta Administradora de CORPOVAR-GAS lo siguiente:• Gestionar ante los organismos competentes, la obtenciónde los recursos financieros necesarios para laejecución de las obras programadas, de conformidadcon las prioridades existentes y con base en cronogramasde tiempo y lapsos de ejecución que se con-templen en un plan integral dirigido a la recuperacióny consolidación del estado Vargas, en los ámbitos desu competencia.• Implementar medidas de control interno eficaces quepermitan garantizar el cumplimiento de la normativalegal y sublegal a la que se encuentra sujeta el institutoen materia presupuestaria.• CORPOVARGAS como órgano ejecutor y responsable dela recuperación y rehabilitación del estado Vargas,debe agilizar las acciones tendentes a concluir laejecución de los trabajos correspondiente a las obrasde control de torrentes, consolidación de costas yvialidad, en las diferentes cuencas, con la finalidadde consolidar los proyectos de forma integral quepermita satisfacer a la colectividad, minimizar losriesgos y salvaguardar vidas y bienes del patrimoniodel estado Vargas.• La corporación debe establecer un plan de mantenimientocorrectivo y preventivo, orientar técnicamentea las comunidades como mecanismos necesarios quepermita conservar y mantener las obras de protección(presa, canalizaciones y espigones) ejecutadasen las diferentes cuencas del estado Vargas y establecermecanismos de control interno orientados agarantizar la selección de empresas contratistas deconformidad con las previsiones contenidas en laLey de Licitaciones.CORPORACIÓN VENEZOLANA AGRARIA (CVA)PERSONAL CONTRATADO Y EN COMISIÓN DE SERVICIOSLa Corporación Venezolana Agraria (CVA) está constituidabajo la forma de derecho privado, integrada a laestructura general del Estado venezolano, es decir formaparte de los entes descentralizados sin fines empresariales,lo que la hace participe de un sistema mixto de derecho.Así, se rige por normas de derecho privado en cuanto a sucreación, organización y funcionamiento; y está sometidaa normas de derecho público y por tanto, sujeta al controlde este máximo Órgano Contralor, de conformidad con loprevisto en el artículo 9, numeral 10 de la Ley Orgánicade la Contraloría General de la República y del SistemaNacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), Gaceta OficialNº 37.347 del 17-12-2001.211

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007La CVA fue creada el 13-11-2001, mediante DecretoPresidencial N° 1.546, con fuerza de Ley de Tierras yDesarrollo Agrario, publicado en Gaceta Oficial N° 37.323del 13-11-2001, siendo su última modificación efectuadamediante la Ley de Reforma Parcial del Decreto N° 1.546con fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, publicadoen Gaceta Oficial Extraordinario N° 5.771 de fecha18-05-2005. Tiene por objeto de acuerdo el artículo 152de la referida Ley, desarrollar, coordinar y supervisar lasactividades empresariales del Estado para el desarrollodel sector agrario. A tales fines podrá crear las empresasy además entes de carácter privado que sean necesariospara el eficaz cumplimiento de su objeto.Alcance y objetivos de la actuaciónLa actuación esta orientada a evaluar selectivamente lospagos realizados a funcionarios por concepto comisión deservicios y personal contratado a tiempo determinado enla CVA, para los años 2003, 2004 y 2005. Determinar lalegalidad, sinceridad y razonabilidad de los pagos realizadosa la funcionaria designada en Comisión de Serviciopor Contraloría del estado Lara, en la Unidad de AuditoríaInterna de la CVA, durante los años 2003 y 2004. Así mismo,determinar la legalidad, sinceridad y razonabilidad enlas contrataciones de personal por parte de la Presidenciade la CVA, durante el año 2005, y por último determinarla legalidad, sinceridad y razonabilidad de los pagos realizadosal personal contratado por tiempo determinado enla CVA, durante el año 2005.Observaciones relevantesLa unidad de auditoría interna de la corporación nocuenta con un titular designado por concurso, debido aque la máxima autoridad no ha efectuado la convocatoriani designado a los representantes del jurado, no obstanteel artículo 27 de LOCGRSNCF, establece que todos lostitulares de los órganos de control fiscal de los entes y organismosseñalados en el artículo 9, numerales 1 al 11, deesta Ley serán designados mediante concurso público, sinembargo fue designada por la contraloría del estado Larauna funcionaria en comisión de servicios, para desempeñarel cargo de auditora interna encargada durante el períodocomprendido desde el 22-05-2003 hasta el 22-05-2004. Enconsecuencia, el servicio de auditoría interna no cuenta conun profesional especializado seleccionado por concurso.No se evidenció en el expediente que reposa en la oficinade recursos humanos, el soporte documental a travésdel cual la máxima autoridad de la corporación, realizó lasolicitud formal a la contraloría del estado Lara, a los finesde designar a un funcionario en comisión de servicios, paraque fungiera como auditor interno de la CVA, no obstante,el artículo 131 de la Ley Orgánica de la AdministraciónFinanciera del Sector Público (LOAFSP), Gacetas OficialesNos 37.978 del 13-07-2004 y No 38.198 del 31-05-2005,establecen que el sistema de control interno tiene por objetoasegurar el acatamiento de las normas legales, salvaguardarlos recursos y bienes que integran el patrimonio público,asegurar la obtención de información administrativa, financieray operativa útil, confiable y oportuna para la toma dedecisiones, promover la eficacia de las operaciones y lograrel cumplimiento de los planes, programas y presupuestos,en concordancia con las políticas prescritas y con losobjetivos y metas propuestas, así como garantizar razonablementela rendición de cuentas. La referida situaciónderivada de la ausencia de adecuados mecanismos para elresguardo y conservación de la documentación, dificulta elejercicio del control a la vez que incide negativamente en elfuncionamiento y administración de la corporación.La funcionaria se desempeño como auditora interna encomisión de servicio desde mayo 2003 hasta mayo de 2004,sin embargo, no fueron suministrados los pagos efectuadospor la corporación correspondientes al período febrero -mayo 2004, y tampoco fueron ubicados en el expedienteque reposa en la oficina de recursos humanos, situaciónderivada de inadecuados controles internos para el resguardode la documentación soporte de las operacionesrealizadas, sobre el particular el artículo 131 de la LOAFSP,establece que el sistema de control interno tiene por objetoasegurar el acatamiento de las normas legales, salvaguardarlos recursos y bienes que integran el patrimonio público,asegurar la obtención de información administrativa,financiera y operativa útil, confiable y oportuna para latoma de decisiones, promover la eficacia de las operacionesy lograr el cumplimiento de los planes, programas y212

Administración Nacional DescentralizadaSector Serviciospresupuestos, en concordancia con las políticas prescritasy con los objetivos y metas propuestas, así como garantizarrazonablemente la rendición de cuentas. La referidasituación incide negativamente en el ejercicio del controly por ende la adecuada administración de la corporación,al no disponer de mecanismos para el resguardo y custodiade los archivos, así como de la información soporte delas operaciones realizadas, necesarias para determinar susinceridad y razonabilidad.La corporación pagó al auditor interno una diferenciade sueldo en exceso por concepto de comisión de serviciodurante el periodo junio 2003 enero 2004, por el orden deBs. 3,80 millones, toda vez que el sueldo total devengadoen la contraloría del estado Lara, más lo percibido porremuneraciones en la CVA, supera el monto establecidoen el tabulador de sueldos de la corporación para el cargoauditor interno de Bs. 1,50 millones. Al respecto, el artículo71 de la Ley del Estatuto de la Función Pública (GacetaOficial No 37.522 del 06-09-2002), dispone que la comisiónde servicio será la situación administrativa de caráctertemporal por la cual se encomienda a un funcionario ofuncionaria público el ejercicio de un cargo diferente,de igual o superior nivel del cual es titular. Para ejercerdicha comisión de servicio, el funcionario o funcionariapúblico deberá reunir los requisitos exigidos para elcargo. La comisión de servicio podrá ser realizada en elmismo órgano o ente donde presta servicio o en otro dela Administración Pública dentro de la misma localidad.Si el cargo que se ejerce en comisión de servicio tuvieremayor remuneración, el funcionario o funcionaria públicotendrá derecho al cobro de la diferencia, así como alos viáticos y remuneraciones que fuere procedentes. Loanteriormente señalado, derivado de la inobservancia delas disposiciones legales que rige la materia, incide negativamenteen la adecuada administración de los recursospor parte de la corporación, necesarias para el logro de suscometidos institucionales.Es de señalar que no obstante las erogaciones efectuadasen exceso por concepto de diferencia de sueldo por el desempeñode la comisión de servicio, a favor de la funcionariadesignada, no se evidenció la recuperación de dichas sumaspor parte de la corporación, así como las diligencias inherentesa procesar su reintegro, la referida situación incidenegativamente en el funcionamiento y administración delos recursos otorgados a la corporación.Se evidenció un contrato de personal suscrito en fecha16-08-2005 por la Presidenta de la corporación con unciudadano, para la prestación de servicios, como asistenteadministrativo I, devengando un sueldo básico de Bs.630,00 mil mensuales y por una duración de 89 días contadosa partir de la fecha de suscripción de dicho contrato,no obstante, existen discrepancias respecto a la fecha deingreso reflejada en la constancia de trabajo suscrita porla directora de la oficina de recursos humanos de la corporaciónen fecha 10-11-2005, la cual señala que el referidofuncionario prestó sus servicios en dicha corporación desdeel 24-08-2005. Igualmente, se constataron dos puntos decuentas presentados a la presidencia de la corporación,identificados ambos con el numero “26” de fechas 10-08-2005 y 20-08-2005 aprobados por presidentes diferentes,el primero de los cuales indica como fecha de ingreso delprecitado ciudadano 16-08-2005 y el segundo el 24-08-2005. Adicionalmente se observó en un “Movimiento deAsistencias Detallado”, de fecha 27-10-2005, el cual reflejaque el referido funcionario comenzó su condición de activoa partir del 25-08-2005.Similar situación se presentó con otro ciudadano, elcual de acuerdo al contrato de servicio ingresó a la corporaciónen fecha 16-08-2005, con un sueldo de Bs. 1,09millones mensuales, y por una duración de 89 días contadosa partir de la fecha de suscripción de dicho contrato, noobstante, existen 2 puntos de cuenta identificados con elmismo número “29”, de fechas 10-08-2005 y 20-08-2005aprobados por presidentes diferentes, que señalan comofecha de ingreso, el primero 16-08-2005 y el segundo 25-08-2005 e igualmente se evidenció en el “Movimiento deAsistencia Detallado”, de fecha 27-10-2005, que el referidociudadano comenzó su condición de activo en la corporacióna partir del 25-08-2005. Al respecto, el artículo 131de la LOAFSP, establece que el sistema de control internotiene por objeto asegurar el acatamiento de las normaslegales, salvaguardar los recursos y bienes que integran elpatrimonio público, asegurar la obtención de informaciónadministrativa, financiera y operativa útil, confiable y213

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007oportuna para la toma de decisiones, promover la eficaciade las operaciones y lograr el cumplimiento de los planes,programas y presupuestos, en concordancia con las políticasprescritas y con los objetivos y metas propuestas, asícomo garantizar razonablemente la rendición de cuentas. Lareferida situación derivada del inadecuado funcionamientodel sistema de control interno, específicamente en lo querespecta a la administración de personal, además de incidirnegativamente en la organización y funcionamiento de lacorporación, imposibilita el mantener información sobrela razonabilidad y sinceridad de los pagos efectuados al nolograrse determinar con certeza la fecha de ingreso de losreferidos ciudadanos.No fue suministrado el expediente de personal de laPresidenta de la Corporación Venezolana Agraria, para elperíodo 24-05-2005 al 19-08-2005, designada mediantedecreto No 3.670 del 24-05-2005, publicado en GacetaOficial No 38.193 del 24-05-2005, toda vez que el consultorjurídico mediante comunicación S/N de fecha 29-08-2006, manifestó desconocer su ubicación física, debido almovimiento de los archivos por motivo del traslado de lacorporación de la ciudad de Caracas a Barquisimeto. Noobstante, el artículo 23 de las Normas Generales de ControlInterno (Gaceta Oficial N° 36.229 del 17-06-1997), estableceque todas las transacciones y operaciones financieras,presupuestarias y administrativas deben estar respaldadascon suficiente documentación justificativa. La referida situaciónderivada de insuficiencia de adecuados controlesinternos, que afectan la administración de la corporación,especialmente en materia de personal, al no contar conlos mecanismos de resguardo y custodia de los archivos einformación soporte de las operaciones realizadas.ConclusionesDe la evaluación efectuada en la Corporación VenezolanaAgraria (CVA), se desprenden situaciones no ajustadasa las disposiciones legales y reglamentarias que rigen a losentes descentralizados de la Administración Pública, talescomo: La Unidad de Auditoría Interna no cuenta con unprofesional especializado seleccionado por concurso, talcomo lo estipula el Reglamento sobre los Concursos para laDesignación de los Titulares de las Unidades de AuditoríaInterna de los Órganos del Poder Público Nacional y susEntes Descentralizados, adicionalmente, esta ContraloríaGeneral de la República constató debilidades en el sistemade control interno, por cuanto los pagos efectuados ala Auditora Interna en comisión de servicios, no fueronsuministrados y se le cancelaron diferencias de sueldo almargen de lo establecido en el tabulador de sueldos de lacorporación.En cuanto a la legalidad, sinceridad y razonabilidad enlos contrataciones y los pagos realizados al personal porparte de la Presidencia de la CVA, durante el año 2005,se evidenciaron inconsistencias en la documentación querespalda los expedientes y no fue suministrado uno deellos, lo cual denota la poca confiabilidad y eficacia de lasoperaciones financieras y administrativas, llevadas a cabopor la corporación en el área de recursos humanos.RecomendacionesCon la finalidad de fortalecer el sistema de control interno,esta contraloría exhorta al Directorio y a la Presidenciade la Corporación a adoptar los correctivos siguientes:El Directorio de la CVA deberá:• Agilizar los tramites necesarios para la designaciónpor concurso de un profesional especializado que seencargue de la unidad de auditoria interna, a fin de darcumplimiento a los establecido en la Ley Orgánica dela Contraloría General de la República y del SistemaNacional de Control Fiscal y el Reglamento sobre losConcursos públicos para la designación de los ContraloresDistritales y Municipales y los Titulares delas Unidades de Auditoría Interna de los Órganos delPoder Público Nacional, Estadal, Distrital y Municipaly sus Entes Descentralizados.• Velar por la utilización de mecanismos necesarios parael resguardo, conservación y custodia de los archivose información soporte de las operaciones realizadas,con el propósito de que dichos mecanismos garanticenun control interno ajustado a la normativa legaly reglamentaria que rige la materia.• Adoptar las medidas necesarias que permitan garantizarque las actividades relacionadas con la cancelación214

Administración Nacional DescentralizadaSector Serviciosde compromisos derivados de las remuneracionespercibidas por concepto de comisión de servicios ycontratación de personal, estén encuadradas dentrode la normativa legal y sublegal correspondiente,lo cual permitirá que el desarrollo de sus procesosobedezca a principios de objetividad, transparencia,economía y eficacia, asegurándose el adecuadosistema de control interno, que coadyuve al manejoapropiado y transparente de los recursos asignadosen su Presupuesto.CVG TELECOMUNICACIONES C.A (CVG TELECOM)CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METASCVG TELECOMunicaciones, C.A. (CVG TELECOM) es unaempresa del Estado Venezolano, constituida el 20-09-2004,cuyo objeto es el desarrollo de actividades relacionadas conla explotación comercial de servicios de telecomunicaciones.Asimismo, podrá proyectar, constituir, dirigir, administrar,manejar y explotar empresas propias, empresaspúblicas o privadas, a cuyos fines celebrará los conveniosnecesarios y obtendrá las concesiones y autorizacionesque se requieran, de conformidad con la normativa aplicable;y en general todos los actos y negocios jurídicosque guardan relación con el objeto descrito. Su misión esproveer servicios de telecomunicación a la población, entespúblicos y privados nacionales e internacionales, de maneraeficiente y sustentable, con trabajadores comprometidos enla construcción de una nueva estructura comunicacional,cuyo sentido solidario y conciencia ecológica contribuyeal desarrollo e integración de los pueblos, con énfasis en elcompromiso social y atendiendo a los intereses supremosde la Nación.El presupuesto de Ingresos y Gastos aprobado a CVGTELECOM, para el ejercicio presupuestario 2006, (GacetaOficial N° 5.797 Extraordinario de fecha 26-12-2005), originalmentefue de Bs. 43.828,90 millones y posteriormenteascendió a Bs. 113.476,84 millones.Alcance y objetivo de la actuaciónLa actuación se circunscribió a la evaluación del cumplimientode los objetivos y metas de CVG TELECOM, asícomo la aplicación de los recursos financieros en las áreasmedulares de la organización, durante el año 2006; todo ello,mediante la revisión selectiva y análisis documental a unamuestra de los proyectos de inversión a ejecutar en materiacomunicacional, así como a los procesos administrativosrelacionados al sistema presupuestario, a los procedimientosde compra y al sistema de control interno de la empresa.Observaciones relevantesCVG TELECOM no dispone de manuales de normas yprocedimientos que orienten la ejecución de los diferentesprocesos y actividades. No obstante, lo establecido enlos artículos 35 y 36 de la Ley Orgánica de la ContraloríaGeneral de la República y del Sistema Nacional de ControlFiscal (LOCGRSNCF), Gaceta Oficial N° 37.347 del17-12-2001, los cuales señalan que, el sistema de controlinterno comprende las políticas, normas, así como losmétodos y procedimientos adoptados dentro de un ente,y que corresponde a las máximas autoridades jerárquicasde cada ente la responsabilidad de organizar, establecer,mantener y evaluar el sistema de control interno...”. Porsu parte, los artículos 3 y 22 de las Normas Generales deControl Interno (Gaceta Oficial N° 36.229 del 17-06-1997),dictadas por este máximo Organismo Contralor, señalanrespectivamente, que el control interno de cada organismoo entidad debe organizarse con arreglo a conceptos y principiosgeneralmente aceptados y estar constituido por laspolíticas y normas formalmente dictadas y que los manualestécnicos y de procedimientos deben ser aprobados porlas máximas autoridades jerárquicas de los organismos yentidades. Tal situación obedece, a que la máxima autoridadde la CVG TELECOM, no ha procedido a elaborar y aprobarun total de 248 instrumentos denominados manuales denormas y procedimientos, así como formatos para regularlas diferentes actividades en la referida empresa. Loque trae como consecuencia, la ausencia de una políticade normas e instrucciones que garantice un adecuadosistema de control interno administrativo para llevar acabo los diferentes pasos, condiciones, procedimientosy métodos específicos de las operaciones que ejecuta laempresa, quedando la ejecución de las diferentes actividadesa discrecionalidad de los responsables de lasdistintas dependencias que la integran.215

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007El proyecto denominado Instalación de la Red Nacionalde Acceso I y II, cuyo objeto consiste en el Desarrollo deuna Red de Telecomunicaciones Inalámbricas Digital, evidenciópor un lado, la suscripción de un contrato en fecha01-11-2006, el cual sería implementado en fases A y B, porBs. 53.615,00 millones, y por otro lado, la suscripción de 3contratos, de fechas 31-10, 08-11 y 09-11-2006, el primero,con el objeto de suministrar equipos, componentes y serviciospara crear una red de microondas orientada a desplegarun sistema de transporte secundario, por Bs. 22.450,46millones. El segundo, para la instalación y desarrollo delproyecto CDMA 450 del Sistema Nacional de Acceso Ipor Bs. 48.414,64 millones, y el tercero, para la instalacióny desarrollo del proyecto Metroethernet del SistemaNacional de Acceso I, por Bs. 14.468,70 millones, respectivamente.No obstante, conviene señalar que aún cuandotales contrataciones fueron celebradas en noviembre de2006, no se evidenció avance ejecución física financierade ninguna de ellas y por consiguiente en los referidosproyectos de inversión, situación contraria a lo indicadoen la reformulación del presupuesto año 2006, en el cualse estimó iniciar la ejecución del mencionado proyectoen junio del mismo año. Al respecto, los artículos 10, 11y 12 de la Ley Orgánica de Planificación (Gaceta OficialN° 5.554 Extraordinario de fecha 13-11-2001), refierenque para lograr la viabilidad económica financiera, losplanes deben contar con suficientes recursos humanos,materiales y financieros; y ser elaborados, ejecutados yevaluados con suficiente conocimiento instrumental. Talcondición se debe fundamentalmente a la inadecuadaplanificación de proyectos, aunado al hecho de que elproceso administrativo de los trámites legales, se inicióa finales de octubre hasta diciembre 2006. Todo lo cualafectó el oportuno desarrollo de las actividades previstaspara acometer los referidos proyectos.CVG TELECOM firmó un contrato para la adecuación dela infraestructura de telecomunicaciones, necesaria parabrindar la conectividad a los 444 puntos de presencia dela Misión Alimentación, en atención a la Cláusula Cuartadel citado contrato. No obstante, este Organismo Contralorobservó que durante el año 2006 no fue ejecutada laactividad prevista, a pesar de lo señalado en la CláusulaNovena del mismo, la cual contemplaba la planificación einstalación de la infraestructura necesaria para prestar laconectividad y servicios en los puntos de presencia de laMisión Alimentación dentro del plazo de 6 meses contadosa partir del vigésimo día hábil siguiente a la suscripcióndel contrato. Tal situación es motivada a que CVG TELE-COM por intermedio del Ministerio del Poder Popular paralas Industrias Básicas y Minería (MIBAN), como órganode adscripción, sometió la reformulación presupuestariaal Consejo de Ministros en fecha 29-11-2006, para la inclusiónde los fondos provenientes del subsidio entregadopor CONATEL para la referida inversión. En consecuencia,la empresa no logró brindar la conectividad acordada yademás, prestar servicios de telecomunicaciones a lasinstituciones públicas ubicadas en el área geográfica señaladaen la Cláusula Novena del precitado instrumentocontractual, a saber: estados Trujillo, Carabobo, Guaricoy Cojedes, entre otros.CVG TELECOM para el año 2006, no contó con unadependencia que efectuara la formulación de Ingresos yGastos para el ejercicio fiscal 2006. Al respecto, es importantedestacar que de conformidad con el artículo 23de la Ley Orgánica de la Administración Financiera delSector Público (LOAFSP), Gaceta Oficial N° 38.198de fecha 31-05-2005, cada uno de los entes y órganoscuyos presupuestos se rigen por esta ley, contarán conunidades administrativas para el cumplimiento de lasfunciones presupuestarias establecidas. Estas unidadesadministrativas acataran las normas e instructivos técnicosdictados por la Oficina Nacional de Presupuesto(ONAPRE). En este orden, el artículo 9 señala que el SistemaPresupuestario está integrado por el conjunto deprincipios, órganos, normas y procedimientos que rigeel proceso presupuestario de los entes. En este contextoademás, es de hacer notar que la ONAPRE como dependenciaespecializada del actual Ministerio del PoderPopular para las Finanzas, tiene como atribución, asesoraren materia presupuestaria a los entes regidos por laLOAFSP, en atención a lo establecido en el numeral 8 delartículo 21 ejusdem. Lo antes señalado obedece a que laCVG TELECOM, no contaba con una dependencia encargadaen lo que respecta a los aspectos presupuestarios, tal que laDirección de Planificación y Presupuesto de CVG TELECOM,se encontraba en la fase de adecuación de su estructura.216

Administración Nacional DescentralizadaSector ServiciosLa referida situación trajo como consecuencia que la CVGTELECOM suscribiera un contrato de servicio profesionalcon una sociedad mercantil por Bs. 160,00 millones parala elaboración del Presupuesto de Ingresos y Gastos parael período 2006, generándose por una parte, una erogaciónfinanciera por un instrumento administrativo de cuya elaboracióndebe ser responsable la propia organización paracada ejercicio fiscal.De la revisión practicada a una muestra de 13 partidasgenéricas, que representan el 68,42% de un total de 19,referidas a Gastos de Personal, Materiales y Suministros, yActivos Reales, se determinaron compromisos por montossuperiores a las asignaciones de créditos aprobadas a lasmismas, excediéndose en Bs. 7.200,09 millones. En estesentido, es importante destacar que antes de proceder ala adquisición de bienes o servicios o a la elaboración decontratos que impliquen compromisos financieros, losresponsables se aseguren de que exista disponibilidadpresupuestaria habida cuenta de lo previsto en el numeral2 del artículo 38 de la LOCGRSNCF, en concordancia conlas disposiciones generales contenidas en el instructivo N°17 Para la formulación presupuestaria de los entes descentralizadoscon fines empresariales, emanado de la ONAPRE.Este hecho se debe a que no se cuenta con un sistema decontabilidad presupuestaria y a debilidades en el sistema decontrol interno, toda vez que en los casos que se determineninsuficiencias presupuestarias, se puede recurrir a lostraspasos de créditos entre partidas de conformidad con loestablecido en el Reglamento Nº 1 de la LOAFSP, sobre elSistema Presupuestario (Gaceta Oficial N° 5.781 Extraordinariode fecha 12-08-2005). En tal sentido, se generaronsobregiros en las partidas presupuestarias, razón por lacual no se garantiza el cumplimiento de los compromisosfinancieros asumidos, demostrándose además debilidadesen el sistema de control interno presupuestario, así comoel incumplimiento de las disposiciones legales que rigenla materia.ConclusionesDe la evaluación efectuada al cumplimiento de los objetivosy metas de CVG TELECOM, así como a la aplicaciónde los recursos financieros en las áreas medulares de laorganización se constató que no habían sido concluidos losproyectos de inversión en materia de telecomunicacionesprevistos a ejecutar por la empresa durante el ejercicio2006; todo ello motivado, principalmente, a debilidades enlos instrumentos de planificación, así como en los mecanismosde control y seguimiento a los proyectos utilizadospor la empresa. Lo que se tradujo en la subejecución de losobjetivos y metas planteados durante el período evaluado,incidiendo en forma negativa en la efectiva aplicación de losrecursos financieros asignados a las áreas medulares de laorganización. De igual modo, se evidenciaron fallas en lossistemas de control interno implementados en la empresa,tales como carencia de manuales de normas y procedimientosque orienten la ejecución de sus diferentes procesos,así como de una dependencia que efectuara el registro ycontrol presupuestario para el ejercicio fiscal 2006.RecomendacionesLa Junta Directiva de CVG TELECOM debe:• Implementar como práctica administrativa dentro dela empresa, la utilización de mecanismos e instrumentosidóneos de planificación que permitan, entre otras,la incorporación de ajustes y acciones correctivasoportunas y necesarias, para el cumplimiento de lasmetas previstas, a objeto de garantizar que los recursosdestinados a la consecución de proyectos en las áreasmedulares de la organización, se encausen y ejecutenconforme a los fines y objetivos de la empresa.• Implementar mecanismos de supervisión y controlen la ejecución de los proyectos de inversión queactualmente adelanta CVG TELECOM, con el propósitode garantizar la efectiva y eficiente ejecuciónde los trabajos y su cumplimiento en los lapsosprevistos.• Elaborar y aprobar manuales de normas y procedimientos,que regulen el adecuado funcionamientode las operaciones y el control interno dentro de laempresa.• Agilizar los trámites referidos a culminar las actividadesde organización, y definitiva implantación, dela Dirección Planificación y Presupuesto dentro dela empresa, a objeto de disponer de una dependenciaidónea encargada de ejecutar los distintos procesos217

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007que engloba la planificación, incluidos los relacionadosa la materia presupuestaria, a objeto de garantizarel cumplimiento de la normativa legal y sublegal quelos regula.FONDO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO,FORESTAL Y AFINES (FONDAFA)CONTRATACIÓN DE PERSONAL; CONTRATACIÓN DE SERVICIOSDE ASESORÍAEl Fondo de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestaly Afines (FONDAFA) es un instituto autónomo del Estadovenezolano con personalidad jurídica y patrimonio propio,constituido bajo la forma de Derecho Público, fue creadomediante Decreto Ley N° 420 de fecha 21-10-99 (GacetaOficial N° 5.397 Extraordinario del 25-10-99) modificadopor Decreto Ley No. 1.435 de fecha 18-09-2001 (GacetaOficial N° 37.317 del 5-11-2001), con personalidad jurídicay patrimonio propio, adscrito al Ministerio de Agriculturay Tierras, actual Ministerio del Poder Popular para laAgricultura y Tierras (Gaceta Oficial N° 5.836 Extraordinariodel 08-01-2007). Tiene como objeto servir de apoyofinanciero para la ejecución de los programas de desarrolloeconómico y social, dictados por el Ejecutivo Nacional enel ámbito agropecuario y cuyo objeto es contribuir con eldesarrollo agropecuario de Venezuela, mediante el financiamientode la actividad productiva, en las áreas agrícola,pecuaria, forestal y pesquera; así como el transporte, almacenamiento,comercialización y cualquier otro servicioconexo con dicha actividad.Alcance y objetivos de la actuaciónLa actuación se orientó a la evaluación, mediante análisisselectivo de las operaciones llevadas a cabo por FONDAFAdurante el ejercicio fiscal 2005 y primer semestre de 2006.En tal sentido, se tomó una muestra de aquellas operacionesque guardan relación con los otorgamientos de contratosrelativos a la prestación de servicios, focalizando la acciónde control en la Gerencia de Recursos Humanos y ConsultoríaJurídica. A tales efectos, se fijaron los siguientesobjetivos específicos: 1) Evaluar la sinceridad y legalidaddel proceso de contratación del personal para prestar susservicios en la Presidencia de FONDAFA y 2) Evaluar lasinceridad y legalidad del proceso de contratación de losservicios de asesoría jurídica por parte del Fondo.Observaciones relevantesDe la evaluación a la legalidad y sinceridad realizada a 2contratos para prestar servicios personales en la Presidenciade FONDAFA, se determinó lo siguiente:El contratado no posee grado universitario, ni registraexperiencia laboral que se refiera a trabajos de Coordinacióny Gerencia, la experiencia social esta relacionada conparticipación y promoción de eventos colectivos comunitarios,al respecto, el artículo 37 de la Ley del Estatuto dela Función Pública (LEFP), Gaceta Oficial N° 37.522 del06-09-2002, establece que “Sólo podrá procederse por lavía del contrato en aquellos casos en que se requiera personalaltamente calificado para realizar tareas específicasy por tiempo determinado”. Adicionalmente, en la cláusulaprimera de los contratos en cuestión, se indican las tareas arealizar, las cuales son: coordinar las comisiones técnicasque el presidente le encargue, conformar a los equipostécnicos que el presidente le ordene, participar en la elaboraciónde proyectos y planes que el presidente le señale,elaborar informes técnicos relacionados con las actividadesque le asigne el presidente y cualquier otra actividadasignada por el presidente; en relación con este aspecto, elartículo 71 de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) GacetaOficial N° 5.152 del 19-06-1997, expresa en el literal b, queel servicio que deba prestarse, se determinará con la mayorprecisión posible. En ese orden de ideas es importante acotarque no se evidenció el documento que certifique la altacalificación del contratado en relación a su desempeño en elFondo, igualmente las tareas a desempeñar se enuncian demanera genérica, los contratados constituyen un personalaltamente calificado para realizar tareas específicas, porlo tanto una situación diferente a la expresada originaríaque el contratado podría estar realizando tareas similaresa las previstas para funcionarios de carrera del Fondo,ocasionando una situación de desigualdad frente a estosfuncionarios, por otra parte los contratados deben constituirpersonal altamente calificado para tareas específicasno asignadas a funcionarios de carrera por su naturalezatécnica o práctica de alta complejidad.218

Administración Nacional DescentralizadaSector ServiciosEn relación con la cláusula tercera del contrato, referidacon la contraprestación por los servicios del contratado,la cual indica que deben presentarse informes trimestralesde actividades que deberán ser debidamente conformadospor el Gerente de adscripción. Al respecto, estaContraloría procedió a requerir los citados informes, loscuales no fueron suministrados. Al respecto, el Artículo68 de la LOT, en concordancia con el artículo 1.160 delCódigo Civil Venezolano (CCV), Gaceta Oficial N° 2.990Extraordinario del 26-07-82, expresan que los contratosde trabajo deben ser de estricto cumplimiento y obliganno solamente a cumplir lo expresado en ellos, sino atodas las consecuencias que se derivan de los mismoscontratos, según la equidad, el uso o la Ley. No obstante,se realizan pagos sin los soportes establecidos enlos contratos suscritos, al respecto el artículo 23 de lasNormas Generales de Control Interno (NGCI), GacetaOficial N° 36.229 de fecha 17-06-1997, señala lo siguiente:“todas las operaciones financieras, presupuestarias yadministrativas deben estar respaldadas con la suficientedocumentación justificativa…”. De igual manera, el ClasificadorPresupuestario de Recursos y Egresos del año2006 (Gaceta Oficial N° 38.314 del 15-11-2005), indicaque la remuneración al personal contratado “Comprendela asignación para atender el pago de la remuneracionesacordadas en virtud de un contrato individual de trabajopor tiempo indeterminado, que no exceda el ejercicio fiscaly los pagos por concepto de honorarios profesionalespor trabajo eventuales realizados por personas naturalesno consideradas funcionarios públicos”. En consecuencia,los referidos contratos, no cumplen en su totalidad conlos requisitos legales establecidos en la citada LOT, debidoa que no se obtuvo evidencia física de los informesde resultados presentados con motivo de las actividadesasignadas al ciudadano contratado.Se procedió a la verificación de los pagos efectuados, enatención al contenido de la cláusula tercera del contrato deservicio, por la cantidad de Bs. 4,00 millones mensualespagaderos por quincenas vencidas a razón de Bs. 2,00 millonesexactos cada una; al respecto, se verificó medianterecibos de pagos, que durante el período 01-01-2006 al15-07-2006, el monto total cancelado ascendió a Bs. 24,00millones, de lo cual no se observó que las deducciones contempladasen la Ley del Seguro Social (LSS), y la Ley queRegula el Sistema de Paro Forzoso y Capacitación Laboral(LRSPRCL), Gacetas Oficiales N° 4.322 de fecha 03-11-91 yNº 5.392 de fecha 22-10-99, respectivamente; se realizaranpara los pagos correspondiente a los meses de enero, febreroy marzo del contrato N° 2006 1174. A este respecto, la LSS,y la LRSPRCL, ambas en su artículo 2, indican el carácterobligatorio de la inclusión de los trabajadores bajo dependenciapor tiempo determinado dentro de estos derechos,en concordancia con lo establecido en el artículo 4 de laLey Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LOSSS),Gaceta Oficial N° 37.600 del 30-12-2002, en su artículo 4,expresa que “La seguridad social es un derecho humanoy social fundamental e irrenunciable, garantizado por elEstado a todos los venezolanos residentes en el territorio dela República, y a los extranjeros residenciados legalmenteen él, independientemente de su capacidad contributiva,condición social, actividad laboral, medio de desenvolvimiento,salarios, ingresos y renta, conforme al principiode progresividad y a los términos establecidos en la Constituciónde la República Bolivariana de Venezuela y en lasdiferentes leyes nacionales, tratados, pactos y convencionessuscritos y ratificados por Venezuela”. Igualmente, la Constituciónde la República Bolivariana de Venezuela (CRBV),Gaceta Oficial N° 5.453 del 24-03-2000, contempla en elartículo 89 que “el trabajo es un hecho social y gozará de laprotección del Estado. La ley dispondrá lo necesario paramejorar las condiciones materiales, morales e intelectualesde los trabajadores y trabajadoras. Para el cumplimiento deesta obligación del Estado se establecen…” diversos principios,entre los cuales el numeral 2) establece que “…losderechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción,acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo deestos derechos…, en concordancia con lo establecido en elartículo 86 el cual expresa que “toda persona tiene derechoa la seguridad social como servicio público de carácterno lucrativo, que garantice la salud y asegure protecciónen contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad,invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidadesespeciales, riesgos laborales, pérdida de empleo,desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargasderivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstanciade previsión social… Las cotizaciones obligatorias querealicen los trabajadores y las trabajadoras para cubrir los219

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007servicios médicos y asistenciales y demás beneficios de laseguridad social podrán ser administrados sólo con finessociales bajo la rectoría del Estado. Los remanentes netosdel capital destinado a la salud, la educación y la seguridadsocial se acumularán a los fines de su distribución ycontribución en esos servicios”.La cláusula quinta de los contratos evaluados, expresaque “el contratado prestará los servicios indicado en lacláusula primera del contrato a tiempo completo, de lunesa viernes, dentro del horario comprendido de 08:00 a.m. a12:00 m. y de 01:00 p.m. a 04:00 p.m.,” al respecto se verificóel “Reporte por persona-puerta”, así como los viáticospor comisión de servicio otorgados, evidenciándose que de48 inasistencia de un total de 121 días laborables, lo cualrepresenta un 39,67%, durante el período enero-julio 2006,de cuyas ausencias no se observó documentación justificativa.En relación a lo antes expuesto, el Artículo 68 dela LOT, en concordancia con lo establecido el artículo del1.160 del CCV, expresan que los contratos de trabajo debenser de estricto cumplimiento. La descrita situación se debea fallas de control interno del Fondo en cuanto a la verificacióndel cumplimiento de los contratos. En consecuenciael Fondo no cuenta con mecanismos que permitan verificary velar el cumplimiento de las cláusulas establecidas en loscontratos del personal.De la evaluación a la sinceridad y legalidad del procesode contratación de los servicios de asesoría jurídica porparte del Fondo, se determinó, lo siguiente:El Presidente del Fondo aprobó la contratación de losservicios profesionales con un Centro de Estudios Jurídicos(CEJ), obviando lo establecido en el Instructivo parala Contratación de los Servicios de Asesoría Jurídica enlos Órganos de la Administración Central y Descentralizada(Gaceta Oficial Nº 36.740 de fecha 12-07-99), el cualestablece en su artículo 1 que, se prohíbe la suscripciónde nuevos contratos de servicios de asesoría jurídica enlos órganos de la Administración Pública Central y Descentralizada,sin la previa autorización de la ProcuraduríaGeneral de la República. Asimismo, el artículo 2 ejusdemprevé que, los organismos que requieran la contrataciónde servicios de asesoría jurídica por carecer de órganosde asesoría propios o, que aún teniéndolos, los necesitenen razón del volumen de trabajo o de la especializaciónde la materia presentada, deberán dirigir a la DirecciónGeneral de la Procuraduría General de la República, unasolicitud motivada exponiendo las razones que justifiquenla suscripción de los referidos contratos. En este sentido, elartículo 6 del citado instructivo dispone que, ningún órganode la Administración Pública podrá celebrar contratos deasesoría jurídica con alguna persona natural o jurídica, sinel cumplimiento previo del procedimiento previsto en esteInstructivo. En tal sentido, se suscribieron dos (2) contratosde servicios profesionales, entre el citado Centro y FONDAFA,por Bs. 180,00 millones, y por Bs. 300,00 millones, respectivamente.La situación anteriormente descrita, generóque FONDAFA suscribiera un contrato de asesoría legal almargen de lo establecido en el instructivo emanado de laProcuraduría General de la República.Adicionalmente, se observó que el CEJ fue constituidopor tres (3) socios, como una Asociación Civil, según seevidencia en Acta Constitutiva de fecha 12-04-2004, registradael día 14-09-2004, en el Registro Inmobiliario delPrimer Circuito del Municipio Sucre del Estado Miranda,bajo el N° 49, Tomo 26, Protocolo 1ero. Posteriormente,el centro de estudios mencionado, cambió su denominación,según consta en Acta de Asamblea Extraordinaria,registrada el 30-08-2005, en el Tomo 29, Protocolo 1 delRegistro Inmobiliario del Primer Circuito del MunicipioSucre del Estado Miranda, motivado a que para lafecha del 21-08-2005, uno (1) de sus miembros, efectuóla venta pura y simple de su porcentaje accionario a dosde los socios; es importante señalar, que el socio quevendió las acciones, fue designado Consultor Jurídicode FONDAFA, según se evidencia en Oficio N° 001077 del01-09-2005 (cargo que desempeñó hasta el 28-03-2006),y en tal carácter procedió al visado del primer contratode servicio suscrito entre el Fondo y el CEJ, según seobserva en el referido documento contractual. En virtudde los señalamientos precedentes, se concluye que para lafecha de la aprobación de la contratación en comento, elsocio formaba parte del CEJ.Al respecto, el artículo 34, numeral 3 de la Ley del Estatutode la Función Pública, señala entre otros, que: “Sin220

Administración Nacional DescentralizadaSector Serviciosperjuicio de lo dispuesto en las leyes y los reglamentos,se prohíbe a los funcionarios o funcionarias públicos: 3)Intervenir directa o indirectamente en las gestiones querealicen personas naturales o jurídicas, públicas o privadas,que pretendan celebrar cualquier contrato con la República,los estados, los municipios y demás personas jurídicas dederecho público o de derecho privado estatales”. La situacióndescrita vulnera los principios de objetividad, imparcialidad,honestidad, transparencia, buena fe y confianza,que deben imperar en todas las actividades que realizan lasinstituciones que conforman el sector público nacional.Del examen realizado a los pagos efectuados se determinóque, el monto alcanzado por los dos (2) contratos suscritosfue de Bs. 480,00 millones, de los cuales a la fecha de laúltima orden de pago (16-06-2006), se habían cancelado Bs.304,00 millones. En este sentido, de la revisión efectuada alos dos (2) contratos señalados se determinó que en uno delos contratos, que durante el ejercicio fiscal 2005 se canceló,al CEJ la cantidad de Bs. 60,80 millones, previó a la suscripciónformal del contrato de servicios correspondiente.Sobre este aspecto, se observa que, en la medida en queel Fondo no haya manifestado formalmente su voluntad yconsentimiento, no se debe presumir la existencia de uncompromiso financiero, es decir, no se puede realizar imputacióncon cargo a alguna de las partidas que conforman elpresupuesto de gastos del organismo, al respecto el artículo54 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica deAdministración Financiera del Sector Público (LOAFSP),Gaceta Oficial N° 38.198 del 31-05-2005, en concordanciacon el artículo 60 de la Reforma Parcial del ReglamentoN° 1 de dicha Ley, sobre el Sistema Presupuestario (GacetaOficial N° 5.592 del 27-06-2002), señala lo siguiente, “Ningúnpago puede ser ordenado sino para pagar obligacionesvalidamente contraídas y causadas”. Asimismo, las NGCI,en su artículo 3, literal b, prevén que, el sistema de controlinterno de cada organismo o entidad debe estar orientadoentre otras a garantizar la exactitud, cabalidad, veracidad yoportunidad de la información presupuestaria, financiera,administrativa y técnica, así mismo el artículo 30 de lasprecitadas normas indica, como soporte de los sistemasy mecanismos de control interno se debe implementar ymantener un sistema de comunicación y coordinación queprovea información relativa a las operaciones, confiable,oportuna, actualizada y acorde a las necesidades de los organismos.La situación expuesta evidencia que se efectuaronpagos sin contar con un documento formal que avalarael compromiso adquirido y en consecuencia la erogaciónrealizada. Tal proceder va en detrimento de los interesesde FONDAFA, por cuanto no existe la obligación formal porparte de la empresa consultora de responder por el objetopara el cual fue contratado, lo que podría ocasionar quese cancelen compromisos sin que exista un documentoformal que de origen a su cancelación, con el consiguienteperjuicio al patrimonio de la entidad.ConclusionesDe la evaluación practicada a la sinceridad y legalidaddel proceso de contratación del personal para presta susservicios en FONDAFA, se observa que el Presidente no fuediligente en el uso del Patrimonio Público, por cuantola contratación de personal y de servicios jurídicos fuerealizada al margen de las disposiciones contenidas en lasNormas que regulan la materia.En cuanto a los contratos de servicios jurídicos, estosno cumplieron con el registro del Sistema Presupuestarioconsagrado en la LOAFSP y su Reglamento Nº 1, alevidenciarse que se cancelaron compromisos sin que lasobligaciones estuvieran validamente contraídas y causadas,al determinarse pagos sin que previamente se suscribieraformalmente el referido contrato de asesoría, las acciones ypagos ejecutados en relación con estos servicios, antes de laformalización del contrato, se encuentra al margen del Principiode Legalidad contemplado en el marco jurídico que regulael funcionamiento de la Administración Pública.RecomendacionesLa Junta Directiva del Fondo deberá:• Diseñar políticas formales, amplias y dinámicas relacionadascon la contratación de personal, así como loslineamientos establecidos en las disposiciones legalespertinentes; que regulen las actividades, procesos yfunciones que se acometen, a fin asegurar la calidad yconsistencia de las labores realizadas y establecer unaclara delimitación en la responsabilidad y funciones221

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007asignadas a su personal, tomando en consideraciónsu Ley de creación.• Adoptar las medidas necesarias que permitan garantizarque las actividades relacionadas con la contrataciónde servicios de asesoría jurídica, actividadesejecutadas y erogaciones por este concepto, se correspondacon necesidades plenamente justificadas, yque se encuentren encuadradas dentro de la normativalegal y sublegal respectiva, lo cual permitirá que laejecución de sus procesos atienda a principios de objetividad,transparencia, economía y eficiencia, teniendocomo meta asegurar un adecuado sistema de controlinterno, que coadyuve al manejo apropiado y transparentede los recursos que conforman el Patrimoniode la República y sus Entes Descentralizados.FONDO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO,FORESTAL Y AFINES (FONDAFA)GESTIÓN ADMINISTRATIVAEl Fondo de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestaly Afines (FONDAFA) es un instituto autónomo del Estadovenezolano, constituido bajo la forma de Derecho Público,fue creado mediante Decreto Ley N° 420 de fecha 21-10-99 (Gaceta Oficial N° 5.397 Extraordinario del 25-10-99)modificado por Decreto Ley N° 1.435 de fecha 18-09-2001,(Gaceta Oficial N° 37.317 del 05-11-2001), con personalidadjurídica y patrimonio propio, dirigido a servir de apoyofinanciero para la ejecución de los programas de desarrolloeconómico y social, dictados por el Ejecutivo Nacional enel ámbito agropecuario y cuyo objeto es contribuir conese desarrollo en Venezuela, mediante el financiamientode la actividad productiva, en las áreas agrícola, pecuaria,forestal y pesquera, así como en el transporte, almacenamiento,comercialización y cualquier otro servicio conexocon dicha actividad, actualmente tutelado por el Ministeriodel Poder Popular para la Agricultura y Tierra (GacetaOficial N° 5.836 Extraordinario del 08-01-2007). Por lanaturaleza de sus funciones es un ente descentralizadofuncionalmente, sin fines empresariales y sujeto al controlde este máximo Órgano Contralor, de conformidad conlo previsto en el artículo 9, numeral 6 de la Ley Orgánicade la Contraloría General de la República y del SistemaNacional de Control Fiscal, ello sin perjuicio del controlque le corresponde ejercer a su órgano de control fiscalinterno. Los presupuestos de Ingresos y Gastos del institutopara los ejercicios fiscales 2000, 2001 y 2002 fueronde Bs. 36.844,92 millones, Bs. 220.197,76 millones y Bs.132.685,84 millones, respectivamente, aprobados en Consejode Ministros y publicados en las Gacetas Oficiales Nos.36.923, 37.211 y 37.436, de fechas 31-03-2000, 04-06-2001y 06-05-2002, respectivamente.Alcance y objetivos de la actuaciónLa actuación se circunscribió a la evaluación de lagestión administrativa cumplida por FONDAFA en cuanto alos créditos otorgados a los integrantes de la Asociaciónde Productores Palma Sola Moturo (ASOPROPALMO), conrecursos del Programa Especial de Financiamiento deCarácter Social, rubro café, durante los ciclos 2001-2002.Se seleccionó una muestra representativa correspondientea los ciclos 2001-2002, de 50 expedientes relacionados conlas actividades de mantenimiento y renovación de cafetales,equivalente a 22,00% (Bs. 172,52 millones) del monto totalde los créditos liquidados (Bs. 797,71 millones). A talesefectos se fijaron los objetivos siguientes: evaluar la legalidady sinceridad de los créditos otorgados por FONDAFA alos productores cafetaleros integrantes de ASOPROPALMO y lasuficiencia de las garantías otorgadas en los financiamientosconcedidos, así como determinar el grado de recuperaciónde los créditos citados.Observaciones relevantesNo se evidenció la existencia de manuales de normasy procedimientos debidamente aprobados por la máximaautoridad, que regulen el flujo crediticio para el pequeñoy mediano productor agrícola el otorgamiento, recuperacióny liquidación de los financiamientos enmarcadosen el Programa Especial de Financiamiento de CarácterSocial. Así mismo, no se consta la existencia de manualesde normas y procedimientos relacionados con el sub-procesode Liquidación para los ciclos productivos en los quetiene vigencia el programa; sólo se evidenció un modelode borrador del Manual de Normas y Procedimientos delPrograma de Financiamiento Social destinado al Pequeñoy Mediano productor, sujeto a modificación. Los motivos222

Administración Nacional DescentralizadaSector Serviciosaludidos por las autoridades del fondo son los constantescambios organizacionales y reestructuraciones sufridas.Al respecto, los artículos 35, 36 y 39 de la Ley Orgánicade la Contraloría General de la República y del SistemaNacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), Gaceta OficialN° 37.347 del 17-12-2001, establecen para las máximasautoridades de los entes, la obligatoriedad de prescribirnormas, manuales de procedimientos y demás instrumentospara un adecuado funcionamiento del sistema de controlinterno; así mismo, les corresponde, la responsabilidad deorganizar, establecer, mantener y evaluar dicho sistema.En consecuencia, la gestión crediticia de dicho programaespecial no estuvo amparada por un orden procedimentalenmarcado en manuales y/o instrucciones aprobadas porla máxima autoridad, la cual permita delimitar funcionesy responsabilidades a cada una de las instancias y/odependencias que intervinieron en el proceso de gestióncrediticia.Se observó que no existe correspondencia entre la informaciónsuministrada por la Oficina de Planes y Seguimientoy la Gerencia de Crédito, en cuanto a la data relativa alfinanciamiento del programa. Al respecto, se evidenciarondiferencias en los renglones, rubro y/o sesión, programay empresas de asistencia técnica; igualmente, no estabadisponible la información solicitada entre las diferentesdependencias del fondo, no se disponía de informaciónatinente al modulo Asociación, lo que no permite determinarla proporción de créditos otorgados a cada uno de lasasociaciones beneficiarias. Por otra parte, en los archivosde la Subgerencia de Tesorería no reposaban las copias delos formatos de las cartas órdenes al banco, documentoque constituye el soporte para los retiros ejecutados en lascuentas de ahorro de cada productor beneficiario de los financiamientos.Debilidades originadas, por la inexistenciade manuales de normas y procedimientos y de mecanismosde control que garanticen el soporte administrativo parael desarrollo de los programas sociales. Al respecto, losartículos 35 y 36 de la LOCGRSNCF disponen que comosoporte de los sistemas y mecanismos de control interno sedebe implantar y mantener un sistema de comunicación ycoordinación que provea información confiable, oportuna,actualizada y acorde con las necesidades del organismo,lo cual incide en la celeridad del proceso de tramitacióny oportunidad de la información solicitada a los fines decontrol fiscal y en determinar su análisis en términos confiablesy sinceros.No se evidenciaron informes o estudios atinentes a laejecución de auditorías aleatorias, por parte del extintoMinisterio de Producción y el Comercio (MPC) y FON-DAFA para evaluar la pulcritud y desarrollo de los financiamientosotorgados y liquidados dentro del marco delPrograma Especial de Financiamiento de Carácter Social,rubro café. La norma contenida en el artículo 7°, literalf), del Decreto N° 1.435, con fuerza de Ley de FONDAFA(Gaceta Oficial N° 37.317 de fecha 05-11-200) mencionaque dentro de las operaciones del fondo, se ejercerá lasupervisión y fiscalización de los créditos que otorgue,con el propósito de lograr la debida aplicación de los recursos.En correspondencia con lo que disponen las NormasOperativas del Programa Especial de Financiamiento deCarácter Social, en las partes denominadas “Modalidadde Financiamiento” y “Compromiso Institucional”, “...FONDAFA-MPC realizarán auditorías aleatorias para verificarla pulcritud del proceso (…)” Este Órgano de ControlFiscal no logró satisfacerse de las causas que generarontal hecho, toda vez que los constantes cambios de gerentesy funcionarios, así como los procesos de reorganizaciónadministrativa experimentados, limitaron la obtenciónde respuesta en la materia. Situación que no garantiza unefectivo monitoreo sobre los recursos concedidos, lo quese traduce en un inadecuado resguardo de los interesesdel fondo.No se evidenció en los archivos que mantiene la ConsultoríaJurídica de FONDAFA, documentación soporte de lasgestiones de cobranza judicial y/o acciones legales acometidaspor abogados externos, en contra de la Asociación deProductores de Palma Sola Moroturo (ASOPROPALMO) delestado Portuguesa, por concepto de saldos vencidos paralas labores de mantenimiento, por un monto aproximadode Bs. 92,89 millones. De igual forma, se evidenció, que elfondo no ha concretado a la fecha (03-03-2006), gestionesde cobranza judicial y/o acciones legales por parte de esadependencia, para las primeras cuotas de capital vencidas,Bs. 18,96 millones, por concepto de renovación de cafetales223

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007(créditos a largo plazo), el documento contractual registradoel 03-10-2001, en la Notaría Pública Sexta del MunicipioChacao, señala que devolvería la suma de dinero en unplazo de un año, a partir del primer desembolso por partedel Fondo, cantidad que sería cancelada en la fecha devencimiento. Además, en la Ley de FONDAFA en su artículo10, literal g), señala entre las atribuciones del Presidente,la de “... ejecutar y hacer ejecutar todos aquellos actos dedisposición y administración necesarios para asegurary recuperar los recursos colocados en las InstitucionesFinancieras (...)” La ausencia de normativa interna enmateria de cobranzas y recuperaciones aplicable a estosfinanciamientos de tipo social, trae como consecuenciala afectación de los intereses del instituto y por ende dela Nación, al no recuperar oportunamente el capital másintereses adeudados.Se observaron inconsistencias por parte de la Gerenciade Cobranzas y Recuperaciones del fondo, en la aplicaciónde la tasa de interés calculada para el servicio de la deudade veinte productores cafetaleros para los créditos a cortoplazo, cuyo monto se fijó a razón de 8,89% anual. En estesentido, la Contraloría General de la República determinó,que del total examinado (56,25%), se calculó con más de1,94% sobre la tasa de interés ya citada (8,89%). El resto(43,75%) se ubicó en diferentes puntos porcentuales por debajode dicha tasa. En tal sentido, las diferencias observadasen los montos de los intereses calculados en los estados decuenta individuales de cada productor agrícola examinado,arrojaron cobros en exceso y de menos por Bs. 455,48 mily Bs. 799,50 mil, respectivamente. Tal situación obedecea la ausencia de mecanismos de control interno en los sistemasautomatizados del fondo; en este sentido, el artículo8° de las Normas para el Funcionamiento Coordinado delos Sistemas de Control Externo e Interno, Gaceta OficialN° 36.229 de fecha 17-06-1997, establece en el numeral 2,la obligatoriedad de la máxima autoridad en la creaciónde los sistemas y procedimientos de control interno y elasegurarse, entre otros, de su evaluación periódica, y de suactualización. Debilidad originada por la desactualizaciónde manuales de normas y procedimientos en esta materiae inexistencia de mecanismos de control que apoyen laintegridad de la información generada. En consecuencia,los sistemas que contienen los datos históricos de cadaproductor cafetalero no se encuentran lo suficientementeactualizados, presentando inexactitudes matemáticas quesi no son corregidas oportunamente, pudieran afectar negativamenteel patrimonio del fondo.Se evidenciaron 23 retiros bancarios por de Bs. 24,09millones, sin respaldo de la respectiva carta orden al Banco,cuyos montos oscilan entre Bs. 220,00 mil y Bs. 3,01millones, correspondientes a las cuentas de los productorescafetaleros analizados. Al respecto, la cláusula sexta:(erogación de los recursos), del contrato de fideicomiso deadministración firmado con BANFOANDES, notariado en fecha26-09-2000, contempla que los pagos se realizarán conrecursos derivados del Fondo Fiduciario de conformidadcon las instrucciones de pago emitidas y autorizadas por elfideicomitente (FONDAFA) la cláusula segunda, literal j) delcontrato de asistencia técnica suscrito en fecha 29-08-2001,plantea la exigencia de emitir las cartas ordenes, coordinandola liquidación de las partidas. Las autoridades de laVicepresidencia de fideicomiso de la entidad financiera manifestaronla imposibilidad de completar el requerimientode información, ya que la agencia de la sucursal de Ospinoha sido objeto de varias inundaciones producto del maltiempo. En consecuencia, la ausencia de la documentaciónno permite probar la suficiencia y sinceridad de los pagosrealizados y establecer con claridad si fueron autorizadospor los responsables de dicho trámite.ConclusionesSe observaron debilidades en el sistema de controlinterno en el desenvolvimiento operativo del proceso deotorgamiento, liquidación y recuperación de los financiamientos,toda vez que se realizó sin contar con manualesde normas y procedimientos debidamente aprobados porla máxima autoridad, que permitieran delimitar funcionesy responsabilidades; en cuanto a la conformación de losexpedientes que sustentan las solicitudes de crédito decada productor agropecuario, se constataron debilidadesque afectan la integridad y veracidad de la información enellos contenida; no existe consistencia en la aplicación de latasa de interés para el servicio de la deuda para los financiamientosde mantenimiento seleccionados, en virtud quese determinaron cobros de intereses en exceso y de menos,224

Administración Nacional DescentralizadaSector Serviciosque alteran los estados de cuenta individuales y repercutendirectamente en el patrimonio del fondo; así mismo, no sehan concretado las gestiones de cobranzas judicial y/o accioneslegales contra la asociación por concepto de saldosvencidos de los financiamientos en comento; se realizaronretiros de las cuentas individuales de cada productor,aperturadas en BANFOANDES, por Bs. 24,09 millones, sin elrespaldo de la denominada carta-orden al banco.RecomendacionesSe insta a las máximas autoridades de FONDAFA a:• Fortalecer el sistema de control interno, a través dela aprobación y/o actualización de los manuales denormas y procedimientos, en materia de programasespeciales de financiamiento social, o cualquier otranormativa interna que regule los procesos de otorgamiento,liquidación y recuperación de los citadosfinanciamientos, con el objeto delimitar funciones yresponsabilidades de cada uno de los actores participantes,así como, para controlar y formalizar losprocedimientos incurridos en la gestión crediticia.• Establecer las medidas de control, para que señalenen los convenios contractuales realizados con lasentidades financieras, la obligación de manteneruna copia en original de las cartas órdenes al banco,que coadyuve a relacionar de forma sistematizadalas cancelaciones efectuadas por cada asociación,beneficiario, rubro, entre otros, para las respectivasconciliaciones.• Revisar periódicamente los sistemas que reportanlos cálculos para la amortización de las deudas, a losfines de que se mantengan la tasa agrícola y demáscondiciones establecidas para los financiamientos delos rubros bandera.• Establecer mecanismos de control adecuados demanera que permitan a las dependencias del fondoemitir listados con indicación de los financiamientosde plazo vencido a los fines de que se ejecuten lasdiligencias y/o acciones de cobranzas necesarias yoportunas.• Mantener los expedientes de crédito actualizados,incorporándoles cualquier decisión o medidas penalizantesde los productores beneficiarios que nocumplan con el plan de inversiones y que se resuelvaa través del Directorio.FONDO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO,FORESTAL Y AFINES (FONDAFA)PROCESO DE OTORGAMIENTO, LIQUIDACIÓN Y RECUPERACIÓNDE LA CARTERA DE CRÉDITOEl Fondo de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestaly Afines (FONDAFA) es un instituto autónomo delEstado Venezolano con personalidad jurídica y patrimoniopropio, constituido bajo la forma de Derecho Público, fuecreado mediante Decreto Ley No. 420 de fecha 21-10-1999(Gaceta Oficial N° 5.397 Extraordinario del 25-10-1999)modificado por Decreto Ley N° 1.435 de fecha 18-09-2001(Gaceta Oficial N° 37.317 del 5-11-2001), con personalidadjurídica y patrimonio propio, adscrito al Ministerio deAgricultura y Tierras, actual Ministerio del Poder Popularpara la Agricultura y Tierras (Gaceta Oficial N° 5.836Extraordinario del 08-01-2007). Tiene como objeto servirde apoyo financiero para la ejecución de los programasde desarrollo económico y social, dictados por el EjecutivoNacional en el ámbito agropecuario y cuyo objeto escontribuir con el desarrollo agropecuario de Venezuela,mediante el financiamiento de la actividad productiva, enlas áreas agrícola, pecuaria, forestal y pesquera; así como eltransporte, almacenamiento, comercialización y cualquierotro servicio conexo con dicha actividad.Alcance y objetivos de la actuaciónLa actuación se orientó a la evaluación, mediante análisisselectivo, de las operaciones administrativas relacionadascon los procesos de otorgamiento, liquidación y recuperaciónde la cartera de crédito de FONDAFA, durante el ejercicio fiscal2005. A tal efecto, se seleccionó una muestra representativade los créditos otorgados y liquidados en el estado Guáricopor Bs. 4.675,40 millones, lo que equivale a 21,85% delmonto total de Bs. 21.393,80 millones. En tal sentido, sefijaron los siguientes objetivos específicos: verificar el origeny ejecución de los recursos asignados a FONDAFA, para laimplantación y desarrollo del Programa de Financiamientode Carácter Social, dirigido a los pequeños y medianos productoresagrícolas, así como evaluar la legalidad y sinceridad225

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007de los créditos otorgados y liquidados por FONDAFA, a losproductores beneficiarios del Programa de Financiamientode Carácter Social, igualmente determinar el grado derecuperación de los créditos otorgados a los pequeños ymedianos productores agrícolas, en el marco de la ejecucióndel Programa de Financiamiento de Carácter Social.Observaciones relevantesSe suscribieron contratos de créditos entre cooperativasy/o beneficiarios y FONDAFA, mediante los cuales seestablece entre otros: monto del crédito, plazo, período degracia, pagos a realizar, retención del 8,00% al momentode la liquidación, el cual será destinado para las partidasfi nanciables de acuerdo con la distribución siguiente:3,00% pago de asistencia técnica, 4,00% Fondo de RiesgoAdministrado y 1,00% correspondiente a las transferenciasa la Sociedad de Garantías Reciprocas (SOGARSA). En loscontratos de crédito, no se especifica la forma de manejo delos recursos, sólo se establece que al momento de hacer eldesembolso del crédito se procederá a efectuar la retencióndel 8,00% del crédito, sin embargo de la revisión efectuadaa la muestra, se evidenció que la retención efectivamenterealizada se corresponde con 7,41%, no obstante, lo establecidoen el punto 3 de los contratos. Con respecto alo anterior el artículo 1.160 del Código Civil Venezolano(Gaceta Oficial N° 2.990 Extraordinario del 26-07-1982),señala que los contratos deben ejecutarse de buena fé yobligan no solamente a cumplir lo expresado en ellos, sinoa todas las consecuencias que se derivan de los mismos,según la equidad, el uso o la Ley, aunado a lo establecidoen el precitado artículo 3, literal c) de las NormasGenerales de Control Interno (NGCI), Gaceta OficialNº 36.229 del 17-06-1997. Lo antes expuesto se originade debilidades en la aplicación de los procedimientos decálculo, lo que incide en el control y verificación de losdescuentos previstos en los contratos de préstamos quese traduce en la imposibilidad de cubrir en su totalidadlos aportes correspondientes a las partidas financiables,fundamento de la retención del 8,00%, acordado en loscontratos de créditos suscritos.El “Manual de Normas y Procedimientos para el RegistroAdministración y Control de las Empresas de AsistenciaTécnica (EAT)”, en el subtítulo Normas Generales,numeral 2 y en las Normas Específicas, numeral 1, señalaque la calificación y aprobación de las EAT está sujeta a laaprobación del Directorio y es responsabilidad del Área deRegistro la elaboración del punto de cuenta a esa instanciapara su pronunciamiento sobre la aprobación y calificacióno no de las referidas empresas, sin embargo de 16 EAT, queprestaron sus servicios a los 41 beneficiarios de la muestra,no se evidenció en los archivos de la mencionada área ni enla Secretaría de Directorio, la información relacionada contales aprobaciones. La situación descrita tiene su origen enque la información solicitada fue desincorporada y enviadaal Archivo Central y en consecuencia la Secretaría deDirectorio y el Área de Registro de FONDAFA no disponende la misma. Esto trae como consecuencia que la referidaÁrea de Registro no cuente con la documentación soporteque respalde la suscripción de los contratos de asistenciatécnica. Al respecto el artículo 141 de la Ley Orgánica dela Administración Pública (Gaceta Oficial Nº 37.305 del17-10-2001) establece que “El objetivo esencial de los órganosde archivo del Estado es el de conservar y disponerde la documentación de manera organizada, útil, confiabley oportuna, de forma tal que sea recuperable para uso delEstado, en servicio de los particulares y como fuente de lahistoria”. Igualmente, el artículo 3 de las NGCI indica queel control interno de cada organismo o entidad debe organizarsecon arreglo a conceptos y principios generalmenteaceptados de sistema, cuyo funcionamiento coordinadodebe orientarse a garantizar la exactitud, cabalidad, veracidady oportunidad de la información administrativa y técnica;así como, el acatamiento de las políticas establecidaspor las máximas autoridades del organismo o entidad.De la revisión efectuada a los 42 créditos liquidados queconforman la muestra, se evidenció que a un beneficiariole fueron aprobados y liquidados, 2 créditos por Bs. 51,04millones cada uno, observándose que dichos recursos seencontraban destinados para una misma unidad, ciclo, cantidadde hectáreas y rubro a producir. Los hechos señaladosprecedentemente, le restan confiabilidad a la informacióngenerada por cada una de las unidades y gerencias involucradasen el proceso crediticio, no obstante lo establecidoen el citado artículo 3, en el literal c) de las NGCI; aunadoa lo expresado en el artículo 10 de las aludidas normas, el226

Administración Nacional DescentralizadaSector Servicioscual señala que los niveles directivos y gerenciales delos organismos y entidades deben vigilar permanentementela actividad administrativa de las unidades, programas,proyectos u operaciones que tienen a su cargo;ser diligente en la adopción de las medidas necesariasante cualquier evidencia de desviación de los objetivosy metas programadas, detección de irregularidades oactuaciones contrarias a los principio de legalidad, economía,eficiencia y/o eficacia; y asegurarse de que loscontroles internos contribuyan al logro de los resultadosesperados de la gestión.De 42 créditos evaluados se evidenció que 39, equivalentesa un 93,00% de la muestra, no contenían la totalidadde la documentación necesaria, para la conformación delos mismos. Al respecto, los lineamientos para la Ejecuciónde los Programas de Financiamiento Crediticio deFONDAFA para el ejercicio fiscal 2005, aprobados en Sesiónde Directorio del 17-02-2005, contemplan los recaudos apresentar por los aspirantes a participar como beneficiariosde los Programas Especiales de Desarrollo Agropecuario ySocial, asimismo, el “Manual de Normas y Procedimientosdel Sistema Integral de Archivo y Biblioteca”, aprobadoen Acta de Directorio del 06-09-2004, en el numeral 18denominado Normas Generales, señala que los expedientesdeben contener entre otros los documentos siguientes: losentregados por el productor al iniciar el trámite, planilla desolicitud de crédito, acta de aprobación por el fondo, documentosde seguro agrícola, documento de liquidación de losrecursos en la cuenta del productor, informes de inspeccióntécnica, validaciones de pagos, avisos de siniestros y liberaciónde garantías. Igualmente, el “Manual de Normas yProcedimientos de la Gerencia de Crédito Social-Maquinaria”,indica en el numeral 7 de las Normas Generales,que es responsabilidad de los CPF´s la documentación einformación que constituya soporte del crédito, así como sucompleta integración mediante expedientes, manteniendolos criterios pautados por el Archivo Central del fondo. Loantes expuesto evidencia debilidades en los sistemas dearchivo, lo cual no garantiza que las operaciones realizadasestén respaldadas con suficiente documentación justificativa,aunado a lo indicado en el artículo 23 de las NGCI, ensu literal a) cuyo texto señala que los documentos debencontener la información completa y exacta, archivarse siguiendoun orden cronológico u otros sistemas de archivoque facilite su oportuna localización y conservarse duranteel tiempo estipulado legalmente; igualmente, el artículo 30de las NGCI, expresa que como soporte de los sistemas ymecanismos de control interno se debe implantar y mantenerun sistema de comunicación que provea informaciónrelativa a las operaciones, confiable, oportuna, actualizaday acorde a las necesidades del organismo.La Gerencia de Cobranza y Recuperación realiza la gestiónde cobranza mediante la emisión de cartas de cobro alos productores deudores, así como visitas personalizadasa los distintos estados. En este sentido, las mencionadascartas son remitidas a los productores a través de los CPF`sregionales, quienes al momento de la verificación de lamuestra en estudio no habían remitido el acuse de recibo.Al respecto, las disposiciones contenidas en el “Manualde Normas y Procedimientos para la Cobranza y Recuperaciónde los Créditos Otorgados por FONDAFA”, aprobadapor Sesión de Directorio del 17-01-2005, en las NormasGenerales numeral 2, indica que toda unidad involucradaen los procedimientos relacionados en la cobranza yrecuperación crediticia es responsable de conservar lossoportes de las comunicaciones enviadas y/o recibidas;igualmente, en el numeral 6, de la normativa en comento,establece que las notificaciones que realice la Gerencia deCobranza y Recuperaciones a los productores, en relacióna la fecha de vencimiento de sus obligaciones, el importede estas y la fecha límite de pago, deberán realizarse porescrito o archivo digital, según corresponda. La Gerenciade Cobranzas y Recuperaciones, informó que no se teníacontrol de la entrega de las cartas de cobranzas de los créditosvencidos, debido a que eran enviadas a las EAT, lascuales no remitieron en su oportunidad los acuses de recibocorrespondientes. En cuanto a las diligencias realizadaspor los CPF´s, a nivel nacional, los mismos remitieronlas cartas sin indicar lo motivos por los cuales no fueronentregadas a los productores. En virtud de lo anterior, esteOrganismo Contralor observa que de la emisión y entregade las cartas, depende el buen funcionamiento de la cobranzay recuperación de los créditos, en consecuencia lano realización de esta actividad impide que el beneficiarioconozca el estatus deudor que presenta ante el fondo,así como la recuperación diligente de los montos de los227

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007créditos otorgados y liquidados. Esta situación evidenciadebilidades del sistema de control interno del fondo y nopermite la disposición oportuna, confiable y actualizada dela información relacionada con el trámite de recuperaciónde los créditos, igualmente la información generada porla gerencia responsable no cuenta con la confiabilidad queavale los datos reportados.Los listados correspondientes al inventario de créditosliquidados, de acuerdo al reporte del Sistema COBIS al 22-06-2006, sólo indican con respecto al estatus de los créditossu condición de vencidos, sin aportar mayor información alos usuarios de los citados reportes. Al respecto, el “Manualde Normas y Procedimientos para la Cobranza y Recuperaciónde los Créditos Otorgados por FONDAFA”, define losdiferentes estatus que puede presentar un crédito, a saber:Vigente, Reestructurado, Vencido y en Litigio. En este ordende ideas, en referido instrumento normativo desagregalos créditos vencidos en: Vencidos en Cobranza Judicial” yVencidos en Cobranza Extrajudicial”, correspondiéndolela cobranza extrajudicial a la Gerencia de Cobranza yRecuperaciones y la Cobranza Judicial a la ConsultoríaJurídica, según lo dispuesto en los numerales 17 y 18del manual en comento. La situación descrita denota laausencia de mecanismos de control interno que permitana los usuarios de los reportes de cobranza, conocer aciencia cierta el peso de la cartera en cobranza judicialy su porcentaje en cobranza extrajudicial, elementos quepermitirían adoptar decisiones oportunas en cuanto ala implantación de medidas tendentes a mejorar la cobranzade la cratera de crédito y generar proyeccionessobre las expectativas de recuperación de los créditoscon estatus vencido.ConclusionesComo resultado de la evaluación realizada por estaContraloría General de la Republica, al proceso crediticiollevado a cabo por el Fondo de Desarrollo Agropecuario,Pesquero, Forestal y Afines (FONDAFA), en las fases deotorgamiento, liquidación y recuperación, se observarondebilidades vinculadas al sistema de control interno, asícomo la inobservancia de la normativa legal y sublegalaplicada a dichos procesos.RecomendacionesSe insta al presidente y demás miembros que integranla Junta Directiva de FONDAFA, para que asuman las decisionesnecesarias para concretar las recomendacionessiguientes:• Implementar mecanismos de control interno quegaranticen la observancia por parte de las instanciasencargadas del cumplimiento de las cláusulas contenidasen los contratos de créditos, relacionadas conlas retenciones a efectuar a los beneficiarios.• Instrumentar mecanismos de control interno que permitanasegurar la aplicación de lo establecido en losmanuales y normas diseñados para la calificación yaprobación de la EAT, por parte del Área de Registroy Control.• Establecer los mecanismos necesarios que permitanal fondo, detectar la duplicidad de créditos aprobadosy liquidados a los beneficiarios, destinados para unamisma unidad, ciclo, cantidad de hectáreas y rubroa producir.• Establecer los mecanismos necesarios que permitan lalocalización oportuna de los expedientes de los beneficiariosde los créditos, con la finalidad de fortalecerel sistema de control interno.• Instruir a la Gerencia de Cobranzas y Recuperacióny a la Consultoría Jurídica del fondo, para que seanvigilantes del proceso de recuperación de los créditosliquidados. Igualmente, deberán ejercer las accioneslegales contempladas en el marco jurídico nacional,que le permitan que los recursos financieros retornenal fondo, para dar sustentabilidad al Programa deDesarrollo Social.FONDO DE DESARROLLO MICROFINANCIERO (FONDEMI)DESIGNACIÓN DEL TITULAR DEL ÓRGANODE CONTROL INTERNOEl Fondo de Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI) fuecreado mediante Decreto con fuerza de Ley de Creación,Estímulo, Promoción y Desarrollo del Sistema Microfinanciero,promulgada por el Ejecutivo Nacional a través delDecreto Nº 1.250 de fecha 14-03-2001 (Gaceta Oficial Nº37.164 de fecha 22-03-2001), como un ente con personalidad228

Administración Nacional DescentralizadaSector Serviciosjurídica y patrimonio propio e independiente, integrado ala estructura general del Estado, es decir, forma parte delos entes descentralizados sin fines empresariales, a los quese aplican principios de Derecho Público, se encuentrasujeto al control de este máximo Organismo Contralorde conformidad con lo previsto en el artículo 9 numeral6 de la Ley Orgánica de la Contraloría General dela República y del Sistema Nacional de Control Fiscal(LOCGRSNCF) Gaceta Oficial Nº 37.347 de fecha 17-12-2001, ello sin perjuicio del control que le competeejercer a su Órgano de Control Fiscal Interno; actualmentese encuentra tutelado por el Ministerio del PoderPopular para la de Economía Comunal (Gaceta Oficial Nº38.654 del 28-03-2007). El objeto principal del FONDEMIes apoyar las políticas de fomento, desarrollo y fortalecimientodel sistema microfinanciero en los términosdel decreto de creación. En este sentido, se prevé que laactividad microfinanciera será desarrollada por los entesde ejecución, los cuales pueden ser Asociaciones Civiles,Fundaciones, Cooperativas de Ahorros y Créditos yOtras Organizaciones públicas o privadas constituidas,adoptando o no forma de Banco.Es una institución, cuyo objetivo es promover y estimularel desarrollo de las microfinanzas, mediante la participaciónpopular, expresada a través de organizacionescomunitarias como lo son los entes de ejecución y losbancos comunales, luego de que sus miembros pasanpor un proceso de formación en la escuela de bancoscomunales. Los recursos otorgados por FONDEMI, estánorientados al desarrollo endógeno de las comunidades,bajo los valores de igualdad, solidaridad, honestidad,esfuerzo propio, ayuda mutua, corresponsabilidad,transparencia, lucha contra la pobreza, democracia, elbien común, soberanía e igualdad.El procedimiento para la selección del titular de la Oficinade Auditoría Interna, se inició en el mes de febrerodel año 2004, y la convocatoria se llevó a cabo según loestablecido en los artículos 27 y 30 de la LOCGRSNCF,en concordancia con el artículo 190 de la Ley Orgánicade Administración Financiera del Sector Público(LOAFSP) Gaceta Oficial N° 37.606 de fecha 09-01-2003, modificada mediante Gaceta Oficial Nº 37.978 defecha 13-07-2004.La convocatoria al concurso fue publicada en los diariosEl Universal y Últimas Noticias en fecha 13-02-2004,fijándose como período de inscripción los días 25-02-2004hasta el 02-03-2004, ambas fechas inclusive. El juradocalificador acordó reunirse el 03-03-2004 para recibir losexpedientes de los participantes.Alcance y objetivos de la actuaciónLa actuación estuvo orientada a evaluar el concursopúblico para la selección y designación del Auditor Internodel FONDEMI, celebrado en el año 2004. A tales fines,se fijó el objetivo específico siguiente: verificar que ladesignación del Auditor Interno del FONDEMI, se hayarealizado en atención a las previsiones contenidas en laLOCGRSNCF y en el Reglamento sobre los Concursospara la Designación de los Titulares de las Unidadesde Auditoría Interna de los Órganos del Poder PúblicoNacional y sus Entes Descentralizados, emanado de estaContraloría General de la República, mediante ResoluciónN° 01-00-00-004 del 27-02-2002 (Gaceta OficialNº 37.394 del 28-02-2002).Observaciones relevantesNo se evidenció acta de la máxima autoridad delFONDEMI donde se haya convocado al concurso del titularde la Unidad de Auditoría Interna, ni documentoque hiciera constar la delegación a la Gerencia deTalento Humano como encargada de llevar a cabo losprocedimientos para la selección del Auditor Interno,no obstante, el artículo 3 del Reglamento sobre losConcursos para la Designación de los Titulares delas Unidades de Auditoría Interna de los Órganos delPoder Público Nacional y sus Entes Descentralizados,señala que el concurso deberá ser convocado por lamáxima autoridad del respectivo organismo o entidad.Dicha situación se debe a fallas en los mecanismosde control interno de la Presidencia, en cuanto al resguardode la documentación soporte de las decisiones229

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007tomadas por la Junta Directiva del FONDEMI, lo quelimita constatar el cumplimiento de las formalidadesde la convocatoria a concurso para la designación deltitular de la Unidad de Auditoría Interna del fondo.No se constató el oficio de fecha 18-06-2003, al cual sehace mención en acta del jurado calificador, relacionado conla designación por parte de la máxima autoridad del fondo,de los representantes y suplentes del jurado, no obstante loestablecido en el artículo 23 de las Normas Generales deControl Interno (Gaceta Oficial Nº 36.229 de fecha 17-06-1997), prevé que “Todas las transacciones y operacionesfinancieras, presupuestarias y administrativas deben estarrespaldadas con la suficiente documentación justificativa”.Tal situación es originada por la ausencia de mecanismosde control interno que permitan la salvaguarda y garanticenla integridad de la información de las operaciones yactividades ejecutadas por la Gerencia de Talento Humano,lo que constituye una limitante a los efectos de efectuar elseguimiento de las operaciones realizadas, desde su iniciohasta su conclusión.No se constataron los expedientes de los jurados y respectivossuplentes designados por el FONDEMI, así como,de los representantes designados por la SUNAI, a fin deverificar, que los mismos hayan reunido los requisitosprevistos en los artículos 7 y 8 del Reglamento ejusdem.En este sentido, el artículo 15 del citado Reglamento señalaque: “…Los documentos que sirvan de soporte a la decisióntécnica del proceso selectivo, deberán permanecer en losarchivos del respectivo organismo o entidad por un lapsomínimo de seis (6) meses, período en el cual estarán a ladisposición de los interesados, quienes previa solicitudmotivada obtendrán copia de los mismos”. Esta situaciónobedece a fallas de control interno de la Gerencia de TalentoHumano en cuanto al resguardo de los documentosque sirvieron de soporte al concurso para la selección ydesignación del Auditor Interno del FONDEMI, lo que constituyeuna limitante a los fines de verificar si las personasdesignadas en el jurado calificador poseían los requisitosestablecidos en el Reglamento.No se constataron las notificaciones invitando a participaren la entrevista de panel a tres de los concursantes,quienes obtuvieron más de cincuenta (50) puntos en laevaluación de las credenciales en cuanto a la capacitación yexperiencia laboral. Es de indicar, que el artículo 2, numeral3, del Reglamento, señala que “la selección se realizará demanera tal, que se garantice la transparencia, imparcialidad,y objetividad del proceso, así como la validez y confiabilidadde sus resultados, los cuales deberán expresarseen forma de puntuaciones que permitan la jerarquizaciónde los aspirantes”, en concordancia con el artículo 15 delReglamento ejusdem. Situación que se debe a fallas decontrol interno de la Gerencia de Talento Humano lo cuallimita verificar la objetividad, transparencia, exactitud yveracidad de los resultados del concurso del titular de laUnidad Interna del FONDEMI.Los resultados del concurso fueron notificados a losparticipantes dentro los 5 días hábiles siguientes a lapresentación de los resultados a la máxima autoridad deconformidad al artículo 15 del Reglamento.El jurado calificador declaró al ganador que obtuvo unacalificación final de 73,90 puntos, según acta de fecha 10-03-2004. Sin embargo, de la evaluación realizada por estaContraloría General de la República se determinó que otroconcursante obtuvo una puntuación final de 78,63 puntos.Al respecto, el artículo 14 del Reglamento supracitado, estableceque “Se considerará ganador del concurso al aspiranteque haya obtenido la mayor puntuación igual o superior alos 60 puntos, nota mínima de aprobación, y su designacióncomo titular de la unidad de auditoría interna se hará dentrode los cinco (5) días hábiles siguientes a la presentación delos resultados por parte del jurado, a la máxima autoridadjerárquica del respectivo organismo o entidad o a quien legalo estatutariamente tenga asignada tal potestad. Dentro de estemismo plazo se remitirá a la Contraloría General de la Repúblicacopia del acta que recoja los resultados del concurso yse le informará sobre la designación, incluyendo los datos queidentifiquen al Auditor Interno. Esta situación se debe a queel jurado calificador no realizó las evaluaciones de los expedientesde los participantes tomando en cuenta a cabalidad lasprevisiones contenidas en los artículos 10, numeral 4, y 11 delmencionado Reglamento, trayendo como consecuencia que losresultados finales obtenidos en el concurso del Auditor Internodel FONDEMI, no se garantice la transparencia, imparcialidad y230

Administración Nacional DescentralizadaSector Serviciosobjetividad del proceso a los efectos de asegurar la objetividady validez de los resultados del concurso.ConclusionesEl proceso de selección y designación del Auditor Internode FONDEMI, no estuvo enmarcado dentro de los parámetrosestablecidos en la normativa legal vigente para la fecha dela celebración del mismo, trayendo como consecuencia quelos resultados finales obtenidos en el concurso del AuditorInterno del FONDEMI, no se garantizaran la transparencia,imparcialidad y objetividad del proceso a los efectos deasegurar la validez de los resultados del concurso.RecomendacionesSe insta a la presidenta y demás miembros que integranla Junta Directiva del FONDEMI a:• Ser vigilante que el Jurado Calificador que sedesigne para llevar a cabo los futuros procesosde selección del titular de la Unidad de AuditoríaInterna, observe el procedimiento contenido en lasdisposiciones previstas en la normativa que regulael proceso para la selección y designación de lostitulares de los Órganos de Control Fiscal Interno,haciendo énfasis en el aspecto relacionado con laevaluación de las credenciales de los participantespara determinar el nivel de capacitación y de experiencialaboral de los mismos, con la finalidadde garantizar la transparencia, imparcialidad yobjetividad del proceso a los efectos de asegurarla validez de los resultados del concurso.• Implementar los mecanismos de control interno pertinentes,con el fin de fortalecer el sistema de archivo,para el resguardo de la información emitida con ocasióndel proceso de selección del titular de la Unidadde Auditoría Interna y a los efectos de asegurar lavalidez de los resultados del concurso.FONDO DE DESARROLLO MICROFINANCIERO (FONDEMI)EJECUCIÓN PRESUPUESTARIAEl FONDEMI fue creado mediante el Decreto con fuerzade Ley de Creación, Estímulo, Promoción y Desarrollodel Sistema Microfinanciero, promulgada por el EjecutivoNacional mediante Decreto Nº 1.250 de fecha 14-03-2001 (Gaceta Oficial Nº 37.164 de fecha 22-03-2001),como un ente con personalidad jurídica y patrimoniopropio e independiente de la Hacienda Pública Nacional,está integrado a la estructura general del Estado,es decir, forma parte de los entes descentralizados sinfines empresariales, a los que se aplican principios deDerecho Público y sujeta al control de este MáximoOrganismo Contralor de conformidad con lo previstoen el artículo 9 numeral 6 de la Ley Orgánica de laContraloría General de la República y del Sistema Nacionalde Control Fiscal (LOCGRSNCF), Gaceta OficialNº 37.347 del 17-12-2001, ello sin perjuicio del controlque le compete ejercer a su Órgano de Control Interno;actualmente se encuentra tutelado por el Ministerio deEconomía Popular, actual Ministerio del Poder Popularpara la Economía Popular (Gaceta Oficial N° 38.027 del21-09-2004). El objeto principal de FONDEMI, según elartículo 9 del Decreto con fuerza de Ley de Creación,Estímulo, Promoción y Desarrollo del Sistema Microfinanciero,es el de apoyar las políticas de fomento,desarrollo y fortalecimiento del sistema microfinancieroen los términos del Decreto de creación. En estesentido, el artículo 4 ejusdem prevé que, la actividadmicrofinanciera será desarrollada por los entes deejecución, los cuales pueden ser Asociaciones Civiles,Fundaciones, Cooperativas de Ahorros y Créditos yOtras Organizaciones públicas o privadas constituidas,adoptando o no forma de Banco.Alcance y objetivos de la actuaciónLa actuación se circunscribió a la evaluación, medianteanálisis selectivo, de las operaciones llevadas a cabo porFONDEMI durante el ejercicio fiscal 2004 y 1er. cuatrimestrede 2005. En tal sentido, se tomó una muestra de aquellasoperaciones que guardan relación con la ejecución delpresupuesto de gastos, focalizando la acción de controlen la Gerencia General del Fondo, dependencia que tieneadscritas a las Gerencias de: Administración y Finanzas;Promoción y Desarrollo; Operaciones de Créditos; y Seguimientoy Recuperación.231

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007Observaciones relevantesEl artículo 116, numeral 1 del Reglamento Nº 1 de laLey Orgánica de la Administración Financiera del SectorPúblico, sobre el Sistema Presupuestario (Gaceta OficialN° 5.592 Extraordinario del 27-06-2002) dispone que lostraspasos de créditos presupuestarios entre partidas de unmismo o distintos programas, mayores a 10,00 % seránautorizados por la ONAPRE; los traspasos de hasta el 10,00%y mayores a 5,00%, deberán ser autorizados por la máximaautoridad del organismo de adscripción; y, los traspasos dehasta 5,00% los autorizará la máxima autoridad del entedescentralizado, sin embargo se observaron 3 traspasos porBs. 362,00 millones, equivalente a 60,38% del total de loscréditos traspasados durante ese ejercicio fiscal, que fueronrealizados sin contar con la debida aprobación de los nivelescompetentes, tal situación es originada por la ausencia demecanismos de control interno que permitan vigilar que laejecución de los créditos asignados en el presupuesto, lo quetrae como consecuencia una amplia diSCRecionalidad en lareasignación de los créditos presupuestarios entre partidasde un mismo programa o distintos programas.Las partidas específicas 4.01.03.01.00 y 4.01.03.11.00primas por mérito a empleados y obreros presentaron insuficienciade disponibilidad presupuestaria para cancelardicho Bono, el artículo 38 numeral 3 del primer aparte de laLOCGRSNCF, establece que el sistema de control internoque se implante en los entes y organismos deberán garantizarque antes de proceder a realizar pagos, los responsablesse asegurarán del cumplimiento, entre otros, del siguienterequisito: Que exista disponibilidad presupuestaria, por loque el sistema de control interno no garantiza el manejoadecuado de los recursos.Retrasos en los depósitos del aporte patronal al InstitutoVenezolano del Seguro Social (IVSS) y aporte patronal alFondo de Ahorro Habitacional (empleados y obreros), noobstante de acuerdo con lo establecido en el artículo 63 de laLey de Reforma Parcial de la Ley del Seguro Social (GacetaOficial N° 4.322 Extraordinario del 03-10-91) el patronoestá obligado a entregar al IVSS su cuota y la de sus trabajadores.El atraso en el pago causará un interés de mora,además de las sanciones correspondientes y el ReglamentoGeneral de la Ley del Seguro Social, señala que el patronoque no pague las cotizaciones propias y las de su personalen la oportunidad que señale el Instituto, pagará un interésde mora, y también en los artículos 36 y 108 de la Ley queRegula el Subsistema de Vivienda y Política Habitacional(Gaceta Oficial N° 37.066 del 30-10-2000), establecen quelos empleadores o patronos deberán retener las cantidades alos trabajadores, efectuar sus propias cotizaciones y depositardichos recursos en la cuenta única del Fondo MutualHabitacional a nombre de cada empleado u obrero dentrode los primeros 7 días hábiles de cada mes, lo cual trajocomo consecuencia que el Fondo incurriera en mora con laseguridad social de los empleados y los mismos se veríanafectados en el supuesto de la ocurrencia de siniestros queameritaran el uso de estos servicios.Las solicitudes de viáticos de fechas 12-02 y 30-12-2004,respectivamente, por Bs. 4,80 millones y Bs. 1,00 millón,fueron elaboradas a nombre de la Ex-presidenta del Fondo,para cancelar un curso y visitas a un desarrollo endógeno,sin embargo los cheques para cancelar estos compromisos,se elaboraron a nombre de dos funcionarios del Fondo, noobstante el articulo 38 numeral 5 del segundo aparte de laLOCGRSNCF, establece que el sistema de control internoque se implante en los entes y organismos, deberá garantizarque antes de proceder a realizar pagos, los responsablesse aseguren del cumplimiento de los requisitos siguientes:Que correspondan a créditos efectivos de sus titulares, enconsecuencia los recursos fueron recibidos por personasdistintas a las que señalan los soportes de los pagos.Una ex-empleada suscribió un contrato de asesoría con elfondo y recibió viáticos al interior del país siendo beneficiariade un crédito otorgado al Centro de Formación PopularRenaciendo Juntos (CEPOREJUN) para la cría de ganadoporcino en el estado Falcón al respecto, el artículo 21 delReglamento de la Ley de Creación, Estímulo, Promoción yDesarrollo del Sistema Microfinanciero (Gaceta Oficial N°37.223 de fecha 20-06-2001) establece que los empleados delFONDEMI, no pueden formar parte de los entes de ejecución, eigualmente el artículo 145 de la Constitución de la RepúblicaBolivariana de Venezuela establece que los funcionariospúblicos y funcionarias públicas están al servicio del Estadoy no de parcialidad alguna. Quien esté al servicio de los Mu-232

Administración Nacional DescentralizadaSector Serviciosnicipios, de los Estados, de la República y demás personasjurídicas de derecho público o de derecho privado estatales,no podrá celebrar contrato alguno con ellas.El artículo 49 de LOAFSP establece que no se podránadquirir compromisos para los cuales no existan créditospresupuestarios, ni disponer de créditos para una finalidaddistinta a la prevista; no obstante, fueron cancelados gastosde funcionamiento, viáticos y comisión por compra de divisaspor Bs. 280,79 millones, con recursos provenientes delcrédito adicional de Bs. 1.300,00 millones para la adquisiciónde Bancos Móviles, estos recursos fueron autorizadospor la Presidencia debido a la necesidad de cubrir el flujode caja hasta el mes de abril de 2005.El artículo 115 del Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánicade Administración Financiera, sobre el Sistema Presupuestario,establece que la justificación de la solicitud demodificaciones presupuestarias debe contener informacióndetallada, no obstante no se evidenció la justificacióndel crédito adicional por Bs. 1.300,00 millones, para laadquisición de los Bancos Móviles, según la Presidenciadel Fondo y el Ministerio de Finanzas en comunicacionesde fechas 06 y 14-11-2005 respectivamente, informaronque la exposición de motivos no existe y en el FONDEMI noreposan documentos que tengan relación con el caso, enconsecuencia se obvió este requisito al momento de gestionarel crédito adicional.La calificación como ente de ejecución de CEPOREJUN,fue otorgada por la Presidencia del Fondo y no por decisiónde la Junta Directiva, tal como lo establece el Manual dePolíticas relativas a los entes de ejecución, específicamenteel punto 1. Selección y Calificación, en donde se estableceque el Fondo otorgará la calificación de ente de ejecucióna aquellas organizaciones que cumplan con los requisitosestablecidos en la Ley y las normas dictadas al efecto.Dicha calificación será otorgada por la Junta Directiva, loque significa que a CEPOREJUN se le cancelaron servicios nofinancieros sin contar con la debida calificación.Fueron afectados créditos presupuestarios de la partidaespecífica 4.03.16.01.00 “Servicios de gestión administrativaprestados por organismos de asistencia técnica”, paracancelar 5 Talleres, correspondientes a servicios no financierosdictados por CEPOREJUN, por Bs. 21,10 millones, noobstante, la partida específica correspondiente al pago delos Talleres es la 4.07.99.01.00 “Transferencias corrientesdiversas”, de conformidad con el Plan Único de Cuentas delaño 2004. Sobre el particular el artículo 49 de la LOAFSPestablece que no se podrán adquirir compromisos para loscuales no existan créditos presupuestarios, ni disponer decréditos para una finalidad distinta a la prevista, en consecuenciafue afectada la disponibilidad presupuestaria de lapartida específica 4.03.16.01.00, antes mencionada.El artículo 134 de la LOAFSP, señala que la máximaautoridad de cada organismo o entidad tiene la responsabilidadde establecer y mantener un sistema de controlinterno adecuado a la naturaleza, estructura y fines de laorganización y el mismo incluirá elementos de control previoy posterior, y el artículo 38 numeral 1 del primer apartey del segundo aparte de la LOCGRSNCF, establece queel sistema de control interno que se implante en los entesy organismos deberán garantizar que antes de proceder ala adquisición de bienes o servicios, o a la elaboración deotros contratos que impliquen compromisos financieros, losresponsables se asegurarán del cumplimiento, entre otros,de los siguientes requisitos: Que el gasto esté correctamenteimputado a la correspondiente partida del presupuesto o, ensu cargo, a créditos adicionales. Así mismo, deberá garantizarque antes de proceder a realizar pagos, los responsablesse aseguren del cumplimiento, entre otros, de los siguientesrequisitos: Que estén debidamente imputados a créditos delpresupuesto o a créditos adicionales legalmente acordados,sin embargo, fueron cancelados a CEPOREJUN Bs. 3,99 millonespor concepto de gastos de movilización, viáticos ytraslados, en el primer cuatrimestre de 2005, afectándoselas partidas específicas 4.07.02.01.01 “Transferencias decapital a personas” y 4.03.16.01.00 “Servicios de gestiónadministrativa prestados por organismos de asistencia técnica”,aún cuando la partida que le correspondía de acuerdoal Plan Único de Cuentas del año 2004 es la 4.07.99.01.00“Transferencias corrientes diversas”. En consecuencia,se afectaron disponibilidades de partidas presupuestariaslas cuales fueron imputadas incorrectamente y no existesinceridad en las cifras presentadas en la ejecución presupuestariacorrespondiente.233

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007El control interno de FONDEMI presenta debilidades encuanto a la aprobación de normativa interna y carencia demétodos y procedimientos y de acuerdo a lo previsto en elartículo 35 y siguientes de la LOCGRSNCF, en concordanciacon los artículos 3 y 15 de las NGCI, donde se estableceque el control interno es un sistema que comprende, entreotros las normas, métodos procedimientos adoptados porel ente para salvaguardar sus recursos, en consecuencia, lasactividades se desarrollan sin la debida formalidad y existeuna amplia discrecionalidad en la gestión, lo cual puedecomprometer la eficacia y eficiencia de las operacionesadministrativas del fondo.La Ex-presidenta del FONDEMI celebró un contrato con elInstituto Autónomo Aeropuerto Internacional de Maiquetía(IAAIM) en fecha 26-10-2004, a través de una Compañíaconjuntamente con la Directora de Organización y Administracióndel ente de ejecución CEPOREJUN, que prestaservicios financieros y no financieros a FONDEMI, la relaciónsocietaria que mantuvo la Ex-presidenta del FONDEMI conla representante de CEPOREJUN, representó una ventaja einjerencia sobre otros entes de ejecución. Sobre el particularel artículo 145 de la Constitución Nacional establece quelos funcionarios públicos y funcionarias públicas están alservicio del Estado y no de parcialidad alguna. Su nombramientoy remoción no podrán estar determinados porla afiliación u orientación política. Quien esté al serviciode los Municipios, de los Estados, de la República y demáspersonas jurídicas de derecho público o de derecho privadoestatales, no podrá celebrar contrato alguno con ellas, ni porsí ni por interpuesta persona, ni en representación de otrou otra, asimismo en el 34 numeral 1 de la Ley de Estatutode la Función Pública (Gaceta Oficial Nº 37.522 del 06-09-2002), se prohíbe a los funcionarios o funcionarias públicoscelebrar contratos por sí, por personas interpuestas o enrepresentación de otro, con la República, los estados, losmunicipios y demás personas jurídicas de derecho públicoo de derecho privado estatales.El Contrato de Donación entre FONDEMI y Petróleos deVenezuela, S.A. (PDVSA) para financiar exclusivamenteel “Proyecto de Apoyo a la Promoción y Desarrollo de lasCooperativas y Pequeñas y Medianas Industrias relacionadaso no con la Industria Petrolera”, por un monto deBs. 3.000,00 millones se concentraron en un solo ente deejecución (CEPOREJUN), en detrimento de otros entes deejecución que pudieron beneficiarse. Al respecto, el Manualde Políticas relativas a los Entes de Ejecución, estableceen el Punto relativo a los Montos del Financiamiento, quela cifra fijada para el otorgamiento de créditos (serviciosfinancieros) será hasta 10.309 Unidades Tributarias, esdecir, Bs. 254,62 millones (valor de la U.T. 24.700,00 a lafecha de otorgamiento de los créditos).ConclusionesLa gestión de los recursos financieros erogados con cargoal presupuesto de gastos asignado a FONDEMI, duranteel ejercicio fiscal 2004 y primer cuatrimestre de 2005,reflejó entre otros: ausencia de un Reglamento Interno yde Manuales de Normas y Procedimientos que permitangarantizar que la ejecución de los procesos acometidos porlas Gerencias de: Administración y Finanzas, Promocióny Desarrollo, Operaciones de Crédito y Seguimiento y Recuperacióndel Fondo, se realicen atendiendo a criteriosde economía y eficiencia; el proceso de ModificacionesPresupuestarias no se encontraba regulado por un instrumentoformalmente aprobado por la Junta Directivadel Fondo y la ONAPRE, por lo que existe una ampliadiscrecionalidad en la gestión presupuestaria, lo cualcompromete la eficacia y eficiencia de los sistemas decontrol interno.En cuanto a la aplicación de los recursos y la ejecucióndel presupuesto por parte de FONDEMI para el cumplimientode actividades relacionadas con su objeto de creación, estaEntidad Fiscalizadora Superior constató, entre otros que elorganismo presenta situaciones no ajustadas a la normativaque la regula, lo cual no garantizan el adecuado sistema decontrol interno para salvaguardar los recursos manejadospor el Fondo.RecomendacionesSe exhorta a la Junta Directiva, a la Presidencia y a laGerencia de Administración y Finanzas de FONDEMI:• Someter a la consideración de la Junta Directivapara su posterior aprobación, la elaboración de los234

Administración Nacional DescentralizadaSector ServiciosManuales de Normas y Procedimientos que regulenlas actividades, procesos y funciones de las Gerenciassiguientes: Administración y Finanzas, Promoción yDesarrollo, Operaciones de Crédito y Recuperacióndel Fondo.• Someter a consideración de los niveles competentes(ONAPRE y máxima autoridad del Órgano de Adscripción)los trapasos de créditos presupuestarios entrepartidas.• Someter a la aprobación y rendición de cuenta a laJunta Directiva de los compromisos y asuntos queimpliquen erogaciones financieras, así como velarpor el cumplimiento de la normativa legal y reglamentariaque rige en materia presupuestaria previa ala aprobación de estos compromisos.• A la Gerencia de Administración y Finanzas encargadade cancelar los Aportes Patronales al IVSS yal Fondo de Ahorro Habitacional, que debe evitardemoras en la cancelación de estos compromisos,a los fines de garantizar la seguridad social de susempleados y obreros, igualmente como patrono estáobligado conforme a las leyes que regulan la materia,de esta forma evitaría posibles sanciones de parte delos entes responsables de su recaudación.• Generar mecanismos de control dirigidos a garantizarel manejo de los recursos asignados en el presupuesto,y de esta manera evitar el uso de créditos presupuestariospara finalidades distintas a las previstas,así como la afectación incorrecta de disponibilidadespresupuestarias entre partidas específicas e insinceridaden las cifras de la ejecución presupuestaria, paracoadyuvar con el manejo apropiado y transparentede los recursos que conforman el Patrimonio de laRepública.FONDO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO (FONDUR)ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓNDE DESARROLLOS HABITACIONALESEl Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (FONDUR)fue creado por ley (Gaceta Oficial N° 30.790 de fecha09-09-1975), como un instituto autónomo, con personalidadjurídica con un patrimonio propio de Bs. 2.000,00millones, con el objeto de promover a través del uso desus recursos financieros y de la inducción de recursosde otra índole el desarrollo habitacional; el desarrolloinmobiliario a los fines de la desconcentración industrial;el fortalecimiento complementario de la estructura turística;el fortalecimiento de la estructura inmobiliaria,de los servicios asistenciales, educacionales y otros decarácter público. Actualmente, se encuentra adscrito alMinisterio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat,según Decreto N° 5.103 (Gaceta Oficial ExtraordinarioN° 5.836 del 08-01-2007).Mediante la Disposición Transitoria Primera, de la Leydel Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat (GacetaOficial N° 38.182 de fecha 09-05-2005), se le ordenó alEjecutivo Nacional presentar a la Asamblea Nacional,en un lapso no mayor de 90 días continuos contadosa partir de la publicación de la citada ley, el proyectoespecial de liquidación y supresión de FONDUR porlo que, mediante Gaceta Oficial N° 38.205 de fecha09-06-2005, el entonces Ministro para la Vivienda yHábitat, nombró la Comisión liquidadora del fondo ypor la Disposición Quinta ejusdem, se creó una JuntaLiquidadora, la cual entró en funciones mediante Resoluciónde fecha 30-05-2005.Dentro de los megaproyectos contemplados en el PlanEspecial de Viviendas de FONDUR del año 2000, se encuentrael desarrollo habitacional Ciudad Zamora, ubicado enCúa, estado Miranda, en un terreno propiedad del fondo talcomo consta en documento registrado en fecha 29-12-2000,el cual cuenta con una extensión aproximada de 117,76hectáreas y en el que se previó la construcción de 3.984unidades habitacionales (2.304 viviendas unifamiliares y1.680 multifamiliares), dirigidas a atender a familias debajos recursos, así como a familias damnificadas provenientesdel estado Vargas.Por su parte, el desarrollo habitacional Alto Verde ubicadoen el sector Ramo Verde de la ciudad de Los Tequesdel estado Miranda, en un terreno de 64,40 hectáreaspropiedad de la Guardia Nacional, en el que se previó laconstrucción de 1.200 viviendas, distribuidas en 7 etapas,dirigidas a satisfacer originalmente, una demanda de 428familias damnificadas del estado Vargas y las 772 restantes235

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007a ser adjudicadas conforme lo establece la Ley del Subsistemade Vivienda y Política Habitacional (Gaceta OficialNº 37.066 de fecha 30-10-2000), vigente para la fecha deelaboración del proyecto, estaba contemplado dentro delPlan de Emergencia Nacional 2001.Alcance y objetivos de la actuaciónLa actuación estuvo orientada a practicar un análisisexhaustivo de la aplicación de los recursos asignados aFONDUR, para la ejecución de los desarrollos habitacionalesCiudad Zamora y Alto Verde, correspondiente a los años2000 al 2006, a los efectos de cuantificar los recursos financierosdestinados por el fondo para la ejecución de losreferidos desarrollos y determinar si los recursos financierosfueron utilizados para tal fin.Observaciones relevantesDe la revisión efectuada a los presupuestos aprobadosa FONDUR durante el período 2000-2006, así como de losdecretos de créditos adicionales asignados a la institución,se determinó que en los recursos previstos para la construcciónde urbanismos (partida 4.04.00.00.00 “ActivosReales”), no se encuentran discriminados los aportes aser aplicados para la culminación de los citados desarrollos,debido a que el fondo no elaboró una programaciónpresupuestaria desagregada por urbanismos, dejando enevidencia que la entidad desconoce los recursos necesariospara la culminación de las citadas soluciones habitacionales,razón por la cual, la distribución de los créditospresupuestarios asignados a FONDUR, se ejecuta en lamedida que se contratan las obras y servicios necesariospara su culminación, es decir, que dicha ejecución estásupeditada a la disponibilidad presupuestaria existentepara el momento de generarse el requerimiento de obra oservicio. Tales situaciones han ocasionado que los trabajosrelacionados con las obras no hayan sido concluidos, noobstante haber transcurrido aproximadamente 7 años, contadoshasta la fecha de la presente actuación (25-05-2007).En tal sentido, el artículo 2° del Reglamento N° 1 de laLey Orgánica de la Administración Financiera del SectorPúblico, sobre el Sistema Presupuestario (Gaceta OficialExtraordinario N° 5.781 de fecha 12-08-2005), estableceque los órganos y entes sujetos a la Ley Orgánica de laAdministración Financiera del Sector Público, formularány aplicarán la técnica de elaboración del presupuesto porProyectos y Acciones Centralizadas; en razón de lo cual,los presupuestos a partir del año 2006, debieron ser formuladosespecificando los diversos proyectos a los cualesestarían dirigidos sus recursos. Por otra parte, el artículo 8de la Ley Orgánica de Planificación (LOP), Gaceta OficialExtraordinario N° 5.554 de fecha 13-11-2001, señala quepara lograr la imagen objetivo, los planes deben ser sociopolítico,económico-financiero y técnicamente viables;entendiéndose la viabilidad económico-financiera, tal comose establece en el artículo 10 ejusdem, que el desarrollode los planes cuente con suficientes recursos humanos,naturales y financieros.FONDUR no contó con una programación efectiva de lasactividades necesarias para la culminación de los desarrolloscitados, debido a la ausencia de un proyecto definitivopara las obras, en los que se indicara, entre otros aspectos,los montos estimados y los cronogramas de ejecución; noobstante que el artículo 2 de las Condiciones Generalesde Contratación para la Ejecución de Obras (CGCEO),Gaceta Oficial N° 5.096 Extraordinario de fecha 16-09-1996, establece que formará parte del contrato, entre otrosdocumentos técnicos, los planos y demás documentos queentregue el Ente Contratante al Contratista, los cuales determinarány especificarán las obras a ejecutar. Lo antesexpuesto no le ha permitido al fondo conocer con exactitudsi la construcción de los referidos desarrollos se efectuóbajo parámetros de eficiencia y economía, ni ejercer unasupervisión oportuna y adecuada para exigir a la contratistala ejecución de sus obligaciones contractuales con lamáxima diligencia y de manera continua; situaciones quevan en detrimento del sistema de control interno del fondo,y limitan su capacidad para cumplir con el fin últimoprevisto en la Carta Magna, el cual es, que el Estado daráprioridad a las familias y garantizará el derecho que tienetodo venezolano de contar con una vivienda adecuada ysegura.Para la ejecución de las obras correspondientes a losreferidos desarrollos, FONDUR según la asignación presupuestariadel período 2000-2006, comprometió Bs. 8.216,75236

Administración Nacional DescentralizadaSector Serviciosmillones y Bs. 117.806,42 millones, respectivamente, paraun total de Bs. 126.023,17 millones, a saber:• Con respecto al desarrollo habitacional Alto Verde,se determinó que se han concluido 400 viviendas, loque representa 33,33% del total previsto (1.200); esdecir, que después de 5 años y 8 meses de ejecuciónde obras (contados a partir del 02-05-2000, fecha delActa de Inicio hasta el 31-12-2006 y con un total decompromisos asumidos por Bs. 117.806,42 millones,resta por concluir 800 soluciones habitacionales.• En cuanto al desarrollo habitacional Ciudad Zamora,FONDUR suscribió un total de 7 contratos, entre losaños 2000 al 2002, totalizando compromisos por Bs.8.216,75 millones; sin embargo, a la fecha de la presenteactuación (25-05-2007) sólo se había ejecutadoel movimiento de tierra.Cabe destacar, que el Instituto de Vivienda y Equipamientode Comunidades del estado Miranda (INVIMI-RANDA), contrató la ejecución de viviendas y urbanismodel desarrollo habitacional Ciudad Zamora, por Bs.96.495,84 millones, realizando erogaciones por Bs.29.510,50 millones, sin que se evidencie documentomediante el cual se realizó la transferencia formal dedichos activos, los cuales siguen formando parte delpatrimonio de FONDUR.Las situaciones anteriormente descritas, se originaronmotivado a la ausencia de un proceso de planificación estructurado,lo cual se evidencia a través de la inexistencia delos proyectos definitivos de obras, que le permitiera al fondola programación efectiva de las actividades necesarias parala culminación de los citados desarrollos habitacionales, alos efectos de ejercer una supervisión oportuna y adecuadade su ejecución, y de esta forma detectar las posibles desviacionespara exigir a las empresas contratistas la ejecuciónde sus obligaciones contractuales con la máxima diligenciay de manera continua. Es decir, FONDUR no garantizó quelos recursos fueran aplicados oportunamente en la consecuciónde los desarrollos en referencia, situación que va endetrimento del objetivo misional del fondo, en perjuicio desu patrimonio y por ende del Estado venezolano, limitandoademás la acción del Ejecutivo Nacional para la consecucióndel derecho social establecido en el artículo 82 de laCarta Magna, referido a que toda persona tiene derechoa una vivienda digna. En tal sentido, el artículo 35 de laLey Orgánica de la Contraloría General de la República ydel Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF),Gaceta Oficial Nº 37.347 del 17-12-2001, establece que elControl Interno es un sistema que comprende el plan deorganización, las políticas, normas, métodos y procedimientosorientados a salvaguardar sus recursos, verificarla exactitud y veracidad de su información financiera yadministrativa; en concordancia con el artículo 36 ejusdem,el cual señala la responsabilidad por parte de las máximasautoridades jerárquicas de cada ente, de organizar, establecer,mantener y evaluar el sistema de control interno. Así como elantes citado artículo 2 de las CGCEO.Del análisis comparativo realizado a la documentaciónsuministrada por la Gerencia de Construcción y Proyectos,y la Oficina de Planificación y Presupuesto, se determinóque existen discrepancias entre la información reflejada enlos registros de operaciones presupuestarias y financierasde las 2 dependencias, detalladas de seguida:• En cuanto al desarrollo habitacional Ciudad Zamora,la Gerencia de Construcción y Proyectos refleja unmonto por Bs. 8.065,82 millones, debido a contratossuscritos con diferentes empresas contratistas, lo quearroja una diferencia, determinada por este máximoOrganismo Contralor, por Bs. 150,93 millones.• Con respecto al desarrollo habitacional Alto Verde,según la Gerencia de Construcción y Proyectos, sesuscribieron, al 31-12-2006, 45 contratos por un totalde Bs. 129.543,03 millones, para una diferencia deBs. 11.736,61 millones.Lo antes expuesto, se originó por fallas en el sistemade comunicación entre las unidades involucradas en elseguimiento y control de los recursos mediante los cualesse financian dichas obras, no obstante que el artículo 30 delas Normas Generales de Control Interno (NGCI), GacetaOficial N° 36.229 de fecha 17-06-1997, establece que comosoporte de los sistemas y mecanismos de control interno sedebe implantar un sistema de coordinación y comunicaciónque provea información relativa a las operaciones, confiable,oportuna, actualizada y acorde a las necesidades de losorganismos, así como, el artículo 32 ejusdem, señala que la237

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007máxima autoridad jerárquica y demás niveles organizativoscompetentes deberán, entre otros aspectos, establecercontroles para los sistemas administrativos, financieros ytécnicos, a los fines de asegurar que los datos procesadosy la información producida sean consistente, completa yreferida al período del que se trate.La oficina de Planificación y Presupuesto del fondono cuenta con un sistema que le permita obtener fácil yoportunamente la información necesaria para el control yseguimiento presupuestario de los recursos mediante loscuales se financian las obras de los desarrollos habitacionalesen referencia, debido a que se encuentra distribuidaen varios reportes, clasificados por el origen presupuestariode los fondos asignados (presupuesto ordinario, créditosadicionales, entre otros), situación que dificulta la toma dedecisiones, a los efectos de salvaguardar su patrimonio. Alrespecto, el artículo 36 de la LOCGRSNCF en concordanciacon el artículo 134 de la Ley Orgánica de la AdministraciónFinanciera del Sector Público (Gaceta Oficial N° 5.262 Extraordinariode fecha 11-04-2007), señalan que correspondea las máximas autoridades jerárquicas la responsabilidadde organizar, establecer, mantener y evaluar el sistemade control interno, entendiéndose por control interno, talcomo lo establece el artículo 35 de la LOCGRSNCF, encorrespondencia con el artículo 131 de la LOAFSP, comoun sistema que comprende el plan de organización, laspolíticas, normas, así como los métodos y procedimientosadoptados dentro de un ente u organismo para salvaguardarsus recursos, verificar la exactitud y veracidad de su informaciónfinanciera y administrativa, promover la eficiencia,economía y calidad en sus operaciones, estimular la observanciade las políticas prescritas y lograr el cumplimientode su misión, objetivos y metas.A mayo de 2007, no se había transferido al fondo latitularidad de la propiedad de los terrenos en los cuales seejecutan las obras dirigidas a la conformación del desarrollohabitacional Alto Verde. En tal sentido, la Gerencia deTierras de FONDUR, comunicó a este máximo OrganismoContralor, que dicho documento no se ha concretado, todavez que la Procuraduría General de la República está solicitandoinformación relacionada con el caso, por lo que elfondo no es el propietario legal de los terrenos en los cualesse efectúa la construcción del desarrollo habitacional, loque incidirá directamente en el proceso de protocolizaciónde los documentos de adquisición de las viviendasa suscribir con beneficiarios, y por ende, el producto de lasrecuperaciones de la inversión, a través de la venta de dichassoluciones habitacionales, no podrían ser aplicados en lostérminos previstos en la Ley que Regula el Subsistemade Vivienda y Política Habitacional. Es decir, que lasviviendas no cuentan con la formalidad establecida en elartículo 45 de la Ley de Registro Público y del Notariado(Gaceta Oficial Extraordinaro Nº 5.833 del 22-12-2006),que prevé que el Registro Inmobiliario tiene por objeto lainscripción y anotación de los actos o negocios jurídicosrelativos al dominio y demás derechos reales que afectenlos bienes inmuebles.ConclusionesFONDUR no ha sido diligente ni se ha manejado dentro delos principios de eficiencia, eficacia y economía, en lo querespecta a la consecución de los objetivos y metas que sehabía planteado para los desarrollos habitacionales CiudadZamora y Alto Verde, toda vez que los trabajos relacionadoscon la construcción de 3.984 viviendas, iniciados entre losaños 2000 y 2001, a la fecha del presente informe no hansido culminados, no obstante haber comprometido presupuestariamentedurante el período 2000-2006, un montototal por Bs. 126.023,17 millones, situación que ha incididonegativamente en la capacidad de FONDUR para satisfacerla demanda de solicitudes de vivienda de interés social,en detrimento de los ciudadanos del estado Miranda queameritan una vivienda digna, higiénica, con servicios básicosesenciales que incluyan un hábitat que humanice lasrelaciones familiares, vecinales y comunitarias, conformelo dispuesto en el artículo 82 de la Carta Magna.RecomendacionesSe recomienda a la Junta Liquidadora de FONDUR, losiguiente:• Abocarse a subsanar las fallas y deficiencias observadasen relación con la ejecución presupuestaria ycontrol de los contratos suscritos por el fondo parala construcción de los desarrollos habitacionales, a238

Administración Nacional DescentralizadaSector Servicioslos fines de que el proceso de liquidación, medianteel cual esa junta asumió las obligaciones propias dela institución, esté dirigido de manera efectiva, permitiendocrear la plataforma organizativa requerida,para asegurar que al organismo al que se le confieransus funciones, corrija las situaciones planteadas, enel sentido de sincerar la totalidad de los recursos quepor estos conceptos se han otorgado a las empresascontratistas, con miras a lograr un manejo adecuado delos recursos asignados para satisfacer las necesidadesde la colectividad contempladas en el InstrumentoConstitucional.• Elaborar la programación presupuestaria por urbanismoso desarrollos habitacionales, a los efectos deconocer los recursos necesarios para la culminación delos desarrollos habitacionales que el fondo ejecuta.• Elaborar los correspondientes proyectos definitivosa fin de conocer y programar los recursos y accionesnecesarias para la ejecución y/o culminación de losdesarrollos habitacionales, que le permita al fondoel control y supervisión efectiva y oportuna de lostrabajos y de los recursos aplicados.• Definir y solventar la situación presentada en el urbanismoCiudad Zamora, en el cual la Gobernación delestado Miranda dio inicio a la construcción de desarrollo,sin que el Fondo haya otorgado formalmentesu consentimiento.FONDO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO (FONDUR)CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDASEl Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (FONDUR) es unInstituto Autónomo con personalidad jurídica, autonomíafuncional y patrimonio propio, distinto e independientede la República, creado por Ley publicada en la GacetaOficial Nº 30.790 de fecha 09-09-1975. En la actualidad seencuentra bajo la tutela del Ministerio del Poder Popularpara la Vivienda y Hábitat (Gaceta Oficial N° 5.836, Extraordinariode fecha 08-01-2007), mientras dure el procesode liquidación, toda vez que por medio de la Ley del RégimenPrestacional de Vivienda y Hábitat (LRPVH), disposicionestransitorias, derogatorias y final, Gaceta OficialN° 38.182 de fecha 09-05-2005, se establece la supresión yliquidación de FONDUR, así como la creación de una juntaliquidadora. Tiene como objeto promover, a través del usode sus recursos financieros y de la inducción de recursosde otra índole, el desarrollo habitacional, inmobiliario y elfortalecimiento de la estructura turística, entre otros. Suestructura organizativa está compuesta por las Gerenciasde Tierras, Proyectos y Construcción, Comercializacióny Finanzas.En correspondencia con las políticas del estado venezolano,FONDUR desarrolló diversos programas, tales como,el denominado “Programa V: Nuevas Urbanizaciones yViviendas de Desarrollo Progresivo”, previsto en la Ley queregula el Subsistema de Vivienda y Política Habitacional(LSVPH) y sus Normas de Operación, Gacetas OficialesNos 5.392 del 22-10-1999 y N° 37.305 del 17-10-2001, respectivamente,el cual se orientó a la dotación de nuevasurbanizaciones y viviendas de desarrollo progresivo quepuedan absorber el crecimiento de la población urbana yrural de bajos ingresos. Asimismo, dentro de este programamarco se encuentra el Sub-programa “FONDUR 1C”, el cualtiene como objeto otorgar apoyo financiero a las empresaspromotoras privadas para la construcción de urbanismoy viviendas, desarrollado con recursos provenientes delFondo de Aportes del Sector Público (FASP), rendimientosde la Ley de Política Habitacional (LPH) y el Fondo MutualHabitacional (FMH), entre otros.De igual manera, en el marco del desarrollo del mencionadoprograma, en fecha 04-05-2000, se celebró unconvenio interinstitucional entre el Consejo Nacional dela Vivienda (CONAVI), FONDUR y el Servicio Autónomo deFondos Integrados de Vivienda (SAFIV). Dicho convenioseñala que el CONAVI actuaría como organismo planificador,organizador y prestador de la asistencia técnica habitacional,FONDUR sería el órgano ejecutor de las viviendas y elSAFIV a través del FASP, sería el órgano encargado deaprobar y colocar a disposición de FONDUR, los recursoseconómicos. De igual manera se establece la obligatoriedadde FONDUR de realizar el control y seguimientode recursos disponibles y comprometidos, a los fines deque sean utilizados de conformidad con los proyectos ycontratos establecidos, así como contratar la ejecución delas obras de urbanismo y construcción de las viviendas.Asimismo, el convenio contemplaba la ejecución de 11.748239

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007viviendas, distribuidas de tal manera que para el EstadoApure se estableció un total de 738 viviendas, de las cuales,195 correspondían a la construcción de la II etapa dela Urbanización “La Trinidad”, Municipio San Fernandodel Estado Apure.En fecha 02-06-2000, FONDUR suscribió un contrato defideicomiso de administración con la entidad financieraValencia Entidad de Ahorro y Préstamo C.A., actualBanco Occidental de Descuento, C.A., por un monto deBs. 1.693,41 millones, para la ejecución de viviendasdestinadas a familias de escasos recursos, cuyo ingresomensual alcanzara la cantidad de 55 unidades tributarias(55 x 9.600 = Bs. 528,00 mil).Alcance y objetivos de la actuaciónLa actuación se circunscribió a verificar la situaciónadministrativa de los contratos de obras suscritos porFONDUR, para la construcción de la “Urbanización La Trinidad”,ubicada en el Sector La Horqueta del Municipio SanFernando, Estado Apure, así como evaluar la aplicaciónde los recursos utilizados para su ejecución, conformea la normativa que rige la materia y el cumplimiento delas cláusulas establecidas en los referidos contratos en elperíodo 2000-2005.Observaciones relevantesNo se evidenció la aprobación del instrumento normativodenominado “Manual de Fideicomiso, Programa deApoyo Financiero a Promotores Privados”, no obstanteque los manuales técnicos y de procedimientos deben seraprobados por las máximas autoridades jerárquicas de losorganismos y entidades, según lo establece el artículo 22 de lasNormas Generales de Control Interno (NGCI), Gaceta OficialNº 36.229 de fecha 17-06-1997. Asimismo, el artículo 55 delReglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de laRepública (Gaceta Oficial N° 37.169 del 29-03-2001), estableceque se considerará como máxima autoridad jerárquica al órganoejecutivo a quien corresponda la dirección y administracióndel organismo o entidad, de acuerdo con el régimen jurídicoque le sea aplicable; en caso de que el organismo o entetenga junta directiva o administradora, serán estos los quese considerarán máxima autoridad jerárquica, por lo tanto,son los responsables de organizar, establecer, mantener yevaluar el sistema de control interno, conforme lo estableceel artículo 36 de la Ley Orgánica de la Contraloría Generalde la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal(LOCGRSNCF), Gaceta Oficial Nº 37.347 de fecha 17-12-2001, a los efectos de salvaguardar sus recursos y lograrel cumplimiento de sus objetivos y metas.Lo descrito obedece a que el mencionado Manual, surgióen el marco de los lineamientos proporcionados por laLey de Política Habitacional y sus Normas de Operación,y debido a las diversas modificaciones que ha sufrido estaLey y sus Normas, ha generado constantes ajustes y conello, la imposibilidad de obtener la aprobación definitivadel mismo. Tal situación trae como consecuencia que lasactividades llevadas a cabo por FONDUR en materia deapoyo financiero a promotores privados, sean ejecutadasde manera discrecional, toda vez que está haciendo uso deun instrumento normativo, el cual no ha sido formalmenteaprobado por las instancias correspondientes.FONDUR suscribió contrato de fideicomiso de administracióncon la entidad financiera Valencia Entidad de Ahorroy Préstamo, C.A., actual Banco Occidental de Descuento,por Bs. 1.693,41 millones a los fines de la construcción deurbanismo y 195 unidades de viviendas correspondientesa la “Urbanización La Trinidad”, destinadas a familias deescasos recursos. Las mismas serían adquiridas a travésde la Ley que Regula el Subsistema de Vivienda y PolíticaHabitacional (LRSVPH), Gaceta Oficial Nº 37.066 de fecha30-10-2000, y tendrían un costo original de Bs. 9,15 millonespor unidad de vivienda. Luego, a través de ResoluciónN° SG-6-143 de fecha 20-11-2000, se otorgó un incrementoal fideicomiso de Bs. 120,00 millones, toda vez que en elproyecto original se subestimaron y omitieron cantidadesde obras, las cuales se realizaron para poder cumplir conel mismo, quedando así un nuevo precio de Bs. 9,73millones por unidad de vivienda. Seguidamente, envirtud de las modificaciones realizadas al presupuestode la obra, en fecha 15-02-2001, el fiduciario otorgó ala empresa promotora, una ampliación del crédito porBs.123,74 millones. Posteriormente, se aprobó la cantidadde Bs. 66,55 millones por concepto de ejecución de240

Administración Nacional DescentralizadaSector Serviciosobras extras, las cuales fueron canceladas a la empresapromotora, con cargo a las cuotas iniciales aportadas porlos adquirientes, sin aumentar el monto del fideicomisoy sin formar parte del crédito a corto plazo, quedandoasí un precio de venta final de las viviendas de Bs. 11,39millones.Lo descrito evidencia variación del costo de las viviendas,toda vez que al comparar el precio de venta inicialBs. 9,15 millones, en relación con el precio final Bs. 11,39millones, se obtiene como resultado un porcentaje de incrementoen el lapso de un año, equivalente a 24,43%, lo quedeja de manifiesto las fallas existentes en la planificacióny elaboración del proyecto, con el consecuente incrementoen el costo de las viviendas, afectando de esta manera alas familias de escasos recursos, toda vez que tendrían querealizar una mayor erogación para adquirir sus viviendas,lo que no se corresponde con el objeto previsto a través delos programas destinados a tales fines.En los expedientes suministrados por la Gerencia deComercialización de FONDUR, relacionados con la construcciónde la “Urbanización La Trinidad”, II etapa, no reposatoda la información inherente a los contratos suscritos, alos efectos de evaluar la correcta ejecución de los trabajos,así como los recursos aplicados, en aras de una sana gestiónadministrativa. Al respecto, el artículo 23 de las NGCI,señala que los documentos deben contener informacióncompleta y exacta, archivarse siguiendo un orden cronológicou otros sistemas de archivo que faciliten su oportunalocalización y conservación durante el tiempo establecidolegalmente. De igual manera, las máximas autoridadesdel organismo, adoptarán las medidas necesarias parasalvaguardar y proteger los documentos contra incendio,sustracciones o cualquier otro riesgo. Esta situación obedecea que existen documentos, los cuales no son manejadospor esa Gerencia, toda vez que no se contrata obra, sinoque se otorga el apoyo financiero a través de la figura defideicomiso de administración al promotor.Lo descrito, evidencia fallas en el sistema de controlinterno que debe ejercer la Gerencia de Comercializaciónde FONDUR, sobre las operaciones efectuadas para la ejecucióndel desarrollo habitacional; igualmente limita lasactividades de control que le compete ejercer a los órganosde control fiscal.El acta de inicio de los trabajos correspondientes a laconstrucción de la “Urbanización La Trinidad”, fue suscritaen fecha 07-06-2000 y contó inicialmente con un lapso deejecución de 10 meses, no obstante, fue otorgada una prórrogade de 2 meses, toda vez que se produjeron retrasoscomo consecuencia de la temporada de lluvias, así comoen la entrega de equipos relacionados con la planta detratamiento de aguas negras, quedando suscrita el actade terminación en fecha 06-06-2001. Sin embargo, através de la Gerencia de Proyectos y Construcción deFONDUR, en fecha 20-02-2001, se suscribió un contratocon la “Promotora La Trinidad” por Bs. 231,98 millonesa los fines de la construcción de la vialidad de acceso ala urbanización.Al respecto, el artículo 2 de las Condiciones Generalespara la Contratación y Ejecución de Obras (CGCEO),Gaceta Oficial N° 5.096 del 16-09-1996, dispone queforman parte del contrato todos aquellos documentos quedeterminen y especifiquen la obra a ejecutar, lo cual traecomo consecuencia debilidades de control interno vinculadascon la planificación, toda vez que no fue prevista laconstrucción de la mencionada vialidad, lo que ocasionaincremento de los costos de la referida obra, por cuanto elFondo debe incurrir en una mayor erogación de recursos,a los fines de satisfacer las necesidades de las personas quehabitarían el urbanismo.ConclusionesEl sistema de control interno de FONDUR presenta fallasen su implementación, en virtud de que el “Manual deFideicomiso, Programa de Apoyo Financiero a PromotoresPrivados”, no se encuentra formalmente aprobadopor las máximas autoridades, generando discrecionalidaden la ejecución de las actividades llevadas a cabo por losfuncionarios de las distintas gerencias involucradas enla ejecución del referido programa, aunado a que en losexpedientes relacionados con la ejecución de la obra, noreposa toda la información inherente a los contratos suscritos,a los efectos de evaluar la correcta ejecución de los241

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007trabajos, así como los recursos aplicados, en aras de unasana gestión administrativa.Por otra parte, el fondo presenta fallas relativas a la planificacióny elaboración del proyecto, por cuanto se realizaronaumentos en el presupuesto de las obras y se suscribieroncontratos adicionales con el objeto de construir la vialidadde acceso a la urbanización, generando incremento en elcosto de las viviendas, en detrimento del beneficio de lasfamilias de escasos recursos.Recomendaciones• Abocarse a subsanar las fallas y deficiencias observadasen relación con el control de los contratossuscritos por ese Fondo, para la ejecución de losdesarrollos habitacionales, a los fines de que elproceso de liquidación, mediante el cual esa Juntaasume las obligaciones propias de la Institución,esté dirigido de manera efectiva, permitiendo crearla plataforma organizativa requerida, para asegurarque el organismo que asuma las funciones, corrijalas situaciones contenidas en el presente Informe,procurando satisfacer las necesidades de la colectividad,y cumplir, entre otros, con las metas previstas,con el objeto de lograr un adecuado manejo de losrecursos asignados.• Exhortar a la Gerencia de Comercialización de FON-DUR a efectuar un control efectivo y una correctaconformación de los expedientes relativos a la construcciónde los desarrollos habitacionales, a los finesde garantizar su correcto traslado a la Institución queasuma las obligaciones, para lograr la continuidad y/oculminación de los referidos proyectos.FONDO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO (FONDUR)CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDASFONDUR surge de acuerdo con la “Ley que Crea al FondoNacional de Desarrollo Urbano” (Gaceta Oficial Nº30.790 del 09-09-75), creado como Instituto Autónomocon personalidad jurídica y cuenta con un patrimoniopropio de Bs. 2.000,00 millones, independiente delTesoro Nacional. Inicialmente fue adscrito al entoncesMinisterio de Desarrollo Urbano (MINDUR), actual Ministeriodel Poder Popular para la Infraestructura, porDecreto Nº 5103, sobre Organización y Funcionamientode la Administración Pública Nacional, aprobado en fecha28-12-2006 (Gaceta Oficial Extraordinario Nº 5.836de fecha 08-01-2007). Actualmente, está adscrito alMinisterio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitatsegún lo establecido en la precitada Gaceta Oficial. LaAsamblea Nacional, a través de la Ley del Régimen Prestacionalde Vivienda y Hábitat, estableció en el TítuloVII, Capítulo I, Disposición Primera, que el EjecutivoNacional debía presentar en un lapso no mayor de 90días continuos, el proyecto de ley especial de supresióny liquidación del Fondo.Antes de la promulgación de la Ley de Subsistema yPolítica Habitacional que da inicio a la liquidación de laInstitución, FONDUR tenía como política atender el Programade Apoyo Financiero a través de los recursos de laLey de Subsistema y Política Habitacional y por medio deProgramas Especiales, en los cuales participan organismosdel sector público con recursos diferentes a los asignadospor la Ley y su era ser el intermediario entre el Estado y lapoblación para actuar en el sector vivienda, en las áreas definanciamiento, promoción, ejecución y adjudicación. Lavisión era la de convertirse en una organización pública delsector vivienda, caracterizada internamente por la sinergiaorganizacional, orientada a consolidar desarrollos enmarcadosdentro del concepto de hábitat productivo y desarrolloendógeno, por ello, en fecha 15-11-1996, se suscribió uncontrato de fideicomiso entre FONDUR (Fideicomitente) yFondo Común Entidad y Ahorro y Préstamo (Fiduciario)actual Banco Fondo Común (BFC), Banco Universal, elcual fue autenticado ante la Notaría Pública Undécimade Caracas del Municipio Libertador en la misma fecha,para dar apoyo financiero a la empresa contratista(Promotora) por la cantidad de Bs. 436,71 millones,destinada para la construcción de 160 viviendas dotadasde los servicios básicos de urbanismo, calificadas dentrodel área de Asistencia I, prevista en la Ley de PolíticaHabitacional y sus Normas de Operación, correspondienteal proyecto denominado urbanización “Brisas dePedregales” ubicado en las Cabreras Municipio Marcanodel Estado Nueva Esparta.242

Administración Nacional DescentralizadaSector ServiciosAlcance y objetivos de la actuaciónLa actuación se orientó a la evaluación del expedienterelacionado con el contrato de fideicomiso de administración,suscrito por FONDUR y Fondo Común Entidad deAhorro y Préstamo, actual Banco Fondo Común (BFC),Banco Universal, para la construcción de la urbanización“Brisas de Pedregales”, ubicada en el Municipio Marcanodel Estado Nueva Esparta, así como, los recursos financierosutilizados en su ejecución, durante los ejerciciosfiscales 1996 al 2005, a los fines de verificar que se ajustena las disposiciones legales y sublegales aplicables. Paratales fines, se fijaron los siguientes objetivos específicos:verificar que el contrato de fideicomiso suscrito por FONDUR,para la construcción de la Urbanización se han ejecutadoconforme la normativa que rige la materia, así como, lascláusulas establecidas en el referido contrato, determinarque los recursos financieros destinados a la ejecución dela urbanización han sido utilizado para tal fin, igualmenteverificar “in situ” la situación física de las obras contempladasen los contratos.Observaciones relevantesEn la fecha que se suscribió el contrato de fideicomiso(15-11-1996), para la construcción de la urbanización“Brisas de Pedregales”, FONDUR contaba con un “Manualde Normas y Procedimientos de Otorgamiento y Controlde Contratos de Fideicomiso”, el cual no estaba aprobadopor la máxima autoridad del fondo, debido a los constantesajustes del Manual de Fideicomiso, en el marco delos lineamientos proporcionados, principalmente por laLey de Política Habitacional y sus Normas de Operación.Inobservando las Normas Específicas de Control Interno,correspondientes a las Normas de Control Interno paralos Entes de la Administración Pública Descentralizada(NCIEAD), Gaceta Oficial N° 33.214 del 02-05-85, queestablecían que todo lo relacionado con los manualestécnicos y de procedimientos, deben estar aprobados porlas máximas autoridades jerárquicas de los organismos yentidades. Trayendo como consecuencia, que el Fondo hayautilizado un manual que no cumplía con los requerimientosformales de aprobación, y por tanto, el manejo del contratode fideicomiso quedó a discreción de los funcionarios afectandola actividad de la administración pública que debedesarrollarse segun principios de economía, celeridad,eficacia y transparencia.El expediente del Contrato de Fideicomiso, suscrito entreFONDUR y Fondo Común Entidad de Ahorro y Préstamo,actual BFC, Banco Universal, que reposa en el ArchivoGeneral de la Nación, no contiene la información necesaria,por cuanto faltan documentos indispensables de laobra Brisas de Pedregales, tales como: actas de AceptaciónProvisional y de Recepción Definitiva, Contrato de Inspecciónsuscrito entre la Entidad Bancaria y la IngenieroInspector designada por FONDUR, permiso de habitabilidad,entre otros, que permitan conocer la situación del contratoy que demuestre la conformidad por parte de FONDUR dela correcta ejecución de los trabajos, pese a que la obrafue culminada en el año 1998. Situación que evidenciadebilidades en el seguimiento y control que dicho Fondodebe llevar en relación con los expedientes que pertenecena sus archivos y que fue enviado al Archivo General de laNación, según consta en el Oficio Nº 1.410 de fecha 28-07-2006, firmado por el Presidente de la Junta Liquidadora deFONDUR. No obstante lo indicado en artículo 141 de la LeyOrgánica de la Administración Pública (LOAP), GacetaOficial N° 37.305 del 17-10-2001; en concordancia con elartículo 23 de las Normas Generales de Control Interno(NGCI), Gaceta Oficial N° 36.229 del 17-06-97, disponenque los documentos deben contener información completay exacta, archivarse siguiendo un orden cronológico u otrossistemas de archivo que faciliten su oportuna localización,y conservación durante el tiempo establecido legalmente.Situación que limitó a esta Contraloría General, el análisisadministrativo y técnico del referido contrato por cuantose fundamentó en el expediente que reposa en la Divisiónde Fideicomiso adscrita a la Gerencia de Finanzas, quecontiene exclusivamente el rendimiento del fideicomiso; yno permite un control eficaz al no poder verificar si el fondocumplió con las normativas legales y sublegales establecidasen este tipo de Contrato de Fideicomiso Administrativofirmados con los entes financieros.De la inspección física practicada a la Urbanización“Brisas de Pedregales”, el 29-08-2006, se determinó quelas viviendas adjudicadas se entregaron sin contar con243

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007los servicios esenciales de habitabilidad, es decir, falta deacabados en pisos y paredes, así como, techos sin impermeabilizaciónexterior insuficiencia de drenajes de aguasde lluvias, carencia de carpeta asfáltica, situación motivadaa la falta de una efectiva supervisión por parte del responsablepor la correcta ejecución de los trabajos, no obstanteque los artículos 45 y 94 del Decreto 1.417 de las NormasGenerales de Contratación para la Ejecución de Obras (CG-CEO), Gaceta Oficial N° 5.096 Extraordinario del 16-09-96,establecen las atribuciones y obligaciones del ingenieroinspector, entre las cuales destaca la fiscalización de lostrabajos que ejecute el contratista y la buena calidad de lasobras concluidas o en proceso de ejecución; la obligaciónde informar mensualmente las anormalidades que observedurante la ejecución de las obras y la responsabilidadque tiene el contratista y el ente contratante por la buenaejecución de las obras. Lo que redundó en el consecuentedeterioro de los elementos que conforman el Urbanismo,evidenciándose la necesidad de realizar un mantenimientocorrectivo a las referidas obras, con recursos adicionalesen detrimento del patrimonio del Estado, sin cumplir conel fin último previsto en la Ley de Política Habitacional(LPH), (Gaceta Oficial N° 4.659 Extraordinario del 15-12-93), vigente para el período evaluado, el cual es dotar deviviendas dignas a las comunidades.El sistema de recolección y tratamiento de aguas servidasconformado por un pozo séptico y cuatro sumideros,ubicados hacia el extremo Nor-Oeste del terreno de laUrbanización “Brisas de Pedregales” colapsó, motivado aque no se le dio al sistema de recolección de aguas servidasel adecuado mantenimiento que este tipo de sistemademanda, no obstante lo establecido en el artículo 72 dela Ley Orgánica de Ordenación Urbanística (LOOU) GacetaOficial N° 33.868 del 16-12-87, que indica: “Los desarrollosde Urbanismo Progresivo estarán orientados a: 1) Garantizarcondiciones de salubridad y habitabilidad”. Esta situacióntrajo como consecuencia un grave problema de salubridad enla población, que afectó las áreas adyacentes del Urbanismo,generando olores nauseabundos, contaminación y la posteriorclausura del sistema de recolección de aguas servidas.No se evidenció la construcción del Preescolar en laUrbanización Brisas de Pedregales, previsto en la cláusulaoctava del contrato de fideicomiso, donde se establece que:“El Promotor se comprometerá a construir un inmueblede uso Preescolar, en el terreno de su propiedad (…). Asícomo, lo establecido en el Capítulo IV, De los Desarrollosde Urbanismos Progresivos, artículo 7 de la LOOU, referidoa que “en los Urbanismos progresivos se seguirá un procesocontinúo de construcción hasta completar la infraestructuray los equipamientos que establezcan las normas”. Es deindicar que el costo del mencionado inmueble, de acuerdocon lo establecido en el “Resumen de Presupuesto de Obra”,de fecha 18-09-1996, era por Bs. 9,08 millones y estabaprevisto en las obras de Urbanismo, evidenciándose quelos trabajos fueron pagados en su totalidad como obras deUrbanismo, toda vez que no se reflejó en el cuadro de lasoperaciones del contrato de fideicomiso suministrado porla Oficina de Fideicomiso, disminuciones en las partidas relacionadascon el Preescolar, que demostraran lo contrario,debido a que el Fondo no aplicó los mecanismos de controlque le permitiera salvaguardar los recursos transferidos alfondo fideicometido. La situación descrita no satisface lasnecesidades de la colectividad al no tener un equipamientocompleto con los servicios necesarios para su ocupación.De las 160 viviendas unifamiliares construidas, se constató“in situ” que 10 viviendas se encontraban en estadode abandono y con fallas de construcción, tales como:filtraciones en losa de techo, insuficiencia de impermeabilizaciónen techos, grietas y humedad en paredes, ausenciade acabados internos en paredes, sin medidores de agua yelectricidad), debido a vicios ocultos en su construcción, esdecir, la contratista incurrió en la construcción defectuosade la urbanización y las viviendas, sin embargo, el acta determinación fue suscrita en fecha 09-12-1997, sin que lasmismas estuvieran completamente terminadas. Al respecto,el artículo 99 de la LOOU, establece la responsabilidaddel Ingeniero, Arquitecto, Urbanista y del empresarioconstructor frente al contratante de una obra, prevista enel artículo 1.637 del Código Civil (Gaceta Oficial N° 2.990Extraordinario del 26-07-1982), el cual señala: “Si en el cursode 10 años, a contar desde el día en que se ha terminadola construcción de un edificio o de otra obra importante oconsiderable, una u otra se arruinen en todo o en parte pordefecto de fabricación (…) el ingeniero, arquitecto y el empresarioson responsables”. Y el artículo 74 de las CGCEO,244

Administración Nacional DescentralizadaSector Serviciosreferido a la responsabilidad del contratista. Tal situaciónincide en el continuo deterioro de las obras ejecutadas, asícomo pérdidas irreparables en la inversión realizada.ConclusionesFONDUR no ejerció un adecuado control y seguimientodel contrato suscrito para la construcción de la Urbanización“Brisas de Pedregales”, evidenciándose debilidadesvinculadas al sistema de control interno, toda vez que noexiste Manual de Normas y Procedimientos debidamenteaprobados por la máxima autoridad del Fondo, aplicable alotorgamiento y control de contratos de fideicomiso. Asimismo,el expediente de la obra que reposa en el ArchivoGeneral de la Nación, no contiene la información quepermitan conocer la situación del contrato y ejecución delos trabajos.El Fondo no ejerció las medidas necesarias para garantizarque los recursos que le fueron asignados para laejecución de la obra antes referida, fueran utilizados correctamente,por cuanto no creó los dispositivos de control quepermitiera salvaguardar los dineros transferidos al fondofideicometido, en detrimento del patrimonio del Estado, envirtud que no ordenó lo conducente para la paralizaciónde los trabajos, vistas las irregularidades presentadas enla ejecución de la obra, que conllevó al abandono de 10viviendas, sin que se evidenciara la aplicación de las sancionesy/o penalizaciones a que hubiere lugar. Igualmente,la promotora no construyó el presescolar previsto en loscontratos suscritos a tales efectos, sin embargo, fue totalmentepagado en detrimento del patrimonio de la nación.RecomendacionesLa Junta Liquidadora de FONDUR deberá:• Abocarse a subsanar las fallas y deficiencias observadasen relación con la supervisión y control delContrato de Fideicomiso de Administración suscritopor ese Fondo para la ejecución del Desarrollo Habitacionalen la Urbanización “Brisas de Pedregales”,a los fines de que el proceso de liquidación, medianteel cual esa Junta asume las obligaciones propias de laInstitución, esté dirigido de manera efectiva, permi-tiendo crear la plataforma organizativa requerida, paraasegurar que el organismo que asuma las funciones,corrija las situaciones contenidas en este Informe, procurandosatisfacer las necesidades de la colectividad, ycumplir, entre otros, con la meta prevista, relacionadacon la construcción de las viviendas con los serviciosnecesarios para su ocupación, con miras a lograr unmanejo adecuado de los recursos asignados.• Agilizar en un lapso perentorio, las acciones tendentesa contactar a las familias beneficiarias de los créditos,a objeto de coordinar esfuerzos para solventar lasituación de las viviendas abandonadas, construidaspor la empresa contratista, en virtud del déficit habitacionalexistente para satisfacer la demanda de lasfamilias necesitadas que no poseen vivienda propia,así mismo implementar controles en lo que respectaa la ejecución de las obras que garanticen la calidadde los trabajos realizados a satisfacción del interéscolectivo.• Instar al Ingeniero Inspector para que elabore un informeexplicativo sobre las situaciones expuestas enel cuerpo de este Informe, el cual deberá ser remitidoa este Organismo contralor, en el lapso de treinta (30)días hábiles, contados a partir de la recepción delpresente informe.FONDO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO (FONDUR)CONTRATACIÓN DE OBRASEl Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (FONDUR) es uninstituto autónomo con personalidad jurídica, autonomíafuncional y patrimonio propio, distinto e independiente dela República, creado por ley (Gaceta Oficial N° 30.790 defecha 09-09-1975) adscrito al Ministerio de Hacienda. Actualmente,está bajo la tutela del Ministerio del Poder Popularpara la Vivienda y Hábitat, según Decreto N° 5.103 (GacetaOficial N° 5.836 Extraordinario de fecha 08-01-2007).El objeto de FONDUR es promover a través del uso de susrecursos financieros y de la inducción de recursos de otraíndole, el desarrollo habitacional, entre otros; además, estáautorizado para hacer depósitos a plazo en las empresasy entidades financieras encargadas del financiamiento dela actividad inmobiliaria; invertir en valores de renta fija245

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007con garantía hipotecaria, tales como cédulas hipotecarias,bonos financieros con garantía hipotecaria y cualquierotro documento hipotecario negociable. De igual manera,FONDUR está facultado para otorgar créditos a constructores,urbanizadores y promotores de la actividad inmobiliaria, encondiciones de plazo e interés más favorable que los prevalecientesen el mercado, cuando se destinen a la ampliaciónde la estructura habitacional de interés social.La Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat,(Gaceta Oficial Nº 38.182 de fecha 09-05-2005), estableceen el Título VII “Disposiciones Transitorias, Derogatoriasy Final”, que en un lapso no mayor de 90 días continuos,contados a partir de la fecha de publicación de la ley, elEjecutivo Nacional deberá presentar a la Asamblea Nacionallos Proyectos de leyes especiales de la supresión yliquidación de FONDUR, así como la creación de una JuntaLiquidadora, en consecuencia, mediante Resolución Nº003 (Gaceta Oficial Nº 38.205 de fecha 09-06-2005), esnombrada una Junta Liquidadora para que asuma la direcciónde FONDUR, cesando de esta manera las funciones dela Junta Administradora.Con el objeto de proporcionar un marco jurídico conceptualque regulara la metodología e implantación de lapuesta en marcha del Programa V, correspondiente al PlanNacional de Vivienda 1999-2004, en fecha 04-05-2000,se firmó el Convenio Interinstitucional entre el ConsejoNacional de la Vivienda (CONAVI), FONDUR y el ServicioAutónomo de Fondos Integrados de Vivienda (SAFIV), elcual establece la consecución de las acciones necesariaspara lograr la ejecución de 11.748 viviendas, según programaciónde viviendas estimadas por FONDUR durante el año2000, dentro de las cuales se encuentran la urbanización“Los Tapiales”, ubicado en el estado Monagas. A talesefectos, FONDUR suscribió diversos contratos con el objetode la construcción de la referida urbanización.Alcance y objetivos de la actuaciónLa actuación se orientó a la evaluación de los expedientessuministrados por la Gerencia de Proyectos y Construcción,relacionados con los contratos de obras suscritos porel Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (FONDUR) para laconstrucción de la Urbanización “Simón Bolívar, antiguoTapiales II”, ubicado en el estado Monagas, durantelos años 2000 al 2005. En tal sentido, se evaluaron 3contratos, equivalente a 100% del total suministrado,así como, la verificación in situ de la situación física delas referidas obras.Observaciones relevantesLa información no está debidamente resguardada y losexpedientes suministrados por la Gerencia de Proyectoy Construcción, contienen información incompleta, sin unorden cronológico que facilite su oportuna localización,no evidenciándose los documentos tales como cuadros decierres y actas de Recepción Provisional y Definitiva, noobstante lo establecido en el artículo 141 de la Ley Orgánicade la Administración Pública (LOAP), Gaceta OficialN° 5.554 Extraordinario del 13-11-2001, en concordanciacon el artículo 23 literal a) de las Normas Generales deControl Interno (NGCI), Gaceta Oficial N° 36.229 del 17-06-1997, disponen que “Los documentos deben contenerinformación completa y exacta, archivarse siguiendo unorden cronológico u otros sistemas de archivo que facilitensu oportuna localización, y conservación durante el tiempoestablecido legalmente”. Debido a fallas en el seguimientoy control que FONDUR debe llevar en relación con los expedientesque pertenecen a sus archivos. a los efectos de unadecuado manejo y administración de los contratos quetiene a su cargo la Gerencia de Proyectos y Construcciónde dicho fondo. Situación que limitó el ejercicio de controlque le compete ejercer a la Contraloría General de la República,dada la dificultad en la localización oportuna delos documentos relacionados con la obra en cuestión, parasu respectivo análisis.No se evidenció permiso de habitabilidad de la urbanización“Los Tapiales II”, suscrito por la Dirección deIngeniería Municipal del Estado Monagas, que demostraraque la obra se ejecutó de conformidad con las variablesurbanas fundamentales y con las normas técnicas correspondientesprevistas en el artículo 95 de la Ley Orgánicade Ordenación Urbanística (LOOU), Gaceta Oficial N°33.868 de fecha 16-12-1987, Capítulo IV, referido a losTrámites Administrativos a la Terminación de la Obra:246

Administración Nacional DescentralizadaSector Servicios“A la terminación de las obras sin que hubiere pendienteobjeciones del municipio, el profesional responsable de suejecución firmará una certificación en la que hará constarque la misma se ejecutó en un todo de conformidad con lasvariables urbanas fundamentales y con las normas técnicascorrespondientes (…)”. Situación debida a debilidades enel seguimiento y control por parte de FONDUR para darlecumplimiento a las normas técnicas que rigen la materiay la importancia de que estos documentos sean tramitadosen la ejecución de los trabajos, a los efectos de velar quelos recursos entregados al fondo se hubieren administradode forma adecuada. En consecuencia FONDUR, procedió ala entrega de viviendas sin el correspondiente permiso dehabitabilidad aprobado por la Ingeniería Municipal, requisitoindispensable para efectuar la venta y protocolizaciónde las mismas.No se evidenció el acto motivado dispuesto en el artículo88 de la Ley de Licitaciones, correspondiente a 3contratos suscritos por el fondo para ejecutar las obrascorrespondientes a la urbanización “Los Tapiales”, a travésdel procedimiento de adjudicación directa, ni punto decuenta aprobando las referidas contrataciones, que justificaradicho procedimiento. Motivado a que se obviaronlos procedimientos establecidos en la Ley de Licitaciones.No obstante, que el artículo 23 de las NGCI estableceque “Todas las transacciones y operaciones financieras,presupuestarias y administrativas deben estar respaldadascon la suficiente documentación justificativa”, es decir, serealizaron contrataciones al margen de lo establecido enla Ley de Licitaciones en sus artículos 87 y 88 referidosal procedimiento a seguir por adjudicación directa. Limitandolos procedimientos atinentes a la contratación de lasobras y selección de contratistas, mediante los cuales sedeben respetar los principios de economía, transparencia,honestidad, eficiencia, igualdad, competencia y publicidad,establecido en la referida ley.De la inspección física practicada a la urbanización “LosTapiales II”, se observó ausencia de pendientes que permitanla escorrentía de las aguas de lluvias estancadas detrásde las viviendas de la referida urbanización. Situacióndebida a que la empresa contratista no ejecutó a cabalidadlos trabajos correspondientes previstos en los contratossuscritos a tales efectos, no obstante lo establecido en el artículo45, literales “d” e “i” de las Condiciones Generales deContratación para la Ejecución de Obras (CGCEO), GacetaOficial N° 5.096 Extraordinario del 16-09-1996, referidosa la fiscalización de los trabajos que ejecute el contratista,para asegurarse de la buena calidad de las obras concluidaso en proceso de ejecución, además de informar al entecontratante mensualmente las anormalidades que observedurante la ejecución de las obras. Tal situación trajo comoconsecuencia el continuo deterioro de los elementos queconforman el urbanismo, ocasionado por el estancamientopermanente de las aguas de lluvias detrás de las viviendasy que éstas no sean entregadas en los lapsos previstos.No se evidenciaron los planos y documentos contentivosde las modificaciones realizadas a la urbanización“Los Tapiales II”, referidos a la reubicación de la plantaeléctrica, que excluyó 40 viviendas del proyecto originalde la citada urbanización. Motivado a debilidades en elseguimiento y control que debió realizar el fondo. Sinconsiderar lo previsto en el Capítulo VI, artículo 32 delas CGCEO, referidas a las Modificaciones de la Obra, elcual señala que los cambios o modificaciones que estimeel ente contratante deberán ser notificados a los garantes;así como, lo indicado en las la Cláusula Trigésima Octavade las Condiciones Generales de Contratación de Estudiosy Proyectos (CGCEP), Gaceta Oficial N° 30.785 del03-09-75, referida a la Modificación de los Proyectos queefectúe el contratante durante la ejecución de las obras. Enel caso de que “El Ministerio” considere necesario que seefectúen modificaciones al proyecto durante la ejecuciónde las obras, lo notificará a “El Consultor” a fin de que ésteformule las recomendaciones que estime pertinentes”. Talsituación trae como consecuencia que el Ingeniero Inspectorno pueda constatar si las obras se adecuaron a los planos,a las especificaciones particulares del presupuesto originalo a sus modificaciones, según lo establece el artículo 45,literal d, de las referidas CGCEO.Atraso en la ejecución de los trabajos correspondientesal contrato, cuyo objeto es “Obras de Urbanismopara 250 parcelas y Construcción de 220 Unidades deViviendas en la urbanización Los Tapiales”, por Bs.15.540,25 millones. Situación debida a que a la fecha de247

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007la inspección (24-10-2006), se había ejecutado 60% delmonto del contrato, sin evidenciarse justificación alguna.No obstante, el artículo 35 y 36 de la Ley Orgánica de laContraloría General de la República y del Sistema Nacionalde Control Fiscal (LOCGRSNCF), Gaceta N° 37.347 del17-12-2001, establecen que el control interno es un sistemaque comprende el plan de organización, políticas y normas,para salvaguardar sus recursos, promover la eficiencia,economía y calidad en sus operaciones (…). Los artículos40 y 41 de las CGCEO, establecen que el ente contratanteejercerá el control y fiscalización de los trabajos que realiceel contratista, dentro de las atribuciones establecidas en elartículo 45 literales “d” e “i” de las CGCEO. Lo que trajocomo consecuencia diferimientos en los lapsos de ejecucióny terminación de las obras que conforman el desarrollo habitacional,lo cual influye en la consecución oportuna de lasmetas físicas programadas, con el consecuente incrementode los precios, en detrimento del patrimonio del fondo, todavez que se comprometieron recursos por Bs. 27.524,25 millones,sin lograr el fin último para el cual se suscribieronlos respectivos contratos, el cual es la satisfacción de lademanda habitacional a la clase más necesitada.ConclusionesSe observaron debilidades en la implantación del sistemade control interno de FONDUR, relacionadas principalmentecon el inadecuado resguardo de los expedientes de loscontratos suscritos para la construcción de la urbanización“Simón Bolívar, antiguo Tapiales II”, en el estado Monagasy con el contenido de la información. Por otra parte, FONDURcontrató empresas para la ejecución de las obras relacionadascon la ejecución de la urbanización Los Tapiales II,sin efectuar el correspondiente procedimiento establecidoen la Ley de Licitaciones, a los efectos de cumplir con losprincipios de economía, transparencia, honestidad, eficiencia,igualdad, competencia y publicidad, y así salvaguardarel patrimonio de la institución. Asimismo, el fondo noha sido diligente ni ha ejercido a cabalidad las accionesnecesarias, para implementar las medidas necesarias antecualquier desviación de la planificación, que justificara lasmodificaciones realizadas en el proyecto referido a la reubicaciónde la planta eléctrica que excluyó 40 viviendas delproyecto original de la urbanización Los Tapiales II, estadoMonagas, reduciendo las metas y objetivos establecidos,en detrimento del patrimonio del Estado.RecomendacionesSe recomienda a la Junta Liquidadora de FONDUR losiguiente:• Agilizar en un lapso perentorio, las acciones tendentesa cumplir los cronogramas de ejecución presentadospor las empresas contratistas en las diferentes etapasdel desarrollo habitacional “Los Tapiales”, paraculminar las viviendas y proceder a adjudicar a lasfamilias beneficiarias, y contribuir a la disminucióndel déficit habitacional, para satisfacer la demandade las familias necesitadas que no poseen viviendapropia e implementar controles en lo que respectaa la ejecución de las obras que garanticen la calidadde los trabajos realizados a satisfacción del interéscolectivo.• Instar al Ingeniero Inspector del desarrollo habitacional“Los Tapiales II”, en el estado Monagas, para queelabore un informe explicativo sobre las situacionesexpuestas.• Abocarse a subsanar las fallas y deficiencias observadasen los contratos suscrito por ese fondo para laejecución del desarrollo habitacional en la urbanización“Los Tapiales II”, a los fines de que el procesode liquidación, mediante el cual esa junta asume lasobligaciones propias de la institución, esté dirigidode manera efectiva, permitiendo crear la plataformaorganizativa requerida, para asegurar que el organismoque asuma las funciones, corrija las situacionespresentadas, procurando satisfacer las necesidades dela colectividad, y cumplir, entre otros, con la meta prevista,relacionada con la construcción de las viviendascon los servicios necesarios para su ocupación, conmiras a lograr un manejo adecuado de los recursosasignados.FONDO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO (FONDUR)CONTRATACIÓN DE OBRASEl Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (FONDUR) es uninstituto autónomo con personalidad jurídica, autonomía248

Administración Nacional DescentralizadaSector Serviciosfuncional y patrimonio propio, distinto e independiente dela República, creado por ley (Gaceta Oficial Nº 30.790 defecha 09-09-1975), adscrito al Ministerio de Hacienda. Actualmente,está bajo la tutela del Ministerio del Poder Popularpara la Vivienda y Hábitat, según Decreto N° 5.103 (GacetaOficial Nº 5.836 Extraordinario de fecha 08-01-2007).El objeto de FONDUR es promover a través del uso de susrecursos financieros y de la inducción de recursos de otraíndole, el desarrollo habitacional, entre otros; además, estáautorizado para hacer depósitos a plazo en las empresasy entidades financieras encargadas del financiamiento dela actividad inmobiliaria; invertir en valores de renta fijacon garantía hipotecaria, tales como cédulas hipotecarias,bonos financieros con garantía hipotecaria y cualquierotro documento hipotecario negociable. De igual manera,FONDUR está facultado para otorgar créditos a constructores,urbanizadores y promotores de la actividad inmobiliaria, encondiciones de plazo e interés más favorable que los prevalecientesen el mercado, cuando se destinen a la ampliaciónde la estructura habitacional de interés social.La Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat(Gaceta Oficial Nº 38.182 de fecha 09-05-2005), estableceen el Título VII, “Disposiciones Transitorias, Derogatoriasy Final”, que en un lapso no mayor de 90 días continuos,contados a partir de la fecha de publicación de la ley, elEjecutivo Nacional deberá presentar a la Asamblea Nacionallos Proyectos de leyes especiales de la supresión yliquidación de FONDUR, así como la creación de una JuntaLiquidadora, en consecuencia, mediante Resolución Nº003 (Gaceta Oficial Nº 38.205 de fecha 09-06-2005), esnombrada una Junta Liquidadora para que asuma la direcciónde FONDUR, cesando de esta manera las funciones dela Junta Administradora.Con el objeto de proporcionar un marco jurídico conceptualque regulara la metodología e implantación de lapuesta en marcha del Programa V, correspondiente al PlanNacional de Vivienda 1999-2004, en fecha 04-05-2000,se firmó el Convenio Interinstitucional entre el ConsejoNacional de la Vivienda (CONAVI), FONDUR y el ServicioAutónomo de Fondos Integrados de Vivienda (SAFIV), elcual establece la consecución de las acciones necesariaspara lograr la ejecución de 11.748 viviendas, según programaciónde viviendas estimadas por FONDUR durante elaño 2000, dentro de las cuales se encuentra la urbanización“Altos del Sol Amada”, ubicado en el estado Zulia. A talesefectos, FONDUR suscribió diversos contratos con el objetode la construcción de la referida urbanización.Alcance y objetivos de la actuaciónLa actuación se orientó a la evaluación de los expedientessuministrados por la Gerencia de Proyectos y Construcción,relacionados con los contratos de obras suscritos porel Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (FONDUR) para laconstrucción de la urbanización “Altos del Sol Amada”,ubicada en el estado Zulia, durante los años 2000 al 2005.En tal sentido, se evaluaron 10 contratos, equivalente a100% del total suministrado, así como, la verificación insitu de la situación física de las referidas obras.Observaciones relevantesLa información no está debidamente resguardada y losexpedientes suministrados por la Gerencia de Proyectos yConstrucción, contienen información incompleta, sin unorden cronológico que facilite su oportuna localización, noevidenciándose los documentos tales como valuaciones,prórrogas, cuadros de cierres y actas de Terminación, RecepciónProvisional y Definitiva, no obstante lo establecidoen el artículo 141 de la Ley Orgánica de la AdministraciónPública (LOAP), Gaceta Oficial N° 5.554 Extraordinario del13-11-2001, en concordancia con el artículo 23 literal a) delas Normas Generales de Control Interno (NGCI), GacetaN° 36.229 del 17-06-1997, disponen que “Los documentosdeben contener información completa y exacta, archivarsesiguiendo un orden cronológico u otros sistemas de archivoque faciliten su oportuna localización, y conservacióndurante el tiempo establecido legalmente”. Debido a fallasen el seguimiento y control que FONDUR debe llevar en relacióncon los expedientes que pertenecen a sus archivos.a los efectos de un adecuado manejo y administración delos contratos que tiene a su cargo la Gerencia de Proyectos yConstrucción de dicho fondo. Situación que limitó el ejerciciode control que le compete ejercer a la Contraloría Generalde la República, dada la dificultad en la localización249

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007oportuna de los documentos relacionados con la obra encuestión, para su respectivo análisis.No se evidenció permiso de habitabilidad de la urbanización“Altos del Sol Amada”, Etapas I y II, suscrito porla Dirección de Ingeniería Municipal del Estado Zulia, quedemostrara que la obra se ejecutó de conformidad con lasvariables urbanas fundamentales y con las normas técnicascorrespondientes previstas en el artículo 95 de la Ley Orgánicade Ordenación Urbanística (LOOU), Gaceta OficialN° 33.868 de fecha 16-12-1987, Capítulo IV, referido a losTrámites Administrativos a la Terminación de la Obra:“A la terminación de las obras sin que hubiere pendienteobjeciones del municipio, el profesional responsable de suejecución firmará una certificación en la que hará constarque la misma se ejecutó en un todo de conformidad con lasvariables urbanas fundamentales y con las normas técnicascorrespondientes (…)”. Situación debida a debilidades enel seguimiento y control por parte de FONDUR para darlecumplimiento a las normas técnicas que rigen la materiay la importancia de que estos documentos sean tramitadosen la ejecución de los trabajos, a los efectos de velar quelos recursos entregados al fondo se hubieren administradode forma adecuada. En consecuencia, FONDUR procedió ala entrega de viviendas sin el correspondiente permiso dehabitabilidad aprobado por la Ingeniería Municipal, requisitoindispensable para efectuar la venta y protocolizaciónde las mismas.No se evidenció el acto motivado dispuesto en el artículo88 de la Ley de Licitaciones, correspondiente a 5 contratossuscritos por el fondo para ejecutar las obras correspondientesa la urbanización “Altos del Sol Amada”, a travésdel procedimiento de adjudicación directa, ni punto decuenta aprobando las referidas contrataciones, que justificaradicho procedimiento. Motivado a que se obviaronlos procedimientos establecidos en la Ley de Licitaciones.No obstante, que el artículo 23 de las NGCI estableceque “Todas las transacciones y operaciones financieras,presupuestarias y administrativas deben estar respaldadascon la suficiente documentación justificativa”, es decir, serealizaron contrataciones al margen de lo establecido enla Ley de Licitaciones en sus artículos 87 y 88 referidosal procedimiento a seguir por adjudicación directa. Limitandolos procedimientos atinentes a la contratación de lasobras y selección de contratistas, mediante los cuales sedeben respetar los principios de economía, transparencia,honestidad, eficiencia, igualdad, competencia y publicidad,establecido en la referida ley.Un contrato cuyo objeto original era la “Construcción deobras de urbanismo para 900 unidades de viviendas, construcciónde 350 viviendas nivel II de 95 m2 y 550 viviendasnivel I, Urb. Plaza Residencial Altos del Sol Amada, II Etapa”,por Bs. 15.219,44 millones, FONDUR aprobó el cambiodel objeto a “Terminación de 250 viviendas de 75 m2 enel Desarrollo Habitacional “Altos del Sol Amada’, EtapaII en Maracaibo, Edo. Zulia”, por Bs. 9,22 millones, luegode transcurridos 2 años y 2 meses de la firma del contratoinicial, motivado a que las obras fueron afectadas por unareducción de metas físicas, que incidió en el monto originaldel contrato, sin evidenciarse los documentos técnicosque justificaran tales modificaciones, no obstante que elartículo 4 de la Condiciones Generales de Contrataciónpara la Ejecución de Obras (CGCEO) Gaceta Oficial N°5.096 Extraordinario del 16-09-1996, dispone que: “Encaso de que esos acuerdos o convenios contengan una modificaciónsustancial del documento principal o de la obraa ejecutarse, deberán cumplirse, previamente, los mismosrequisitos y trámites que el Ente Contratante exige para lacelebración de contratos de obra”. Asimismo, lo indicadoen el Título II, Capítulo III, artículo 12, la Ley Orgánicade Planificación (LOP), Gaceta Oficial N° 5.554 Extraordinariodel 13-11-2001, referido a que la planificación debeser perfectible, para ello debe evaluarse sus resultados,controlar socialmente su desarrollo, hacerle seguimientoa la trayectoria, medir el impacto de sus acciones y simultáneamente,incorporar los ajustes necesarios, así como loseñalado en el artículo 16 de las NGCI, que se refiere quela planificación debe ser una función institucional permanente,sujeta a evaluación periódica. Tal situación reflejadebilidad en la aplicación de las pruebas de cumplimientoy en la adopción de medidas necesarias ante cualquierevidencia de desviación de la planificación.De la inspección física practicada a la urbanización“Altos del Sol Amada” se observó atraso en la construcciónde aceras, brocales y pavimento asfáltico, correspondiente250

Administración Nacional DescentralizadaSector Serviciosa las obras de la Etapa III, previstas en un contrato porBs. 11.385,04 millones, la obra no se ha concluido, sinevidenciarse en el expediente solicitud de prórroga vigentealguna. Situación que deja de manifiesto debilidades en elseguimiento y control que debió realizar el fondo en la ejecuciónde los trabajos, a los efectos de velar que los plazosestablecidos en el cronograma de ejecución se cumplierana cabalidad no obstante que los artículos 35 y 36 de laLey Orgánica de la Contraloría General de la República ydel Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF),Gaceta Oficial N° 37.347 del 17-12-2001, establecen queel control interno es un sistema que comprende el plan deorganización, políticas y normas, para salvaguardar susrecursos, promover la eficiencia, economía y calidad ensus operaciones y lograr el cumplimiento de su misión,objetivos y metas, entre otros fines y que corresponde a lasmáximas autoridades jerárquicas de cada ente establecer,mantener y evaluar el sistema de control interno. Asimismo,los artículos 40 y 41 de las CGCEO, establecen que elente contratante ejercerá el control y fiscalización de lostrabajos que realice el contratista, dentro de las atribucionesestablecidas en el artículo 45 literales “d” e “i” de lasCGCEO, está la fiscalización de los trabajos que ejecute elcontratista, para asegurarse de la buena calidad de las obrasconcluidas o en proceso de ejecución, además de informaral ente contratante mensualmente las anormalidades queobserve durante la ejecución de las obras. Tal situación traecomo consecuencia diferimientos en los lapsos de ejecucióny terminación de las obras que conforman el desarrollohabitacional, lo cual influye en la consecución oportunade las metas físicas programadas, con el consecuente incrementode los precios, en detrimento del patrimonio delfondo y por ende del Estado venezolano.No se evidenció que una empresa contratista ejecutólas obras previstas en el contrato suscrito con FONDUR enfecha 28-02-2001, por Bs. 81,23 millones, referidas a laconstrucción del boulevard y parque infantil, en la urbanizaciónAltos del Sol Amada, por cuanto no se no aplicó losmecanismos de control que le permitiera salvaguardar losrecursos para concluir lo previsto en el contrato de obra,no evidenciándose la documentación referida a la carátuladel contrato, actas de inicio, paralización, terminaciónvaluaciones pagadas, Fianzas de Anticipo y Fiel Cumplimiento,cuadro de cierre, que demostraran la ejecución dela precitada obra. No obstante, lo establecido en el CapítuloIV, De los Desarrollos de Urbanismos Progresivos,artículo 7 de la LOOU, referido a que “en los Urbanismosprogresivos se seguirá un proceso contínuo de construcciónhasta completar la infraestructura y los equipamientos queestablezcan las normas”. Es decir, que el fondo no veló porquelos recursos que le fueron asignados para la ejecuciónde la obra antes referida, fueran utilizados correctamente,trayendo como consecuencia que la urbanización, carezcade la infraestructura y los equipamientos requeridos.Las viviendas que conforman la I Etapa de la urbanización“Altos del Sol Amada”, presentan fallas de calidadcomo grietas en paredes. Situación debida a la falta desupervisión oportuna y adecuada, por parte de FONDURpara exigir a la empresa contratista la ejecución de susobligaciones contractuales con la máxima diligencia y demanera continúa, no obstante lo establecido en los artículos35 y 36 de la LOCGRSNCF, antes mencionados. Asimismo,los artículos 40, 41 y 45 literales “d” e “i” de las CGCEO.Las situaciones expuestas significan pérdidas irreparablesde la inversión realizada, con el consecuente incrementoen los costos de la obra, en detrimento del patrimonio deFONDUR. De igual manera, el incumplimiento del IngenieroInspector de las atribuciones establecidas en las precitadasCGCEO.ConclusionesSe observaron debilidades en la implantación del sistemade control interno de FONDUR, relacionadas principalmentecon el inadecuado resguardo de los expedientes de loscontratos suscritos para la construcción de la urbanización“Altos del Sol Amada”, en el estado Zulia y con el contenidode la información. Adicionalmente, FONDUR contratóempresas para la ejecución de las obras relacionadas conla ejecución de dicha urbanización, sin efectuar el procedimientoestablecido en la Ley de Licitaciones, a los efectosde cumplir con los principios de economía, transparencia,honestidad, eficiencia, igualdad, competencia y publicidad,y así salvaguardar el patrimonio de la Institución. De igualmanera, el ingeniero Inspector designado por FONDUR, nocumplió con las atribuciones establecidas en las CGCEO,251

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007en el sentido de mantener informado al fondo sobre lassituaciones presentadas durante la ejecución de la urbanizacióny exigir a la empresa contratista el cumplimientode sus obligaciones contractuales.RecomendacionesSe recomienda a la Junta Liquidadora de FONDUR losiguiente:• Agilizar en un lapso perentorio, las acciones tendentesa cumplir los cronogramas de ejecución presentadospor las empresas contratistas en las diferentes etapasdel desarrollo habitacional “Altos del Sol Amada”,para culminar las viviendas y proceder a adjudicar alas familias beneficiarias, y contribuir a la disminucióndel déficit habitacional, para satisfacer la demandade las familias necesitadas que no poseen viviendapropia e implementar controles en lo que respectaa la ejecución de las obras que garanticen la calidadde los trabajos realizados a satisfacción del interéscolectivo.• Instar al Ingeniero Inspector del desarrollo habitacional“Altos del Sol Amada”, en el estado Zulia,para que elabore un informe explicativo sobre lassituaciones expuestas.• Abocarse a subsanar las fallas y deficiencias observadasen los contratos suscrito por ese fondo para laejecución de la urbanización “Altos del Sol Amada”,a los fines de que el proceso de liquidación, medianteel cual esa junta asume las obligaciones propias de lainstitución, esté dirigido de manera efectiva, permitiendocrear la plataforma organizativa requerida, procurandosatisfacer las necesidades de la colectividad, ycumplir, entre otros, con la meta prevista, relacionadacon la construcción de las viviendas con los serviciosnecesarios para su ocupación, con miras a lograr unmanejo adecuado de los recursos asignados.FONDO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO (FONDUR)CONTRATACIÓN DE OBRASEl Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (FONDUR) es uninstituto autónomo con personalidad jurídica, autonomíafuncional y patrimonio propio, distinto e independientede la República, creado por ley (Gaceta Oficial Nº 30.790de fecha 09-09-1975), adscrito al Ministerio de Hacienda.Actualmente, está bajo la tutela del Ministerio del PoderPopular para la Vivienda y Hábitat, según Decreto N°5103 (Gaceta Oficial Nº 5.836 Extraordinario de fecha08-01-2007).El objeto de FONDUR es promover a través del uso de susrecursos financieros y de la inducción de recursos de otraíndole, el desarrollo habitacional, entre otros; además, estáautorizado para hacer depósitos a plazo en las empresasy entidades financieras encargadas del financiamiento dela actividad inmobiliaria; invertir en valores de renta fijacon garantía hipotecaria, tales como cédulas hipotecarias,bonos financieros con garantía hipotecaria y cualquierotro documento hipotecario negociable. De igual manera,FONDUR está facultado para otorgar créditos a constructores,urbanizadores y promotores de la actividad inmobiliaria, encondiciones de plazo e interés más favorable que los prevalecientesen el mercado, cuando se destinen a la ampliaciónde la estructura habitacional de interés social.La Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat(Gaceta Oficial Nº 38.182 de fecha 09-05-2005), estableceen el Título VII “Disposiciones Transitorias, Derogatoriasy Final”, que en un lapso no mayor de 90 días continuos,contados a partir de la fecha de publicación de la ley, elEjecutivo Nacional deberá presentar a la Asamblea Nacionallos Proyectos de leyes especiales de la supresión yliquidación de FONDUR, así como la creación de una JuntaLiquidadora, en consecuencia, mediante Resolución Nº003 (Gaceta Oficial Nº 38.205 de fecha 09-06-2005), esnombrada dicha junta.Con el objeto de proporcionar un marco jurídico conceptualque regulara la metodología e implantación de lapuesta en marcha del Programa V, correspondiente al PlanNacional de Vivienda 1999-2004, en fecha 04-05-2000,se firmó el Convenio Interinstitucional entre el ConsejoNacional de la Vivienda (CONAVI), FONDUR y el ServicioAutónomo de Fondos Integrados de Vivienda (SAFIV), elcual establece la consecución de las acciones necesariaspara lograr la ejecución de 11.748 viviendas, según programaciónde viviendas estimadas por FONDUR durante el año252

Administración Nacional DescentralizadaSector Servicios2000, dentro de las cuales se encuentran la urbanización“Brisas del Golfo”, ubicado en el estado Sucre. A talesefectos, FONDUR suscribió diversos contratos con el objetode la construcción de la referida urbanización.Alcance y objetivos de la actuaciónLa actuación se orientó a la evaluación de los expedientessuministrados por la Gerencia de Proyectos y Construcción,relacionados con los contratos de obras suscritos porel Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (FONDUR) para laconstrucción de la urbanización “Brisas del Golfo”, ubicadoen el estado Sucre, durante los años 2000 al 2005. Ental sentido, de un universo de 24 contratos, se evaluó unamuestra de 13 contratos, equivalente a 54,16% del total suministrado,así como, la verificación in situ de la situaciónfísica de las referidas obras.Observaciones relevantesLa información no está debidamente resguardada y losexpedientes suministrados por la Gerencia de Proyecto yConstrucción, contienen información incompleta, sin unorden cronológico que facilite su oportuna localización,no evidenciándose los documentos tales como cuadrosde cierres y actas de Recepción Provisional y Definitiva,informes técnicos que justifique la rescisión de loscontratos, no obstante lo establecido en el artículo 141 dela Ley Orgánica de la Administración Pública (LOAP)Gaceta Oficial N° 5.554 Extraordinario del 13-11-2001, enconcordancia con el artículo 23 literal a) de las NormasGenerales de Control Interno (NGCI) Gaceta N° 36.229 del17-06-1997, disponen que “Los documentos deben contenerinformación completa y exacta, archivarse siguiendo unorden cronológico u otros sistemas de archivo que facilitensu oportuna localización, y conservación durante el tiempoestablecido legalmente”. Debido a fallas en el seguimientoy control que FONDUR debe llevar en relación con los expedientesque pertenecen a sus archivos a los efectos de unadecuado manejo y administración de los contratos quetiene a su cargo la Gerencia de Proyectos y Construcciónde dicho fondo. Situación que limitó el ejercicio de controlque le compete ejercer a la Contraloría General de la República,dada la dificultad en la localización oportuna delos documentos relacionados con la obra en cuestión, parasu respectivo análisis.No se evidenció permiso de habitabilidad de la urbanización“Brisas del Golfo”, Etapa I, suscrito por la Direcciónde Ingeniería Municipal del Estado Sucre, que demostraraque la obra se ejecutó de conformidad con las variablesurbanas fundamentales y con las normas técnicas correspondientesprevistas en el artículo 95 de la Ley Orgánicade Ordenación Urbanística (LOOU) Gaceta Oficial N°33.868 de fecha 16-12-1987, Capítulo IV, referido a losTrámites Administrativos a la Terminación de la Obra:“A la terminación de las obras sin que hubiere pendienteobjeciones del municipio, el profesional responsable de suejecución firmará una certificación en la que hará constarque la misma se ejecutó en un todo de conformidad con lasvariables urbanas fundamentales y con las normas técnicascorrespondientes (…)”. Situación debida a debilidades enel seguimiento y control por parte de FONDUR para darlecumplimiento a las normas técnicas que rigen la materiay la importancia de que estos documentos sean tramitadosen la ejecución de los trabajos, a los efectos de velar quelos recursos entregados al fondo se hubieren administradode forma adecuada. En consecuencia FONDUR, procedió ala entrega de viviendas sin el correspondiente permiso dehabitabilidad aprobado por la Ingeniería Municipal, requisitoindispensable para efectuar la venta y protocolizaciónde las mismas.8 contratos suscritos con las empresas contratistas,cuyo monto total asciende a Bs. 11.164,99 millones, fueronrescindidos por FONDUR, entre los meses de septiembre yoctubre de 2005, debido a que las obras se encontrabanparalizadas desde los años 2002 y 2003, incumpliendolas empresas contratistas en la ejecución de las obras yparalización de manera injustificada los trabajos por másde 3 años. No obstante lo indicado en el artículo 116, literal“e” de las Condiciones Generales de Contratación para laEjecución de Obras (CGCEO), Gaceta Oficial N° 5.096Extraordinario del 16-09-1996, que establece: “El EnteContratante podrá rescindir unilateralmente el contrato encualquier momento cuando el contratista: Interrumpa lostrabajos por más de cinco (5) días hábiles sin causa justificada”.Asimismo, los artículos 18 y 90 de las CGCEO,253

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007referidos al plazo para el comienzo de la obra y la multapor atraso en el tiempo de ejecución de la obra, estipuladoen el documento principal. La situación descrita trae comoconsecuencia la no culminación de las viviendas previstas,a los fines de ser entregadas posteriormente a la poblaciónque demanda una vivienda digna.El contrato suscrito por FONDUR en fecha 04-03-2005por Bs. 7.234,88 millones, cuyo objeto es la construcciónde obras de urbanismo en los sistemas de drenajes Nros.1 y 2 de la Urbanización “Brisas del Golfo” etapa IV, conun lapso de ejecución de 5 meses, no ha sido terminado,presentado un avance de ejecución del 87,79%. Situacióndebida a la falta de una supervisión oportuna y adecuada,para exigir a la empresa contratista la ejecución de susobligaciones contractuales con la máxima diligencia y demanera continua, no obstante que los artículos 35 y 36 dela Ley Orgánica de la Contraloría General de la Repúblicay del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF),Gaceta Oficial N° 37.347 del 17-12-2001, establecen queel control interno es un sistema que comprende el plan deorganización, políticas y normas, para salvaguardar susrecursos, promover la eficiencia, economía y calidad ensus operaciones y lograr el cumplimiento de su misión.Asimismo, los artículos 40 y 41 de las CGCEO, establecenque el ente contratante ejercerá el control y fiscalizaciónde los trabajos que realice el contratista, y el representanteserá el Ingeniero Inspector que éste designe, el cual dentrode las atribuciones establecidas en el artículo 45 literales“d” e “i” de las CGCEO, está la fiscalización de los trabajosque ejecute el contratista. Los referidos atrasos ocasionandiferimientos en los lapsos de ejecución y la ausencia deun sistema de drenaje consolidado, no permite contar conmedidas preventivas para el problema de inundaciones ycontaminación de las aguas, con el consecuente deteriorodel pavimento de la urbanización.De la inspección física realizada a la urbanización Brisasdel Golfo se observó taludes desprotegidos, es decir sin coberturavegetal ni tratamiento que contribuya a minimizarlos efectos de la erosión y el arrastre de materiales hacialos drenajes del urbanismo, ocasionado por la deficientecompactación de los rellenos, saturación de materiales yconstrucción de rellenos sobre materiales orgánicos muyblandos. No obstante lo establecido en el Capítulo V. De laProhibición o Corrección de Actividades Susceptibles deDegradar el Ambiente, de la Ley Orgánica del Ambiente(LOA), Gaceta Oficial N° 31.004 del 16-06-1976, el artículo20, señala: “Se consideran actividades susceptiblesde degradar el ambiente: La sedimentación en los cursosy depósitos de aguas”. Tal situación trajo como consecuenciala afectación del sistema de drenaje existente por unainusual acumulación de sedimentos, generados en las áreasexternas al urbanismo, los taludes de las diversas terrazasy áreas de la urbanización e incide desfavorablemente enla ejecución y entrega de las obras.Fallas de calidad en el asfaltado de la urbanización, evidenciándosedeformaciones, hundimientos, grietas longitudinales,y áreas sin el pavimento asfáltico, ocasionado porla falta de ejecución de los trabajos previstos en el contrato,relativos a las obras de captación, conducción y descargade las aguas que se concentran en la calles principales, queno permite el libre discurrir de las aguas que se concentranen las calles principales, no obstante lo establecido enlos artículos 35 y 36 de la LOCGRSNCF. Asimismo, losartículos 40, 41 y 45 literales “d” e “i” de las CGCEO. Loque trajo como consecuencia áreas de estancamientos queafectan el pavimento, así como, el tránsito de personas yvehículos, debido a la paralización de los trabajos por partede las empresas contratistas, y la posterior rescisión de loscontratos por parte de FONDUR.De 1.065 viviendas correspondientes a la urbanización“Brisas del Golfo”, 20 viviendas se encontraron demolidascon desplome de paredes exteriores e interiores y abandonadas,debido a que las viviendas presentaron fallas decalidad y no estaban en condiciones de ser habitadas y faltade una supervisión oportuna y adecuada, para exigir a laempresa contratista la ejecución de sus obligaciones contractualescon la máxima diligencia y de manera continua.No obstante, lo establecido en los artículos 35 y 36 de laLOCGRSNCF, los artículos 40 y 41 y artículo 45 literales“d” e “i” de las CGCEO. Asimismo, el artículo 52 de lasCGCEO, el cual establece que FONDUR podría intervenir laobra y ordenar al contratista su demolición, previo informedel Ingeniero Inspector, siempre y cuando existieran fallastécnicas. Tales situaciones traen como consecuencia impre-254

Administración Nacional DescentralizadaSector Servicioscisiones en la toma de decisiones al momento de suscribirlos contratos, así como, el incremento en los costos, todavez que se requiere reubicar a los propietarios de las mismas,en viviendas dignas, así como, pérdidas irreparablesde la inversión inicialmente realizada, en detrimento delpatrimonio del fondo y por ende del Estado venezolano, sinque se evidenciaran la aplicación de las sanciones correspondientes,por la falta de advertir sobre la inestabilidaddel terreno.El contrato suscrito en fecha 01-12-2005 por Bs. 6.528,04millones, cuyo objeto es la Construcción de 84 viviendastipo Tetra Multifamiliar de 76 m2, Estructura Metálica yConstrucción de Urbanismo de Viviendas en la Etapa V,del desarrollo Brisas del Golfo, con un plazo de ejecuciónde 7 meses, solo se ha ejecutado el 0,15% de obra referidoal movimiento de tierra, ocasionadas por la falta de unasupervisión oportuna y adecuada, para exigir a la empresacontratista la ejecución de sus obligaciones contractualescon la máxima diligencia y de manera continua. No obstante,lo indicado en los artículos 35 y 36 la LOCGRSNCF.Asimismo, los artículos 40 y 41 y el artículo 45 literales“d” e “i” de las CGCEO. Trayendo como consecuenciadiferimientos en los lapsos de ejecución y terminación delas obras que conforman las viviendas de la urbanización,lo cual influye en la consecución oportuna de las metasfísicas programadas, con el consecuente incremento de losprecios, en detrimento del patrimonio del fondo, toda vezque el mismo otorgó Bs.1.958,41 millones por conceptode anticipo, de los cuales, falta por amortizar la empresacontratista Bs. 1.955,51 millones.Las viviendas en su totalidad presentaron estado de deterioro,tales como: filtraciones en losa de techo, insuficienciade impermeabilización en techos, grietas y humedad enparedes, así como, una inadecuada compactación del terreno,motivado por la falta de una supervisión oportuna yadecuada, para exigir a la empresa contratista la ejecuciónde sus obligaciones contractuales con la máxima diligenciay de manera continua. No obstante, lo establecido enlos artículos 45, literales b, c y d; 74 y 94 de las CGCEO,referidos a las atribuciones y obligaciones del ingenieroinspector, entre las cuales están las de supervisar la calidadde los materiales y los equipos que el contratista utilizaráen la obra, fiscalización de los trabajos que ejecute elcontratista y la buena calidad de las obras concluidas o enproceso de ejecución. Asimismo, el Código Civil Venezolano(Gaceta Oficial N° 2.990 Extraordinario del 26-07-1982), en su título IX, Capítulo II, artículo 1.637 señala lasresponsabilidades civiles de los ingenieros y empresarios.Las situaciones expuestas significan pérdidas irreparablesde la inversión realizada, con el consecuente incrementoen los costos de la obra, en detrimento del patrimonio deFONDUR, sin que se evidenciara la aplicación oportuna delas sanciones correspondientes por parte del fondo. De igualmanera, el incumplimiento el Ingeniero Inspector de lasatribuciones establecidas en las CGCEO.De la inspección física realizada a las viviendas tipoTetras IV y Town House de la Urbanización Brisasdel Golfo, se observó que 60 viviendas se encuentraninvadidas, motivado a la tardanza en la entrega de lasviviendas terminadas, por parte de las empresas contratistas,no obstante lo establecido en los cronogramas deejecución presentados por dichas empresas en las diferentesetapas del desarrollo habitacional. Tal situacióntrae como consecuencia atraso en las gestiones legalesque debe ejercer FONDUR para disponer de las viviendasy adjudicar a las familias que se encuentran en espera deuna solución habitacional, sin cumplir con la finalidadprevista en la Carta Magna y en los contratos suscritosa tales efectos.ConclusionesSe observaron debilidades en la implantación del sistemade control interno de FONDUR, relacionadas principalmentecon el inadecuado resguardo de los expedientes de loscontratos suscritos para la construcción de la urbanización“Brisas del Golfo”, estado Sucre y con el contenido de lainformación. Por otra parte, FONDUR no ha sido diligente niha ejercido a cabalidad las acciones necesarias, para ejecutaren un tiempo perentorio los trámites administrativospara rescindir los contratos de las obras correspondientesa la urbanización Brisas del Golfo, toda vez que no seevidenciaron las acciones por parte del fondo tendentesa salvaguardar su patrimonio, así como la ejecución delas fianzas de anticipo y fiel cumplimiento entregadas al255

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007instituto, a los efectos de recuperar los recursos que mantieneen su poder las empresas contratistas por concepto deanticipos no amortizados. De igual manera, el IngenieroInspector designado por FONDUR no cumplió con lasatribuciones establecidas en las CGCEO, en el sentidode mantener informado al fondo sobre las situacionespresentadas durante la ejecución de la urbanizaciónBrisas del Golfo, a los efectos de ordenar lo conducentepara la paralización total de los trabajos, vistas lasirregularidades presentadas en la ejecución de la obra,que conllevarían al desmantelamiento de las viviendascon el posterior abandono de las mismas, así como laocupación ilegal de las viviendas, sin que se evidenciaraacción alguna por parte del fondo.RecomendacionesSe recomienda a la Junta Liquidadora de FONDUR losiguiente:• Agilizar en un lapso perentorio, las acciones tendentesa cumplir los cronogramas de ejecución presentadospor las empresas contratistas en las diferentes etapasdel desarrollo habitacional Brisas del Golfo, paraculminar las viviendas y proceder a adjudicar a lasfamilias beneficiarias, y contribuir a la disminucióndel déficit habitacional, para satisfacer la demandade las familias necesitadas que no poseen viviendapropia e implementar controles en lo que respectaa la ejecución de las obras que garanticen la calidadde los trabajos realizados a satisfacción del interéscolectivo; proceder a solventar la situación de lasviviendas ocupadas de forma ilegal y recuperar demanera inmediata los anticipos no amortizado enpoder de las empresas.• Instar al Ingeniero Inspector del desarrollo habitacional“Brisas del Golfo”, en el estado Sucre, para queelabore un informe explicativo sobre las situacionesexpuestas.• Abocarse a subsanar las fallas y deficiencias observadasen los contratos suscrito por ese fondo para laejecución del desarrollo habitacional en la urbanización“Brisas del Golfo”, a los fines de que el procesode liquidación, mediante el cual esa junta asume lasobligaciones propias de la institución, esté dirigido demanera efectiva, permitiendo crear la plataforma organizativarequerida, para asegurar que el organismo queasuma las funciones, corrija, procurando satisfacer lasnecesidades de la colectividad, y cumplir, entre otros,con la meta prevista, relacionada con la construcciónde las viviendas con los servicios necesarios para suocupación, con miras a lograr un manejo adecuadode los recursos asignados.FONDO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO (FONDUR)CONTROL INTERNO; LEGALIDAD Y SINCERIDAD DEL PROCESO DEADJUDICACIÓN DE VIVIENDASFONDUR fue creado por mandato de Ley publicado enla Gaceta Oficial No. 30.790 de fecha 9 de septiembre de1975; es un ente descentralizado sin fines empresariales,detenta personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente.Se encuentra bajo la tutela del Ministerio delPoder Popular para la Vivienda y Hábitat (Gaceta OficialNo. 5.836 Extraordinario de fecha 8 de noviembre de 2007)y sus funciones se enmarcan en los planes y programas parapromover a través del uso de recursos financieros y de lainducción de recursos de otra índole el desarrollo habitacional,el fortalecimiento complementario de la estructuraturística, así como el fortalecimiento de la estructura inmobiliariade los entes de carácter público.En las Disposiciones Transitorias de la Ley del RégimenPrestacional de Vivienda y Hábitat (Gaceta Oficial No.38.204 en fecha 08 de junio de 2005) se establece que “Enun lapso no mayor de noventa días continuos, contados apartir de la publicación de esta Ley, el Ejecutivo Nacionaldeberá presentar a la Asamblea Nacional, los proyectos deleyes especiales de supresión y liquidación, de los siguientesinstitutos autónomos: Fondo Nacional de DesarrolloUrbano (FONDUR)…”Su misión era ser el intermediario entre el Estado y lapoblación para actuar en el sector vivienda, en las áreasde financiamiento, promoción, ejecución y adjudicaciónen cumplimiento del Decreto de Ley que regula el Subsistemade Vivienda y Política Habitacional, para lograr laparticipación eficiente de los diferentes actores públicosy privados que intervienen en el proceso habitacional,256

Administración Nacional DescentralizadaSector Servicioscon el fin de satisfacer las necesidades de vivienda de lapoblación venezolana.Su visión, era convertirse en una organización públicadel sector vivienda, caracterizada internamente por la sinergiaorganizacional, orientada a consolidar desarrollosenmarcados dentro del concepto de hábitat productivoy desarrollo endógeno, que determinaría las bases de lapolítica habitacional del Estado.Alcance y objetivo de la actuaciónLa actuación se circunscribió a los ejercicios económicos2004 y 2005, estableciéndose como objetivos específicos:evaluar el funcionamiento del sistema de control internopara la realización del proceso de adjudicación y verificarla legalidad y sinceridad del proceso de adjudicación deviviendas previstos en la Ley del Régimen Prestacional deVivienda y Hábitat (Gaceta Oficial No 38.182 de fecha 09de mayo de 2005).Observaciones relevantesLa Oficina de Vivienda no cuenta con un Manual deNormas y Procedimientos, que contenga las actividadesy procedimientos dirigidas a establecer el proceso deadjudicación de viviendas, no obstante, la Ley Orgánicade la Contraloría General de la República y del SistemaNacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), Gaceta OficialNo. 37.347 de fecha 17 de diciembre de 2001, señalaen su artículo 35 que el Control Interno es un sistema quecomprende el plan de organización, las políticas, normas,así como los métodos y procedimientos adoptados dentrode un ente u organismo sujeto a esta Ley, en concordanciacon el artículo 131 de la Ley Orgánica de la AdministraciónFinanciera del Sector Público (LOAFSP), Gacetas OficialesNos. 37.978 y 38.198, de fechas 13 de julio de 2004 y 31de mayo de 2005, respectivamente, prevén que el sistemade control interno tiene por objeto asegurar el acatamientode las normas legales, salvaguardar los recursos y bienesque integran el patrimonio público, asegurar la obtenciónde información administrativa, financiera y operativa útil,confiable y oportuna para la toma de decisiones, promoverla eficiencia de las operaciones y lograr el cumplimientode los planes, programas y presupuestos, en concordanciacon las políticas prescritas y con los objetivos y metas propuestas,así como garantizar razonablemente la rendiciónde cuentas; de igual forma, los artículos 8 literal a) y 22 delas Normas Generales de Control Interno (NGCI), GacetaOficial No. 36.229 de fecha 17 de junio 1997, establecenque corresponde a la máxima autoridad jerárquica de cadaorganismo o entidad establecer, mantener y perfeccionarel sistema de control interno y en general, vigilar su efectivofuncionamiento e incluir los diferentes pasos y condicionesde las operaciones a ser autorizadas, aprobadas,revisadas y registradas, así como lo relativo al archivo dela documentación justificativa que le sirva de soporte. Talsituación obedece a que dicho manual quedó en procesode aprobación una vez creada la Junta Liquidadora deFONDUR, lo que incide en la evaluación de los procesos yno garantiza el correcto desempeño de la gestión administrativade ese Fondo.El Fondo para los años 2004 y 2005 no diseñó una basede datos o un sistema integrado para controlar y evaluar elproceso administrativo para la adjudicación de viviendas,no obstante, el artículo 75 numeral 15 de la Ley del RégimenPrestacional de Vivienda y Hábitat (Gaceta Oficial No.38.204 en fecha 08 de junio de 2005), indica que se debesistematizar la captación de la demanda e implementar elsistema de elegibilidad de beneficiarios y adjudicación devivienda. Adicionalmente, el artículo 70 numeral 18 de laReforma Parcial que Regula el Subsistema de Vivienda yPolítica Habitacional, señala que se debe definir un Subsistemade Elegibilidad y Registro de beneficiarios del subsidiodirecto, que será aplicado por los entes ejecutores. En talsentido, los artículos 32 y 35 de las Normas de Operaciónde la Ley que regula el Subsistema de Vivienda y PolíticaHabitacional (Gaceta Oficial No 36.977 de fecha 21de juniode 2000) establecen la creación del sistema de registro depostulantes, prevén la existencia de un registro nacionalde beneficiarios que recibirá la información de cada unode los organismos ejecutores tanto los nacionales como losregionales. Tal situación, no garantiza la transparencia enel proceso de adjudicación, ya que la inexistencia de unregistro de beneficiarios y adjudicatarios, no permite determinarel número de personas registradas ni de viviendasasignadas ni que se provea de información.257

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007No se evidenció en la Oficina de Vivienda FONDUR informaciónrelacionada con los listados de beneficiarios yadjudicatarios de viviendas correspondientes a los años2004 y 2005, así como el respaldo de la informacióndigital ni base de datos. Al respecto, los artículos 248 y249 de la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda yHábitat, establecen que son beneficiarios de la asistenciahabitacional del Estado, todos los ciudadanos, las ciudadanas,las familias y las comunidades, inscritas en elRegistro Único de Postulantes, Comunidades Postulantesy Beneficiarios, debidamente registrados en el Sistema deInformación de Seguridad Social. Por otra parte, el artículo131 de la LOAFSP, prevé que el sistema de control internotiene por objeto asegurar el acatamiento de las normaslegales, salvaguardar los recursos y bienes que integran elpatrimonio público, asegurar la obtención de informaciónadministrativa, financiera y operativa útil, confiable yoportuna para la toma de decisiones, en concordancia conlos artículos 3 literal a), 23 literal b) y 32 literales c) y f)numeral 5) de las NGCI, prevén que el control interno decada organismo o entidad debe organizarse con arreglo aconceptos y principios generalmente aceptados de sistemay estar constituido por las políticas y normas formalmentedictadas. Adicionalmente, las autoridades competentes delorganismo o entidad adoptarán las medidas necesarias parasalvaguardar y proteger los documentos contra incendios,sustracción o cualquier otro riesgo; igualmente, la máximaautoridad jerárquica del organismo deberá establecercontroles para los sistemas administrativos, financieros ytécnicos, a los fines de asegurar que los datos procesadosy la información producida sea consistente, completa yreferida al período que se trate, así como la protección ysalvaguarda contra pérdidas y sustracción de los equipos,programas e información procesada. Tal situación obedeceal hecho de que al asumir la actual gerencia, no se contabacon un histórico digitalizado ni base de datos sobre la cualapoyarse y que permitiese obtener la documentación respectiva,situación que va en contra de la debida custodia ysalvaguarda de la información generada por la Oficina deVivienda de ese instituto.La Oficina de Vivienda no cuenta con un sistema dearchivo que permita clasificar y organizar los documentosde forma cronológica y geográfica, a pesar que el artículo141 de la Ley Orgánica de la Administración Pública(LOAP), Gaceta Oficial No 37.305 de fecha 17 de octubrede 2001, establece que el objetivo esencial de los órganosde archivo del Estado es el de conservar y disponer de ladocumentación de manera organizada, útil, confiable yoportuna, de forma tal que sea recuperable para uso delEstado en servicio de los particulares, en concordanciacon el artículo 23 de las NGCI, todas las transacciones yoperaciones, financieras, presupuestarias y administrativasdeben estar respaldadas con la suficiente documentaciónjustificativa. Tal situación incide en la adecuada organizaciónde la Oficina de Vivienda al no contar con un archivode documentos que permita acceder a la información, porcuanto los expedientes de los beneficiarios solicitantes delos planes de vivienda correspondientes a los años 2004 y2005, se encuentran almacenados en cajas.No fue suministrado por parte de la Gerencia de Finanzasel listado de los beneficiarios y adjudicatarios adquirientesde viviendas a nivel nacional, correspondientesa los años 2004 y 2005. En tal sentido, el artículo 34 dela LOCGRSNCF en concordancia con el artículo 131 dela LOAFSP, prevén que corresponde a las máximas autoridadesjerárquicas de cada ente la responsabilidad deorganizar, establecer, mantener y evaluar el sistema decontrol interno, el cual debe ser adecuado a la naturalezay fines del ente; asimismo, el sistema de control internotiene por objeto asegurar el acatamiento de las normaslegales, salvaguardar los recursos y bienes que integranel patrimonio público, asegurar la obtención de informaciónadministrativa, financiera y operativa útil, confiabley oportuna para la toma de decisiones, promover la eficienciade las operaciones y lograr el cumplimiento delos planes, programas y presupuestos, en concordanciacon las políticas prescritas y con los objetivos y metaspropuestas, así como garantizar razonablemente la rendiciónde cuentas, situación originada al hecho de queen el registro del sistema de cuentas por cobrar, sólocuenta con información hasta el año 2003; situación queincide negativamente en la recuperación de los créditosotorgados por el Fondo.No se evidenció en la Oficina de Vivienda, informaciónrelacionada con el proceso de adjudicación en el desarrollo258

Administración Nacional DescentralizadaSector Servicioshabitacional Gran Mariscal Antonio José de Sucre, ubicadoen el Estado Aragua, durante los ejercicios fiscales 2004y 2005, aún cuando los artículos 32 y 35 de las Normas deOperación de la Ley que regula el Subsistema de Vivienday Política Habitacional, prevén la existencia de un registronacional de beneficiarios que recibirá la información decada uno de los organismos ejecutores tanto los nacionalescomo los regionales. Asimismo, el Registro de Postulantesse mantendrá en la base de datos computarizada establecidaen el Consejo Nacional de la Vivienda, donde seránarchivados los datos relevantes de los postulantes y sunúcleo familiar, con el objeto de permitir las referenciasy cruces de datos y antecedentes necesarios para el procesode selección previstos en el Sistema de Elegibilidadde Beneficiarios. Es de indicar que de la situación antesdescrita, no se evidenciaron gestiones realizadas por lamáxima autoridad de FONDUR en cuanto a la recuperaciónde la referida información, situación que va en detrimentode la debida custodia y salvaguarda de la informacióngenerada por esta asi como no garantiza la transparenciaen el proceso de adjudicación.ConclusionesDurante los años 2004 y 2005 FONDUR no contó conmecanismos de control interno, que le permitiera ejercer unadecuado control y seguimiento sobre la adjudicación de lasviviendas en el ámbito nacional, toda vez que los Manualesde Normas y Procedimientos no han sido aprobados porla máxima autoridad de la Institución; no diseñó una basede datos o un sistema integrado para controlar y evaluar elproceso administrativo para la adjudicación de viviendas;no mantuvo información relacionada con los listados debeneficiarios y adjudicatarios de viviendas ni contó conel respaldo de la información digital. Adicionalmente, noexiste un sistema de archivo que le permita clasificar y organizarlos documentos de forma cronológica y geográfica.En cuanto al listado de los beneficiarios y adjudicatariosadquirientes de viviendas, éste no fue suministrado por laInstitución. Adicionalmente, se constató que no existe enFONDUR información relacionada con el proceso de adjudicacióndel desarrollo habitacional Gran Mariscal AntonioJosé de Sucre, ubicado en el estado Aragua. Las situacionesantes descritas, inciden negativamente en la evaluación delos procesos de adjudicación de viviendas y no garantizanel correcto desempeño de la gestión administrativa lo queva en detrimento de la labor social del Fondo, a los finesde atender la demanda de soluciones habitacionales querequiere la sociedad.RecomendacionesSe exhorta a las máximas autoridades a:• Abocarse a implementar los mecanismos de controlinterno necesarios, en relación con el proceso deadjudicación de viviendas en el ámbito nacional,a los fines que el proceso de liquidación, medianteel cual esa Junta asume las obligaciones propias dela Institución, esté dirigido a realizarse en formaefectiva, permitiendo crear la plataforma organizativarequerida, para asegurar que el organismoque asuma las funciones, corrija las situacionesexpuestas, a través de la implantación de un sistemadigitalizado adecuado y pertinente, que permitaconocer de forma veraz y oportuna la informaciónrelacionada con el proceso de adjudicación de viviendaspor parte del Fondo.• Girar las instrucciones necesarias en un lapso perentorio,a fin de asegurar y establecer un sistema dearchivo de la documentación correspondiente a losaños 2004 y 2005 de manera de organizar, conservary disponer de la información oportunamente, permitiendoque todas las transacciones administrativasestén plenamente justificadas y con los respaldossuficientes, manteniendo un orden cronológico quefacilite su ubicación en el tiempo.• Instar a las dependencias encargadas de la adjudicaciónde viviendas, a generar mecanismos que lepermitan ejercer un adecuado control y seguimientosobre las mismas, a los efectos de garantizan el correctodesempeño de la gestión administrativa, y latransparencia en el proceso de adjudicación.FONDO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO (FONDUR)CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EN CONTRATACIÓN DE OBRASEl Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (FONDUR) fuecreado por ley (Gaceta Oficial N° 30.790 de fecha 09-09-1975),259

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007como un instituto autónomo, con personalidad jurídicacon un patrimonio propio de Bs. 2.000,00 millones, conel objeto de promover a través del uso de sus recursosfinancieros y de la inducción de recursos de otra índoleel desarrollo habitacional; el desarrollo inmobiliarioa los fines de la desconcentración industrial; el fortalecimientocomplementario de la estructura turística;el fortalecimiento de la estructura inmobiliaria, de losservicios asistenciales, educacionales y otros de carácterpúblico.Mediante la Disposición Transitoria Primera, de la Leydel Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat (GacetaOficial N° 38.182 de fecha 09-05-2005), se le ordenó alEjecutivo Nacional presentar a la Asamblea Nacional,en un lapso no mayor de 90 días continuos contados apartir de la publicación de la citada ley, el proyecto especialde liquidación y supresión de FONDUR por lo quemediante Gaceta Oficial N° 38.205 de fecha 09-06-2005,el Ministro para la Vivienda y Hábitat, actual Ministropara el Poder Popular de la Vivienda y el Hábitat, nombróla comisión que se encargaría de la liquidación delfondo.En fecha 04-05-2000, se firmó el convenio interinstitucionalentre el Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI),FONDUR y el Servicio Autónomo de Fondos Integrados deVivienda (SAFIV), el cual establece la consecución delas acciones necesarias para lograr la ejecución de 11.748viviendas, según programación de viviendas estimadas porFONDUR durante el año 2000, distribuidas de tal maneraque para el estado Trujillo se estimó la construcción de572 viviendas, de éstas, 62 corresponden al desarrollo delurbanismo Los Cedros.Alcance y objetivo de la actuaciónLa actuación se orientó a verificar que la totalidad de loscontratos de obras suscritos por FONDUR, para la construccióndel urbanismo “Los Cedros”, ubicado en el MunicipioPampanito del Estado Trujillo, fueron ejecutados conformela normativa que rige la materia, así como, las cláusulasestablecidas en los referidos contratos, durante los años2001 al 2005.Observaciones relevantesEl manual de normas y procedimientos para el otorgamientode apoyo financiero a las empresas promotorasprivadas para la construcción de urbanismos y viviendasde FONDUR, no está formalmente aprobado, situación queinfluye negativamente sobre el control interno de lasactividades que realiza la Gerencia de Comercializaciónde FONDUR, limita la definición formal de los procesos ygenera discrecionalidad en la ejecución de las actividadesllevadas a cabo por los funcionarios adscritos a la citadagerencia, no obstante lo previsto en los artículos 35 y 36 dela Ley Orgánica de la Contraloría General de la Repúblicay del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF),Gaceta Oficial Nº 37.347 del 17-12-2001, en concordanciacon el artículo 22 de las Normas Generales de ControlInterno (NGCI), Gaceta Oficial Nº 36.229 el 17-06-1997,que prescriben una serie de atribuciones correspondientes alas máximas autoridades a los fines de definir formalmentelos mecanismos de control interno.La documentación que reposa en el expediente llevadopor la Gerencia de Comercialización de FONDUR no estádebidamente numerada ni foliada, además los expedientesno están correctamente resguardados. No obstante, el artículo23, literales a y b de las NGCI el cual establece quelos documentos deben contener información completa yexacta, archivarse siguiendo un orden cronológico u otrosistema de archivo que faciliten su oportuna localización.Igualmente, las autoridades correspondientes adoptaránlas medidas necesarias para salvaguardar y proteger losdocumentos. Situación que evidencia debilidades decontrol interno en el manejo y la administración de loscontratos que tiene a su cargo la Gerencia de Comercializacióny limita el ejercicio de control que le competeejercer a la Contraloría General de la República y aFONDUR, en materia de control interno, dada la dificultadde la localización de los documentos relacionados con laobra en cuestión.Del análisis documental efectuado al expediente técnicode la obra, el cual se encuentra en la Gerencia de Comercializaciónde FONDUR, se evidenció comunicaciones dedistintas instancias, relacionadas con presuntas irregula-260

Administración Nacional DescentralizadaSector Serviciosridades en la ejecución de los trabajos tales como: desplazamientohorizontal de las vigas perimetrales de carga,desplazamiento de la losa de techo; grietas en paredesinteriores y exteriores; falta de canal de agua de lluvia enel techo; filtraciones en techos, utilizando en vez de mantopintura aluminizada, canales de drenaje con pendientesno adecuadas; ausencia del sistema de alcantarillado y delos canales de desagüe respectivos; bocas de visitas delsistema destapadas y el borde del cono muy por debajo delnivel de la calle; violación de las normas estructurales conrelación al acero; ausencia de aceras perimetrales en lasviviendas. Situaciones que obedecen a las característicasde la conformación del suelo, de baja capacidad de soporte,falta de drenaje debido a la topografía plana del terreno,deficiencia en la inspección tanto del ingeniero inspectorcomo del ingeniero residente, al momento de la construcciónde la urbanización, asimismo, la urbanizaciónfue construida sobre relleno poco consolidado y condeficiencias en la compactación (ejecución y control),además, el Río Castán realiza con cada crecida socavacióndel terraplén, faltando una estructura de protección(muro o espigones) que también realizara la tarea delconfinamiento del material de fundación. Cabe destacar,el informe del Cuerpo de Bomberos del estado Trujilloya citado, en el cual se menciona el progresivo avancede las grietas oblicuas, verticales y horizontales de algunasviviendas llegando a alcanzar 3 cm. de espesor,evidenciándose la separación de las juntas de pared, ypared ó viga con la losa nervada de techo. No obstante lasatribuciones y obligaciones del ingeniero inspector establecidasen el artículo 45 de las Condiciones Generalesde Contratación para la Ejecución de Obras (CGCEO),Gaceta Oficial Nº 5.096 Extraordinario de fecha 16-09-1996. Adicionalmente, en los informes de inspecciónque fueron suministrados por la citada gerencia, no seevidenció que se hayan indicado cambios en las especificacionestécnicas que alteren la calidad de las obrasejecutadas, ni observación relacionada con fallas en laejecución de los trabajos, lo que no contribuye a brindarsoluciones a la problemática habitacional de las personasadjudicatarias de la urbanización.De la inspección física practicada a las obras previstasen el contrato de fideicomiso suscrito entre FONDUR yPROVIVIENDA Entidad de Ahorro y Préstamo, para la construcciónde la Urbanización “Los Cedros”, en el estadoTrujillo, se determinó que el acceso vial a la urbanizaciónes a través de una carretera de tierra, debido a que el accesono se previó en los planes de ordenación urbanística.Observando que no se ajusta al contenido del artículo 24de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística (LOOU),Gaceta Oficial Nº 33.868 de fecha 16-12-1987, referidoa que los planes de ordenación urbanística contendrán,entre otros, un sistema de vialidad urbana primaria, asícomo lo previsto en el artículo 86 ejusdem, en el cualse considera la incorporación de la trama vial arterial ycolectora como variables urbanas fundamentales en elcaso de urbanizaciones. Lo que dificulta el acceso a laurbanización sobre todo en épocas de lluvias, por carecerde una vía transitable, asfaltada, que le permita a loshabitantes contar con transporte urbano para su traslado,aunado a las consecuencias adicionales que esta situaciónacarrea, como son la formación de charcos y el criaderode mosquitos transmisores de enfermedades.Se observó carencia de carpeta asfáltica en la vialidadinterna de la urbanización, ausencia de aceras perimetrales,así como, drenajes con pendientes no adecuadas que permitanla escorrentía de las aguas de lluvia del urbanismo, motivadoa que la empresa contratista no ejecutó a cabalidadlos trabajos correspondientes, no obstante las atribucionesy obligaciones del ingeniero inspector contempladas en elartículo 45, literales d) e i) de las CGCEO, referidos a lafiscalización de los trabajos que ejecute el contratista,para asegurarse de la buena calidad de las obras concluidaso en proceso de ejecución, además de informaral ente contratante mensualmente las anormalidades queobserve durante la ejecución de las obras. Ocasionandoel continuo deterioro de los elementos que conformanel urbanismo, debido al estancamiento de las aguas porla pendiente actual de los drenajes, no permite la adecuadaescorrentía de las mismas, evidenciando que nose tomaron las previsiones necesarias por parte de losinvolucrados, especialmente FONDUR quien no supervisóque la promotora realizara a cabalidad los trabajosvinculados con el urbanismo en comento, los cuales nohan sido culminados, no obstante haber transcurridomás de 5 años de su inicio.261

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007La urbanización fue construida al margen izquierdoaguas abajo del Río Castán, dentro de la zona de inundación,es decir, no se respetó la distancia mínima establecidaentre la ubicación de la urbanización y el margen izquierdodel Río Castán. No obstante lo previsto en el artículo 17 dela Ley Forestal de Suelos y Aguas (LFSA), Gaceta OficialNº 1.000 Extraordinario de fecha 26-01-1966, referida alas zonas protectoras en el que se establece zona mínimade 25 metros para los cursos no navegables permanentes ointermitentes, así como, lo contenido en el artículo 24 de laLOOU, referido a que los planes de ordenación urbanísticacontendrán “la determinación de los aspectos ambientales,tales como la definición del sistema de zonas verdes y espacioslibres de protección y conservación ambiental y ladefinición de los parámetros de calidad ambiental”. Es deindicar, que el curso del Río Castán se encuentra aproximadamentea 10 metros del extremo lateral derecho, y seha desbordado por la parte superior derecha diagonal a laentrada principal. Trayendo como consecuencia posterioresinundaciones del desarrollo urbanístico por causa del desbordamientodel Río Castán, tal como consta en informeemanado del Cuerpo de Bomberos en fecha 29-03-2005,afectando el urbanismo y las viviendas de los habitantesdel sector. Es decir, que el fondo no veló porque el proyectose elaborara tomando en consideración todos los elementosnecesarios para que la ejecución del urbanismo fuera factible,constatando que se ajustara a las variables urbanasestablecidas antes de iniciar la construcción, evitando lasconsecuencias expuestas.No se evidenció la construcción de obras hidráulicas deprotección como gaviones revestidos con concreto ni murode protección de taludes, por cuanto no se ejecutaron lostrabajos de acondicionamiento del cauce del Río Castán,debido a que la partida N° 74, código INOS-9233, referidaa “Estabilización y/o protección de taludes con gaviones2x1x1 en 500 m. del cauce del río” y la partida N° 75, códigoU-S/C, referida a la “Selección y recolección del agregadogrueso”, previstas en el presupuesto original, fueronpasadas a disminución, siendo necesaria la ejecución deestas estructuras de protección con el fin de realizar eltrabajo de confinamiento del material de fundación parala urbanización. Lo que trae como consecuencia quecada vez que el río se desborde, socave el terreno de laUrbanización, afectando las viviendas por no existir lasestructuras de protección, con el consecuente derrumbeo deterioro de las mismas, lo que significa que se disminuyeronpartidas necesarias para el urbanismo, con lasconsecuencias antes descritas. Lo que deja de manifiesto,la falta en el control en la ejecución de las obras, por partedel fondo a través del Ingeniero Inspector designado porFONDUR a tales efectos.La totalidad de 62 unidades de viviendas correspondientesa la Urbanización “Los Cedros”, fueron parcialmentedemolidas con desplome de paredes exteriores e interiores,abandonadas y con abundante maleza, no obstante que lasviviendas fueron concluidas por la empresa contratista,según consta en acta de terminación de fecha 25-06-2001,presentando constancia de habitabilidad suscrita por laDirección de Ingeniería Municipal de Pampanito del estadoTrujillo de fecha 09-11-2001 y posteriormente protocolizadas.Al respecto, el artículo 1.637 del Código Civil (GacetaOficial Nº 2.990 Extraordinario de fecha 26-07-1982),establece que “Si en el curso de 10 años, a contar desde eldía en que se ha terminado la construcción de un edificioo de otra obra importante o considerable, una u otra searruinen en todo o en parte por defecto de fabricación elingeniero, arquitecto y el empresario son responsables”.Por otra parte FONDUR es el que podría intervenir la obrade acuerdo a la Cláusula Décima Tercera del contrato defideicomiso y ordenar al contratista la demolición de laobra, previo informe del Ingeniero Inspector, siemprey cuando existan fallas técnicas, en concordancia conel artículo 52 de las CGCEO. Tal situación trae comoconsecuencia que no se obtenga el producto final, el cuales la dotación de viviendas dignas para la población másnecesitada.ConclusionesFONDUR no ejerció un adecuado control y seguimientode los diferentes contratos suscritos con ocasión de la ejecuciónde la referida obra, toda vez que los expedientes nocuentan con la suficiente documentación que justifique labuena ejecución de los trabajos, aunado a que el sistema decontrol interno es débil, dado que los manuales de normasy procedimientos para el otorgamiento de apoyo financiero262

Administración Nacional DescentralizadaSector Serviciosa las empresas promotoras privadas no están formalmenteaprobados por la máxima autoridad. Adicionalmente,Ingeniería Municipal otorgó el permiso de habitabilidadsin tomar en consideración los vicios de construcciónexistentes, las inundaciones de las viviendas con la crecidadel Río Castán y los problemas relacionados conlas deficiencias en cuanto a drenajes, vías de acceso alurbanismo, entre otros, sin que se evidenciara informesdel ingeniero inspector designado por FONDUR sobre lassituaciones presentadas, que conllevarían al desmantelamientode las viviendas con el posterior abandono de lasmismas, ni aplicación de las sanciones y/o penalizacionesa que hubiere lugar, situaciones que incidieron negativamenteen el derecho a la vivienda contemplado en laConstitución de la República Bolivariana de Venezuela, enlos Planes Sociales de la Nación, y en los objetivos previstosen los contratos respectivos, aunado al daño ocasionado alpatrimonio de FONDUR.RecomendacionesLa Junta Liquidadora de FONDUR deberá:• Abocarse a subsanar las fallas y deficiencias observadasen relación con la supervisión y control de loscontratos suscritos por FONDUR para la ejecución de losdesarrollos habitacionales, a los fines de que el procesode liquidación, mediante el cual esa Junta asumelas obligaciones propias de la institución, esté dirigidode manera efectiva, permitiendo crear la plataformaorganizativa requerida, para asegurar que el organismoque asuma las funciones, corrija las situacionescontenidas en este Informe, procurando satisfacer lasnecesidades de la colectividad, y cumplir, entre otros,con la meta prevista, relacionada con la construcciónde las viviendas con los servicios necesarios para suocupación, con miras a lograr un manejo adecuadode los recursos asignados.• Ejercer las acciones necesarias, en el sentido de coordinaresfuerzos para solventar la situación de la obraconstruida por la empresa contratista, e implementarcontroles que garanticen la calidad de los trabajosrealizados y la satisfacción del interés colectivo yaplicar las sanciones y/o penalizaciones a que hubierelugar.• Remitir el caso al Ministerio Público para que seejerzan las acciones en contra del Ingeniero Inspectorde las obras, de conformidad con lo establecido en elartículo 1.637 del Código Civil Venezolano.• Instar al Ingeniero Inspector para que elabore un informeexplicativo sobre las situaciones expuestas, elcual deberá ser remitido a este Organismo Contralor,en un tiempo perentorio.• Ejercer las acciones previstas en la Cláusula DécimaTercera del contrato de fideicomiso, en el sentido deintervenir la obra y ordenar al contratista su demolición,a expensas de éste, de conformidad con locontemplado en las CGCEO.FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDADY FOMENTO MUNICIPAL (FUNDACOMUN)EJECUCIÓN DE CONTRATO DE SERVICIOLa Fundación para el Desarrollo de la Comunidad yFomento Municipal (FUNDACOMÚN) fue creada medianteDecreto N° 688 (Gaceta Oficial N° 26.766 de fecha 31-01-1962), como una fundación del Estado venezolanoconstituida bajo la forma de Derecho Privado, en cuantoa su organización y funcionamiento, posee personalidadjurídica y está integrada a la estructura general del Estado,es decir, forma parte de los entes descentralizados sinfines empresariales, a los que se les aplica una mixturade disposiciones de Derecho Público y de Derecho Privado,y está sujeta al control de este máximo Órgano deControl, de conformidad con lo previsto en el artículo 9,numeral 11 de la Ley Orgánica de la Contraloría Generalde la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal(LOCGRSNCF), Gaceta Oficial N° 37.347 de fecha 17-12-2001. Adscrita al Ministerio de Estado para la Vivienda yel Hábitat, mediante Decreto N° 3.126 (Gaceta Oficial N°38.024 de fecha 16-09-2004), actual Ministerio del PoderPopular para la Participación Popular y Desarrollo Social(Decreto Nº 5.103, Gaceta Oficial Nº 5.836 Extraordinariode fecha 08-01-2007).Su misión es elevar la capacidad de gestión de losgobiernos locales y de las comunidades, para que actúencomo dinamizadores del desarrollo local, a fin de mejorarla calidad de vida de la ciudadanía. Su visión se orienta a263

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007ser reconocida como una organización líder en el apoyoy promoción del desarrollo local: Gobierno Municipal,Territorio y Población.Durante el año 2005, FUNDACOMÚN celebró un ConvenioInterinstitucional con el Instituto Autónomo ConsejoNacional de la Vivienda (CONAVI), para el Proyecto deAcompañamiento Social y Asistencia Técnica Comunitaria,a ejecutarse en todo el Territorio Nacional, con un presupuestoasignado de Bs. 17.010,00 millones, para prestaracompañamiento social y asistencia técnica comunitariaen materia de Hábitat y Vivienda bajo una metodologíasustentada en la micro-regionalización y sus potencialidadesendógenas, con basamento en la Constitución dela República Bolivariana de Venezuela, referidos a laparticipación ciudadana y la organización de la poblaciónpara generar un desarrollo sustentable y sostenible de lascomunidades. En este convenio, CONAVI es el organismoplanificador, organizador y prestador de la Asistencia TécnicaHabitacional y FUNDACOMÚN, es la institución ejecutoradel Programa de Acompañamiento Social y AsistenciaComunitaria. El objetivo general del convenio es brindarasistencia técnica a las comunidades objeto de atención através de una metodología de acompañamiento social, afin de articular programas y proyectos con la gestión delas instituciones y del gobierno local para lograr mayorparticipación y toma de decisiones en la búsqueda de respuestasen función a las necesidades de las comunidadesy así fortalecer el poder local.El proyecto de Asistencia Técnica y AcompañamientoSocial del año 2005, se ejecutó bajo la modalidad de contrataciónde Cooperativas de Acompañamiento Social, quienesdebían realizar un abordaje comunitario, a través delcual, las cooperativas que participaron en este proyecto,elaboraban un diagnóstico de necesidades; dictabantalleres de capacitación y asistencia a las comunidadesen la formulación de proyectos para la satisfacción denecesidades.Dentro de este Proyecto de Asistencia Técnica se encuentrala Cooperativa Unidos Podemos 125, con el objetode impulsar, concienciar y articular con las comunidadesla participación activa y la organización de la poblaciónpara generar un desarrollo sustentable y sostenible de lascomunidades.Alcance y objetivos de la actuaciónLa actuación se orientó a verificar que el contrato de serviciossuscrito por FUNDACOMÚN, para la asistencia técnica yacompañamiento social en el estado Nueva Esparta, se hayaejecutado conforme a la normativa que rige la materia, asícomo, en las cláusulas establecidas en el referido contratoy determinar que los recursos financieros destinados a laejecución del contrato de servicio hayan sido utilizadospara tal fin, durante el ejercicio fiscal 2005, mediante elanálisis exhaustivo.Observaciones relevantesNo se evidenció manual de normas y procedimientos aprobadopor la máxima autoridad de la fundación, aplicable acontratos de servicios relacionados con el Proyecto AcompañamientoSocial y Asistencia Técnica Comunitaria enmateria de Hábitat y Vivienda, no obstante que el artículo22 de las Normas Generales de Control Interno (NGCI)Gaceta Oficial N° 36.229 de fecha 17-06-1997, estableceque “Los manuales técnicos y de procedimientos debenser aprobados por las máximas autoridades jerárquicasde los organismos y entidades…”, siendo además, instrumentosnormativos para el funcionamiento del sistemade control interno, en el marco regulatorio que rige elSistema Nacional de Control Fiscal, previsto en el artículo24, parágrafo único de la LOCGRSNCF, a los fines que elpersonal disponga de herramientas de consulta actualizadasque permitan salvaguardar los recursos; conservar lasmejores prácticas; verificar la exactitud y veracidad de suinformación financiera y administrativa; promover la eficiencia,economía y calidad de sus operaciones. Situaciónque obedece a que en forma supletoria, los procedimientosadministrativos que realizan en la fundación, se rigen porlo establecido en el Manual de Normas de Control Interno(Gaceta Oficial N° 38.282 de fecha 28-09-2005). Es de significarque la falta de manuales de normas y procedimientosdebidamente aprobados, debilita el sistema de control internoy a su vez, limita la definición formal de los procesosque regulen la celebración y otorgamiento de contratos264

Administración Nacional DescentralizadaSector Serviciosde servicios entre FUNDACOMÚN y las cooperativas, lo quegenera discrecionalidad en la ejecución de las actividadesllevadas a cabo por las Cooperativas adscritas al ConvenioFUNDACOMÚN-CONAVI, en el Proyecto de AcompañamientoSocial y Asistencia Técnica Comunitaria.FUNDACOMÚN aprobó mediante Punto de Cuenta de fecha16-05-2005, la contratación de la Cooperativa UnidosPodemos 125, por un período de 2 meses y 16 días, desdeel 15-03-2005 hasta el 31-05-2005 por Bs. 22,80 millones,por concepto de servicios de asistencia técnica y acompañamientosocial, sin embargo, no se evidenció contratosuscrito entre FUNDACOMUN y la citada cooperativa, debidoa que se obviaron los procedimientos para contratar losservicios con las cooperativas, no obstante lo establecidoen el Título III, Capítulo I, artículos 1133 y 1159 del CódigoCivil, referido a que el contrato es ley entre las partes, loque implica que es la voluntad de las partes la que impera,además de ser un acuerdo bilateral en el que se señalanlas condiciones que rigen la ejecución de las actividades,hay aspectos que están expresados de manera directa enel cuerpo del contrato mediante cláusulas y en señal deconformidad deben firmar ambas partes. Por otra parte, lasNGCI en su artículo 23, establece la obligación de que todaslas transacciones y operaciones financieras, presupuestariasy administrativas deben estar respaldadas con la suficientedocumentación justificativa como lo es en este caso el contrato.Adicionalmente, el contrato es un acto de disposicióndel cual se desprende la voluntad de la administración degastar y por ende de afectar créditos disponibles del presupuesto.La situación antes descrita trae como consecuenciaque no haya un compromiso formal del convenio a travésde un contrato por ambas partes, a los efectos de cumplirlo previsto por la fundación y salvaguardar el patrimoniode la misma. Cabe resaltar que los contratos administrativosestán sujetos a un régimen de derecho público, en suformación, interpretación, ejecución y extinción.La Cooperativa Unidos Podemos 125 recibió comocontraprestación por los servicios prestados un pago únicopor Bs. 22,80 millones, sin la existencia de un contratosuscrito por ambas partes, no obstante que el artículo 6 delas NGCI prevé que “El control interno contable comprendelas normas, procedimientos y mecanismos, concernientesa la protección de los recursos y a la confiabilidad de losregistros de las operaciones presupuestarias y financieras,así como a la producción de información atinente a lasmismas”. Lo que deja de manifiesto que FUNDACOMÚNordenó el pago de un servicio sin el respectivo documentocontractual y sin que se evidencie que haya solicitado lasgarantías necesarias para el cabal cumplimiento de lasactividades a ser realizadas por la citada Cooperativa.Situación que evidencia que la fundación no previó lasgarantías necesarias y suficientes para responder por lasobligaciones que ha de asumir la cooperativa, conforme alo dispuesto en el artículo 38 de la LOCGRSNCF.Del análisis realizado al expediente de la CooperativaUnidos Podemos 125 se evidenció que las minutas de reuniónrealizadas en fechas: 11-03-2005; 14-03-2005; 18-03-2005; 21-03-2005; 22-03-2005; 27-04-2005 y 02-06-2005,no presentan la firma de los miembros de la comunidad queinterviene, ni de los integrantes de la Cooperativa UnidosPodemos 125, así como su respectivos números de cédulade identidad, como constancia de asistencia a las mismas,lo que evidencia debilidades en el sistema de control internode la fundación, no obstante lo establecido en el artículo23 de las NGCI, referido a la obligación de que todas lastransacciones y operaciones financieras, presupuestarias yadministrativas deben estar respaldadas con la suficientedocumentación justificativa, lo que demuestra la existenciade debilidades en el control administrativo sobre la documentaciónprobatoria que avale las actividades realizadaspor la Cooperativa Unidos Podemos 125. Tal situación nopermite garantizar la revisión y detección de posibles fallas,a los fines de realizar oportunamente las correccionespertinentes y por consiguiente, garantizar los objetivosplanteados, dada la importancia de estos documentos enel resultado final de los servicios realizados por parte delas cooperativas.No se cumplió la meta establecida por la Cooperativa UnidosPodemos 125 en el cronograma de ejecución (año 2005),para el municipio Mariño del estado Nueva Esparta, en loque respecta a capacitación (charlas y talleres), por cuanto setenía previsto 8 y se ejecutaron 2 talleres referidos a: Investigación-Educación-Organización-Desarrollo(INVEDECOR)y la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, en las265

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007comunidades La Chacalera y la Arboleda respectivamente,debido a debilidades en los procesos de control y oportunoseguimiento por parte de FUNDACOMÚN. La situación descritadenota inobservancia de lo previsto en el Título II, CapítuloIII, de la Ley Orgánica de Planificación, y del artículo 16de las NGCI, el cual refiere que la planificación debe seruna función institucional permanente, sujeta a evaluaciónperiódica. Además, refleja debilidad en la aplicación delas pruebas de cumplimiento y en la adopción de medidasnecesarias ante cualquier evidencia de desviación de la planificación.Al respecto, este Organismo Contralor destacala importancia de disponer de las herramientas necesariaspara evaluar la pertinencia de las acciones implementadaspara la consecución de las metas y objetivos establecidos,en el trabajo de las cooperativas, o si las mismas deben sermodificadas en función de los resultados obtenidos y lograrel cumplimiento de los objetivos y metas propuestos.ConclusionesSe evidenciaron fallas y debilidades vinculadas a la implantacióndel sistema de control interno de FUNDACOMÚN,toda vez que no existe manual de normas y procedimientos,aplicables a contratos de servicios para el trabajo en cooperativas,relacionados con el Proyecto AcompañamientoSocial y Asistencia Técnica Comunitaria, generando discrecionalidaden la ejecución de las actividades llevadasa cabo por el personal de la fundación. Por otra parte,FUNDACOMÚN realizó erogaciones por Bs. 22,80 millonesa la Cooperativa Podemos 125, sin contar con el correspondientedocumento contractual, en el cual se estableceríanlas obligaciones entre las partes, situación que nogarantiza una adecuada administración y salvaguardade los recursos del Estado, no obstante que la citadacooperativa no cumplió cabalmente con las metas previstasen cuanto a capacitación y que no contaba con losasociados requeridos de acuerdo con la normativa legalque rige la materia, condición que influyó negativamenteen el logro de los objetivos planteados.RecomendacionesLa Junta Directiva de FUNDACOMÚN deberá:• Elaborar y aprobar el manual de normas y proce-dimientos, aplicable a contratos de servicios relacionadoscon el Proyecto Acompañamiento Socialy Asistencia Técnica Comunitaria, a los efectos deperfeccionar el Sistema de Control Interno, para queel personal que labora en la fundación, disponga delas herramientas necesarias para salvaguardar losrecursos, conservar las mejores prácticas, verificar laexactitud y veracidad de su información financiera yadministrativa, promover la eficiencia, economía ycalidad de sus operaciones.• Garantizar la adecuada administración de los recursosy salvaguardar el patrimonio de la fundación, vigilarque las operaciones financieras, presupuestarias yadministrativas que afecten créditos disponibles delpresupuesto, estén respaldadas con la suficiente documentaciónjustificativa, así como, solicitar las garantíasnecesarias y suficientes que permitan responderpor las obligaciones que asuman las cooperativas, deconformidad con los procedimientos establecidos parala contratación de los servicios de las cooperativas.• Efectuar un efectivo y oportuno seguimiento y controlsobre las actividades que realizan las cooperativas,con la finalidad de exigir a éstas, el cumplimiento delos objetivos y metas previstas en los cronogramas deejecución, a efectos de no efectuar erogaciones portrabajos que no han sido ejecutados.• Velar que las cooperativas a ser contratadas por lafundación cumplan con los requisitos establecidosen la normativa legal aplicable, a fin de procurar satisfacerlas necesidades de la colectividad y cumplircon lo previsto en el Proyecto de AcompañamientoSocial y Asistencia Técnica Comunitaria.C.A. HIDROLÓGICA DEL LAGO DE MARACAIBO(HIDROLAGO)CONTRATOS DE SUMINISTRO DE BIENESY PRESTACIÓN DE SERVICIOSLa C.A. Hidrológica del Lago de Maracaibo (HIDROLAGO)opera como una empresa bajo la tutela de la C.A. Hidrológicade Venezuela (HIDROVEN) adscrita al Ministerio delAmbiente y de los Recursos Naturales (MARN) actualMinisterio del Poder Popular para el Ambiente, constituidael 30-10-90, e inscrita en el Registro Mercantil Primero266

Administración Nacional DescentralizadaSector Serviciosde la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, bajo elN° 04 del tomo 13-A-PRO, siendo su objeto principal, laadministración, operación, mantenimiento, ampliacióny reconstrucción de los sistemas de distribución de aguapotable y de los sistemas de recolección, tratamiento y disposiciónde aguas residuales del estado Zulia. Actualmente,la estructura organizativa de la empresa presenta: Un nivelcorporativo, conformado por la Asamblea de Accionistas,Junta Directiva, Unidad de Auditoría Interna, Presidencia ylas Gerencias Asesoras, una Gerencia General conformadapor las Gerencias: Comercial, Operación y Mantenimiento,Ingeniería y de Gestión Comunitaria.Para su funcionamiento, la Hidrológica durante el 2002manejó recursos presupuestarios por monto de Bs. 61.769,97millones, de acuerdo al Presupuesto de Ingresos y Gastospara ese Ejercicio Fiscal (Gaceta Oficial N° 37.436 de fecha06-05-2002); sin embargo, los recursos presupuestariosalcanzaron el monto de Bs. 82.354,09 millones, como resultadode modificaciones por aumento del presupuesto por lacantidad de Bs. 20.584,12 millones; así mismo, se realizarontraspasos entre partidas en la distribución institucional delpresupuesto de gastos durante ese año.La empresa durante el año 2003 contó inicialmente conrecursos presupuestarios por la cantidad de Bs. 82.695,03millones, de acuerdo al Presupuesto de Ingresos y Gastospara ese Ejercicio Fiscal (Gaceta Oficial N° 37.616 de fecha24-12-2002); sin embargo, los recursos presupuestariosalcanzaron el monto de Bs. 92.613,56 millones, como resultadode modificaciones por aumento del presupuesto porla cantidad de Bs. 9.918,53 millones; además, se realizarontraspasos entre partidas en la distribución institucional delpresupuesto de gastos durante ese año.Alcance y objetivos de la actuaciónLa actuación se circunscribió a la evaluación selectivade los 16 contratos suscritos por la empresa, para el suministro,mantenimiento, servicios y vigilancia, así como, lasacciones tendentes a subsanar en la Planta B y el Campo1, las pérdidas de bienes y materiales ocurridas, duranteel segundo semestre 2002 y el año 2003.Observaciones relevantesLa Junta Directiva de HIDROLAGO para el año 2002,aprobó por el procedimiento de Adjudicación Directa,basada en una emergencia administrativa del organismo,la contratación de tres empresas de vigilancia por montototal de Bs. 376,95 millones, no obstante lo previsto en elartículo 72 numeral 1 de la Ley de Licitaciones (GacetaOficial N° 5.556 Extraordinaria de fecha 13-11-2001), elcual establece que se procederá por Licitación Selectivaen caso de contratación de servicios, si el contrato a serotorgado es por un precio estimado desde 1.100 UnidadesTributarias y hasta 11.000 Unidades Tributarias. La aplicacióndel procedimiento de excepción, se fundamentó enla terminación anticipada del contrato de servicio suscritocon la empresa AAA Servicios de Venezuela LASSA, S.A.,y a las múltiples circunstancias que afectaron el equilibrioeconómico y la viabilidad técnica y financiera de la empresa,sin embargo, la emergencia en los organismos, debeconsiderar tres elementos básicos, el carácter imprevisto oimprevisible del hecho, el daño actual o eventual que puedacausar el hecho que debe revestir de cierta gravedad, y elcarácter urgente e inaplazable de la solución. Al respecto,la Hidrológica no implementó mecanismos de control interno,en cuanto a la revisión de los aspectos jurídicos dela autorización del Presidente de HIDROLAGO, para contratarempresas de vigilancia. Esta situación vulnera la razón yespíritu de la Ley de Licitaciones, los cuales están dirigidosa asegurar la transparencia, eficiencia y honestidad endichos procedimientos.No se evidenció en los expedientes de las empresas devigilancia contratadas durante los años 2002 y 2003, el documentoformalmente establecido como fianza de ResponsabilidadCivil, no obstante, lo previsto en el artículo 38 primeraparte numeral 3 de la Ley Orgánica de la ContraloríaGeneral de la República y del Sistema Nacional de ControlFiscal (LOCGRSNCF) Gaceta Oficial N° 37.347 de fecha17-12-2001, el cual establece que los responsables deberánasegurarse que se hayan previsto las garantías necesariasy suficientes para responder por las obligaciones que ha deasumir el contratista, en concordancia con lo señalado enel artículo 23 de las Normas Generales de Control Interno(NGCI) Gaceta Oficial N° 36.3229 de fecha 17-06-97, que267

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007las transacciones y operaciones financieras, presupuestariasy administrativas, deben estar respaldadas con la suficientedocumentación justificativa, así como, a lo previsto en laCláusula Octava de los contratos inicialmente citados, lacual señala, que la contratista presentará una Póliza deResponsabilidad Civil equivalente al 5,00% del monto totaldel contrato, en un término de 5 días hábiles contados apartir de su otorgamiento. Al respecto, la Hidrológica noimplementó mecanismos de control y supervisión, quegarantizaran la suscripción, revisión, evaluación y archivode las garantías establecidas en los contratos de servicios.Esta situación dejó en estado de indefensión a la empresaHidrológica ante posibles situaciones que pudieran habersesuscitado a terceros.El Presidente de HIDROLAGO para el año 2003, aprobó porel procedimiento de Adjudicación Directa basada en unadeclaratoria de servicios básicos, la contratación de 2 empresasde vigilancia, la primera en fecha 26-03-2003, por unmonto de Bs. 432,96 millones y la segunda en fecha 08-04-2003, por la cantidad de Bs. 401,51 millones, no obstante loprevisto en el artículo 61 numeral 1 de la Ley de Licitaciones,el cual establece que, se debe proceder por LicitaciónGeneral en caso de contratación de servicios, si el contratoes por un monto estimado superior a 11.000 Unidades Tributarias.La Hidrológica consideró como servicios básicos,lo siguiente: servicios de operación y mantenimiento de lasplantas de tratamiento, servicios de distribución de aguapotable, albañilería vinculada al mantenimiento de redesde acueductos y cloacas, servicios comerciales y de vigilancia,entre otras, sin embargo, ésta Contraloría Generalconsidera como servicios básicos solamente, los serviciosindicados en el Plan Único de Cuentas actual Clasificadorde Partidas, tales como: electricidad, gas, agua, teléfono,correo, telégrafo, y aseo urbano. Al respecto, no se realizóel estudio jurídico de factibilidad de la aplicación de dichadecisión tomada por parte del Presidente de la empresa,previo a la ejecución de la misma. Esta situación vulnerala razón y espíritu de la Ley de Licitaciones, los cualesestán dirigidos a asegurar la transparencia, eficiencia yhonestidad en dichos procedimientos.La Hidrológica incorporó a la partida presupuestariaServicios de Vigilancia, la cantidad de Bs. 231,46 millones,mediante traspasos de créditos presupuestarios, sin evidenciarsedocumentos soportes relacionados con la formalaprobación de los mismos, no obstante, lo previsto en elartículo 2 numeral 1 de las Normas Relativas al TrámiteAutorizatorio de las Modificaciones Presupuestarias de lasSociedades Mercantiles y Otros Entes Descentralizadoscon Fines Empresariales (Gaceta Oficial N° 37.649 defecha 13-03-2003) el cual establece que los traspasos decréditos presupuestarios menores al 10,00% de los créditosoriginalmente aprobados en su presupuesto, deberán serautorizados por la máxima autoridad del organismo. Alrespecto, la Hidrológica emite la solicitud de modificaciónpresupuestaria en fecha 30-12-2003, sólo firmada por elAnalista de Presupuesto para la fecha; lo que evidencia,que las autoridades de HIDROLAGO no implementaron mecanismosde supervisión, control y seguimiento, en cuanto almanejo de los recursos presupuestarios que garantizaran elcumplimiento de los trámites autorizatorios correspondientespara realizar los traspasos entre cuentas. Esta situaciónle restó formalidad a las operaciones realizadas en materiapresupuestaria, afectando además otras partidas asignadasa programas y actividades diferentes de interés para laprestación del servicio a la colectividad.El presidente de la hidrológica suscribió 4 contratosde servicios y 2 de mantenimiento por monto total deBs. 4.312,35 millones, para el suministro de personaldestinado a la operación y mantenimiento del sistema deagua potable, mediante procedimientos de AdjudicaciónDirecta, fundamentado en una declaratoria de serviciosbásicos, no obstante, lo previsto en el artículo 61 numeral1 de la Ley de Licitaciones, el cual establece que, se debeproceder por Licitación General en caso de contratación deservicios, si el contrato es por un monto estimado superiora 11.000 Unidades Tributarias, así como, a lo previsto enel artículo 72 numeral 1 ejusdem, el cual establece que, sedebe proceder por Licitación Selectiva en caso de contrataciónde servicios, si el contrato a ser otorgado es por unmonto estimado superior a 11.000 Unidades Tributarias. Atal efecto la Hidrológica consideró como servicios básicos:los servicios de operación y mantenimiento de las plantasde tratamiento, servicios de distribución de agua potable,entre otras, sin embargo, ésta Contraloría General consideracomo servicios básicos a los indicados en el Plan Único268

Administración Nacional DescentralizadaSector Serviciosde Cuentas actual Clasificador de Partidas, tales como:electricidad, gas, agua, teléfono, correo, telégrafo, y aseourbano. Al respecto, no se realizó el estudio jurídico defactibilidad de la aplicación de dicha decisión tomada porparte del Presidente de la empresa, previo a la ejecuciónde la misma. Esta situación vulnera la razón y espíritu dela Ley de Licitaciones, en cuanto al procedimiento para laselección de contratistas.No fueron suministrados documentos mediante loscuales se evidencien las acciones emprendidas por la Hidrológica,durante el período comprendido entre el mesde febrero y mayo de 2003, a los fines de subsanar laspérdidas de bienes y materiales ocurridas en Planta B yCampo 1, ni comunicaciones dirigidas a las empresas devigilancia contratadas para este fin, no obstante, lo previstoen el artículo 131 de la Ley Orgánica de la AdministraciónFinanciera del Sector Público (LOAFSP) Gaceta Oficial N°37.606 de fecha 09-01-2003, el cual establece que el sistemade control interno tiene por objeto asegurar el acatamientode las normas legales, salvaguardar los recursos y bienesque integren el patrimonio público, en concordancia conel artículo 23 literal a de las NGCI, el cual establece quelos documentos deben contener información completa yexacta, archivarse siguiendo un orden cronológico. Motivadoa que los responsables de Planta B y Campo 1 deCabimas, no ejercieron una efectiva supervisión y controlpara la salvaguarda de los bienes y equipos, aunado a que noimplementó mecanismos de control orientados al resguardode la documentación contenida en sus archivos. Esta situaciónincidió negativamente en el patrimonio de HIDROLAGO, y en laprestación del servicio a la población; además, los archivoscarecen de confiabilidad lo que limita el ejercicio del controlatribuidos los Órganos de Control Fiscal.ConclusionesComo resultado de la Evaluación de los contratos desuministro, mantenimiento, servicios y vigilancia suscritospor la C.A. Hidrológica del Lago de Maracaibo (HIDROLAGO)se constató que: las autoridades de la empresa realizaroncontrataciones de servicios de vigilancia, por el procedimientode adjudicación directa, basándose en una emergenciaadministrativa de la empresa durante el año 2002y en una declaratoria de servicios básicos durante el año2003, igualmente para este año, se suscribieron 4 contratosde servicios y 2 de mantenimiento bajo esta modalidad, yno de conformidad con lo previsto en los procedimientosde adjudicación por licitación selectiva y general, respectivamente,contemplados en la Ley de Licitaciones; aunadoa que en los expedientes de los contratos suscritos con lasempresas de vigilancia durante esos años, no se encontraronlas fianzas de responsabilidad civil, que garantizarán elpatrimonio de la empresa ante posibles daños a terceros; enrelación, al contrato de vigilancia con el servicio autónomo,cabe destacar, que fue suscrito sin disponer de recursospresupuestarios formalmente aprobados por las autoridadescompetentes en la partida “Servicios de Vigilancia”.En cuanto a las pérdidas de bienes y materiales ocurridasen la Planta B y el Campo 1, no fueron suministrados losdocumentos mediante los cuales se evidencien las accionesemprendidas por la Hidrológica, durante el períodocomprendido entre el mes de febrero y mayo de 2003, nicomunicaciones dirigidas a las empresas de vigilancia,contratadas para este fin, tendente a corregir debilidadesen el sistema de vigilancia. Situaciones que incidieronnegativamente en la gestión que desarrolló la Hidrológica,en cuanto a los procesos de adjudicación de los contratos,en la confiabilidad de los registros presupuestarios y en larecuperación de los bienes perdidos.RecomendacionesEsta Contraloría General de la República le recomiendaal Presidente de HIDROLAGO lo siguiente:• Establecer los mecanismos de control interno necesarios,que garanticen el análisis exhaustivo delos aspectos jurídicos que respaldan los procesosde adjudicación de los contratos de mantenimiento,servicios y vigilancia.• Implementar mecanismos de control y supervisión,que garanticen la suscripción de las fianzas de responsabilidadcivil por las empresas contratadas y posteriorrevisión, evaluación y archivo de las garantíasestablecidas en los contratos.• Exhortar a la gerencia de planificación y presupuesto,a ejercer un estricto control y supervisión de la disponibilidadpresupuestaria en las partidas y especificas,269

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007antes de proceder a la adquisición de compromisos através de la suscripción de contratos.• Instar a la gerencia de seguridad y prevención, aejercer una efectiva supervisión y control para salvaguardarlos bienes y equipos de la empresa, así como,implementar mecanismos de seguimiento con ocasióna las situaciones que ocurran por pérdidas o hurtos, yvelar por el archivo y resguardo de la documentaciónque respalde su gestión.C.A. HIDROLÓGICA DEL LAGO DE MARACAIBO(HIDROLAGO)DESIGNACIÓN DEL TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNOLa C.A. Hidrológica del Lago de Maracaibo (HIDROLAGO)es una empresa integrada a la estructura general del EstadoVenezolano, es decir, forma parte de los entes descentralizadosfuncionalmente, lo que la hace partícipe deun sistema mixto de derecho. Así, se rige por normas dederecho privado en cuanto a su creación, organizacióny funcionamiento, y está sometida a normas de derechopúblico, por tanto, sujeta al control de este máximo organismode control de conformidad con lo previsto enel artículo 9 numeral 10 de la Ley Orgánica de la ContraloríaGeneral de la República y del Sistema Nacionalde Control Fiscal (LOCGRSNCF), Gaceta Oficial No.37.347 de fecha 17-12-2001, ello sin perjuicio del controlque le corresponde ejercer a su órgano de control fiscalinterno.Opera como una empresa bajo la tutela de la C.A. Hidrológicade Venezuela (HIDROVEN), adscrita al Ministerio delAmbiente y de los Recursos Naturales, actual Ministeriodel Poder Popular para el Ambiente, constituida el 30-10-90e inscrita en el Registro Mercantil Primero de la CircunscripciónJudicial del Estado Zulia, bajo el No. 04 del tomo13-A-PRO, siendo su objeto principal, la administración,operación, mantenimiento, ampliación y reconstrucciónde los sistemas de distribución de agua potable y de lossistemas de recolección, tratamiento y disposición deaguas residuales del Estado Zulia. Igualmente, podráejecutar todo tipo de actividades conexas, relacionadascon el cumplimiento de su objetivo social.El área de auditoria interna se encuentra adscrita a lajunta directiva y esta compuesta por: la unidad asesora deinvestigaciones administrativas y apoyo legal, unidad deauditoría administrativa y financiera, unidad de control yseguimiento de gestión y unidad de auditoría técnica.La junta directiva de HIDROLAGO aprobó el llamado a concursopara la selección del auditor interno, en fecha 06-02-2006, dándose de esta forma inicio al proceso del concurso.El Presidente de HIDROLAGO, notificó a la SuperintendenciaNacional de Auditoría Interna (SUNAI), de la apertura delproceso para la selección y designación del titular de laUnidad de Auditoría Interna. Para el nombramiento de losmiembros del jurado y sus respectivos suplentes, procedióa la publicación del llamado a concurso en fecha 13 y 17 defebrero de 2006, de este hecho fue informada esta ContraloríaGeneral, en atención a lo previsto en el Reglamentosobre los Concursos Públicos para la Designación de losContralores Distritales, Municipales, y los Titulares de lasUnidades de Auditoría Interna de los Órganos del PoderPúblico Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y sus EntesDescentralizados (RCPDCDMTUAI), Gaceta Oficial No.38.311 de fecha 10-11-2005, vigente para la fecha de iniciodel concurso.El jurado del concurso estuvo integrado por tres miembrosprincipales y sus respectivos suplentes, los cualesfueron designados por HIDROLAGO, previa presentación decredenciales ante la Hidrológica, los cuales estaban acordecon los requisitos del reglamento antes citado.El ganador del concurso fue designado por la Junta Directivamediante Acta No. 5 de fecha 12-04-2006, la cualfue remitida a esta Contraloría General de la República,conjuntamente con los resultados y el acto motivado medianteel cual se realizó la designación, juramentación ytoma de posesión para el cargo de auditor interno.Alcance y objetivos de la actuaciónLa actuación se orientó a evaluar el proceso de seleccióny designación del Auditor Interno de la C.A.,Hidrológica de Maracaibo (HIDROLAGO), realizado en elaño 2006. En tal sentido, la revisión y evaluación del270

Administración Nacional DescentralizadaSector Serviciosexpediente se realizó de manera exhaustiva. Verificar siel concurso para la selección y designación del auditorinterno de HIDROLAGO se realizó de conformidad con lanormativa legal vigente.Observaciones relevantesDe 8 participantes preseleccionados, 4 no contaban conel requisito de un mínimo de 3 años de experiencia laboralen control fiscal, no obstante lo previsto en los artículos 13numeral 8 y 29 numeral 1 del RCPDCDMTUAI, el cualseñala que para participar en el concurso se debe poseer nomenos de 3 años de experiencia laboral en control fiscal;y el Jurado Calificador tiene entre otras atribuciones la deverificar el cumplimiento de los requisitos para concursarpor cada aspirante y rechazar a quienes no lo reúnan. Cabeseñalar, que en ano de los expedientes no se evidenciódocumentación alguna que soporte los años de servicio enla Petroquímica de Venezuela (PEQUIVEN), ni documentosque demuestren que es jubilado de la citada compañía,no obstante, lo establecido en el artículos 29 numeral 3ejusdem, indica que el jurado calificador, tendrá entreotras atribuciones la de invalidar la inscripción ydescalificar al aspirante, en caso de falsedad de losdatos suministrados o de los documentos que presente.En otro caso, se observó la existencia de dos matricesde evaluación donde las puntuaciones asignadas porel jurado calificador eran diferentes, al respecto estaContraloría General tomó en consideración la primeraevaluación según el orden del expediente, no obstante,lo establecido en el artículo 23 de las Normas Generalesde Control Interno (NGCI), Gaceta Oficial No.36.229 de fecha 17-06-97, los cuales establecen quelos documentos deben contener información completay exacta, archivarse siguiendo un orden cronológico uotro sistema de archivo que facilite su oportuna localización.Las situaciones antes señaladas evidencianque el jurado calificador no dio estricto cumplimientoa lo establecido en el citado reglamento, en cuanto alos requisitos que debían cumplir los participantesdel concurso, aunado a la ausencia de supervisión,control y seguimiento de la documentación que soportael expediente, lo que trajo como consecuenciaque se evaluaran credenciales de participantes que nocumplían con los requisitos establecidos, además, losdocumentos que respaldaban el expediente del citadoproceso de concurso estaban incompletos, lo que le restóconfiabilidad a dichos soportes.De la revisión documental efectuada a las matrices deevaluación, de 3 participantes, contenidas en el Acta No.4, se evidenció que les asignaron en el aspecto de experiencialaboral un total de 86.50, 78 y 70 puntos, siendo elmáximo establecido de hasta 65 puntos, tal como lo prevé elartículo 31 del RCPDCDMTUAI, aplicable para el procesode selección. Lo que evidencia que el jurado calificadorno dio estricto cumplimiento a lo establecido en el citadoreglamento, por lo que los resultados de la evaluación noson confiables.De la revisión efectuada al expediente del procesode selección del auditor interno de HIDROLAGO, se observóque los folios comprendidos desde el 160 hastael 166 estaban repetidos y los documentos relacionadoscon uno de los participantes, no fueron foliados en suoportunidad, así mismo, el expediente no había sidoremitido a la Gerencia de Recursos Humanos, a la fechade la actuación fiscal 07-08-2006, no obstante lo previstoen el artículo 23 de las NGCI, el cual señala quelos documentos deben contener información completa yexacta, archivarse siguiendo un orden cronológico u otrosistema de archivo que facilite su oportuna localización,así como lo establecido en el artículo 46 del RCPDCD-MTUAI, aplicable para este concurso, el cual establecíaque los documentos que sirvan de soporte a la decisióntécnica del proceso de selección de los titulares delas unidades de auditoria interna debería permaneceren los archivos del área de recursos humanos delrespectivo ente u organismo convocante por un lapsomínimo de un año. Las situaciones antes señaladas,evidencian la ausencia de control y seguimiento enel resguardo de la documentación que soporta alexpediente, por parte de la consultoría jurídica, dependenciadesignada para atender todo lo relacionadocon el concurso de auditor interno de la empresa. Talsituación le resta confiabilidad a la documentaciónque contiene el expediente y a los responsables quelo tienen en custodia.271

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007No se evidenció que las autoridades de HIDROLAGO, previonombramiento del auditor interno, hubieren consultadoel registro de inhabilitados que lleva la Contraloría Generalde la República. Al respecto, el artículo 105 de la LOCGR-SNCF en su último párrafo, establece que las máximasautoridades de los organismos y entidades previstas enlos numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, antes deproceder a la designación de cualquier funcionario público,están obligados a consultar el registro de inhabilitados quea tal efecto creará y llevará la Contraloría General de laRepública. Toda designación realizada al margen de estanorma será nula. La citada observación, obedece a la inexistenciade mecanismos de control interno que permitieran alas autoridades de HIDROLAGO verificar y corroborar si losaspirantes al concurso se encontraban en el citado registro,a los efectos de evitar que los nombramientos como funcionarioso servidores públicos, se realizara sobre personas enlas cuales se haya dictado alguna medida de inhabilitaciónpara ejercer la función pública.ConclusionesComo resultado de la evaluación al proceso de seleccióny designación del auditor interno de la C.A., Hidrológicadel Lago de Maracaibo (HIDROLAGO), realizado en el año2006, se constató que el jurado calificador no dio estrictocumplimiento a los parámetros establecidos en la normativalegal vigente, para la fecha de la celebración del mismo,por cuanto: seleccionó para el concurso de auditor interno,participantes que no reunían los requisitos mínimos establecidosen cuanto a la experiencia laboral, no atendiólos parámetros previstos en los puntajes para capacitacióny experiencia laboral, así como, los expedientes de losparticipantes no reposaban en la Gerencia a la cual lecorrespondía la custodia de los mismos, aunado a que,no todos los documentos contenidos en éstos, fueron foliadosen su oportunidad y otros presentaban numeraciónrepetida. Adicionalmente, no se evidenciaron documentosrelativos a la consulta del registro de inhabilitados quelleva la Contraloría General de la República previo a ladesignación del titular del cargo, observándose, inexistenciade mecanismos de control interno a los fines de suverificación. Situaciones que evidencian debilidades en elproceso de selección, al incumplir las bases previstas parala designación del titular de la unidad de auditoría internade la empresa, lo cual limitó garantizar la imparcialidady objetividad en el proceso, vulnerando la transparenciade los resultados.RecomendacionesEn atención a las observaciones contenidas en el presenteInforme, esta Contraloría General de la República le recomiendaa la máxima autoridad jerárquica de HIDROLAGO,lo siguiente:• Ser vigilante de que el jurado calificador que sedesigne para llevar a cabo los siguientes procesosde selección del titular de la unidad de auditoríainterna, observe las disposiciones previstas en lanormativa que regula dicho proceso, haciendo énfasisen el aspecto relacionado con la evaluación delas credenciales y condiciones de cada participante,verificando que cumplan con los requisitos mínimosexigidos para concursar, con la finalidad de garantizarla objetividad del proceso, la validez y confiabilidadde los resultados, en estricto cumplimiento de lasatribuciones y deberes previstos en la normativa queregula la materia.• Establecer mecanismos de control interno necesarios,que garanticen el análisis exhaustivo, de la documentaciónentregada por los aspirantes y la asignaciónde los puntajes obtenidos, de acuerdo a lo previstopara la capacitación y experiencia laboral, que a talefecto contiene las bases la designación del auditorinterno.• Implementar los mecanismos de control internopertinentes, con el fin de asegurar que todos losdocumentos recibidos sean foliados, de manera talque garantice la transparencia en el proceso, antesde proceder al resguardo y archivo de la informaciónemitida con ocasión del proceso de selección, en lagerencia de recursos humanos.• Establecer los mecanismos necesarios a los fines deincorporar al proceso de selección, la consulta delregistro de inhabilitados, que a tal efecto lleva laContraloría General de la República.272

Administración Nacional DescentralizadaSector ServiciosINSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACIÓNDEL LAGO DE MARACAIBO (ICLAM)ACCIONES EMPRENDIDAS Y RECURSOS OTORGADOSPARA LA ERRADICACIÓN DE LA LEMNA ACUÁTICAEl Lago de Maracaibo está ubicado en el estado Zulia,el cual se encuentra al noroeste de Venezuela, limitado alnorte por el Golfo de Venezuela, al sur por los estados Mériday Táchira y la República de Colombia; al este por los estadosFalcón, Lara y Trujillo y al oeste por Colombia. La cuenca delLago de Maracaibo está conformada por mas de 135 cursosde agua permanentes y temporarios; de estos, los de mayorimportancia que desembocan en la margen occidental del Lagoson Limón, San Juan, Apón, Santa Ana, Palmar y el Catatumbo,que constituye el principal afluente del Lago, aportando el60,00% de agua dulce que recibe; Zulia, Escalante, Chama yMucujepe en la margen sur, y Motatán, Misoa, Machango, yPueblo Viejo, en la margen oriental.Para coadyuvar a hacer mucho más efectiva las competenciasy actividades ambientales en la cuenca del Lagode Maracaibo, mediante ley (Gaceta Oficial N° 2.890 Extraordinariode fecha 28-12-1981) se creó el ICLAM, dotadode personalidad jurídica y patrimonio propio, adscrito alMARN. Este instituto tiene por objeto, promover, planificar,programar, coordinar, evaluar y ejecutar las laboresinherentes a las investigaciones y asesoramiento necesariopara el logro de sus objetivos; obtención y preparaciónde la documentación e información, normas y aspectoslegales de las actividades relacionadas con el control yconservación del Lago de Maracaibo y su cuenca; planificary proyectar obras, o aprobar proyectos, para mejorarel funcionamiento del Sistema Ecológico e Hidrográficode la Cuenca, que permita el aprovechamiento integral delsistema Lago-Cuenca; promover, coordinar y evaluar laejecución de obras que organismos especializados públicoso privados ejecuten para el aprovechamiento integral delLago de Maracaibo y su cuenca hidrográfica.En abril de 2004, se observó en el Lago de Maracaiboun fenómeno de importancia ecológica, como fue elcrecimiento explosivo de plantas acuáticas, principalmenteflotantes y emergentes, perteneciente a la familiaLemnaceae, conocida como lenteja de agua, la cual fueidentificada como Lemna obscura, por lo que el EjecutivoNacional mediante Decreto N° 2.966 de fecha 08-06-2004(Gaceta Oficial N° 37.959 de fecha 14-06-2004), declaró laemergencia en el lago y sus estados adyacentes, afectadospor la presencia masiva de superfloración de macrofitasacuáticas Lemna sp.Para el ejercicio fiscal 2004 el presupuesto de Ingresos yGastos aprobado por Bs. 15.098,89 millones (Gaceta OficialN° 5.678 Extraordinario del 16-12-2003), no incluyó recursospara atacar la superfloración de alguna especie acuática.No obstante, Petróleos de Venezuela como miembro del ComitéNacional para atender la emergencia, suscribió el referidoconvenio con el MARN y el ICLAM, aportando Bs. 24.000,00millones para atacar la problemática de la Lemna.En el presupuesto de Ingresos y Gastos del año 2005 porBs. 30.514,43 millones (Gaceta Oficial N° 5.750 Extraordinariode fecha 29-12-2004), se evidenció la programaciónde actividades relacionadas con la evaluación de la familialemnaceae y demás especies acuáticas en los ecosistemasde la Cuenca del Lago de Maracaibo, así como, la recolecciónde la Lemna y se le asignó recursos por Bs. 6.267,26 millones.Alcance y objetivos de la actuaciónLa actuación se orientó con el fin de identificar las posiblescausas de la proliferación de las macrofitas acuáticas,Lemna sp, en el Lago de Maracaibo, durante el año 2004y primer semestre de 2005, en tal sentido se procedió a conocerel impacto que produce la proliferación de la Lemnaen el Lago de Maracaibo y sus zonas adyacentes; constatarlas acciones emprendidas por los organismos involucradosen la emergencia decretada por el Ejecutivo Nacional, paraerradicar las posibles causas que originaron la proliferaciónde la Lemna, así como verificar que los recursos otorgadospara erradicar la problemática existente en torno a la presenciade la Lemna, hayan sido destinados para tal fin.Observaciones relevantesLa Lemna causó impactos ambientales, económicos yde salud en la región zuliana; toda vez que, en términos de273

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007salud, el contacto con la planta causó algunos problemassobre la piel a los habitantes, con una impresión diagnósticainicial de dermatitis por contacto, no micótica; así como,asma, diarrea y fatigas en algunas personas. En cuanto a loeconómico se encuentra la obstrucción de canales de riegoy drenaje, que dificultaron la navegación y la pesca, observándoseen las estadísticas pesqueras correspondientes a losaños 2003, 2004 y los dos primeros meses del año 2005, suministradaspor Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA)que la producción disminuyó levemente entre los mesesde mayo a diciembre del 2004 respecto al año 2003. Laafectación ambiental producto de la proliferación de estaespecie acuática, la cual está asociada, entre otros factores,al exceso de nutrientes originados de fuentes puntuales y nopuntuales (zonas agrícolas, pecuarias, descargas de aguasresiduales domésticas e industriales en la cuenca) generaalta rata de consumo de oxígeno, es decir disminución deloxígeno en el agua (Hipoxia), pérdida de la biodiversidady muerte de peces. Cabe referir, que la presencia de laplanta abarcaba grandes extensiones y conformaba unacapa gruesa con olor putrefacto y cambio de color en elagua, a medida que se acumulaba en las riberas del lago,lo que ocasiona la disminución del potencial como recursopara fines de consumo humano, industrial y turístico. Sinembargo, esta situación no había afectado el ecosistemadel Lago de Maracaibo. Es importante la disposición finalde los desechos de la Lemna en diversos terrenos y bajodiferentes condiciones, “Determinación de metales pesadosen Lemna obscura procedentes de los sitios de recolecciónen áreas litorales del Lago”, con la participación de LUZy el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas(IVIC) en noviembre de 2004, el material vegetal de Lemnaobscura no es un material o desecho peligroso y puedeser tratado como un desecho orgánico, y utilizada para lapurificación biológica de aguas servidas, para ser utilizadacomo abono (primero evaluar sus nutrientes y otras característicasfísicas, químicas y microbiológicas).No se observaron acciones conjuntas y coordinadasentre los diferentes organismos nacionales, regionales ylocales orientados a la erradicación de las posibles causasy minimización de la superfloración de Lemna, no obstante,el Decreto N° 2.966 de fecha 08-06-2004 referidoa la declaración de emergencia en el Lago de Maracaibo,establece en sus artículos 2 y 5 que deberán implementarsetodos los mecanismos y planes previstos en el Decreto conFuerza de Ley de la Organización Nacional de ProtecciónCivil y Administración de Desastres y las demás medidasnecesarias para enfrentar los potenciales daños quepudiera ocasionar la situación que genera la emergencia;igualmente, en el artículo 5 se exhortó a los gobernadoresy alcaldes a cooperar en la solución; así como quedaronencargados de la ejecución del Decreto los Ministerios: delAmbiente y de los Recursos Naturales, Interior y Justiciay la Defensa, actualmente Ministerios del Poder Popularpara: Ambiente, Interior y Justicia y la Defensa. Asimismo,la ley de creación del ICLAM establece en el artículo7, numeral 2, referida a las atribuciones del instituto encuanto a la coordinación de los esfuerzos de los diversosorganismos oficiales y privados en pro de la conservacióndel Lago de Maracaibo. Esta situación se originó motivadaa que no hubo consenso entre las diferentes autoridadesde la región para enfrentar la citada emergencia. Lo quetrajo como consecuencia la baja efectividad para reducir aniveles convenientes la presencia de la Lemna, ya que sepudo haber atacado sistemáticamente por diferentes puntosgeográficos y con diferentes criterios de acción.El ICLAM para la fecha en que se generó la proliferaciónde la Lemna Sp en el Lago (14-04-2004), no contaba conlos recursos humanos, materiales y financieros; ni conestudios e investigaciones recientes del grado de eutrofizacióndel lago que le permitiera atender con eficiencia yoportunamente la contingencia presentada, no obstante,que la ley de creación del ICLAM, en sus artículos 2 y 18establecen como objeto del instituto; promover, planificar,programar, coordinar, evaluar y ejecutar las laboresinherentes a las investigaciones, sometidas a su control einvestigación; asimismo, el artículo 19 numeral 12, de laLey Orgánica del Ambiente (Gaceta Oficial N° 31.004 defecha 16-06-1976), señala que son consideradas actividadessusceptibles de degradar el ambiente las que propenden ala eutrofización de lagos y lagunas, en concordancia con elartículo 43 de las Normas para el Aprovechamiento de lasCuencas (Gaceta Oficial N° 36.013 de fecha 02-08-1996)que estipula, la conservación de las cuencas hidrográficasse desarrollara a través de la implementación de planes nacionales,regionales y locales de conservación de cuencas,274

Administración Nacional DescentralizadaSector Serviciosa fin de prevenir y disminuir el deterioro de los recursosnaturales renovables presentes en estas áreas. Esta situaciónse originó debido a una planificación inadecuada encuanto a proyectar estudios e investigaciones relacionadascon el ecosistema del lago, toda vez que ya se conocía dela existencia y crecimiento de la familia Lemnácea; lo quesignifica que el instituto no tomó las previsiones necesariasen cuanto a los escenarios que pudieron generarse relacionadoscon algunos fenómenos naturales; así como, el controly seguimiento de las empresas de la región que realizanactividades degradantes del ambiente y así minimizar lacantidad de nutrientes aportados al lago, lo que originó quese abordara la problemática de la superfloración como unimprevisto, acometiéndose bajo criterios de emergencia.ConclusionesLa proliferación de las macrofitas Acuáticas Lemna Spen la Cuenca del Lago de Maracaibo se ocasionó por losniveles de contaminación de las aguas del lago producto delos desechos orgánicos y químicos, que llegan a la cuencaa través de los ríos que desembocan en el mismo, el pocoo nulo mantenimiento a las plantas de tratamiento de lasaguas servidas de las poblaciones adyacentes al lago, queaportan considerables nutrientes orgánicos y bacterianosque contribuye al desarrollo de plantas acuáticas, en estecaso la Lemna Sp, así como, por la falta de recursos humanos,materiales y financieros, ni de estudios recientesrelacionados con la eutrofización de las aguas del lago,que permitiera ejercer acciones oportunas en los cambiosque se generaron en la cuenca, aunado a la inexistencia demecanismos de coordinación, colaboración y participaciónde otros organismos que hacen vida en el lago.Aun cuando desde su creación, las competencias delICLAM es el control y conservación de la Cuenca del Lago,es con la proliferación de la citada planta, que emprendióun conjunto de acciones dirigidas, a la recolección dela misma, para mitigar su presencia, así como estudiose investigaciones con otros organismos y universidadesnacionales en la búsqueda de soluciones para el control yerradicación de la misma. Sin embargo, no se observó unaacción conjunta de los diferentes organismos regionalesy locales que conviven alrededor del lago, que apoyarande manera efectiva las acciones adelantadas por el actualMinisterio del Poder Popular para el Ambiente y el ICLAM,orientadas a minimizar la presencia de la planta y a estudiarlas causas de su aparición para erradicarla. Por lo que supresencia por prolongados períodos de tiempo y su rápidadescomposición, causó impactos ambientales, económicosy de salud en la región; en la salud se destacó problemas enla piel, así como, asma, diarrea y fatigas; en lo económico,la obstrucción de canales de riego y drenajes que dificultaronla navegación y la pesca. El impacto ambiental se hizoevidente en la pérdida de biodiversidad y muerte de pecesy el cambio de coloración en el agua.Recomendaciones• La gerencia responsable de la investigación en el institutodeberá formular las recomendaciones pertinentesen cuanto a la recolección y disposición de la LemnaSp, a fin de minimizar el impacto fundamentalmenteen la salud de la población.• El presidente del ICLAM deberá dictar las instruccionespertinentes a las gerencias correspondientes, en el sentidode fortalecer la planificación de los estudios e investigacionesen la cuenca del lago, que permitan detectaroportunamente, situaciones que alteren el ecosistema yfaciliten la aplicación de acciones oportunas.• Las máximas autoridades del ICLAM deberán proveer desuficientes recursos financieros, materiales y humanospara la investigación, el control y seguimiento de loscuerpos de agua vertidos y efluentes de líquidos provenientesde los ríos y de la población de la región, a finde controlar los desechos contaminantes para garantizarla calidad del agua y del ecosistema del lago.INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (INTI) /OFICINAREGIONAL DE TIERRAS YARACUYCUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES Y SUBLEGALES QUERIGEN SU FUNCIONAMIENTOEl Instituto Nacional de Tierras (INTI) fue creado pormandato de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (LTDA),publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivarianade Venezuela No. 37.323, de fecha el 13 de noviembre de2001, en respuesta a la necesidad de establecer las bases275

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007del desarrollo rural integral y sustentable. Este institutoautónomo está dotado de personalidad jurídica y patrimoniopropio e independiente del Tesoro Nacional. Seencuentra adscrito al extinto Ministerio de Agricultura yTierras (MAT), actual Ministerio del Poder Popular parala Agricultura y Tierras. Mediante los artículos 122 y 118de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, le fue conferidoal INTI la competencia para crear en las poligonales ruralesdel país, Oficinas Regionales de Tierras (ORT), paraatender los casos relacionados con la regularización de lastierras en el interior del país, sustanciar los procedimientosde declaratoria de tierras ociosas o incultas, así como, laremisión de los resultados de las actuaciones relacionadascon la situación de las mismas en el ámbito nacional, a losfines de dar apoyo al directorio del INTI.Con fundamento en lo anteriormente expuesto, se creamediante acta de directorio del inti, Punto N° 14-02, sesión14-02 de fecha 17-04-2002, la Oficina Regional deTierras en el Estado Yaracuy, cuya misión es garantizar alos ciudadanos y ciudadanas de ese sector el acceso a latierra, mediante la administración, redistribución y transformaciónde los predios con vocación agraria, a los finesde asegurar sus derechos establecidos en la Constituciónde la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley deTierras y Desarrollo Agrario.En cuanto a las políticas orientadas a fomentar, promovery desarrollar una agricultura sustentable, y a los fines deprestar apoyo económico a los propietarios u ocupantes delas tierras con vocación de uso agrario, la ORT inti-Yaracuy,establece la Oficina de Registro Agrario cuya finalidad esidentificar las tierras y sus ocupantes, cuales son los derechosjurídicos invocados, sus ubicaciones, linderos, superficiesy condiciones que permiten determinar su valor. A dichaoficina se presentan personas naturales o jurídicas a objeto deinscribir el predio que ocupan, bien sea por alegar el carácterde ocupante y/o propietario. El inti, previo cumplimientode las formalidades exigidas a través de la referida oficina,otorga o expide un certificado de inscripción denominado“Carta de Inscripción en el Registro Agrario”.Por otra parte, la Oficina de Registro Agrario emite uninstrumento denominado “Constancia de Registro Agrario”,tanto sobre predios de origen público como privado, una vezdeterminado la condición del solicitante sobre las tierras opredios y consignado todos los documentos previstos en laLTDA; a través del mismo, los beneficiarios solicitan ante elMinisterio de Agricultura y Tierras (MAT) un documentollamado “Constancia de Productor”, mediante el cual lospropietarios u ocupantes de tierras reciben apoyo financierodel Estado. Al respecto, el artículo 9 de la LTDA prevédentro de sus preceptos que el Estado será el encargado degarantizar el otorgamiento de créditos agrarios, incorporandoa las instituciones bancarias y financieras públicas oprivadas existentes para prestar dichos servicios, o creandoinstituciones estatales. En este sentido y a los fines de darcumplimiento a las disposiciones previstas en dicha Ley,se desarrollaron políticas de financiamiento agrario, siendouno de los principales financistas, el Fondo de DesarrolloAgropecuario, Pesquero, Forestal y Afines (FONDAFA).La estructura organizativa de la ORT inti-Yaracuy, suministradapor la oficina regional, está conformada por lacoordinación regional, oficina de atención al soberano, oficinade informática, cinco áreas operativas denominadas:Apoyo administrativo y logístico, técnica agraria, riego yconservación de suelos, registro agrario y legal agraria. Ladirección y administración de la oficina está a cargo de uncomité regional integrado por el coordinador regional y losjefes de las áreas anteriormente citadas.Alcance y objetivos de la actuaciónLa actuación se circunscribió a la verificación del cumplimientode las disposiciones legales y sublegales que rigenel funcionamiento de la oficina regional de tierras Yaracuy(ORT inti-Yaracuy), la situación administrativa en cuanto ala conformación y manejo de la información contenida enlos expedientes de las áreas de Registro Agrario y LegalAgraria, así como el proceso de reclutamiento, selección,ingreso, egreso y clasificación del personal en la referidaoficina durante los años 2004 y 2005.Observaciones relevantesLa estructura organizativa de la ORT inti-Yaracuy ylos instrumentos normativos que definen formalmente las276

Administración Nacional DescentralizadaSector Serviciosatribuciones y competencias de los funcionarios que laboranen esa dependencia, no están debidamente aprobadospor el directorio del inti, de conformidad con lo previstoen el artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica de laContraloría General de la República (RLOCGR), GacetaOficial N° 37.169 de fecha 29-03-2001 y el artículo 36 dela Ley Orgánica de la Contraloría General de la Repúblicay del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF),Gaceta Oficial N° 37.347 de fecha 17-12-2001, en concordanciacon el artículo 20 de las Normas Generales deControl Interno (NGCI), Gaceta Oficial N° 36.229 de fecha17-06-97. La referida situación obedece a que sólo existeuna propuesta de estructura organizacional y organigramageneral del inti, aprobada en forma transitoria por el extintoMinisterio de Planificación y Desarrollo, actual Ministeriodel Poder Popular para la Planificación y Desarrollo enmayo de 2002, con vigencia de un año, por lo que la mismapresentaba más de 4 años de vencimiento para la fecha dela actuación practicada por este Organismo Contralor (15-09-2006). Lo antes expuesto, incide negativamente en lasegregación de atribuciones y competencias de la oficina,afectando por ende su adecuado funcionamiento.La ORT inti-Yaracuy no cuenta con manuales de normasy procedimientos que contengan las funciones y actividadesde cada una de las dependencias que integran la oficina, noobstante lo establecido en el artículo 35 y 36 de la LOCGR-SNCF, conjuntamente con el artículo 131 y 134 de la LeyOrgánica de Administración Financiera del Sector Público(LOAFSP), Gaceta Oficial No. 37.978 de fecha 13-07-2004y el artículo 3 del Reglamento sobre la Organización delControl Interno de la Administración Pública Nacional(RSOCIAPN), publicado en la Gaceta Oficial N° 37.783de fecha 25-09-2003. La referida situación derivada de lano elaboración y aprobación definitiva de los citados instrumentospor parte de las máximas autoridades del inti,lo que dificulta el seguimiento y control de los procesosdesarrollados por la oficina, además de incidir de maneranegativa en su funcionamiento, al no estar definidos demanera formal los procedimientos que constituyen susactividades medulares.De la revisión efectuada a los archivos correspondientesa las áreas de registro agrario y legal agraria de la OficinaRegional de Tierras Yaracuy, se evidenció lo siguiente:No disponen de suficiente espacio físico ni archivadoresque garanticen el resguardo y faciliten el manejo de losexpedientes; existen expedientes no identificados y la informacióncontenida en los mismos no se encuentra foliada oidentificada numéricamente y en muchos casos se encuentraincompleta; existen documentos no archivados en carpetas,lo que facilita su extravío. No obstante, lo previsto enel artículo 141 de la Ley Orgánica de la AdministraciónPública (LOAP), Gaceta Oficial N° 37.305 de fecha 17-10-2001, en concordancia con el artículo 23 de las NGCI. Lareferida situación deriva de la inexistencia de adecuadosmecanismos para el resguardo de documentos, lo cual setraduce en la eventual pérdida de los mismos, dificultando ala oficina regional la oportuna respuesta a las comunidadesque requieren del servicio, además de limitar el ejerciciodel control interno.Durante el año 2004, el área legal agraria de la oficinaregional no realizó la contabilización de los expedientesde “Carta Agraria” y además, el coordinador regionalseñaló que desconoce la cantidad exacta de expedientesconformados durante el referido período, toda vez que noexiste información física y digital actualizada que permitacuantificar dicha documentación, manifestando ademásque en las gestiones pasadas no se formaron los referidosexpedientes. No obstante, las consideraciones previstas enel artículo 23 de las NGCI, en concordancia con el artículo35 de la LOCGRSNCF y artículo 3 del RSOCIAPN. Sobrelos particulares expuestos, el Jefe del área legal agraria,señaló que no disponen de los equipos necesarios que permitanllevar el control de la información que procesan. Talsituación, limita a la oficina regional generar informaciónoportuna y confiable, lo que incide desfavorablemente enel control adecuado que debe existir en toda organización,así como conocer la efectividad en cuanto a la prestacióndel servicio y el grado de cumplimiento de las actividadesasignadas a la ORT inti-Yaracuy.De la revisión realizada a una muestra de 48 expedientes,en el área de registro agrario correspondientes a losaños 2004 y 2005, se evidenció la emisión de constanciasprovisionales de inscripción en el registro agrario, cuyosexpedientes de solicitud carecen de algunos de los do-277

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007cumentos previstos en los artículos 27, 28, 29, y 30 de laLTDA, necesarios para el otorgamiento de la constancia deregistro agrario definitiva. Al respecto, el director generaldel inti, señaló que las referidas constancias de inscripciónprovisionales constituyen un acto declarativo, que no otorgaderecho alguno al beneficiario de las mismas y que no estáformalmente autorizado por las autoridades competentesdel inti, desconociéndose las causas por las cuales se procedióa su emisión durante los citados ejercicios, lo queresta formalidad a los procedimientos administrativos yfinancieros efectuados con fundamento en las referidasconstancias provisionales.De la comparación realizada entre el listado del personalfijo y contratado de la ORT-INTI Yaracuy y los expedientesde personal que reposan en el área de apoyo administrativoy logístico de la oficina regional, se desprende lo siguiente:a) de un total de 21 empleados fijos reflejados en la lista,sólo se evidenció la conformación de 13 expedientes depersonal que representan el 62,00% del total, destacándosela inexistencia de la documentación correspondienteal coordinador regional y 4 jefes de áreas; b) de un totalde 45 trabajadores contratados reflejados en la relación,sólo se evidenció la conformación de 29 expedientes, querepresentan el 64,00% del total; c) se constató la suscripciónde un contrato de servicios durante el período 01-01al 31-12-2006, no obstante la persona se desempeña comopersonal fijo en el cargo de jefe del área legal agraria desdeel 01-05-2006; d) se observaron discrepancias entre losdatos señalados en la lista del personal contratado y lainformación contenida en los expedientes. Lo anteriormenteseñalado no se ajusta a lo establecido en el literal a,artículo 23 de las NGCI. La referida situación derivada delos inadecuados controles implementados por la oficina enlo que respecta a la conformación y resguardo de los expedientesde personal, afectando así el debido seguimiento ypor ende el cumplimiento de las actividades previstas parael área de apoyo administrativo y logístico, en materia deadministración de personal.De la revisión y análisis a la relación de constancias deregistro agrario emitidas por la ORT inti-Yaracuy durante elaño 2005, se evidenció que en el segundo semestre del año2005, disminuyó la emisión de constancias de inscripciónde registro agrario, siendo los meses más representativos,julio y octubre, en los cuales se paralizó la emisión de lascitadas constancias. Cabe destacar que los artículos 30 y42 de la LTDA, hacen referencia de dicho instrumento, elcual se suministra al beneficiario con carácter temporal,a los fines de solicitar posteriormente la Carta de Inscripciónen el Registro Agrario Definitivo. Al respecto, el Jefedel Área de Registro Agrario señaló que la disminuciónen la emisión de las constancias de inscripción en el año2005, obedeció al hecho de que no se estaban solicitandola totalidad de los registros para el otorgamiento de lasreferidas constancias. Tal situación, permite determinarque se realizaron modificaciones en procedimientos que noestaban formalmente aprobados por la máxima autoridadjerárquica del inti, lo que conllevó que el proceso de emisiónde las constancias de inscripción de registro agrario duranteel año 2005, disminuyera o se paralizara, afectando a losbeneficiarios solicitantes del servicio.La Oficina Regional de Tierras Yaracuy, no dispone deun sistema integrado y automatizado para generar informaciónadministrativa, vinculada con las áreas que conformana dicha oficina, no obstante lo establecido en el artículo30 de las NGCI. Este Organismo Contralor, no evidenciólas acciones emprendidas por parte de las autoridadesde la Oficina Regional, dirigidas a solucionar la presenteproblemática. La citada situación derivada del registromanual de gran parte de las operaciones efectuadas por lareferida oficina y ocasiona que la información suministradano sea oportuna, confiable y actualizada, acorde con lasnecesidades de los usuarios para la toma de decisiones, locual afecta la gestión de la Oficina Regional.ConclusionesDe la evaluación practicada a la Oficina Regional deTierras Yaracuy (ORT inti-Yaracuy), se derivan una serie dedebilidades vinculadas con la ausencia de estructura organizativa,instrumentos normativos y manuales debidamenteaprobados por el directorio del inti, situación que aunadaa la emisión de constancias provisionales de inscripciónen el registro agrario, sin contar con la autorización formalde las autoridades competentes del inti, inadecuadoscontroles en lo que respecta a la contabilización de los278

Administración Nacional DescentralizadaSector Serviciosexpedientes de cartas agrarias y de personal, la ausenciade un sistema integrado y automatizado que genere informaciónadministrativa vinculada con las operaciones quese desarrollan, así como las inadecuadas condiciones deseguridad, salud y bienestar de las instalaciones y espaciosfísicos de las áreas que conforman la Oficina Regional deTierras Yaracuy, afectan su adecuado funcionamiento y porende el cumplimiento de las competencias previstas porley, vinculadas con los planes y programas de desarrollorural sustentable.RecomendacionesEsta Contraloría General de la República recomiendaa las máximas autoridades jerárquicas del INTI central losiguiente:• Iniciar las acciones necesarias dirigidas a crear unaestructura organizativa adecuada a las funciones delEnte, a los fines de garantizar el adecuado funcionamiento,en cuanto a la segregación de funciones dela Oficina Regional de Tierras Yaracuy.• Emprender las acciones destinadas a elaborar losmanuales de normas y procedimientos de la ORTYaracuy, así como la aprobación de los referidosinstrumentos normativos por la máxima autoridad delinti, a los fines del debido control de los procesos yactividades ejecutadas por la oficina regional.• Implantar un adecuado sistema de archivo, con suficienteespacio físico, así como el acceso a dichosistema, de personal autorizado por la Oficina Regionalde Tierras Yaracuy, a los fines de garantizarel buen manejo, resguardo y confidencialidad de lainformación y documentación histórica relacionadacon la gestión de la ORT-INTI Yaracuy.• Implementar mecanismos de control administrativoque permitan entre otros, clasificar, registrar, cuantificary verificar la documentación de los expedientesque reposan en las áreas de la oficina regional, a losfines de facilitar la ubicación, manejo, control y actualizaciónde la información.• Adoptar los mecanismos de control necesarios paraejercer supervisión eficaz y eficiente sobre los procedimientosaplicados en la ORT INTI Yaracuy, a losfines de garantizar que estén formalmente aprobadosy autorizados por la máxima autoridad jerárquicadel INTI y enmarcados dentro del marco jurídico queregula las actividades de la institución y las OficinasRegionales de Tierras en el ámbito nacional.• Emprender las acciones necesarias dirigidas a solventarla situación relacionada con los expedientes delpersonal de la ORT-INTI Yaracuy, que reposan en elárea de apoyo administrativo y logístico, a través dela implementación de procedimientos de control quepermitan ordenar, sistematizar, clasificar y actualizarde manera oportuna, los documentos que reposan enlos referidos expedientes, a los efectos de garantizarconfiabilidad y veracidad de los datos del personalcontenidos en los mismos.• Implantar un sistema de control administrativo y automatizado,que permita ordenar, actualizar y facilitarel acceso a la información procesada en las Áreas quecomponen la Oficina Regional de Tierras Yaracuy, alos fines de dar celeridad a las operaciones y procesosadministrativos de la ORT-INTI Yaracuy, garantizandola calidad y suministro oportuno de la información, quecoadyuven a mejorar el desempeño de su organización,para controlar y evaluar su gestión.INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INAVI)CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRASEl Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI) fue creadopor Decreto Ley del 13-05-1975, publicado en la GacetaOficial Nº 1.746 Extraordinario de fecha 23-05-1975, conel propósito de ser un organismo ejecutor y administradorde la política de vivienda de interés social, destinada aatender a la población que el Ejecutivo Nacional califiquecomo sujeta a protección especial en la dotación de vivienda,quedando para ese entonces bajo la tutela del extintoMinisterio de Obras Públicas. Desde el 30-08-99 estuvobajo la tutela del Ministerio de Infraestructura (MINFRA), deacuerdo con lo previsto en el Decreto N° 257 con Fuerza deLey sobre Adscripción de Institutos Autónomos y Fundacionesdel Estado (Gaceta Oficial N° 36.775 del 30-08-99).Posteriormente fue adscrito al Ministerio de la Vivienda yHábitat, según Decreto N° 3.126 (Gaceta Oficial N° 38.027de fecha 21-09-2004). Actualmente, el Instituto está adscritoal Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y el279

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007Hábitat, según Decreto publicado en la Gaceta Oficial Nº5.836 de fecha 08-01-2007.De conformidad con su ley de creación, el INAVI tieneamplias facultades para cumplir con su objeto, tales como:construir y adquirir viviendas, adquirir y vender terrenos,celebrar contratos de comodato, conceder créditos congarantías hipotecarias, ejecutar operaciones de fideicomisoy desarrollar programas de acción social para lascomunidades.De acuerdo con la Ley de Reforma Parcial de la Ley delRégimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, según GacetaOficial N° 38.591 del 26-12-2006, la supresión y liquidacióndel INAVI fue prorrogada hasta el 31-12-2007.En el mes de diciembre de 1999, debido a las lluviasocurridas en el estado Vargas se produjeron deslaves queocasionaron pérdidas de vidas humanas, damnificados y deviviendas. Razón por la cual, durante el año 2000 el INAVIpromovió la construcción de un conjunto de edificios paralas familias afectadas en el Estado Vargas, mediante la suscripciónde contratos de obra, de inspección y de servicioscon varias empresas con el objeto de la construcción de laurbanización Vista al Mar.Alcance y objetivos de la actuaciónLa actuación se orientó a la evaluación de los expedientesde obras suministrados por la Gerencia de Producción,relacionados con los contratos suscritos por el InstitutoNacional de la Vivienda (INAVI), para la construcción de laurbanización Vista al Mar, ubicada en Arrecifes, estadoVargas, durante el período 2000 - 2006; en tal sentido,se evaluó 6 contratos, distribuidos en 2 contratos deobras, 2 contratos de inspección de obras y 2 de servicios,equivalentes al 100,00% del total suministrado; asícomo la verificación “in situ” de la situación física delas referidas obras.Observaciones relevantesLa información no está debidamente resguardada y losexpedientes suministrados por la Gerencia de Producción,contienen información incompleta, sin un orden cronológicoque facilite su oportuna localización, no evidenciándoselos documentos tales como actas de recepción provisionaly definitiva, no obstante lo establecido en el artículo 141de la Ley Orgánica de la Administración Pública (LOAP)Gaceta Oficial N° 5.554 Extraordinario del 13-11-2001,en concordancia con el artículo 23 literal a de las NormasGenerales de Control Interno (NGCI), Gaceta N° 36.229 del17-06-97, disponen que “Los documentos deben contenerinformación completa y exacta, archivarse siguiendo unorden cronológico u otros sistemas de archivo que facilitensu oportuna localización, y conservación durante el tiempoestablecido legalmente”. Debido a fallas en el seguimientoy control que dicho instituto debe llevar en relación conlos expedientes que pertenecen a sus archivos a los efectosde un adecuado manejo y administración de los contratosque tiene a su cargo la Gerencia de Producción de INAVI.Situación que limitó el ejercicio de control que le competeejercer a la Contraloría General de la República, dada ladificultad en la localización oportuna de los documentosrelacionados con la obra en cuestión.No se evidenció permiso de habitabilidad de la urbanización“Vista al Mar”, suscrito por la Dirección deIngeniería Municipal del estado Vargas, que demostraraque la obra se ejecutó de conformidad con las variablesurbanas fundamentales y con las normas técnicas correspondientesprevistas en el artículo 95 de la Ley Orgánicade Ordenación Urbanística (LOOU), Gaceta Oficial N°33.868 de fecha 16-12-87, Capítulo IV, referido a losTrámites Administrativos a la Terminación de la Obra:“A la terminación de las obras sin que hubiere pendienteobjeciones del Municipio, el profesional responsable de suejecución firmará una certificación en la que hará constarque la misma se ejecutó en un todo de conformidad conlas variables urbanas fundamentales y con las normastécnicas correspondientes (…)”. Situación debida a debilidadesen el seguimiento y control por parte de INAVI dadala importancia de estos documentos para el control en laejecución de los trabajos. Trayendo como consecuenciaque el INAVI, procediera a la entrega de viviendas sin elcorrespondiente permiso de habitabilidad aprobado por laingeniería municipal, requisito indispensable para efectuarla venta y protocolización de las mismas.280

Administración Nacional DescentralizadaSector ServiciosEl proceso de protocolización de las viviendas no se harealizado ni se ha formalizado el documento de propiedaddel terreno donde se encuentra construida la urbanizaciónVista al Mar, no obstante que el acta de terminación fuesuscrita el 31-07-2001. Debido a que el INAVI establecióuna exención de los trámites, en virtud de que los terrenosdonde se ubican los desarrollos ejecutados por el instituto,están considerados como zonas de reglamentación especialy por tanto se rigen por los proyectos elaborados por elinstituto para su construcción. Sin embargo, los artículos96 y 97 de la LOOU, establecen que “Para la protocolizacióndel documento de parcelamiento conforme la ley deVenta de Parcelas se presentará ante la Oficina Subalternade Registro correspondiente, junto con el mencionado documentoy con destino al Cuaderno de Comprobantes, unacopia de la constancia a que se refiere el artículo 85 (…)”,este último artículo señala que el proyecto debe ajustarsea las variables urbanas fundamentales establecidas en laley. Lo que trae como consecuencia que los habitantesde la urbanización no cuenten con el documento que losacredite ante el registro competente, como propietarios delos referidos inmuebles.A la empresa contratista de las obras correspondientea la urbanización “Vista al Mar” se le otorgó Bs. 1.094,04millones y Bs. 411,81 millones por concepto de anticipocontractual, faltando por amortizar las cantidades de Bs.14.230,77 y Bs. 17.919,41, respectivamente, sin que el INAVIrealizara las diligencias dirigidas a recuperar el remanentedel anticipo entregado a dicha empresa, no obstante el artículo6 de las NGCI, indica que el control interno contablecomprende las normas, procedimientos y mecanismosconcernientes a la protección de los recursos y a la confiabilidadde los registros de las operaciones presupuestariasy financieras. A pesar que los montos a recuperar sonbajos esta situación incidió en el cierre administrativo delos contratos.La planta de tratamiento de las aguas servidas de laurbanización Vista al Mar, no se encuentra en funcionamiento,está colapsada y abandonada, debido a la falta demantenimiento permanente, ocasionando que las aguastransiten libremente por los alrededores del urbanismo,desbordándose directamente al mar sin ningún tratamiento.Sin embargo el artículo 72 de la LOOU, señala: “Losdesarrollos de Urbanismo Progresivo estarán orientados a:1) Garantizar condiciones de salubridad y habitabilidad”.Así como, lo establecido en el artículo 82 de las CondicionesGenerales de Contratación para la Ejecución de Obras(CGCEO) Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.096 del 16-09-96, que indica: las medidas y precauciones necesariaspara evitar situaciones de insalubridad en la zona de lostrabajos. Además, el artículo 160 literal a, de la NormasSanitarias para el Proyecto, Construcción, Ampliación, Reformay Mantenimiento de las Instalaciones Sanitarias paraDesarrollos Urbanísticos (Gaceta Oficial Extraordinario N°4.103 del 02-06-89), que establece una distancia mínimade 20 mts, como retiro entre el sistema de tratamiento a laedificación mas cercana. Situación que afecta las áreas adyacentesdel urbanismo, percolando y socavando el terreno,generando olores nauseabundos y contaminación.Se observó taludes desprotegidos, es decir sin coberturavegetal y sin tratamiento que contribuya a minimizar losefectos de la erosión y el arrastre de materiales hacia losdrenajes de la urbanización, debido a la deficiente protecciónde la capa vegetal y saturación de materiales. No obstante loestablecido en el Capítulo V. De la Prohibición o Correcciónde Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente, artículo20, numeral 4 de la Ley Orgánica del Ambiente (LOA)Gaceta Oficial N° 31.004 del 16-06-76, que señala: “Seconsideran actividades susceptibles de degradar el ambiente:La sedimentación en los cursos y depósitos de aguas”. Talsituación trajo como consecuencia la afectación del sistema dedrenaje existente por una inusual acumulación de sedimentos,generados en las áreas externas al urbanismo, así como laobstrucción de las cunetas de concreto que conforman lascaminerías ubicadas entre los edificios de la urbanización,aunado a la acumulación de basura, impidiendo su funciónde interceptar el escurrimiento y conducirlo hasta su puntode descarga.Se evidenció ausencia parcial de rejas de protecciónen las áreas exteriores (borde del acantilado), frente a losedificios A, B y C, de la urbanización “Vista al Mar”,situación debida a que las rejas se encontraban expuestasa la acción de un ambiente marino, produciendo un procesode corrosión que debilitó sus elementos. No obstante281

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007lo previsto en las Normas venezolanas COVENIN-MINDUR1750-87, “Especificaciones Generales para Edificios”,Capítulo H. Impermeabilizaciones, Juntas, Aislamientosy Protecciones, H.4.3 Protección especial contra la corrosión,que comprende todos los trabajos y mano de obrasnecesarios para proteger los elementos metálicos indicadosen los planos o especificaciones de la obra contra el ataquedestructivo por reacción química o electroquímica con sumedio ambiente. Situación que trae como consecuenciaque la urbanización no cuente con protección y seguridad,debido a la ausencia de cerramientos en sus alrededores,por cuanto los mencionados edificios se encuentran sobreun talud cercano al acantilado hacia el mar.Existencia de grietas y problemas de asentamiento delsuelo en la cancha de usos múltiples de la urbanización yausencia de cerca perimetral, debido a la inadecuada compactacióndel terreno y que la misma se encuentra sobre untalud a orillas del mar, el cual no posee obras de proteccióncostera (espigones), además de la falta de mantenimientode las instalaciones deportivas, no obstante las atribucionesy obligaciones del Ingeniero Inspector contempladas en elartículo 45, literales “d” e “i” de las CGCEO. Tal situación,trae como consecuencia el continuo deterioro de los elementosque conforman el urbanismo, con el consecuenteincremento de los costos asociados a las reparaciones posterioresa ser realizadas a la urbanización, en detrimentodel patrimonio del Instituto y de la Nación.Se observó oxidación generalizada en las rejas de lospasillos, escaleras, marcos de puertas y ventanas de losEdificios A, B, C, y D, así como falta de rejas de protecciónen las escaleras y pasillos de la Torre C, piso 2 de laurbanización “Vista al Mar”, originado por la exposiciónde los elementos metálicos (barandas de pasillos y escaleras,marcos de puertas y ventanas) a un medio ambienteagresivo cercano al mar, aunado a la falta de mantenimiento,no obstante lo previsto en las normas venezolanasCOVENIN-MINDUR 1750-87, “Especificaciones Generalespara Edificios”, capítulo H. Impermeabilizaciones, Juntas,Aislamientos y Protecciones, H.4.3 Protección especialcontra la corrosión, que comprende todos los trabajos ymano de obras necesarios para proteger los elementosmetálicos indicados en los planos o especificaciones dela obra contra el ataque destructivo por reacción químicao electroquímica con su medio ambiente. Situación quetrae como consecuencia, el total resquebrajamiento de lasbarandas que se encuentran sin ningún tipo de proteccióny el continuo deterioro de estos elementos por la ausenciadel respectivo mantenimiento.Los edificios A, B, C, y D presentan estado de deterioro,tales como: filtraciones en losa de techo de pasillos einsuficiencia de impermeabilización, originado por la faltade mantenimiento, no obstante las normas venezolanasCOVENIN-MINDUR 3400-98, en su capítulo 3, parágrafo 3.2De los materiales de impermeabilización, epígrafe 3.2.1.Calidad de los materiales, que indica que los materialesasfálticos para impermeabilización deben ser estables yresistentes a las acciones climáticas. Asimismo, los artículos45, literales b, c y d; 74 y 94 de las CGCEO, que prevélo relativo a las atribuciones y obligaciones del ingenieroinspector y a la fiscalización de los trabajos que ejecute laempresa contratista y la buena calidad de las obras concluidaso en proceso de ejecución. Situación que incide en elcontinuo deterioro y debilitamiento de las obras ejecutadaspor cuanto la impermeabilización de estas edificacionesdetermina en gran parte la habitabilidad y durabilidad delas mismas.ConclusionesComo resultado de la evaluación de la situación administrativay técnica de los contratos suscritos por el INAVIpara la construcción de la urbanización: “Vista al Mar”,en Arrecifes, estado Vargas, se evidencian debilidadesvinculadas a la implementación de un sistema de controlinterno adecuado, toda vez que los expedientes suministradospor la Gerencia de Producción, contienen informaciónincompleta sin un orden cronológico al faltar documentosindispensables, tales como: actas de aceptación provisionaly de recepción definitiva, anticipos no amortizadospor la cantidad de Bs. 32.150,18 que inciden en el cierreadministrativo de los contratos y ausencia del permiso dehabitabilidad necesario para el proceso de protocolizaciónde las viviendas. Adicionalmente, las viviendas de la urbanización“Vista al Mar”, en el estado Vargas presentaronfallas de construcción tales como: grietas y humedad en282

Administración Nacional DescentralizadaSector Serviciosparedes, deficiencias en la ejecución de los trabajos correspondienteal urbanismo referidos a la planta de tratamientode aguas servidas, taludes desprotegidos y compactacióninadecuada del suelo, como consecuencia de la falta desupervisión por parte de la inspección, oxidación generalizadade elementos metálicos de los edificios, ausenciade rejas de protección en escaleras y pasillos, filtracionese insuficiente impermeabilización, producto de la falta demantenimiento por parte del INAVI, situaciones que incidieronnegativamente en el derecho a la vivienda segura,cómoda e higiénica que constituya un hábitat que permitael pleno desenvolvimiento de las relaciones familiares,vecinales y comunitarias contemplado en la Constituciónde la República Bolivariana de Venezuela.RecomendacionesSe recomienda a la Junta Liquidadora de INAVI lo siguiente:• Implantar un sistema de Control Interno adecuado quepermita obtener información oportuna y veraz de losprocesos administrativos del instituto.• Abocarse en un lapso no mayor de 4 meses, a subsanarlas fallas y deficiencias observadas en los contratossuscritos por ese Instituto para la ejecución de laurbanización “Vista al Mar”, a objeto de tramitar elpermiso de habitabilidad a los efectos de proceder aformalizar el proceso de protocolización de las viviendas,a los fines de que los habitantes de la urbanizacióncuenten con el documento que los acredite comopropietarios de los inmuebles, procurando satisfacerlas necesidades de la colectividad con miras a lograrun manejo adecuado de los recursos asignados.• Agilizar en un lapso no mayor de 4 meses, las accionestendentes con el objeto solventar la situacióny proceder a la recuperación del anticipo por la cantidadde Bs. 32.150,18 a los efectos de concluir conel cierre administrativo de los contratos y culminarde los trabajos de rehabilitación de las viviendas ydel urbanismo en lo atinente al funcionamiento de laplanta de tratamiento de aguas servidas, protecciónde taludes y áreas exteriores, compactación adecuadadel suelo, mantenimiento de elementos metálicos eimpermeabilización de los edificios afectados, asímismo implementar controles en lo que respecta ala ejecución de las obras que garanticen la calidadde los trabajos realizados a satisfacción del interéscolectivo.• Instar al Ingeniero Inspector de la Urbanización “Vistaal Mar”, estado Vargas para que elabore un informeexplicativo sobre las situaciones expuestas en elcuerpo de este Informe, el cual deberá ser remitido aeste Organismo Contralor, en el lapso de treinta (30)días hábiles, contados a partir de la recepción delpresente Informe.INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INAVI)EJECUCIÓN DE CONTRATOSEl INAVI es un Instituto Autónomo con personalidadjurídica y patrimonio propio, distinto de la República,adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Vivienday Hábitat (Gaceta Oficial Nº 5.836 del 08-01-2007), actualmente,está en proceso de liquidación (Gaceta Oficial Nº38.182 del 09-05-2005). Según el artículo 2 de la Ley deCreación (Gaceta Oficial Nº 1.746 del 23-05-1975), el INAVIes el organismo ejecutor y administrador de la política devivienda, es por ello, que ejecutó las obras correspondientesa la culminación del Conjunto Residencial Vista Caribe.Como antecedente se puede decir que el referido ConjuntoHabitacional estaba inmerso en el Proyecto Metrópolis, iniciadopara ese entonces (1998), por el Centro Simón Bolívar,C.A. (CSB). Los fondos requeridos para la construcción delos desarrollos habitacionales contemplados en el referidoProyecto Metrópolis, inicialmente provenían de la primeraemisión de Bonos de Deuda Pública por parte del CSB,de los cuales Bs. 6.358,20 millones fueron destinados a laconstrucción del Conjunto Residencial Vista Caribe. Parafinales del año 1999, el mencionado Conjunto Residencialpresentaba un grado de avance físico de aproximadamenteel 50%, y se encontraba ocupado por personas victimasde la tragedia ocurrida en el Estado Vargas, situación queaunado a diversos retrasos en trámites administrativosno permitió su culminación, ocasionando su paralizacióndesde el 15-12-1999, aproximadamente. En fecha 29-01-2004, el CSB y el Banco de Desarrollo Económico ySocial (BANDES), suscribieron el Contrato de Fideicomisode Administración e Inversión, con el objeto de efectuar283

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007los pagos necesarios para la reactivación de las obras delConjunto Residencial Vista Caribe, por la cantidad de Bs.10.000,00 millones. En tal sentido, el 20-02-2004 el CSBsuscribió un Convenio con el fin de reiniciar dichas obras,y consecutivamente, el 22-04-2004 fue suscrito el ContratoNº 163-13-04-08-0, por un monto de Bs. 6.638,75 millones,con cargo al antes mencionado Contrato de Fideicomiso.Posteriormente, según Acta de Paralización del 22-04-2005se acordó detener la ejecución de los trabajos, por razonesde índole administrativas, dado que se evaluaba la transferenciadel proyecto al Ministerio del Poder Popular para laVivienda y Hábitat. Posteriormente, el 05-12-2005 el CSB,le transfiere al mencionado Ministerio, todo lo relacionadoal Conjunto Residencial Vista Caribe, así como los recursosasignados al efecto. Hoy por hoy, el INAVI mantiene ensus archivos los expedientes relacionados con el referidoConjunto Residencial, ente que suscribió los Contratos deEjecución de Obra Pública y de Inspección por Bs. 5.341,11millones, y Bs. 160,23 millones, respectivamente, paraculminar las obras correspondientes al referido ConjuntoResidencial.Alcance y objetivos de la actuaciónLa actuación se orientó en verificar la situación administrativade los contratos suscritos por el INAVI; el cumplimientode la normativa prevista para la adjudicaciónde las viviendas, así como, los recursos utilizados parala culminación del Conjunto Residencial Vista Caribe,durante el año 2005 al primer trimestre de 2007.Observaciones relevantesNo se evidenció el documento mediante el cual el Ministeriodel Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, letransfirió al INAVI el expediente relacionado con el ConjuntoHabitacional Vista Caribe. No obstante que el artículo 44de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos(Gaceta Oficial Nº 2.818 del 01-07-1981), establece que enlos entes públicos se llevará un registro de presentación dedocumentos en el cual se dejará constancia de todos losescritos, así como de las comunicaciones que puedan dirigirotras autoridades. Al respecto, la Gerente Legal del INAVI,informó que en los archivos del Instituto no existe documentoalguno relacionado con la referida transferencia,situación que fue corroborada por esta Contraloría General.En relación con este particular, es importante señalar quela falta del referido documento no le permite al Institutoconocer con exactitud la situación administrativa de la ejecuciónde los trabajos realizados por el CSB, así como losdocumentos que le fueron transferidos, ni las condicionesestablecidas al efecto. Además, la ausencia de documentosincide desfavorablemente en el control adecuado que debeexistir en toda organización, por cuanto el objetivo de losarchivos, es en esencia, la conservación y disposición dela documentación de manera organizada, útil confiable yoportuna, y limita las actividades de control que le competeejercer a los órganos de control fiscal.No se observó el finiquito contable y/o cuadro de cierreelaborado con motivo de la transferencia realizada por elMinisterio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat alINAVI, no obstante que el ente contratante debe realizar elfiniquito contable, según lo establecido en el artículo 109 delas Condiciones Generales de Contratación y Ejecución deObras (CGCEO), Gaceta Oficial Nº 5.096 del 16-09-1996.Situación que no permite conocer los pagos realizados ala empresa contratada por el CSB, las cantidades de obraejecutada previstas en los planos de medición, así como, lasituación física del referido desarrollo, con el fin de que elINAVI, efectúe las nuevas contrataciones para la culminacióndel Conjunto Residencial.No se observó los documentos que evidencien losprocedimientos licitatorios realizados por el INAVI, parallevar a cabo la selección de la empresa contratista. Noobstante, que dicho Instituto está sujeto a realizarlos,según lo dispuesto en el artículo 2, de la Ley de Licitaciones(Gaceta Oficial Nº 5.556 del 13-11-2001), porcuanto el monto del contrato asciende a Bs. 5.341,11millones. Al respecto, este Organismo Contralor solicitóel 10-05-2007, información relativa a los procesos parala contratación de la empresa contratista por parte delINAVI, solicitud que fue ratificada el 06-06-2007, sinembargo, el Instituto remitió comunicaciones de fechas18-05 y 05-06-2007, respectivamente, informando quepara la selección y adjudicación del desarrollo sólo seinvolucró al CSB y el Ministerio del Poder Popular para284

Administración Nacional DescentralizadaSector Serviciosla Vivienda y Hábitat, es decir, no se obtuvo informaciónrelacionada con el proceso de selección de la empresacontratista, lo que permite inferir que INAVI no realizóel proceso de licitación general correspondiente, a losefectos de constatar si se dio cumplimiento a los procedimientosestablecidos en la normativa aplicable, en elsentido de que la contratación de la empresa, se realizararespetando los principios de economía, transparencia,honestidad, eficiencia, igualdad, competencia y publicidadprevistos en la citada Ley.El 03-04-2006 se suscribió el Acta de Inicio parala ejecución de la obra “culminación del ConjuntoResidencial Vista Caribe”, con un lapso de ejecuciónde 6 meses, sin embargo, no se evidenció las Actas deTerminación y de Aceptación Provisional de la obra,no obstante que según comunicación del 06-12-2006,emanada de la empresa contratista, los trabajos se culminaronel 21-11-2006. Al respecto, cabe señalar que losartículos 86 y 91 de las CGCEO, establecen que cuandolos trabajos estén total y satisfactoriamente terminadosse procederá a extender la referida Acta de Terminación,y que el contratista deberá solicitar por escrito elActa de Aceptación Provisional de la obra dentro delplazo de 60 días contados a partir de la fecha del Actade Terminación. En concordancia, con el literal “m”del artículo 45 de las referidas Normas. Tal situación,deja en evidencia que el INAVI, no efectuó las gestionespertinentes para la elaboración de las referidas Actas, alos fines de dejar constancia formal de que los trabajosfueron total y satisfactoriamente terminados.El lapso de ejecución de los trabajos era de 6 meses contadosa partir de la firma del Acta de Inicio (03-04-2006),según lo establecido en la Cláusula Cuarta del Conveniodel 03-04-2006, en concordancia con el Contrato del 30-04-2006. Sin embargo, de la validación a la informacióncontenida en la comunicación del 06-12-2006, se constatóque los trabajos se culminaron el 21-11-2006, es decir, mesy medio aproximadamente después del lapso estipulado, sinque se evidencien las prórrogas establecidas en los artículos59, 60 y 87 de las CGCEO, situación que no permite conocerlas causas que justifiquen el atraso en la ejecución de lostrabajos. En ese mismo orden de ideas, el artículo 90 de lasCGCEO, en correspondencia, con el referido DocumentoPrincipal del Contrato establecen que si el contratista notermina los trabajos en el plazo estipulado, pagará al entecontratante la cantidad de fijada en el documento principalpor cada día de retraso.El Conjunto Residencial Vista Caribe está habitado,sin embargo, no se observó los respectivos permisos dehabitabilidad, no obstante, a la terminación de las obras elresponsable de su ejecución firmará una certificación en laque se hará constar que la misma se ejecutó de conformidadcon las variables urbanas y las normas técnicas correspondientes,dicha certificación será consignada a la autoridadmunicipal encargada del control urbanístico, quién darála constancia de la recepción definitiva, la misma será suficientea los fines de la habitabilidad de la obra, según loprevisto en el artículo 95 de la Ley Orgánica de OrdenaciónUrbanística (Gaceta Oficial Nº 33.868 del 16-12-1987). Esdecir, que el INAVI entregó las viviendas sin constatar quelos trabajos se ejecutaron conforme a las variables urbanasprevistas en la normativa vigente.De la revisión efectuada al documento suscrito entre elCSB y el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda yHábitat en fecha 05-12-2005, mediante el cual se efectuó latransferencia del Conjunto Residencial Vista Caribe, condestino a las familias beneficiadas y seleccionadas en ellistado elaborado por la Comisión Ministerial de Vivienday Hábitat para el Estado Vargas, y conforme al listado deadjudicaciones efectuadas por el CSB, se determinó queel citado documento de transferencia no fue debidamenteregistrado, no obstante, que el artículo 45 de la Ley deRegistro Público y del Notariado (Gaceta Oficial Nº 5.833del 22-12-2006), establece que el registro público tiene porobjeto la inscripción y anotación de los actos o negociosjurídicos relativos al dominio y demás hechos reales queafecten los bienes inmuebles. Del mismo modo, el numeral2 del referido artículo prevé que debe registrarse “todocontrato, declaración, transacción, partición, adjudicación,sentencia ejecutoriada, o cualquier acto en el que sedeclare, reconozca, trasmita, ceda o adjudique el dominioo propiedad de bienes o derechos reales o el derecho deenfiteusis o usufructo”. Situación que evidencia la inexistenciade la formalidad ante el Registro que demuestre la285

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007plena propiedad del Ministerio sobre los bienes inmueblestransferidos por el CSB, a los fines de garantizar la entregaformal a los beneficiarios, de manera que no sólo detentenla posesión sino la propiedad del bien inmueble.Del análisis efectuado a los listados emanados del CSB,y el suministrado por el INAVI, se determinó que 280 personasfueron beneficiadas con unidades habitacionales delConjunto Residencial Vista Caribe, por parte del INAVI, observándoseque se dejó sin otorgar viviendas a 52 familiasque previamente habían sido seleccionadas por el CSB. Noobstante, que el documento de transferencia suscrito entreel CSB y el Ministerio del Poder Popular para la Vivienday Hábitat en fecha 05-12-2005, establece que las unidadeshabitacionales pertenecientes al Conjunto ResidencialVista Caribe, serán destinadas a las familias beneficiadasy seleccionadas en el listado elaborado por la ComisiónMinisterial de Vivienda y Hábitat para el Estado Vargas,y conforme al listado de adjudicaciones efectuadas por elCSB. Es decir, que las personas que no fueron beneficiadas,se encuentran desamparadas, en estado de indefensión ysin medios físicos o jurídicos de defensa.El INAVI al 15-11-2006, le canceló a la empresa contratistaBs. 5.305,68 millones, por concepto de obra ejecutada, esdecir 99,67% del monto total contratado, las cuales fueronrelacionadas a través de 8 valuaciones tramitadas por laempresa. Igualmente, le canceló en mayo de 2006 a laempresa encargada de la inspección Bs. 28,52 millones. Enconsecuencia, queda pendiente por pagarle a estas empresasBs. 35,42 millones y Bs. 131,71 millones respectivamente,debido a que el Instituto no ha realizado el cierre administrativode los contratos, no obstante haber transcurrido 6meses desde que se culminaron los trabajos. Al respecto, elartículo 109 de las CGCEO establece que el ente contratantedebe proceder a realizar los pagos finales al contratista, a ladevolución de las retenciones que aún existieren y a la liberaciónde las fianzas o garantías que hubiesen constituidos,a estos efectos la Dirección competente del ente contratanterealizará el finiquito contable. Asimismo, le otorgó a las referidasempresas Bs. 2.670,55 millones y Bs. 80,11 millonespor concepto de anticipo, de los cuales han amortizado Bs.2.652,89 millones y Bs. 14,26 millones, es decir, que estasmantienen en su poder Bs. 83,51 millones por concepto deanticipo no amortizado, sin que se evidencie las acciones porparte del INAVI, tendentes a su recuperación, en detrimentode su patrimonio, debido a que el Instituto, no ha realizadoel cierre administrativo de los contratos.ConclusionesSe observaron debilidades vinculadas al sistema decontrol interno, así como la inobservancia de la normativalegal, toda vez que no se evidenció: el documento medianteel cual el Ministerio del Poder Popular para la Vivienday Hábitat le transfiere al INAVI el expediente relacionadocon el Conjunto Habitacional Vista Caribe; el finiquitocontable y/o cuadro de cierre elaborado con motivo de lareferida transferencia; los documentos que evidencien losprocedimientos licitatorios; el documento de autenticacióndel Convenio suscrito el 03-04-2006; las Actas de Terminacióny de Aceptación Provisional de la obra; las prórrogasestablecidas en las normativas vigentes; los permisos dehabitabilidad. Igualmente, se observó que el Acta de Iniciofue suscrita el 03-04-2006, es decir, 28 días antes dehaber suscrito el Documento Principal. Adicionalmente,se evidenció que el documento suscrito entre el CSB y elMinisterio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, el05-12-2005, no fue debidamente registrado. De igual manera,se determinó que se dejó sin otorgar viviendas a 52 familiasque previamente habían sido seleccionadas por el CSB.Las empresas contratadas para la ejecución de la obray para la Inspección, mantienen en su poder Bs. 83,51 millonespor concepto de anticipo no amortizado. Del mismomodo, queda pendiente por pagarles Bs. 35,42 millonesy Bs. 131,71 millones respectivamente, debido a que elInstituto no ha realizado el cierre administrativo de loscontratos, no obstante haber transcurrido 6 meses desdeque se culminaron los trabajos.RecomendacionesEste Organismo Contralor exhorta a la Junta Liquidadoradel INAVI a:• Realizar los trámites necesarios para ubicar el documentomediante el cual el Ministerio del Poder Popularpara la Vivienda y Hábitat, le transfirió al INAVI286

Administración Nacional DescentralizadaSector Serviciosel expediente relacionado con el Conjunto HabitacionalVista Caribe, así como el finiquito contable y/ocuadro de cierre elaborado con motivo de la referidatransferencia.• Realizar las gestiones pertinentes para la elaboraciónde las Actas de Terminación y de Aceptación provisionalde la obra, a los fines de dejar constancia formalde que los trabajos fueron total y satisfactoriamenteterminados.• Adoptar las medidas necesarias a los fines de obtenerlos permisos de habitabilidad, con el objeto de dejarconstancia que los trabajos se ejecutaron conforme a lasvariables urbanas previstas en la normativa vigente.• Realizar los trámites ante el Registro Subalterno correspondiente,que demuestre la plena propiedad delMinisterio sobre los bienes inmuebles transferidospor el CSB.• Dar estricto cumplimiento a la selección de los beneficiariosque optaron a los planes de vivienda.• Girar instrucciones a la Gerencia de Producción, alos fines de realizar el cierre contable a los efectos desincerar los saldos otorgados por concepto de anticiposque no han sido amortizados, así como, procedera realizar los pagos finales que aún existieren a laempresa contratista.INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INAVI)EJECUCIÓN DE OBRASEn Gaceta Oficial N° 1.746 Extraordinario de fecha23-05-1975, el Banco Obrero, Instituto Autónomo conpersonalidad jurídica y patrimonio propio y distinto de laRepública, creado por Ley de fecha 30-06-1928, se transformócon el mismo carácter en el Instituto Nacional de laVivienda (INAVI), con el propósito de ser un organismo ejecutory administrador de la política de vivienda de interéssocial, destinada a atender a la población que el EjecutivoNacional califique como sujeta a protección especial en ladotación de vivienda, quedando para ese entonces bajo latutela del extinto Ministerio de Obras Públicas. Actualmente,el instituto se encuentra adscrito al Ministerio delPoder Popular para la Vivienda y el Hábitat, según decretopublicado en Gaceta Oficial N° 5.836 Extraordinario defecha 08-01-2007.Mediante la disposición transitoria primera, de la Leyque Regula el Subsistema de Vivienda y Política Habitacional(Gaceta Oficial Nº 37.066 de fecha 30-10-2000), sele ordenó al Ejecutivo Nacional presentar a la AsambleaNacional, en un lapso no mayor de 90 días continuos contadosa partir de la publicación de la citada Ley (09-05-2005), el proyecto especial de liquidación y supresión delINAVI. En este sentido, la Disposición Transitoria Segundaseñala que el lapso de suprimir y liquidar el Instituto nopodrá exceder del 31-12-2006.Durante el período 2004-2005 la Gerencia Estatal Mérida,ejecutaba la construcción de los desarrollos habitacionalessiguientes: Santa Ana, Caño Seco, Sabaneta, LosCuros y El Arenal.Alcance y objetivos de la actuaciónLa actuación estuvo orientada a verificar la situaciónadministrativa, a través de la evaluación selectiva de losexpedientes, de los contratos suscritos por el INAVI para laconstrucción de urbanismos en el estado Mérida, durantelos años 2004 y 2005. A tales efectos, considerando lacuantía de los recursos asignados y su ejecución, se analizóuna muestra de 17 contratos suscritos, equivalente al32,08% del total de obras en ejecución (53) discriminadasen el avance físico-financiero, con fecha de corte 27-06-2006. En tal sentido, se plantearon los objetivos específicossiguientes: Verificar que los contratos de obras suscritos porel INAVI, para la construcción de urbanismos en el estadoMérida, se hayan ejecutado conforme la normativa querige la materia, así como, las cláusulas establecidas en losreferidos contratos; y determinar si los recursos destinadosa la ejecución de los referidos urbanismos fueron utilizadospara tal fin.Observaciones relevantesDe las 17 obras evaluadas, se observó que 12 se encuentranparalizadas, sin que a la fecha de corte de la presenteactuación (21-07-2006) el INAVI haya procedido a rescindirlos respectivos contratos, no obstante que la paralización delos trabajos oscilan entre 1 y 4 años; las obras paralizadasse encuentran en dicho estado por motivos tales como:287

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007disconformidad con la calidad de los materiales a ser utilizadospor la contratista; desacuerdo entre el instituto yla empresa contratista, en cuanto a los equipos que segúnel contrato han de suministrarse; por diferencias en losmontos a cancelar relacionados en valuaciones de obras, acriterio del INAVI y/o contratista; incumplimiento del plazoprevisto para la ejecución de las obras; modificación delproyecto de la obra; invasión de los terrenos en los cualesla empresa contratista ejecutaría las obras; y el institutono posee terrenos en el área designada para la ejecuciónde las obras.Al respecto, el Título VIII “Resolución del Contrato”de las Condiciones Generales de Contratación para laEjecución de Obras (CGCEO), Gaceta Oficial N° 5.096Extraordinario de fecha 16-09-96, establece la rescisión porcausas no imputables a los contratistas y por faltas de lacontratista, observándose que el instituto sólo ha aprobadoel inicio del proceso de rescisión unilateral, contempladopara los contratos: N° ME20-0125, N° ME20-0006 y N°ME03-0236., mediante puntos de cuenta presentados a lapresidencia del instituto de fechas 26-09-2003, 27-05-2004y 21-12-2005, respectivamente.Lo anterior ha originado que las 12 empresas contratistas,mantengan en su poder recursos del INAVI, por un totalde Bs. 1.692,36 millones, a consecuencia de los anticiposotorgados y no amortizados, equivalente a 44,69 % delmonto total de anticipos entregados a las mismas (Bs.3.786,91 millones), sin que se evidencien acciones por partedel INAVI, tendentes a su recuperación ni la ejecución de lasfianzas de anticipo y fiel cumplimiento entregadas por loscontratistas, lo cual disminuye la capacidad del Institutode satisfacer la demanda de solicitudes de vivienda de interéssocial en el estado Mérida, objetivo contenido en sumisión institucional. Es decir, que el Instituto no ejerció losmecanismos contemplados en la normativa legal vigente, alos efectos de salvaguardar y proteger su patrimonio.La situación anteriormente descrita, obedece a la ausenciade una normativa interna del Instituto que le permitareglamentar el proceso de rescisión unilateral y la recuperaciónde los montos entregados en anticipo, que conllevaríaa fortalecer el sistema de control interno, a fin de establecerun criterio uniforme sobre los lapsos de ejecución de losprocedimientos, niveles de aprobación, responsabilidadesde las diferentes unidades involucradas, su coordinacióny supervisión, entre otros.Se evidenció que 5 obras han sido culminadas por loscontratistas, pero el INAVI no ha efectuado la recepcióndefinitiva de las mismas, no obstante lo establecido en losartículos 106 al 111, contenidos en el capítulo IV de las CG-CEO, referidos a la recepción definitiva de las obras, debidoa que en 3 de los casos el INAVI no ha aprobado la cancelaciónde reconsideraciones de valuaciones o aumentos depresupuesto (contratos N° ME05-0114, N° ME05-0116 y N°ME05-0013); los 2 restantes (N° ME06-0265 y N° ME04-0043), se encuentran dentro del proceso administrativo parala cancelación de las valuaciones de cierre, lo que significaque el INAVI no ha efectuado la inspección general de laobra, a la cual hace referencia el artículo 106 de las normasantes citadas y por lo tanto, no ha comprobado si la mismapresenta defectos en su construcción a los efectos de dar suconformidad sobre la ejecución del contrato y efectuar larecepción definitiva de las obras, para proceder a realizarlos pagos finales, la liberación de las fianzas y finalmente,cumplidos los requisitos correspondientes, el finiquitocontable, tal como lo prevé el artículo 109 ejusdem.El INAVI contrató 8 obras a través del procedimiento deadjudicación directa previsto en el titulo IV procedimientospara licitaciones, capitulo II de la Ley de Licitaciones (GacetaOficial N° 5.556 Extraordinario de fecha 13-11-2001),debido a la emergencia ocasionada por inundaciones en elestado Mérida en los últimos años y para atender el problemahabitacional de la población que el Ejecutivo Nacionalcalifica como sujeto de protección especial. Sin embargo,en el expediente de las obras contratadas no se encontrabaarchivado el acto motivado al cual hace mención el artículo88 de la Ley de Licitaciones ni las resoluciones del directoriodel INAVI, a través de las cuales se aprobó la contrataciónbajo dicho procedimiento. En este sentido, el artículo 131de la Ley Orgánica de la Administración Financiera delSector Público (LOAFSP) Gacetas Oficiales Nros. 37.029y 37.606 del 05-09-2000 y 09-01-2003, respectivamente,establecen que el sistema de control interno tiene por objeto,288

Administración Nacional DescentralizadaSector Serviciosentre otros, asegurar la obtención de la información administrativa,financiera y operativa útil, confiable y oportunapara la toma de decisiones; por otra parte, el artículo 23 delas Normas Generales de Control Interno (NGCI), GacetaOficial N° 36.229 de fecha 17-06-97, señala que todas lastransacciones y operaciones financieras, presupuestarias yadministrativas deben estar respaldadas con la suficientedocumentación justificativa.Lo anteriormente descrito, no permitió a este OrganismoContralor constatar la veracidad de la justificación dela emergencia alegada por el ente y por ende, las razonespor las cuales el INAVI obvió el procedimiento licitatorioprevisto en la Ley de Licitaciones.ConclusionesLa ausencia de un proceso de planificación estructuradoy las fallas existentes en el sistema de control internodel INAVI, principalmente en los componentes referidos ainformación y comunicación, supervisión y ambiente decontrol, ocasionó que a la fecha de la presente actuación(21-07-2006) se encuentran paralizadas 12 obras contratadaspara la construcción de urbanismos y unidades básicasde vivienda, que conformarían desarrollos habitacionalesen el estado Mérida; sin que se evidenciaran acciones porparte del INAVI, a los efectos de salvaguardar y proteger supatrimonio, mediante la ejecución de las fianzas de anticipoy fiel cumplimiento entregadas como garantía por lascontratistas, para recuperar los anticipos otorgados y noamortizados, por un monto total de Bs. 1.692,36 millones,equivalente a 44,69% del monto total de anticipos entregadosa las mismas por Bs. 3.786,91 millones. Ello, aunado ala inexistencia de una normativa interna del instituto quele permita reglamentar el proceso de rescisión unilateral,ha impedido que se perfeccione el proceso de resolucióny finiquito de los citados contratos, no obstante que la paralizaciónde los trabajos encomendados oscila entre 1 y4 años. Adicionalmente, las contrataciones sin realizar elproceso de licitación correspondiente, no le ha permitidoal INAVI efectuar un seguimiento coordinado y efectivo delproceso de selección de las contratistas, ni la exigenciade las garantías pertinentes y suficientes a los efectos desalvaguardar el patrimonio de la institución.Situaciones que han incidido negativamente en la capacidaddel INAVI para satisfacer la demanda de solicitudesde vivienda de interés social en el estado Mérida, objetivomedular contenido en su misión institucional.RecomendacionesEsta Contraloría General de la República recomienda ala Junta Liquidadora del INAVI lo siguiente:• Abocarse a subsanar las fallas y deficiencias observadasen relación con la supervisión y controlde los contratos suscritos por ese instituto para laejecución de los desarrollos habitacionales, a losfines de que el proceso de liquidación, mediante elcual esa junta asumió las obligaciones propias de lainstitución, esté dirigido de manera efectiva, permitiendocrear la plataforma organizativa requerida,para asegurar que al organismo que se le confieransus funciones, corrija las situaciones contenidasen este informe, en el sentido de depurar los casosen los cuales el instituto no haya finiquitado loscontratos, a los efectos de sincerar la totalidad delos recursos que por este concepto las diferentesempresas contratistas le adeudan al instituto, conmiras a lograr un manejo adecuado de los recursosasignados para satisfacer las necesidades de la colectividadcontempladas en la Carta Magna.• Ejercer en un lapso no mayor de 30 días, las accionesjudiciales en contra de las empresas contratistas,tendentes a exigir el pago que por concepto de anticiposno amortizados mantienen las referidas empresas,así como los daños y perjuicios ocasionados; de locual deberá mantener informado a este OrganismoContralor.INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOSE INSULARES (INEA)CONTRATACIÓN Y MANEJO DE RECURSOSEl Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos e Insulares(INEA) es un Instituto Autónomo constituido bajo la formade Derecho Público, con personalidad jurídica, patrimoniopropio y goza de las prerrogativas y privilegios otorgadospor la República, creado mediante Decreto con fuerza de289

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos e Insulares (GacetaOficial N° 37.290 de fecha 25-09-2001), adscrito al Ministeriode Infraestructura (MINFRA), actualmente Ministerio delPoder Popular para la Infraestructura, sujeto al control deeste Organismo Contralor de conformidad con lo previsto enel artículo 9 numeral 6 de la Ley Orgánica de la ContraloríaGeneral de la República y del Sistema Nacional de ControlFiscal (LOCGRSNCF), Gaceta Oficial N° 37.347 de fecha17-12-2001, sin menoscabo de las competencias de su Órganode Control Fiscal Interno. Las competencias, organizacióny funcionamiento del Instituto se rigen por su Ley de creación;por Reglamentos Especiales y Reglamentos Internos.El objeto del Instituto es ejecutar las políticas acuáticas delEstado en materia de navegación acuática y régimen portuariopara lo cual deberá planificar, supervisar y vigilartodas las actividades relacionadas con las operaciones quese realicen en los buques de cualquier nacionalidad en losespacios acuáticos y la de los puertos nacionales, así como,en todas las actividades económicas, de puerto e infraestructuraportuaria, de la formación, capacitación, actualizacióny certificación de los recursos humanos del sector acuático,y de apoyo a la investigación hidrográfica, meteorológica,oceanográfica, científica y tecnológica.Dentro de la estructura organizativa del Instituto, seubica la Gerencial General de Operaciones, a la cual seencuentran adscritas las Capitanías de Puertos. Para elejercicio fiscal año 2002, a las Capitanías de Puertos lefueron asignados recursos presupuestarios por la cantidadde Bs. 12.235,02 millones actualmente el númerode Capitanías de Puertos asciende a la cantidad de 17,entre las cuales destacamos a La Capitanía de Puerto deMaracaibo, ubicada geográficamente en la Ciudad de Maracaibo,cuya estructura organizativa esta integrada por6 divisiones: Registro naval venezolano renave, administración,operaciones, delegaciones, seguridad integral ydocumentación. El presupuesto asignado a la Capitaníade Puerto de Maracaibo para el año 2006 asciende a Bs.744,34 millones, discriminados de la manera siguiente:Partida 4.02.00.00.00 “Materiales y Suministros” Bs.231,77 millones y Partida 4.03.00.00.00 “Servicios NoPersonales” Bs. 512,55 millones, las asignaciones correspondientesa las partidas 4.01.00.00.00 “Gastos dePersonal” y 4.04.00.00.00 “Activos Reales”, se encuentrancentralizadas, controladas y ejecutas directamentepor el Instituto, en su Sede Central.Alcance y objetivo de la actuaciónLa actuación estuvo orientada a una evaluación selectiva,correspondiente a la legalidad de las operaciones relacionadascon las contrataciones y el manejo de recursos de laCapitanía de Puertos de Maracaibo, unidad administrativadel Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos e Insulares(INEA), durante el año 2002.Observaciones relevantesDe la revisión documental efectuada al expediente dela empresa Sociedad Mercantil Cementaciones PetrolerasVenezolanas, S.A (CPVEN) quien opera el muelle ubicadoen el sector Las Morochas, Ciudad Ojeda, Estado Zulia, seevidenció que no fue tramitado el contrato de autorizaciónpara la administración, operación y mantenimiento delmuelle, en este sentido la Capitanía de Puerto de Maracaiboinformó mediante comunicación Nº ADM-1746 de fecha20-10-2006, que en los registros de esa Capitanía no reposabadocumentación que permitiera conocer desde cuandola citada empresa opera en el muelle. Es de resaltar que laGerencia de seguridad integral, realizó la evaluación al sistemade seguridad integral para operaciones portuarias de laempresa y en cumplimiento de la Providencia Administrativa0011 (Gaceta Oficial Nº 37.715 del 19-06-2003) procedió aaprobarle por escrito el documento titulado “Sistema de SeguridadIntegral para operaciones portuarias de la empresaCementaciones Petroleras Venezolanas, S.A”, según informe0126/06 de fecha 14-03-2006. Sobre el particular, se destacaque el artículo 32 de la Ley General de Puertos (Gaceta OficialNº 37.589 de fecha 11-12-2002) contempla la autorizacióncomo figura jurídica que legalmente corresponde para operarun muelle, definida como el acto por el cual la AutoridadAcuática autoriza a un particular para construir, operar,mantener y administrar un muelle, embarcadero o atracaderode interés local o particular. Tal situación se fundamenta enel hecho que para el momento en que la empresa inició susoperaciones en el muelle, lo cual se presume fue antes del año2002, toda vez que la Capitanía no logró precisar la fecha, noexistía una normativa legal que concretamente reglamentara290

Administración Nacional DescentralizadaSector Serviciosla operación y funcionamiento de los administradores portuarios,no obstante que han transcurrido 4 años de la entradaen vigencia de la Ley General de Puertos, la cual regula ytrata lo concerniente a las administraciones portuarias y alas operaciones portuarias en general y siendo el InstitutoNacional de los Espacios Acuáticos e Insulares la autoridadacuática y teniendo formalmente la competencia, dada en elnumeral 8 del artículo 24 de la precitada Ley, para ajustara derecho a las empresas dedicadas a tales actividades, nose han formalizado los respectivos trámites, a los fines desuscribir el contrato de autorización para construir, operar,mantener y administrar un muelle.De lo antes expuesto se evidencia que, el Instituto no hatomado medidas efectivas y contundentes, a los fines denormalizar la situación de los administradores portuarios.Trayendo esto como consecuencia que los administradoresportuarios no se mantengan ajustados a derecho y que noexista una relación contractual que fije las cláusulas deoperación, mantenimiento, contribuciones, responsabilidades,inspecciones, entre otras, que coadyuven en el mejordesempeño de sus funciones, a los fines de que el Institutorealice un control más eficaz y efectivo sobre las empresasque realizan las labores de construcción, operación, mantenimientoy administración de puertos públicos y privados,puertos de interés local, de carácter pesqueros, deportivos ode investigación científica y de los muelles, embarcaderoso atracaderos; incidiendo en la construcción, conservación,administración y aprovechamiento de puertos y demásconstrucciones de tipo portuario.El instituto mediante el punto de cuenta signado conel Nº 2 de fecha 11-09-2002, presentado por el presidenteal Consejo Directivo, aprobó las solicitudes de otorgamientode concesiones, habilitaciones y autorizacionesportuarias de un grupo de empresas, entre las cualesse encuentra la empresa Sociedad Mercantil CementacionesPetroleras, S.A. (CPVEN) a quien se le aprobó elotorgamiento de una autorización, sin embargo a pesarde que el Instituto envió comunicación al representantede la empresa, a fin de que consignaran los documentosestipulados en la Providencia Administrativa Nº 38 defecha 05-11-2003, para optar a la figura jurídica quelegalmente le corresponde para operar en el muelle, enel expediente a la fecha 26-09-2006, no se evidenciótrámite administrativo para la contratación.Así mismo, el Instituto a través de la Gerencia de Puertos,ha realizado “Jornadas Informativas”, en las diferentesCapitanías, a los fines de atender y divulgar el contenido dela Ley General de Puertos, haciendo énfasis en las figuraslegales mediante las cuales los administradores puedenejercer la competencia portuaria, es decir concesiones,habilitaciones y autorizaciones.ConclusionesCon base en las observaciones formuladas por esteOrganismo Contralor referidas a la evaluación selectiva,correspondiente a la legalidad de las operaciones relacionadascon los contrataciones y el manejo de recursospresupuestarios de la Capitanía de Puertos de Maracaibo,durante el año 2002, se determinó la inexistencia de uncontrato de autorización para la administración, operacióny mantenimiento del muelle, ubicado en el sectorLas Morochas de Ciudad Ojeda, operado por la empresaSociedad Mercantil Cementaciones Petroleras, S.A.(CPVEN) lo cual genera que los administradores portuariosno se mantengan ajustados a Derecho, según la normativalegal que rige la materia.RecomendacionesEn atención de las observaciones señaladas se recomiendaa las máximas autoridades del INEA exhortar alas autoridades competentes, a los fines de que suscribanel contrato para la administración, operación y mantenimientodel muelle, ubicado en el sector Las Morochas deCiudad Ojeda, a cargo de la Sociedad Mercantil CementacionesPetroleras, S.A. (CPVEN), con el objetivo de ajustara derecho a la empresa, con base a las exigencias legalesque rigen la materia.INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES (INPARQUES)CONTRATACIÓN EMPRESAS DE SERVICIOSEl Instituto Nacional de Parques (INPARQUES) es un entedescentralizado funcionalmente con forma de Derecho291

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007Público, sin fines empresariales, creado bajo la figura deinstituto autónomo, con personalidad jurídica y patrimoniopropio e independiente, mediante Ley publicada enGaceta Oficial N° 30.223 de fecha 05-10-73, modificadamediante Ley de Reforma Parcial publicada en GacetaOficial N° 2.290 Extraordinario de fecha 21-07-78. Estáadscrito al Ministerio del Ambiente y de los RecursosNaturales (MARN) según Decreto N° 1.512 de fecha 02-11-2001 con Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Leysobre Adscripción de Institutos Autónomos, Empresas delEstado, Fundaciones, Asociaciones y Sociedades Civilesdel Estado a los Órganos de la Administración Pública(Gaceta Oficial N° 5.556 Extraordinario de fecha 13-11-2001), actualmente Ministerio del Poder Popular parael Ambiente (Gaceta Oficial N° 5.836 Extraordinario defecha 08-01-2007).De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de laLey que rige al instituto, éste tiene la atribución de administrarlos parques referidos en la citada Ley, lo cualcomprende la planificación, construcción, ampliación,acondicionamiento y conservación, así como la ejecuciónde las acciones conducentes al desarrollo integraldel Sistema Nacional de Parques; dictar normas por lascuales se deberán regir las diversas actividades que puedanrealizarse dentro de los parques; dictar las medidasnecesarias para garantizar en los parques a su cargo, laseguridad de las personas, el orden, la conservación, elaseo, la higiene y la salubridad, así como la prevenciónde accidentes; elaborar en coordinación con las correspondientesdependencias del MARN, actual Ministeriodel Poder Popular para el Ambiente, los proyectos dereglamento a ser dictados por el Ejecutivo Nacional parael uso, aprovechamiento y conservación de los parquesnacionales, entre otras.Mediante Resolución N° 178 de fecha 28-04-2004 delMARN, se aprobó la publicación de la Providencia AdministrativaN° 001-2004 de fecha 12-02-2004, publicada enGaceta Oficial N° 37.927 de fecha 29-04-2004, por órganode la Junta Directiva de INPARQUES, a través de la cual seordena la reestructuración y reorganización administrativadel instituto en un plazo de 180 días, con base en la políticade modernización del Estado.A la fecha de corte de la actuación (22-05-2006), elinstituto se encontraba en proceso de reestructuración yreorganización administrativa, en virtud de una terceraprórroga establecida en la Providencia Administrativa N°001-2006 de fecha 13-01-2006, por 180 días más.Para tales fines se creó la Comisión de Modernización,integrada por representantes de la Consultoría Jurídica, laDirección General de Planificación y Presupuesto y la Direcciónde Personal y dirigida por el presidente del instituto,el cual velaría por el inicio, desarrollo y ejecución del procesode reestructuración y reorganización administrativa.La comisión tiene la responsabilidad de instrumentar loscambios a ser ejecutados según el Plan de Modernización,fijar las prioridades y ejecutar los recursos que le seanasignados, entre otras.Alcance y objetivos de la actuaciónLa actuación se orientó a evaluar exhaustivamente loscontratos de servicios profesionales suscritos por INPAR-QUES durante el año 2005. A tales efectos se evaluó elcumplimiento de las condiciones contractuales por partede los contratados para el proceso de reestructuración yreorganización administrativa.Observaciones relevantesEl presidente de INPARQUES aprobó la suscripción de 3contratos de servicios, 2 de ellos mediante puntos de cuenta01 y 02, agenda extra de fecha 12-04-2005, suscritos enfecha 15-04-2005, con fecha de vigencia a partir del 01-04-2005, y el tercero aprobado mediante punto de cuenta56, agenda 02, de fecha 09-12-2005, para ser ejecutadoen el período comprendido entre el 01-10-2005 y el 31-12-2005, lo cual evidencia que los mismos fueron aprobadosy suscritos después de la fecha de inicio; no obstante, elartículo 131 de la Ley Orgánica de Administración Financieradel Sector Público (LOAFSP), Gaceta Oficial N°38.198 de fecha 31-05-2005, establece que el sistema decontrol interno debe asegurar el acatamiento de las normaslegales, la obtención de información administrativa,financiera y operativa útil, confiable y oportuna para latoma de decisiones. Tal situación se originó por ausencia292

Administración Nacional DescentralizadaSector Serviciosde mecanismos de control y seguimiento por parte de lasdependencias involucradas en el proceso y del Comité deModernización, encargado de la celebración de contratoscon terceros; en consecuencia, se le restó formalidad alos compromisos adquiridos por el instituto, a efectos derealizar los pagos correspondientes.El presidente de INPARQUES suscribió en la misma fecha,con diferentes contratistas, 2 contratos por Bs. 30,00millones y Bs. 15,00 millones, para la reestructuración yreorganización administrativa de INPARQUES, para un totalde Bs. 45,00 millones; asimismo, a dichos contratos se lesotorgó anticipo del 50,00% del monto total contratado sinfijar fianza o garantías, no obstante que el artículo 20 dela Ley Orgánica de la Administración Pública (LOAP),Gaceta Oficial N° 37.305 de fecha 17-10-2001, estableceel principio de eficiencia en la asignación y utilización delos recursos públicos; en este sentido, indica que el funcionamientode la Administración Pública propenderá a lautilización racional de los recursos humanos, materiales ypresupuestarios, y el artículo 1.805 del Código Civil (GacetaOficial N° 2.990 Extraordinario de fecha 26-07-82),establece que la fianza no puede constituirse sino paragarantizar una obligación válida. La situación detectadaes originada por la ausencia de planificación, control yseguimiento de las actividades a desarrollar por parte delComité de Modernización, quedando el ente en estado deindefensión en caso de incumplimiento por parte de loscontratados; además, se ocasionó una mayor erogaciónpara un mismo fin y/o resultado.ConclusionesDe la evaluación practicada en INPARQUES a la suscripciónde contratos por servicios profesionales para el procesode reestructuración y reorganización administrativa delinstituto, se evidenció la carencia de un sistema de controlinterno formalmente establecido y adecuado a las actividadesde contrataciones, toda vez que se aprobarony suscribieron 3 contratos con posterioridad a la fechade inicio, de los cuales 2 se elaboraron en la misma fechay por igual concepto, con diferentes contratistas y se lesotorgó un anticipo del 50,00% del monto total contratado sinfijar fianza o garantías.RecomendacionesEsta Contraloría General de la República, recomienda alpresidente del instituto perfeccionar el sistema de controlinterno, de manera que impida la suscripción de contratosque no hayan sido previamente aprobados y que evite elinicio de la prestación de servicios sin el cumplimiento delas formalidades establecidas entre las partes.INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES (INPARQUES)EJECUCIÓN DE CONTRATOS PARA EL MANTENIMIENTODE PARQUES DE RECREACIÓNEl Instituto Nacional de Parques (INPARQUES) es un entedescentralizado funcionalmente con forma de DerechoPúblico, sin fines empresariales, creado bajo la figura deinstituto autónomo, con personalidad jurídica y patrimoniopropio e independiente, adscrito al entonces Ministeriodel Ambiente y de los Recursos Naturales, según DecretoN° 1.512 de fecha 02-11-2001, actualmente Ministerio delPoder Popular para el Ambiente.Actualmente la estructura organizativa, se encuentraconformada de la manera siguiente: la Junta Directiva, elDespacho del Presidente, la Dirección General, ConsultoríaJurídica, la Oficina de Relaciones Públicas, la Unidad deAuditoría Interna, la Oficina de Ingresos Propios, las DireccionesGenerales Sectoriales de Planificación y Presupuesto,Administración y Servicios, Parques Nacionales, Parques deRecreación, Infraestructura y las Direcciones Regionales.El Instituto para el año 2006, programó el Proyecto denominadoManejo del Sistema Nacional de Parques, siendoel objetivo específico del proyecto, mantener, conservar yproteger los parques de recreación, áreas recreativas de losparques nacionales y monumentos naturales.De acuerdo al Presupuesto de Ingresos y Gastos parael Ejercicio Fiscal 2006, al Instituto le asignaron recursospor la cantidad de Bs. 45.802,61 millones, sin embargo,los recursos presupuestarios alcanzaron el monto de Bs.96.171,33 millones, como resultado de modificaciones poraumento del presupuesto por la cantidad de Bs. 50.368,72millones.293

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007Se asignó inicialmente a la ejecución de las actividadesde Conservación y Mantenimiento de Parques de Recreacióny Áreas Recreativas de Parques Nacionales y MonumentosNaturales, la cantidad de Bs. 10.919,77 millones,de los cuales se destinó finalmente para el Mantenimientode los Parques de Recreación la cantidad de Bs. 2.634,38millones.Alcance y objetivos de la actuaciónLa actuación se orientó a evaluar las actividades realizadaspor el Instituto Nacional de Parques (INPARQUES),destinadas al mantenimiento de los parques de recreación,durante el año 2006, para lo cual se revisó una muestraselectiva de los pagos y los contratos suscritos para elmantenimiento de los parques: Generalísimo Francisco deMiranda y Jóvito Villalba, destinada a: evaluar las accionesadelantadas por INPARQUES para el mantenimiento de losparques de recreación; verificar el cumplimiento de lasactividades programadas en el marco de las acciones demantenimiento de los parques de recreación, así como, laejecución de las mismas; verificar los recursos asignadosa las actividades de mantenimiento de los parques de recreacióny la ejecución de los mismos.Observaciones relevantesLos objetivos específicos y las metas programadas enla acción específica denominada Conservación, Mantenimientoy Mejoras de los Parques de Recreación, ÁreasRecreativas de los Parques Nacionales y MonumentosNaturales, no fueron vinculados con las actividades demantenimiento de los parques de recreación, no obstante,las indicaciones contenidas en el numeral 6 del Instructivopara llenar el formato denominado Formulación delPlan Operativo Institucional año 2006, Formulario paraProyectos, emitido por Ministerio del Poder Popular parael Ambiente, el cual señala que el objetivo específico delproyecto, debe estar directamente relacionado al efectoesperado con el producto resultante del proyecto. Alrespecto, la Dirección General Sectorial de Planificacióny Presupuesto no implementó mecanismos de controlinterno destinados a la revisión, supervisión, control yseguimiento del Plan Operativo en la fase de formulación.Esta situación limitó el control y seguimiento delos objetivos y metas establecidos en el Plan Operativo,así como, su vinculación con la ejecución de los recursospresupuestarios.INPARQUES no suministró los documentos que evidencienlas acciones tomadas a los efectos del control de lascantidades y frecuencias de las actividades realizadas porlas Cooperativas para el mantenimiento de los parques, noobstante, lo previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánicade la Contraloría General de la República y del SistemaNacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), Gaceta OficialN° 37.347 de fecha 17-12-2001, el cual establece queel control interno es un sistema que comprende el plan deorganización, las políticas, normas, así como los métodospara salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud yveracidad de su información financiera y administrativa;así como, a lo previsto en el artículo 24 del ReglamentoParcial de la Ley del Instituto Nacional de Parques (GacetaOficial N° 37.169 de fecha 29-03-2001) el cual establece quelas actividades de prestación de servicios estarán sometidasa la supervisión, vigilancia y control de las autoridadesde INPARQUES. Al respecto, el Instituto no ha establecidoprocedimientos formales, que permitan el control, supervisióny seguimiento oportuno de las diferentes actividadesestablecidas en las órdenes de servicio y contratos demantenimiento desarrollados por las Cooperativas. Estasituación limitó a la Dirección General Sectorial de Parquesde Recreación, conocer el cumplimiento en la ejecuciónde las actividades de mantenimiento, lo que incide negativamenteen el funcionamiento normal de los parques, laeficiencia y la buena presentación de las áreas y del servicioque presta a la comunidad.De la evaluación realizada a los Análisis de PreciosUnitarios y los costos en la ejecución de los contratos, seevidenció que 2 de las Cooperativas, incluyeron conceptostales como: previsión social, costos de administración yutilidad, los cuales no se corresponden con la naturalezade los contratos de servicios, observándose diferencias deprecios, al comparar, el monto de algunos renglones reflejadosen los análisis de precios unitarios de las partidas, estosaspectos originaron una diferencia total por la cantidad deBs. 49,79 millones, producto de cotejar los análisis antes294

Administración Nacional DescentralizadaSector Serviciosidentificados, respecto a los cálculos efectuados por estaContraloría, no obstante, lo previsto en el artículo 31 dela Ley Especial de Asociaciones Cooperativas (GacetasOficiales Nos. 38.347, 38.371, 38.439 y 38.514 de fechas30-12-2005, 02-02-2006, 18-05-2006 y 04-09-2006),el cual establece que el trabajo en las Cooperativas esresponsabilidad y deber de todos los asociados y deberádesarrollarse en forma de colaboración sin compensacióneconómica; en concordancia con el artículo 34 ejusdem,el cual prevé que el régimen de trabajo, sus normas disciplinarias,las formas de organización, de previsión,protección social, compensaciones, serán establecidos enel estatuto, reglamentos, normas y procesos de evaluación.Los asociados que aportan su trabajo en las Cooperativasno tienen vínculo de dependencia con la Cooperativa; asícomo, lo previsto en el artículo 35 de la LOCGRSNCFel cual establece que el control interno es un sistema quecomprende el plan de organización, así como los métodospara salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud yveracidad de su información. Al respecto, la DirecciónGeneral Sectorial de Parques de Recreación no ha implementadomecanismos de control interno, a los fines de lasupervisión, control y verificación de la documentacióntécnica presentada por las Cooperativas y de los cálculosde las partidas ejecutadas por estas, así como, de verificarla exactitud y veracidad de su información financiera yadministrativa. Esta situación incidió negativamente en elmanejo de los recursos presupuestarios y financieros queefectuó el Instituto, así como limitó el control y seguimientode los pagos, a los efectos de salvaguardar los recursos ypor ende el patrimonio público.Se asignaron para el Mantenimiento de los Parques deRecreación la cantidad de Bs. 2.634,38 millones, la cual nose encuentra vinculada con los objetivos específicos y lasmetas establecidas en el Plan Operativo Anual 2006, noobstante, lo previsto en el artículo 7 de la Ley Orgánica dela Administración Financiera del Sector Público (LOAFSP),Gaceta Oficial N° 38.198, de fecha 31-05-2005, el cual estableceque, los presupuestos de los órganos y entes sujetosa la Ley in comento, se vincularán con los planes nacionales,regionales, estadales y municipales, y contendrán laspolíticas, objetivos estratégicos, productos e indicadoresincluidos en el Plan Operativo Anual, en concordancia conlo previsto en el artículo 14 ejusdem, el cual establece quelos presupuestos públicos de gastos, contendrán los gastoscorrientes y de capital, y utilizarán las técnicas más adecuadaspara formular, ejecutar, seguir y evaluar las políticas, losplanes de acción y la producción de bienes y servicios de losentes y órganos del sector público, así como, la incidenciaeconómica y financiera de la ejecución de los gastos y lavinculación de éstos con su fuente de financiamiento. Alrespecto, la Dirección General Sectorial de Planificacióny Presupuesto, no implementó efectivos mecanismos decontrol interno en la formulación del presupuesto anual, asícomo del Plan Operativo, que permita la vinculación de losrecursos presupuestarios asignados, con los objetivos y metasprevistos. Tal situación limitó a las máximas autoridades,conocer sobre el control y seguimiento de la ejecución de losrecursos presupuestarios, así como, de los objetivos y metasestablecidos en el Plan Operativo, aun cuando, éstas no seencuentran vinculadas con la naturaleza de las actividadesdel proyecto, lo que incidió negativamente en la gestión delInstituto dado las limitaciones para el control y seguimientode los resultados.Los pagos efectuados a las Cooperativas durante losmeses de enero, febrero y marzo por la cantidad de Bs.74,93 millones, fueron imputados presupuestariamentecomo gastos por concepto de las Acciones Centralizadasdel Instituto, siendo gastos por concepto de servicios demantenimiento correspondientes al Proyecto, no obstante,lo previsto en el artículo 49 de la LOAFSP, el cual estableceque no se podrán adquirir compromisos para los cualesno existan créditos presupuestarios, ni disponer de créditospara una finalidad distinta a la prevista. Al respecto,INPARQUES, no ha implementado un sistema de control presupuestario,orientado al registro, control y seguimiento delas operaciones presupuestarias. Esta situación, limitó a laDirección General Sectorial de Planificación y Presupuestoarrojar resultados confiables, sobre los saldos presupuestariosasignados al Proyecto Manejo del Sistema Nacionalde Parques de Recreación.ConclusiónComo resultado de la evaluación practicada a las actividadesrealizadas por el Instituto Nacional de Parques295

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007(INPARQUES), destinadas al mantenimiento de los parquesde recreación, durante el año 2006, se constató que elInstituto no estableció mecanismos efectivos de controlinterno y de planificación, a los fines de preservar enbuenas condiciones las diferentes áreas de los parques,por cuanto: el Plan Operativo Anual correspondiente alProyecto Manejo del Sistema Nacional de Parques, no fuevinculado con las actividades de mantenimiento de los parquesde recreación, así como, los recursos presupuestariosasignados con los objetivos y las metas establecidas, porconsiguiente no contenía una formulación de metas quepermitiera la supervisión de las mismas.Por otra parte, INPARQUES no suministró los documentosque evidencien las acciones adelantadas a los efectos deldebido control de las cantidades y frecuencias de los trabajosrealizados por las Cooperativas. Observándose en losAnálisis de Precios Unitarios y de los costos conceptos queno se corresponden con la naturaleza del servicio, igualmentese determinaron diferencias de precios, al comparar,el monto de algunos renglones reflejados en los análisis deprecios unitarios de las partidas. En cuanto a los pagos efectuadospor servicios de mantenimiento, fueron imputadoscomo gastos por concepto de las Acciones Centralizadasde INPARQUES. Situaciones que evidencian debilidades enel proceso de control y supervisión de las actividades demantenimiento de los parques.RecomendacionesSe exhorta a la máxima autoridad jerárquica y al Presidentede INPARQUES, a lo siguiente:• Instar a la Dirección Sectorial de Planificación yPresupuesto a establecer mecanismos efectivos decontrol interno, que garanticen la revisión, supervisión,control y seguimiento de los objetivos, metas yactividades contenidos en el Plan Operativo Anualdel Instituto.• Velar porque la Dirección General Sectorial de Parquesde Recreación implemente mecanismos de controlinterno destinados a verificar aspectos técnicos,tales como, la frecuencia de las actividades ejecutadasy la calidad del servicio que prestan las cooperativas,la cual debe estar acompañada de documentos quepermitan verificar su cumplimiento, debidamenteidentificado con el contrato de servicio.• Tomar las medidas pertinentes a los fines de quela Dirección General Sectorial de Parques de Recreaciónsupervise, controle y verifique la documentacióntécnica presentada por las cooperativas,tales como: presupuesto inicial, análisis de preciosunitarios, informes técnicos, de acuerdo a los parámetrosestablecidos en la normativa que regula lamateria; y de los cálculos de las partidas ejecutadaspor estas.• Velar por que la Dirección Sectorial de Planificacióny Presupuesto establezca los mecanismos de controlinterno necesarios a los fines de vincular los recursospresupuestarios con los objetivos y metas previstosen el Plan Operativo Anual.• Instar a la Dirección Sectorial de Planificación y Presupuestoa establecer los procedimientos necesariospara el registro de las transacciones presupuestaria,manteniendo el registro histórico de los mismos, alos fines de mantener una información oportuna yconfiable.• Instar a la Dirección Sectorial de Planificación yPresupuesto a implementar un efectivo sistema decontrol presupuestario, que permita que los recursospresupuestarios del Instituto, se orienten hacia eldestino para el cual fueron asignados, así como, alregistro y control presupuestario de las etapas delcompromiso del gasto.SOCIEDAD DE CAPITAL DE RIESGO VENEZUELA, C.A.(SCR)CARTERA DE INVERSIONESEs una empresa del Estado venezolano, constituida bajola forma de compañía anónima, e integrada a la estructurageneral del mismo, es decir, forma parte de los entesdescentralizados con fines empresariales, a los que se leaplican una mixtura de disposiciones de Derecho Público yde Derecho Privado, que rigen su creación, órganos y funcionamiento,se encuentra sujeta al control de este MáximoÓrgano Contralor, de conformidad con lo previsto en elartículo 9, numeral 10 de la Ley Orgánica de la ContraloríaGeneral de la República y del Sistema Nacional de Control296

Administración Nacional DescentralizadaSector ServiciosFiscal (LOCGRSNCF), Gaceta Oficial N° 37.347 del 17-12-2001, ello sin perjuicio del control que le correspondeejercer a su Órgano de Control Fiscal Interno. Fue creadamediante Decreto N° 1.550 del 12-11-2001 (Gaceta OficialN° 5.554 Extraordinario del 13-11-2001), actualmente seencuentra adscrita al Ministerio del Poder Popular para lasFinanzas, en atención a la disposición transitoria novenanumeral 15 del Decreto N° 5.103, referido a la Organizacióny Funcionamiento de la Administración Pública Nacional(Gaceta Oficial N° 5.836 Extraordinario de 08-01-2007).Tiene como objeto, la realización de inversiones a travésde la participación directa, temporal y sin carácter depermanencia en los capitales de empresas en operaciónen etapa de expansión, con cobertura de sus operaciones anivel nacional y con orientación multisectorial. Asimismo,podrá proporcionar apoyo técnico, financiero o de gestióna los socios beneficiarios.Para la fecha de conclusión de la actuación (17-07-2006),la SCRcontaba con una estructura orgánica aprobadainicialmente en fecha 05-05-2004 y modificada el 15-03-2006, quedando estructurada de la manera siguiente: enel nivel jerárquico a la Asamblea General de Accionistas ya la Junta Directiva como máxima autoridad conformadapor un Presidente, quien ejerce la representación legal,con los poderes de dirección y administración, designadopor el Ministro del Poder Popular para las Finanzas (antesMinistro de Finanzas) y 6 directores principales. LaPresidencia, cuenta con un nivel asesor integrado por elAuditor Interno, el Oficial de Cumplimiento, la ConsultoríaJurídica y la Secretaría General, asimismo, tiene adscrita laGerencia General, quien tiene bajo su cargo las áreas operativasdenominadas Coordinación de Gestión Operativay Coordinación de Gestión Administrativa.Alcance y objetivos de la actuaciónLa actuación se orientó a evaluar legalidad y sinceridadde las operaciones relacionadas con la cartera de inversionesde la Sociedad de Capital de Riesgo Venezuela, C.A.,“SCR”, así como su organización y funcionamiento, durantelos años 2004, 2005 y primer cuatrimestre de 2006,mediante el análisis selectivo de 6 operaciones de inversionespor la cantidad de Bs. 6.414,00 millones, equivalente a(67,85%) del total de las transacciones (14) realizadas poreste concepto de Bs. 9.453,55 millones, aprobadas a travésde la Coordinación de Gestión Operativa de la Sociedad,dirigidas al financiamiento de los sectores comercial eindustrial. A tales efectos, se fijaron los siguientes objetivosespecíficos: verificar la legalidad y sinceridad de lasoperaciones relacionadas con la cartera de inversiones,en atención al contenido del artículo tercero de sus estatutosvigentes; verificar si la estructura organizativa y elfuncionamiento de la Sociedad, se ajustan a la normativavigente aplicable a los entes descentralizados; y verificarsi el proceso presupuestario de la Sociedad está enmarcadoen los lineamientos previstos en la Ley Orgánica de laAdministración Financiera del Sector Público (LOAFSP)(Gaceta Oficial Nº 37.978 de fecha 13-07-2004) y sus posterioresreformas (Gacetas Oficiales Nos. 38.198 y 38.661del 31-05-2005 y 11-04-2007, respectivamente), así como elReglamento Nº 1 de la citada Ley (Gaceta Oficial N° 5.592Extraordinario de fecha 27-06-2002 y su posterior reforma(Gaceta Oficial N° 5.781 Extraordinario del 12-08-2005).Observaciones relevantesNo se evidenció durante los años 2004 y 2005, soportesde la verificación inicial mediante inspecciones de losinventarios reflejados en los estados financieros, así comolos avalúos de las maquinarias y equipos existentes y elcorrespondiente a la comprobación de los adquiridos con elproducto de la inversión, este último con el fin de respaldarel aumento de capital realizado en 3 empresas, en atencióna lo dispuesto en las Actas de Junta Directiva de fechas22-02-2005 y 25-08-2004, respectivamente. Los hechosexpuestos tienen su origen en la omisión de la actividadde comprobación durante el proceso de preevaluación, asícomo por debilidades en el proceso de seguimiento de lainversión, según el plan de negocios y de las obligacionescontractuales asumidas por las empresas beneficiariasdel programa de inversión de la Sociedad. Tal situacióncontribuye al uso inadecuado de los recursos invertidos,con el consiguiente riesgo para el retorno de la inversiónrealizada por parte de la SCRVenezuela.No se evidenció la existencia en los expedientes de las 3empresas, los estados financieros auditados correspondiente297

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007al ejercicio fiscal 2005, en atención a lo señalado en la CláusulaVigésima de cada uno de los contratos de inversión, lacual señala que, las empresas beneficiarias realizarán porlo menos, una auditoría externa por contadores públicoscolegiados en el ejercicio independiente de la profesión.Igualmente, no se constató soporte de la informaciónperiódica, que deben presentar las compañías, durante ellapso comprendido entre el 10-09-2004 y el 15-03-2006,mediante los cuales se compruebe el desarrollo de las actividadesdispuestas en el plan de negocios, en atención ala Cláusula Décima Novena de los referidos contratos deinversión. Los hechos expuestos se originan por la omisiónde la actividad de seguimiento de la inversión, durante losperíodos evaluados. Tal circunstancia, se constituye enuna limitante para que la SCR conozca los avances de lasinversiones realizadas en procura del retorno oportuno delos recursos aportados.Igualmente se observó, ausencia de documentos talescomo: verificación de referencias y comprobación física delaumento de capital, así como una incorrecta organizaciónde los expedientes. Sobre el particular, el artículo 23, literal“a”, de las Normas Generales de Control Interno (NGCI)Gaceta Oficial Nº 36.229 de fecha 17-06-97, establece entreotros, la obligatoriedad de respaldar con suficiente documentaciónjustificativa las transacciones y operacionesfinancieras, presupuestarias y administrativas, motivadoa la carencia de un Manual de Normas y Procedimientosque regulen el adecuado funcionamiento de su sistema decontrol interno, con el fin de salvaguardar los recursosy la calidad de sus operaciones. Aspecto que ocasionaretrasos durante la toma de decisiones de los referidosprocesos.No fue localizada la ubicación física de las empresascitadas, en consecuencia no se constató el uso adecuadode los recursos aportados por la scr, por la cantidad de Bs.3.740,00 millones, en atención al plan de negocios propuesto.La situación antes descrita, denota debilidades en elproceso de seguimiento realizado por el Departamento deEvaluación de Inversión, ahora Coordinación de GestiónOperativa, toda vez que, omitieron durante el desarrollode sus actividades la realización de la inspección in situ,para evaluar la veracidad de las inversiones.La SCR carece de Manuales de Normas y Procedimientosque definan formalmente las actividades y funcionesde los empleados que laboran en la misma. Al respecto,los artículos 35 y 36 de la LOCGRSNCF, en concordanciacon los artículos 3 y 15 de las NGCI, establecen que, elcontrol interno es un sistema que comprende, entre otroslas normas, métodos procedimientos adoptados por el entepara salvaguardar sus recursos, y que corresponde a lasmáximas autoridades entre otros, la responsabilidad deorganizar y establecer, el sistema de control interno. Talsituación se origina, por cuanto la empresa presenta debilidadesen la estructura funcional del sistema de controlinterno, lo cual fomenta, que las actividades y procesosdesarrollados en la empresa, se realicen bajo una ampliadiscrecionalidad de los actores que intervienen en la ejecuciónde los mismos.La Unidad de Auditoría Interna (UAI) aparece adscritaa la Presidencia de la empresa de acuerdo con la estructuraorganizativa aprobada el 15-03-2006. Sobre el particular, elartículo 23 del Reglamento sobre Organización del ControlInterno en la Administración Pública Nacional (GacetaOficial N° 37.783 de fecha 25-09-2003), en concordanciacon el artículo 11 de las prenombradas NGCI, señalan,entre otros que, el órgano de control interno de los organismoso entidades debe estar adscrito al máximo niveljerárquico de la estructura organizativa institucional. Laobservación expuesta, se origina por desconocimientopor parte de la Sociedad del marco legal que regulala organización y funcionamiento de las UAI, el cualpretende garantizar la objetividad e imparcialidad delas acciones que se desarrollan en esa instancia, lo cualafecta la independencia, así como la objetividad e imparcialidadde las actuaciones acometidas por el Órganode Control Fiscal Interno.La SCR no contempló dentro de la estructura organizativauna Oficina de Atención al Ciudadano (OAC), noobstante lo señalado en el artículo 143 de la Carta Magna,en concordancia con el artículo 9 de la Ley Contra laCorrupción, los cuales establecen que los ciudadanos tienenderecho a ser enterados, por los órganos y entes queintegran la Administración Pública, sobre la utilizaciónde los bienes y gasto de los recursos que integran el patri-298

Administración Nacional DescentralizadaSector Serviciosmonio público, mediante un informe detallado, publicadotrimestralmente y a disposición de cualquier persona enlas oficinas de atención al público o al ciudadano, todavez que la misma no ha sido creada, ni se evidenció la inclusiónde dicha Oficina en la estructura organizativa. Loantes descrito trae como consecuencia, que los ciudadanosinteresados no logren ejercer el derecho constitucionalrelacionado con el Principio de Participación Ciudadanaconsagrado en la Constitución.Durante el período comprendido entre el año 2005 y primercuatrimestre de 2006, la empresa objeto de evaluación,no estableció un mecanismo de control que le permitieragarantizar el resguardo de los recursos administradospor los funcionarios designados para tal fin, así comoprotegerse de los perjuicios que pudieran causarle alpatrimonio público, por incumplimiento de deberes opor negligencia o impericia en el ejercicio de sus funciones,toda vez que, no suscribió la póliza de fidelidadpor concepto de la caución prevista en el artículo 161 dela LOAFSP, que señala la obligatoriedad por parte de losfuncionarios encargados de la administración y liquidaciónde ingresos nacionales, custodia y manejo de fondoso bienes públicos prestarán caución antes de entrar enel ejercicio de sus funciones, en la cuantía y forma quedetermine el reglamento ejusdem, en concordancia conel artículo 53 del Reglamento Nº 1 de la mencionadaLey. Tal situación se presentó por que la SCR realizólas operaciones sin haber consolidado su sistema decontrol interno, lo que constituye una debilidad que deno subsanarse pondría en riesgo la salvaguarda de supatrimonio y no garantizaría la adecuada administraciónde sus recursos.El Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos 2005 seremitió al Ministro de Finanzas, actual Ministro del PoderPopular para las Finanzas en forma extemporánea (30-09-2004), según consta en comunicación de fecha 17-03-2005emitida por la SCR y dirigida a la Oficina Nacional dePresupuesto (ONAPRE). En ese sentido, el artículo 66 de laLOAFSP, establece que la máxima autoridad de los entesaprobará el referido proyecto de su gestión y lo remitirána través del correspondiente órgano de adscripción, a laONAPRE, antes del 30 de septiembre del año anterior alque regirá. El hecho descrito se originó, por cuanto la scr,estaba a la espera de un aporte de capital por Bs. 12,00 millonesparte de su principal accionista Banco de DesarrolloEconómico y Social de Venezuela (BANDES), hecho que sematerializó en la misma fecha (30-09-2004), y que motivóel retraso experimentado en el proceso de aprobación delpresupuesto 2005. La observación explicada, se constituyóen una limitante para que el Órgano encargado de la preparacióny consolidación del presupuesto de la República,ONAPRE, pueda realizarlo de manera sincera y oportuna,al verse en la obligación de elaborar los presupuestos deOficio, en atención a la normativa que regula el sistemapresupuestario.La ejecución presupuestaria de la Sociedad para el año2005, no refleja la sinceridad de las cifras, en cuanto al cumplimientode las premisas contenidas en su Presupuesto deIngresos y Gastos aprobado y el ejecutado, toda vez que nose incluyó información referida a la aplicación de los recursosfinancieros adicionales del presupuesto de 2005, por lacantidad de Bs. 12.993,44 millones, aprobados mediante modificaciónpresupuestaria en Consejo de Ministros N° 4649de fecha 01-08-2005. Sobre el particular, el artículo 14 de laLOAFSP, señala entre otros, que los presupuestos públicosde gastos utilizarán técnicas más adecuadas para formular,ejecutar, seguir y evaluar las políticas, los planes de acción yla producción de bienes y servicios de los entes y órganos delsector público, así como la incidencia económica y financierade la ejecución de los gastos y la vinculación de éstos con susfuentes de financiamiento, motivado a la ausencia del áreade la Coordinación de Planificación y Presupuesto árearesponsable de la ejecución presupuestaria. Este hecho setorna en una limitante para el Ente, a la ONAPRE y a losÓrganos de Control Fiscal efectuar los análisis respectivosde la aplicación a los recursos destinados a las actividadesmedulares de la organización.ConclusionesLa evaluación realizada por esta Contraloría General dela Republica refleja, debilidades en el Sistema de ControlInterno, ejercido por la Sociedad de Capital de Riesgo Venezuelasobre las inversiones realizadas, toda vez que, seconstató que 3 de las inversiones examinadas, no fueron299

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007localizadas la ubicación física de las mismas, se otorgaronprescindiendo de las disposiciones previstas en los respectivoscontratos de inversión se omitió la verificación inicialde los inventarios reflejados en los estados financieros, elavalúo de las maquinarias y equipos existente, así comolo correspondiente a la comprobación de los inventariosadquiridos producto de la inversión que respaldan el aumentode capital realizado, estados financieros auditadosreferidos al ejercicio fiscal 2005 a los fines de evaluar lasgestiones administrativas y contables, así como informesperiódicos, que deben presentar las compañías por cuentapropia o a solicitud del ente, durante el lapso comprendidoentre el 10-09-2004 y el 15-03-2006, con el fin de controlary verificar el cumplimiento del plan de negocios y de lasobligaciones impositivas de las empresas.Así mismo, carecen de un Manual de Normas y Procedimientosque regulen el adecuado funcionamiento desu Sistema de Control Interno, con el fin de salvaguardarlos recursos y la calidad de sus operaciones, la estructuraorganizativa aprobada por las máximas autoridades no ubicaa la UAI dependiendo directamente de la Junta Directiva, y noconsideró la creación de una OAC; así mismo, los funcionariosresponsables de la administración de fondos no presentaron lacaución correspondiente para el período 2005-2006.En cuanto al proceso presupuestario se determinó, queel mismo no se encuentra enmarcado en los lineamientosprevistos en la LOAFSP, toda vez que, la remisióndel Proyecto de Presupuestos 2006 se realizó de formaextemporánea al ente de adscripción; la ejecución delpresupuesto correspondiente al año 2005, no incluyó lasuma de Bs. 12,99 millones por concepto de recursosadicionales.RecomendacionesSe insta al Presidente y demás miembros de la JuntaDirectiva de la SCR Venezuela a:• Instruir a la Consultoría Jurídica de la SCR Venezuelapara que sea vigilante del proceso de recuperación delas inversiones realizadas en las empresas.• Instrumentar mecanismos de seguimiento que permitanverificar el destino de los fondos invertidos y otor-gados dentro del Plan de Negocios, en concordanciacon las NGCI, así como de las cláusulas contenidasen los respectivos contratos de inversión.• Elaborar y aprobar el Manual de Normas y Procedimientosque regulen el adecuado funcionamiento desu sistema de control interno, con el fin de asegurarsu implantación, funcionamiento y evaluaciónperiódica.• Fortalecer el sistema de control interno, referido ala información que deben contener los expedientesde inversión, deberá dar estricto cumplimiento a lasantes nombradas NGCI emitidas por este OrganismoContralor.• Efectuar modificaciones a la estructura organizativa alos efectos de adscribir la UAI al máximo nivel jerárquicode la Sociedad. Asimismo, se deberá considerarla inclusión de la Oficina de Atención al Ciudadano.• Instruir a las unidades responsables para que elaborenel Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastosde forma oportuna, de tal manera que se asegure suremisión al ente de adscripción, dentro de los plazoscontemplados en el marco que regula la materia presupuestaria.• Implantar un sistema de control interno que garanticeel registro y control de la ejecución presupuestaria,sus modificaciones y las transacciones efectivamenterealizadas por la entidad, con miras de asegurar laidoneidad y confiabilidad de los reportes emitidospor el sistema.EMPRESA REGIONAL SISTEMA HIDRÁULICO TRUJILLANO(SHT)MANEJO DE LO RECURSOS EN LA EJECUCIÓN DE OBRASLa Empresa Regional Sistema Hidráulico Trujillano,S.A. (SHT) es una empresa integrada a la estructura generaldel Estado venezolano; es decir, forma parte de los entesdescentralizados funcionalmente, lo que la hace partícipede un sistema mixto de Derecho. Así, se rige por normasde Derecho Privado en cuanto a su creación, organizacióny funcionamiento, y está sometida a normas de DerechoPúblico, por tanto está sujeta al control de este máximoOrganismo Contralor, de conformidad con lo previsto en elartículo 9 numeral 10 de la LOCGRSNCF, ello sin perjuicio300

Administración Nacional DescentralizadaSector Serviciosdel control que le corresponde ejercer a su órgano de controlfiscal interno. Opera como una empresa bajo la tuteladel Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales(MARN), actualmente Ministerio del Poder Popular parael Ambiente (Gaceta Oficial N° 5.836 Extraordinario defecha 08-01-2007), constituida el 30-12-91, bajo la razónsocial Empresa Regional Sistema Hidráulico Trujillano,S.A. e inscrita en el Registro Mercantil de la CircunscripciónJudicial del Estado Trujillo, bajo el N° 109 del tomoLVII, en fecha 12-02-93.El objeto principal de la empresa es la administraciónde los recursos financieros previstos en la Ley Programapara la Contratación y Financiamiento del Sistema deAprovechamiento Integral de los Recursos Hidráulicos delEstado Trujillo, en coordinación con el Consejo Nacionalde Riego y Saneamiento de Tierras, la planificación, promocióny ejecución de programas y proyectos de desarrollorural integral, orientados al mejor aprovechamiento de losrecursos hidráulicos, y opera con autoridad de área parael desarrollo rural integral, en la cuenca y planicie del ríoMotatán.El proyecto Remodelación Isnotú, estado Trujillo, tienecomo objetivo atender la problemática que presenta lapoblación de Isnotú en cuanto al Saneamiento Ambientalcausado por el crecimiento acelerado del que ha sido objeto,producto de construcciones informales y urbanismosprivados, que han dado origen al colapso del sistema decloacas. Asimismo, presenta deficiencia en la cantidad ycalidad del agua potable suministrada a la población, loque ocasiona malestar y se refleja en la calidad de vida desus habitantes.El proyecto Triestadal Torondoy, tiene como objetivoprincipal, mejorar la distribución de agua potable en losmunicipios Miranda, Sucre, Monte Carmelo, Caja Seca,Nueva Bolivia, Tulio Febres Cordero y Julio César Salasde los estados Trujillo, Zulia y Mérida. Dicho proyectocomprendió: la ampliación de redes de acueducto y rehabilitaciónde tanques existentes en dos fases; así como, laconstrucción de nuevos tanques metálicos con estructuraexistente en taller.Los presupuestos de ingresos y gastos del SHT, correspondientesa los años 2001 al 2005, fueron publicados enlas (Gacetas Oficiales Nos. 5.526 Extraordinario, 37.538,37.615, 5.689 Extraordinario y 5.750 Extraordinario defechas 09-04-2001, 30-09-2002, 22-01-2003, 30-12-2003y 29-12-2004) por Bs. 5.272,00 millones, Bs. 3.237,00 millones,Bs. 5.755,00 millones, Bs. 5.814,00 millones y Bs.4.287,00 millones, respectivamente.Alcance y objetivos de la actuaciónLa actuación se orientó a la evaluación exhaustivade los recursos asignados para la ejecución de las obrasTriestadal Torondoy y Remodelación Isnotú, estado Trujillopor parte de la empresa Regional Sistema HidráulicoTrujillano S.A. (SHT) durante los años 2001 al 2005. Talefecto se definieron los objetivos siguientes: Determinar ladisponibilidad y aplicación de los recursos presupuestariosy financieros otorgados a las obras Triestadal Torondoyy Remodelación Isnotú, estado Trujillo por parte de laempresa SHT y evaluar el control interno aplicado por laempresa, tanto el manejo de los recursos, así como en laejecución de las obras.Observaciones relevantesDe la revisión documental efectuada a los registros presupuestariosque reposan en la empresa SHT, por conceptode los 4 contratos suscritos con el Ministerio del Ambientey de los Recursos Naturales (MARN) y Ministerio de Infraestructura(MINFRA), actualmente Ministerio del PoderPopular para la Infraestructura y Ministerio del PoderPopular para el Ambiente, para la ejecución de las obras delos proyectos Remodelación Isnotú y Triestadal Torondoy,para los años 2001 y 2002, respectivamente, se constató quefueron registrados en la partida 4.04.13.01.00 “Estudios yProyectos de Inversión Activos Fijos” los créditos por Bs.1.798,00 millones correspondientes al contrato suscrito enel 2001, con MINFRA, por un total Bs. 2.499,00 millones,sin embargo no se observó a que partidas presupuestariasdel gasto fue cargada la diferencia de Bs. 701,00 millonesdel monto del citado contrato, así como, los 3 contratosrestantes suscritos con el MARN por Bs. 400,00 millones;Bs. 73,16 millones y Bs. 70,00 millones, respectivamente.301

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007Al respecto, los numerales 10 y 13 del artículo 4 de lasNormas Generales de Contabilidad del Sector Público(Gaceta Oficial N° 36.100 del 04-12-96) establecen losPrincipios: “Causado y Devengado”, un ingreso se consideradevengado cuando se adquiere el derecho a percibiruna cantidad de recursos; y “Registro e Imputación Presupuestaria”la contabilidad registrará, de acuerdo con el plande cuentas, la obtención de ingresos y la ejecución de losgastos. Lo que evidencia que las autoridades competentesde la empresa no realizan una efectiva supervisión, controly seguimiento en el registro de las operaciones presupuestariasy financieras, por cuanto, no fueron registrados en elpresupuesto de gastos los ingresos percibidos producto desus operaciones; en consecuencia los registros presupuestariosy los balances contables y financieros no reflejan eltotal de los recursos manejados ni las situación económicay patrimonial de la empresa, por lo que dicha informacióncarece de confiabilidad.Se constató que el presidente de la empresa SHT, parala fecha de la suscripción de los contratos aperturó a sunombre, 2 cuentas corrientes en el Banco Mercantil, Nos.1056-25658-3 y 1056-25692-3, para el manejo de los recursosde las obras Triestadal Torondoy y RemodelaciónIsnotú, estado Trujillo en fechas 23-10-2001 y 14-11-2001,respectivamente, y no a nombre de la Empresa SHT, portratarse de recursos públicos, dichas cuentas permanecierona su nombre hasta el 01-02-2003, cuando fueron cerradasy se abrieron nuevas cuentas a nombre de la Empresa RegionalSistema Hidráulico Trujillano S.A. identificadas conel N° 1056261773 para la obra Remodelación Isnotú y N°1056261765 para la obra Triestadal Torondoy, no obstanteque el artículo 12 de la Ley Orgánica de la AdministraciónPública (LOAP), Gaceta Oficial N° 37.305 de fecha 17-10-2001, establece que las actividades de la administraciónpública se desarrollen con base en principios, entre otros,de honestidad, transparencia e imparcialidad; lo cual evidenciaausencia de mecanismos de control y seguimientode las actividades que realiza la empresa por parte de lasdependencias involucradas tanto en actividades operativasy de control de las cuentas bancarias que maneja la empresa.Lo cual incide negativamente en el manejo adecuadode los recursos financieros ocasionando daños al patrimoniode la empresa.Para cumplir con los compromisos adquiridos en la ejecuciónde las obras remodelación Isnotú, estado Trujillo yTriestadal Torondoy, la empresa SHT realizaba traspasosentre cuentas bancarias de dichas obras u otras cuentas,sin que se observara la aprobación por parte de la JuntaDirectiva; no obstante, lo establecido en el artículo 12 dela LOAP, la cual establece que la actividad en la AdministraciónPública se desarrolla con base en principiosde celeridad, economía, honestidad, transparencia, entreotros. Dichos traspasos se realizaron debido a la tardanzade ambos organismos contratantes (MINFRA–MARN), en elpago de las valuaciones por obra ejecutada, lo que incidiónegativamente en la ejecución de otras actividades y en elpatrimonio de la empresa.De la revisión efectuada al expediente del contrato N°MARN-UES-01-067 ampliación de redes de acueducto yrehabilitación de tanques existentes de la obra TriestadalTorondoy, no se evidenció la designación formal del ingenieroresidente y la aceptación del mismo por escrito al entecontratante, así como, la solvencia y/o certificación emitidapor el colegio de Ingenieros de Venezuela, las suscripcionesde las pólizas de seguro del anticipo y fiel cumplimiento,las Actas de recepción provisional y recepción definitivade la obra, siendo que el Acta de terminación se firmó enfecha 11-06-2002. Al respecto, el artículo 21 de las CondicionesGenerales de Contratación para la Ejecución deObras (CGCEO) Gaceta Oficial N° 5.096 Extraordinariodel 16-09-96, indica que el contratista debe mantener alfrente de la obra un Ingeniero en legal y libre ejerciciode la profesión y participar por escrito al ente contratantela designación de éste. Además, establece, entre otrosaspectos, que mientras el contratista no de cumplimientoa lo anterior, no puede iniciar o continuar la ejecución dela obra. Asimismo, el articulo 53, Titulo IV de las CG-CEO, establece que el Ente contratante en los casos en loscuales se hubiese establecido en el contrato, entregará alcontratista en calidad de anticipo, el porcentaje del montodel contrato que se hubiese establecido en el documentoprincipal, para proceder a la entrega del anticipo, el contratistadebe presentar una fianza de anticipo por el montoestablecido en el documento principal, emitida por unacompañía de seguros o institución bancaria. Siguiendo elmismo orden de ideas, los artículos 91, 93 y 106 del Título302

Administración Nacional DescentralizadaSector ServiciosVII de las CGCEO, establecen que el contratista debesolicitar por escrito la aceptación provisional de la obradentro del plazo de 60 días calendario contados a partir dela fecha del Acta de terminación, luego dentro del plazode 90 días calendario siguientes a una revisión generalde la obra y si resulta que se ha ejecutado de acuerdo conlo convenido en el contrato, se procede a su aceptaciónprovisional mediante la suscripción del Acta respectiva.Posteriormente, concluido el lapso de garantía, dentro delos 30 días calendario a la fecha de presentación de estasolicitud, el Ente contratante hace una inspección generalde la obra, y si se comprobare que la obra ha sido ejecutadaen un todo conforme con lo estipulado en el contrato, seprocede a su recepción definitiva mediante la suscripcióndel Acta respectiva. Las observaciones expuestas, evidencianla inexistencia de mecanismos de supervisión y controlpor parte de las autoridades de la empresa, en cuanto alarchivo y resguardo de los documentos que soportan losexpedientes de obras suscritos por el SHT, y que reposanen el archivo de la gerencia de operaciones, por cuanto nocontienen la documentación necesaria para la evaluación dela situación en que se encuentra la obra, lo que limitó ejercerun adecuado control y seguimiento de las contratacionesy coadyuvar a una sana gestión administrativa; así como,no se garantizó la calidad de la obra y la oportunidad deentrega para el servicio de la población trujillana.ConclusionesDe los resultados obtenidos en la evaluación de los recursosasignados para la ejecución de las obras TriestadalTorondoy y Remodelación Isnotú, estado Trujillo por partede la empresa Regional Sistema Hidráulico TrujillanoS.A. (SHT), durante los años 2001 al 2005, se observó laexistencia de debilidades en el sistema de control internopresupuestario y financiero de la empresa, así como, enel trámite y la custodia de los documentos que soportanlos contrataciones realizadas por la empresa con terceros,toda vez: que los contratos fueron registrados en la partida4.04.13.01.00 “Estudios y Proyectos de Inversión ActivosFijos” los créditos por Bs. 1.798,00 millones correspondientesal contrato suscrito en el 2001, con MINFRA por untotal Bs. 2.499,00 millones, sin embargo, en las partidaspresupuestarias del gasto no fue cargada la diferenciade Bs. 701,00 millones del monto del citado contrato, asícomo, de los 3 contratos restantes suscritos con el MARNpor Bs. 400,00 millones; Bs. 73,16 millones y Bs. 70,00millones respectivamente. Por otra parte, se constató, queel Presidente de la empresa SHT, aperturó a su nombre, 2cuentas corrientes en el Banco Mercantil, para el manejode los recursos de las obras antes citadas, además, paracumplir con los compromisos adquiridos en la ejecuciónde las obras, la empresa realizaba traspasos entre cuentasbancarias de dichas obras u otras cuentas, sin evidenciarsela aprobación por parte de la Junta Directiva.En cuanto a la revisión efectuada al expediente delcontrato N° MARN-UES-01-067 ampliación de redesde acueducto y rehabilitación de tanques existentes de laobra Triestadal Torondoy, no se evidenció la designaciónformal del Ingeniero Residente y la aceptación del mismopor escrito al ente contratante, así como, la solvencia y/ocertificación emitida por el Colegio de Ingenieros de Venezuela,las suscripciones de las pólizas de seguro del anticipoy fiel cumplimiento, las actas de recepción provisional yrecepción definitiva de la obra.RecomendacionesSe exhorta a la Junta Directiva y al Presidente de laEmpresa Regional Sistema Hidráulico Trujillano, S.A.(SHT) a:• Emprender las acciones pertinentes para que las autoridadescompetentes realicen una efectiva supervisión,control y seguimiento de las operaciones contables, alos fines del efectivo registro presupuestario.• Establecer los mecanismos de control administrativo,a los fines de garantizar que el manejo de los recursosde la empresa se efectué a través de cuentas bancariasaperturadas a nombre del SHT.• Establecer mecanismos de control interno que permitaa la máxima autoridad, aprobar los traspasos financierosentre partidas.• Ejercer un control efectivo y oportuno sobre los expedientesque llevan las distintas gerencias involucradasen la ejecución de los proyectos, los cuales deben contenerla documentación especificada en la normativaque lo rige, a los fines de mantener los expedientes303

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007de los contratos de obras completas, actualizadas y defácil manejo para la obtención de la información.SECTOR DEL DESARROLLO SOCIALASOCIACIÓN CIVIL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONESDEL PERSONAL DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓNDE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO (FOPEDIUC)ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLESFOPEDIUC es una Asociación Civil autónoma con personalidadjurídica propia y amplia capacidad para realizartodos los actos lícitos de naturaleza mercantil y civil quesean necesarios y conducentes para el cumplimiento de susfunciones y objetivos. Fue creada mediante Acta Constitutivade fecha 09-07-85, registrada en la Oficina Subalternadel Primer Circuito de Registro del Distrito Valencia delEstado Carabobo en fecha 05-02-86, bajo el Nº 6, folios 1al 5, del Protocolo 1º, Tomo 7º.Su objetivo es la creación, mantenimiento, ampliación,manejo, inversión, y aplicación de un fondo o patrimoniotal que, con los intereses o dividendos por él producidos,permita la cancelación de las jubilaciones y pensiones aque se hagan acreedores los miembros del personal docentey de investigación de la Universidad de Carabobo (UC).Su patrimonio se forma por los aportes provenientes de lapartida global mensual asignada por el presupuesto de laUC para el pago de los sueldos del personal docente y deinvestigación; con los aportes de los miembros del personaldocente y de investigación de la UC; aportes de la Jubilacióny Pensión de los miembros del personal docente y deinvestigación en goce de tal derecho, así como por aportesde los beneficiarios de pensión de sobrevivientes, por elincremento del patrimonio derivado de las inversiones ypor colocaciones de aceptable rentabilidad y seguridad enel mercado de capitales, y por los bienes que la Asociaciónadquiera por cualquier título.FOPEDIUC recibió aportes de la UC durante los años 1996,1997, 1998, 1999 y 2000, por la cantidad de Bs. 150,28 millones;Bs. 513,96 millones; Bs. 237,81 millones; Bs. 25,84millones; y Bs. 195,39 millones, respectivamente; y aportespersonales de sus miembros, por la cantidad de Bs. 136,41millones; Bs. 534,98 millones; Bs. 417,26 millones; Bs.516,23 millones; y Bs. 700,00 millones, respectivamente.Alcance y objetivo de la actuaciónLa actuación fiscal estuvo orientada a evaluar la adquisiciónde bienes inmuebles, así como de desarrollosinmobiliarios por parte de FOPEDIUC, durante los años1996 al 2000. Tuvo como objetivos específicos, evaluarsi las inversiones realizadas para la adquisición de bienesinmuebles, se efectuaron con apego a la normativa internaque regula la materia y a las decisiones tomadas por laAsamblea de Accionistas, así como el cumplimiento delas condiciones establecidas en los documentos protocolizadospara la adquisición de apartamentos y/o desarrollosinmobiliarios; evaluar el control interno implantado parallevar a cabo el proceso relacionado con las inversionesdirigidas a la adquisición de bienes inmuebles, así comoel presupuesto de ingresos y gastos vinculado con dichasinversiones.Observaciones relevantesDe la revisión efectuada a las inversiones en bienesinmuebles efectuadas por el Fondo entre los años 1996 al2000, se observó que FOPEDIUC realizó inversiones por lacantidad de Bs. 2.711,37 millones mediante la adquisiciónde noventa y siete (97) apartamentos ubicados en 20 edificios,determinándose lo siguiente:• FOPEDIUC no cuenta en sus archivos con los documentossoportes de los actos aprobatorios por parte de laJunta Directiva para las adquisiciones de los bienesinmuebles, correspondientes al período 1996 al 2000por un monto global de Bs. 1.632,28 millones. Alrespecto, el artículo 3 de las Normas Generales deControl Interno (NGCI), publicada en Gaceta OficialN° 36.229 de fecha 17-06-97, señala que el controlinterno de cada organismo o entidad debe organizarsecon arreglo a conceptos y principios generalmenteaceptados de sistemas, y estar constituidos por laspolíticas y normas formalmente dictadas, los métodosy procedimientos efectivamente implantados ylos recursos humanos, financieros y materiales, cuyofuncionamiento coordinado debe orientarse al cum-304

Administración Nacional DescentralizadaSector del Desarrollo Socialplimiento de los objetivos siguientes: a) salvaguardarel patrimonio público. b) Garantizar la exactitud,cabalidad, veracidad y oportunidad de la informaciónpresupuestaria, financiera, administrativa y técnica, yc) procurar la eficiencia, eficacia, economía y legalidadde los procesos y operaciones institucionalesy el acatamiento de las políticas establecidas por lasmáximas autoridades del organismo o entidad; y elliteral b) del artículo 23 eiusdem, establece que lasautoridades competentes del organismo o entidadadoptarán las medidas necesarias para salvaguardary proteger los documentos contra incendios, sustraccióno cualquier otro riesgo. Esta situación obedecea la falta de mecanismos de control y supervisión delas actividades de guarda y custodia de la referidadocumentación, lo cual limita al Fondo garantizar laexactitud, cabalidad y oportunidad de la informaciónsobre las operaciones financieras, administrativas ytécnicas de su gestión.• De la revisión efectuada a la información contempladaen los documentos de registro de compra-venta deapartamentos de 6 edificios, de los 20 en los cualesFOPEDIUC efectuó negociaciones, que incluyen 35 apartamentosadquiridos por el Fondo y 219 por terceros,considerando características similares en cuanto ametros de construcción, fechas de registro y ubicaciónde los mismos, se observó que los apartamentoscomprados por FOPEDIUC presentan un precio superior,entre un 30,00% y un 233,33% respecto a los preciosmínimos pagados por terceros, y un 38,33% inferiory 80,08% superior, respecto a los precios máximospagados por terceros, lo cual indica que los preciosnegociados por FOPEDIUC presentan un margen dediferencia significativa, con respecto a los montospagados por otros adquirientes. Sobre lo expuesto,cabe señalar, que los artículos 3, literal “a” y “c” y 10,literal “b” de las NGCI, indican que el control internode cada organismo o entidad debe organizarse conarreglo a conceptos y principios generalmente aceptadosde sistema, a fin de salvaguardar el patrimonioPúblico, y su funcionamiento debe estar orientado aprocurar la eficiencia, eficacia, economía y legalidadde los procesos y operaciones institucionales y elacatamiento de las políticas establecidas por las máxi-mas autoridades; en tal sentido los niveles directivosy gerenciales deben ser diligentes en la adopción delas medidas necesarias ante cualquier evidencia dedesviación de los objetivos y metas programadas,detección de irregularidades o actuaciones contrariasa los principios de legalidad, economía, eficiencia y/oeficacia. Asimismo, actualmente el numeral 4 del artículo38 de la Ley Orgánica de la Contraloría Generalde la República y del Sistema Nacional de ControlFiscal (LOCGRSNCF), Gaceta Oficial N° 37.347 defecha 17-12-2001, establece que el sistema de controlinterno que se implante en el ente u organismorespectivo, deberá garantizar, antes de proceder a laadquisición de bienes y servicios, que los precios seanjustos y razonables.La situación planteada se originó por la falta de estudiosprevios que determinaran si las ofertas correspondientesa los inmuebles adjudicados por FOPEDIUC,serían favorables a los intereses del Fondo, lo queconllevó a que en dichas operaciones no se garantizaranlos principios de legalidad, eficiencia, eficacia,economía, honestidad, transparencia y responsabilidad,que debieron regir las operaciones realizadas.• FOPEDIUC no cuenta con un manual de normas y procedimientospara llevar a cabo los procesos relacionadoscon las operaciones destinadas al logro de los finesprevistos en su Acta Constitutiva y Estatutaria, específicamente,las relacionadas con las inversiones financierasy para la adquisición de bienes inmuebles. Alrespecto, el artículo 35 de la LOCGRSNF, estableceque, el control interno es un sistema que comprende elplan de organización, las políticas, normas, así como,los métodos y procedimientos adoptados dentro de unente u organismo sujeto a dicha ley, para salvaguardarsus recursos, verificar la exactitud y veracidad de suinformación financiera y administrativa, promoverlas políticas prescritas y lograr el cumplimiento desu misión, objetivos y metas. En tal sentido es responsabilidadde cada ente, establecer un adecuadosistema de control interno, que coadyuve al logro desus objetivos y metas de acuerdo al contenido del artículo36 eiusdem; y el artículo 37 de esa misma Leyestablece la obligatoriedad por parte de cada entidaddel sector público de elaborar, las normas, manuales305

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007de procedimientos y demás instrumentos específicospara el funcionamiento adecuado de su sistema decontrol interno. Lo expuesto obedece a que las autoridadesde FOPEDIUC, no han tomado las accionestendentes dirigidas a la elaboración, aprobación eimplementación del referido instrumento normativo,situación que deja desprovista a la Asociación de uninstrumento interno formal que sirva como guía deacción y procedimientos para la administración, enel cual se concreten las reglas específicas para llevara cabo las actividades o procesos, con especificaciónde los responsables y la descripción de la acción queestos realizan.• En FOPEDIUC durante los años 1996 al 2000, no elaboraronlos presupuestos de ingresos y gastos, donde sereflejara el Plan de Inversiones para la compra de bienesinmuebles. Sobre el particular, el artículo 53 de laLey Orgánica de Régimen Presupuestario, publicadaen Gaceta Oficial N° 35.059 del 29-09-92, establecíaque los organismos sujetos al Título IV de dicha Ley,deberían elaborar sus proyectos de presupuesto porprogramas. Asimismo, el literal e) del artículo 17 delActa Constitutiva y Estatutaria de FOPEDIUC, vigentedurante los años 1996 al 2000, establecía dentro delas atribuciones de la Junta Directiva, aprobar el presupuestoanual de la Asociación. Lo expuesto obedecea debilidades en los mecanismos de planificación quepermitieran al Fondo adaptarse a la normativa legalaplicable, toda vez que no se elaboraron presupuestospor programas que orientaran los planes de acciones,las autorizaciones de gastos y su financiamiento, loque conllevó a que FOPEDIUC no contara con un instrumentode planificación, administración y control,legalmente previsto, que estableciera el cumplimientode las diferentes acciones a ser desarrolladas en funciónde las políticas y objetivos programados en unejercicio económico.ConclusionesDe los resultados obtenidos de la actuación fiscalpracticada, orientada a evaluar la adquisición de bienesinmuebles, así como de desarrollos inmobiliarios por partede FOPEDIUC durante los años 1996 al 2000, se observaronsituaciones que no se ajustan a la normativa legal que regulala materia, toda vez que el Fondo no cuenta en sus archivoscon los documentos soportes de los actos aprobatorios porparte de la Junta Directiva para las adquisiciones de losbienes inmuebles, por un monto global de Bs. 1.632,28millones, y de la comparación de precios correspondientesa los 35 apartamentos adquiridos por el Fondo,e inmuebles comprados por terceros, se observó que losprecios obtenidos por FOPEDIUC en dichas operacionespresentan un margen de diferencia significativa conrespecto a los montos pagados por otros adquirientes.Asimismo, el Fondo presenta debilidades de controlinterno, ya que no cuenta con un manual de normasy procedimientos para las operaciones relacionadascon las inversiones financieras y para la adquisiciónde bienes inmuebles, y durante los años 1996 al 2000,no se elaboraron los presupuestos de ingresos y gastos,donde se reflejara el Plan de Inversiones para la comprade bienes inmuebles.RecomendacionesEsta Contraloría General de la República insta al Presidentede la Junta Directiva de FOPEDIUC y demás miembrosde ese Cuerpo Colegiado a:• Emprender las acciones dirigidas a fin de adoptar lasmedidas necesarias para salvaguardar y proteger losdocumentos soportes de las operaciones administrativasrealizadas por FOPEDIUC, contra incendios, sustraccióno cualquier otro riesgo; limitando el acceso alos registros y recursos materiales y financieros a losfuncionarios o empleados autorizados para ello.• Establecer e implantar un sistema de control internoen FOPEDIUC, que garantice la obtención de preciosjustos y razonables antes de proceder a la adquisiciónde bienes y servicios.• Tomar las medidas necesarias dirigidas a coordinarcon las dependencias de FOPEDIUC, las actividadesrelativas a la elaboración del manual de normas yprocedimientos relacionado con las operacionesdestinadas al logro de los fines previstos en su ActaConstitutiva y Estatutaria, específicamente, las operacionesrelacionadas con las inversiones financierasy para la adquisición de bienes inmuebles.306

Administración Nacional DescentralizadaSector del Desarrollo Social• Girar las instrucciones pertinentes dirigidas a elaborary aprobar en el ejercicio económico financierocorrespondiente, el presupuesto de ingresos y gastosy el plan de inversiones, con el propósito de disponerde los instrumentos de planificación que permitancomparar los resultados operativos, económicos yfinancieros de la gestión de dicho ente, y así garantizarla consecución de los fines y se pueda ejercer uncontrol adecuado de las operaciones vinculadas conla gestión administrativa y financiera de FOPEDIUC.en tanto amenacen los derechos y garantías de niños yadolescentes; conocer, analizar informes sobre la situaciónde la niñez y adolescencia en el país, que se presenten enel ámbito nacional e internacional; elaborar y proponer supresupuesto interno; dictar su reglamento interno. Y estásometido a normas de Derecho Público y, por tanto, sujetaal control de este Máximo Órgano Contralor, de conformidadcon lo previsto en el artículo 9, numeral 10 de laLey Orgánica de la Contraloría General de la República ydel Sistema Nacional de Control Fiscal, (LOCGRSNCF),Gaceta Oficial N° 37.347 de fecha 17-12-2001, ello sin perjuiciodel control que le corresponde ejercer a su órgano decontrol interno, tiene como domicilio la ciudad de Caracas,se encuentra adscrito al Ministerio del Poder Popular parala Participación y el Desarrollo Social.CONSEJO NACIONAL DE DERECHOS DEL NIÑOY DEL ADOLESCENTE (CNDNA)DESIGNACIÓN DEL TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNOEl CNDNA se creó mediante la Ley Orgánica para laProtección del Niño y del Adolescente (LOPNA), GacetaOficial N° 5.266 Extraordinario de fecha 02-10-1998; elartículo 133 de la referida Ley, señala su definición y elobjetivo, así: “Los Consejos de Derechos del Niño y delAdolescente son órganos de naturaleza pública, deliberativa,consultiva y contralora, que, con representación,paritaria de entes del sector público y de la sociedad seencargan, de acuerdo a su competencia geográfica, de velarpor el cumplimiento de los derechos difusos y colectivosde los niños y adolescentes”. Las atribuciones del CNDNAse encuentran establecidas en el artículo 137 de la LOPNA,las cuales consisten, entre otras, en: formular la política yplanes nacionales así como los lineamientos generales delSistema de Protección del Niño y del Adolescente; formularlos lineamientos generales que deben ser seguidos por losConsejos Estadales y Municipales de Derechos en cuantoal ejercicio de sus funciones; establecer las directrices quedeben seguir los programas de protección, entidades deatención, Defensorías del Niño y del Adolescente y otrosservicios; conocer, evaluar y opinar sobre los planes nacionalesintersectoriales que elaboren los órganos competentes;velar por el desarrollo equilibrado de estados y municipiosen materia de protección de niños y adolescentes;promover y apoyar la creación de los Consejos Estadalesy Municipales de Derechos y acciones públicas nacionalesreferidas a los niños y adolescentes; denunciar ante losórganos competentes, la omisión o prestación irregularde servicios públicos de competencia del Poder Nacional,Alcance y objetivo de la actuaciónLa actuación está orientada a evaluar el proceso deselección del titular de la Unidad de Auditoría Interna delCNDNA, realizado durante el ejercicio fiscal 2005, conel objeto de verificar si se ajustó a la normativa legal quelo regula. En tal sentido, se plantearon como objetivosespecíficos: verificar si el proceso de selección del titularde la Unidad de Auditoría Interna del CNDNA, serealizó de conformidad con la normativa legal vigente;determinar los costos en los cuales incurrió, la máximaautoridad del CNDNA, en el proceso de selección, talescomo publicación en prensa, días y tamaño del cartelpublicado, y evaluar si la contratación de una firma deabogados, se llevó a cabo de acuerdo con la normativaque rige la materia.Observaciones relevantesEl artículo 4 del Reglamento sobre los Concursos para laDesignación de los Titulares de las Unidades de AuditoríaInterna de los Órganos del Poder Público Nacional y susEntes Descentralizados (RCDTUAI), Gaceta Oficial N°37.394 del 28-02-2002, señala que, una vez realizada la designación,el Jurado deberá ser juramentado por la máximaautoridad jerárquica, dentro de los 3 días hábiles siguientesa la designación de todos sus miembros. Al respecto, seevidenció que la designación de los miembros del jurado307

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007calificador del concurso para Auditor Interno del CNDNA,se realizó en fecha 14-06-2005, y la juramentación el día29-06-2005, es decir 7 días hábiles, después de lo previstoen la normativa. Esta situación se originó en razón de quela Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (SUNAI),propuso por cuestiones técnicas postergar el acto de Juramentaciónpara la fecha referida (cronograma establecido).Lo que trajo como consecuencia retraso en el cronogramaprevisto para realizar el proceso de selección.De la revisión efectuada a los 7 expedientes de losparticipantes preseleccionados por el jurado calificador,se evidenció que en 2 de ellos, no estaba archivado elformato denominado “Concurso de Auditor Interno”,donde el jurado calificador por cada participante, dejabaconstancia de los resultados obtenidos de las evaluacionescorrespondientes a las etapas de capacitación y experiencialaboral. Al respecto, en el artículo 10, numerales 4, 5,7 y 8 del RCDTUAI, indica dentro de las atribuciones ydeberes del Jurado del concurso, evaluar las credenciales,documentos y condiciones de los aspirantes inscritos en elconcurso; realizar la entrevista de panel; garantizar la confidencialidad,imparcialidad y objetividad en el desarrollodel concurso, así como, dejar constancia en acta de cadauno de los actos y decisiones que integran el proceso, lascuales debían estar suscritas por todos los miembros deljurado. En concordancia con la parte final del artículo 15eiusdem, en el cual se señala que los documentos que sirvande soporte a la decisión técnica del proceso selectivo, deberánpermanecer en los archivos del respectivo organismo oentidad por un lapso mínimo de 6 meses, período en el cualestarán a disposición de los interesados. Tal situación se debea la ausencia de controles internos en el proceso de seleccióndel titular de la Unidad de Auditoría Interna, por lo que, enconsecuencia, no se encuentra garantizada la transparenciay objetividad del referido proceso, así como, la confianza enlos resultados del concurso y limita el proceso de revisión ycontrol final de los resultados en su conjunto.Del análisis documental practicado a los expedientes delos 3 participantes que obtuvieron la puntación aceptablepara optar a la entrevista del panel, así como a las actas delconcurso, se evidenció que el jurado otorgó una puntuacióna la participante seleccionada para el cargo de AuditorInterno, superior a la que le correspondía, de acuerdo alos parámetros exigidos en la normativa para las fases decapacitación y experiencia laboral, siendo que en lo relativoa la entrevista del panel, fue la única que reflejó puntaje, envista de que, los 2 participantes restantes, no asistieron ala misma, sin evidenciarse la convocatoria por el jurado adichos participantes, para cumplir con la referida fase. Talsituación se debió a que el jurado no cumplió a cabalidad lasatribuciones y deberes previstos en los artículos 10, numeral4° y 11 del RCDTUAI, concatenados con lo establecido enel artículo 12 eiusdem, vigente para la fecha, el cual indica,que con el fin de garantizar la transparencia, imparcialidad,objetividad del proceso y la validez y confianza de los resultadosdel concurso, el jurado a que se refiere el artículo8 del referido Reglamento, evaluará las credenciales de losparticipantes para determinar el nivel de capacitación y deexperiencia laboral de los mismos. Igualmente, realizaríalas entrevistas de panel para evaluar las cualidades y demáscaracterísticas personales de los aspirantes, pertinentes aldesempeño del cargo objeto del concurso. En consecuencia,la decisión tomada por la mayoría de los miembros deljurado calificador de declarar ganadora a la única personaque asistió a la entrevista del panel, no asegura el cumplimientode las condiciones del concurso previstas en elnumeral 3 del artículo 2 del citado Reglamento, relativo aque la selección se realizará de manera tal, que se garanticela transparencia, imparcialidad y objetividad del proceso,así como la validez y confiabilidad de sus resultados, loscuales deberán expresarse en forma de puntuaciones quepermitan la jerarquización de los aspirantes.El CNDNA pagó la cantidad de Bs. 7,53 millones porconcepto de las publicaciones para la designación del titularde la Unidad de Auditoría Interna, en un diario de circulaciónNacional, detectándose que los avisos de prensa de losdías 2 y 7 de julio del año 2005, se publicaron con errores,lo que conllevó a una tercera publicación (09-07-2005), enrazón de subsanar dicho error, por un monto de Bs. 3,71millones. Tal situación, obedece a la falta de mecanismosde control interno adecuados en el proceso de selección deltitular de la Unidad de Auditoría Interna del CNDNA, quepermitiera racionalizar el gasto en procura de una economíapara el referido Consejo, en ese sentido, el artículo 12 dela Ley Orgánica de la Administración Pública (LOAP),308

Administración Nacional DescentralizadaSector del Desarrollo SocialGaceta Oficial N° 37.305 de fecha 17-10-2001, relativa a losprincipios de la actividad de la administración pública entreotros, señala, que se desarrollará con base a los principiosde economía. En consecuencia, una nueva publicación,representó un gasto adicional para el CNDNA, mermandoasí los recursos presupuestarios del referido Consejo.El CNDNA suscribió un contrato con una firma deabogados para que interpusiera ante el Tribunal Supremode Justicia, solicitud del recurso de interpretación de losartículos 134 y 153 de la LOPNA, así como la legalidadrelacionada con el pago de dietas a los miembros de losConsejos de Derechos, sin la respectiva autorización previay expresa que establece el artículo 14 de la Ley Orgánica dela Procuraduría General de la República (LOPGR), GacetaOficial N° 5.554 Extraordinario de fecha 13-11-2001. Loanterior obedece a que la gerencia encargada del procesode estudio para la contratación de los servicios de asesoríajurídica externa, no contó con la debida asesoría legalinterna, que permitiera informar a la máxima autoridadde los requisitos exigidos por la normativa para este tipode contrataciones. Lo anterior trajo como consecuencia,que no se evaluara si las actividades realizadas por lamencionada firma de abogados, podían ser ejecutadas porel personal que labora en el área legal del CNDNA, enfunción del principio de economía establecido en el artículo12 de la LOAP.ConclusionesCon base en los objetivos específicos de la presenteactuación se concluye que el proceso de selección delAuditor Interno del CNDNA, no se ajustó a la normativavigente que regula la materia, toda vez que la juramentacióndel Jurado Calificador se realizó después del tiempoprevisto en la normativa, lo que retrasó el cronogramaprevisto para ejecutar el proceso de selección del AuditorInterno; en los expedientes de 2 participantes noestaban archivados el formato denominado Concurso deAuditor Interno, evidenciando fallas de control interno;el jurado del concurso otorgó una puntuación acumuladaa la participante seleccionada para el cargo de AuditorInterno, superior a la que le correspondía, de acuerdo alos parámetros exigidos en la normativa para la evaluaciónrespectiva; además, se constató que a la entrevistade panel, sólo asistió una participante, toda vez que enel caso de 2 de los participantes, no existen suficientesevidencias de haber sido llamados a tal entrevista, y losavisos de prensa para la convocatoria del concurso deauditor interno del CNDNA se publicaron con errores,lo que conllevó a una tercera publicación, que originó uncosto adicional, situaciones que no garantizan en parte latransparencia, imparcialidad y objetividad del proceso, asícomo la validez y confiabilidad de los resultados, condicionesde obligatorio cumplimiento, de conformidad conlo establecido en el RCDTUAI. Por otra parte el CNDNAsuscribió un contrato de asesoría jurídica con la firma deabogados, sin la previa autorización de la ProcuraduríaGeneral de la República.RecomendacionesDebido a la importancia que reviste las observacionescontenidas en el presente Informe, se recomienda a lasmáximas autoridades del CNDNA, lo siguiente:• Establecer las medidas necesarias, a los fines de queen los sucesivos procesos relacionados con la designacióndel titular de la unidad de auditoría internadel CNDNA, se cumpla con los lapsos señaladosen el Reglamento Sobre los Concursos Públicospara la Designación de los Contralores Distritalesy Municipales, y los Titulares de las Unidades deAuditoría Interna de los Órganos del Poder PúblicoNacional, Estadal, Distrital y Municipal y sus EntesDescentralizados, vigente para la fecha de realizacióndel mismo.• Vigilar y supervisar las actividades que debe desarrollarel jurado calificador, a fin de que se cumpla contodas las fases del proceso para designar al titular de laUnidad de Auditoría Interna, y que se deje constanciadocumental de todas las actividades realizadas y de lasdecisiones tomadas durante el mencionado proceso.• Implementar las medidas necesarias, para que el juradocalificador evalúe a los participantes, considerandolos criterios establecidos en el Reglamento ya citado,con la finalidad de garantizar la objetividad del proceso,la validez y la confiabilidad de los resultados.• Establecer las acciones pertinentes, con el objeto de309

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007que en los futuros procesos de selección del Titularde la Unidad de Auditoría Interna, el manejo de losrecursos financieros se realice en aras de lograr economíaspara el Consejo.• Tomar las medidas necesarias, a los fines de ajustarsea las leyes que regulan los órganos descentralizadosde la Administración Pública, en los casos relativosa los contratos de asesoría jurídica.CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA (CONAC)ASIGNACIÓN DE RECURSOS A LA ASOCIACIÓN CIVIL CASA DELA CULTURA EULOGIO MARCHÁNEl Consejo Nacional de la Cultura (CONAC) es un institutoautónomo con personalidad jurídica y patrimonio propioe independiente, es un organismo de Derecho Público integrantede la Administración Nacional Descentralizada,creado en el año 1975 mediante Ley del Consejo Nacionalde la Cultura (Gaceta Oficial N° 1.768 Extraordinario defecha 29-08-1975), actualmente se encuentra bajo la coordinacióndel Viceministro de la Cultura para el DesarrolloHumano del Ministerio del Poder Popular para la Cultura.Los objetivos principales del CONAC son: favorecer la participación,la inclusión social y la equidad en los procesosde organización y distribución de los recursos. Establecerestrategias informativas y comunicativas con sentido socio-políticoe ideológico que fortalezcan la formación delnuevo ciudadano y ciudadana y permitan la socializaciónde los acervos de las comunidades.El CONAC con el fin de velar por la existencia y eficaciade todos los servicios culturales públicos que el Estadoofrece a los ciudadanos, estructuró su ámbito de acciónpara los años 2003 y 2004 en 3 programas, a saber:1-Proceso Directivo, 2-Proceso de Apoyo y 3-ProcesoSustantivo.Esta evaluación se centró en el Programa 3: ProcesoSustantivo, Subprograma 09: Acción Cultural Comunitaria,que incluye el Sistema Nacional de Cultura dirigidoa consolidar proyectos de rectoría en materia cultural enel ámbito nacional con prioridad en las zonas rurales, indígenasy de fronteras y tiene como unidad ejecutora a laDirección General de Desarrollo Regional la cual se orientahacia la apertura de espacios que permitan la búsqueda delequilibrio social, y reivindique la participación de todos losciudadanos y ciudadanas en los asuntos públicos, como actoresactivos en los procesos de planificación, elaboración,ejecución y evaluación de todas las acciones que de maneradirecta o indirecta éstos realicen, con la finalidad de contribuira la transformación que el país requiere. Las propuestasy proyectos atendidos en esta área, se clasifican en el rubrode lo multidisciplinario, entendiendo éste como estudios yacciones que atienden diversas ramas del conocimiento, ypor ende del quehacer cultural en el país, en coordinacióncon las diferentes instituciones culturales.En ese sentido, se estableció el Sistema Nacional deAsociación Estratégica para la Acción Cultural, orientadoa la organización, asociación, cooperación, gestión, cogestióny participación de los creadores, hacedores de cultura,trabajadores culturales, grupos e instituciones culturalespúblicas y privadas en la ejecución de programas y proyectosde desarrollo sociocultural y artístico, y a través delPrograma de Financiamiento Cultural, pretende ejerceruna acción institucional permanente para la formalización,organización y sistematización del proceso de asignaciónde recursos financieros a programas y proyectos socioculturales,culturales y artísticos que sean propuestos porlos diversos agentes, actores culturales y organizacionesprivadas.El control de las instituciones culturales a las cuales elCONAC le ha otorgado financiamiento se realiza a través delRegistro Permanente de Instituciones Culturales (REPIC),en el cual para el año 2003, se encontraron registradas2.550 instituciones culturales, entre ellas la AsociaciónCivil Casa de la Cultura Eulogio Marchán, que está inscritacomo una asociación civil sin fines de lucro, conpersonalidad jurídica propia, patrimonio propio, distinto eindependiente al patrimonio de sus miembros, y tiene comofines mantener y desarrollar en sus asociados la actividadde promoción, animación cultural, educacional, deportiva,social y de cualquier otra índole que le corresponda;promover la cultura, teatro, títeres, danzas, artes plásticas,artesanía, ecología, educación integral de los niños, música,manualidades, foros, conciertos, conferencias, coloquios;entre otros.310

Administración Nacional DescentralizadaSector del Desarrollo SocialLos presupuestos de Ingresos y Gastos aprobados al CO-NAC para los ejercicios económicos 2003 y 2004, fueron deBs. 194.334,86 millones y Bs. 231.215,4 millones (gacetasoficiales Nos. 5.618 y 5.678 Extraordinarios, de fechas 19-12-2002 y 16-12-2003).Alcance y objetivos de la actuaciónLa auditoría se circunscribió a los años 2003 y 2004y tuvo como objetivos evaluar el destino de los recursosotorgados por el CONAC a la Asociación Civil Casa de laCultura Eulogio Marchán, a fin de verificar si se ajustana las disposiciones legales y sublegales aplicables, para ellogro de una sana gestión administrativa. Se realizó unanálisis exhaustivo de la documentación que reposa enel expediente relacionado con el Convenio de FinanciamientoCultural N° 192 de fecha 26-07-2003, los aportesentregados y las rendiciones de cuentas presentadas por laAsociación Civil.Observaciones relevantesLa Asociación Civil Casa de la Cultura Eulogio Marchána octubre 2006, no había rendido cuentas al CONACpor Bs. 6,00 millones, cantidad que fue entregada en fecha09-12-2003, para ejecutar el proyecto “La cultura comovalor fundamental en el desarrollo social”. No obstante,que el artículo 52 de la Ley Orgánica de la ContraloríaGeneral de la República y del Sistema Nacional de ControlFiscal (LOCGRSNCF), Gaceta Oficial N° 37.347 de fecha17-12-2001, establece que quienes administren, manejeno custodien recursos de cualquier tipo afectados al cumplimientode finalidades de interés público provenientesde los entes y organismos señalados en el artículo 9, numerales1 al 11 de esta Ley, en la forma de transferencia,subsidios, aportes, contribuciones o alguna otra modalidadsimilar están obligados a rendir cuenta de las operacionesy resultados de su gestión. Asimismo, la Cláusula Terceradel convenio antes identificado, prevé la exigencia a laAsociación Civil de presentar un Informe de Rendición;el cual deberá señalar en forma detallada las actividadesy metas alcanzadas, así como también los gastos ejecutados,distribuidos por partidas presupuestarias, se deberánanexar todos los soportes de las actividades ejecutadas,en atención al Manual del “Programa de FinanciamientoCultural 2003. Bases para la Participación. Solicitud deFinanciamiento”. Es conveniente señalar que la cláusulapenal del citado convenio establece la resolución del mismocuando la beneficiaria no se someta al régimen de control yevaluación administrativo, así como cuando no suministrecualquier información de tipo económico, financiero y técnico,relacionado con la actividad cultural que realiza. Lasituación expuesta obedece a la actuación poco diligentede los funcionarios del CONAC responsables de la administración,control y vigilancia de los recursos entregadosa las instituciones culturales, puesto que no dieron fielcumplimiento a la normativa interna existente en el consejocomo las “Normas para la Rendición de FinanciamientoCultural”, manual que establece un conjunto de normasde obligatorio cumplimiento por parte de los beneficiariosde aportes financieros, así como los controles necesariosque debe implementar el CONAC, según lo expuesto en elprimer párrafo del referido instrumento normativo; asícomo tampoco a las cláusulas sancionatorias contenidasen el convenio suscrito por las partes. Aunado a lo anteriorse hace notoria la falta de vigilancia por parte del CONACconsiderando que transcurridos aproximadamente 7 mesesdespués de haber entregado dichos recursos el CONAC envióa la Asociación Civil una comunicación en fecha 26-07-2004, notificándole que debía rendir cuenta, sin embargo,la referida asociación no presentó información sobre laejecución de los recursos y en los archivos del CONAC noexisten evidencias de que se realizaran otras diligenciasdirigidas a instar a la Institución Cultural a cumplir con laobligación de demostrar formal y materialmente la correcciónde la administración, manejo y custodia de los recursospúblicos entregados, ni de la aplicación de la cláusula penaldécima quinta del convenio. En consecuencia y debido alas debilidades de los controles ejercidos, el CONAC no estáen condiciones de garantizar que los recursos públicos quele han sido confiados para la promoción y fomento de losprocesos culturales, fueron utilizados de forma eficiente,eficaz y transparente, lo cual la limita para asegurar unagestión apegada a los principios que rigen la actividad enla administración pública.El CONAC suspendió los trámites de pagos del programade financiamiento cultural 2003 y 2004, que favorecía a311

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007instituciones culturales, entre ellas a la Asociación CivilCasa de la Cultura Eulogio Marchán, la cual fue afectadacon la decisión puesto que no recibió la diferencia (Bs.2,00 millones) de los recursos previstos a otorgar en elConvenio N° 192 de fecha 26-07-2003, específicamente, enla Cláusula Primera que establece que el CONAC concederápor financiamiento cultural la cantidad de Bs. 8,00 millonespara la ejecución del proyecto. De lo expuesto, particularmenteen lo que se refiere a la Asociación Civil Casa de laCultura Eulogio Marchán, la decisión del CONAC ocurrió 13meses después de haberle otorgado el 75,00% del monto delfinanciamiento y de que la asociación no hubiese rendidocuenta de dichos recursos, y según dos comunicaciones defecha 19-01-2005, tal decisión obedece a que en el CO-NAC consideraron extemporáneos los trámites de pagoscorrespondientes a saldos pendientes de institucionesbeneficiarias del Sistema de Financiamiento Cultural.Sin embargo, durante todo ese tiempo el Consejo soloenvió una comunicación en la cual le notificó a la AsociaciónCivil el deber que tiene de rendir cuenta, le instóa cumplir lo establecido en el convenio y le recordó quedebía estar solvente para establecer futuros convenioscon el CONAC. Lo que evidencia la falta de vigilancia ycontrol por parte del CONAC, por cuanto otorgó recursospara la ejecución de proyectos promotores de la cultura,que no fueron rendidos y tampoco efectuó las diligenciaspertinentes dirigidas a conocer el grado de ejecucióndel proyecto, los resultados dentro de la comunidad quesupuestamente se beneficiaría y tampoco se cercioródel destino de los recursos, aunado a que el CONAC nohizo efectiva la cláusula sancionatoria que establece larescisión del contrato por incumplimiento, por tanto estainstitución no está en condiciones de garantizar que losrecursos públicos que le entregó a la Asociación Civil Casade la Cultura Eulogio Marchán fueron utilizados para losfines previstos, y quedando limitada para demostrar quesu gestión fue eficiente y transparente.ConclusionesEl sistema de control interno del Consejo Nacional de laCultura (CONAC), presenta debilidades en cuanto a la coordinación,vigilancia y seguimiento de los aportes dirigidosa promover las actividades culturales, específicamente, losentregados a las asociaciones culturales, en este caso a laAsociación Civil Casa de la Cultura Eulogio Marchán, loque no garantiza una eficiente y efectiva administración delos recursos públicos que le han sido confiados al consejo,en razón de que las dependencias del CONAC encargadasde otorgar y controlar los aportes no realizaron las diligenciaspertinentes destinadas a instar a la Asociación Civila cumplir con la demostración formal y material de losrecursos otorgados y no rendidos; a conocer el grado deejecución del proyecto, los resultados dentro de la comunidadque supuestamente se beneficiaría; así como tampocorealizaron las acciones necesarias para hacer efectiva lacláusula sancionatoria por incumplimiento del convenio.Situaciones que no garantizan el manejo adecuado de losrecursos públicos otorgados al CONAC, a fin de conocer losresultados cualitativos de los financiamientos realizados asaber: cumplimiento de objetivos y metas, alcance, efectossobre la comunidad y vinculación con las políticas culturalesestablecidas por el Estado.RecomendacionesSe insta al presidente y demás miembros del Directoriodel CONAC a:• Emprender las acciones necesarias dirigidas a organizar,establecer, mantener y evaluar el sistema decontrol interno, de tal manera que los recursos quele han sido confiados al consejo, sean administradoscon eficiencia, eficacia y transparencia, a efectos decumplir con el fin público para el cual fue creado.• Girar las instrucciones pertinentes a las gerencias delCONAC encargadas de controlar el uso y destino de losrecursos otorgados a las instituciones culturales, conel objeto de establecer los mecanismos necesarios quepermitan dar cumplimiento a la normativa interna queregula las rendiciones de cuentas de la AsociaciónCivil Casa de la Cultura Eulogio Marchán.CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA (CONAC)ASIGNACIÓN DE RECURSOS A LA FUNDACIÓN AGENCIAVENEZOLANA DE ARTESANÍASEl Consejo Nacional de la Cultura (CONAC) es un institutoautónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio312

Administración Nacional DescentralizadaSector del Desarrollo Sociale independiente, es un organismo de derecho público integrantede la Administración Nacional Descentralizada,creado en el año 1975 mediante Ley del Consejo Nacionalde la Cultura (Gaceta Oficial N° 1.768 Extraordinario defecha 29-08-75), actualmente se encuentra bajo la coordinacióndel Viceministro de la Cultura para el DesarrolloHumano del Ministerio del Poder Popular para la Cultura.Los objetivos principales del CONAC son, favorecer la participación,la inclusión social y la equidad en los procesosde organización y distribución de los recursos; establecerestrategias informativas y comunicativas con sentido sociopolítico e ideológico que fortalezcan la formación del nuevociudadano y ciudadana y permitan la socialización de losacervos de las comunidades; promover en función de laspolíticas culturales públicas la formación socio política yla organización de nuevas estructuras participativas en elterritorio nacional.El CONAC estableció el “Sistema Nacional de AsociaciónEstratégica para la Acción Cultural”, orientado a laorganización, asociación, cooperación, gestión, cogestióny participación de los creadores, hacedores de cultura,trabajadores culturales, grupos e instituciones culturalespúblicas y privadas en la ejecución de programas y proyectosde desarrollo sociocultural y artístico, y a través del“Programa de Financiamiento Cultural”, pretende ejerceruna acción institucional permanente para la formalización,organización y sistematización del proceso de asignaciónde recursos financieros a programas y proyectos socioculturales,culturales y artísticos que sean propuestos porlos diversos agentes, actores culturales y organizacionesprivadas.El CONAC otorgó recursos a la Fundación Agencia Venezolanade Artesanías (AVA), en ocasión del convenio AporteSobre Marcha Persona Jurídica N° 3386-2001 de fecha12-12-2001, por Bs. 372,00 millones, suscrito por ambas partescon el objeto de ejecutar los Proyectos: “1) Adquisición deInfraestructura para el Proyecto Chocolatería; 2) ProyectoMara (sardinas y chorizos); 3) Taller Escuela María YolandaMedina. (Adquisición de inventario, compra de materiaprima, capacitación, promoción y comercialización. Gastosadministrativos y programáticos de los proyectos 2 y 3)”,los cuales tienen el objeto de instalar y poner en marchacooperativas para la preparación artesanal de productosderivados del cerdo y de la sardina en Río Caribe, EstadoSucre y el acondicionamiento del taller de la madera dela maestra artesana María Yolanda Medina en Sabana deParra, Estado Yaracuy.Los presupuestos de ingresos y gastos aprobados alCONAC para los ejercicios económicos 2001, 2002, 2003 y2004, fueron de Bs. 88,61 millones, Bs. 129,74 millones,Bs. 194,33 millones y Bs. 231,22 millones, (Gacetas OficialesNros. 5.509, 5.562, 5.618, y 5.678 Extraordinarios defechas 14-12-2000, 24-12-2001, 19-12-2002 y 16-12-2003,respectivamente).Alcance y objetivos de la actuaciónLa auditoría se circunscribió a los ejercicios 2001 al 2004y tuvo como objetivos evaluar el destino de los recursosotorgados por el CONAC a la Fundación Agencia Venezolanade Artesanías (AVA), a fin de verificar si se ajustan alas disposiciones legales y sublegales aplicables, para ellogro de una sana gestión administrativa. Se realizó unanálisis exhaustivo de la documentación que reposa en elexpediente relacionados con el convenio N° 3386-2001 defecha 12-12-2001, los aportes entregados y las rendicionesde cuentas presentadas por la fundación.Observaciones relevantesLa fundación AVA rindió cuenta por Bs. 176,70 millonesen fechas 10-06-2003 y 28-08-2003 ante la ContraloríaInterna del CONAC, las cuales resultaron aprobadas segúnlos informes parciales de rendición de cuentas de fechas25-08-2003 y 01-09-2003, sin embargo, de la revisión practicadapor este Organismo Contralor a la documentaciónsoporte de la rendición de cuenta presentada, se observóque la fundación utilizó Bs. 152,08 millones en proyectos ygastos distintos a los previstos en el convenio N° 3386-2001,no obstante que el referido convenio prevé en la cláusulasegunda que el monto del aporte debe destinarse exclusivamentepara la ejecución de los proyectos antes mencionados,asimismo, dispone en su cláusula décima segundaque el incumplimiento de cualesquiera de las obligacionesprevistas en el convenio dará derecho a rescindir el mismo.313

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007A pesar de las disposiciones contenidas en el convenio, asícomo de los principios constitucionales de eficacia, eficienciay transparencia que rigen la actividad en la administraciónpública, el CONAC no ejerció las acciones necesariasa fin de determinar las causas por las cuales la fundaciónutilizó los recursos para financiar actividades diferentesa las acordadas en el convenio, aún cuando el Consejocomo persona jurídica de derecho público está obligadoa establecer y mantener un sistema de control interno deconformidad con lo dispuesto en los artículos 36 de la LeyOrgánica de la Contraloría General de la República y delSistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF) GacetaOficial N° 37.347 de fecha 17-12-2001, 8 ordinal a) de lasNormas Generales de Control Interno (NGCI) y 8 numeral2 de las Normas para el Funcionamiento Coordinado delos Sistemas de Control Externo e Interno (Gaceta OficialN° 36.229 de fecha 17-06-97), el cual debe estar diseñadopara enfrentar los riesgos y dar seguridad razonable de queen la consecución de la misión de la entidad, se logre laejecución ordenada, eficiente y efectiva de las operacionesfinancieras, administrativas y presupuestarias, se de cumplimientoa las obligaciones de responsabilidad, a las leyesy a las regulaciones aplicables y se garantice la salvaguardade los recursos para evitar pérdidas, mal uso y daño. De loantes expuesto, se evidencia que la situación tiene su origenen que en el CONAC existe una falta de control, evaluación,supervisión y seguimiento de los proyectos financiados,lo que queda demostrado en el hecho de haberle otorgadoen fecha 05-09-2003 la segunda parte de los recursosacordados por Bs. 95,00 millones, para seguir financiandolos referidos proyectos, además de no haber realizado lasvisitas a la fundación Agencia Venezolana de Artesaníasa fin de satisfacerse de la ejecución física y financiera delos proyectos, con lo cual el Consejo queda limitado paragarantizar que los recursos que le fueron confiados parapromover la cultura específicamente los proyectos objeto deestudio, fueron utilizados para tales fines, y por ende, paraasegurar la transparencia y eficiencia en su gestión.De la revisión efectuada al expediente que contiene ladocumentación relacionada con los aportes efectuados ala fundación AVA para financiar los proyectos referidos enel convenio N° 3386-2001, que reposa en los archivos dela Contraloría Interna del CONAC, se constató la existenciade 2 certificados de depósitos a términos negociables porBs. 140,00 millones y Bs. 50,00 millones, a un término de26 y 15 días continuos. Sin embargo, la cláusula segundadel convenio prevé que queda expresamente establecidoque la fundación deberá destinar el monto del aporte,exclusivamente para la ejecución de los proyectos antesindicados. Asimismo, dispone en sus cláusulas séptima ydécima la obligación de la beneficiaria a presentar ante laCoordinación de la Sobremarcha, informes quincenalessobre la ejecución y desarrollo de los programas objeto delconvenio, así como a remitir al CONAC, específicamente, ala Dirección General de Artesanías informes quincenalesde los avances de las actividades ejecutadas, a los fines deque los mismos sean cotejados con los informes que a losefectos de la evaluación respectiva efectúe dicha DirecciónGeneral de Artesanías, quien es la encargada de supervisarel cumplimiento de las actividades descritas en la cláusulasegunda del convenio. Asimismo, es menester señalar quesegún la LOCGRSNCF en sus artículos 36 y 52, tanto elCONAC como la fundación están obligados a establecer unsistema de control interno que apunte principalmente aprocurar la eficiencia en el uso de los recursos y la efectividaden los resultados de las actividades desarrolladas,para la consecución de sus objetivos. Lo precedentementeexpuesto, deja en evidencia la falta de compromiso organizacionalasí como las debilidades de control internoexistente en el consejo, puesto que al no realizar la supervisión,control y seguimiento de las actividades quedebía ejecutar la fundación cultural, al no evaluar efectivay minuciosamente la documentación suministrada por lafundación, el CONAC no fue diligente en el cumplimientode sus responsabilidades a efectos de constatar que losrecursos estaban siendo utilizados para generar beneficiosadicionales distintos a los previstos en el convenio, que noson más que favorecer a las comunidades en el desarrollode actividades culturales, en consecuencia, el CONAC noestá en condiciones de asegurar en que utilizó la AgenciaVenezolana de Artesanías los recursos asignados para laejecución de los proyectos.De la revisión efectuada al expediente relacionado conel Convenio N° 3386-2001, que reposa en los archivos dela Contraloría Interna del CONAC se encontró un Acta deJunta Directiva de la Fundación Agencia Venezolana de314

Administración Nacional DescentralizadaSector del Desarrollo SocialArtesanías de fecha 08-10-2002, que fue autenticada en laOficina Subalterna del Sexto Circuito de Registro del MunicipioLibertador del Distrito Federal, en la cual autorizana una ciudadana para que conjuntamente con el Presidentede la fundación, puedan aperturar y movilizar las cuentasbancarias de esa fundación, es conveniente señalar quemediante Resolución N° 020-A de fecha 28-04-2000 elPresidente del CONAC designó a dicha ciudadana como DirectoraGeneral Sectorial de Artesanías del Consejo, cargoque ejerció desde el 01-05-2000 hasta su renuncia en fecha30-04-2003. Igualmente, se observaron los memoranda defechas 19-11-2002 y 19-08-2002, emitidos por la DirectoraGeneral Sectorial de Artesanías del Consejo, que a su vezestaba autorizada por la Junta Directiva de AVA a movilizarlas cuentas bancarias de la fundación, mediante los cualessolicita a la Dirección General aprobación del aporte únicopara la Fundación AVA y a la Dirección de Administraciónla tramitación del referido pago.Asimismo, se evidenciaron los Certificados de Depósitosa Términos Negociables de fecha 07-01-2003 y 23-09-2003por Bs. 140,00 millones y 50,00 millones, respectivamenteacreditados a AVA representada por la citada ciudadana,como beneficiaria de dichas cantidades, así como, chequesfirmados en forma conjunta por la ciudadana antes referida yel Presidente de la Fundación, para realizar pagos derivadosde los trabajos ejecutados con cargo a los aportes efectuadospor el CONAC. Al respecto resulta procedente indicar, que lascláusulas novena y décima del convenio antes citado establecenespecíficamente responsabilidades para la Dirección GeneralSectorial de Artesanías cuya titular era la ciudadana encuestión, a saber: el CONAC a través de la Dirección GeneralSectorial de Artesanías ejercerá la supervisión técnica aleatoriade las actividades ejecutadas. La Dirección General deArtesanías levantará un informe donde conste la evaluaciónde las actividades ejecutadas. igualmente, prevé que la Fundaciónse compromete a remitir al CONAC, específicamente,a la Dirección General de Artesanías informes quincenalesde los avances de las actividades ejecutadas, a los fines deque los mismos sean cotejados con los informes que a losefectos de la evaluación respectiva efectúe dicha DirecciónGeneral Sectorial de Artesanías, quien es la encargada desupervisar el cumplimiento de las actividades descritas enla cláusula segunda del convenio.Es conveniente señalar que el ejercicio de la función públicadebe estar enmarcado en los principios rectores de losdeberes y conductas de los servidores públicos que contemplanvalores éticos como la honestidad y la responsabilidad,entre otros, para ello propenderá a la combinación de estosprincipios, debiendo tener como prioridad la honestidad lacual exige una actuación que tenga en cuenta que los finespúblicos excluyen cualquier comportamiento en desmedrodel interés colectivo, asimismo, debe considerar la responsabilidadentendida ésta como la disposición y diligenciaen el cumplimiento de las competencias, funciones y tareasencomendadas. En ese sentido, es de resaltar que deacuerdo con lo establecido en el Código de Conducta de losServidores Públicos, artículo 23 (Gaceta Oficial N° 36.496de fecha 15-07-98) las autoridades de los entes deben crear,promover y mantener una infraestructura técnico administrativaa saber: manuales, instructivos y cualquier otroinstrumento que guíe la conducta de los servidores públicosy posibilite la eficacia en el desempeño de la administraciónpública, lo cual está en correspondencia con lo previsto enla LOCGRSNCF en sus artículos 35 y 36 que se refieren a laexistencia de mecanismos de control interno como normas,manuales y políticas dirigidos a salvaguardar los recursosy estimular la observancia de las políticas prescritas cuyaresponsabilidad recae sobre la máxima autoridad jerárquicade cada ente. Asimismo, el artículo 39 eiusdem asigna a losgerentes, jefes o autoridades administrativas de los cuadrosorganizativos específicos la responsabilidad de vigilar quelas operaciones y actividades bajo su supervisión sean ejecutadasconforme a las normas constitucionales, legales ysublegales que rigen la materia.En consecuencia, por una parte, la actuación de lareferida ciudadana no estuvo apegada a la objetividad eimparcialidad que debió envolver las decisiones que lecorrespondía tomar y en los asuntos en que debía intervenir,debido a la vinculación existente entre su persona yla organización cultural que debía supervisar a efectos dedeterminar el cumplimiento de las actividades previstasen el convenio suscrito. A su vez, la Contraloría Internay la máxima autoridad del CONAC no realizaron gestionespertinentes a los fines de precisar y determinar la situaciónocurrida, en función de garantizar que la gestión delConsejo estuviese apegada a los principios que rigen la315

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007actividad de la administración pública contenidos en elartículo 141 de la Constitución de la República Bolivarianade Venezuela (Gaceta Oficial N° 5.453 Extraordinario defecha 24-03-2000) y en el artículo 12 de la Ley Orgánicade la Administración Pública (Gaceta Oficial N° 37.305 defecha 17-10-2001).ConclusionesDel resultado obtenido en la actuación fiscal se concluyeque el sistema de control interno del Consejo Nacional de laCultura (CONAC), presenta marcadas debilidades en cuantoa la coordinación, vigilancia y seguimiento de los aportesdirigidos a promover las actividades culturales, específicamente,los entregados a las instituciones culturales, en estecaso a la Fundación Agencia Venezolana de Artesanías, queno garantiza una eficiente y efectiva administración de losrecursos públicos que le han sido confiados al CONAC, porcuanto resultaron aprobadas rendiciones de cuenta cuya documentacióndemuestra que los recursos otorgados fueronutilizados para proyectos y gastos distintos a los previstosen el convenio suscrito, asimismo, realizaron colocacionesbancarias, y a pesar de ello el CONAC continuó entregándolerecursos públicos los cuales no fueron rendidos y sin embargoel CONAC no efectuó las diligencias necesarias parainstar a dicha institución cultural a demostrar formal ymaterialmente la corrección de la administración, manejoy custodia de los recursos públicos confiados, tampocohizo efectivas las cláusulas sancionatorias establecidas enel convenio. Por otra parte, resulta conveniente señalar lafalta de compromiso institucional demostrada por la titularde la dependencia encargada de supervisar el cumplimientode las actividades descritas en el convenio, al vincularsecon la organización cultural en el manejo de los recursosrecibidos, a pesar de estar ejerciendo un cargo dentro de laadministración pública. Situaciones estas que no aseguranel adecuado manejo de los recursos otorgados al CONAC,así como su apego a los principios rectores de la actividadde la administración pública.RecomendacionesSe insta al Presidente y demás miembros del directoriodel CONAC a:• Emprender las acciones necesarias dirigidas a organizar,establecer, mantener y evaluar el sistema decontrol interno, de tal manera que los recursos quele han sido confiados al CONAC, sean administradoscon eficiencia, eficacia y transparencia, a efectos decumplir con el fin público para el cual fue creado.• Girar las instrucciones pertinentes a las gerencias encargadasde controlar el uso y destino de los recursosotorgados a las instituciones culturales, con el objetode establecer los mecanismos necesarios que permitandar cumplimiento a la normativa interna que regulalas rendiciones de cuentas de la Fundación AgenciaVenezolana de Artesanías.• Instar a las dependencias encargadas de la supervisión,control y seguimiento de las actividades quedebía ejecutar la Fundación Agencia Venezolana deArtesanías (AVA) a que evalúen efectiva y detalladamentela documentación suministrada por las distintasinstituciones culturales.• Ejecutar acciones dirigidas a recuperar o conocer elestado de los recursos otorgados por el CONAC y queno hayan sido rendidos por las distintas institucionesculturales, específicamente, en el caso objeto de laevaluación de la Fundación Agencia Venezolana deArtesanías (AVA).CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA (CONAC)RECURSOS OTORGADOS A LA FUNDACIÓN NACIONAL PARA LAARTESANÍA Y EL ARTE POPULAREl Consejo Nacional de la Cultura (CONAC) es un InstitutoAutónomo con personalidad jurídica y patrimonio propioe independiente, es un organismo de Derecho Público integrantede la Administración Nacional Descentralizada,creado en el año 1975 mediante Ley del Consejo Nacionalde la Cultura (Gaceta Oficial N° 1.768 Extraordinario defecha 29-08-75), actualmente se encuentra bajo la coordinacióndel Viceministro de la Cultura para el DesarrolloHumano del Ministerio del Poder Popular para la Cultura.Los objetivos principales del CONAC son, favorecer la participación,la inclusión social y la equidad en los procesosde organización y distribución de los recursos; establecerestrategias informativas y comunicativas con sentido sociopolítico e ideológico que fortalezcan la formación del nuevo316

Administración Nacional DescentralizadaSector del Desarrollo Socialciudadano y ciudadana y permitan la socialización de losacervos de las comunidades; promover en función de laspolíticas culturales públicas la formación socio política yla organización de nuevas estructuras participativas en elterritorio nacional.El CONAC estableció el “Sistema Nacional de AsociaciónEstratégica para la Acción Cultural”, orientado a laorganización, asociación, cooperación, gestión, cogestióny participación de los creadores, hacedores de cultura,trabajadores culturales, grupos e instituciones culturalespúblicas y privadas en la ejecución de programas y proyectosde desarrollo sociocultural y artístico, y a través delPrograma de Financiamiento Cultural, pretende ejerceruna acción institucional permanente para la formalización,organización y sistematización del proceso de asignaciónde recursos financieros a programas y proyectos socioculturales,culturales y artísticos que sean propuestos porlos diversos agentes, actores culturales y organizacionesprivadas.El CONAC otorgó recursos a la Fundación Nacional parala Artesanía y el Arte Popular (FUNAP), con ocasión delos convenios de Sobre Marcha Persona Jurídica Nos.3312-2001 y 94-2002, de fechas 03-12-2001 y 02-05-2002, por Bs. 375,00 millones y Bs. 300,00 millones,respectivamente, suscrito por ambas partes con el objetode ejecutar los Proyectos “Consolidación de la SedeEscuela Productiva de Artesanías de Caracas” y “Obrasde Consolidación de la Sede para la Escuela de Artes yArtesanías de Caracas”. Es conveniente señalar que elconvenio N° 3312-2001 prevé en la Cláusula Cuarta queel CONAC deberá retener 5,00% del monto del aporte paradestinarlo a la conformación de un Fondo de AsistenciaSocial al Artesano.Los presupuestos de ingresos y gastos aprobados al CO-NAC para los ejercicios económicos 2001 y 2002, fueron deBs. 88,61 millones y Bs. 129,74 millones (Gacetas OficialesNos. 5.509 y 5.562 Extraordinarios, de fechas 14-12-2000y 24-12-2001, respectivamente) Las transferencias para elfinanciamiento de los proyectos culturales se realizaron através de la subespecífica 407.01.01.12 “Subsidios Culturalesal Sector Privado”, cuyas asignaciones para los años2001 y 2002, ascendieron a Bs. 20,33 millones y Bs. 34,33millones, respectivamente.Alcance y objetivos de la actuaciónLa auditoría se circunscribió a los años 2001 al 2004y tuvo como objetivos evaluar el destino de los recursosotorgados por el CONAC a la Fundación Nacional para laArtesanía y el Arte Popular (FUNAP), a fin de verificar si seajustan a las disposiciones legales y sublegales aplicables,para el logro de una sana gestión administrativa. Se realizóun análisis exhaustivo de la documentación que reposaen los expedientes relacionados con los convenios Nos.3312-2001 y 94-2002 de fechas 03-12-2001 y 02-05-2002,respectivamente, los aportes entregados y las rendicionesde cuentas presentadas por la Fundación.Observaciones relevantesFUNAP rindió cuenta ante el CONAC del total de los recursosrecibidos por Bs. 364,25 millones, rendiciones quefueron presentadas en fechas 04-08-2003, 28-01-2004 y10-01-2005, por Bs. 60,00 millones, Bs. 100,00 millones yBs. 204,25 millones, respectivamente, las cuales fueron verificadaspor el Consejo y las dos primeras resultaron aprobadas,y por ende quedaron solventes, según lo expresadoen los Informes Parciales de Rendición de Cuentas Nos. 377y 320 de fechas 04-08-2003 y 28-01-2004, respectivamente,emitidos por la Contraloría Interna del CONAC. Sin embargo,la rendición de cuenta por Bs. 204,25 millones realizadaen fecha 10-01-2005 y correspondiente al tercer aporte recibidopor la Fundación, fue objetada por el CONAC, segúnlo indicado en el Informe Parcial de Rendición de Cuenta,de la misma fecha, elaborado por la Contraloría Internadel Consejo en el cual señaló que se objetó la rendición decuenta por incumplimiento del artículo 34 numerales 1 y3 y 35 de la Constitución de la República Bolivariana deVenezuela (CRBV), Gaceta Oficial N° 5.453 de fecha 24-03-2000, y por incumplimiento del Memorando N° 2990del 10-10-2002, que contiene instrucciones del Presidentedel CONAC relacionadas con la decisión de no darle cursoa los pagos pendientes por los convenios de Sobre MarchaPersona Jurídica Nos. 3312-2001 y 94-2002, de fechas 03-12-2001 y 02-05-2002, del programa de financiamiento317

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007cultural 2001, y a la fecha de la actuación (25-10-2006) nohabía sido rendida definitivamente.Al respecto, es oportuno señalar que las razones expuestaspara objetar la referida rendición de cuentas resultan,por una parte, confusas, puesto que el artículo 34de la CRBV no contempla numerales, y por el otro, queel incumplimiento de las instrucciones internas son responsabilidaddel CONAC. En ese sentido, la Ley Orgánicade la Contraloría General de la República y del SistemaNacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), Gaceta OficialN° 37.347 de fecha 17-12-2001, en sus artículos 35 y36 establece que la máxima autoridad del ente tiene comoresponsabilidad organizar, establecer, mantener y evaluarel sistema de control interno el cual comprende el plan deorganización, las políticas, normas, así como los métodos yprocedimientos adoptados dentro de un ente u organismo,para salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud yveracidad de su información financiera y administrativa,promover la eficiencia y calidad en sus operaciones, estimularla observancia de las políticas prescritas y lograr elcumplimiento de su misión, objetivos y metas.Lo anteriormente expuesto, obedece a la ausencia demecanismos de control interno, a la actuación poco diligentey a la falta de compromiso organizacional por parte de losresponsables de otorgar y controlar los recursos entregadosa la Fundación, a efectos de asegurar que sean utilizadosconforme a lo previsto, toda vez que se observó que el CONACinformó al FUNAP de la objeción, transcurridos 55 días hábilesposteriores a la rendición de cuenta, es conveniente señalar,que a la fecha de la presente actuación arriba citada, dichosrecursos no habían sido rendidos definitivamente, ni el CONAChabía actuado sobre la Fundación exigiendo la presentaciónde cuentas. En consecuencia dicha situación no le permite alCONAC garantizar que los recursos dirigidos al desarrollo dela actividad cultural fueron utilizados de forma eficiente loque se traduce en una limitante para dar respuesta sobresu gestión.FUNAP rindió cuenta por Bs. 60,00 millones al CONAC,en fecha 29-07-2003, es decir, 257 días hábiles despuésde lo establecido en la Cláusula Sexta del Convenio queprevé que el beneficiario se compromete a rendir cuentade los gastos realizados en la ejecución de dicho aportedentro de los 90 primeros días siguientes a la finalizaciónde las actividades. Sin embargo, de la revisión efectuadapor la Contraloría Interna del Consejo dicha rendiciónresultó aprobada, lo que deja en evidencia la actuaciónpoco diligente de las dependencias encargadas de otorgary controlar los recursos, por cuanto no existen pruebasde que el CONAC realizara gestiones a los fines de instara la Fundación a demostrar formal y materialmente lacorrecta administración en el manejo y custodia de losrecursos públicos otorgados, haciendo caso omiso a lascondiciones previstas en el Convenio de Financiamiento,así como, a la normativa que rige lo relativo al sistema decontrol interno.Es conveniente señalar, que la Cláusula Décima Segundadel Convenio, prevé que el incumplimiento de lasobligaciones previstas en el Convenio de Aporte por partedel beneficiario dará derecho al CONAC a dar por rescindidoel mismo, y exigir al beneficiario la indemnización a quehaya lugar por su incumplimiento. No obstante lo anterior,el CONAC en fechas 14-08-2003 y 26-03-2004 entregó dospagos por un total de Bs. 304,25 millones, cubriendo elmonto total del aporte convenido, en consecuencia elCONAC no fue vigilante de los recursos públicos que leha confiado el Estado, teniendo en cuenta que no ejerciólas acciones pertinentes para hacer efectiva la cláusulasancionatoria del Convenio, con lo cual queda restringidopara garantizar el cumplimiento eficiente del objeto parael cual fue creado.La Fundación rindió cuenta por Bs. 60,00 millones yBs. 120,00 millones, con una tardanza que osciló entre121 y 207 días hábiles. No obstante, la Cláusula Sexta delConvenio N° 94-2002 prevé que la Fundación debe rendircuenta ante la Contraloría Interna del CONAC, de los gastosrealizados en la ejecución del aporte dentro de los 90 primerosdías siguientes a la finalización de las actividades.Es conveniente señalar, que la rendición correspondienteal segundo aporte por Bs. 120,00 millones fue objetada endos oportunidades. Aunado a lo anterior, se observó queel CONAC le devolvió a la Fundación la rendición de cuentacorrespondiente al tercer pago por Bs. 120,00 millones,dicha devolución obedeció según el Consejo, a que FUNAP318

Administración Nacional DescentralizadaSector del Desarrollo Socialhabía rendido el total de los recursos otorgados por Bs.180,00 millones y que no había recibido ningún otro pagodel Consejo, es decir, según el CONAC la Fundación no teníala obligación de rendir cuenta ya que no había recibidootros pagos. Sin embargo, de la revisión efectuada poresta Contraloría General de la República se observó queel CONAC le transfirió al FUNAP un tercer pago en fecha26-12-2003 por Bs. 120,00 millones.Las situaciones expuestas tienen su origen principalmente,en las debilidades en el sistema de controlinterno, así como en la falta de diligencia por partede las dependencias del CONAC encargadas de otorgary controlar los recursos entregados a las asociacionesculturales, teniendo en cuenta que no existen evidenciasde las acciones emprendidas por el Consejo para instara la Fundación a rendir cuenta de los pagos recibidos enel plazo previsto en el Convenio; para hacer que FUNAPdemostrara formal y materialmente la correcta administraciónde los recursos públicos otorgados en el segundopago, a pesar de haber sido objetado en dos oportunidades;y además, de quedar de manifiesto que el CONACno mantiene un control sobre los recursos entregados,al desconocer que había hecho efectivo un tercer pagopor Bs. 120,00 millones a nombre del FUNAP, aun cuandoesta última lo estaba rindiendo. Con fundamento en loantes citado, es de resaltar que la LOCGRSNCF en susartículos 35 y 36 establece que la máxima autoridad delente tiene como responsabilidad organizar, establecer,mantener y evaluar el sistema de control interno, el cualcomprende el conjunto de políticas, normas y métodosy procedimientos que permitan salvaguardar sus recursos,promover la eficiencia, economía y calidad en susoperaciones y estimular la observancia de las políticasprescritas. En consecuencia, el CONAC no está ejerciendoun control efectivo sobre los recursos públicos quele han sido confiados para el desarrollo de la actividadcultural, en perjuicio de la eficacia y eficiencia que deberevestir su gestión.ConclusionesDel resultado obtenido en la actuación fiscal se concluyeque el sistema de control interno del Consejo Nacional de laCultura (CONAC), presenta marcadas debilidades en cuantoa la coordinación, vigilancia y seguimiento de los aportesdirigidos a promover las actividades culturales, específicamente,los entregados a las asociaciones culturales, en estecaso a la Fundación Nacional para la Artesanía y el ArtePopular, que repercuten en el cumplimiento del propósito decreación del Consejo, y además no garantiza una eficientey efectiva administración de los recursos públicos que lehan sido confiados, en razón de que las dependencias delCONAC encargadas de otorgar y controlar los aportes norealizaron las diligencias pertinentes destinadas a instaral FUNAP a cumplir con la demostración formal y materialde los recursos otorgados y no rendidos, además de quedarmanifestada la falta de control sobre los dineros públicospor parte del CONAC por desconocer que había hecho efectivoaportes a la Fundación. Aunado a lo anterior, a pesarde haber suscrito convenios en los cuales se establecenlas condiciones para la ejecución de los financiamientos,el CONAC no hizo efectivas las cláusulas sancionatoriaspor incumplimiento de las mismas. Situaciones que noaseguran el adecuado manejo de los recursos otorgadosal CONAC, a fin de conocer los resultados cualitativos delos financiamientos realizados a saber: cumplimiento deobjetivos y metas, alcance, efectos sobre la comunidad yvinculación con las políticas culturales establecidas porel Estado.RecomendacionesSe insta al Presidente y demás miembros del Directoriodel CONAC a:• Emprender las acciones necesarias dirigidas a organizar,establecer, mantener y evaluar el sistemade control interno, de tal manera que los recursosque le han sido confiados al Consejo, sean administradoscon eficiencia, eficacia y transparencia,a efectos de cumplir con el fin público para el cualfue creado.• Girar las instrucciones pertinentes a las gerencias encargadasde controlar el uso y destino de los recursosotorgados a las Instituciones Culturales, con el objetode establecer los mecanismos necesarios que permitandar cumplimiento a la normativa interna que regulalas rendiciones de cuentas de FUNAP.319

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007CONSEJO NACIONAL PARA LAS PERSONASCON DISCAPACIDAD (CONAPDIS)CONTRATACIÓN DE EMPRESAS ASESORASEl Consejo Nacional para la Integración de PersonasIncapacitadas (CONAPI), actual Consejo Nacional para lasPersonas con Discapacidad (CONAPDIS), es un ente descentralizadofuncionalmente con forma de Derecho Públicocreado mediante la Ley para la Integración de PersonasIncapacitadas (CONAPI), Gaceta Oficial N° 4.623 del 03-09-1993, tutelado inicialmente por el Ministerio de la Familia,y luego por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social,posteriormente adscrito al Ministerio de ParticipaciónPopular y Desarrollo Social mediante Decreto PresidencialN° 3.753 de fecha 11-07-2005 (Gaceta Oficial Nº 38.262de fecha 31-08-2005), actualmente Ministerio Popular delPoder para la Participación y Protección Social (GacetaOficial N° 38.654 de fecha 28-03-2007), siendo este últimoel órgano rector, el CONAPDIS de acuerdo a lo establecido enel artículo 54 de la referida ley, es un instituto autónomocon personalidad jurídica y patrimonio propio, tiene comofinalidad coadyuvar en la atención integral de las personascon discapacidad, la prevención de la discapacidad y en lapromoción de cambios culturales en relación con la discapacidaddentro del territorio de la República Bolivariana deVenezuela. El patrimonio del organismo estará constituidopor los aportes anuales que le sean asignados en la Ley dePresupuesto, los bienes muebles e inmuebles, derechos yobligaciones que pertenecen al Consejo Nacional para lasPersonas con Discapacidad, y los que le sean transferidospara cumplir sus fines. Según Ley de Presupuesto de Ingresosy Gastos para los Ejercicios Fiscales 2005 y 2006,(Gacetas Oficiales Extraordinarios Nos. 5.743 y 5.795 defechas 13-12-2004 y 20-12-2005, respectivamente) lesfueron asignados Bs. 1.573,06 millones y Bs. 2.625,20millones, respectivamente.Alcance y objetivos de la actuaciónLa actuación se suscribió a la evaluación del procesoadministrativo desarrollado por la Consejo Nacional paralas Personas con Discapacidad (CONAPDIS), en la ejecucióndel presupuesto de gastos con relación a la contrataciónde empresas asesoras, durante el año 2005 y 2006 a losfines de verificar si el gasto se ajustó de conformidad conla normativa legal que la regula; se realizó una muestraselectiva del 26,00% y 18,00% respectivamente de losexpedientes del personal fijo y contratado para los añosen referencia; se analizó exhaustivamente el contrato deservicio de auditoría.Observaciones relevantesEl CONAPDIS no cuenta con Reglamento Interno, manualde organización y métodos, normas y procedimientos,Manual de Descriptivo de Cargos Personal Administrativo-Obrero,Reglamento Interno de Viáticos, Manual deOrganización Coordinación de Atención Social y AyudasTécnicas, ni con estructura organizativa, aprobados porla máxima autoridad jerárquica, no obstante que los referidosinstrumentos organizacionales, deben formar partedel sistema de control interno, cuyo propósito es salvaguardarlos recursos, verificar la exactitud y veracidadde la información financiera y administrativa, promoverla eficiencia, economía y calidad en las operaciones, estimularla observancia de las políticas prescritas y lograrel cumplimiento de objetivos y metas, tal como lo señalanlos artículos 35, 36 y 37 de la Ley Orgánica de la ContraloríaGeneral de la República y del Sistema Nacional deControl Fiscal (LOCGRSNCF), Gaceta Oficial N° 37.347de fecha 17-12-2001, en concordancia con los artículos 3y 22 de las Normas Generales de Control Interno (NGCI)Gaceta Oficial N° 36.229 de fecha 17-06-1997, establecenque, corresponde a la máxima autoridad jerárquica la responsabilidadde organizar, establecer, mantener y evaluarel sistema de control interno, el cual debe organizarse conarreglo a conceptos y principios generalmente aceptados desistema y estar constituido por las políticas y normas formalmentedictadas, asimismo deberá aprobar los manualestécnicos y de procedimientos que incluyan los diferentespasos y condiciones de las operaciones a ser autorizadas.La referida situación se debe a que no se han concretadolas acciones correspondientes para nombrar la máximaautoridad del CONAPI actual CONAPDIS, lo que ha traídocomo consecuencia, limitación en el ejercicio del controlinterno de las actividades que desarrolla el ente, toda vezque se ejecutan sin la debida formalidad que le ostenta laaprobación de la máxima autoridad.320

Administración Nacional DescentralizadaSector del Desarrollo SocialEl CONAPDIS contrató los servicios de un asesor de recursoshumanos desde el 11-04-2005 hasta el 11-07-2005y desde el 11-07-2005 hasta el 11-10-2005, con el objetivode elaborar el Manual de Descripción de Cargos, de políticasnormas y procedimientos; asesorar en la Unidad deRecursos Humanos y cualquier otra actividad inherenteal cargo. Sobre el particular, se observó que por la prestaciónde servicios se le pagó Bs. 504.000,00 por conceptode prima profesional del 12,00% mensual de lo percibidopor el asesor, que no estaba previsto en el contrato. Adicionalmente,se evidenció que en el expediente del Asesorde Recursos Humanos contratado, que reposa en los archivosde la Gerencia de Recursos Humanos del ente, noestá archivado copia del título universitario, ni constanciade los antecedentes de servicios, que avale la legalidad ysinceridad del cargo de asesor que se estaba contratando.Sobre los particulares expuestos, los artículos 37 y 38 de laLey del Estatuto de la Función Pública (Gaceta Oficial N°37.522 de fecha 06-09-2002), señala respectivamente quesólo podrá procederse por la vía del contrato en aquelloscasos en que se requiera personal altamente calificadopara realizar tareas específicas y por tiempo determinado,y que el régimen aplicable al personal contratado, seráaquél previsto en el respectivo contrato y en la legislaciónlaboral, en ese sentido, en la cláusula tercera del contratoreferido se contempló que el CONAPDIS, pagaría al contratadocomo asesor de recursos humanos Bs. 700.000,00mensual, asimismo el pago de cesta ticket de acuerdo a laley que rige la materia.Por su parte, el artículo 23 de las NGCI señala quetodas las transacciones y operaciones financieras, presupuestariasy administrativas deben estar respaldadas conla suficiente documentación justificativa, los documentosdeben contener información completa y exacta, archivarsesiguiendo un orden cronológico u otros sistemas de archivoque faciliten su oportuna localización, y conservarse duranteel tiempo estipulado legalmente. Lo señalado tienesu origen en ausencia de mecanismos adecuados de controlinterno, que garantizaran que las erogaciones, se realizarande acuerdo al compromiso estipulado en el contrato, asícomo la exigencia de los requisitos para la contrataciónde personal calificado. Dichas situaciones limitan a laadministración del ente, ejercer un manejo adecuado delas erogaciones efectuadas y por ende de la disponibilidadpresupuestaria relativa al referido concepto, aunado a quela contratación del asesor no está debidamente respaldadacon los documentos académicos y experiencia laboral,situación contraria a lo previsto en la normativa vigenteque la regula.En fecha 10-06-2005, el CONAPI actual CONPADIS pagóa una empresa Bs. 4,82 millones, correspondiente al40,00% de anticipo por concepto de servicio de auditoríaexterna, sin contar con los soportes documentales quegarantizara que el servicio de auditoría requerido habíasido válidamente adquirido, toda vez que previo a la fechade la contratación formal (14-06-2005), a través de ordende servicio el CONAPI autorizó la elaboración del chequepor el monto referido, no obstante que el articulo 38 de laLOCGRSNCF prevé que se deberá garantizar que antes deproceder a realizar pagos, los responsables se aseguren delcumplimiento de las disposiciones legales y reglamentariasaplicables, en concordancia con el artículo 23 de las NGCIya citado. Tal situación se debió a la falta de controlesinternos que le permitiera a la Administración del CONAPIdetectar desviaciones y realizar la contratación del serviciode acuerdo a la disposiciones legales que regula la materia,lo que trajo como consecuencia que se pagara el 40,00%del anticipo sin contar previamente con la documentaciónsoporte del compromiso.El CONPADIS pagó Bs. 7,32 millones en fecha 30-06-2005por concepto del 60,00% restante del servicio de auditoríaexterna, sin embargo se evidenció, en los resultados finalespresentados a junio de 2005, por la empresa de auditoresexternos, que éstos no guardan relación con los serviciossolicitados y contratados en la orden de servicio de fecha14-06-2005, cuyo alcance estaba dirigido a evaluar losEstados Financieros del ejercicio económico 2004 y primertrimestre 2005 del CONAPI, con la finalidad de que emitieraopinión sobre la razonabilidad de éstos y comprobar elcumplimiento de los Principios de Contabilidad de AceptaciónGeneral. Toda vez que al término de la auditoría (30-06-2005), en carta dirigida a la presidenta del CONAPI por laempresa de auditores externos, no se evidencia la emisión deopiniones en lo que respecta a la razonabilidad de los estadosfinancieros ni sobre el cumplimiento de los Principios de321

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007Contabilidad Generalmente Aceptados, asimismo, el informepresentado, no describe la naturaleza y alcance delos estados financieros, no presenta los resultados de lasoperaciones y el movimiento del efectivo y de los distintosrubros que conforman los estados financieros de acuerdoa los principios antes citados. Al respecto, el artículo 39de la LOCGRSNCF señala que los gerentes, jefes o autoridadesadministrativas de cada departamento, sección ocuadro organizativo específico deberán ejercer vigilanciasobre el cumplimiento de las normas constitucionales ylegales, de los planes y políticas, y de los instrumentos decontrol interno a que se refiere el artículo 35 de la referidaley, sobre las operaciones y actividades realizadas por lasunidades administrativas y servidores de la mismas, bajosu directa supervisión. Sobre el particular el artículo 4numeral 5 de las Normas Generales de Contabilidad delSector Público (Gaceta Oficial N° 36.100 del 4-12-1996),señala que los estados financieros deben contener en formaclara y comprensible toda la información necesaria queexprese los resultados y la situación económica y financieradel ente, de manera tal que facilite a los usuarios la tomade decisiones pertinentes, igualmente, deben revelarse laspolíticas contables más importantes seguida por el ente. Loanterior se debió a la ausencia de mecanismos de controlque permitiera verificar el contenido del informe que seríapresentado por la firma referida, así como constatar que lasactividades realizadas por la firma de auditores externosestuvieran en correspondencia con la contraprestación delservicio acordado entre las partes en la suscripción delcontrato, para la elaboración de dicho informe. Lo que trajocomo consecuencia, que se efectuaran los pagos respectivossin contar con la conformidad de los servicios profesionalesaquí tratados, por parte de la presidenta del CONAPI,quien suscribió la orden de servicio, en representación dela institución, lo que originó un manejo poco transparentede los recursos públicos.ConclusionesLos resultados obtenidos de la actuación practicadaen el Consejo Nacional para la Integración de PersonasIncapacitadas (CONAPI) actual Consejo Nacional para lasPersonas con Discapacidad (CONAPDIS), vinculadas con laevaluación del proceso administrativo desarrollado porel consejo en la ejecución del gasto con relación a la contrataciónde empresas asesoras, durante los años 2005 y2006, permiten concluir sobre la existencia de debilidadesen el sistema de control interno administrativo, así comode situaciones que no se ajustan a la normativa legal queregula la materia, por cuanto, a mayo 2007 los instrumentosnormativos internos no habían sido aprobados por lamáxima autoridad así como la estructura organizativa; serealizaron erogaciones a personal contratado que no estabacontemplada en el contrato de trabajo; se pagó anticipo deorden de servicio sin contar con los soportes documentales;se pagó servicio de auditoría externa a pesar de quelos resultados presentados no guardan relación con losservicios solicitados por el CONAPDIS; situaciones que nogarantizan el adecuado manejo de los recursos que le sonasignados al CONAPDIS.RecomendacionesSe insta a la máxima autoridad del Consejo Nacionalpara las Personas con Discapacidad a:• Girar las instrucciones necesarias a las áreas correspondientesa fin de agilizar los procesos administrativosnecesarios para la debida aprobación eimplementación del Reglamento Interno, manual deorganización y métodos, normas y procedimientos,Manual de Descriptivo de Cargos Personal Administrativo-Obrero,Reglamento Interno de Viáticos,Manual de Organización Coordinación de AtenciónSocial y Ayudas Técnicas, Manual de Normas yProcedimiento de Recursos Humanos y la EstructuraOrganizativa, a fin de regular las actividades que lecompeten, garantizar que las mismas se cumplan yejercer un adecuado control interno sobre los procesosdel consejo.• Girar instrucciones necesarias a la Dirección deRecursos Humanos, en el sentido de establecer losmecanismos de control interno, dirigidos a garantizarque las erogaciones, se realicen de acuerdo alcompromiso estipulado en el contrato de personal.Asimismo, se debe garantizar los controles internosnecesarios, a los fines de que se proceda por la víade contratación, sólo en aquellos casos en los que serequiera personal para realizar tareas especificas y322

Administración Nacional DescentralizadaSector del Desarrollo Socialpor tiempo determinado, en función de lo establecela normativa al respecto.• Girar las instrucciones necesarias a la Dirección deAdministración dirigidas a establecer controles internossuficientes que garanticen que los pagos correspondientespor contratos de servicios se realicen deacuerdo a la contraprestación del servicio esperado ya lo pactado en el documento de compromiso suscritopor las partes.FUNDACIÓN DE CAPACITACIÓN E INNOVACIÓNPARA EL DESARROLLO RURAL (CIARA)COLOCACIONES FINANCIERASLa Fundación de Capacitación e Innovación para elDesarrollo Rural, fue constituida por el Presidente de laRepública en Consejo de Ministros, según Decreto PresidencialN° 562 del 14-06-66 (Gaceta Oficial N° 28.058del 14-06-66), y desde su creación hasta la fecha, ha sidoadscrita a diferentes entes y ministerios, siendo el últimoel Ministerio para la Economía Popular (MINEP), medianteDecreto N° 3.955 del 26-09-2005, Gaceta Oficial N° 38.280de la misma fecha, actual Ministerio del Poder Popular parala Economía Comunal, según Decreto Nº 5.246 del 28-03-2007 (Gaceta Oficial N° 38.654 de fecha 28-03-2007).De acuerdo con los estatutos vigentes (Gaceta Oficial Nº38.625 del 13-02-2007), el ente se denominará Fundaciónde Capacitación e Innovación para Apoyar la RevoluciónAgraria (CIARA), siendo su objeto, contribuir de maneraeficaz con el desarrollo rural sostenible y sustentable delpaís, facilitando la generación de capacidades humanas dehombres y mujeres para la participación consciente y activaen los procesos de cambios auspiciados por el ejecutivonacional con especial énfasis en las comunidades rurales;así como, entre otros aspectos, promover, cofinanciar ydesarrollar programas y proyectos interinstitucionales einterdisciplinarios centrados en la organización y participaciónde la población rural, orientados al desarrollode capacidades y a la autogestión para la construccióncolectiva del desarrollo endógeno.Su estructura organizativa está conformada por: unaJunta Directiva, a la cual están adscritas la Dirección deAuditoría Interna y Presidencia, de esta última dependenAsesoría Legal, Proyectos y la Dirección General, a la queestán subordinadas las Oficinas de: Atención al Ciudadanoy Ciudadana, Tecnología de la Información, Gestión Comunicacionaly Gestión del Talento Humano, y las Direccionesde: Gestión del Conocimiento, Administración y Finanzas,Extensión para el Desarrollo Rural y la Dirección de Planificacióny Proyectos.El presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2005,ascendió a Bs. 43.344,62 millones, y fue aprobado en laLey de Presupuesto de ese año, (Gaceta Oficial N° 5.743Extraordinario del 13-12-2004). Posteriormente le aprobaronmodificaciones por Bs. 34.177,47, millones, situando elPresupuesto en Bs. 77.522,10 millones.Alcance y objetivos de la actuaciónLa actuación se orientó a evaluar el proceso de colocacionesfinancieras de CIARA durante el ejercicio económico2005, a los fines de determinar la legalidad y sinceridad delas mismas, así como el destino de los intereses devengadospor tales operaciones. En tal sentido, se plantearon los objetivosespecíficos siguientes: evaluar el sistema de controlinterno implantado por CIARA en el proceso de colocacionesfinancieras, a los fines de constatar su divulgación, supervisióny seguimiento, así como, verificar si está ajustado almarco legal que rige la materia objeto de estudio; determinarel monto de las colocaciones financieras efectuadas porCIARA y los intereses devengados por tales operaciones, conel propósito de constatar su registro oportuno y el destinode los recursos y rendimientos generados.Observaciones relevantesCIARA no cuenta con un manual de normas y procedimientosque regule el proceso para efectuar colocacionesfinancieras. Situación que obedece a la falta de supervisióny control por parte de la máxima autoridad del ente en elproceso de elaboración de manuales, llevado a cabo por laDirección de Planificación y Proyectos de la Fundación, através de la Unidad de Organización y Métodos, así comode seguimiento y coordinación de la dependencia encargadade ejecutar el proceso citado, que permita agilizar laelaboración del tal instrumento normativo. Al respecto, los323

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007artículos 37 de la Ley Orgánica de la Contraloría Generaly del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF),Gaceta Oficial Nº 37.347 del 17-12-2001, y 5 y 22 de lasNormas Generales de Control Interno (NGCI), GacetaOficial N° 36.229 del 17-06-97, establecen que cada entidaddel sector público elaborará las normas y manualesde procedimientos, para el funcionamiento del sistema decontrol interno, los cuales deben ser aprobados por la máximaautoridad jerárquica. En consecuencia, CIARA realizacolocaciones financieras con fondos públicos en ausencia deuna normativa interna, aprobada por su máxima autoridad,que garantice un adecuado uso de los recursos asignadospor el Estado, en los términos previstos en las disposicioneslegales que rigen la materia.Del análisis a la creación y conformación del Comité deInversiones de Recursos Financieros de CIARA, se observóque se caracteriza por la falta de aprobación por parte de lamáxima autoridad, y la ausencia de la designación formalde los funcionarios responsables, así como del establecimientode las funciones, atribuciones y procedimientospara llevar a cabo el proceso de inversiones de recursosfinancieros del ente. Al respecto, el artículo 4 de la LeyOrgánica de la Administración Pública (Gaceta OficialN° 37.305 del 17-10-2001) señala que la AdministraciónPública se organiza y actúa de conformidad con el principiode legalidad, por el cual, la asignación, distribución yejercicio de sus competencias se sujeta a la Constituciónde la República Bolivariana de Venezuela, a las leyes y alos actos administrativos de carácter normativo, dictadosformal y previamente conforme a la ley. Por su parte, elartículo 20 de la NGCI establece que, en los organismos yentidades deben estar claramente definidas, mediante normase instrucciones escritas, las funciones de cada cargo,su nivel de autoridad, responsabilidad y sus relaciones jerárquicasdentro de la estructura organizativa, y el numeral4 del artículo 13 de los estatutos de CIARA registrados el16-04-2001 y vigentes para el período evaluado, establecíacomo atribución del Consejo Directivo, “aprobar la creaciónde los cargos necesarios para el funcionamiento dela Fundación, establecer las atribuciones de los mismos yfijar las remuneraciones respectivas, según las propuestaspresentadas por el Director General”. Tales hechos, seoriginaron por la inobservancia de la normativa sublegalque regula las competencias del Consejo Directivo delente, específicamente sus estatutos, por parte de la instanciacompetente al no presentar la propuesta a la máximaautoridad para su debida aprobación. En consecuencia,dicho Comité no fue aprobado por la máxima autoridad deCIARA, y en su conformación, no se fijaron los responsables,ni las funciones y procedimientos a seguir para realizar lascolocaciones financieras con sujeción a la disposicioneslegales y sublegales aplicables.El Director de Administración y Finanzas, quien asumióposición del cargo en el mes de abril del 2005, así comolos funcionarios encargados de la administración, liquidaciónde ingresos nacionales o de la recepción, custodiay manejo de fondos o bienes públicos del ente para elsegundo semestre del año 2005, no presentaron la caucióncorrespondiente no obstante que, los artículos 161 de laLey Orgánica de la Administración Financiera del SectorPúblico (LOAFSP), Gacetas Oficiales Nos. 37.978 y 38.198de fechas 13-07-2004 y 31-05-2005, respectivamente, y 53de su Reglamento N° 1, sobre el Sistema Presupuestario,(Gaceta Oficial N° 5.592 Extraordinario del 27-06-2002),establecen la obligación de presentarlas. Condición que seoriginó a causa de debilidades en el ejercicio de las funcionesde supervisión por parte de las autoridades de laInstitución, con respecto al cumplimiento de la obligaciónde prestar la respectiva caución. De forma tal que, al noconstituirse la caución oportunamente, no se le está proporcionandoel debido resguardo a las cantidades y bienesque manejan dichos funcionarios ni se está protegiendo alpatrimonio público de CIARA.Del análisis a los estados de cuentas bancarias y alos certificados emitidos por Fondo Común, Banesco,Industrial de Venezuela, Mercantil y Venezuela, se evidencióque CIARA efectuó colocaciones durante el mes dediciembre del 2004 y el año 2005, con fondos transferidospor el MINEP, actual Ministerio del Poder Popular para laEconomía Comunal, destinados a la ejecución del Programade Extensión Agrícola, del Proyecto de Desarrollode Comunidades Rurales Pobres y de las actividades defuncionamiento del ente; que generaron intereses para elaño 2005 por Bs. 1.183,12 millones, sin embargo, CIARA nodepositó tales intereses en la cuenta del Tesoro Nacional en324

Administración Nacional DescentralizadaSector del Desarrollo Socialel Banco Central de Venezuela (BCV), ni remitió a la OficinaNacional del Tesoro (ONT), la solicitud de autorizaciónde apertura y/o registro de la totalidad de las cuentas delente con Fondos del Tesoro Nacional, no obstante que, losartículos 112 de la LOAFSP, 35 del Decreto N° 1.722 del22-03-2002, que dicta el Reglamento N° 3 de la LOAFSPsobre el Sistema de Tesorería, (Gaceta Oficial N° 37.419 del09-04-2002), y el 1 de la Providencia N° ONT-2002-002dictada por la ONT, (Gaceta Oficial N° 37.571 del 15-11-2002), prevén tales obligaciones. Hechos que se originaron,por la inobservancia de la normativa vigente que rige elproceso de colocaciones. Tal situación denota debilidadesde control interno, toda vez que el personal de CIARA nocuenta con herramientas de consultas actualizadas, aúncuando es responsabilidad de la máxima autoridad de laFundación tomar decisiones al respecto, a los efectos delbuen funcionamiento del sistema de control interno, deconformidad con la competencia conferida en los artículos36 de la LOCGRSNCF, 134 de la LOAFSP, y 8, numeral2 de las Normas para el Funcionamiento Coordinado delos Sistemas de Control Externo e Interno, (Gaceta OficialN° 36.229 del 17-06-97) además que, limita al ONT en lasactividades que le competen ejercer como órgano rector delSistema de Tesorería, señaladas en el Título IV, artículo109 de la LOAFSP y en el citado Reglamento N° 3.CIARA destinó parte de los rendimientos generados delas colocaciones financieras, para el pago de gastos eventualesy extraordinarios de la Fundación, por concepto de:reparación de aires acondicionados, reparación litográfica,y bono único de los trabajadores, por Bs. 13,50 millones; Bs.29,24 millones, y Bs. 884,96 millones, respectivamente, aúncuando no estaban presupuestados para el ejercicio fiscal2005, tal como se constató de la revisión a las órdenes depago Nos. C/039 289, C/451 3471, C/545 4465 y OAP-270,de fechas 28-01-2005, 07-10-2005, 07-12-2005 y 10-10-2005, en la nota de débito N° 0246 del 11-10-2005, y enel sistema presupuestario de la institución. Esta situacióntienen su origen a que en el ente no se ha implantado unsistema de control interno que garantice a los responsablesdel manejo presupuestario y financiero de CIARA, validarel cumplimiento de los requisitos del gasto, relativo a queesté correctamente imputado a la correspondiente partidadel presupuesto o, en su caso, a créditos adicionales; queexista disponibilidad presupuestaria, y en cuanto al pago,lo concerniente a: que se haya dado cumplimiento a lasdisposiciones legales y reglamentarias aplicables, así comoque estén debidamente imputados a créditos del presupuestoo a créditos adicionales legalmente acordados; talcomo lo establece el artículo 38 de la LOCGRSNCF. Loanteriormente expuesto, incide en que los niveles directivosy gerenciales de de CIARA, no dispongan de herramientasde control que les permita: salvaguardar los recursos;conservar las mejores prácticas; verificar la exactitud yveracidad de su información financiera y administrativa,así como promover la eficiencia, economía y calidad desus operaciones.ConclusionesCon base en los objetivos específicos de la presente actuaciónse concluye que para el ejercicio económico 2005, laFundación de Capacitación e Innovación para el DesarrolloRural, actual Fundación de Capacitación e Innovación paraapoyar la Revolución Agraria (CIARA), presentó situacionesque no se ajustan a la normativa que regula a los órganos dela Administración Pública, aunado a las fallas de control internoen el manejo de los recursos, en ese sentido, no cuentacon un manual de normas y procedimientos que regule elproceso para efectuar colocaciones financieras; el Comitéde Inversiones de Recursos Financieros no fue aprobado porla máxima autoridad; en la conformación de dicho Comité,no especificaron los nombres de los funcionarios designados,así como las funciones, atribuciones y procedimientosa cumplir, para llevar a cabo las actividades inherentesal proceso de inversiones; no se evidenció la prestaciónde la caución por parte del Director de Administración yFinanzas, así como, de los funcionarios encargados de laadministración y liquidación de ingresos nacionales o de larecepción, custodia y manejo de fondos o bienes públicosde CIARA para el último semestre del año 2005; aún cuandola Fundación efectuó colocaciones con fondos del TesoroPúblico, no depósito los intereses generados por esas operacionesen la cuenta del Tesoro en el BCV, ni remitió a laONT la Solicitud de Autorización de Apertura de Cuentascon Fondos del Tesoro Nacional y/o Registro de Cuentasdel Sector Público Nacional; además que, destinó parte delos rendimientos obtenidos durante el año 2005, para el325

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007pago de gastos eventuales y extraordinarios, no obstanteque estos no estaban presupuestados; lo que no garantizaun adecuado sistema de control interno para el manejo delos recursos otorgados, ni el cumplimiento del marco legalque rige el proceso de colocaciones.RecomendacionesSe insta a la Máxima Autoridad de la Fundación CIARA a:• Emprender las acciones dirigidas a dar celeridad a laelaboración y aprobación de los manuales de normasy procedimientos de la Fundación, que regulan el procesode colocaciones financieras, y el manejo presupuestarioy financiero, para que el personal cuente conuna herramienta de consulta que coadyuve a lograrlos objetivos del sistema de control interno.• Adoptar las medidas necesarias a efectos de que lamáxima autoridad apruebe el Comité de Inversionesde Recursos Financieros, indicando la designaciónformal de los funcionarios responsables para llevar acabo las actividades inherentes a dicho proceso.• Instar a los funcionarios responsables de la administración,custodia y manejo de los fondos de laFundación, para que presten caución sobre las cantidadesy bienes que manejen a efectos de proteger elpatrimonio público de la Institución.• Tomar las medidas necesarias dirigidas al cumplimientode la normativa que regula el proceso decolocaciones, relativa a los depósitos en la cuenta delTesoro Nacional en el BCV, de los intereses generadospor colocaciones financieras efectuadas con fondosgirados por el actual Ministerio del Poder Popularpara la Economía Comunal, y la remisión a la ONT, laSolicitud de Autorización de Apertura de Cuentas conFondos del Tesoro Nacional y/o Registro de Cuentasdel Sector Público Nacional; de acuerdo con el marcolegal vigente sobre el Sistema de Tesorería para losentes descentralizados sin fines empresariales.• Adoptar las previsiones pertinentes a los fines deque las dependencias involucradas en el manejopresupuestario y financiero de CIARA, se ajusten alo que establece la normativa sobre la materia, específicamentelo relativo a los requisitos del gasto,en cuanto a que esté correctamente imputado a lacorrespondiente partida del presupuesto o, en su caso,a créditos adicionales; que exista disponibilidad presupuestaria,y en referencia al pago, además que sehaya dado cumplimiento a las disposiciones legales yreglamentarias aplicables, lo concerniente a que esténdebidamente imputados a créditos del presupuesto oa créditos adicionales legalmente acordados.FUNDACIÓN DEL NIÑOCONTROL INTERNO; RECAUDACIÓN, REGISTROY MANEJO DE INGRESOS PROPIOSLa Fundación “Festival del Niño”, actualmente Fundacióndel Niño se constituyó como una entidad conpersonalidad jurídica sin fines de lucro, protocolizadaen la Oficina Subalterna del Primer Circuito del Registrodel Departamento Libertador del Distrito Federal,bajo el Nº 30, Folio 77, Protocolo 1º, Tomo 1º de fecha10-11-66. Conviene indicar que el Acta Constitutiva yEstatutos, tuvieron modificaciones en los años 69, 75,89, 98 2000, 2002 y 2003. La misión de la Fundación delNiño es ofrecer atención a niños, niñas y adolescentespara contribuir a su desarrollo integral y en especial,brindarles oportunidades para que disfruten y ejerzan,progresivamente, todos los derechos contemplados en laConstitución de la República Bolivariana de Venezuela,Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescentes,la Convención Sobre los Derechos del Niño ydemás Tratados Internacionales que haya suscrito laRepública. De igual forma, los programas que desarrollala Fundación están alineados con las políticas del estadovenezolano en materia de protección del niño, niña, adolescentesy familia, a través de los cuales se da atenciónen las áreas de educación integral, nutrición, desarrollofísico, relaciones interpersonales, formación de hábitos,costumbres y valores, elementos que fortalecen la estimulacióntemprana de capacidades físicas e intelectualesy brindan una mayor estabilidad psicológica y emocionalal infante y al adolescente.El Estado venezolano autorizó a la Fundación para operaralmacenes en el Aeropuerto Internacional de Maiquetíapara que tuviera ingresos propios para su manutención ycumplimiento del objetivo para el cual fue creada, median-326

Administración Nacional DescentralizadaSector del Desarrollo Socialte la venta de diferentes productos en las Tiendas Libresde Impuesto (Duty Free Shops), las cuales representan el90,00% de sus ingresos, monto que para los años objetode la auditoría 1997 al 2007 ascendieron a Bs. 61.722,48millones, y son administradas y operadas por una empresaComercial, la cual fue seleccionada a través de un concursoprivado propiciado por la Fundación (Gaceta Oficial N°30.458 del 27-07-74).El Estado venezolano ha propulsado desde sus inicios lacreación, desarrollo y funcionamiento de la Fundación delNiño, destacando que en el período 1997-2007, se constatóque el Ejecutivo Nacional otorgó recursos por el orden deBs. 12.321, 36 millones, a través de los extintos Ministeriode la Familia, Ministerio de Salud y Desarrollo Socialactualmente Ministerio del Poder Popular para la Salud,para su funcionamiento y operatividad.Igualmente, el Estado venezolano, a través del Bancode los Trabajadores de Venezuela e Inversiones BANTRAB,S.A., ambos organismos públicos descentralizados, realizóla venta formal a la Fundación del Niño de un lote de terrenoy edificio donde funciona su sede principal, utilizando parala cancelación de los créditos hipotecarios solicitados porla Fundación, al Banco de los Trabajadores de Venezuela,C.A., e Inversiones BANTRAB, S.A., la figura de anticresiso compensación entre los pagos por concepto de créditoshipotecarios que debía pagar la Fundación al BTV e InversionesBANTRAB, S.A., y los cánones de arrendamientopor oficinas y puestos de estacionamiento, que debía cancelarel BTV e Inversiones BANTRAB, S.A., a la Fundación,apareciendo finalmente FONDUR quien declara extinguidala hipoteca de primer grado sobre el crédito que gravarael referido inmueble.Los órganos de dirección y administración nacional dela Fundación del Niño, Consejo General Nacional, JuntaDirectiva Nacional y el Consejo Coordinador Nacional,básicamente están conformados por representantes dediversas entidades de la Administración Pública Nacional,los cuales estarán presididos por la esposa del Presidentede la República o por la persona que éste designe, en esesentido, el primero de ellos está integrado además por laesposa del Vice-Presidente Ejecutivo de la República yun representante de los Ministerios de Salud, Educación,Cultura, Deporte, Defensa, Alcaldía Mayor, Instituto AutónomoBiblioteca Nacional, Asociaciones de Gobernadoresy Alcaldes, Asamblea Nacional, esposas de Diplomáticosacreditados en el País, Cruz Roja Venezolana, TribunalSupremo de Justicia, Consejo Nacional Electoral, ConsejoMoral, entre otros. Asimismo, en las Fundaciones del NiñoEstatales y Municipales, las cuales cumplen directrices dela Junta Directiva Nacional, están presididas por las esposasdel los Gobernadores de los Estados y de los Alcaldes delos municipios.Todo lo anterior, sobre la base de que la Fundacióndel Niño fue creada con un objeto de utilidad general,específicamente una misión social, motivo por el cualel estado le ha otorgado diversidad de beneficios, precisamentepara que pudiera llevar a mejor término laejecución de su finalidad principal, y razón de ser, queen definitiva es la protección de la niñez venezolana.En tal sentido, la Fundación del Niño debe entendersecomo inmersa dentro del Sistema Rector Nacional parala protección integral de los niños, niñas y adolescentes,a fin de garantizar un acceso universal y equitativoa dicho sistema, y con ello ser un aval del desarrollode las políticas del estado, en materia de desarrollossociales y de las familias, ya que no se puede concebirla Fundación del Niño en forma aislada, sino integradaa los órganos que conforman el Poder Público, para deesta forma coadyuvar al logró de las finalidades delestado, interés colectivo, y por ende la satisfacción delas necesidades colectivas.En el Estatuto Social vigente de la Fundación, protocolizadoel 20-06-2003, el objeto está definido de formacoordinada con las políticas del estado, por cuanto estáenmarcado dentro del Sistema de Protección Integral delos Niños, Niñas y Adolescentes, es decir se le da prioridada los derechos sociales de éstos. Sin embargo, desvinculande la supervigilancia del estado a la Contraloría Generalde la República, el cual es el órgano de control vigilanciay fiscalización de los ingresos, gastos, bienes públicos ybienes nacionales, de conformidad con las premisas contenidasen el artículo 287 y siguientes de la Constituciónde la República Bolivariana de Venezuela.327

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007Alcance y objetivos de la actuaciónEl alcance comprende desde el año 1997 hasta el primertrimestre de 2007, período para lo cual se planteó abordarlos siguientes objetivos específicos: Determinar el patrimoniode la Fundación y la participación del estado venezolanoen la misma, así como determinar la naturaleza jurídica dela Fundación del Niño.Observaciones relevantesConviene destacar la relación de la Fundación con losdistintos organismos públicos, tal como se constata enlos Estatutos que la rigen, protocolizados en la OficinaSubalterna del Primer Circuito del Registro del MunicipioLibertador del Distrito Federal Nº 662, Folio 1108 al 1115 defecha 15-05-2000, cuando la Fundación establece una líneadirecta con las políticas del estado, indicando que las reformasrealizadas estarían enmarcadas en las normativas de la nuevaConstitución de la República Bolivariana de Venezuela, en loque se refiere a los organismos que integran el Poder Público,a la creación y fusión de los Ministerios que conformanel poder Ejecutivo Nacional, la presencia del VicepresidenteEjecutivo de Venezuela y la figura de la Asamblea Nacional,que forma parte del Poder Legislativo Nacional.Sobre las particularidades expuestas, es preciso señalar,que el documento estatutario tiene como finalidad establecerel sistema de vigilancia, organización y administracióncon las facultades y atribuciones de la gestión, así como elpoder de representación, por lo tanto, forma parte del plande organización, y por ende del sistema de control interno,que es responsabilidad de la máxima autoridad jerárquicade cada ente, y el cual debe ser adecuado a la naturaleza,estructura y fines del ente, ello de conformidad con loestablecido en los artículos 35 y 36 de la Ley Orgánica deContraloría General de la República y del Sistema Nacionalde Control Fiscal (LOCGRSNCF), publicada en GacetaOficial N° 37.347 del f 17-12-2001.Dicha situación obedece a que la Fundación del Niño,no obstante que define su objeto coordinado con las políticasdel estado en materia de protección del niño y eladolescente, aún no ha adaptado su organización y funcionamientocomo un ente de la Administración Pública,a los fines de adecuar su sistema de control interno a lasnormativas que han estado vigentes en cada fase evolutivade esta organización del estado, aunado a la ausencia demecanismos de control, tanto administrativo como fiscal,lo que hubiera permitido detectar tales deficiencias ydesviaciones oportunamente. En consecuencia el sistemade control interno de la Fundación del Niño como entesometido a la supervigilancia del estado, no está vinculadocon su objeto actual y con la finalidad para la cualfue creada y con la legislación aplicable en materia decontrol fiscal.En los archivos de la Fundación no reposan los soportesdocumentales relevantes, suficientes y convincentes,que permitan evidenciar el pago total por parte de laFundación de los créditos hipotecarios, constituidoscon hipotecas de primer y segundo grado por Bs. 83,00millones, con ocasión de la compra del lote de terreno yedificio donde funciona su sede principal, por cuanto lainformación suministrada por la Fundación se limita apagos efectuados por dicha Fundación, que ascienden aBs. 54,58 millones que cubren desde el 15-09-86 hastael 28-01-97. Aunado a que no se evidenciaron soportesdocumentales de pagos efectivamente realizados por lacompensación de alquileres que existía entre las unidadesinvolucradas, ni registros contables toda vez que lainformación suministrada por la Fundación se concretaen comunicaciones que relatan acuerdos entre las partes.En este aspecto, el artículo 23, literal a), de las NormasGenerales de Control Interno (NGCI), Gaceta Oficial N°36.229 del 17-06-97, señala que todas las transacciones yoperaciones financieras, presupuestarias y administrativasdeben estar respaldadas con la suficiente documentaciónjustificativa, así mismo, los documentos deberán contenerinformación completa y exacta, archivarse siguiendo unorden cronológico u otros sistemas de archivo que facilitensu oportuna localización y conservarse.Dichas situaciones obedecen a la ausencia de mecanismosde control interno en el área administrativa y a lapoca diligencia de los funcionarios encargados de velarpor la custodia efectiva de tales documentos, lo que generacondiciones desfavorables para obtener información con-328

Administración Nacional DescentralizadaSector del Desarrollo Socialfiable tanto para la toma de decisiones de las autoridadesde la Fundación, como para los Órganos de Control FiscalInterno y Externo.La estructura organizativa de la Fundación, aprobada enActa de Reunión de Junta Directiva de 11-03-99, presentadebilidades en la distribución de sus estructuras orgánicasya que no se ajustan a los Estatutos protocolizados el 20-06-2003 o vigentes, ni a lo señalado en los artículos 11 y 13de las NGCI, en ese sentido, la Presidencia Nacional de laFundación se ubica por encima del máximo nivel jerárquicoo Junta Directiva; la Contraloría Interna no está adscrita almáximo nivel jerárquico (entiéndase Junta Directiva), sinoque funciona como una unidad de apoyo. Sobre el particular,el artículo 22 del Reglamento sobre la Organizacióndel Control Interno de la Administración Pública Nacional,(Gaceta Oficial N° 37.783 del 25-09-2003), señala que cadaente u órgano de la Administración Pública Nacional tendráuna Unidad de Auditoría Interna, en ese sentido, losartículos 187 y 190 de la Ley Orgánica de la AdministraciónFinanciera del Sector Público (LOAFSP), expresanque las unidades de control interno de los organismos delPoder Ejecutivo y los entes de la Administración NacionalDescentralizada enumerados en el artículo 6 de esta Ley,deberán reestructurarse como órganos de auditoría internaantes del 31-12-2002.Adicionalmente se observó que fue omitido lo establecidoen los artículos 16 numeral 2, y 22 de la LeyOrgánica de Administración Pública (LOAP), GacetaOficial N° 37.305 del 17-10-2001, en concordancia conel artículo 20 de las NGCI, los cuales señalan, que parala creación de los entes se determinará su forma organizativay su ubicación en la estructura a fin de perseguirla simplicidad y la transparencia institucional, y debenestar claramente definidas, mediante normas e instruccioneslas relaciones jerárquicas dentro de la estructuraorganizativa. Todo lo cual, es motivado a la ausencia decontrol que permitiera estructurar de forma adecuadalas unidades orgánicas que conforman a la Fundación.La situación expuesta, conlleva a que no se visualice ladefinición formal de las relaciones interorgánicas entrela Máxima Autoridad con el resto de las unidades organizativasde la Fundación.Los Estados Financieros de la Fundación, correspondientesa los ejercicios 1997 al 2005, auditados por una firmaindependiente, no demuestran en los estados de ingresosegresos y cambio en el patrimonio, específicamente en elrubro de ingresos, los recursos provenientes del EjecutivoNacional, a través del Ministerio del Poder Popular para laSalud, destinados para gastos operativos y de inversión deesa Fundación, por el monto de Bs. 12.321,36 millones, nilos aportes de los entes gubernamentales como el extintoInstituto Nacional del Menor (INAM), Fundación Fondo deInversión Social (FONVIS), Ministerio de Educación con elPrograma de Alimentación Escolar (PAE) y Ministerio deFinanzas que ascienden a Bs. 4.025,56 millones, en cambiose limita a reflejar los recursos por recibir del mencionadoMinisterio, como una cuenta de “Asignaciones por Cobrar”,rubro clasificado en el Balance General como una cuentadel Activo Circulante.Al respecto, las Normas Básicas y Principios de AceptaciónGeneral, publicadas en la Declaración de Principios deContabilidad N° 0, emanadas de la Federación de Colegiode Contadores Públicos de Venezuela, específicamentelo referido a la Realización Contable, el cual indica que:“La contabilidad cuantifica, preferentemente en términosmonetarios, las operaciones que una entidad efectúa conotros participantes en la actividad económica y ciertoseventos económicos que la afectan. Dichas operacionesy eventos económicos deben reconocerse oportunamenteen el momento en que ocurran y registrarse en la contabilidad…”En concordancia con lo previsto en el artículo 4,numeral 6 de las Normas Generales de Contabilidad delSector Público, publicada en Gaceta Oficial N° 36.100 del04-12-1996, el cual señala que: “Los sistemas de contabilidaddeberán sustentarse en los principios: 6) RevelaciónSuficiente: Los estados financieros deben contener enforma clara y comprensible toda la información necesariay la situación económica financiera del ente, de maneratal que facilite a los usuarios la toma de decisiones pertinentes,igualmente deben revelarse las políticas contablesseguidas por el ente”.Dicha situación se debe a que los estados financierosde la Fundación, correspondientes a los ejercicios fiscales1997-2006, no fueron sometidos a un proceso de revisión329

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007y verificación de la información contable, por cuanto enel estado de ganancias y pérdidas obviaron los ingresosprovenientes del estado. La situación antes descrita limitaa los usuarios la obtención de una información confiableque facilite la toma de decisiones pertinentes acerca de larazonabilidad de la situación financiera, de los resultadosde operación y del flujo de fondos de la Fundación, yaque los ingresos de dichos estados financieros no reflejanla veracidad de lo que sucede y limitó a este OrganismoContralor, contar con la herramienta confiable y transparente,a los fines del ejercicio del control fiscal que lecorresponde efectuar.Del análisis efectuado a los estados de cuenta bancarioscorrespondientes a la Cuenta receptora de los recursosotorgados por el Ministerio del Poder Popular para laSalud a la Fundación, para cubrir gastos operativos y deinversión de los “Centros de Educación Inicial Pre-Escolary Maternales” administrados por la Fundación, seevidenció que para los años 1999, 2003 y 2006 la Fundacióndel Niño efectuó colocaciones con cargo a la cuentacitada, que generaron intereses por un total de Bs. 194,65millones, de los cuales Bs. 4,12 millones correspondientesal año 1999 que equivalen el 2,12% del total de interesesgenerados, no se informaron a la Tesorería Nacional ylos intereses restantes de Bs. 190,53 millones generadosen los años 2003 y 2006, que representan el 97,88% deltotal de intereses recibidos por colocaciones, no fuerondepositados a la Cuenta del Tesoro Nacional en BancoCentral de Venezuela, los mismos se utilizaron paragastos de funcionamiento y trasferencias a otras cuentasen varios bancos.Sobre el particular, el párrafo in fi ne del artículo 3del derogado Decreto N° 345, publicado en la GacetaOficial N° 35.552 del 22-09-94, vigente para el año 1999,indicaba que las máximas autoridades de los órganosde la Administración Pública Descentralizada sujetosa las disposiciones de los artículos 1° y 2° de la LeyOrgánica del Régimen Presupuestario (Gaceta OficialN° 4.718 Extraordinario de fecha 26-04-94) y los entesde la Administración Pública Descentralizada debíaninformar trimestralmente a la Tesorería Nacional sobreel monto de los intereses generados por las colocacionesde los fondos públicos. En lo atinente a las colocacionesefectuadas en los años 2003 y 2006, el artículo 35 delReglamento N° 3 de la Ley Orgánica de la AdministraciónFinanciera del Sector Público Sobre el Sistema de Tesorería(RLOAFSPSST), Gaceta Oficial N° 37.419 del 09-02-2002,vigente para la época, indica que cualquier tipo de intereseso gananciales que produzcan los Fondos del Tesoro Nacional,deben ser depositados en la Cuenta del Tesoro Nacional enel Banco Central de Venezuela. Las situaciones expuestasse deben a que las instancias competentes para administrarlos recursos públicos en la Fundación no han ajustadosus procedimientos internos a la normativa que regulala materia.La Fundación efectuó colocaciones financieras en mercadosprimarios, durante los meses de abril y mayo del año2007 con recursos provenientes del Ejecutivo Nacional, concargo a la cuenta corriente receptora de los recursos públicospor el orden de Bs. 10.921,54 millones, cuyos interesesascienden a Bs. 136,52 millones equivalentes al 1,25% deltotal colocado, a una tasa de 10,00%, evidenciándose quedichas colocaciones se efectuaron con 0,11 puntos de interéspor debajo del Ranking Bancario para la fecha, dejando depercibir Bs. 1,50 millones por concepto de intereses, deacuerdo con lo expresado en el “Índice de Tasas de InterésAnuales Nominales Promedio Ponderadas CoberturaNacional de los Seis Principales Bancos Comerciales yUniversales”, emitido por el Banco Central de Venezuela,se evidencia que a la fecha de la colocación 27-05-2007 latasa de interés es del 10,11%. Así mismo, colocaron recursosen participaciones en el Fondo de Activos Líquidos conuna entidad bancaria, con fechas de recompra a la vistapor el orden de Bs. 805,79 millones cuyos rendimientosse devengarán al momento en que la Fundación decidala recompra. Con respecto, a las colocaciones el artículo34 de la RLOAFSPSST, indica que los funcionariosresponsables del manejo de fondos del Tesoro Nacionalno podrán efectuar colocaciones financieras con dichosrecursos. En relación con los intereses que se generen porcolocaciones el artículo 35 del RLOAFSPSST, señala quecualquier tipo de intereses o gananciales que produzcanlos Fondos del Tesoro Nacional, deben ser depositadosen la Cuenta del Tesoro Nacional en el Banco Centralde Venezuela.330

Administración Nacional DescentralizadaSector del Desarrollo SocialSobre los criterios expuestos, es importante señalar queel Reglamento N° 3 citado, tiene por objeto establecer lasnormas y procedimientos que regirán el sistema de tesorería,dicho sistema de acuerdo con el 105 de la LOAFSP, estáintegrado por el conjunto de principios, órganos, normas yprocedimientos a través de los cuales se presta el serviciode tesorería, este servicio de conformidad con lo establecidoen el artículo 107 eiusdem en lo que se refiere a lasactividades de custodia de fondos, percepción de ingresosy realización de pagos, incluye a los entes descentralizadosde la República sin fines empresariales, disposición esta enla cual estaría enmarcada la Fundación del Niño.La situación expuesta es motivada al actuar poco diligentepor parte de las instancias competentes encargadasde velar por el control y sana administración de los recursospúblicos. En consecuencia, la Fundación al efectuar colocacionescon el dinero público, además con tasas con 0,11puntos por debajo al establecido en el Ranking Bancario,es susceptible de que tales operaciones interfieran en laejecución oportuna de los gastos operativos y de inversiónadministrados por dicha Fundación.ConclusionesDe acuerdo con los objetivos específicos planteados seconcluye que, la Fundación del Niño, es un ente públicodescentralizado que conforma la estructura del estadovenezolano, constituida bajo la figura de derecho privado,situación que se sustenta en que el estado venezolanoha propulsado desde sus inicios su creación, desarrolloy funcionamiento, en ese sentido, el Ejecutivo Nacionala través del Ministerio del Poder Popular para la Salud,entre otros, le ha otorgado recursos para su operatividad;por intermedio del Banco de los Trabajadores de Venezuelae Inversiones BANTRAB, S.A., ambos organismospúblicos descentralizados, se realizó la venta formal ala Fundación del Niño, de un lote de terreno y edificiodonde funciona su sede principal; el mayor porcentajede los ingresos que obtiene la Fundación (90,00%), sonprovenientes de las ventas que se efectúan en las TiendasLibres de Impuesto (Duty Free Shops), ubicadasen el Instituto Autónomo Aeropuerto Internacional deMaiquetía (IAAIM), ente perteneciente a la estructuraorganizativa del estado y los órganos de direccióny administración nacional de la Fundación del Niño,Consejo General Nacional, Junta Directiva Nacional yel Consejo Coordinador Nacional, básicamente estánconformados por representantes de diversas entidadesde la Administración Pública Nacional.RecomendacionesExhortar al Poder Ejecutivo por órgano del Ministeriodel Poder Popular para la Educación, a los fines de ejercerlas acciones correspondientes para adecuar la estructuray funcionamiento de la Fundación del Niño a la normativalegal que rige la materia, atendiendo las observacionescontenidas en el cuerpo del presente informe, en tal sentidodeberá:• Adecuar e implantar el sistema de control internocomo ente integrante de la estructura del estado venezolanoque maneja recursos públicos, el cual debeser ajustado a su naturaleza, estructura y fines, conestricta sujeción a la normativa constitucional y legalque le sea aplicable.• Acometer las diligencias pertinentes ante la máximaautoridad de la Fundación, a los fines de que se reubiquenlas unidades orgánicas de la Presidencia Nacionaly de la Unidad de Auditoría Interna, para mantenerel equilibrio estructural y ajustarla a la normativa queregula los organismos de la Administración Pública,en un lapso breve.• Girar las directrices pertinentes a los responsables dela Gerencia General y de Administración y Finanzasde dicha Fundación, a fin de que procedan a registrarlos recursos públicos en la cuenta de ingresos, de talforma que responda a la naturaleza de la cuenta abiertaen el Mayor analítico.• Realizar las diligencias y controles pertinentes, antela Gerencia General y de Administración y Finanzasa los fines de que no se efectúen colocaciones condinero público.• Exhortar a la máxima autoridad de la Fundación delNiño a exigirle a la empresa auditora, la realización deauditorías confiables que reflejen la realidad del entey de considerarlo pertinente, la rescisión del contratosuscrito con ellos.331

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007FUNDACIÓN FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE VENEZUELA(FONVIS)CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES EN CONVENIOFundación Fondo de Inversión Social de Venezuela(FONVIS) fue creada por Decreto Presidencial N° 902 del17 de mayo de 1990 (Gaceta Oficial Nº 34.477 de fecha29-05-1990), y adscrito al Ministerio de ParticipaciónPopular y Desarrollo Social (Gaceta Oficial Nº 38.262 defecha 31-08-2005). El FONVIS tiene por objeto la promocióny el financiamiento de programas y proyectos sociales encorrespondencia con las estrategias de desarrollo establecidaspor el Ejecutivo Nacional. En fecha 14-11-2005,se ordenó la supresión y liquidación del FONVIS, medianteDecreto Presidencial Nº 4.085 (Gaceta Oficial Nº 38.313de fecha 14-11-2005) para lo cual se creó una Junta Liquidadorade carácter técnico-administrativo.En el año 2000 el FONVIS, mediante la Comisión Presidencialaprobó financiar a través del Programa de Apoyoa las Iniciativas y Gestión de las Organizaciones de laSociedad Civil (PAIS), con recursos provenientes del EjecutivoNacional y del Banco Interamericano de Desarrollo(BID), el proyecto denominado La Maricultura de Algas yel Cambio Socioeconómico, para llevar a cabo el referidoproyecto el FONVIS firmó el Convenio de Ejecución Nº07-90-7081-0001 de fecha 31-07-2000. El objeto del proyectosería el de implementar y desarrollar un programade capacitación juvenil en comunidades con muy escasosrecursos y escasa formación en el arte y oficio del cultivode algas marinas, el proyecto de acuerdo al documentodenominado Resumen Técnico del Proyecto, se ejecutaríaen la Península de Araya, municipio Cruz SalmerónAcosta del estado Sucre y en la Isla de Coche, municipioVillalba del estado Nueva Esparta, el tiempo de ejecuciónprevisto era de un año; el monto de la inversión sería deBs. 71,47 millones, de los cuales el FONVIS aportaría Bs.56,97 millones, la fundación Popular Pro-Algas Bs. 3,62millones y Bs. 10,87 millones la empresa cultivos.Alcance y objetivos de la actuaciónLa actuación estuvo orientada a la evaluación delcumplimiento de las disposiciones legales y sublegalesque regularon el Convenio de Ejecución N° 07-90-7081-0001 de fecha 31-07-2000, suscrito entre el FONVIS y laFundación Popular Pro-Algas, para desarrollar el proyectodenominado La Maricultura de Algas y El CambioSocioeconómico, durante los años 2000 al 2004, en loque concierne a los procedimientos que se llevaron a cabopara la contratación con la referida fundación, así comolas operaciones relacionadas con la ejecución financieray física del proyecto citado.Observaciones relevantesEl Convenio de Ejecución N° 07-90-7081-0001 celebradoentre el FONVIS y la Fundación Popular Pro-Algas el31-07-2000, para desarrollar el proyecto La Mariculturade Algas y el Cambio Socioeconómico, fue suscrito por elDirector Ejecutivo del FONVIS, basándose para ello, en laatribución que le fue delegada por el presidente de dichoente en cuanto a representar legalmente el fondo; no obstante,la suscripción del referido convenio le correspondíaa la máxima autoridad del FONVIS, tal como se señala enel artículo 17 de los Estatutos del FONVIS, siendo que enla atribución conferida al mencionado director, no sedesprende que se le haya otorgado la facultad para suscribircontratos o convenios, razón por la cual no tenía laatribución expresa para realizar dicho acto. La situaciónplanteada se debió a deficiencias en los mecanismos decontrol administrativo implantados en el referido fondo,lo cual a su vez, impidió que el mencionado proceso decontratación, se ajustara al principio de legalidad y confiabilidadcontenido en el artículo 141 de la Constituciónde la República Bolivariana de Venezuela (Gaceta OficialN° 5.453 Extraordinario de fecha 24-03-2000), el cualseñala que: “La Administración Pública está al serviciode los ciudadanos y ciudadanas y se fundamentan enlos principios de honestidad, participación, celeridad,eficacia, eficiencia, transparencia rendición de cuentas yresponsabilidad en el ejercicio de la función pública consometimiento pleno a la Ley y al derecho.”De los recursos financieros que por Bs. 56,97 millonesdebía suministrar el FONVIS a la Fundación PopularPro-Algas, de acuerdo con lo establecido en el convenioreferido, el FONVIS otorgó a la fundación la cantidad de332

Administración Nacional DescentralizadaSector del Desarrollo SocialBs. 52,42 millones, de los cuales se tomó para su análisis,una muestra de los documentos suministrados por la juntaliquidadora por Bs. 30,27 millones, lo que representa un57,76% del total otorgado, donde se observó que las operacionesadministrativas, contables y financieras efectuadascon tales recursos, no contaron con la documentaciónjustificativa suficiente que permitiera verificar la legalidady sinceridad de las operaciones realizadas, lo cual sedemuestra a continuación:• El presidente de la Fundación Popular Pro-Algasrealizó desembolsos en efectivo por Bs. 9,22 millones,para el pago por concepto de vigilancia, bote deescombros, compra de materiales de construcción,préstamos a personas que ejercieron labores devigilancia e instalación de granjas, sin evidenciarsela aprobación por parte del FONVIS para manejardichos recursos a través de un fondo de caja chica,por cuanto tal modalidad no fue establecida en elconvenio de ejecución. Sobre el particular, el parágrafoprimero y segundo de la cláusula quinta delcitado convenio, establece que no serán financiadospor el FONVIS en la ejecución del proyecto, los gastosde capital de trabajo, y los recursos aportadosse limitarán al monto de inversión establecidosen el convenio, tal situación fue considerada en elInforme de la Gerencia del Programa PAIS de fecha04-12-2001, donde se resaltó que entre los objetivosdel proyecto no estaba contemplado el otorgamientode préstamos, ni los pagos realizados por conceptode instalación de granjas. La situación indicadatiene su origen a fallas en los mecanismos de controlinterno implantados por el fondo, para llevar acabo la evaluación y seguimiento de los recursosfinancieros otorgados para la ejecución del referidoproyecto, lo que trajo como consecuencia que sedesviaran los recursos asignados al proyecto, pararealizar actividades que no estaban contempladasen el referido convenio.• La fundación pagó por concepto de honorariosprofesionales (coordinadores del proyecto, docentetécnico e instructores), acarreo y compra de materiales,fletes, e instalación de granjas, un montototal de Bs. 11,96 millones, sin evidenciarse losdocumentos que comprueben la labor cumplidapor los referidos coordinadores e instructores, encuanto al seguimiento, control y supervisión quedebían realizar a la ejecución física y financieradel citado proyecto; igualmente, no se observaronlos listados de asistencia de los participantes en loscursos de capacitación, sus datos personales, evaluaciónpsicológica y los certificados de asistenciade los mismos, y además, no se evidenciaron losdocumentos contables (facturas, comprobantes depago y recibos) que justificaran los desembolsosrealizados para las compras de materiales e instalaciónde granjas. Al respecto, en la cláusula octavadel Convenio de Ejecución en el literal d se estableceque los recursos recibidos para la ejecución delproyecto serían depositados en cuentas bancariasseparadas, bajo la responsabilidad de la fundación,auditables por el FONVIS y/o el Banco Interamericanode Desarrollo, y sobre los cuales se mantendrían,una contabilidad separada y detallada. Asimismo,el artículo 23 de las Normas Generales de ControlInterno (Gaceta Oficial N° 36.229 de fecha 17-06-97),establece que todas las transacciones y operacionesfinancieras, presupuestarias y administrativas debenestar respaldadas con la suficiente documentaciónjustificativa. Situación que fue motivada por lasfallas en el sistema de control interno, relacionadacon la administración de los recursos por parte de losrepresentantes de la fundación, así como la supervisiónoportuna del FONVIS, a la gestión realizada porla citada fundación, lo cual influyó en la ejecuciónfinanciera del proyecto.• La Fundación Popular Pro-Algas realizó pagos porBs. 13,32 millones a empresas y a personas naturales,tales como al presidente, tesorera y vocal de lafundación e instructores de los cursos, por conceptode materiales para la siembra y la instalación degranjas, sin embargo dichos desembolsos fueronsoportados con recibos de pagos que no poseen elmembrete de la fundación, facturas cuyos montospresentan incongruencias con respecto a los recibosde pago, además, no se ajustaron a los requisitosexigidos por el Seniat, en la Resolución 320 de fecha28-12-1999 (Gaceta Oficial N° 36.859 de fecha29-12-1999), previsto en el artículo 2, en relación333

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007con que las facturas deben poseer numeraciónconsecutiva, nombre completo y domicilio fiscaldel vendedor, número de inscripción del emisor enel Registro de Información Fiscal (RIF) y númerode Identificación Tributaria (NIT), denominacióno razón social del emisor y su domicilio. Al respecto,el artículo 23 de las Normas Generales deControl Interno, establece que todas las transaccionesy operaciones financieras, presupuestariasy administrativas deben estar respaldadas con lasuficiente documentación justificativa. Tal situaciónfue motivada a la falta de controles efectivos en losprocedimientos contables y administrativos, que llevóa cabo la referida fundación, lo que limitó la sinceridadde la ejecución del gasto.Del análisis realizado a los documentos suministradospor la junta liquidadora del FONVIS, se determinó que laejecución física del proyecto citado, no se ejecutó deacuerdo a las condiciones establecidas en el Conveniode Ejecución, toda vez que en el objetivo se establecióque el proyecto en cuestión, incluía la implementacióny desarrollo de un programa de capacitación técnicaen el área de Maricultura Rural, que permitiría lainstalación, operación y mantenimiento de 10 granjasde Algas Marinas, con un alcance de 5 personaspor granja, y se evidenció que sólo se logró instalarparcialmente 7 granjas, por cuanto no contaron conel suministro de los materiales e insumos necesariospara su debida instalación y operación, en ese sentidose señala que la capacitación de personal en el área deMaricultura, sólo se llegó a cumplir con un 50,00% esdecir, 25 personas de las (50) previstas en el proyecto.Por otra parte se observó en el informe de inspecciónin situ relativo al monitoreo y seguimiento realizadopor la Gerencia del Programa PAIS en fecha 12-07-2001,que la ejecución física de las granjas ubicadas en lossectores la Uva y Zulica se encontraban cultivadas encondiciones precarias, debido a la falta de instrumentosy materiales necesarios para el proceso de siembra,secado y mantenimiento de la instalación de la granja.Asimismo, se recomendó en el referido informe queel FONVIS suspendiera la transferencia de recursos almencionado proyecto, debido al incumplimiento de lascondiciones estipuladas en el convenio, entre las cualesse encuentran las siguientes: retraso en el cumplimientode los objetivos y metas plasmadas en el proyecto; faltade evidencias sobre la capacitación del personal, promocióny difusión del proyecto hacia las comunidades.Sobre el particular, el artículo 10 de las Normas Generalde Control Interno establece que los niveles directivosy gerenciales de los organismos o entidades debenvigilar permanentemente la actividad administrativade las unidades, programas, proyectos u operacionesque tienen a su cargo, ser diligentes en la adopción delas medidas necesarias ante cualquier evidencia dedesviación de los objetivos y metas programadas, detecciónde irregularidades o actuaciones contrarias a losprincipios de legalidad, economía, eficiencia, evaluarlas observaciones y recomendaciones formuladas porlos organismos y dependencias encargadas de controlexterno e interno, promover la aplicación de las respectivasmedidas correctivas. Asimismo, el artículo141 de la Constitución de la República Bolivariana deVenezuela, prevé que la administración pública está alservicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamentaentre otros en los principios de celeridad, eficacia,eficiencia, rendición de cuentas y responsabilidad en elejercicio de la función pública, con sometimiento plenoa la ley y a derecho. Situación que fue motivada porla falta de un seguimiento y monitoreo oportuno de laejecución física y técnica de las actividades establecidasen el referido proyecto, lo que trajo como consecuenciaque no se lograra alcanzar los productos esperados dela ejecución del proyecto, como fue la capacitación depersonal en el área de Maricultura de Algas y el CambioSocioeconómico, creación de empleos y la instalaciónde las granjas marinas.ConclusionesDe los resultados obtenidos de la actuación practicadaen el Fondo de Inversión Social de Venezuela(FONVIS), vinculada con la evaluación de las operacionesllevadas a cabo por dicho fondo, para ejecutar elConvenio Nº 07-90-7081-0001 de fecha 31-07-2000,se observaron situaciones que no se ajustan a lascondiciones establecidas en el convenio, así como334

Administración Nacional DescentralizadaSector del Desarrollo Socialdebilidades de control interno administrativo, queincidieron en el manejo adecuado de los recursos yen el desarrollo físico del proyecto, toda vez que laFundación Popular Pro-Algas, realizó operaciones administrativas,contables y financieras con los recursosfinancieros que le fueron asignados por el FONVIS, almargen de las disposiciones legales establecidas enel referido convenio, asimismo no contaron con ladocumentación justificativa suficiente que permitieraverificar la legalidad y sinceridad de las operacionesrealizadas por la referida fundación. Por otra parte,tanto el FONVIS como la fundación citada no cumplieroncon las labores de control y seguimiento ala ejecución financiera y física del proyecto, lo queoriginó que los objetivos del proyecto respondieran aintereses particulares y no a la comunidad que debíaser beneficiada.RecomendacionesSe insta a la máxima autoridad del Ministerio Populardel Poder para la Participación y Protección Social, a:• Emprender las acciones necesarias para que losorganismos que estén bajo la tutela de ese Ministerio,y cuyo objetivo sea el de otorgar recursospara financiar proyectos sociales, cuenten con eldocumento contractual debidamente suscrito por lamáxima autoridad del organismo referido, donde seestablezcan las condiciones a las cuales las partesse obligan a cumplir.• Establecer los mecanismos de controles internosdirigidos garantizar que los organismos bajo sututela, realicen de manera planificada, eficiente yoportuna, el respectivo seguimiento y control delos recursos financieros y de la ejecución física delas actividades previstas en los proyectos sociales,que permita cumplir con los objetivos planteadosen los proyectos citados en el tiempo previsto yasí minimizar los desvíos en la ejecución de losmismos.• Tomar las medidas pertinentes dirigidas a que losorganismos que estén bajo la tutela del Ministerio,adopten adecuados controles internos, que permitangarantizar que los proyectos sociales encomendadoscuenten con un expediente, el cual deberá contenertoda la documentación que forme parte de losconvenios suscritos, así como de la informaciónque respalde las operaciones vinculadas con dichosproyectos.FUNDACIÓN GRAN MARISCAL DE AYACUCHO(FUNDAYACUCHO)DESIGNACIÓN DEL TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNOLa Fundación Gran Mariscal de Ayacucho (FUNDA-YACUCHO) es un ente de carácter funcional del EstadoVenezolano, integrada a la estructura general del Estado,es decir, forma parte de los entes descentralizados funcionalmentesin fines empresariales, lo que la hace partícipede un sistema mixto de derecho. Así mismo, se rige pornormas de Derecho privado en cuanto a su creación yestá sometida a normas de Derecho Público, por tantosujeta al control de este máximo Órgano Contralor, deconformidad con lo previsto en el artículo 9, numeral11 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de laRepública y del Sistema Nacional de Control Fiscal, ellosin perjuicio del control que le corresponde ejercer a suórgano de control fiscal interno.FUNDAYACUCHO fue creada mediante Decreto No. 1.000del 01-07-75 (Gaceta Oficial N° 30.738 de fecha 09-07-75),reformado parcialmente según Decreto No. 1.332 de fecha16-12-75 (Gaceta Oficial N° 30.873 de fecha 16-12-75) y suEstatuto fue registrado el 04-10-85, ante la Oficina Subalternadel Primer Circuito del Registro del DepartamentoLibertador del Distrito Federal, bajo el Nº 21, Protocolo 1º,Tomo 3, tiene como domicilio la ciudad de Caracas y estaadscrita al Ministerio del Poder Popular para la EducaciónSuperior. Su objetivo principal es contribuir a la capacitaciónde recursos humanos en las áreas técnicas y científicas,que definan como prioritarias los planes de desarrolloeconómico de la Nación; y el financiamiento, dirección yevaluación del proceso de formación de los recursos humanosque sean requeridos para la ejecución de proyectosde inversión contenidos en el Plan de la Nación.La estructura organizativa de FUNDAYACUCHO estáconstituida por el Consejo Superior, la Junta Directiva y335

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007la Presidencia; Nivel Operativo y de Apoyo, comprendidopor 2 Vicepresidencias, Logística y Operaciones, y elNivel de Asesoría, integrado por la Consultoría Jurídica,Contraloría Interna, la Gerencia de Planificación y la Gerenciade Relaciones Institucionales, constituyendo la JuntaDirectiva de ese ente, la máxima autoridad, de acuerdo alartículo 9 de los Estatutos de la Fundación Gran Mariscalde Ayacucho.Alcance y objetivos de la actuaciónLa actuación se orientó a evaluar el proceso de seleccióny designación del titular de la Unidad de Auditoría Internade la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho (FUNDAYACU-CHO), con alcance al ejercicio fiscal 2004, con el objeto deverificar si se ajustó a la normativa legal que lo regula.Observaciones relevantesDe la revisión efectuada a los documentos soportes delproceso de Selección del Titular de la Unidad de AuditoríaInterna (UAI) de la FUNDAYACUCHO no se evidencióla comunicación mediante la cual la máxima autoridadjerárquica de la Fundación, aprobara la convocatoria delconcurso público para seleccionar al mencionado titular. Noobstante, el artículo 3 del Reglamento sobre los Concursospara la Designación de los Titulares de las Unidades de AuditoríaInterna de los Órganos del Poder Público Nacionaly sus Entes Descentralizados (Gaceta Oficial N° 37.394de fecha 28-02-2002), señala que el concurso deberá serconvocado por la máxima autoridad del respectivo organismoo entidad. Tal situación se originó por la inexistenciade mecanismos de control interno que garantizaran elcumplimiento de la normativa vigente y la realización deactos ajustados a la normativa legal que lo regulen, por lotanto no existe la evidencia documental de que el referidoproceso se hubiese convocado de acuerdo a la normativavigente que le es aplicable.La designación de los miembros del jurado calificadorpor parte de FUNDAYACUCHO fue el día 23-06-2004 y por laSuperintendencia Nacional de Auditoría Interna (SUNAI)el 22-06-2004. En este sentido, la juramentación del referidojurado se realizó el día 28-06-2004, según Acta Nº 1“Juramentación del Jurado Calificador”. No obstante, seobservó que la referida Acta, fue suscrita por el presidentede la Fundación sin contar con una delegación expresa de lamáxima autoridad de FUNDAYACUCHO, para realizar el actode juramentación de los miembros del jurado calificador,situación esta que no se ajusta a lo establecido en el artículo4 de la parte in fi ne del Reglamento sobre los Concursospara la Designación de los Titulares de las Unidadesde Auditoría Interna de los Órganos del Poder PúblicoNacional y sus Entes Descentralizados, vigente para lafecha, en cuanto a que, una vez realizada la designación,el Jurado deberá ser juramentado por la máxima autoridadjerárquica del respectivo organismo o entidad, dentro delos 3 días hábiles siguientes a la designación de todos susmiembros. Tal hecho tiene su origen en la falta de control,seguimiento y cumplimiento del marco legal sobre losconcursos públicos para la designación de los titulares delas unidades de Auditoría Interna. Lo anterior, trae comoconsecuencia, que el referido acto de juramentación carezcade la formalidad que le ostenta la aprobación de la máximaautoridad de la Fundación, quien es la competente para laejecución del citado acto.Los miembros del jurado calificador del concursopúblico para la designación del Auditor Interno de FUN-DAYACUCHO, no consultaron a la Contraloría General dela República, lo relacionado con la información sobre elregistro de inhabilitados de los participantes del concurso.No obstante, que el artículo 10, numeral 2 del Reglamentosobre los Concursos para la Designación de los Titularesde las Unidades de Auditoría Interna de los Órganos delPoder Público Nacional y sus Entes Descentralizados,señala que, el jurado del concurso tendrá las atribucionesy deberes siguientes, entre otros, verificar el cumplimientode los requisitos mínimos para concursar por cadaaspirante y descartar a aquellos que no los reúnan, talhecho tiene su origen en la falta de control, seguimientoy cumplimiento por parte de los miembros del juradocalificador del marco legal sobre los concursos públicospara la designación de los titulares de las unidades deAuditoría Interna. En consecuencia el jurado calificadorno contó con la información que le permitiera garantizarque los concursantes no se encontraran inhabilitados parael ejercicio de la función pública.336

Administración Nacional DescentralizadaSector del Desarrollo SocialDe la revisión efectuada a los documentos soportes delproceso de selección del titular de la UAI de FUNDAYACUCHO,se observó que fueron notificados de los resultados del concursoy la puntuación obtenida, 10 de los 12 participantes.Asimismo, se evidenció que las notificaciones se consignarona terceras personas y fuera de los 5 días hábiles establecidospara tal entrega. No obstante, el artículo 15 del Reglamentosobre los Concursos para la Designación de los Titulares delas Unidades de Auditoría Interna de los Órganos del PoderPúblico Nacional y sus Entes Descentralizados, vigentespara la fecha, señala que, los resultados del concurso seránnotificados a los participantes dentro de los 5 días hábilessiguientes a la presentación de los resultados a la máximaautoridad y de conformidad con la Ley Orgánica de ProcedimientosAdministrativos (Gaceta Oficial N° 2.818 defecha 01-07-81), en cuanto a que los resultados notificadosdeberán incluir la puntuación obtenida por los participantes.Esta situación se presentó por la ausencia de mecanismosde control interno, en el proceso de selección del AuditorInterno de FUNDAYACUCHO, lo que trajo como consecuenciaque no se cuenten con los soportes documentales completosque demuestren la formalidad del proceso en función de loque establece la normativa que regula dicho proceso.La participante que fue declarada por los miembros deljurado calificador como ganadora del concurso, de acuerdoal Acta Final de fecha 27-07-2004, no se presentó paraasumir el cargo de Auditor Interno, razón por la cual lapresidenta de la Fundación, nombró a la participante queobtuvo el segundo lugar, mediante Resolución N° 0055 del13-12-2004. No obstante, la referida presidenta no estabafacultada para designar al titular de la Unidad de AuditoríaInterna, tal atribución le correspondía a la máximaautoridad de la Fundación, por cuanto, en el artículo 2,numeral 4 del Reglamento sobre los Concursos para laDesignación de los Titulares de las Unidades de AuditoríaInterna de los Órganos del Poder Público Nacional ysus Entes Descentralizados, señala que, el aspirante queresulte ganador del concurso deberá ser designado en elcargo por la máxima autoridad jerárquica del respectivoorganismo o entidad, o por quien legal o estatutariamentetenga asignada tal potestad. Para el caso de la mencionadaFundación, le corresponde a la Junta Directiva tanto lafacultad para llamar a concurso, nombrar al jurado, comola designación del auditor interno, en vista de que el artículo9 de los Estatutos de la Fundación Gran Mariscal deAyacucho (FUNDAYACUCHO) indica que la Junta Directivaserá la máxima autoridad del citado ente, y en el artículo12 eiusdem, contempla que el Presidente de la Junta Directivaejercerá la representación legal de la Fundación, ypodrá celebrar todos los actos relacionados con su objetocon arreglo a las decisiones de dicha Junta. Asimismo, elartículo 55 de la parte in fi ne del Reglamento de la LeyOrgánica de la Contraloría General de la República (GacetaOficial N° 37.169 de fecha 29-03-2001), indica que, seconsiderará como máxima autoridad jerárquica al órganoejecutivo a quien corresponda la dirección y administracióndel organismo o entidad, de acuerdo con él régimenjurídico que le sea aplicable. En caso de que el organismo oente respectivo tenga junta directiva, junta administrativa,consejo directivo u órgano similar, serán éstos los que seconsiderarán la máxima autoridad jerárquica.Asimismo, no se evidenció que la máxima autoridad dela Fundación, consultara a este Organismo Contralor, si laganadora del concurso para la designación del titular dela Unidad de Auditoría Interna de ese ente, se encontrabaen el registro de inhabilitados, que lleva este OrganismoContralor, previo a la designación para ejercer el cargo deAuditor Interno, en función de lo contenido en el artículo105 de la parte in fi ne de la Ley Orgánica de la ContraloríaGeneral de la República y del Sistema Nacional de ControlFiscal (Gaceta Oficial N° 37.347 del 17-12-2001), el cualseñala que, las máximas autoridades de los organismos yentidades previstas en los numerales 1 al 11 del artículo9 de esta Ley, antes de proceder a la designación de cualquierfuncionario público, están obligados a consultar elregistro de inhabilitados que a tal efecto creará y llevarála Contraloría General de la República.De la situación expuesta se aprecia que, la presidentade la Fundación para la época, asumió funciones que lecorrespondían ejercer a la máxima autoridad de FUNDAYA-CUCHO, debido a la falta de control, seguimiento y asesoríacon respecto a la normativa legal y sublegal dictada sobrelos concursos públicos para la designación de los titularesde las unidades de auditoría interna. Por consiguiente,en la designación del titular de la Unidad de Auditoría337

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007Interna de FUNDAYACUCHO, no se llevo a cabo conforme ala normativa legal que rige la materia sobre los concursospara la designación de los titulares de las Unidades deAuditoría Interna.ConclusionesEl proceso de selección y designación del Auditor Internode la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho (FUNDA-YACUCHO), no se ajustó a las disposiciones contenidas en elReglamento sobre los Concursos para la Designación delos Titulares de las Unidades de Auditoría Interna de losÓrganos del Poder Público Nacional y sus Entes Descentralizados,toda vez que no se evidenció la comunicaciónmediante la cual la máxima autoridad jerárquica de FUN-DAYACUCHO, aprobara la convocatoria del concurso públicopara la selección del titular de la Unidad de AuditoríaInterna; la juramentación del jurado calificador fue realizadapor el presidente de la Fundación sin contar con unadelegación expresa de la máxima autoridad; aunado a queno se evidenció que los miembros del jurado calificador yla máxima autoridad de FUNDAYACUCHO, consultaran a laContraloría General de la República, lo relacionado conla información sobre el registro de inhabilitados de losparticipantes del concurso durante la etapa del proceso deselección del Auditor Interno y antes de la designación dela ganadora del referido proceso, respectivamente, con elfin de verificar si se encontraban en el registro de inhabilitadospara el ejercicio de la función pública, que lleva esteOrganismo Contralor; las notificaciones del resultado delconcurso y la puntuación obtenida de los participantes, seentregaron a terceras personas y fuera del lapso establecidopara tal entrega. Asimismo, la presidenta de la Fundaciónfue quien suscribió la Resolución mediante la cual se designóa la participante que obtuvo el segundo lugar, comoAuditor Interno, no obstante, no se evidenció documentaciónque la facultara para designar al titular de la Unidadde Auditoría Interna de dicha Institución, tal atribución lecorrespondía a la máxima autoridad de la Fundación.RecomendacionesDada la importancia que revisten las observaciones ycon el firme propósito de que las mismas sean atendidasy subsanadas en beneficio de una gestión administrativaeficiente, que garantice la objetividad de futuros procesosde selección y designación del titular de la Unidad de AuditoríaInterna, así como la validez y confiabilidad de losresultados, este Organismo Contralor insta a la MáximaAutoridad Jerárquica de la Fundación Gran Mariscal deAyacucho (FUNDAYACUCHO) a:• Establecer las medidas necesarias, en los sucesivosprocesos relacionados con la designación del titularde la Unidad de Auditoría Interna de FUNDAYACUCHO,dirigidas a que sea ese cuerpo colegiado quien apruebela convocatoria del concurso, juramente al juradocalificador, designe al participante que resulte ganador,para asumir el cargo del Auditor de ese ente, ypreviamente, a la referida designación se consulte enel registro de inhabilitados que lleva este OrganismoContralor, si el participante ganador se encuentra aptopara el ejercicio de la función pública, con el objetode garantizar la formalidad del proceso.• Vigilar y establecer los mecanismos de control interno,en los futuros procesos para la selección y designacióndel titular de la Unidad de Auditoría Internade FUNDAYACUCHO, a los fines de que se ejecuten deacuerdo con la normativa legal que regula la materia,para garantizar la validez, confiabilidad, objetividad,imparcialidad, y transparencia de los resultados delproceso citado.FUNDACIÓN INSTITUTO DE ESTUDIOS AVANZADOS (IDEA)DESIGNACIÓN DEL TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNOLa Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA)es un ente de carácter fundacional del Estado venezolano,integrada a la estructura general del Estado, es decir, formaparte de los entes descentralizados funcionalmente sinfines empresariales, lo que la hace partícipe de un sistemamixto de derecho. Así, se rige por normas de DerechoPrivado en cuanto a su creación y está sometida a normasde Derecho Público, por tanto está sujeta al control deeste máximo Órgano Contralor, de conformidad con loprevisto en el artículo 9, numeral 11 de la Ley Orgánicade la Contraloría General de la República y del SistemaNacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF) Gaceta OficialN° 37.347 del 17-12-2001, sin perjuicio del control que le338

Administración Nacional DescentralizadaSector del Desarrollo Socialcorresponde ejercer a su órgano de control fiscal interno.Creada mediante Decreto Presidencial N° 358 del 15-11-79(Gaceta Oficial N° 31.863 del 15-11-79); actualmente estábajo la adscripción y tutela del Ministerio del Poder Popularpara Ciencia y Tecnología, según Decreto N° 5.246 del20-03-2007, sobre Organización y Funcionamiento de laAdministración Pública Nacional (Gaceta Oficial N° 38.654del 28-03-2007). Su objeto es la realización de actividadesde investigación, docencia e información en los diversoscampos del conocimiento y el saber, con particular énfasisen sus nexos interdisciplinarios y la aplicación que puedantener en los problemas del país.La Oficina de Auditoría Interna de IDEA está adscritaal Consejo Directivo y conformada por 4 funcionarios, asaber: el Auditor Interno, 1 Auditor Jefe, 1 Auditor y 1 Asistentede Auditoría, quienes ejercen el examen de controlposterior, objetivo, sistemático y profesional de las actividadesadministrativas, financieras y operacionales que seejecutan en todas las áreas de acción de IDEA, con el objetode evaluarlas, verificarlas y formular las observaciones yrecomendaciones pertinentes a las autoridades del ente.Alcance y objetivo de la actuaciónLa actuación se orientó a la evaluación del proceso deselección del titular de la Oficina de Auditoría Internade la Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA),durante el año 2006. En tal sentido, se planteó como objetivoespecífico verificar si el proceso de selección deltitular de la Oficina de Auditoría Interna de la Fundación,se realizó de conformidad con la normativa legal vigentepara esa fecha.Observaciones relevantesLa designación primaria de los representantes de laInstitución para conformar el jurado calificador, no estabasustentada por la aprobación de la máxima autoridad deIDEA, debido a que en los soportes suministrados a esta ContraloríaGeneral de la República (CGR), sólo se evidenció elPunto de Cuenta P/65-005 de fecha 03-11-2005, medianteel cual el Presidente de IDEA sometió a la aprobación delConsejo Directivo la designación de los representantes consus suplentes en el Jurado para el Concurso Público parala escogencia del titular de la Unidad de Auditoría Interna(UAI) de IDEA, con base en lo previsto en la ResoluciónN° 01-00-00-04 del 27-02-2002, emanada de la CGR,contentiva del “Reglamento sobre los Concursos para laDesignación de los Titulares de las Unidades de AuditoríaInterna de los Órganos del Poder Público Nacionaly sus Entes Descentralizados (Gaceta Oficial N° 37.394del 28-04-2004), aún cuando la convocatoria a concursopúblico se inició en fecha 15-02-2006, bajo la vigencia dela Resolución N° 01-00-248 del 04-11-2005, que dictaba elReglamento sobre los Concursos Públicos para la Designaciónde los Contralores Distritales y Municipales, y losTitulares de las Unidades de Auditoría Interna de losÓrganos del Poder Público Nacional, Estadal, Distritaly Municipal y sus Entes Descentralizados (GacetaOficial N° 38.311 del 10-11-2005). Tales hechos tienensu origen en la falta de control, seguimiento y cumplimientopor el Consejo Directivo de IDEA, lo que reflejala inobservancia de las obligaciones que le correspondenejercer como máxima autoridad jerárquica, establecidasen el numeral 1 del artículo 7 de la última Resoluciónmencionada, en cuanto a designar a 2 representantes enel jurado con sus respectivos suplentes, dentro de los 5días hábiles siguientes a la convocatoria. Lo que traecomo consecuencia limitaciones al ente para demostrarla formalidad en la designación de sus representantesen el jurado del proceso de selección del titular de laOficina de Auditoría Interna de IDEA.El Presidente de IDEA juramentó a los miembros deljurado calificador del concurso para seleccionar el titularde la UAI de la Fundación, con base en la solicitud quele formuló al Consejo Directivo de IDEA, relacionadacon la delegación en su persona, de las gestiones de laconvocatoria, comunicaciones, publicaciones, juramentación,notificaciones y demás actuaciones relativas alconcurso, referida en el Punto de Cuenta N° P/02-2006de fecha 09-02-2006, el cual no fue aprobado por dichoConsejo. Situación que tiene su origen en interpretarinapropiadamente que la solicitud de delegación supraindicada, era un trámite suficiente para considerarlaaprobada. Al respecto, el numeral 4 del artículo 7 delúltimo Reglamento citado, refiere que la juramentación339

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007de los miembros del jurado con sus suplentes, la realizala máxima autoridad del ente. Lo que trae como consecuencia,que este acto de juramentación carezca de laformalidad que le ostenta la aprobación de los miembrosdel Consejo Directivo.La Consultora Jurídica Adjunta suscribió las constanciasque certifican la inscripción formal en el referidoconcurso, en su condición de enlace entre la SuperintendenciaNacional de Auditoría Interna (SUNAI) e IDEA, sinembargo, IDEA no consignó el soporte que evidencie ladesignación del funcionario, en su defecto, presentaronla comunicación P/15-005 de fecha 25-01-2006, mediantela cual le comunicaron a la SUNAI que por parte de esaInstitución, la Consultora Jurídica Adjunta, fungiría deenlace entre la Superintendencia e IDEA; aun cuandoel segundo aparte del artículo 12 del referido Reglamento,establecía que: “Al momento de formalizarse lainscripción se expedirá constancia al interesado, la cualse acompañará de copia del presente Reglamento y encada uno de los documentos que éste consigne, se dejaráconstancia, cuando proceda, que los mismos son copa fiely exacta de los originales presentados. Una vez recibidoslos documentos, por parte del funcionario designado parasu recepción o custodia, éstos permanecerán en sobrescerrados y en estricta confidencialidad hasta su entregaal Jurado el día hábil siguiente al vencimiento del lapsoprevisto para la inscripción.”. La causa de esta omisiónobedece a que, el Presidente de IDEA, al haber informadoa la SUNAI sobre la participación de la Consultora JurídicaAdjunta como enlace, dio por sentado el nombramientode la referida funcionaria, no obstante que el literal j) delartículo 19 de los Estatutos Sociales de la Institución señalaque, al Presidente le corresponde “designar y remover alpersonal administrativo y al personal de dirección y deconfianza”. En consecuencia, no se cumplió con la formalidadde designar un funcionario responsable de realizarlas actividades de recepción, custodia y resguardo de ladocumentación, afectando así, el control que le correspondeejercer a esta CGR.En el Acta del Jurado Calificador N° 3 de fecha 20-03-2006, consta que sólo un aspirante, calificó para pasar alas etapas de evaluación de credenciales y de experiencialaboral, por lo que debió haberse declarado desierto el concurso,en atención al segundo supuesto del artículo 38 delúltimo Reglamento supra citado, el cual establece que: “ElJurado declarará desierto el concurso, cuando ninguno delos participantes alcanzare la nota mínima de aprobación,prevista en los artículos 34 al 37 de este Reglamento, segúncorresponda para cada caso; o cuando en el concurso nohubiere participado un mínimo de dos (2) aspirantes. Entales supuestos (…) la máxima autoridad jerárquica del respectivoente u organismo convocante, según corresponda,convocará a un nuevo concurso dentro de los treinta (30)días hábiles siguientes a la declaratoria, observándose lasprescripciones establecidas en este Reglamento”. La situaciónplanteada obedeció a que el Jurado Calificador omitiólas condiciones básicas para la realización del concursoen concordancia con los requisitos que deben reunir losparticipantes establecidos en el mencionado Reglamento,destacando el numeral 8 del artículo 13, como es, “Poseerno menos de tres (3) años de experiencia laboral en materiade control fiscal”; por consiguiente el proceso de seleccióncarece de formalidad, toda vez que no asegura el cumplimientode las condiciones del concurso de forma tal, quese garantice la transparencia, imparcialidad y confiabilidadde sus resultados.En el Acta del Consejo Directivo de fecha 06-04-2006,consta la aprobación de la designación del Auditor Internode IDEA, ganador del concurso. No obstante, de larevisión al punto N° 1 del Acta de Reunión del ConsejoDirectivo de fecha 30-05-2006, se corroboró que dichoConsejo consideró necesario diferir la aprobación de lacitada Acta de fecha 06-04-2006, a los fines de verificarpreviamente el contenido de la misma; en consecuencia,la designación del Auditor Interno no fue debidamenteaprobada por los miembros que conforman el ConsejoDirectivo, aún cuando el numeral 4 del artículo 5 delReglamento citado, establece que el participante queresulte ganador del concurso será designado en el cargopor la máxima autoridad del ente. Aunado a ello, IDEA,no consignó ningún documento suscrito por su ConsejoDirectivo que valide la juramentación y toma de posesióndel referido ciudadano como Auditor Interno, no obstanteque, el artículo 40 eiusdem, prevé que la máximaautoridad jerárquica notificará al participante ganador340

Administración Nacional DescentralizadaSector del Desarrollo Socialindicándole, entre otros aspectos, la fecha en que seprocederá a la juramentación y toma de posesión. Talessituaciones se originaron porque el Presidente de IDEAasumió funciones que le competen ejercer a la máximaautoridad de IDEA, fundamentado en la citada solicitudde delegación que presentase ante el Consejo Directivoen Punto de Cuenta de fecha 09-02-2006, la cual no fueaprobada por la máxima autoridad de IDEA; quien, a suvez, no ejerció las funciones que le corresponden ejecutar,debido a la falta de control, seguimiento y asesoríacon respecto a la normativa legal y sublegal dictadasobre los concursos públicos para la designación de lostitulares de las unidades de auditoría interna.ConclusionesCon base en las observaciones señaladas, vinculantescon el proceso de selección del Auditor Interno de la FundaciónInstituto de Estudios Avanzados (IDEA), se concluyeque la Fundación no se ajustó a la normativa que regula lamateria, toda vez que, no se evidenció, los actos administrativosaprobados por la máxima autoridad de IDEA, dondeconste la designación primaria del Jurado Calificador parala selección por concurso del Auditor Interno de la Institucióny la aprobación de la delegación en el Presidente de laFundación para ejecutar las gestiones de la convocatoria,comunicaciones, publicaciones, juramentación, notificacionesy demás actuaciones referidas al concurso para ladesignación del Auditor Interno de IDEA; la juramentaciónde los miembros del jurado calificador con sus respectivossuplentes no fue realizada por el Consejo Directivo; elPresidente de la Fundación no consignó la designación delfuncionario para la recepción o custodia de los documentosentregados por los aspirantes a participar en el concurso;por otra parte el Jurado Calificador llevo a cabo el procesode selección del titular de la Oficina de AuditoríaInterna de IDEA con un sólo participante, condición queconllevaba a declarar desierto dicho proceso; en lo querespecta a la notificación de los resultados del concurso yla designación del Auditor Interno de IDEA no fue aprobadopor la máxima autoridad del ente. Situaciones que nogarantizan la transparencia, imparcialidad y objetividaddel proceso, así como la validez y confiabilidad de losresultados, condiciones de obligatorio cumplimiento,de conformidad con lo establecido en el Reglamentosobre los Concursos Públicos para la Designación de losContralores Distritales y Municipales, y los Titulares delas Unidades de Auditoría Interna de los Órganos delPoder Público Nacional, Estadal, Distrital y Municipaly sus Entes Descentralizados.RecomendacionesSe insta a la Máxima Autoridad Jerárquica de la FundaciónInstituto de Estudios Avanzados (IDEA) a:• Establecer las acciones necesarias a los fines de queen los sucesivos procesos se deje constancia de todaslas actividades realizadas y de las decisiones tomadaspor la máxima autoridad de IDEA, en estricto cumplimientode las obligaciones previstas en la normativaque regula la materia.• Vigilar y supervisar los mecanismos de control interno,a fin de que la designación del funcionario parala recepción y custodia de los documentos entregadospor los aspirantes al concurso tenga la debidaformalidad.• Implantar las medidas necesarias para que el JuradoCalificador; cumpla con todas las fases del procesopara designar el Titular de la Unidad de AuditoríaInterna, considerando los criterios establecidos en elmencionado Reglamento, con la finalidad de garantizarla objetividad del proceso, la validez y confiabilidadde los resultados.FUNDACIÓN INSTITUTO DE ESTUDIOS AVANZADOS (IDEA)OPERACIONES PRESUPUESTARIAS, FINANCIERAS Y CONTRATOSLa Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) fuecreada mediante Decreto Presidencial N° 358 del 15-11-79(Gaceta Oficial N° 31.863 del 15-11-79) bajo la adscripción ytutela del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT) actualMinisterio del Poder Popular para Ciencia y Tecnologíasegún Decreto Nº 5.246 del 28-03-2007 (Gaceta Oficial N°38.654 del 28-03-2007). Conforme a la última modificaciónde sus Estatutos (Gaceta Oficial N° 38.042 del 13-10-2004), IDEA tiene por objeto la realización de actividadesde investigación, docencia e información en los diversoscampos del conocimiento y el saber; para el cumplimiento341

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007del objeto, conjunta o separadamente de sus dependencias,podrá realizar labores en cualquier campo de la ciencia, latecnología, las humanidades y las artes, así como, actividadesaplicadas al desarrollo humano y social.Su estructura organizativa está conformada por: elConsejo Directivo al cual están adscritos la Unidad deAuditoría Interna (UAI) y Presidencia, de esta últimadependen una Comisión Clasificadora, Asesoría Legal,los Departamentos de Personal y el de Relaciones Interinstitucionales,el Centro Internacional de CooperaciónCientífica Simón Bolívar (CICCSB) y Vice-Presidencia, ala cual están supeditados el Consejo de Coordinación deCentros, la Dirección de Administración (Departamentosde Presupuesto, Contabilidad, Sistemas y Telecomunicaciones,Servicios Generales, Sistemas Eléctricos, Planta Física,Planificación, Tesorería y la Unidad de Asistencia Administrativa)el Centro de Biociencia y Medicina Molecular(Unidades de Neurobiología Molecular, Ultraestructura yNeurobiología Celular, Estructura Molecular, Estudio deErrores Innatos del Metabolismo, Laboratorio de SeñalizaciónCelular y Bioquímica de Parásitos y el Servicio dePesquisa Neonatal), el Centro de Biotecnología (Unidadesde Biotecnología Agrícola, Biotecnología de Petróleo, PolimorfismoGenético) y el Centro de Investigaciones Teóricas(CENIT) unidades de Filosofía, Ciencias Políticas y Arte.El presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2005,ascendió a Bs. 8.880,10 millones, y fue aprobado en la Leyde Presupuesto de ese año (Gaceta Oficial Nº 5.743 Extraordinariodel 13-12-2004). Posteriormente le aprobaronrecursos adicionales por Bs. 4.310,37 millones situando elPresupuesto en Bs. 13.190,47 millones.Alcance y objetivo de la actuaciónLa actuación se orientó a la revisión selectiva de lasoperaciones presupuestarias y financieras, así como delas contrataciones realizadas por IDEA durante el año2005, con el objeto de verificar si se ajustaron al marcolegal que las regula. En tal sentido, se plantearon comoobjetivos específicos: evaluar selectivamente la legalidady sinceridad de la administración de recursos a travésde las cuentas bancarias a nombre de la Fundación,evaluar selectivamente la legalidad y sinceridad de loscompromisos y pagos efectuados por concepto de compras,así como, verificar el cumplimiento de los contratossuscritos entre IDEA y la Concesionaria Industrias deAlimentos ARCA y entre IDEA y el Parque TecnológicoSartenejal (PTS).Observaciones relevantesSe corroboró la autorización de transferencias bancariasen moneda extranjera, por un total de US $ 17.173,40,equivalentes a Bs. 36,92 millones de las cuentas a nombrede IDEA en el Banco Mercantil, entre los meses de junio yjulio del año 2005, por parte del Asistente del Presidentede la Fundación, aún cuando, el manual de la dirección deadministración-unidad de finanzas, control y manejo delos fondos depositados en Banco, aprobado por el ConsejoDirectivo en Acta del 21-10-2003, prevé que las transferenciasentre cuentas deben estar autorizadas por el directorde Administración. Situación originada por debilidadesen el ejercicio de la responsabilidad que tiene la máximaautoridad de cumplir y supervisar el acatamiento de lasfunciones establecidas en la normativa interna aprobada, loque implica la aplicación de los estatutos, las providenciasadministrativas y los manuales aprobados, en observanciaal artículo 39 de la Ley Orgánica de la Contraloría Generalde la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal(LOCGRSNCF), Gaceta Oficial Nº 37.347 del 17-12-2001,el cual prevé que, los gerentes, jefes o autoridades administrativasde cada cuadro organizativo deberán vigilar elcumplimiento de los instrumentos de control interno sobrelas operaciones y actividades realizadas por las unidadesadministrativas y servidores de las mismas, en concordanciacon el artículo 8, literal a) de las Normas Generalesde Control Interno (NGCI), Gaceta Oficial N° 36.229 del17-06-97. Lo que acarreó usurpación de funciones entre eldirector de administración y el asistente del presidente conrespecto a la movilización de los fondos de la Fundacióndepositados en los bancos.El cargo asistente del presidente, no fue creado ni aprobadopor el Consejo Directivo del IDEA, autoridad competentepara decidir el funcionamiento y organización interna de laFundación según el artículo 17, numeral 15 de sus Estatutos.342

Administración Nacional DescentralizadaSector del Desarrollo SocialSe evidenció debilidades en el ejercicio de la responsabilidadque tienen las máximas autoridades de cumplir ysupervisar el acatamiento de las funciones establecidas enla normativa interna aprobada, en observancia al artículo39 de la LOCGRSNCF, el cual prevé que, los gerentes, jefeso autoridades administrativas de cada cuadro organizativodeberán vigilar el cumplimiento de los instrumentos decontrol interno sobre las operaciones y actividades realizadaspor las unidades administrativas y servidores delas mismas, en concordancia con el artículo 8, literal a) delas NGCI. De manera consecuente, se originó el ejerciciode funciones por un cargo que no fue debidamente creadoy por medio del cual, se asumieron funciones propias delcargo de Director de Administración.Según información suministrada por la unidad decompras, IDEA en el año 2005 realizó compras en monedanacional por Bs. 1.856,74 millones, de las cuales se seleccionóuna muestra del 30,46%, que representa Bs. 565,58millones, conformado por 36 expedientes, de cuyo análisisse observó que, sólo 5 poseían 3 o más cotizaciones, mientrasque las 31 operaciones restantes no cumplieron coneste requisito. De igual manera, sólo en 10 expedientes decompras reposaban los análisis de cotizaciones, en tantoque en los demás expedientes no existía la exposición demotivos para justificar la ausencia de las cotizaciones mínimasrequeridas. Al respecto, el Manual de la dirección deadministración-tramitación y control de órdenes de comprade la Fundación, prevé que toda compra deberá estar soportadapor un mínimo de tres (3) cotizaciones (en igualescondiciones) y el análisis de éstas, indicando expresamenteen el mismo, cual fue el proveedor seleccionado en cuantoa: calidad, capacidad técnica y financiera, oportunidadde entrega, condiciones de pago, precios, entre otros. Encaso de no lograr obtener las cotizaciones exigidas, deberáexponer las causas que lo justifique, mediante el formato“Exposición de Motivos”. Por consiguiente, el hecho de quetales expedientes de compras carezcan de las cotizacionesmínimas requeridas, limita la búsqueda de fuentes de abastecimientoidóneas, basadas en criterios de calidad, preciosy oportunidad de entrega. Como causa se evidenció que, lasmáximas autoridades ni la UAI, ejercieron las funciones decontrol y supervisión sobre el acatamiento de la normativainterna aplicable, no obstante lo establecido en el artículo39 de la LOCGRSNCF, en cuanto a la responsabilidad quetienen los gerentes, jefes o autoridades administrativas decada cuadro organizativo, de vigilar el cumplimiento delos instrumentos de control interno sobre las operacionesy actividades realizadas por las unidades administrativas yservidores de las mismas, en concordancia con el artículo8, literal a) de las NGCI.Ninguno de los 36 expedientes de las compras seleccionadascontaban con las notas de entrega de los productos,artículos y/o bienes adquiridos por IDEA, ni las notas deentrega de la unidad de compras a la unidad solicitante.Al respecto, el artículo 23 de las NGCI prevé que todas lastransacciones y operaciones financieras, presupuestarias yadministrativas deben estar respaldadas con la suficientedocumentación justificativa. Por otra parte, el manual de ladirección de administración-tramitación y control de órdenesde compra de la Fundación, establece que la unidad decompras, conjuntamente con el almacén deberá verificar larecepción de los materiales, mediante la comparación físicade éstos con los datos especificados en la factura y en laorden de compra. Consecuentemente, si no se realizan lasnotas de entrega, no queda constancia del control perceptivopracticado a las adquisiciones, ni del cumplimiento delas condiciones pactados con el proveedor o exigidas porel responsable de la unidad solicitante, de forma tal quese pueda subsanar cualquier diferencia o inconformidaddetectada. Situación que se originó toda vez que ni lasmáximas autoridades ni la UAI ejercieron las funciones decontrol y supervisión sobre el acatamiento de la normativainterna aplicable, no obstante lo establecido en el artículo39 de la LOCGRSNCF, en cuanto a la responsabilidad quetienen los gerentes, jefes o autoridades administrativas decada cuadro organizativo de vigilar el cumplimiento delos instrumentos de control interno sobre las operacionesy actividades realizadas por las unidades administrativas yservidores de las mismas, en concordancia con el artículo8, literal a) de las NGCI.La unidad de compras de la Fundación no cuenta conun sistema de registros automatizados de sus operaciones,que esté integrado a su vez con el sistema contable y presupuestario.Al respecto, el artículo 3, literal b) de las NGCIestablece que el sistema de control interno debe garantizar343

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007la exactitud, veracidad, cabalidad y oportunidad de la informaciónpresupuestaria, financiera, administrativa y técnica.Por su parte, el artículo 30 de las NGCI prevé que, comosoporte de los sistemas y mecanismos de control interno sedebe implantar y mantener un sistema de comunicación ycoordinación que provea información relativa a las operacionesy que sea confiable, oportuna, actualizada y acorde alas necesidades de los organismos. Estas dos condicionesno se cumplen debido a que los registros son llevadosmanualmente por esa unidad operativa, imposibilitandoasí, la emisión de reportes actualizados y oportunos queconcuerden con los registros de la información contable ypresupuestaria. De manera que las unidades involucradasen el proceso de adquisiciones se ven limitadas en el ejerciciodel control sobre el estado de las órdenes de compra,así mismo, en la detección y corrección de desviacionesen los registros y pagos por concepto de las compras querealiza la Fundación.Entre IDEA y la sociedad mercantil Industrias de AlimentosARCA, C.A. fue celebrado un contrato de concesiónpara la prestación del servicio de hotelería en el áreahotelera y servicio de restaurante en edificios integrantesdel complejo propiedad de la Fundación. Al respecto, seobservó la reincidencia de retrasos en el cumplimiento delos pagos por ambas partes contratantes. Aun cuando las“Normas Generales: de Control, Facturación y Cuentaspor Cobrar; así como las Normas Específicas: 2. ContratoAdministración del Centro de Convenciones IDEA” prevénque, la unidad de finanzas solicitará a la empresa contratistala facturación de los eventos realizados en el mes inmediatamenteanterior; a la gerencia de mercadeo del centro deconvenciones registro de los eventos realizados; previo ala preparación de la factura relacionada con el porcentajeque le corresponde a IDEA, asimismo, efectuará conciliaciónde la facturación relacionada con el registro de eventosrealizados, suministrado por la gerencia de mercadeo. Lareincidencia de las mencionadas inobservancias se debea que, no cuenta con registros actualizados al mes inmediatamenteanterior de la facturación de los ingresos porconcepto de ventas de alimentos y bebidas y realizaciónde eventos; y, a la falta de controles internos por parte delos niveles gerenciales en el cumplimiento de las cláusulascontractuales y de las normas internas aplicables a laconciliación de las cuentas por cobrar y por pagar a la concesionaria,aún cuando el artículo 39 de la LOCGRSNCFen concordancia con el artículo 8, literal a) de las NGCI,prevé la responsabilidad que tienen los gerentes, jefes oautoridades administrativas de cada cuadro organizativo,de vigilar el cumplimiento de los instrumentos de controlinterno sobre las operaciones y actividades realizadas porlas unidades administrativas y servidores de las mismas.Consecuentemente, las funciones de control y seguimientosobre las cuentas derivadas de la contratación en cuestión,son obstaculizadas debido a la no aplicación de las normasinternas que las regulan, afectando la programación delflujo del efectivo.Entre IDEA y la Corporación Parque Tecnológico de Sartenejas(PTS) se suscribió un contrato de arrendamiento deuna mezzanina que abarca un área de 400 m 2 , ubicada en elEdificio Bolívar, parte integral del complejo propiedad dela Fundación, para establecer una sede gerencial y administrativa.Relacionado con el cumplimiento de dicho contrato,según información suministrada por el departamentode tesorería del IDEA, el PTS adeudaba a la Fundación, almes de junio de 2006, la cantidad de Bs. 8,4 millones porconcepto de arrendamiento correspondiente a los meses deoctubre 2004 a junio 2006, ambos inclusive, a razón de Bs.400,00 mil mensuales. Lo anterior, refleja inobservanciade las “Normas Generales: Control, Facturación y Cuentaspor Cobrar y las Normas Específicas: Arrendamiento deInstalaciones y Contrato de Administración del Centro deConvenciones”, así como, debilidades en la efectividad ycontrol de las cobranzas por parte de tesorería y consultoríajurídica; con la consecuencia de presentar un altoriesgo de no cobrar los arrendamientos en su justo montopor la dificultad de llegar a su conciliación por las partescontratantes, dejando de percibir los ingresos derivados,lo que afecta, el flujo de efectivo que pudiera destinarse ala atención de otras erogaciones en la Fundación.ConclusionesCon base en los objetivos específicos de la presente actuaciónse concluye que para el período 2005, IDEA presentósituaciones que no se ajustaron a la normativa que regulasu funcionamiento, por cuanto, permitió la autorización344

Administración Nacional DescentralizadaSector del Desarrollo Socialde transferencias bancarias en moneda extranjera, porparte del Asistente del Presidente de la Fundación, aúncuando no era el funcionario competente para hacerlo nitampoco dicho cargo había sido creado debidamente; losexpedientes de compras analizados no poseen íntegramentela documentación requerida, a saber: requisición, cotizaciones,análisis de cotizaciones, orden de compra, notas deentrega, informe de control perceptivo, copia de la facturay evidencia de entrega a la unidad solicitante; la Unidadde Compras de IDEA no cuenta con un sistema de registrosautomatizados de sus operaciones, que esté integrado a suvez con el sistema contable y presupuestario; con respectoa los contratos suscritos con la Concesionaria de AlimentosARCA, C.A. y la Corporación PTS, persisten los retrasosen el cumplimiento de los pagos por ambas partes contratantes;situaciones que evidencian debilidades en el cumplimientode la normativa que forma parte integrante delsistema de control interno y desfavorece el funcionamientoóptimo de la Fundación.RecomendacionesSe insta a las máximas autoridades de la FundaciónInstituto de Estudios Avanzados (IDEA) a:• Velar por el cumplimiento cabal de la normativainterna de la Fundación a los fines de garantizar laadecuada administración, manejo y disposición delpatrimonio público y la observancia de los requisitosy condiciones que deben cumplirse en la autorizaciónde las transacciones presupuestarias y financieras.• Hacer el seguimiento a los trámites del Ministerio delPoder Popular para Ciencia y Tecnología para queen función de las disponibilidades presupuestariasse materialice la entrega del sistema administrativo,bajo las regulaciones del software libre, de manera,que una vez concedido, se de celeridad a su instalacióny puesta en marcha.• Girar las instrucciones necesarias a las dependenciasinvolucradas en el proceso de conciliación de cuentascon la Concesionaria Empresa de Alimentos Arca,C.A. y la Corporación PTS; a realizarlas de maneraperentoria, a los fines de contar con cifras exactas yproceder a llegar a un acuerdo determinante con losrepresentantes de esas empresas.FUNDACIÓN INSTITUTO DE ESTUDIOS CORPORATIVOS(FIEC)SISTEMA DE CONTROL INTERNOLa Universidad Nacional Experimental “Simón Rodríguez”(UNESR) fue creada mediante Decreto PresidencialN° 1.582 del 24-01-74 (Gaceta Oficial N° 30.313 del 25-01-74), la cual tiene como objetivos formar y capacitar recursoshumanos que a corto, mediano y largo plazo demanden lasáreas prioritarias para alcanzar el desarrollo integral delpaís; vincular los procesos de aprendizaje a las necesidadesprácticas del trabajo en diferentes áreas y niveles operativos;entre otras. La UNESR en fecha 25-04-97 aprobó la creaciónde una Fundación que denominó Instituto UniversidadVirtual Simón Rodríguez, con personalidad jurídica propiay patrimonio autónomo, sin fines de lucro, de acuerdo alActa Constitutiva y Estatutos Sociales de fecha 29-05-97.Posteriormente, el Consejo Directivo de la UNESR en fecha24-10-2001 cambio su denominación por la de FundaciónInstituto de Estudios Corporativos-Universidad NacionalExperimental Simón Rodríguez (FIEC-UNESR), teniéndoselas siglas FIEC o IEC. La FIEC, tiene como finalidadapoyar a la Universidad en sus funciones de docencia,investigación, extensión y producción. La UNESR duranteel año 2005 efectuó transferencias a la FIEC que fueronaprobadas mediante Actas del Consejo Directivo Nos. 373y 12 Extraordinaria de fechas 15-03-2005 y 06-04-2005,respectivamente, materializándose a través de las órdenesde pago Nos. 678 y 688 de fechas 07-04-2005 y 08-04-2005 por las cantidades de Bs. 100,00 millones y 70,00millones, otorgados en calidad de préstamo y de donación,respectivamente, ascendiendo a un monto de Bs. 170,00millones, para cubrir la emergencia que presentó el personalde la UNESR con ocasión de la vaguada; igualmente, elConsejo Directivo en Acta N° 379 del 27-07-2005 aprobóla cantidad de Bs. 100,00 millones y Bs. 200,00 millones,a la citada Fundación lo cual se ejecutó de acuerdo a lasórdenes de pago Nos. 2093 y 2536 de fechas 29-07-2005 y04-08-2005, totalizando la cantidad de Bs. 300,00 millones,para cubrir diversos gastos con ocasión de la participaciónde estudiantes provenientes de los diferentes núcleos de laUniversidad, en el “XVI Festival Mundial de la Juventudy los Estudiantes”, para un total de Bs. 470,00 millonestransferidos por la UNESR a la Fundación.345

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007Alcance y objetivo de la actuaciónLa actuación se limitó a verificar la legalidad, sinceridady oportunidad de las operaciones efectuadas por la FIEC,con ocasión de los recursos transferidos por la UNESR, porla cantidad de Bs. 470,00 millones, durante el año 2005, y seorientó a evaluar los mecanismos de control interno implementadospor la FIEC en la administración de los recursostransferidos por la UNESR, así como, verificar si dichosrecursos se invirtieron en las finalidades previstas.Observaciones relevantesLa FIEC no contó con un Presupuesto de Ingresos yGastos que exprese la planificación financiera, así como,la información sobre los recursos presupuestarios que manejódurante el año 2005. Al respecto, los artículos 12, 13y 14 de la Ley Orgánica de la Administración Financieradel Sector Público (LOAFSP), Gaceta Oficial N° 38.198del 31-05-2005, establecen que los presupuestos públicoscomprenden todos los ingresos y los gastos para el cual seutilizarán las técnicas adecuadas para formular, ejecutar,seguir y evaluar las políticas, los planes de acción y laproducción de bienes y servicios de los entes y órganos delsector público, la incidencia económica y financiera de laejecución de los gastos y su vinculación con sus fuentesde financiamiento, así como, las fuentes y aplicacionesfinancieras, originen o no movimientos monetarios duranteel ejercicio económico financiero. Asimismo, el numeral5 de la Cláusula Décima Cuarta del Acta Constitutiva yEstatutos de la FIEC (protocolizados en fecha 24-10-2001),indica que son funciones del Consejo Ejecutivo, presentaral Comité Superior de la Fundación para su aprobación yconsideración, el Presupuesto de Ingresos y Gastos de laFundación. Tal situación obedece, a que las autoridadesque dirigen la Fundación son del criterio de que la misma,se encuentra excluida de la aplicación de la LOAFSP,toda vez que obtiene la totalidad de sus recursos productodel cobro de aranceles por el desarrollo de convenios deprofesionalización, ofrecidos por la universidad para cadaejercicio presupuestario, aunado a que no reciben aportesdel presupuesto de su ente tutelar (UNESR), ni fondosprovenientes del Tesoro Nacional por vía de la Ley dePresupuesto Público, en tal sentido, consideran que noestán obligados ajustar las operaciones financieras de laFIEC a las disposiciones de la citada Ley. Lo anteriormenteexpuesto, conlleva a que la FIEC no cuente con un instrumentode planificación, administración y control, que lepermita cumplir con las diferentes acciones que desarrollaen función de las políticas y objetivos programados en unejercicio económico.En ocasión de los recursos transferidos por la UNESRa la FIEC por Bs. 100,00 millones y Bs. 70,00 millones,otorgados en calidad de préstamo y de donación, respectivamente,que totalizaron la cantidad de Bs. 170,00 millones,para atender las emergencias presentadas por los funcionariosy estudiantes que fueron afectados en sus viviendas aconsecuencia de las vaguadas presentadas en el país, estaContraloría General de la República revisó y analizó unamuestra de 69 cheques que totalizaron la cantidad de Bs.164,12 millones, determinándose que la FIEC canceló Bs.53,34 millones, a estudiantes, trabajadores de la UNESRy de la Fundación, por concepto de “Donativo Especial”,sin la documentación justificativa que permitiera verificarla situación de emergencia que presentaban sus viviendasa consecuencia de la vaguada, así como los criterios quefueron aplicados para otorgar el beneficio y la rendicióndel recurso a la Universidad.Al respecto, los artículos 35 y 38 de la LOCGRSNCF,establecen que el control interno es un sistema adoptadodentro de un ente u organismo sujeto a esta Ley, para salvaguardarsus recursos, verificar la exactitud y veracidadde su información financiera y administrativa, promover laeficiencia, economía y calidad en sus operaciones, el cualdeberá garantizar que antes de proceder a realizar pagos,los responsables se aseguren que estos se hayan realizadopara cumplir compromisos ciertos y debidamente comprobados.Asimismo, el artículo 79 Reglamento N° 1 de laLey Orgánica de la Administración Financiera del SectorPúblico, sobre el Sistema Presupuestario (Gaceta OficialN° 5.781 Extraordinario del 12-08-2005), señala que losdocumentos comprobatorios de todo tipo de transaccióneconómica financiera, deben conservarse organizados ynumerados en orden consecutivo, en expedientes físicospara cada ejercicio económico financiero. Igualmente,los artículos 5 y 6 de las Normas Generales de Control346

Administración Nacional DescentralizadaSector del Desarrollo SocialInterno (NGCI), Gaceta Oficial N° 36.229 del 17-06-97,prevé que el control interno administrativo y contable loconforman las normas, procedimientos y mecanismos queregulan los actos de administración, manejo y disposicióndel patrimonio público y los requisitos y condiciones quedeben cumplirse en la autorización de las transaccionespresupuestarias y financieras; y a la protección de los recursosy a la confiabilidad de los registros de las operacionespresupuestarias y financieras.Lo antes expuesto obedece, a que no se tomaron oportunamentedecisiones dirigidas a implementar un adecuadosistema de control y rendición sobre los recursostransferidos por la UNESR, a través de la implantación deManuales de Normas y Procedimientos que permitierandeterminar en cada proceso la legalidad y sinceridad de lasoperaciones administrativas y financieras realizadas por laFIEC con tales recursos, toda vez que no se exigieron losdocumentos que justificaran la situación de emergenciaque presentaron los afectados a los cuales se les otorgóla donación, así como, la efectividad y oportunidad en larendición de cuentas ante la UNESR. Lo cual limita elejercicio adecuado de las actividades que se desarrollanen la Fundación con los recursos del Estado e incide enla evaluación de los procesos y no garantiza el correctodesempeño de la gestión administrativa.En relación con los recursos transferidos por Bs. 300,00millones, para atender diversos gastos que se originaronde la participación de estudiantes de la Universidad en el“XVI Festival Mundial de la Juventud y de los Estudiantes”no se evidenció la solicitud de apoyo económico por partede la FIEC; los documentos que demuestren el criterio yprocedimiento que se utilizó para emitir los pagos con cargoa la cantidad transferida, así como, la rendición de losmismos ante la UNESR. En este sentido, este OrganismoContralor revisó y analizó una muestra de 331 cheques loscuales totalizaron la cantidad de Bs. 198,27 millones, sinla documentación justificativa suficiente que permitieraverificar la legalidad y sinceridad de los pagos efectuados,determinándose lo siguiente: Bs. 140,07 millones, porconcepto de trípticos, carpetas de presentación, alimentos,bebidas, equipos celulares, tarjetas celulares, franelasestampadas, folletos afiches, arreglos florales, entre otros,sin documentación que refleje el control de la recepción ydistribución de lo adquirido para la participación de losestudiantes de la UNESR en el citado Festival, así como,la ubicación y estado actual de equipos celulares, así como,Bs. 58,20 millones, a estudiantes de la UNESR por conceptode “Bono” por apoyo logístico para el citado Festival, sindocumentación que evidencie el criterio y control aplicadopor la Universidad para la ejecución de los recursos conrelación a la asistencia y actividades que realizaron losestudiantes que participaron en el citado Festival.Situación que no se corresponde con lo previsto en losprecitados artículos 35 y 38 de la LOCGRSNCF, artículo79 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la AdministraciónFinanciera del Sector Público, sobre el SistemaPresupuestario, los artículo 7 y 17 de la Ley Contra laCorrupción (Gaceta Oficial N° 5.637 Extraordinario del07-04-2003), así como lo señalado por los artículos 5 y 6 delas NGCI, en concordancia con el artículo 23 de las citadasNormas, las cuales establecen la obligación de comprobardebidamente, así como, soportar todas las transaccionesfinancieras y económicas que ejecuta la administración.Lo antes expuesto obedece, a que no se aplicaron medidasde control interno dirigidas a la planificación, control y ala rendición efectiva de los recursos otorgados para cubrirlos gastos del citado Festival, que permitieran determinar lalegalidad y sinceridad de las operaciones administrativas yfinancieras realizadas por la FIEC con tales recursos, todavez que no se establecieron mecanismos que le permitierana la UNESR, asegurarse del destino dado a los recursostransferidos a la Fundación, mediante la designación delos funcionarios responsables de la logística del evento,así como, las actividades que les correspondían realizar,tales como: supervisión, ejecución, rendición de cuentasoportuna, presentación de resultados y beneficio obtenidocon ocasión de la participación de los estudiantes de laUNESR en el citado Festival. Lo que limita el controlde las actividades administrativas y financieras que seejecutan en la Fundación e incide en la evaluación de losprocesos y no garantiza el correcto desempeño de la gestiónadministrativa.Adicionalmente, de la revisión efectuada a las cuentascorrientes del FIEC N° 0134-0015-67-0153059683 “Fondo347

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007Rotatorio” y N° 0134-0015-67-0153044066 “Pote” ambasdel Banco Banesco, se observó, que la FIEC canceló gastosde la UNESR por la cantidad de Bs. 69,50 millones,de los cuales Bs. 52,94 millones, correspondían a pagospor concepto de viáticos y Bs. 16,56 millones, a gastosde representación; agasajos y ofrendas florales; teléfonoscelulares, tarjetas telefónicas; y ayuda estudiantil, sin quese evidenciara documentación justificativa suficiente quepermitiera verificar la legalidad y sinceridad de los mismos.Al respecto se observa la omisión de lo establecido en losartículos 35 y 38 de la LOCGRSNCF, que indican el controlinterno es un sistema para salvaguardar sus recursos,verificar la exactitud y veracidad de la información financieray administrativa, promover la eficiencia, economíay calidad en las operaciones, para garantizar que antes deproceder a realizar pagos se aseguren que se hayan realizadopara cumplir compromisos ciertos y debidamentecomprobados.Las situaciones descritas se originan por la falta de políticasdirigidas al establecimiento de efectivos controlesinternos a través de la implantación de Manuales de Normasy Procedimientos, que establezcan los pasos y procesos aseguir para el registro, control y rendición de los ingresos yaportes, que percibe la Fundación, que permita garantizar elcumplimiento del objeto establecido en el Acta Constitutivay Estatutos Sociales de la Fundación, así como, a la pocadiligencia de las máximas autoridades de la Universidad yde la FIEC en trabajar como un buen padre de familia quele permita el resguardo y la racionalidad de los recursos públicos.Lo que limita a la FIEC ejercer un adecuado controlde las actividades administrativas que desempeña.ConclusionesLos resultados expuestos en el presente Informe permitenconcluir que la FIEC, presenta debilidades de controlinterno, por ende, situaciones que no se ajustan a la normativaque regula la materia, ya que recibió recursos parafines sociales, no obstante, que el objeto de la Fundación,es la de apoyar a la UNESR en sus funciones de docencia,investigación, extensión y producción. Además para el año2005, inició sus actividades sin contar con herramientasbásicas de planificación, como son el Presupuesto de Ingresosy Gastos; se realizaron operaciones administrativas,contables, presupuestarias y financieras, sin evidenciarsela documentación justificativa suficiente que permitieraverificar la legalidad y sinceridad en la utilización de losrecursos otorgados por la Universidad a la FIEC. Situacionesque no garantizan el manejo adecuado y transparentede los recursos transferidos a la Fundación.RecomendacionesEn atención de las observaciones contenidas en el presenteInforme, está Contraloría General de la Repúblicainsta a la máxima autoridad de la Fundación a:• Coordinar conjuntamente con las autoridades de laUNESR, para que se creen los mecanismos de controlinterno que permitan asegurar el cumplimientode las normas constitucionales y legales, aplicablesen materia presupuestaria, a la transferencia de losrecursos que realiza la Universidad a la FIEC. Asimismo,se giren las instrucciones necesarias para quese implementen controles administrativos eficientes,que permitan constatar si los recursos se invierten enla finalidad prevista, así como, establecer mecanismosde supervisión y rendición oportuna.• Adoptar las acciones pertinentes para elaborar yaprobar en el ejercicio económico correspondiente,el Presupuesto de Ingresos y Gastos, a fin de que laFIEC cuente con las herramientas que le permitandesarrollar de manera efectiva y eficiente las políticasy objetivos programados.GALERÍA DE ARTE NACIONAL (GAN)CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LEGAL EN EL PRÉSTAMO DEOBRAS DE COLECCIÓN PERMANENTELa Fundación Galería de Arte Nacional actualmenteGalería de Arte Nacional (GAN) fue creada medianteDecreto N° 649 de fecha 07-12-1989 (Gaceta Oficial Nº34.366 de fecha 12-12-1989). Mediante Decreto PresidencialN° 3.585 del 08-04-2005 (Gaceta Oficial N° 38.218del 29-06-2005), se ordenó la supresión y liquidación de8 fundaciones museísticas, entre las que se incluyó a laGalería de Arte Nacional, y a su vez se creó la FundaciónMuseos Nacionales según Decreto N° 3.598 del 12-04-2005348

Administración Nacional DescentralizadaSector del Desarrollo Social(Gaceta Oficial 38.218 del 29-06-2005), la cual asumiólas funciones de las instituciones museísticas y le fuerontraspasados los bienes muebles e inmuebles propiedaddel Estado y que estaban asignados a las fundaciones queentraron a formar parte de ella.La Fundación Museos Nacionales es una organizaciónde Derecho Público integrante de la Administración NacionalDescentralizada y sujeta al control de este máximoÓrgano de Control, de conformidad con lo previsto en elartículo 9, numeral 11 de la Ley Orgánica de la ContraloríaGeneral de la República y del Sistema Nacional deControl Fiscal (LOCGRSNCF), Gaceta Oficial N° 37.347de fecha 17-12-2001, es un ente descentralizado sin finesempresariales, en virtud de lo establecido en el artículo7, numeral 1 de la Ley Orgánica de Administración Financieradel Sector Público (LOAFSP), Gaceta Oficial N°38.198 del 31-05-2005, en concordancia con lo previstoen el artículo 29, numeral 1, literal a, de la Ley Orgánicade Administración Pública (LOAP), Gaceta Oficial N°37.305 del 17-10-2001.Los presupuestos de Ingresos y Gastos aprobados a laFundación Museos Nacionales (FMN), para los ejercicioseconómicos 2005 y 2006, ascendieron a Bs. 11.209,72millones y Bs. 38.741,51 millones (Gacetas Oficiales Nros.38.322 del 25-11-2005 y 5.795 Extraordinario de fecha20-12-2005). Durante el año 2005 le fueron asignadosrecursos a la Galería de Arte Nacional por Bs. 5.079,50millones (Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.743 de fecha13-12-2004).Alcance y objetivo de la actuaciónLa actuación se circunscribió a los años 2005 y 2006,tuvo como objetivo específico verificar las medidas correctivasimplementadas por la Galería de Arte Nacional,en atención a las recomendaciones formuladas en elInforme Definitivo N° 43 del 30-08-2004. El análisis fueselectivo y se evaluaron los expedientes de préstamosde obra durante los años del alcance de la actuación,expedientes de la colección permanente de la GAN deconformidad con las normas legales y sublegales quelas regulan.Observaciones relevantesNo se ubicaron en los archivos de la GAN documentosque demuestren que fueron revisados y aprobadosinstructivos para préstamos de obras de la colecciónpermanente, procedimiento para el registro de obrasen tránsito, normas para el ingreso y egreso de obrasy procedimientos de movimientos de obras. En consecuencia,esta Contraloría General de la Repúblicamantiene la recomendación, en virtud de que la GANno ha efectuado la revisión y posterior aprobación de losprocedimientos que regulan el manejo y custodia de lasobras de arte. En tal sentido, la Galería no ha atendidola recomendación objeto de seguimiento, no obstante,lo establecido en el artículo 10, literal d, de las NormasGenerales de Control Interno (NGCI) Gaceta OficialN° 36.229 del 17-06-1997, el cual prevé que los nivelesdirectivos y gerenciales de los organismos y entidadesdeben evaluar las observaciones y recomendaciones formuladaspor los organismos y dependencias encargadasdel control externo e interno y promover la aplicaciónde los respectivos correctivos.De la revisión efectuada a los soportes documentalesdel único préstamo de obras en comodato realizado durantelos años 2005 y 2006, correspondiente a las 48 obras deArte de Armando Reverón para la exposición del artistaauspiciada por el Museo de Arte Moderno (MOMA) deNew York, no se encontró evidencias de que el ConsejoDirectivo del museo realizara solicitud de autorizaciónante el comodante o que delegara tal diligencia en otrainstancia del museo. En consecuencia esta ContraloríaGeneral de la República ratifica la observación formulada,no obstante lo establecido en el artículo 10, literal d, delas NGCI.De la revisión efectuada a la póliza de seguros defecha 27-05-2004, cuya vigencia es desde el 25-05-2004hasta el 25-05-2005, se observó que las obras de artede la colección permanente fueron aseguradas por Bs.23.625,00 millones y para el año 2006 la FundaciónMuseos Nacionales aseguró por Bs. 32.250,51 millones,mediante póliza válida desde 31-12-2005 hasta el31-12-2006, la cual incluía todas las obras de arte de los349

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007museos que conforman la fundación, lo cual demuestraque los montos asegurados no cubren totalmente elvalor de mercado de las obras de la galería teniendo encuenta que para el año 2003 dicho valor estaba por elorden de Bs. 46.250,00 millones, por lo que en caso deocurrir algún siniestro el valor reembolsado no seríasuficiente para restituir la obra dañada. En atención alo anteriormente descrito, la recomendación formuladaen el Informe Definitivo N° 43 del 30-08-2004, no fueatendida en los términos señalados por esta ContraloríaGeneral de la República, no obstante lo establecido enel artículo 10, literal d, de las NGCI.De la revisión efectuada se observó que se adquirieron10 deshumificadores por Bs. 8,52 millones para serinstalados en los depósitos de la GAN, se desalojaron lasobras de arte que se encontraban depositadas en el áreade los sótanos, por problemas de humedad. Asimismo, seevidenció que en la Galería de Arte en fecha 30-03-2005,se contrató los servicios profesionales por Bs. 3,27 millones,para la elaboración del proyecto de climatizaciónde los depósitos de obras de arte, para la conclusión delproyecto, la GAN debía entregarle al contratado los planosde la arquitectura y estructura del área exterior de laedificación conjuntamente con la ubicación definitiva dela sala de máquina, información no le fue suministradapor complicaciones desde el punto de vista estructural yarquitectónico las partes acordaron el finiquito del contrato,por lo que tal problemática a la fecha (31-05-2007),de la presente actuación aún no había sido subsanada. Enconsecuencia esta recomendación no fue atendida en lostérminos señalados por esta Contraloría General de laRepública, no obstante, lo establecido en el artículo 10,literal d, de las NGCI.ConclusionesLas recomendaciones formuladas por esta ContraloríaGeneral de la República mediante Informe Definitivo N° 43del 30-08-2004, relacionado con la evaluación del sistemade control interno en el manejo y custodia de las obrasde arte propiedad de la galería, así como las recibidas encomodato no han sido atendidas en los términos señaladospor este Organismo Contralor.RecomendacionesEste Órgano de Control recomienda perentoriamenteal Consejo Directivo de la Fundación Museos Nacionales,lo siguiente:• Girar las instrucciones pertinentes para revisar yaprobar los procedimientos que regulen el manejoy custodia de las obras de arte, con el propósito deformalizar y legalizar tales procedimientos.• Tomar las medidas necesarias dirigidas a solicitar laautorización del comodante previo a la decisión deotorgar en préstamo las obras de arte ingresadas a lagalería en calidad de comodato.• Girar las instrucciones necesarias para que la totalidadde las obras de arte pertenecientes a la colecciónpermanente de la Galería de Arte sean aseguradasa su valor de mercado, a los fines de garantizar larestitución de las obras por su valor real en caso deeventuales siniestros.• Realizar las diligencias pertinentes dirigidas a laampliación de las áreas de almacenamiento de lasobras y la adquisición y mantenimiento de los equiposde climatización y seguridad de las mismas,en función de las disponibilidades de la FundaciónMuseos Nacionales.INSTITUTO DE PREVISIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL PARAEL PERSONAL DEL MINISTERIO DEL PODER POPULARPARA LA EDUCACIÓN (IPASME)CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LEGALEl Instituto de Previsión y Asistencia Social del Ministeriode educación y Deportes (IPASME) fue creado el 23de noviembre de 1949, según Decreto Ley N° 337 de laJunta Militar de Gobierno, en respuestas a las demandasde los educadores y comienza a funcionar efectivamenteel 01-05-1950, posteriormente mediante Decreto N° 513de fecha 09-01-1959 (Gaceta Oficial N° 25.861 de fecha13-01-1959), se publica el Estatuto Orgánico del Institutode Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministeriode Educación, vigente en la actualidad. MedianteDecreto N° 1012 de fecha 04-10-2000 (Gaceta Oficial N°37.051 de fecha 05-10-2000), se ordenó la Reestructuraciónde la Dirección y Administración del IPASME. Es un350

Administración Nacional DescentralizadaSector del Desarrollo SocialInstituto Autónomo que detenta personalidad jurídica ypatrimonio propio e independiente, está bajo la tutela delMinisterio de Educación y Deportes (actual Ministerio delPoder Popular para la Educación), y tiene como funciónla protección social y mejoramiento de las condiciones devida de sus miembros, de los parientes inmediatos de éstosy de sus herederos, con sede en la ciudad de Caracas y sussedes regionales a nivel nacional, sujeto al control de estemáximo Órgano Contralor, de conformidad con lo previstoen el artículo 9, numeral 6 de la Ley Orgánica de la ContraloríaGeneral de la República y del Sistema Nacional deControl Fiscal (Gaceta Oficial. N° 37.347 del 17-12-2001),ello sin perjuicio del control que le corresponde ejercer asu Órgano de Control Interno.Alcance y objetivos de la actuaciónLa actuación se orientó a la evaluación de las actividadescumplidas por el Instituto de Previsión y Asistencia Socialdel Ministerio de Educación y Deportes (IPASME), con elobjeto de verificar si las mismas se ajustaron a la Normativalegal vigente que las regula, durante el año 2005 y primertrimestre de 2006.Observaciones relevantesLa Dirección General de Créditos del IPASME, elaboró paralos ejercicios fiscales 2005 y 2006, el Plan Operativo Anual,los cuales no fueron aprobados por la máxima autoridad delInstituto de Previsión y Asistencia Social del Ministerio deEducación y Deportes (IPASME). Al respecto, el artículo18 de la Ley Orgánica de la Administración Financieradel Sector Público (LOAFSP), Gaceta Oficial N° 38.198del 31-05-2005, señala que las autoridades correspondientesdesignarán a los funcionarios encargados de lasmetas y objetivos presupuestarios, quienes participaránen su formulación y responderán del cumplimiento delos mismos y la utilización de los recursos asignados, asícomo, los artículos 16 y 17 de las Normas Generales deControl Interno (NGCI), establecen que la planificacióndebe ser una función institucional permanente, sujetaa evaluación periódica, así como los planes, programasy proyectos de cada organismo o entidades deben estaren concordancia con los planes nacionales, estadalesy municipales, y formularse con base en estudios ydiagnósticos actualizados, teniendo en cuenta la misiónde la institución. Tal situación se presentó, porque esaDirección General no formuló sus planes con base enestudios, estimaciones y diagnósticos actualizados quepermita el funcionamiento planificado y el seguimientooportuno de los resultados, a los fines de dar respuestaeficiente a los beneficiarios de Créditos Hipotecarios.Lo que trajo como consecuencia, que no se cumpla conlos requisitos y formalidades autorizatorias previstas enla normativa a los fines de revestir de legalidad las modificaciones,y planes operativos.Se efectuaron 5 traspasos presupuestarios durante el año2005, por la cantidad de Bs. 66.610,00 millones, aprobadospor la Junta Administradora del IPASME. Por otra parte, enlos referidos traspasos se evidenciaron 2 operaciones devariaciones de créditos presupuestarios aprobados por laJunta Administradora del IPASME, mediante ResolucionesN° 01114 y 05-6421 de fechas 20-09-2005 y 09-12-2005por Bs. 30.000,00 millones y 9.000,00 millones, respectivamente,cuyas partidas cedentes de recursos fueron:1.01-01-01-03, 4.06-03-05-00, 4.06-14-02-01, 4.06-14-02-02 y 4.05-04-08-00 (Activo Circulante Disponibles enCaja y Bancos, Compromisos Pendientes de EjerciciosAnteriores, Disminución de Provisiones para Cargas SocialesEmpleados, Disminución de Provisiones para CargasSociales Obreros y Disminución de Prestamos al SectorPrivado a Mediano y Largo Plazo). Al respecto, el artículo104 numeral 1 y parágrafo único del Reglamento N° 1 dela (LOAFSP), Gaceta Oficial N° 5.781 Extraordinario defecha 12-08-2005, prevé que, sin perjuicio de lo que establezcael instructivo del sistema de modificaciones presupuestariasdictado por la ONAPRE, las modificacionespresupuestarias que requieran los entes descentralizadosfuncionalmente sin fines empresariales se regirán segúnlas condiciones siguientes: Los traspasos de créditospresupuestarios entre partidas de un mismo o distintoprogramas, mayores al diez por ciento (10,00%), seránautorizados por la Oficina Nacional de Presupuesto. Lostraspasos de hasta el diez por ciento (10,00%) y mayoresal cinco (5,00%), deberán ser autorizados por la máximaautoridad del organismo de adscripción; y los traspasos dehasta el cinco (5,00%), los autorizará la máxima autoridad351

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007del ente descentralizado conforme a lo que establezca elmanual de procedimientos del sistema de modificacionespresupuestarias del ente, y el Parágrafo Único de dichoartículo, establece que cuando la suma de los traspasos queafecten a una misma partida, cedente o receptora, alcanceo supere al diez por ciento (10,00%) o al cinco (5,00%)respectivamente, de los créditos originales, deberán seraprobados conforme a lo previsto en el presente artículo.Lo expuesto obedece a debilidades en los procedimientoscumplidos para aprobar y autorizar adecuadamente talesmodificaciones. Tal situación trae como consecuenciaque el manejo de las transacciones presupuestarias de lostraspasos entre partidas no cumplió con las disposicioneslegales, limitando el ejercicio de un adecuado control internoy externo sobre las actividades presupuestarias quedesarrolló el Instituto durante el año 2005.De la revisión llevada a cabo a la documentación suministradapor la Oficina de Finanzas y Dirección Generalde Créditos, soporte de los préstamos otorgados a losafiliados del IPASME, para la adquisición de viviendas, seevidenció que presuntamente fueron sustraídos, falsificadosy cobrados cheques irregularmente, emitidos por laOficina de Finanzas y en contra del IPASME, tal como sedescribe a continuación: Para el ejercicio económico 2003,presuntamente fueron sustraídos del IPASME 15 cheques,por la cantidad de Bs. 337,50 millones; durante los mesesde septiembre, octubre y noviembre del año 2004, se detectarondocumentos que eran presuntamente facsímilesde 13 cheques por la cantidad de Bs. 254,38 millones; losmismos fueron cobrados por ciudadanos con cédula deidentidad falsa; en el año 2005, se detectaron 25 chequespor un monto total de Bs. 715,76 millones, por otra parte,en el mismo año 2005, a través del Convenio Interadministrativo2003-2008 identificado como Interconvenio, aprobadomediante Resolución N° 0419 de fecha 06-02-2004,por la Junta Administradora del IPASME; se detectaron 94cheques que ascienden a la cantidad de Bs. 46,60 millones,y para el ejercicio económico 2006, 5 cheques destinadosal otorgamiento de Créditos Hipotecarios y 3 chequescorrespondientes a Créditos Personales, presuntamentefacsímiles, emitidos por el IPASME, dicha suma alcanzó unmonto de Bs. 182,67 millones, los mismos fueron cobradospor ciudadanos con cédula de identidad falsa. Al respecto,los artículos 7 y 17 de la Ley Contra La Corrupción (LCC),señalan respectivamente, que los funcionarios y empleadospúblicos deben administrar y custodiar el patrimonio públicocon decencia, decoro, probidad y honradez, igualmenteel artículo 36, de la Ley Orgánica de la Contraloría Generalde la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal(LOCGRSNCF), establece que corresponde a las máximasautoridades jerárquicas de cada ente la responsabilidadde organizar, establecer, mantener y evaluar el sistema decontrol interno, el cual debe ser adecuado a la naturaleza,estructura y fines del ente, por otra parte, el artículo 38,numeral 4, de la Ley antes citada, indica, que el sistema decontrol interno que se implante en los entes y organismos,deberá garantizar que antes de proceder a realizar pagos,los responsables deben asegurarse del cumplimiento delrequisito, entre otros, que se realicen para cumplir compromisosciertos y debidamente comprobados, salvo quecorrespondan a pagos de anticipos a contratista o avancesordenados a funcionarios conforme a las leyes. Asimismo,el artículo 39 eiusdem, señala que los gerentes, jefes o autoridadesadministrativas de cada departamento, sección ocuadro organizativo específico deberán ejercer vigilanciasobre el cumplimiento de las normas constitucionales ylegales de los planes y políticas, y de los instrumentosde control interno, sobre las operaciones y actividadesrealizadas por las unidades administrativas y servidoresde las mismas bajo su directa supervisión y los artículos10 y 24 de las NGCI, señalan: que los Niveles Directivosy Gerenciales deben vigilar permanentemente la actividadadministrativa de las unidades.Esta situación se debe, al actuar poco diligente de losfuncionarios públicos encargados de dirigir, coordinar,supervisar y realizar seguimientos sistemáticos y permanentesa los procesos de guardia, custodia y controlesaplicados por el IPASME en el manejo de los recursos asignadospor el Ejecutivo Nacional a través del Presupuesto, enconsecuencia no se aplicaron controles internos adecuadosy oportunos que permitieran detectar tales desviaciones enprocura de salvaguardar los intereses patrimoniales, tantodel IPASME, como del Estado venezolano.El sistema automatizado puesto en marcha por el IPASMEno tiene incorporado el Módulo de Tesorería adscrito a la352

Administración Nacional DescentralizadaSector del Desarrollo SocialOficina de Finanzas, no obstante, lo establecido en el artículo12 parte in fi ne de la Ley Orgánica de la AdministraciónPública (LOAP), el cual señala que a los fines de darcumplimiento a los principios establecidos en la citada Ley,los órganos y entes de la Administración Pública deberánutilizar las nuevas tecnologías que desarrolle la ciencia,tales como los medios electrónicos, informáticos y telemáticos,para su organización, funcionamiento y relación conlas personas, en concordancia con los artículos 3 y 31 de lasNGCI, el cual establecen, respectivamente, que el controlinterno de cada organismo o entidad debe organizarse conarreglo a conceptos y principios generalmente aceptadosde sistemas y estar constituidos por las políticas y normasformalmente dictadas. Esta situación se debe, que el Institutoestá en proceso de la instalación de un servidor de redcon sistemas operativos, lo que trae como consecuencia,que el IPASME no disponga de una herramienta adecuadaque le facilite el suministro de información oportuna sobrelas operaciones realizadas y limita a la máxima autoridadcontar con la disponibilidad financiera, confiable, sincera,a un momento determinado.A la fecha de la actuación (julio 2006) no existíanconciliaciones bancarias para los años 2003 al 2006 de lascuentas corrientes Nros. 134-0389-92-3891072219 y 134-0389-93-3891072227 de Banesco Banco Universal. Sobreel particular, el artículo 26 de las NGCI, señala que todaslas transacciones que ejecute un organismo o entidad y queproduzcan variaciones en sus activos, pasivos, patrimonio,ingresos y gastos y, en general en cualquiera de las cuentasque conforman el sistema, deberán ser objeto de registrocontable en los libros principales y auxiliares correspondientes,en concordancia con lo previsto en el artículo 4numeral 3 de las Normas Generales de Contabilidad delSector Público (NGCSP), el cual señala que: Los Sistemasde Contabilidad, deberán sustentarse, entre otros, en elPrincipio de Registro el cual señala, los hechos contablesdeben reconocerse y registrarse oportunamente, de una solavez, en orden cronológico, consecutivo, sin que existan vacíosu omisiones en la información. Esta situación, se debea la ausencia de mecanismos de control interno adecuadosque permita obtener la información bancaria de formaoportuna y pertinente. En consecuencia, está situación, nopermitió detectar desviaciones en la emisión de chequespor concepto de otorgamiento de créditos hipotecarios aafiliados del IPASME, los cuales presuntamente han venidocobrándose irregularmente por falsificación.Los funcionarios responsables del manejo de las cuentasbancarias y de la guarda y custodia de los documentos oinstrumentos financieros (cheques), no prestaron las debidascauciones, no obstante, lo establecido en el artículo161 de la LOAFSP, en concordancia, con el artículo 53 desu Reglamento N° 1, el cual señala que los funcionariosencargados de la administración y liquidación de ingresosnacionales o de la recepción, custodia y manejo de losfondos o bienes públicos, prestarán caución antes de entraren ejercicio de sus funciones. Está situación se debe a laactuación poco diligente de la máxima autoridad y de losgerentes del área, en cuanto, a la observación y aplicaciónde las disposiciones legales que regulan la prestación dela caución. En ese sentido, se informa que el propósito dela misma es ofrecer una garantía sobre las cantidades derecursos y bienes manejados por los funcionarios responsables,en consecuencia, el retraso en el cumplimiento de talresponsabilidad genera que los recursos que administranno se encuentren garantizados.En la Oficina de Finanzas se observó que no existenmedidas de seguridad, tendentes a restringir la entrada depersonas no autorizadas para permanecer en esta área, todavez que se evidenció la permanencia constante de beneficiariosen dicho recinto, en este sentido, el artículo 36 dela LOCGRSNCF, señala que corresponde a las máximasautoridades jerárquicas de cada ente la responsabilidadde organizar, establecer, mantener y evaluar el sistemade control interno. Situación que se origina a la falta desupervisión directa y control de las actividades que realizala Oficina de Finanzas, evidenciándose una situación decaos interna y no permite el adecuado resguardo de losrecursos públicos del Instituto.Los Estados Financieros del IPASME emitidos por la firmade Contadores Públicos Independientes de los años finalizadosel 31-12-2003 y al 31-12-2004, expresan que: los estadosfinancieros antes mencionados no presentan razonablementela situación financiera del Instituto al 31-12-2003y 31-12-2004, ni los resultados de sus operaciones, ni los353

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007movimientos de sus efectivos para el ejercicio económico.Al respecto, el artículo 4 numeral 5 de las NGCSP, señalaque los estados financieros deben contener en forma claray comprensible toda la información necesaria que expreselos resultados y la situación económica financiera del ente,en concordancia con el artículo 6 numerales 2 y 7 eiusdem,según el cual la información contable contenida en los estadosfinancieros periódicos que se elaboren deberá cumplirentre otros, con los requisitos relativos a la oportunidad.Tal situación obedece a la falta de coordinación entre lasDivisión de Contabilidad y la Oficina de Finanzas. Loque trae como consecuencia, que la información contablecontenida en los estados financieros presentados para lasfechas antes citadas, no reflejan razonablemente la situacióncontable y financiera del IPASME.ConclusionesDe la evaluación a las actividades cumplidas por laDirección General de Créditos Hipotecarios del Institutode Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministeriodel Poder Popular para la Educación (IPASME), seevidenciaron situaciones que no se ajustan a la normativalegal vigente que regula el funcionamiento de los organismosde la Administración Pública. Toda vez, que seobservaron deficiencias en el sistema de control internoempleado en el proceso de tramitación y otorgamiento deCréditos Hipotecarios a sus afiliados, así como, presuntasirregularidades en el manejo de los recursos asignados porel Ejecutivo Nacional, para el financiamiento de los créditoshipotecarios, como son: los Planes Operativos de los ejerciciosfiscales 2005 y 2006, los cuales no fueron aprobadospor la máxima autoridad; existen debilidades en el sistemade control interno, atinente al seguimiento y control de lasdisponibilidades presupuestarias y financieras relativas ala oportunidad en la formalización de las modificacionespresupuestarias que implican incrementos o variacionesde los créditos presupuestarios del Programa Crediticio; ala Dirección General de Créditos Hipotecarios, se le asignórecursos presupuestarios durante el año 2005, por Bs.229,81 mil millones, a través de la sub-partida específica“Concesiones de préstamos al sector privado a mediano ylargo plazo”, evidenciándose debilidades en el proceso deprogramación y planificación de las metas en función de losrecursos disponibles; se realizaron 2 traspasos presupuestariosque carecen de formalidad al no estar aprobados porel Órgano Administrativo competente que es la ONAPRE; seevidenció que presuntamente fueron sustraídos, falsificadosy cobrados cheques irregularmente por el monto de Bs.1.536,91 millones, estos hechos presuntamente irregulares,en contra de los intereses patrimoniales del IPASME; laCoordinación de Tesorería no lleva un control tanto de ladisponibilidad presupuestaria, y la financiera, no obstante,fue implementado en el mes de septiembre el Módulo deTesorería, no existen las conciliaciones bancarias para losaños 2003 al 2006, el IPASME, mantiene abiertas cuentasbancarias no operativas en diversas entidades bancariasdel país; así mismo, cuenta con 21 cuentas bancarias operativaspara el manejo de los fondos públicos del IPASME.Lo que no garantiza el adecuado manejo de los recursosque le son asignados al Instituto, para el otorgamiento decréditos hipotecarios a sus afiliados.RecomendacionesSe insta al Presidente y demás miembros de la JuntaAdministradora del IPASME a:• Girar las instrucciones necesarias a la Dirección Generalde Créditos Hipotecarios del IPASME, a los fines, deponer en práctica conjuntamente con las dependenciasinvolucradas los mecanismos de control que permitanobtener información confiable y oportuna en cuanto,a la Programación y Planificación, tramitación,otorgamiento, registro, control y seguimiento a loscréditos hipotecarios otorgados a sus afiliados, en prodel fortalecimiento del sistema de control interno dela organización.• Realizar las diligencias conducentes, a los fines deque el proceso de elaboración y aprobación del PlanOperativo Anual, se lleve a cabo en los lapsos previstospara ello, tal como lo establece la normativa yestablecer los mecanismos necesarios de control paragarantizar su cumplimiento.• Instar a los responsables del área presupuestaria paraque procedan a la implantación de mecanismos decontrol interno adecuado a la naturaleza del IPASMEy su funcionamiento debe estar relacionado con elproceso medular del referido Instituto, así como, los354

Administración Nacional DescentralizadaSector del Desarrollo Socialtrámites de aprobación de la reformulación del presupuestode ingresos y gastos, sean presentados a laONAPRE oportunamente.• Girar instrucciones a los responsables del seguimientoal Módulo de Tesorería incorporado en el sistema automatizado,a los fines de que la información emitida,sea validada, tanto lo relativo a los Pagos, como a laConformación de Cheques Bancarios, a los fines deque el saldo de la disponibilidad financiera y presupuestaria,sea oportuna, sincera y confiable.• Tomar las medidas pertinentes, con el propósito deactualizar las conciliaciones bancarias, a los fines deque la información contable reflejada en el rubro delflujo de efectivo, esté ajustada razonablemente deacuerdo a los Principios de Contabilidad de AceptaciónGeneral.• Emprender las acciones pertinentes, dirigidas a sincerarlas cuentas bancarias operativas, inmovilizadasen diversas entidades bancarias, a los fines de garantizarun manejo adecuado de los recursos asignadosal IPASME.INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL (IPC)EJECUCIÓN DE PROYECTOEl Instituto del Patrimonio Cultural (IPC) es un servicioautónomo, sin personalidad jurídica, creado por la Leyde Protección y Defensa del Patrimonio Cultural (GacetaOficial N° 4.623 Extraordinario de fecha 03-09-1993),actualmente está adscrito al Ministerio del Poder Popularpara la Cultura y sujeto al control de este máximo OrganismoContralor de conformidad con lo establecido en elartículo 9 numeral 1 de la Ley Orgánica de la ContraloríaGeneral de la República y del Sistema Nacional de ControlFiscal (LOCGRSNCF), Gaceta Oficial N° 37.347 de fecha17-12-2001. Tiene por objeto todo lo concerniente a ladefensa del patrimonio cultural de la República, así comola identificación, preservación, rehabilitación, defensa, salvaguarday consolidación de los bienes de interés culturalasí declarados que se encuentran en el territorio nacionalo que ingresan a él o quien quiera que sea su propietarioy goza de autonomía administrativa, en el ejercicio de susfunciones. Cabe señalar, que en el año 1996, el ConsejoNacional de la Cultura (CONAC) ordenó la restauración yconservación del Cuartel San Carlos, tarea que asumióel IPC, para ello realizó trabajos de investigación y obraspreliminares de conservación y prevención para la recuperaciónde las instalaciones del Cuartel antes identificadoen una primera y segunda etapa, el cual consistió en ellevantamiento planimétrico, el registro fotográfico y losproyectos de obras preliminares, así como los estudioshistóricos, urbanísticos constructivos y arqueológicos,entre otros. Una vez culminados los estudios preliminaresa finales del año 2005, el IPC desarrolló el proyecto dirigidoa restaurar el Cuartel San Carlos, para su adecuacióna “Museo Temporal de los Nuevos Museos”, como unainiciativa del Ministerio de la Cultura (actual Ministeriodel Poder Popular para la Cultura), con la finalidad de crearun espacio de investigación, educación, esparcimiento yrecreación de la población venezolana.Para el año 2006, al instituto le fueron aprobados recursospor Bs. 28.499,88 millones, de los cuales inicialmentese destinaron Bs. 5.430,00 millones, para la ejecución delproyecto, cifra que representó el 19,05% del presupuesto delIPC, y posteriormente, se incrementó en Bs. 2.299,47 millones,ascendiendo al 31-12-2006 a Bs. 7.729,40 millones.Alcance y objetivo de la actuaciónLa actuación se orientó a la evaluación selectiva de lasoperaciones realizadas por el Instituto del Patrimonio Cultural(IPC) con los recursos percibidos para la ejecución delproyecto “Restauración y Puesta en Uso del Cuartel SanCarlos”, con ocasión de su adecuación a “Museo Temporalde los Nuevos Museos”, durante el año 2006.Observaciones relevantesEl instituto aplicó el procedimiento excepcional deadjudicación directa en 34 contrataciones, de las cualesse constató que celebró 24 contratos con 8 asociacionescooperativas que intervinieron en la restauración y puestaen uso del Cuartel San Carlos, por Bs. 2.198.22 millones,la decisión de la máxima autoridad del IPC en el actomotivado de fecha 06-02-2006, se fundamentó por unaparte, en que para efectuar tales contrataciones se apoyóen el Decreto N° 2.847 del 09-03-2004 (Gaceta Oficial355

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007N° 37.894 del 09-03-2004), mediante el cual se dictanlas “Medidas Temporales para el Establecimiento deCategorías y Montos de Contratos reservados para lasAsociaciones Cooperativas”, y por la otra, a la urgenciaen la entrega de la restauración del Cuartel San Carlos.Sin embargo, es conveniente indicar, que el mencionadoDecreto N° 2.847, en el cual la máxima autoridad del IPCsustentó el acto motivado para la adjudicación directa,fue derogado por el Decreto N° 3.798 (Gaceta Oficial N°38.242 del 01-08-2005), el cual se encontraba vigente parael momento en el cual se efectuó la contratación, cuyopropósito es dar preferencia a la suscripción de contratosreservados a empresas alternativas, dentro de las cualesse ubican entre otras, las asociaciones cooperativas,cuya selección debe efectuarse de conformidad con losprocedimientos de selección de contratistas previstos enel Título III (artículos 41 al 89) de la Ley de Licitaciones(Gaceta Oficial N° 5.556 Extraordinario de fecha 13-11-2001).En ese sentido, cabe destacar, que el artículo 4 del citadoDecreto N° 3.798 del 01-08-2005, vigente para la fechade las contrataciones, señala que los procedimientos deselección del contratista previstos en el Decreto con Fuerzade Ley de Reforma Parcial de la Ley de Licitaciones,se declaran reservados para las empresas alternativas loscontratos por la concurrencia de los montos y las categorías,destacándose en el literal C, del citado artículo, en elítems obras, aquellas consideradas como obras menores deinstalación y terminación: pintura, tabiques, pisos, techoraso, frisado, ventanales, persianas, puertas y escaleras,así como la remodelación, ampliación y mejora de obras,observándose que tales categorías no se corresponden conla restauración de monumentos históricos.Ahora bien, no obstante, estar reservadas las referidascontrataciones a empresas alternativas, entendiéndosepor éstas, de conformidad con el artículo 2 eiusdem, “laspersonas jurídicas de carácter social y participativo, condomicilio principal y excluyente de cualquier otro enVenezuela, que hayan sido constituidas de acuerdo con lalegislación que le sea aplicable, tales como cooperativas,empresas familiares, microempresas y cualquier otra formade asociación comunitaria para el trabajo”; el órgano o entecontratante deberá observar lo previsto en la Ley de Licitacionesy otorgar la buena pro, a las empresas alternativasque estén debidamente inscritas en el Registro Nacionalde Contratistas y que cumplan con las demás formalidadesprevistas en la ley que sea aplicable al caso, tal como lodisponen los artículos 3 y 7 del mencionado Decreto N°3.798 del 01-08-2005. De lo antes expuesto se desprende,que las contrataciones que se lleven a cabo con empresasalternativas deberán sujetarse a lo previsto en el citado artículo61 de la Ley de Licitaciones, motivado a que el valorde la obra que nos ocupa, fue superior a 25.000 UT.Por su parte, el numeral 5 del artículo 38 de la LOCGR-SNCF establece que antes de proceder a la adquisición debienes o servicios o la elaboración de otros contratos queimpliquen compromisos financieros, los responsables debenasegurarse del cumplimiento de los términos previstosen la Ley de Licitaciones y demás normativas aplicables.Cabe destacar, que el procedimiento excepcional deadjudicación directa solo resulta procedente en los supuestosprevistos en los artículos 87 y 88 de la Ley de Licitaciones,previa realización del correspondiente concursoprivado o consulta de precios, previstos en los artículos28 al 32 del Decreto N° 4.032, mediante el cual se dictael Reglamento Parcial del Decreto de Reforma Parcialde la Ley de Licitaciones (Gaceta Oficial N° 38.313 del14-11-2005), los cuales prevén que se puede proceder poradjudicación directa, independientemente del monto dela contratación, siempre y cuando la máxima autoridaddel órgano o ente contratante, mediante acto motivado,justifique adecuadamente su procedencia, si los bieneso servicios a contratar los produce, vende o presta unsolo fabricante o proveedor, o cuando las condicionestécnicas de determinado bien excluyen toda posibilidadde competencia; o en caso de emergencia comprobadadentro del respectivo organismo o ente.Por su parte, el artículo 5 de la Ley de Licitaciones, señalaque una Emergencia Comprobada, son los hechos o circunstanciassobrevenidas que tienen como consecuencia la paralizacióno la amenaza de paralización total o parcial de lasactividades del ente, y en vista de que el proceso medular dela institución, está orientado hacia la identificación, preserva-356

Administración Nacional DescentralizadaSector del Desarrollo Socialción, rehabilitación, defensa y salvaguarda y consolidaciónde las obras declaradas monumentos históricos nacionales,las cuales eran situaciones previsibles por el IPC, éstas nopodrían ser utilizadas para obviar los procesos licitatoriosprevistos en la Ley de Licitaciones, y así proceder a la adjudicacióndirecta de contrataciones de obras y servicios, sinconsiderar las normas legales que persiguen como propósitola mejor selección de las adquisiciones y contrataciones, a travésde un proceso de amplia competencia y de la manera mástransparente, lo cual tiende a lograrse mediante la ejecuciónde los procesos licitatorios que corresponde aplicar, condiciónque afecta la transparencia de la operación a los efectosde obtener las mejores condiciones técnicas y económicas,así como la oferta más ventajosa para las contratacionesque efectuó el IPC, aunado a que se observó que la máximaautoridad del IPC, sustentó la adjudicación directa a talescontrataciones en una normativa derogada que no excluyea las asociaciones cooperativas del proceso licitatorio respectivoy fundamentando la premura de la restauración delcuartel con una situación de emergencia que era previsiblepor el IPC. Conviene acotar además, que de la inspecciónrealizada por este Organismo Contralor, se evidenció que nohubo restauración, vale decir, que las actividades realizadasno estuvieron dirigidas a preservar para el futuro ese bien deun valor histórico incalculable, devolviéndole la eficienciay originalidad que tuvo en su momento, contrariamente seobservó la destrucción del carácter histórico y originario quetenía. Por lo antes expuesto, la urgencia en la ejecución delos trabajos de restauración, no debe confundirse con unasituación de emergencia, menos aún cuando los trabajosdirigidos a los estudios y obras preliminares de conservacióndatan del año 1996.Los hechos anteriormente descritos, tienen su origen enque la máxima autoridad del IPC no ha establecido medidaseficientes de control, que le permitan asegurarse de laestricta aplicación de la normativa dictada al efecto, dadoque no fue sometida la contratación de las obras y serviciosque implicaban la restauración del Cuartel San Carlos en suconjunto al proceso de licitación respectivo, sino que por elcontrario, se procedió a adjudicar directamente la mayoríade las contrataciones a asociaciones cooperativas, sin considerarque éstas no eran especialistas en restauración, niposeían experiencia en trabajos anteriores relacionados conesta especialidad, y fundamentando el acto motivado en losartículos 1, 2, y en el numeral 2 del artículo 3 del DecretoN° 2.847 del 09-03-2004, en el cual se dictan las “MedidasTemporales para el Establecimiento de Categorías y Montosde Contratos Reservados para las Asociaciones Cooperativas”,así como a la urgencia en la ejecución de los trabajosde restauración para la entrega del cuartel. Lo que trajocomo consecuencia, que no se realizara una convocatoriapública que permitiera la participación de diversos oferentes,para que el instituto procediera a escoger la ofertamás conveniente, que garantizara la efectiva restauracióny preservación de dicho Monumento Histórico Nacional,situación que no se ajusta a los principios de transparencia,honestidad, competencia y publicidad que debe observarseen la selección de contratistas.De la revisión efectuada a la documentación soporte delas contrataciones realizadas con las asociaciones cooperativas,se observó que los actos motivados que sustentan lacontratación de trabajos para la ejecución de pisos, frisos,pintura, construcción de la calzada, de las vías de acceso,rehabilitación de áreas, obras varias de carpintería, herrería,albañilería, drenajes, demoliciones y acometidas eléctricas,entre otros, fueron firmados por diferentes instancias, a saber:por la empresa contratada para llevar la Gerencia Técnicade Obras, por la Coordinación de Contrataciones y por laUnidad de Procesos. Sin embargo, el Reglamento Parcial delDecreto de Reforma Parcial de la Ley de Licitaciones, TítuloII De la Adjudicación Directa, en el artículo 29 prevé que launidad del ente contratante que se encargue de efectuar lascompras o contratación, justificará la selección del oferenteadjudicatario mediante acto motivado. Teniendo en cuenta loestablecido en la normativa antes citada, además de que enel IPC no existen manuales que contengan las atribucionesconferidas a cada una de las dependencias del instituto y deque una de las instancias que firmó actos motivados fue laempresa contratada por el IPC llevar la Gerencia Técnica,la cual no es una unidad que pertenezca a la estructura organizativadel ente, podemos indicar que para la emisión dedichos actos motivados no se cumplieron las disposicionesque rigen la materia, en consecuencia el instituto efectuócontrataciones fundamentándose en actos motivados que nose ajustaron a los procedimientos y previsiones contenidasen la Ley de Licitaciones y su reglamento.357

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007ConclusionesEn el proceso llevado a cabo por el Instituto del PatrimonioCultural para la ejecución del Proyecto de “Restauración yPuesta en Uso del Cuartel San Carlos”, existen circunstanciasque no se ajustan a las normas relativas a la contratación deobras y servicios, toda vez que se efectuaron adjudicacionesdirectas, fundamentándose en normas derogadas, los actosmotivados que sustentaron tales adjudicaciones fueron aprobadospor instancias distintas a las previstas en la Ley deLicitaciones, asimismo, se obviaron las disposiciones de laLey de Licitaciones en lo que se refiere a los procedimientosde selección aplicables, aunado a lo anterior, las cooperativascontratadas no eran especialistas en ejecutar trabajos derestauración, por lo que las actividades realizadas no estuvierondirigidas a preservar el valor histórico del bien. Loque no garantiza que los trabajos de restauración aplicados almonumento histórico Cuartel San Carlos; se hayan realizadoconsiderando el valor que éste representa como patrimoniocultural del Estado.RecomendacionesSe insta a la máxima autoridad del Ministerio del PoderPopular para la Cultura a:• Implementar los mecanismos de control y dictar la normativainterna, que garantice que las contrataciones querealice el IPC para la ejecución de obras relacionadascon la puesta en valor de los bienes declarados patrimoniocultural, se ejecuten conforme a la normativaprevista y asegurando la preservación, protección yresguardo del patrimonio cultural del Estado.• Establecer medidas eficientes de control, que asegurenla aplicación de la normativa dictada en materia delicitaciones en cuanto a la contratación de obras y servicios,así como, la normativa aplicable en materia decontrol, en atención a la naturaleza jurídica del ente.INSTITUTO NACIONAL DE COOPERACIÓN EDUCATIVA(INCE)CONTRATACIÓN DE OBRASEl INCE fue creado mediante Gaceta Oficial N° 26.043de fecha 22-08-1959, reformada en Gaceta Oficial N°29.115 del 08-01-1970, adscrito al Ministerio para la EconomíaPopular-MINEP (Gaceta Oficial N° 38.124 de fecha10-02-2005), tiene como misión ser líder de la FormaciónProfesional en diferentes oficios de la República Bolivarianade Venezuela, desarrolla acciones dirigidas a formary capacitar a la Población Económicamente Activa quedemandan los sectores productivos, la sociedad y el Estado,viabilizando su participación social en la generación debienes y servicios, contribuyendo al desarrollo económicoy tecnológico del país, expresado en el mejoramiento de lacalidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas; y comoVisión ser una institución destacada por la calidad de suservicio educativo, proporcionado a través del Sistema deFormación Profesional y caracterizado por la diversidad deoportunidades de participación en procesos de formacióny capacitación continuos, actualizados tecnológicamente,erigiéndose como elemento dinamizador de cambios en laestructura social y económica, otorgándole a la PoblaciónEconómicamente Activa, las herramientas necesariaspara el crecimiento sostenido del país, en el marco delnuevo modelo de desarrollo endógeno. De acuerdo consu Reglamento (Gaceta Oficial N° 37.809 de fecha 03-11-2003), el INCE estará constituido por un nivel jerárquicorepresentado por el Consejo Nacional Administrativo yun Comité Ejecutivo, a quienes corresponde la direccióny administración del instituto; por un nivel gerencial medio,constituido por las Gerencias Generales y GerenciasRegionales, y por un nivel operativo, conformado por lasEscuelas Especiales como Centros de Formación y Capacitación.El control administrativo, funcional y el monitoreode las dependencias anteriormente citadas, según lo dispuestoen el artículo 4° del citado Reglamento, prevé quela misma será ejercida por el Comité Ejecutivo del INCE,el cual establecerá los procesos de plataforma tecnológicay operativa que considere necesarios.En la Ley de Presupuesto del año 2005 (Gaceta OficialN° 5.743 Extraordinario de fecha 13-12-2004), le fueronaprobados recursos al INCE por Bs. 338.810,73 millones, delos cuales Bs. 335.791,00 millones corresponden a ingresoscorrientes y Bs. 3.019,73 millones a ingresos de capital, loscuales fueron distribuidos en el presupuesto de gastos enBs. 318.773,36 millones a gastos corrientes, Bs. 19.650,00millones a gastos de capital y Bs. 387,37 millones a apli-358

Administración Nacional DescentralizadaSector del Desarrollo Socialcaciones financieras. En el año 2006, le fueron aprobadosrecursos (Gaceta Oficial N° 5.795 Extraordinario del 20-12-2005), por Bs. 516.076,25 millones, de los cuales Bs.488.023,18 millones corresponden a ingresos corrientes,Bs. 2.317,64 millones ingresos de capital y Bs. 25.735,42millones a fuentes financieras, el presupuesto de gastos fuedistribuido en Bs. 392.988,45 millones a gastos corrientes,Bs. 52.391,74 millones de capital y Bs. 70.696,06 millonesa aplicaciones financieras.La Isla de Tacarigua se encuentra localizada dentro delLago de Valencia, en el municipio Carlos Arvelo del estadoCarabobo, a la cual se accede por varios muelles ubicadosalrededor del lago y tiene como población de tierra firmamás cercana, a la ciudad de Güigue y Yuma, con una superficieaproximada de 600 hectáreas.Alcance y objetivos de la actuaciónLa actuación se orientó a la evaluación selectiva de lasoperaciones relativas a la contratación de obras suscritaspor el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE),específicamente a los trabajos ejecutados en la Isla de Tacariguao Isla del Burro, durante los años 2005 y 2006. En talsentido, se plantearon los siguientes objetivos específicosverificar si el proceso que llevó a cabo el INCE para la selección,contratación y ejecución física y financiera de lasobras ejecutadas por las empresas contratistas en la Isla deTacarigua, se realizó conforme a la normativa legal aplicable;evaluar las actividades que llevó a cabo el INCE paraconstituir un Núcleo de Desarrollo Endógeno (NUDE) enla citada isla; y evaluar los mecanismos de control internovinculados con el resguardo y archivo de la documentaciónrelacionada con los contratos evaluados.Observaciones relevantesEl INCE durante el año 2006, realizó contrataciones con2 empresas contratistas por vía de adjudicación directa, noobstante en vista de que presentaban características similaresy sumaban un monto total de Bs. 1.129,24 millones,debieron ser sometidas a un procedimiento de licitacióngeneral, por cuanto el monto superaba el límite fijado porla Ley de Licitaciones (Gaceta Oficial N° 5.556 Extraordinariode fecha 13-11-2001) para la adjudicación directa,y tal como lo establece el numeral 2 del artículo 61 de laLey antes citada, el cual señala que se deberá procederpor licitación general: (…) 2. En el caso de construcciónde obras, si el contrato a ser otorgado es por un montoestimado superior a 25.000 UT, Bs. 840,00 millones, conbase al valor de la Unidad Tributaria (UT) fijada para el año2006 a razón de Bs. 33.600,00 (Gaceta Oficial N° 38.350del 04-01-2006). La situación en referencia, se originó alactuar poco diligente de los funcionarios responsables delproceso, al tomar decisiones basadas en criterios al margende la normativa antes transcrita y procedimientos distintosa los que correspondía aplicar según los montos de dichascontrataciones, y a las debilidades en el sistema de controlinterno implantado por el INCE en la contratación de obras,lo que trae como consecuencia que la contratación de lasobras en referencia, se efectuó sin vigilar el estricto cumplimientoa lo establecido en la normativa dictada sobre lamateria, por lo cual en tales operaciones, no se garantizó elcumplimiento de los principios de transparencia, honestidad,igualdad y competencia, los cuales tienden a lograrsemediante los procesos licitatorios.De los informes emitidos por el personal del INCE,MINEP y de otros organismos públicos, así como de lasentrevistas que efectuó este Organismo Contralor, al personalque cumplió labores de coordinación e inspecciónen dicha isla, así como la revisión y análisis efectuado aun universo de 96 órdenes de pago y los soportes de lasadquisiciones de materiales y equipos adquiridos parallevar a cabo actividades en el Núcleo de DesarrolloEndógeno (NUDE) Negra Matea (Isla de Tacarigua), seobservó que en 47 órdenes de pago no se evidenciaron lassolicitudes de los materiales y equipos, donde se señalenlas características y especificaciones de los bienes queserían adquiridos en el NUDE, y en 49 órdenes de pago,las solicitudes de materiales no cuentan como la firma ysello de conformación por parte de los responsables deelaborar y autorizar la compra de dichos bienes. Sobre elparticular, los artículos 131 y 134 de la Ley Orgánica de laAdministración Financiera del Sector Público (LOAFSP),Gaceta Oficial N° 38.198 de fecha 31-05-2005, establecenque el sistema de control interno tiene por objeto asegurarel acatamiento de las normas legales, asegurar la obtención359

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007de información administrativa y operativa útil, confiable yoportuna para la toma de decisiones, y a su vez la máximaautoridad tiene la responsabilidad de establecer y mantenerel sistema de control interno adecuado a la naturaleza,estructuras y fines de la organización, en concordanciacon el artículo 23 de las Normas Generales de ControlInterno (NGCI), Gaceta Oficial N° 36.229 de fecha 17-06-1997, donde se establece que todas las transacciones yoperaciones financieras, presupuestarias y administrativasdeben estar respaldadas con la suficiente documentaciónjustificativa. Tales circunstancias se debieron a deficienciasen los mecanismos de control interno establecidos por elINCE, para la supervisión y control de las solicitudes demateriales y equipos necesarios para llevar a cabo las actividadesque se realizarían en el referido NUDE, generandofalta de confiabilidad y transparencia de las operacionesefectuadas, toda vez que no existieron controles efectivospara la adquisiciones de los mismos.Las obras ejecutadas en la isla relacionadas con la remodelaciónde la antigua cárcel, los funcionarios adscritos a laContraloría del estado Carabobo, en su informe de inspecciónde fecha 11-04-2007, indicaron que se hicieron demolicionesa la caseta principal de la entrada al penal, la cercade alambre de alfajor o alambres de púas donde recibíanlas visitas (espacios) los presos civiles o militares, fueroneliminadas en un 80,00% aproximadamente; el inmuebleque servía de celda a los encarcelados, le fue demolido eltecho y la mayor parte de las rejas; las instalaciones sanitariasque usaban los presos y visitantes no se conservan yexisten algunas alambradas de púas rodeando los galpones.En este sentido, los artículos 35 y 39 de la Ley Orgánicade la Contraloría General de la República y del SistemaNacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), Gaceta OficialN° 37.347 de fecha 17-12-2001, indican que el control internoes un sistema que comprende las políticas, normas, asícomo los métodos y procedimientos adoptados dentro de unente u organismo, para salvaguardar sus recursos, verificarsu exactitud y veracidad de su información financiera yadministrativa, así como los gerentes, jefes o autoridadesadministrativas de cada departamento, sección o cuadroorganizativo específico deberán ejercer vigilancia sobre elcumplimiento de las normas constitucionales y legales yde los instrumentos de control interno de las operacionesy actividades realizadas por las unidades administrativas yservidores de la misma, bajo su directa supervisión. Talescircunstancias fueron originadas por la ausencia de unadecuada planificación, control y seguimiento de las actividadesque se llevaron a cabo en la Isla de Tacarigua, loque no garantizó la economía, confiabilidad y eficiencia enlos trabajos ejecutados, por cuanto se realizaron obras quequedaron inconclusas, adquisición de materiales y equipossin las especificaciones requeridas, así como la pérdida ymal uso de los mismos, ejecución de obras adicionales oextras por errores en los planos o por la inexistencia delos mismos, originándose posibles pérdidas que afectan elpatrimonio de la Nación.No se evidenció en el expediente de una empresa contratista,los soportes que corresponden al Registro Mercantil,Acta Constitutiva y constancia de inscripción enel Registro Nacional de Contratistas (RNC) y no fueronsuministrados los expedientes de 4 empresas contratistas,razón por la cual no se obtuvo soporte documental, entreotros, del Registro Mercantil, Acta Constitutiva e inscripciónen el RNC. Al respecto, los artículos 131 y 134 de laLOAFSP y 23 de las NGCI, establecen que el sistema decontrol interno debe asegurar el acatamiento de las normaslegales, la obtención de información útil, confiabley oportuna y respaldada con la suficiente documentaciónjustificativa. Lo antes expuesto obedece, a debilidades enel sistema de control interno del archivo, dirigidos al resguardode los expedientes de las empresas contratistas involucradasen los procesos licitatorios, concursos privadosy/o consulta de precios, toda vez que el mismo no permiteubicar oportunamente los documentos que respaldan lasoperaciones realizadas por el Instituto, particularmentelos documentos contentivos de los expedientes de las empresascontratistas, a los fines de la demostración formalde tales transacciones y la rendición de cuenta respectiva.En consecuencia tal situación limita al INCE mantenerun adecuado sistema de control interno en la custodia yresguardo de la documentación relativa a las citadas empresas,así como, a los órganos de control fiscal, verificarel cumplimiento de los principios constitucionales y lanormativa que le es aplicable, y a esta Contraloría General,ejercer las funciones que en materia de control le han sidoatribuidas constitucional y legalmente.360

Administración Nacional DescentralizadaSector del Desarrollo SocialConclusionesDe los resultados obtenidos de la actuación practicadaen el INCE, vinculada con la evaluación a las operacionesrelativas a la contratación, selección y ejecución de obras,a ser ejecutadas en la Isla de Tacarigua, se observaronsituaciones que no se ajustan a la normativa que regula lamateria y contrarias a principios que rigen las actividadesde la administración pública, así como, debilidades en elsistema de control interno administrativo, que inciden enel correcto manejo de los recursos y por ende afectan elpatrimonio público del Estado, situaciones no garantizan elmanejo adecuado y transparente de los recursos asignadosal INCE, así como la preservación del acervo históricoexistente en la citada isla.RecomendacionesSe insta al presidente y demás miembros del ComitéEjecutivo del INCE a:• Emprender las acciones necesarias con el objeto deasegurar el cumplimiento de la Ley de Licitaciones,en la contratación de obras, a los efectos de cumplircon los procesos licitatorios que le es aplicable parala selección de contratistas, tomando en consideraciónlas características similares y los monto sumados ensu conjunto de las obras previstas a ejecutar, lo cualva en beneficio de los intereses patrimoniales delinstituto.• Ejercer las acciones necesarias dirigidas a establecerlas responsabilidades disciplinarias que fueranprocedentes, para quienes aprobaron la ejecuciónde los trabajos dirigidos más a la destrucción quea la preservación del patrimonio que constituye laIsla de Tacarigua, sin menoscabo de las accionesciviles, penales y administrativas a que hubierelugar. Asimismo, coordinar con los organismoscompetentes, las diligencias pertinentes a los finesde que las instalaciones históricas de la Islade Tacarigua (cárcel) sean nombradas patrimoniocultural e histórico.• Adoptar adecuados controles internos que garanticenque las adquisiciones de materiales a ser efectuadaspara la ejecución de obras cuenten con las respecti-vas solicitudes y con la debida aprobación del nivelcompetente.• Emprender las medidas necesarias dirigidas a asegurarel debido archivo de la documentación relacionadocon los contratos por concepto de obras.INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES (IND)ASIGNACIÓN DE RECURSOS A LA FEDERACIÓN VENEZOLANADE BÉISBOLEl Instituto Nacional de Deportes es un instituto autónomocon personalidad jurídica y patrimonio propio,creado mediante Decreto N° 164 de fecha 22-06-1949(Gaceta Oficial Nº 22.952 del 23-06-1949), bajo la tuteladel Ministerio de Deporte, según Decreto N° 5.022 del27-11-2006 (Gaceta Oficial N° 38.574 del 29-11-2006). Esun ente descentralizado sin fines empresariales, en virtudde lo establecido en el artículo 7, numeral 1 de la Ley Orgánicade la Administración Financiera del Sector Público(LOAFSP), Gaceta Oficial N° 37.606 del 09-01-2003, enconcordancia con lo previsto en el artículo 29, numeral 1,literal a, de la Ley Orgánica de Administración Pública(LOAP), Gaceta Oficial N° 37.305 del 17-10-2001, y estásujeto al control de este máximo Órgano Contralor, deconformidad con lo previsto en el numeral 6, artículo 9 dela Ley Orgánica de la Contraloría General de la Repúblicay del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF),Gaceta Oficial N° 37.347 del 17-12-2001.Esta evaluación se centró en el Programa 03: Deportede Rendimiento, cuya unidad ejecutora es la DirecciónGeneral de Deporte de Rendimiento, que tiene comoobjetivo dirigir, controlar y supervisar el deporte de altorendimiento en el país, en coordinación con las diferentesfederaciones deportivas.La Federación Venezolana de Béisbol (FEDEBEISBOL), quese constituye como la máxima entidad rectora del béisbol enVenezuela, constituida jurídicamente como una asociaciónde carácter civil sin fines de lucro, funcionalmente autónomay apolítica, la cual se rige por sus estatutos, así comopor los reglamentos y acuerdos emanados de la AsambleaGeneral y de su Junta Directiva y por la Ley del Deporte,sus reglamentos y por otras leyes que le sean aplicables.361

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007Los presupuestos de Ingresos y Gastos aprobados al INDpara los ejercicios económicos 2004 y 2005, asciendena Bs. 219.124,77 millones y Bs. 263.787,41 millones(gacetas oficiales Nros. 5.678 y 5.743 extraordinariosdel 16-12-2003 y 13-12-2004, respectivamente). Dichospresupuestos fueron modificados a Bs. 242.075,13 millonesy Bs. 861.470,80 millones, respectivamente, como consecuenciade créditos adicionales y saldo de caja al final delos períodos económicos.Alcance y objetivos de la actuaciónLa auditoría se circunscribió a los ejercicios económicos2004 y 2005, y tuvo como objetivos evaluar el cumplimientode los mecanismos de control interno implantados en elIND, a efectos de determinar si ejerce un efectivo controly seguimiento sobre la Federación Venezolana de Béisbol(FEDEBEISBOL), en cuanto al destino dado a los recursosotorgados; así como verificar la legalidad y sinceridaden el proceso de asignación de los recursos económicosa dicha federación, dirigidos al desarrollo de la actividaddeportiva. El análisis fue selectivo y se evaluaron los aportesentregados para la asistencia a los eventos deportivosque se efectuaron durante los años objeto de análisis. Esconveniente señalar que se aplicó la técnica de regresiónpara evaluar los pagos, lo que explica haber incluido elaño 2003.Observaciones relevantesDe la revisión efectuada a la documentación soportede los pagos realizados por el Instituto Nacional de Deportesen ocasión del Mundial de Béisbol (Taiwán, 2004),se evidenció que la selección nacional juvenil “AAA”de béisbol no asistió al mencionado evento mundial; sinembargo, para los años 2003, 2004 y 2005 se generarongastos que totalizan Bs. 164,03 millones, relacionadoscon la preparación de la citada selección, adquisiciónde material deportivo y compra de boletos aéreos. Asimismo,se observó que el Directorio del IND en sesiónordinaria del 01-09-2004 aprobó la reprogramacióndel Plan Operativo de la federación para el año 2004,específicamente para incorporarle Bs. 62,90 millonesa la actividad del Campeonato Mundial de Taiwán; espreciso señalar, que para esa misma fecha estaba pautadoel inicio de ese evento. Al respecto, la Ley Contra laCorrupción (Gaceta Oficial N° 5.637 Extraordinario del07-04-2003) establece en su artículo 17 que “Los funcionariosy empleados públicos deberán administrar losbienes y recursos públicos con criterios de racionalidady eficiencia, procurando la disminución del gasto y lamejor utilización de los recursos disponibles en atencióna los fines públicos”; asimismo, las Normas Generalesde Control Interno (NGCI), Gaceta Oficial N° 36.229del 17-06-1997, en su artículo 3° literal c) prevén queel control interno de cada entidad debe procurar la eficiencia,eficacia, economía y legalidad de los procesosy operaciones institucionales y el acatamiento de laspolíticas establecidas por la máxima autoridad de dichaentidad; las cuales están implementadas por el institutoen el manual de organización y en el Manual de Normasy Procedimientos de Solicitud de Aportes, Tramitaciónde Pagos y Rendición de Cuentas de las Federaciones.Por otra parte, es preciso señalar que la función de planificacióndebe ser perfectible, por lo que deben evaluarsesus resultados, para comprobar el cumplimiento de losobjetivos y metas; controlar su desarrollo, a través de la participaciónde las partes en la supervisión y evaluación delcumplimiento de las acciones planificadas y la proposiciónde correctivos; tal como lo refieren los artículos 12 al 16 dela Ley Orgánica de Planificación (LOP), Gaceta Oficial N°5.554 Extraordinario del 13-11-2001, en concordancia conlos artículos 16 y 31 de las NGCI, siendo en este últimodonde se precisa la responsabilidad de la máxima autoridad,en garantizar la existencia de sistemas o mecanismos coninformación acerca del desempeño de la organización, paracontrolar y evaluar la gestión.Lo anteriormente expuesto obedece a las debilidades enla planificación y a la falta de coordinación entre el INDcomo ente encargado de planificar actividades deportivasy la federación como facilitadora de la práctica deportiva,aunado a las debilidades en el sistema de control interno,al no dar cumplimiento a la normativa interna del instituto,que prevé en su manual de normas y procedimientos quepodrán incorporarse las modificaciones a los planes operativosde las federaciones, una vez realizado el análisis de362

Administración Nacional DescentralizadaSector del Desarrollo Sociallos ajustes trimestrales. En consecuencia, la no asistencia dela selección nacional a ese evento mundial generó un dañoal patrimonio de la República, por el orden de Bs. 29,24millones por deuda contraída por Venezuela con la FederaciónInternacional de Béisbol por concepto de afiliacióny multa, así como, pago de multa por daños causados a laFederación de Béisbol de Taiwán.De la revisión efectuada a la documentación soportedel aporte de Bs. 29,24 millones otorgado por el IND ala FEDEBEISBOL por concepto de afiliación a la FederaciónInternacional de Béisbol y pago de multa a la Federaciónde Béisbol de Taiwán, se observó que dicho pago no contabacon el apartado de crédito presupuestario respectivo,no obstante lo establecido en el artículo 1 de la Ley dePresupuesto para el ejercicio fiscal 2004 (Gaceta OficialN° 5.678 Extraordinario del 16-12-2003), el cual prevéque los montos indicados en esta ley constituyen para laRepública los límites máximos de las autorizaciones paracomprometer y causar gastos, además de lo dispuesto enel artículo 49 de la Ley Orgánica de la AdministraciónFinanciera del Sector Público (LOAFSP), Gaceta OficialN° 37.978 del 13-07-2004, no se podrán adquirir compromisospara los cuales no existan créditos presupuestarios,ni disponer de créditos para una finalidad distinta a laprevista. El IND recibió en calidad de préstamo US$13.000,00 a la tasa de cambio vigente de Bs. 2.150,00/US$ equivalente a Bs. 27,95 millones, de parte del funcionariotitular del cargo de Director General de Deportede Rendimiento de ese instituto, para pagar multas antela Federación Internacional de Béisbol y la Federaciónde Béisbol de Taiwán, por la inasistencia al Mundial deBéisbol en Taiwán 2004, según lo evidenciado en recibossimples de fechas 31-05-2005 y 08-08-2005, emitidos pordicho funcionario y por el instituto, respectivamente, noobstante lo establecido en el artículo 27 de las NGCI, elcual prevé que las formas pre-impresas tales como recibosy demás documentos que se utilicen para la sustentaciónde operaciones, serán numeradas correlativamente almomento de su impresión y su uso será controlado. Conrespecto a las relaciones del IND con los particulares, esconveniente indicar que los artículos 142 de la Constituciónde la República Bolivariana de Venezuela (GacetaOficial N° 5.453 Extraordinario del 24-03-2000) y 95 dela Ley Orgánica de la Administración Pública (GacetaOficial N° 37.305 del 17-10-2001) indican, respectivamente,que los institutos autónomos están sujetos al controldel Estado, en la forma que la Ley lo establezca, ya queson personas jurídicas de Derecho Público y de reservalegal, creadas por Ley Nacional, dotados de patrimoniopropio y sus fuentes ordinarias de ingresos provienendel Ejecutivo Nacional (resaltado nuestro). Asimismo,los artículos 6 y 7 de la mencionada Ley Orgánica serefieren a las garantías que debe ejercer la administraciónpública a los particulares y viceversa, y no establecen ensu contenido lo relacionado con recibir préstamo en dinerode particulares para cubrir gastos corrientes.En los archivos del IND no reposan los soportes documentalesque permitan determinar el monto del gasto porboletos de pasajes aéreos y viáticos fuera del país realizadospor el consultor jurídico del instituto en ocasión del viaje aLausanne, Suiza, desde el 01-06-2005 hasta el 05-06-2005,con el fin de asistir a la reunión de Comité Ejecutivo y CongresoMundial de la Federación Internacional de Béisbol.No obstante, el artículo 23 de las NGCI dispone que todaslas transacciones de carácter financieras, presupuestariasy administrativas deben estar respaldadas con la suficientedocumentación justificativa; asimismo, las Normas Generalesde Contabilidad del Sector Público (Gaceta OficialN° 36.229 del 17-06-1997), en los artículos 8 y 10 prevénque todas las operaciones que afecten la Hacienda Públicadeben tener un control lógico de archivo y estar respaldadaspor los documentos soportes que determine la normativalegal y reglamentaria.Las situaciones expuestas obedecen a la ausencia demecanismos de control interno que permitan ejercer unaefectiva vigilancia sobre los procesos que canalizan la actividadoperativa en el instituto y que están a cargo de lagerencia alta y media de la institución. En consecuencia,la actividad administrativa en la cual se desenvolvieron losaspectos descritos, se ejecutó sin considerar los principiosconstitucionales de transparencia, legalidad y eficiencia enla utilización de los recursos presupuestarios, limitando elIND para ejercer el control sobre su gestión y al OrganismoContralor disponer de información confiable sobre lastransacciones efectuadas.363

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007La Federación Venezolana de Béisbol no rindió cuentaal IND del aporte de Bs. 120,00 millones, otorgado parasufragar los gastos por concepto de asistencia al CampeonatoMundial Categoría Juvenil “AAA”, a efectuarse en laciudad de Taiwán-China del 1° al 13 de septiembre de 2004,no obstante que las federaciones deportivas están obligadasa rendir cuenta por el manejo de los fondos públicos aportados,de conformidad con lo establecido en los artículos141 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,52 de la Ley Orgánica de la Contraloría Generalde la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal,32 numeral 3 y 36 numeral 7 de la Ley del Deporte y en laNorma N° 13 del Manual de Normas y Procedimientos “Solicitudde Aporte, Tramitación de Pagos y Rendiciones deCuentas de las Federaciones”; asimismo, el citado manualen las Normas Nros. 16 y 17 dispone que las federacionesque hayan recibido subsidios deberán presentar ante laUnidad de Auditoría Interna del instituto, por cada aporterecibido, toda la documentación que justifique los gastosrealizados sujetos a rendición de cuentas, la cual deberealizarse dentro de los 20 días consecutivos de finalizadoel evento o la preparación correspondiente; y que cuandono hayan rendido cuenta de los fondos obtenidos del IND,culminado el evento o actividad y a entera satisfacción dela Unidad de Auditoría Interna del instituto, no podránrecibir nuevos aportes hasta tanto presenten la documentacióncorrespondiente.La situación expuesta se debe a la ausencia de mecanismosde control en el IND que permitan detectar y corregirtal desviación, por la falta de coordinación, comunicacióny control entre las dependencias de dicho instituto encargadasde otorgar y controlar los aportes, y a la pocadiligencia para obtener la rendición respectiva. Cabeseñalar que la FEDEBEISBOL tiene la obligación de presentarla rendición de cuentas al IND, a los fines de quese verifique el manejo dado a los recursos otorgados.Asimismo, esa federación al recibir subsidios está sujetaa las previsiones de la ley en materia de Derecho Público,por cuanto los recursos entregados a particulares porlos entes del sector público se consideran patrimoniopúblico, ya que están dirigidos a satisfacer el interésgeneral, de conformidad con lo establecido en el artículo4, Primer Aparte de la Ley Contra la Corrupción. Enconsecuencia, la FEDEBEISBOL no cumplió con la obligaciónde demostrar formal y materialmente la correcciónde la administración, manejo o custodia de los recursos,en función de la transparencia en el control de gestiónque debe ejercer el IND, sobre dicha federación.ConclusionesLa actividad administrativa del Instituto Nacional deDeportes (IND) se desenvolvió sin considerar los principiosconstitucionales de eficacia, eficiencia, transparencia y legalidaden el manejo de los recursos que le fueron confiadosen atención a los fines públicos; en ese sentido, existen debilidadesen la planificación de las actividades deportivasy falta de coordinación entre el instituto y la FEDEBEISBOLcomo facilitador de la práctica deportiva, aunado a la ausenciade mecanismos de control interno que canalicen talactividad, afirmaciones que se sustentan en que el IND debiópagar multas a la Federación Internacional de Béisbol y ala Federación de Béisbol de Taiwán, por la inasistencia dela selección venezolana al Mundial de Béisbol de Taiwán2004, pago éste que no contaba con el apartado de créditopresupuestario respectivo, y que para hacerlo efectivo recibióun préstamo personal en dólares de un funcionario de lainstitución. Asimismo, se observó en cuanto a los recursosotorgados para sufragar gastos relacionados con el eventomundial celebrado en Taiwán, que aun cuando la federaciónno asistió a dicha competencia, no los reintegró ni rindiócuenta de los mismos. Situaciones que dificulta el adecuadomanejo de los recursos otorgados al instituto, para contribuircon la formación deportiva de la población venezolana.RecomendacionesSe recomienda al Directorio del Instituto Nacional deDeportes lo siguiente:• Controlar que los recursos otorgados a la FEDEBEISBOLsean utilizados eficientemente, de tal manera que loscompromisos contraídos con entes deportivos internacionalessean honrados, a fin de prevenir le sean aplicadassanciones que afecten el patrimonio público.• Coordinar con la FEDEBEISBOL las acciones necesariaspara efectuar una adecuada planificación de las actividadesdeportivas e impartir las instrucciones perti-364

Administración Nacional DescentralizadaSector del Desarrollo Socialnentes a efectos de que los aportes a otorgarle, cuentencon el apartado presupuestario respectivo, sean objetode autorización por la instancia competente dentro delinstituto y obedezcan a dicha planificación.• Instar a las gerencias involucradas en el otorgamientode aportes, así como del control sobre las rendicionesde cuenta, a establecer los mecanismos de controlinterno, dirigidos a ejercer una efectiva vigilanciasobre el destino y uso de dichos recursos por parte dela Federación Venezolana de Béisbol.INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES (IND)ASIGNACIÓN DE RECURSOS A LA FEDERACIÓN VENEZOLANADE BOXEOEl Instituto Nacional de Deportes es un instituto autónomocon personalidad jurídica y patrimonio propio,creado mediante Decreto N° 164 de fecha 22-06-1949(Gaceta Oficial Nº 22.952 del 23-06-1949), bajo la tuteladel Ministerio de Deporte (actual Ministerio del PoderPopular para el Deporte), según Decreto N° 5.022 del 27-11-2006 (Gaceta Oficial N° 38.574 del 29-11-2006). Es unente descentralizado sin fines empresariales, en virtud delo establecido en el artículo 7, numeral 1 de la Ley Orgánicade la Administración Financiera del Sector Público(LOAFSP), Gaceta Oficial N° 37.606 del 09-01-2003, enconcordancia con lo previsto en el artículo 29, numeral 1,literal a, de la Ley Orgánica de Administración Pública(LOAP), Gaceta Oficial N° 37.305 del 17-10-2001, y estásujeto al control de este máximo Órgano Contralor, deconformidad con lo previsto en el numeral 6, artículo 9 dela Ley Orgánica de la Contraloría General de la Repúblicay del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF),Gaceta Oficial N° 37.347 del 17-12-2001.Esta evaluación se centró en el Programa 03: Deportede Rendimiento, cuya unidad ejecutora es la DirecciónGeneral de Deporte de Rendimiento, que tiene comoobjetivo dirigir, controlar y supervisar el deporte de altorendimiento en el país, en coordinación con las diferentesfederaciones deportivas.En la actualidad el IND tiene registradas 62 federacionesdeportivas, las cuales son organizaciones de carácterprivado, a las cuales les corresponde coadyuvar con losórganos competentes del Estado para el cumplimiento delos fines del deporte. Centrando la atención en la FederaciónVenezolana de Boxeo (FEVEBOX), como la máxima entidadrectora del boxeo en Venezuela, constituida jurídicamentecomo una asociación de carácter civil sin fines de lucro,funcionalmente autónoma y apolítica, la cual se rige porsus estatutos, así como por los reglamentos y acuerdosemanados de la Asamblea General y de su Junta Directivay por la Ley del Deporte, sus Reglamentos y por otras leyesque le sean aplicables.Los presupuestos de Ingresos y Gastos aprobados al INDpara los ejercicios económicos 2002, 2003 y 2004, ascendióa Bs. 82.475,09 millones, Bs. 150.770,62 millones y Bs.219.124,77 millones (Gacetas Oficiales Nros. 5.562, 5.618y 5.678 Extraordinario de fechas 24-12-2001, 19-12-2002y 16-12-2003, respectivamente).Alcance y objetivos de la actuaciónLa auditoría se circunscribió a los ejercicios económicos2002, 2003 y 2004 y tuvo como objetivos evaluarel cumplimiento de los mecanismos de control internoimplantados en el IND, a efectos de determinar si ejerceun efectivo control y seguimiento sobre la FEVEBOX, encuanto al destino dado a los recursos otorgados, así comoverificar la legalidad y sinceridad en el proceso de asignaciónde los recursos económicos a FEVEBOX, dirigidosal desarrollo de la actividad deportiva. Se realizó un análisisselectivo y se tomaron los meses junio, noviembre ydiciembre 2002; mayo, junio y noviembre 2003 y mayo,junio y julio 2004.Observaciones relevantesEl Instituto Nacional de Deportes otorgó los recursossolicitados por la Federación Venezolana de Boxeo, por Bs.1.319,53 millones desde mayo de 2002 hasta diciembre de2004, a pesar de que la Junta Directiva de dicha federaciónno fue legalmente designada, según se observó en la comunicaciónde fecha 05-06-2002 del Ministerio de Educación,Cultura y Deportes (MECD), mediante la cual informó alinstituto la decisión de declarar la nulidad de la providen-365

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007cia de fecha 03-05-2001 dictada por el Directorio de eseinstituto, relativa al reconocimiento de la Junta Directivay el Consejo de Honor de la FEVEBOX, y la procedencia derealizar el nombramiento de las autoridades provisionalespara convocar a un nuevo proceso electoral. Lo anterior sefundamenta en la Resolución N° 114 de fecha 22-05-2002,donde el MECD declaró la nulidad del proceso electoral,realizado en Asamblea General Ordinaria de la federacióndel 24-03-2001, para designar la Junta Directiva y el Consejode Honor de la federación, toda vez que los integrantes dela Comisión Electoral ejercieron funciones para las cualesno tenían la competencia establecida en los artículos 12, 13y 59 de los Estatutos de la Federación Venezolana de BoxeoAficionado; esto es que uno de los tres miembros de la ComisiónElectoral para la fecha de la decisión, no formabaparte de los representantes legales de la asociación afiliaday por tanto no había sido acreditado por la misma, siendoreconocido como integrante de la autoridad de la asociación6 días después de haber participado como miembro de laComisión Electoral; es decir, fue acreditado en fecha posteriora la de su actuación como representante de la misma.Es preciso señalar que, de acuerdo con lo establecido enel artículo 215 numeral 15 del Reglamento Orgánico delMinisterio de Educación, Cultura y Deporte, le correspondeal viceministro del Deporte ejecutar las órdenes einstrucciones que le comunique el ministro y, en este casoespecíficamente, el viceministro es también el presidentedel Instituto Nacional de Deportes, por lo tanto sobre élrecae la responsabilidad de ejecutar y acatar el contenidode la Resolución N° 114 de fecha 22-05-2002 emanada deese ministerio. La situación planteada obedece a la faltade control y supervisión a efectos de acatar las decisionesde la alta gerencia, así como a la existencia de debilidadesen la coordinación y comunicación de las dependenciasrectoras y ejecutoras de las actividades deportivas, lo cualtrajo como consecuencia que la FEVEBOX durante más dedos años y medio fue administrada por una Junta Directivasin la debida formalidad.El IND durante el año 2004 otorgó recursos a la FEVEBOXpor Bs. 109,98 millones para actividades que no fueronincluidas en el plan operativo del año 2004. No obstante, laNorma Nº 3 del Manual de Normas y Procedimientos parala Solicitud de Aporte, Tramitación de Pagos y Rendicionesde Cuentas de las Federaciones establece que las federacionespodrán solicitar aportes, de acuerdo con lo estipuladoen el plan operativo, respectivo. Por su parte, el artículo12 de la Ley Orgánica de Planificación (Gaceta Oficial N°5.554 Extraordinario del 13-11-2001) prevé el concepto deperfectibilidad, el cual refiere que la planificación debeser perfectible, por lo que deben evaluarse sus resultadosa efectos de incorporar los ajustes que sean necesarios. Enese sentido, los artículos 15, 16 y 17 de las Normas Generalesde Control Interno (NGCI), Gaceta Oficial N° 36.229del 17-06-1997, establecen que deben adoptarse decisionesdirigidas, entre otros, a establecer mecanismos para ejercerel control de las actividades de acuerdo con lo programado;que la planificación debe ser una función institucionalpermanente sujeta a evaluación periódica, así como deberealizarse tomando en consideración los recursos humanos,materiales y financieros que permitan el normal desarrollode las actividades programadas. Lo anteriormente expuesto,obedece a debilidades en el sistema de control internoadministrativo del ente rector del deporte, por cuanto éstees quien tiene asignada la facultad de dirigir y supervisarlas actividades deportivas a escala nacional, y por tantodebe estar vigilante del destino de los recursos otorgados alas federaciones deportivas, teniendo en cuenta que el planoperativo anual es un instrumento que permite un controlsobre la ejecución de las actividades de acuerdo con loprogramado, en consecuencia, el presupuesto asignado parael desarrollo del deporte estuvo sujeto a la improvisaciónpor no contar con una planificación adecuada, limitandoal instituto para evaluar el grado de efectividad y eficaciade su gestión.De la revisión efectuada a la documentación soporte delos recursos económicos otorgados a la FEVEBOX durantelos años 2002, 2003 y 2004, que reposan en los archivos dela Dirección de Finanzas del IND, no se evidenciaron losvouchers de pago por Bs. 202,74 millones, por concepto dela asistencia a los eventos del Torneo Internacional CopaBatalla de Carabobo 2002 y 2003, Torneo Selectivo CopaNavidad y la Base de Preparación en Altitud 2004 y, además,no está registrado en la relación de los movimientosde la cuenta de la mencionada federación emitida por ladirección, el monto de Bs. 100,49 millones pagado para laasistencia de la Selección Nacional de Boxeo a la Base de366

Administración Nacional DescentralizadaSector del Desarrollo SocialPreparación en Altitud, celebrado en Quito-Ecuador del 1°al 23-07-2004. No obstante, el artículo 23 literal a) de lasNGCI establece que todas las transacciones y operacionesfinancieras, presupuestarias y administrativas deben estarrespaldadas con la suficiente documentación justificativa yque los documentos deben contener información completay exacta; asimismo, el artículo 26 de las mencionadasnormas señala que “Todas las transacciones que ejecuteun organismo o entidad y que produzca variaciones ensus activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y, engeneral, en cualesquiera de las cuentas que conformanel sistema, deberán ser objeto de registro contable en loslibros principales y auxiliares correspondientes”, en concordanciacon el artículo 30 eiusdem que establece comosoporte de los sistemas y mecanismos de control internose debe implantar y mantener un sistema de comunicacióny coordinación que provea información relativa a lasoperaciones, confiable, oportuna, actualizada y acordea las necesidades del organismo. A su vez, las NormasGenerales de Contabilidad del Sector Público (NGCSP),Gaceta Oficial N° 36.100 del 04-12-1996, establecen ensus artículos 8 y 10 que todas las operaciones que afectenla Hacienda Pública deben ser objeto de registro contable,y que las transacciones deben contar con archivos dondereposan los documentos soportes que determine la normativalegal y reglamentaria. Por su parte, la Norma Nº12 del Manual de Normas y Procedimientos “Solicitud deAporte, Tramitación de Pagos, Rendiciones de Cuentasde las Federaciones” establece que la Dirección Generalde Administración y Finanzas (División de Contabilidad)deberá efectuar en forma permanente el registro por cadatramitación por concepto de pago de aportes a una federación,lo cual arrojará el saldo disponible con respecto ala cuenta global aprobada.Tal situación se debe a un deficiente control internoen el manejo de los recursos asignados por el IND a lafederación, lo cual limita a la gerencia de dicho institutopara determinar la confiabilidad de las operaciones financierasrealizadas, y al no contar el ente con informaciónactualizada y oportuna, también lo limita para ejercer unadecuado control interno de las actividades desarrolladasy generar reportes tanto presupuestarios como financierosconfiables y acordes con la realidad.En el archivo de la Dirección de Finanzas-División deContabilidad del IND no reposa la documentación soportede las rendiciones de cuenta presentadas por FEVEBOXcorrespondientes a los aportes económicos otorgados porel IND para los años 2002, 2003 y 2004, por Bs. 57,86millones, Bs. 87,80 millones y Bs. 120,89 millones, respectivamente.No obstante lo señalado en el artículo 23literales a y b de las NGCI, el cual establece que todas lastransacciones deben estar respaldadas con la suficientedocumentación justificativa, teniendo presente que losdocumentos deben contener información completa yexacta, archivarse siguiendo un orden cronológico u otrossistemas de archivo que faciliten su oportuna localización,y conservarse durante el tiempo estipulado legalmente; yque las autoridades competentes de la entidad adoptaránlas medidas necesarias para salvaguardar y proteger losdocumentos contra incendios, sustracción o cualquierotro riesgo, e igualmente para evitar su reproducción noautorizada. Asimismo, las NGCSP, en los artículos 8 y 10prevén que los registros contables deben ser llevados conun control lógico de archivo y estar respaldados por losdocumentos soportes que determine la normativa legal yreglamentaria. Sin embargo, esta situación obedece a laactuación poco diligente de los responsables del archivo yresguardo de los documentos soportes de las operacionescontables, así como a la falta de supervisión por parte dela Dirección de Finanzas del IND, lo que en consecuenciano permite la oportuna localización de los documentosy genera incertidumbre en cuanto a la gestión del IND,ya que la información disponible no asegura la exactitudy veracidad de las operaciones realizadas, por el desconocimientodel destino de los recursos otorgados parael desarrollo del deporte y, a su vez, limita el adecuadocontrol sobre los registros contables y presupuestarios delos recursos manejados.De la revisión efectuada a 99 traspasos presupuestariosrealizados por la Dirección General de Deporte de Rendimientodel IND durante los años 2002, 2003 y 2004, seobservó que la sumatoria de los traspasos efectuados enlas partidas 4.02.00.00.00 “Materiales y Suministros”,4.03.00.00.00 “Servicios no Personales”, 4.04.00.00.00“Activos Reales” y 4.07.00.00.00 “Transferencias”fueron aprobados por el Directorio, a pesar de superar367

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007el 10,00% de los créditos originalmente autorizados,no obstante lo establecido en el artículo 116, parágrafoúnico y numeral 1 del Reglamento Nº 1 de la LOAFSP(Gaceta Oficial N° 5.592 Extraordinario del 27-06-2002)vigente para los citados años, el cual señala que cuandola suma de los traspasos que afecten a una misma partidacedente o receptora, sean mayores al 10,00% de los créditosoriginales deberán ser autorizados por la ONAPRE.La situación expuesta se debió a que el presupuesto delIND se formuló sobre bases no reales, evidenciándosedebilidades en la planificación presupuestaria, lo quetrajo como consecuencia que se realizaran traspasosde recursos para cubrir rubros como remuneraciones alpersonal contratado, horas extras a obreros, beneficiosde cesta ticket, aporte patronal al IVSS, por paro forzosoy prestaciones sociales que se traduce en una ejecucióndel presupuesto sujeta a cambios improvisados, por nocontar con las disponibilidades requeridas.ConclusionesEn el Instituto Nacional de Deportes (IND) existen debilidadesen el sistema de control interno, en la planificacióny coordinación de las actividades deportivas inherentes alboxeo que inciden en el cumplimiento del objeto para elcual fue creado, toda vez que no ofrece efectiva garantía encuanto a salvaguardar los recursos que le han sido confiados,por cuanto otorgó recursos financieros a la FederaciónVenezolana de Boxeo (FEVEBOX) que fueron administradospor una Junta Directiva que no estaba legalmente conformada;asimismo, realizó aportes para actividades que noestaban incluidas en la planificación de esa federaciónaprobada por el Directorio del instituto. Igualmente, seobservaron deficiencias en el registro de las transaccionesfinancieras realizadas por el IND, para la entrega de recursosa la FEVEBOX, aunado a que en el sistema de archivo delinstituto no reposan los soportes de los fondos transferidosa FEVEBOX, así como de la documentación relacionada conlas rendiciones de cuenta de los años 2002, 2003 y 2004,aun cuando éstas fueron presentadas por la federación. Porotra parte, se realizaron traspasos presupuestarios aprobadospor instancias distintas a lo previsto en el ReglamentoN° 1 de la Ley Orgánica de Administración Financiera delSector Público (LOAFSP), teniendo en cuenta los límitesporcentuales establecidos, situaciones que no aseguran eladecuado manejo de los recursos otorgados al IND, paracontribuir con la formación deportiva de la poblaciónvenezolana.RecomendacionesSe insta al presidente y demás miembros del Directoriodel IND a:• Realizar las diligencias necesarias con la finalidad deorganizar, establecer, mantener y evaluar el sistemade control interno, de tal manera que los recursos quele han sido confiados al instituto sean administradoscon eficiencia, eficacia y transparencia, en función decumplir con el fin público para el cual fue creado.• Coordinar con la Federación Venezolana de Boxeolas acciones necesarias para efectuar una adecuadaplanificación de las actividades deportivas e impartirlas instrucciones pertinentes a efectos de que losaportes obedezcan a dicha planificación.• Instar a las gerencias responsables del IND para quese aseguren de que la información sobre las transaccionesy operaciones financieras y administrativas seaconfiable, exacta y oportuna.• Efectuar los trámites que sean necesarios, a efectosde implementar un sistema de archivo que permitaresguardar la información y documentación relativaa la entrega de recursos por parte del IND, asícomo de las rendiciones de cuenta presentadas porla federación.• Impartir las instrucciones pertinentes, y velar por quelas gerencias involucradas en el proceso presupuestarioden cabal cumplimiento a las disposiciones legalesaplicables a la materia presupuestaria, específicamenteen lo relativo a los traspasos presupuestarios que superenlos límites de créditos originalmente aprobados.INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES (IND)ASIGNACIÓN DE RECURSOS A LA FEDERACIÓN VENEZOLANADE CANOTAJEEl Instituto Nacional de Deportes (IND) es un institutoautónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio,creado mediante Decreto N° 164 de fecha 22-06-1949368

Administración Nacional DescentralizadaSector del Desarrollo Social(Gaceta Oficial Nº 22.952 del 23-06-1949), actualmente seencuentra bajo la tutela del Ministerio de Deportes segúnDecreto N° 5.022 del 27-11-2006 (Gaceta Oficial Nº 38.574del 29-11-2006). Es un ente descentralizado sin fines empresariales,en virtud de lo establecido en el artículo 7, numeral1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera delSector Público (LOAFSP), Gaceta Oficial N° 37.606 del 09-01-2003, en concordancia con lo previsto en el artículo 29,numeral 1, literal a, de la Ley Orgánica de AdministraciónPública (LOAP), Gaceta Oficial N° 37.305 del 17-10-2001, yestá sujeto al control de este máximo Órgano Contralor, deconformidad con lo previsto en el numeral 6, artículo 9 dela Ley Orgánica de la Contraloría General de la Repúblicay del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF),Gaceta Oficial Nº 37.347 del 17-12-2001.Los presupuestos de Ingresos y Gastos aprobados alIND para los ejercicios económicos 2003 y 2004 asciendena Bs. 150.770,62 millones y Bs. 219.124,77 millones(gacetas oficiales Nros. 5.618 y 5.678 extraordinario defechas 19-12-2002 y 16-12-2003, respectivamente). Lacuota presupuestaria aprobada a la Federación de Canotajepara los referidos períodos fue por Bs. 321,05 millones yBs. 409,23 millones, recursos que fueron transferidos através de la partida subespecífica 407.01.01.17: Subsidios aEntidades Deportivas y Recreativas de Carácter Privado,en las Actividades 3.11 y 3.13 denominadas “Preparacióny Participación en Eventos Deportivos Nacionales e Internacionales”y “Fortalecimiento al Sector Federado”.La Federación Venezolana de Canotaje constituye lamáxima entidad rectora de la disciplina del canotaje enVenezuela, constituida jurídicamente como una asociaciónde carácter civil, sin fines de lucro, funcionalmenteautónoma, apolítica, con personalidad jurídica y patrimoniopropio, que se encuentra reconocida y registrada en elInstituto Nacional de Deportes, afiliada a la FederaciónInternacional de Canotaje, a la Confederación Panamericanade Canoa y Kayak y al Comité Olímpico Venezolano.Está constituido en orden jerárquico descendentepor las asociaciones y clubes afiliados a la federación,registrados en el IND y con su Junta Directiva vigenteque, en consecuencia, es el único organismo directivo delcanotaje en Venezuela.La Federación Venezolana de Canotaje tiene como finalidad:planificar, dirigir, orientar, fomentar, controlar ysupervisar las competencias de la disciplina del canotaje entodo el territorio nacional, correspondientes a la federación;mantener el mayor nexo o vinculación con las entidadesdeportivas similares de otros países y las organizacionesinternacionales a las que se encuentre afiliada; y coordinar,controlar y supervisar las actividades y actuaciones de lasasociaciones y clubes afiliados, así como la de sus atletasy directivos.Alcance y objetivo de la actuaciónLa actuación se circunscribió a los años 2004 y 2005;tuvo como objetivos específicos verificar el cumplimientode la normativa interna del IND, que regula la asignaciónde recursos a las federaciones deportivas, así como lo relativoal seguimiento y control de los recursos otorgadosa la Federación Venezolana de Canotaje. Evaluar la legalidady sinceridad de los aportes otorgados por el IND a laFederación Venezolana de Canotaje, destinados a realizarreparaciones del vehículo colectivo propiedad de la federacióny a participar en eventos competitivos nacionales einternacionales. El análisis fue selectivo y se evaluaron losaportes entregados para asistir a eventos deportivos que seefectuaron durante los años del alcance de la actuación.Observaciones relevantesLa Federación Venezolana de Canotaje rindió cuenta de6 eventos por Bs. 41,23 millones de los recursos otorgadospor el IND, con una tardanza que osciló entre 199 y 357días. No obstante, la Norma Nº 16 del Manual de Normasy Procedimientos de Solicitud de Aporte, Tramitación dePagos y Rendiciones de Cuenta de las Federaciones prevéque las federaciones que hayan recibido subsidios paracubrir eventos deportivos o preparación de seleccionesnacionales, deberán rendir el monto del cheque dentrode los 20 días consecutivos después de haber finalizadoel evento o la preparación correspondiente. Sin embargo,la situación expuesta obedece a debilidades en el sistemade control interno del IND, por cuanto a pesar de que elcitado manual indica que cuando las federaciones no hayanrendido cuenta de los recursos recibidos, no podrán recibir369

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007nuevos aportes hasta tanto presenten la documentacióncorrespondiente, el instituto continuó otorgando recursosaun cuando la federación no rindió cuenta de los primerosaportes en los lapsos establecidos. En consecuencia, lafalta de un efectivo control administrativo por parte delinstituto, lo limita para disponer de información oportunay confiable sobre la gestión de la federación y los resultadosobtenidos en las actividades deportivas financiadas y, porende, para la toma decisiones en cuanto a la aplicación desanciones a dicha federación.En los archivos de la Dirección de Finanzas-División deContabilidad del IND no reposa la documentación soportede la rendición presentada por la Federación Venezolana deCanotaje ante la Unidad de Auditoría Interna por conceptodel Congreso Técnico Gainesville, por Bs. 7,17 millones,aun cuando está reflejada en los registros de los “Movimientosde Cuentas Rendidas” llevados por la Divisiónde Contabilidad. No obstante, las Normas Generales deControl Interno (NGCI), Gaceta Oficial N° 36.229 del17-06-1997, establecen en su artículo 23 literales a) y b),respectivamente, que todas las transacciones y operacionesfinancieras y presupuestarias deben estar respaldadas conla suficiente documentación justificativa, teniendo presenteque los documentos deben contener información completay exacta, archivarse siguiendo un orden cronológico u otrossistemas de archivo que faciliten su oportuna localización,y conservarse durante el tiempo estipulado legalmente; yque las autoridades competentes de la entidad adoptaránlas medidas necesarias para salvaguardar y proteger losdocumentos contra incendios, sustracción o cualquierotro riesgo, e igualmente para evitar su reproducción noautorizada. Aunado a lo anterior, las Normas Generalesde Contabilidad del Sector Público (Gaceta Oficial N°36.100 del 04-12-1996), en los artículos 8 y 10 prevén quelos registros contables deben ser llevados con un controllógico de archivo. Sin embargo, esta situación obedece a laactuación poco diligente de los responsables del archivo yresguardo de los documentos soportes de las operacionescontables, así como a la falta de supervisión por parte de esadirección, lo que en consecuencia no permite la oportunalocalización de los documentos y generan incertidumbreen cuanto a la gestión del IND, ya que la informacióndisponible no asegura la exactitud y veracidad de las operacionesrealizadas, por el desconocimiento del destino delos recursos otorgados para el desarrollo del deporte y, a suvez, limita el adecuado control sobre los registros contablesy presupuestarios de los recursos manejados.El IND otorgó recursos a la Federación Venezolana deCanotaje por Bs. 16,83 millones para la asistencia a 2 congresosinternacionales efectuados en Bélgica y Alemania;sin embargo, esos eventos no fueron incluidos en el PlanOperativo 2003 de la federación, aun cuando el Manual deNormas y Procedimientos de Solicitud de Aporte, Tramitaciónde Pagos y Rendiciones de Cuentas de las Federacionesestablece en la Norma N° 3, que las federaciones sólopodrán solicitar aportes a la Dirección General involucradadel IND, de acuerdo con lo estipulado en el plan operativorespectivo. Por su parte, el artículo 12 de la Ley Orgánicade Planificación (Gaceta Oficial Nº 5.554 Extraordinariodel 13-11-2001) prevé el concepto de perfectibilidad, el cualrefiere que la planificación debe ser perfectible, por lo quedeben evaluarse sus resultados e incorporar los ajustesnecesarios. Lo anteriormente expuesto obedece a la faltade coordinación entre el IND como ente encargado deplanificar actividades deportivas y la federación como facilitadorade la práctica deportiva, aunado a las debilidadesen el sistema de control interno, al no dar cumplimiento ala normativa interna del instituto, que prevé en su manualde normas y procedimientos que podrán incorporarse lasmodificaciones a los planes operativos de las federacionescuando sea necesario. En consecuencia, el presupuestoasignado para el desarrollo del deporte estuvo sujeto a laimprovisación, limitando al instituto para evaluar el gradode efectividad y eficacia de su gestión.El IND otorgó recursos a la Federación Venezolana deCanotaje por Bs. 44,63 millones el 31-12-2004, atendiendoa la solicitud de recursos realizada por la federación encomunicación del 16-12-2004, en la cual anexó una cotizacióndel 08-12-2004, para efectuar trabajos de tapiceríageneral en semicuero para los 28 puestos del autobús quesirve de transporte a los jugadores, rectificación del sistemaeléctrico, latonería y pintura; sin embargo, en fecha14-02-2005 mediante comunicación la empresa cotizanteinformó al instituto que dicha cotización no fue emitida poresa compañía y que la misma fue copiada o forjada de una370

Administración Nacional DescentralizadaSector del Desarrollo Socialcotización de fecha 17-08-2004 expedida por esa compañíapor Bs. 13,80 millones, para realizar trabajos de tapiceríageneral a dicho autobús en semicuero incluyendo los 28puestos de los pasajeros y la estructura y asiento del conductor.La LOCGRSNCF en su artículo 52 prevé que quienesadministren, manejen o custodien recursos de cualquiertipo afectados al cumplimiento de las finalidades de interéspúblico, están obligados a establecer un sistema de controlinterno, el cual tiene por objeto asegurar el acatamiento delas normas legales, salvaguardar los recursos y bienes queintegran el patrimonio público, asegurar el acatamientode las normas legales, salvaguardar los recursos y bienesque integran el patrimonio público, asegurar la obtenciónde información administrativa, financiera y operativa útil,confiable y oportuna para la toma de decisiones, segúnlo dispuesto en el artículo 131 de la LOAFSP. Asimismo,la LOCGRSNCF en sus artículos 36 y 39 prevé que a lamáxima autoridad jerárquica de cada ente le correspondela responsabilidad de organizar, establecer, mantener yevaluar el sistema de control interno, y a su vez, obliga alos gerentes, jefes o autoridades administrativas de cadadepartamento, sección o cuadro organizativo específicoa ejercer vigilancia sobre el cumplimiento de las normasconstitucionales y legales, de los planes y políticas y delos instrumentos de control interno sobre las operacionesy actividades realizadas por las unidades administrativasy servidores de las mismas, bajo su directa supervisión.Esta situación obedece a que la federación no disponede un sistema de control interno efectivo que garantice suactuación en la ejecución de los recursos que le son asignadospor el instituto, como es asegurarse de la confiabilidadde las empresas prestadoras de servicios con las que serelacionan, procurar seleccionar las mejores opciones entrelos prestadores de servicios con los cuales se contratan trabajos,asegurar la confiabilidad y veracidad de la documentaciónque respalda sus solicitudes de recursos, y ademásque, la alta y media gerencia del IND, no está asumiendola responsabilidad asignada por ley, como es la de ejercervigilancia sobre la confiabilidad de la documentaciónque soporta las operaciones financieras, presupuestariasy administrativas, que involucran los recursos del erariootorgados para la promoción y el apoyo de las actividadesdeportivas que se desarrollan en el territorio nacional.En consecuencia, el soporte principal de los recursos solicitadoscarece de confiabilidad y, a su vez, le impide alinstituto a ejercer los correctivos necesarios en el controlde los recursos que otorgan a las federaciones.La Federación Venezolana de Canotaje no rindió cuenta delos recursos otorgados por el instituto por Bs. 44,62 millonesdestinados para realizar la reparación del autobús propiedadde la referida federación, a pesar de la obligación que tienenlas federaciones deportivas de rendir cuenta por el manejode los fondos públicos aportados, de conformidad con loestablecido en la LOCGRSNCF, en su artículo 52 y en laLey del Deporte (Gaceta Oficial N° 4.937 Extraordinariodel 14-06-1995), artículos 32 numeral 3 y 36 numeral 7, yen la Norma Nº 13 del Manual de Normas y Procedimientode Solicitud de Aporte, Tramitación de Pagos y Rendicionesde Cuentas de las Federaciones. Asimismo, el citado manualdispone que las federaciones deberán presentar ante laUnidad de Auditoría Interna del instituto, por cada aporterecibido, toda la documentación que justifique los gastos realizadossujetos a rendición de cuentas, la cual debe realizarsedentro de los 20 días consecutivos de finalizado el eventoo la preparación correspondiente; y que cuando no hayanrendido cuenta de los fondos obtenidos del IND, culminadoel evento o actividad, y a entera satisfacción de la AuditoríaInterna del instituto, no podrán recibir nuevos aportes hastatanto presenten la documentación correspondiente. Sin embargo,lo anteriormente expuesto obedece principalmente,a la falta de coordinación, comunicación y control entre lasdependencias encargadas de otorgar y controlar los aportesefectuados por el IND a la federación, junto con la actuaciónde la Unidad de Auditoría Interna, teniendo en cuentaque el órgano de control fiscal mediante comunicación del22-03-2005 otorgó solvencia a la federación, basado en losresultados de la revisión al movimiento de aportes recibidos yrendiciones presentadas en el lapso 01-01-2004 al 31-12-2004.En consecuencia, el instituto no está ejerciendo un efectivocontrol sobre los aportes otorgados, quedando limitado paragarantizar el objeto para el cual fue creado.ConclusionesEn el Instituto Nacional de Deportes (IND) existen debilidadesen el sistema de control interno, en la planificación371

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007y coordinación de las actividades deportivas inherentes alcanotaje que inciden en el cumplimiento del objeto parael cual fue creado, toda vez que no contribuyen con la administracióneficiente y efectiva de los recursos que le hansido confiados para el desarrollo de la actividad deportivatanto a escala nacional como internacional.RecomendacionesSe insta al presidente y demás miembros del Directoriodel IND a:• Realizar las diligencias necesarias con el propósito deorganizar, establecer, mantener y evaluar el sistemade control interno, de tal forma que los recursos quele han sido confiados al instituto sean administradoscon eficiencia, eficacia y transparencia, en función decumplir con el fin público para el cual fue creado.• Instar a las gerencias involucradas en el otorgamiento,seguimiento y control de los recursos entregados a lasfederaciones, a dar estricto cumplimiento a la normativaque rige la materia, a efectos de que el instituto seasegure del manejo eficiente del patrimonio públicoque le ha sido confiado.• Coordinar con la Federación Venezolana de Canotajelas acciones necesarias para efectuar una adecuadaplanificación de las actividades deportivas e impartirlas instrucciones pertinentes a fin de que los aportesobedezcan a dicha planificación.• Ordenar las acciones que sean necesarias a efectos deimplementar un sistema de archivo que le permita elresguardo y localización oportuna de la informacióny documentación relacionada con el otorgamiento delos recursos, así como de la rendición de cuenta de losmismos, presentados por las federaciones deportivas.INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES (IND)ASIGNACIÓN DE RECURSOS A LA FEDERACIÓN VENEZOLANADE FÚTBOLEl Instituto Nacional de Deportes (IND) es un institutoautónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio,creado mediante Decreto N° 164 de fecha 22-06-49 (GacetaOficial Nº 22.952 del 23-06-49), con domicilio en la ciudadde Caracas, y bajo la tutela del Ministerio de Deportes (ac-tual Ministerio del Poder Popular para el Deporte) segúnDecreto N° 5.022 del 27-11-2006 (Gaceta Oficial Nº 38.574del 29-11-2006). Es un ente descentralizado sin fines empresariales,en virtud de lo establecido en el artículo 7, numeral1 de la Ley Orgánica de Administración Financiera delSector Público (LOAFSP), Gaceta Oficial N° 37.606 del 09-01-2003, en concordancia con lo previsto en el artículo 29,numeral 1, literal a, de la Ley Orgánica de AdministraciónPública (LOAP), Gaceta Oficial N° 37.305 del 17-10-2001 yestá sujeto al control de este Máximo Órgano Contralor, deconformidad con lo previsto en el numeral 6, artículo 9 dela Ley Orgánica de la Contraloría General de la Repúblicay del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF),Gaceta Oficial Nº 37.347 del 17-12-2001.En cuanto a las Federaciones Deportivas, estas son organizacionesde carácter privado, con autonomía administrativa,organizativa, económica y financiera para organizary administrar su patrimonio; y autonomía funcional paraactuar en el marco de las competencias atribuidas en laLey del Deporte (Gaceta Oficial N° 4.937 Extraordinariode fecha 14-07-95).En la actualidad el IND tiene registradas 62 federacionesdeportivas, entre las que se encuentra la FederaciónVenezolana de Fútbol, la cual está afiliada a la FederaciónInternacional de Fútbol, Asociado (FI.FA), a la ConfederaciónSudamericana de Fútbol (CONMEBOL), al ComitéOlímpico Venezolano (COV) y por su intermedio a todaslas organizaciones deportivas a las que le correspondapertenecer, inscrita y registrada en el Instituto Nacional deDeportes (IND), de acuerdo a la respectiva Ley vigente, laFederación Venezolana de Fútbol dentro de sus atribucionesse encuentran la de orientar, controlar, supervisar y evaluarlas actividades de fútbol en Venezuela, además la de ejercerla representación del fútbol Venezolano en el orden nacionale internacional, siendo de su exclusiva competencia elnombramiento de las Delegaciones de Fútbol que han derepresentar a Venezuela en eventos internacionales.Los presupuestos de ingresos y gastos aprobados alIND para los ejercicios económicos 2004 y 2005, ascendierona Bs. 219.124,77 millones y Bs. 263.787,41 millonesrespectivamente (Gacetas Oficiales Nros. 5.678 y 5.743372

Administración Nacional DescentralizadaSector del Desarrollo SocialExtraordinario de fechas 16-12-2003 y 13-12-2004, respectivamente),asignándole para los referidos años a laFederación Venezolana de Fútbol la cantidad de Bs. 514,07millones y Bs. 442,50 millones, recursos transferidos através de la partida subespecífica 407.01.01.17: Subsidios aEntidades Deportivas y Recreativas de Carácter Privado,en las Actividades 3.11 y 3.13 denominadas “Preparacióny Participación en Eventos Deportivos Nacionales e Internacionales”y “Fortalecimiento al Sector Federado”,respectivamente.Alcance y objetivo de la actuaciónLa actuación se circunscribió a los años 2004 y 2005,tuvo como objetivos específicos: Evaluar la legalidad y sinceridadde las asignaciones así como el destino dado a losaportes otorgados por el IND, a la Federación Venezolanade Fútbol. Verificar los mecanismos de Control Internoimplementados por el Instituto para otorgar y controlar losrecursos otorgados a la Federación Venezolana de Fútbol;asimismo, verificar el control y seguimiento de las rendicionesde cuenta que deben efectuar las Federaciones deconformidad con las normas legales y sublegales que lasregulan. El análisis fue selectivo y se evaluaron los aportesentregados para la asistencia a eventos deportivos queefectuaron durante los años del alcance de la actuación.Observaciones relevantesEl IND otorgó recursos por Bs. 345,00 millones y Bs.300,00 millones a la Federación Venezolana de Fútboldurante los años 2004 y 2005, para sufragar gastos defuncionamiento y eventos deportivos, los cuales no fueronincluidos por la Federación en sus planes operativosde los referidos años. No obstante, el Manual de Normasy Procedimientos de Tramitación de Pagos y Rendicionesde Cuentas de las Federaciones en la Norma N° 3establece que las Federaciones podrán solicitar aportesa la Dirección General involucrada del IND, de acuerdocon lo estipulado en el Plan Operativo respectivo. Asimismo,la Norma N° 20 del citado manual prevé quetoda tramitación de recursos ante el IND, deberá estarsustentada dentro del Plan Operativo Anual de la FederaciónDeportiva aprobado por la Máxima Autoridad delIND y la Dirección General encargada del manejo delPrograma verificará la sinceridad del aporte solicitadopor la Federación Deportiva comprobando al efecto si lamisma tiene una fundamentación real, si está contenidaen el Plan Operativo aprobado. Cabe destacar, que tantola Ley Orgánica de Planificación (Gaceta Oficial Nº5.554 Extraordinario del 13-11-2001), como las NormasGenerales de Control Interno (NGCI), Gaceta Oficial Nº36.229 del 17-06-97, prevén la posibilidad de incorporarlos ajustes que se deriven de la evaluación periódicaque se realice de la programación y su ejecución. Loanteriormente expuesto, obedece principalmente a lafalta de coordinación, comunicación y control entrelas dependencias encargadas de otorgar y controlar losaportes efectuados por el Instituto a la Federación, a lasdebilidades en el sistema de control interno, así comoal no cumplimiento de la normativa legal y sublegalque rige la materia. En consecuencia, la ejecución delos recursos que el Estado asignó para la promoción yel fomento de la disciplina del fútbol, estuvo sujeta a laimprovisación por falta de una planificación adecuada,en perjuicio de la eficacia y eficiencia que debe revestirla gestión del ente encargado de planificar las actividadesdeportivas que desarrolla la población venezolana.El IND le otorgó a la Federación Venezolana de FútbolBs. 100,20 millones y Bs. 88,00 millones en fechas 21-06-2005 y 02-08-2005, respectivamente, para sufragarlos gastos de la Liga Nacional de Fútbol Femenino, delos cuales la Federación en fecha 02-11-2005, rindiócuenta por Bs. 139,83 millones, quedando pendiente porrendir Bs. 48,36 millones según comunicación S/N° de lamisma fecha enviada al Contralor Interno del Instituto,sin embargo, el citado Órgano de Control Interno emitiódos constancias de rendición de cuentas en fechas 24-11-2005 y 16-03-2006, en las que señaló haber recibidola rendición de cuentas por Bs. 100,20 millones y Bs.88,00 millones, es decir, según el referido Órgano la Federaciónrindió cuenta de la totalidad de los recursos endos oportunidades. De lo expuesto, también se observóque el IND otorgó en fechas 02-08-2006 y 24-11-2006,recursos a la Federación por Bs. 88,00 millones y Bs.111,80 millones, aun cuando no había rendido cuenta derecursos recibidos en fecha anterior.373

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007Al respecto, la Norma N° 16 del Manual de Normas yProcedimientos Solicitud de Aporte Tramitación de Pagosy Rendiciones de Cuentas de las Federaciones señala que lasFederaciones que hayan recibido subsidios para cubrir eventosdeportivos o preparación de selecciones nacionales deberánrendir el monto del cheque dentro de los 20 días consecutivosdespués de haber finalizado el evento o la preparacióncorrespondiente, asimismo, la Norma N° 17 eiusdem prevéque aquellas Federaciones que no hayan rendido en el plazoprevisto no podrán recibir nuevos aportes hasta tantopresenten la documentación correspondiente.Aunado a lo anterior, cabe destacar que aun cuandohabían transcurrido 242 días hábiles entre la fecha de recepciónde la rendición de cuenta por parte de la Unidadde Auditoría Interna (24-11-2005) y la fecha de la presenteauditoría (10-11-2006), la misma no había sido objeto de revisión.Al respecto, el Auditor Interno señaló que los soportesse encontraban en ese Despacho para la revisión respectiva,lo cual no se había hecho debido a que las ligas son nuevasactividades deportivas financiadas por el IND cuyos recursosson elevados y en consecuencia requieren mayor dedicaciónpara practicar el control correspondiente. Sin embargo, en elManual de Normas y Procedimientos antes identificado enel procedimiento N° 1 de las Rendiciones de Cuentas de lasFederaciones señala que la Auditoría Interna del IND recibede los entes deportivos el expediente contentivo de las facturasy/o comprobantes, relación de pagos y otros anexos, revisa,realiza el control posterior y firma.Las situaciones antes expuestas evidencian debilidadesen el sistema de control interno administrativo que no permitenal Instituto controlar, evaluar y verificar el destinoy uso de los recursos que otorga a la Federación, aunado ala falta de supervisión en el cumplimiento de la normativainterna que regula la solicitud de aporte, tramitación depagos y rendiciones de cuentas de las Federaciones, enconsecuencia el IND, no ejerció los controles correspondientes,desconociendo el uso y destino dado a los aportesasignados a la Federación Venezolana de Fútbol e impidióal Instituto ejercer acciones oportunas.El IND otorgó recursos a la Federación Venezolana deFútbol por Bs. 18,22 millones según cheque N° 001309del 05-08-2005, para la adquisición de material deportivode la Selección Nacional de Fútbol Sub-17 masculino yfemenino, con motivo de la preparación y participación enlos XV Juegos Deportivos Bolivarianos Armenia-Pereira,Colombia 2005, dichos recursos fueron rendidos por la FederaciónVenezolana de Fútbol ante la Unidad de AuditoríaInterna del Instituto, sin embargo, los soportes de la rendiciónfueron devueltos a la Federación sin que el Órganode Control Interno efectuara la revisión de los documentospresentados por la referida entidad deportiva.Lo expuesto anteriormente no justifica que el IND nohaya efectuado el control sobre los recursos entregados, aefectos de verificar de qué manera han sido utilizados; yaque por una parte, la Federación está obligada a establecerun sistema de control interno y a rendir cuenta de las operacionesy resultados de su gestión, y por el otro, el IND,tiene la responsabilidad de organizar, establecer, mantenery evaluar un sistema de control interno que permita salvaguardarsus recursos, promover la eficiencia, economíay calidad en sus operaciones estimular la observancia delas políticas, métodos y procedimientos prescritos por elente, ello de conformidad con lo previsto en los artículos52 y 36, respectivamente.Vale destacar que uno de los mecanismos de los que disponeel IND, es el Manual de Normas y Procedimientos Solicitudde Aporte, Tramitación de Pagos y Rendiciones de Cuentas delas Federaciones el cual prevé en el procedimiento N° 1 que laAuditoría Interna del IND, recibe de los entes deportivos expedientecontentivo de las facturas y/o comprobantes, relaciónde pago (original y copia) y otros anexos, revisa, realizael control posterior y firma. Lo anteriormente planteadoobedece a debilidades en el sistema de control interno al nodar cumplimiento a la normativa legal y sublegal que rigela materia, y además, denota falta de comunicación entrelos funcionarios del IND encargados de otorgar y controlarlos aportes destinados a las Federaciones Deportivas. Enconsecuencia, el Instituto no cumplió con la atribución quele asigna la Ley como ente rector del Deporte, por cuantono fue vigilante del destino y uso de los recursos otorgadosa la Federación, quedando limitado para evaluar suslogros, conocer las deficiencias para establecer los correctivosnecesarios.374

Administración Nacional DescentralizadaSector del Desarrollo SocialConclusiónEn el Instituto Nacional de Deportes (IND) existendebilidades en el sistema de control interno y en laplanificación que inciden en el cumplimiento del objetopara el cual fue creado el Instituto, toda vez que no contribuyencon la administración eficiente y efectiva de losrecursos que le han sido confiados para el desarrollo dela actividad deportiva en el campo del Fútbol, por cuantose le otorgaron recursos para gastos de funcionamientoy eventos deportivos no contemplados en los planesoperativos de la Federación, los recursos otorgados parasufragar gastos de funcionamiento y actividades deportivasfueron rendidos por la Federación en forma parcialy además las gerencias encargadas de controlar el usoy destino de los aportes no efectuaron la verificaciónde los recursos otorgados a la Federación. Situacionesque no garantizan un adecuado manejo de los recursosasignados al Instituto.RecomendacionesSe insta al Presidente y demás miembros del Directoriodel IND a:• Emprender las acciones necesarias con el propósitode organizar, establecer, mantener y evaluar elsistema de control interno, a fin de que los recursosque le han sido confiados al Instituto, sean administradoscon eficiencia, eficacia y transparencia,en función de cumplir con el objeto para el cualfue creado.• Girar las instrucciones necesarias a las gerenciasinvolucradas en el otorgamiento de los recursos, asícomo, del control sobre las rendiciones de cuenta, aejercer una efectiva vigilancia sobre el destino y usode los recursos por parte de la Federación Venezolanade Fútbol.• Instar a las gerencias encargadas de controlar el uso ydestino de los recursos otorgados a las Federacionesa establecer los mecanismos necesarios dirigidos adar cumplimiento de la normativa interna que regulalas rendiciones de cuenta de las FederacionesDeportivas.INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES (IND)ASIGNACIÓN DE RECURSOS A LA FEDERACIÓN VENEZOLANADE JIU-JITSUEl Instituto Nacional de Deportes (IND) es un institutoautónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio,creado mediante Decreto N° 164 de fecha 22-06-1949(Gaceta Oficial Nº 22.952 del 23-06-1949), bajo la tuteladel Ministerio de Deportes (actual Ministerio del PoderPopular para el Deporte) según Decreto N° 5.022 del 27-11-2006 (Gaceta Oficial Nº 38.574 del 29-11-2006). Es unente descentralizado sin fines empresariales, en virtud de loestablecido en el artículo 7, numeral 1 de la Ley Orgánica deAdministración Financiera del Sector Público (LOAFSP),Gaceta Oficial N° 37.978 del 09-01-2003, en concordanciacon lo previsto en el artículo 29, numeral 1, literal a, de laLey Orgánica de Administración Pública (LOAP), GacetaOficial N° 37.305 del 17-10-2001 y está sujeto al controlde este máximo Órgano Contralor, de conformidad con loprevisto en el numeral 6, artículo 9 de la Ley Orgánica dela Contraloría General de la República y del Sistema Nacionalde Control Fiscal (LOCGRSNCF), Gaceta OficialN° 37.347 del 17-12-2001.En cuanto a las federaciones deportivas, estas son organizacionesde carácter privado, con autonomía administrativa,organizativa, económica y financiera para organizary administrar su patrimonio; y autonomía funcional paraactuar en el marco de las competencias atribuidas en la Leydel Deporte (Gaceta Oficial N° 4.937 Extraordinario de fecha14-07-1995), en la actualidad el IND, tiene registradas62 federaciones deportivas, entre las que se encuentra laFederación Venezolana de Jiu-Jitsu a la cual le correspondecoadyuvar con los órganos competentes del Estado para elcumplimiento de los fines del deporte.Está afiliada a la Internacional Association of BrazilianJiu-Jitsu, así como a otras organizaciones regionales, continentalesy nacionales. Es la entidad deportiva encargadade fomentar, planificar, programar, organizar, dirigir,coordinar, supervisar y evaluar la actividad en todo elterritorio nacional, así como también, la única entidadlegalmente autorizada para representar a la especialidadante cualquier nación del mundo, siendo en consecuencia375

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007el máximo organismo rector de este deporte en toda laRepública de Venezuela.Los presupuestos de Ingresos y Gastos aprobados al INDpara los ejercicios económicos 2004 y 2005, ascendieron aBs. 219.124,77 millones y Bs. 263.787,41 millones (gacetasoficiales Nros. 5.678 y 5.743 Extraordinarios de fechas 16-12-2003 y 13-12-2004, respectivamente), asignándole a laFederación Venezolana de Jiu-Jitsu para los citados añosBs. 126,64 millones y Bs. 72,61 millones.Alcance y objetivos de la actuaciónLa actuación se circunscribió a los años 2004 y 2005,tuvo como objetivos específicos evaluar la legalidad ysinceridad de las asignaciones así como el destino dado alos aportes otorgados por el IND, a la Federación VenezolanaJiu-Jitsu. Verificar los mecanismos de control internoimplementados por el instituto para otorgar y controlarlos recursos otorgados a la Federación Venezolana de Jiu-Jitsu, asimismo, verificar el control y seguimiento de lasrendiciones de cuenta que deben efectuar las federacionesde conformidad con las normas legales y sublegales que lasregulan. El análisis fue selectivo y se evaluaron los aportesentregados para la asistencia a eventos deportivos que seefectuaron durante los años del alcance de la actuación.Observaciones relevantesEn la relación “Movimiento de Cuenta N° 201-03-01-02-68”, desde el 01-01-2004 hasta 31-12-2004, emitida por laDivisión de Contabilidad del IND se observó un aporte a laFederación Venezolana de Jiu-Jitsu por Bs. 18,78 millones,los cuales fueron previstos en el plan operativo del año 2004de dicha federación para la asistencia de la selección venezolanaal Campamento Mundial de NAGA, en New Jersey;sin embargo, en los archivos de la Dirección de Finanzasdel instituto, no fueron ubicados los documentos soportesde dicho pago, a saber: solicitud de aporte por parte de lafederación, aprobación del aporte por la Dirección GeneralDeporte de Rendimiento, Informe “Aval Dirección Técnica-Metodológica”,Orden de Pago, voucher de pago, entreotros. No obstante lo anterior, el artículo 23 literal a delas Normas Generales de Control Interno (NGCI) GacetaOficial N° 36.229 del 17-06-1997, establece que todas lastransacciones y operaciones financieras, presupuestarias yadministrativas deben estar respaldadas con la suficientedocumentación justificativa y que los documentos debencontener información completa y exacta, y disponer desistemas de archivos que faciliten su oportuna localización.Por su parte, las Normas Generales de Contabilidaddel Sector Público (NGCSP), Gaceta Oficial N° 36.100del 04-12-1996, prevén en sus artículos 8 y 10 que todaslas operaciones que afecten la Hacienda Pública deben serobjeto de registro contable, y que las transacciones debencontar con archivos donde reposen los documentos soportesque determine la normativa legal y reglamentaria. Loexpuesto obedece a la ausencia de mecanismos de controlinterno administrativo en cuanto al archivo y resguardode la documentación que respaldan las operaciones financieras,así como a la falta de una efectiva vigilancia sobrelos procesos que canalizan la actividad operativa en elInstituto, limitando a los niveles gerenciales a determinar laconfiabilidad de las operaciones financieras realizadas, quefinalmente no permite el ejercicio de un adecuado controlinterno de las actividades ejecutadas y generar informacióntanto presupuestaria como financiera confiable, oportuna,verificable y acorde con la realidad.En los archivos de la Dirección de Finanzas-Divisiónde Contabilidad del IND no reposa la documentaciónsoporte de la rendición de cuenta por Bs. 18,78 millones,presentada por la Federación Venezolana de Jiu-Jitsu antela Unidad de Auditoría Interna, y remitida por ésta últimaa la Dirección de Finanzas mediante memorando de fecha15-07-2004, a efectos de su registro contable y presupuestario.No obstante, las NGCI en su artículo 23 literales a yb, el primero que fue transcrito en la observación anterior yel literal b que prevé que las autoridades competentes de laentidad adoptaran las medidas necesarias para salvaguardary proteger los documentos contra incendios, sustracción ocualquier otro riesgo, e igualmente, para evitar su reproducciónno autorizada; a su vez, el artículo 30 eiusdem,establece que como soporte de los sistemas y mecanismosde control interno se debe implantar y mantener un sistemade comunicación y coordinación que provea informaciónrelativa a las operaciones, confiable, oportuna, actualizaday acorde a las necesidades del organismo. Esta situación376

Administración Nacional DescentralizadaSector del Desarrollo Socialtiene su origen tanto en la falta de supervisión por partede esa Dirección de Finanzas, así como en la actuaciónpoco diligente de los responsables del archivo y resguardode la documentación soporte de las transacciones queafectan el presupuesto del instituto, que se traduce en lano localización oportuna de los documentos, con lo cualse genera incertidumbre en cuanto a la gestión del IND,pues la información disponible no asegura la exactitud yveracidad de las operaciones realizadas limitando el controleficiente sobre los registros contables y presupuestarios delos recursos manejados.La Federación Venezolana de Jiu-Jitsu en fecha 14-09-2004, rindió cuenta por Bs. 21,65 millones ante la Unidadde Auditoría Interna del instituto, recursos que le fueronotorgados para la asistencia a los Campeonatos Internacionalesde la Alianza Internacional de Jiu-Jitsu en Río deJaneiro-Brasil, sin embargo, la Unidad de Auditoría Internano realizó la verificación, revisión y control posteriorde la misma, a pesar de haber permanecido en su poderaproximadamente un mes (14-09-2004 al 18-10-2004), porcuanto la documentación soporte del gasto fue requeridapor la Presidencia del instituto según comunicaciones defecha 18-10-2004.Cabe destacar, que esta comisión de Contraloría Generalde la República, realizó la revisión de la solicitudde aporte y sus anexos presentada por la federación y ladocumentación que respalda los gastos efectuados duranteel evento, observando que la federación realizó un reintegropor Bs. 235.769,64 en fecha 14-09-2004, sin embargo, esteOrganismo Contralor determinó que el reintegro debió serpor Bs. 4,57 millones, teniendo en cuenta que los recursosfueron solicitados para la participación de 8 personas alcampeonato anteriormente citado y realmente asistieronal evento 6, es decir, por inscripción en el evento no debieronutilizar Bs. 1,15 millones y por pasajes aéreos Bs.3,42 millones.Asimismo es preciso señalar, que según lo programadola ruta del viaje era Caracas-Río de Janeiro-Caracas y delos 6 boletos en 3 de ellos la ruta fue Caracas-Miami-Ríode Janeiro-Miami-Caracas, observándose en la rendiciónde cuentas y en los tickets electrónicos de los boletos aéreosque el costo de cada uno fue por Bs. 2,91 millones y el costoestimado era por Bs. 1,71 millones, además se observó quelas 3 personas permanecieron en Miami entre 6 y 23 días,también se evidenció que en la rendición incluyeron gastosde alimentación en restaurantes y supermercados por Bs.482.310,37, que no fueron previstos en la aprobación de losrecursos, según lo observado en la documentación soporte.No obstante, lo anterior la LOCGRSNCF, en su artículo35 prevé que el control interno es un sistema que comprendelas normas, métodos y procedimientos adoptadospara verificar la exactitud y veracidad de su informaciónfinanciera y administrativa, estimular la observancia delas políticas prescritas y lograr el cumplimiento de sumisión, objetivos y metas, instrumentos éstos que formanparte del sistema nacional del control fiscal y que su implementación,evaluación y control son responsabilidadde la máxima autoridad del ente y del órgano de controlfiscal interno en el ámbito de sus competencias comointegrantes del referido Sistema Nacional. Por su parte,el Manual de Normas y Procedimientos “Solicitud deAporte, Tramitación de Pagos y Rendición de Cuentasde las Federaciones”, establece en el procedimiento Nº 1,que la Auditoría Interna, recibe de los entes deportivosbeneficiarios, el expediente contentivo de las facturasy/o comprobantes, relación de pago y otros anexos, revisa,realiza el control posterior y firma.Es conveniente señalar, que la actuación de los funcionariospúblicos debe atender a los principios definidos en laLey Contra la Corrupción (Gaceta Oficial N° 5.637 Extraordinariodel 07-04-2003), que están dirigidos a salvaguardarel patrimonio público, específicamente en su artículo 7dispone que los funcionarios o empleados públicos debenadministrar y custodiar el patrimonio público con decencia,decoro, probidad y honradez, de forma que la utilizaciónde los bienes y el gasto de los recursos que lo integran sehagan atendiendo a los preceptos constitucionales que rigenla Administración Pública como son la honestidad, eficacia,eficiencia, transparencia y responsabilidad.Lo expuesto evidencia la actuación poco diligentey la falta de compromiso organizacional por parte delos responsables de vigilar y controlar que los recursosotorgados por el IND a la federación sean utilizados377

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007conforme a lo previsto en la solicitud de los mismos,aplicando los principios de transparencia y eficacia en elgasto; en consecuencia, dicha situación no le permite alinstituto asegurar que los recursos dirigidos al desarrollode la actividad deportiva fueran utilizados de manera eficientelo que se traduce en una limitante para garantizarsu gestión.ConclusionesEn el Instituto Nacional de Deportes (IND) existendebilidades, que no contribuyen con la administración eficientey efectiva de los recursos que le han sido confiadospara el desarrollo de la actividad deportiva, por cuantola falta de una efectiva vigilancia sobre los procesos quecanalizan la actividad operativa permiten que el sistemade archivo no garantice la localización de documentaciónsoporte sobre el manejo de los recursos, así como de lasrendiciones de cuenta presentadas. Además no se estánaplicando los procedimientos previstos para efectuar laverificación, revisión y control sobre las rendiciones decuenta presentadas, lo cual no permite detectar debilidadesque inciden en la transparencia con que debe desenvolversela gestión del Instituto. Situaciones que no garantizan elejercicio eficiente de las atribuciones que tiene como enterector del deporte nacional.RecomendacionesSe insta al presidente y demás miembros del Directoriodel IND a:• Realizar las diligencias necesarias con el propósitode organizar, establecer, mantener y evaluar el sistemade control interno, a fin de que los recursosque le han sido confiados al instituto, sean administradoscon eficiencia, eficacia y transparencia,en función de cumplir con el objeto para el cualfue creado.• Instar a las gerencias involucradas en el otorgamientoseguimiento y control de los recursos entregados a lasfederaciones deportivas, dar estricto cumplimiento ala normativa que rige la materia de tal manera que elInstituto se asegure del manejo eficiente del patrimoniopúblico a su cargo.• Girar las directrices que sean necesarias a fin deimplementar un sistema de archivo que facilite elresguardo y localización oportuna de la información ydocumentación relativa al otorgamiento de los recursos,así como de la rendición de cuenta de los mismos,presentada por las federaciones deportivas.INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES (IND)ASIGNACIÓN DE RECURSOS A LA FEDERACIÓN VENEZOLANA DELUCHA AMATEUREl Instituto Nacional de Deportes (IND) es un institutoautónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio,creado mediante Decreto N° 164 de fecha 22-06-49 (GacetaOficial Nº 22.952 del 23-06-49), con domicilio en laciudad de Caracas, bajo la tutela del Ministerio de Deportes(actual Ministerio del Poder Popular para el Deporte)según Decreto N° 5.022 del 27-11-2006 (Gaceta OficialNº 38.574 del 29-11-2006). Es un ente descentralizadosin fines empresariales, en virtud de lo establecido en elartículo 7, numeral 1 de la Ley Orgánica de AdministraciónFinanciera del Sector Público (LOAFSP), GacetaOficial N° 37.606 del 09-01-2003, en concordancia con loprevisto en el artículo 29, numeral 1, literal a, de la LeyOrgánica de Administración Pública (LOAP), GacetaOficial N° 37.305 del 17-10-2001, y está sujeto al controlde este Máximo Órgano Contralor, de conformidad conlo previsto en el numeral 6, artículo 9 de la Ley Orgánicade la Contraloría General de la República y del SistemaNacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), Gaceta OficialN° 37.347 del 17-12-2001.Las federaciones deportivas son organizaciones de carácterprivado, con autonomía administrativa, organizativa,económica y financiera para organizar y administrar su patrimonio;y autonomía funcional para actuar en el marco delas competencias atribuidas en la Ley del Deporte (GacetaOficial N° 4.937 Extraordinario de fecha 14-07-95), a lascuales corresponde coadyuvar con los órganos competentesdel Estado para el cumplimiento de los fines del deporte.Estas entidades tendrán por objeto facilitar la práctica deldeporte y estimular la sana competencia deportiva, asícomo coordinar con los poderes públicos la organizacióny el fomento del deporte.378

Administración Nacional DescentralizadaSector del Desarrollo SocialEn la actualidad el IND, tiene registradas 62 federacionesdeportivas, entre las que se encuentra la Federación Venezolanade Lucha Amateur, la cual está afiliada al ComitéOlímpico Venezolano COV., a la Federación Internacionalde Lucha Amateur (FILA) e inscrita en el Instituto Nacionalde Deportes (IND).Los presupuestos de ingresos y gastos aprobados al INDpara los ejercicios económicos 2001, 2002 y 2003, ascendierona Bs. 28.498,86 millones, Bs. 150,77 mil millones yBs. 219,12 mil millones publicados en las Gacetas OficialesNos. 5.505, 5.562 y 5.618 Extraordinario de fechas 11-12-2000, 24-12-2001 y 19-12-2002 respectivamente.Alcance y objetivo de la actuaciónLa actuación se circunscribió a los años 2001, 2002 y2003, tuvo como objetivos específicos: Evaluar la legalidady sinceridad de las asignaciones así como el destinodado a los aportes otorgados por el IND, a la FederaciónVenezolana de Lucha Amateur. Verificar los mecanismosde control interno implementados por el instituto paraotorgar y controlar los recursos otorgados a la FederaciónVenezolana de Lucha Amateur, asimismo, verificar el controly seguimiento de las rendiciones de cuenta que debenefectuar las federaciones de conformidad con las normaslegales y sublegales que las regulan. El análisis fue selectivoy se evaluaron los aportes entregados para la asistencia aeventos deportivos que se efectuaron durante los años delalcance de la actuación.Observaciones relevantesEn el “Movimiento de Cuenta” N° 201-03-01-02-25 de laFederación Venezolana de Lucha Amateur, correspondientea los períodos 01-01-2001 al 31-12-2001 y 01-01-2002 al31-12-2002, se evidenció que el IND le otorgó a la referidaFederación Bs. 334,04 millones y Bs. 479,03 millones, respectivamente,como aportes para las diferentes actividadesque ejecutaron durante los citados años, sin embargo, enlos archivos del instituto no reposan los planes operativosrespectivos, que contengan las actividades y eventos aejecutar en ese lapso de tiempo y según la Dirección deDeporte de Rendimiento del IND para los períodos enreferencia, no tenían un seguimiento y control a través delos planes operativos anuales, sino que el descargo de losaportes efectuados al Sector Federado se hacía con baseen la asignación presupuestaria.No obstante, la Ley del Deportes en su artículo 15 estableceque el IND es el organismo encargado de planificar,supervisar y evaluar las actividades deportivas que sedesarrollen en el territorio nacional o por venezolanos encompetencias deportivas internacionales, así mismo, en elartículo 21 numerales 3 y 9 prevé como atribuciones deldirectorio elaborar el plan general del deporte venezolano,fijando así el marco de actuación y dirección dentro del cualdesarrollará su labor la organización deportiva del país,así como la elaboración de los distintos planes operativosanuales que garantizarán la ejecución del referido plan general;y acordar con las federaciones deportivas nacionaleslos planes y programas respectivos. En ese mismo ordende ideas, el manual de organización del instituto aprobadopor el Directorio según memorando N° 023/SD de fecha16-03-2000, contempla como función de la Dirección GeneralSectorial Deporte de Rendimiento la de “orientar,controlar y evaluar a las Federaciones nacionales en laelaboración de sus programas y planes operativos anuales,para el desarrollo del Deporte Nacional”. Por su parte, lasNormas Generales de Control Interno (NGCI), GacetaOficial N° 36.229 del 17-06-97, prevén en sus artículos 15y 16 que la planificación debe ser una función institucionalpermanente, sujeta a una evaluación periódica, para ellose deben establecer mecanismos para ejercer el control delas actividades de acuerdo con lo programado.La situación expuesta obedece a debilidades en el sistemade control interno administrativo del ente rector deldeporte, por cuanto éste es quien tiene asignada la facultadde dirigir y supervisar las actividades deportivas a escalanacional y por tanto debe estar vigilante del destino de losrecursos otorgados a la federaciones deportivas, teniendoen cuenta que el plan operativo anual es un instrumento quepermite un control sobre la ejecución de las actividades deacuerdo con lo programado, en consecuencia, el presupuestoasignado para el desarrollo del deporte, específicamente enla disciplina de la lucha amateur, estuvo sujeto a la improvisaciónpor no contar con un instrumento contentivo de los379

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007objetivos, acciones metas, lapsos o cronogramas específicosde ejecución durante el periodo objeto de análisis.De la revisión efectuada a la documentación que reposaen la Unidad de Auditoría Interna, relacionada con losXIV Juegos Nacionales Juveniles Lara 2001, entre ella loscomprobantes de las rendiciones de cuenta por Bs. 133,06millones presentados por el comité organizador de los referidosjuegos nacionales y que fue remitida en fecha 04-09-2001 y 29-09-2001, a la Dirección de Finanzas-División deContabilidad, se observó que el IND otorgó tales recursos,sin embargo, en los archivos de la Dirección de Finanzasdel instituto no se localizó la documentación soporte dondeconste el total del aporte entregado a FEVELUCHA ni de larendición de los mismos.No obstante el artículo 23 literales a y b de las NGCI,señalan que los documentos deben archivarse siguiendo unorden cronológico u otros sistemas de archivo que facilitensu oportuna localización y conservarse durante el tiempoestipulado legalmente, además las autoridades competentesdel organismo o entidad adoptarán las medidas necesariaspara salvaguardar y proteger los documentos contra incendios,sustracción o cualquier otro riesgo, e igualmente,para evitar su reproducción no autorizada. Asimismo,las Normas Generales de Contabilidad del Sector Público(NGCSP), Gaceta Oficial 36.879 del 27-01-2000, señalan ensus artículos 8 y 10 que todas las operaciones que afecten laHacienda Pública deben ser objeto de registro contable, y quelas transacciones deben contar con archivos donde reposanlos documentos soportes que determine la normativa legalreglamentaria. Por otra parte, las NGCI en su artículo 30prevén que como soporte de los sistemas y mecanismos decontrol interno se deben implantar y mantener un sistemade comunicación y coordinación que provea informaciónrelativa a las operaciones confiable y oportuna.Lo expuesto se debe a la ausencia de mecanismos de controlinterno que permitan efectuar una efectiva vigilanciasobre los procesos que canalizan la actividad operativa enel instituto, así como a la actuación poco diligente de losresponsables del archivo y resguardo de los documentossoportes de las operaciones contables. En consecuencia,la actividad administrativa que involucró el otorgamientode los recursos, su rendición, así como el control por partedel instituto se ejecutó sin considerar los principios constitucionalesde transparencia, legalidad y eficiencia en lautilización de los recursos presupuestarios, limitando alIND para ejercer el control sobre su gestión y al organismocontralor disponer de información confiable sobre las operacionesfinancieras, presupuestarias y administrativas.De la revisión efectuada a la rendición de cuenta presentadapor la Federación Venezolana de Lucha Amateur,por Bs. 1,98 millones para cubrir los gastos vinculadoscon la participación en el 7° torneo internacional de luchaolímpica, estilo libre “Copa Esparta” San Juan de PuertoRico, específicamente para gastos de bolsillo y para los trámitesde las visas para 9 personas, aprobada por la Unidadde Auditoría Interna y remitida por ésta a la Dirección deFinanzas-División de Contabilidad, se observó que los gastosrendidos por la referida federación se resumen en unarelación, sin la documentación que soporte dichos gastos,a saber: facturas o documentos similares que demuestrenque los atletas y el personal técnico estuvieron en el citadopaís. Asimismo, es preciso señalar que no se encontróinformación con respecto al otorgamiento y rendición decuenta de los recursos financieros para la compra de losboletos aéreos necesarios para asistir al evento realizadoen San Juan de Puerto Rico.No obstante, la LOCGRSNCF en su artículo 23 estableceque para lograr la transparencia y eficiencia enel manejo de los recursos del sector público el Estadocontará con el Sistema Nacional de Control Fiscal y a suvez, en el artículo 24 eiusdem le asigna tal responsabilidaddentro del ámbito de sus competencias, a la máximaautoridad del ente y al órgano de control fiscal interno,entre otros; de lo que se desprende que el sistema decontrol interno es una función inherente a la gestión ydirección de las organizaciones que debe ser ejercido porlos funcionarios de la entidad, y es responsabilidad de lamáxima autoridad del ente que esto ocurra, lo cual constituyeuna obligación de carácter legal; y su evaluaciónle corresponde a la unidad de auditoría interna a efectosde brindarle a la administración activa propuestas quepermitan mejorarlo y aumentar la efectividad y eficienciade la gestión administrativa.380

Administración Nacional DescentralizadaSector del Desarrollo SocialPor otra parte, las NGCI en su artículo 23 prevén quetodas las transacciones y operaciones financieras, presupuestariasy administrativas deben estar respaldadas con lasuficiente documentación justificativa y contar con sistemasde archivo que faciliten su localización oportuna, de igualmanera las NGCSP en los artículos 8 y 10 disponen quetodas las operaciones que afecten la Hacienda Pública debentener un control lógico de archivo y estar respaldadaspor los documentos soportes que determine la normativalegal y reglamentaria.Esta situación obedece a la actuación poco diligente delas dependencias encargadas de la ejecución de las actividadesadministrativas, presupuestarias y financieras del INDy a la vulnerabilidad de los mecanismos de control y supervisiónen dicho instituto, relacionados con la detección deposibles desviaciones en las rendiciones de cuenta que lepermitan al órgano de control interno formular objecionespertinentes y oportunas a las Federaciones, con la intenciónde coadyuvar en una sana gestión, en consecuencia,lo anterior deja en evidencia que el Instituto está limitadopara garantizar que los recursos han sido utilizados en losfines previstos, así como la eficiencia y transparencia desu gestión.ConclusionesDel resultado obtenido en la actuación fiscal se concluyeque el sistema de control interno, del IND, presentadebilidades en cuanto a la planificación de las actividadesdeportivas, desarrolladas por la Federación Venezolanade Lucha Amateur que inciden en el cumplimiento de objetivosy metas del ente rector del deporte, por cuanto nofueron ubicados los planes operativos, que especifiquen lasactividades y eventos realizados por FEVELUCHA, además,la ausencia de una efectiva vigilancia sobre los procesosque regulan la actividad operativa, permitiendo que elsistema de archivo no garantice la localización oportunade la documentación soporte donde conste el total de losrecursos entregados a la federación. Por otra parte, las dependenciasencargadas de otorgar y controlar los aportesentregados no emprendieron acciones dirigidas a instar ala federación a cumplir con la demostración formal y materialde los recursos otorgados. Situaciones estas que nogarantizan el adecuado control de los recursos que le sonotorgados a la federación ni la transparencia en la gestiónque desarrolla el IND.RecomendacionesSe insta al Presidente y demás miembros del Directoriodel IND a:• Emprender las acciones necesarias con el propósito deorganizar, establecer, mantener y evaluar el sistemade control interno, a fin de que los recursos que lehan sido confiados al Instituto, sean administradoscon eficiencia, eficacia y transparencia, en función decumplir con el objeto para el cual fue creado.• Coordinar con la Federación Venezolana de LuchaAmateur las acciones pertinentes dirigidas a efectuarla planificación de las actividades deportivas de dichadisciplina e impartir las instrucciones pertinentes afin de que los aportes a otorgarle, obedezcan a dichaplanificación.• Girar las instrucciones necesarias a la dependenciaencargada de la ejecución y custodia de la documentacióndirigidas a implementar un sistema de archivoque facilite el resguardo y localización oportuna de lainformación y documentación relativa al otorgamientode los recursos, así como de la rendición de cuenta delos mismos, presentada por la federación deportiva.INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES (IND)ASIGNACIÓN DE RECURSOS A LA FEDERACIÓN VENEZOLANADE TRIATLÓNEl Instituto Nacional de Deportes (IND) es un institutoautónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio,creado mediante Decreto N° 164 de fecha 22-06-1949(Gaceta Oficial Nº 22.952 del 23-06-1949), bajo la tuteladel Ministerio de Deportes (actual Ministerio del PoderPopular para el Deporte según Decreto N° 5.022 del 27-11-2006 Gaceta Oficial Nº 38.574 del 29-11-2006). Es unente descentralizado sin fines empresariales, en virtud delo establecido en el artículo 7, numeral 1 de la Ley Orgánicade la Administración Financiera del Sector Público(LOAFSP), Gaceta Oficial N° 37.606 de 09-01-2003, enconcordancia con lo previsto en el artículo 29, numeral 1,381

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007literal a, de la Ley Orgánica de Administración Pública(LOAP), Gaceta Oficial N° 37.305 del 17-10-2001, y estásujeto al control de este máximo Órgano Contralor, deconformidad con lo previsto en el numeral 6, artículo 9 dela Ley Orgánica de la Contraloría General de la Repúblicay del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF),Gaceta Oficial N° 37.347 del 17-12-2001.En la actualidad el IND tiene registradas 62 federacionesdeportivas, entre las que se encuentra la FederaciónVenezolana de Triatlón, la cual está afiliada al ComitéOlímpico Venezolano, a la Unión Internacional de Triatlón,la Confederación Sudamericana de Triatlón, así como aotras organizaciones regionales y continentales a las cualespodría afiliarse dentro de los principios democráticos deigualdad y competitividad. Es la entidad deportiva encargadade fomentar, planificar, programar, organizar, dirigir,coordinar, supervisar y evaluar la actividad del Triatlón,Duatlón y Acuatlón en todo el territorio nacional, así comolegalmente autorizada para representar a la especialidadante cualquier nación del mundo.Los presupuestos de Ingresos y Gastos que le aprobaronal IND para los ejercicios económicos 2003y 2004 ascendieron a Bs. 150.770,62 millones y Bs.219.124,77 millones (gacetas oficiales Nros. 5.618 y 5.678Extraordinario de fechas 19-12-2002 y 16-12-2003 respectivamente),asignándole para los referidos años a laFederación Venezolana de Triatlón Bs. 280,43 millonesy Bs. 345,54 millones.Alcance y objetivo de la actuaciónLa actuación se circunscribió a los años 2003 y 2004,tuvo como objetivos específicos evaluar la legalidady sinceridad de las asignaciones así como el destinodado a los aportes otorgados por el IND, a la FederaciónVenezolana de Triatlón. Verificar los mecanismosde control interno implementados por el instituto paraotorgar y controlar los recursos otorgados a la FederaciónVenezolana de Triatlón; asimismo, verificar el controly seguimiento de las rendiciones de cuenta que debenefectuar las federaciones de conformidad con las normaslegales y sublegales que las regulan. El análisis fueselectivo y se evaluaron los aportes entregados para alaasistencia a eventos deportivos que se efectuaron durantelos años del alcance de la actuación.Observaciones relevantesEl IND otorgó recursos por Bs. 45,69 millones a laFederación Venezolana de Triatlón durante el año 2003,para la participación en la Copa Mundial y CampeonatoPanamericano, Copa Internacional de la Mujer y CampeonatoIberoamericano de Triatlón todas las categorías, sinembargo, estas actividades no estaban previstas en el planoperativo de la federación para el citado año, asimismo, dela revisión a la documentación soporte de las solicitudesde recursos efectuadas por la federación ante el IND, nose encontró documento alguno donde conste la respectivareprogramación, es importante señalar, que en el documentodenominado “Aval Dirección Técnica-Metodológica”,emitido por la Dirección General Deporte de Rendimiento,para cada una de las actividades deportivas citadas enfechas 17-11-2003, 21-05-2003 y 24-11-2003, indican quetales eventos estaban contemplados en la ProgramaciónAnual de la Federación. No obstante, lo establecido, enel Manual de Normas y Procedimientos de Solicitud deAporte, Tramitación de Pagos y Rendiciones de Cuentas delas Federaciones en la Norma Nº 3, la cual señala que lasfederaciones podrán solicitar aportes a la Dirección Generalinvolucrada del IND, de acuerdo con lo estipulado en elplan operativo respectivo. Asimismo, el referido manualprevé la posibilidad de realizar ajustes a la programaciónde actividades, lo cual se concatena con lo establecido enel artículo 12 de la Ley Orgánica de Planificación, GacetaOficial N° 5.554 Extraordinario del 13-11-2001, que hacereferencia al concepto de perfectibilidad, al mencionar quela planificación debe ser perfectible, por lo que deben evaluarsesus resultados, a efectos de incorporar los ajustes quesean necesarios, teniendo en cuenta que el Plan OperativoAnual es una herramienta de gestión que permite planificarlas actividades para el año y verificar el avance de laejecución del proyecto en relación con lo presupuestado.Por su parte, los artículos 15, 16 y 17 de las Normas Generalesde Control Interno (NGCI), Gaceta Oficial N° 36.229del 17-06-1997, señalan que deben adoptarse decisionesdirigidas a establecer mecanismos para ejercer el control382

Administración Nacional DescentralizadaSector del Desarrollo Socialde las actividades de acuerdo a lo programado; que la planificacióndebe ser una función institucional permanentesujeta a evaluación periódica, así como que su realizaciónconsiderará los recursos humanos, materiales y financierosque permitan el normal desarrollo de las actividadesprogramadas. Lo anteriormente expuesto, obedece a lafalta de coordinación y comunicación entre el IND comoente encargado de planificar las actividades deportivas yla federación como facilitadora de la práctica deportiva,aunado a las deficiencias en el sistema de control interno,al no dar cumplimiento a la normativa interna del institutoque prevé en su manual de normas y procedimientos, quepodrán incorporarse las modificaciones a los planes operativosde las federaciones una vez realizado el análisis delos ajustes trimestrales. En consecuencia, el presupuestopara el desarrollo de la actividad deportiva asignado estuvosujeto a improvisación, por no disponer de una planificaciónadecuada, limitando al instituto evaluar el grado deefectividad y eficacia de su gestión.La Federación Venezolana de Triatlón (FEVETRI) norindió cuenta definitiva de Bs. 54,81 millones, recursosotorgados por el IND durante el año 2004 para la asistenciaa los eventos internacionales de: Copa Internacionalde Triatlón, Campeonato Iberoamericano, CampeonatoPanamericano y Copa Internacional de la Mujer, toda vezque las rendiciones de cuentas presentadas en fechas 05-02-2004, 24-04-2004, 26-04-2004 y 27-04-2004, fueronobjetadas por la Unidad de Auditoría Interna, por cuantola federación no suministró la totalidad de la documentaciónrespaldo de los gastos realizados, es decir, faltaronsoportes del gasto por Bs. 25,76 millones, equivalentes a47,00%, del aporte otorgado, y a la fecha de la presente auditoría(26-10-2006), la federación aún no había entregadodicha documentación. No obstante, que las federacionesdeportivas están obligadas a rendir cuenta, por el manejode los fondos públicos aportados de conformidad con loestablecido en el artículo 141 de la Constitución de laRepública Bolivariana de Venezuela (Gaceta Oficial N°5.453 Extraordinario del 24-03-2000), artículo 52 de laLCGRSNCF, artículo 32 numeral 3 y 36 numeral 7 de laLey del Deporte Gaceta Oficial 4.937 Extraordinario del14-06-1995; por su parte, el Manual de Normas y Procedimientosde Solicitud de Aporte, Tramitación de Pagosy Rendiciones de Cuentas de las federaciones, señala enla Norma Nº 14, que las federaciones deberán presentarante la Auditoría Interna, por cada aporte recibido, todala documentación que de manera independiente justifiquelos gastos realizados sujetos a rendición de cuenta. Lasituación expuesta obedece a la actuación poco diligentede las dependencias encargadas de otorgar y controlarlos aportes, con el fin de obtener las rendiciones respectivas,teniendo en cuenta que el Órgano de Control FiscalInterno del IND, mediante las comunicaciones de fechas27-02-2004, 12-05-2004, 13-05-2004 y 18-05-2004, objetólas rendiciones de cuenta presentadas, sin que existaevidencia de diligencias posteriores a los efectos de instara la federación a demostrar formal y materialmente lacorrección de la administración, manejo y custodia de losrecursos públicos otorgados. En consecuencia, el institutono cumplió con la atribución que le asigna la ley comoente rector del deporte, específicamente en la disciplinade triatlón, por cuanto no fue vigilante del destino delos recursos objeto de análisis, quedando limitado paragarantizar que los mismos fueron empleados de formaeficiente en los fines previstos.ConclusionesEn función de los objetivos planteados se concluye queel sistema de control interno del Instituto Nacional deDeportes (IND) tiene marcadas debilidades en cuanto a laplanificación y coordinación de las actividades deportivas,específicamente en la disciplina del triatlón que repercutenen el cumplimiento del propósito de creación del instituto,y además no garantizan una administración eficiente yefectiva de los recursos públicos a su cargo, por cuantootorgó recursos para actividades no previstas en el planoperativo de la federación, es decir, los recursos fueronadministrados de forma improvisada, aunado a que nose evidenciaron acciones por parte de las dependenciasencargadas de otorgar y controlar los aportes entregadosdirigidos a instar a la federación a cumplir con la demostraciónformal y material de la totalidad de los recursosotorgados, por lo que el IND no fue vigilante del destinode los recursos públicos que le fueron confiados, con locual queda limitado para asegurar que los mismos fueronutilizados eficientemente en los fines previstos.383

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007RecomendacionesSe insta al presidente y demás miembros del Directoriodel IND a:• Emprender las acciones necesarias con el propósitode organizar, establecer, mantener y evaluar el sistemade control interno, a fin de que los recursos quele han sido confiados al instituto, sean administradoscon eficiencia, eficacia y transparencia, en función decumplir con el objeto para el cual fue creado.• Coordinar con la Federación Venezolana de Triatlónlas acciones necesarias para efectuar una planificaciónde las actividades deportivas de dicha disciplina aimpartir las instrucciones pertinentes a fin de que losaportes a asignar, obedezcan a dicha planificación.INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRÍCOLAS(INIA)OTORGAMIENTO DE BONIFICACIONES A PERSONAL DIRECTIVOEl Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas(INIA) es un instituto autónomo con personalidad jurídicay patrimonio propio, creado mediante ley de fecha 27-07-2000 (Gaceta Oficial N° 37.022 del 25-08-2000), actualmente,está adscrito al Ministerio del Poder Popular parala Agricultura y Tierras (Decreto N° 5.379 de fecha 12-06-2007, Gaceta Oficial N° 38.706 de fecha 15-06-2007).Tiene por objeto la investigación científica, el desarrollotecnológico, el asesoramiento y la prestación de serviciosespecializados para contribuir al desarrollo sostenible ycompetitivo del sector agrícola, pecuario, forestal, pesqueroy del medio rural.La estructura del instituto en funcionamiento constade la Junta Directiva, la Presidencia y la Gerencia General.A la Gerencia General están adscritos la ConsultoríaJurídica y las Oficinas de Desarrollo Institucional (ODI),de Recursos Humanos, de Administración y Servicios, deInvestigación y de Negociación Tecnológica, así como lasUnidades Ejecutoras. Ahora bien, en el marco del procesode reorganización y modernización del INIA, al cual se dioinicio mediante Providencia Administrativa N° 2005/004de fecha 16-11-2005 (Gaceta Oficial N° 38.418 del 17-04-2006), la Oficina de Desarrollo Institucional, propuso elsubproyecto “Diseño de la Nueva Estructura Organizativadel INIA”, en el cual, su estructura organizativa estaráconformada por la Junta Directiva, la Presidencia y la VicepresidenciaEjecutiva. La Junta Directiva es el máximoórgano de la institución, cuyos integrantes deberán serinvestigadores activos o expertos en las áreas de competenciadel instituto.El presupuesto de Ingresos y Gastos del INIA para elejercicio fiscal 2006 fue aprobado por Bs. 181.905,17 millones(Gaceta Oficial N° 5.795 Extraordinario del 20-12-2005), y modificado según ejecución del cuarto trimestre2006 en un 46,35%. En cuanto al presupuesto aprobado deIngresos y Gastos del INIA, para el 2007 ascendió a Bs.218.965,16 millones (Gaceta Oficial N° 5.828 Extraordinariodel 11-12-2006).Alcance y objetivos de la actuaciónLa actuación se orientó a evaluar selectivamente lalegalidad y sinceridad de las bonificaciones otorgadasal personal directivo, así como verificar la existencia depasivos laborales del INIA, para el 2006 y primer cuatrimestre2007. En tal sentido, se plantearon como objetivosespecíficos verificar el cumplimiento de las disposicioneslegales y sublegales que rigen el otorgamiento de bonificacionesal personal directivo del instituto, así como, ladisponibilidad presupuestaria para su ejecución, y determinarselectivamente el estado de los pasivos laborales y lascausas por las cuales no han sido pagados a sus respectivosbeneficiarios.Observaciones relevantesLa Junta Directiva del INIA según acta de reuniónrealizada el 13-09-2006, aprobó otorgar un bono de permanenciadel 300,00% del sueldo integral a ser pagadosemestralmente, con incidencia en las prestaciones socialesa los cargos de: Presidente, Gerente General, Gerentede Línea, Decano de la Escuela Superior de AgriculturaTropical (ESAT), Auditor Interno, Consultor Jurídico y Directoresde Unidades Ejecutoras del instituto, con vigenciaa partir del 01-01-2006. Posteriormente, según punto XXI,384

Administración Nacional DescentralizadaSector del Desarrollo SocialResolución N° 531 de la Junta Directiva del INIA, de fecha04-10-2006, se procedió a corregir la redacción del actaya mencionada, agregándose la palabra anual a la base decálculo del bono de permanencia, quedando redactada enlos términos siguientes: “…se aprueba un bono de permanenciadel 300,00% anual del sueldo integral, el cual sepagará semestralmente con incidencia en las prestacionessociales”.Relacionado con la aprobación del bono de permanenciase observaron los hechos siguientes:Previamente a la aprobación del bono de permanencia,fueron aprobadas por el presidente del INIA, dos “órdenesinternas”, en los términos que se presentan a continuación:• La Orden Interna de fecha 03-08-2006 dicta: “ArtículoÚnico: El procedimiento previsto en los artículos 57y 62 de la Ley del Estatuto de la Función Pública,referente a las evaluaciones de desempeño, no seráaplicable a los funcionarios en cargos de Directoresy Gerentes”.• La Orden Interna de fecha 02-11-2006, textualmentedice: “Artículo Primero: En sustitución del procedimientoprevisto en los artículos 57 al 62 de la Ley delEstatuto de la Función Pública, referente a las evaluacionesde desempeño, aplicable a los funcionariospúblicos, se instruye a los Directores de Estaciones,Directores de Centros experimentales, Gerentes yaquellos que ostente igual rango, deberán presentardos (2) informes de gestión anualmente, con cortessemestrales dentro de la primera semana de cada messiguiente al vencimiento de cada período” (sic).Al respecto, el artículo 137 de la Constitución de laRepública Bolivariana de Venezuela (Gaceta Oficial Nº5.452 Extraordinario del 24-03-2000) establece que lasreferidas órdenes, como actos administrativos que son,deben ajustarse a las prescripciones de la ley. En esesentido tenemos, que un acto administrativo, como en elcaso que nos ocupa, una orden interna, no puede prever oestablecer condiciones o prerrogativas inexistentes en eltexto de la Ley, como efectivamente ocurrió con las órdenesinternas aludidas precedentemente, las cuales obviaron elprocedimiento de Evaluación de Desempeño previsto enlos artículos 57 al 62 de la Ley del Estatuto de la FunciónPública (Gaceta Oficial N° 37.522 del 06-09-2002). Comocausa, se evidencia que no se cumplió con indagar sobrelas implicaciones legales de dichos actos administrativos.Lo antes expuesto, trajo como consecuencia, que dichasórdenes internas se hayan aprobado bajo la interpretaciónerrada de la norma que condujo a una eliminación de laevaluación de desempeño para el grupo de funcionarios dealto nivel del instituto.En el cálculo definitivo del bono de permanencia paraambos semestres del año 2006, pagados en fechas 27-09-2006 y 17-05-2007 respectivamente, se incluyó el aporte decaja de ahorros por Bs. 14,03 millones y Bs. 10,30 millones,respectivamente, montos que representan el 10,00% de lasumatoria de los conceptos que conforman el salario integral.No obstante, que el artículo 671 de la Ley Orgánicadel Trabajo (LOT), Gaceta Oficial N° 5.554 Extraordinariodel 13-11-2001, prevé que “los aportes patronales para elfomento del ahorro de los trabajadores... no serán estimadoscomo integrantes del salario para el cálculo de lasprestaciones, beneficios o indemnizaciones que deriven dela relación de trabajo…” Adicionalmente, con respecto a laprestación de antigüedad”, por Bs. 23,34 millones, incluidaen el cálculo definitivo del bono de permanencia para elsegundo semestre del año 2006, por Bs. 260,03 millones;vale destacar, por una parte, que según el artículo 108de la LOT, “Después del tercer mes ininterrumpido deservicio, el trabajador tendrá derecho a una prestación deantigüedad; y, por otra parte, que en el texto del acta de laJunta Directiva del INIA de fecha 13-09-2006, se aprobóque dicho bono tenga incidencia en la prestación de antigüedad.De lo anterior se desprende, en primer lugar, quecomo su nombre lo indica, la prestación de antigüedad es unconcepto derivado exclusivamente del tiempo de servicioque tenga un trabajador; y, en segundo lugar, se entiende,que la incidencia del bono de permanencia en la prestaciónde antigüedad, impide la posibilidad de que este últimoconcepto recíprocamente tenga incidencia sobre el bono,pues esta relación es mutuamente excluyente; es decir, siel bono de permanencia incide en las prestaciones sociales;las prestaciones sociales no pueden incidir en el bono. Eneste orden de ideas, se hace evidente como causa de la385

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007inclusión de estos conceptos para el cálculo del bono depermanencia, debilidades en el ejercicio del control internopor parte del encargado de revisar y aprobar los cálculos detodos las remuneraciones al personal y sus equivalentes ydel encargado de velar porque todos los asuntos del institutose realicen con sujeción a la normativa legal y sublegalaplicable para cada caso, a fin de preservar sus intereses,entre los cuales destacan las erogaciones y los compromisospresupuestarios y financieros. De manera consecuente, lospagos del bono de permanencia correspondientes al primery segundo semestres de 2006, se excedieron en Bs. 21,04millones y Bs. 49,94 millones, respectivamente.Los recursos empleados por la organización para elpago del bono de permanencia de sus directivos, tuvieroncomo fuente, las economías del Presupuesto de Gastosdel año 2006, sin embargo, los documentos soportes nofueron consignados, lo que imposibilitó verificar las citadaseconomías presupuestarias. Asimismo, relativo a laafectación presupuestaria, se argumentó que los sistemasde nómina y ejecución presupuestaria son independientes,por lo que hay que ejecutar una interfase para que se puedaafectar el presupuesto, por eso el listado muestra un solomonto, y no separado por nómina, además, no enviaronel listado del año 2007 donde se muestra la afectaciónpresupuestaria. En relación con este aspecto, el artículo18 del Reglamento N° 4 de la Ley Orgánica de AdministraciónFinanciera del Sector Público (Gaceta Oficial N°5.623 Extraordinario del 29-12-2002) establece que lastransacciones de carácter financiero y las de los demáshechos económicos que afecten el patrimonio público,deben estar suficientemente documentadas; por su parte,el artículo 131 de la Ley Orgánica de la AdministraciónFinanciera del Sector Público (Gaceta Oficial Nº 38.198,de fecha 31-05-2005), establece que el sistema de controlinterno tiene por objeto asegurar la obtención de informaciónadministrativa, financiera y operativa útil, confiabley oportuna; asimismo, el artículo 132 eiusdem prevé “Elsistema de control interno de cada organismo será integrale integrado, abarcará los aspectos presupuestarioseconómicos, financiero, patrimoniales, normativos y degestión...”. Como causa de estas situaciones se observaque la máxima autoridad, no ha asumido la responsabilidadde organizar, establecer, mantener y evaluar elsistema de control interno; además, en lo que respecta alcumplimiento del marco legal que rige el otorgamiento debonificaciones al personal directivo, así como la disponibilidadpresupuestaria para su ejecución, se aprecia en elinstituto, la inexistencia de un sistema de comunicación ycoordinación que provea información confiable, oportunay actualizada relativa a sus operaciones, y que representeun soporte de los sistemas y mecanismos de control interno,tal como lo establece el artículo 30 de las NormasGenerales de Control Interno (Gaceta Oficial Nº 36.229del 17-06-1997). Como consecuencia, la forma en que segenera la información presupuestaria, financiera, administrativay técnica no garantiza su exactitud, cabalidad,veracidad y oportunidad, lo que incide en las decisionestomadas por las autoridades internas del instituto, competentesen la materia.De la revisión al “Listado Prestaciones Sociales eIntereses Adeudadas en Régimen Anterior hasta el 31-03-2007” de la Comisión Presidencial para el cálculoy cuantificación de la Deuda Laboral, se observó queel INIA adeuda a sus trabajadores el monto de Bs.53.215,22 millones, el cual incluye Bs. 46,30 millonescorrespondiente a los intereses generados por esta deuda.Ahora bien, en el artículo 668 de la LOT, se establecela obligatoriedad del patrono de pagar lo adeudado envirtud del artículo 666 eiusdem, de esa ley en un plazono mayor de 5 años, contados a partir de la entrada envigencia de dicha ley, asimismo, el parágrafo primeroeiusdem, prevé que vencidos los plazos establecidos sinque hubiere pagado al trabajador las cantidades indicadas,el saldo pendiente devengará intereses a la tasa activadeterminada por el Banco Central de Venezuela, tomandocomo referencia los 6 principales bancos comerciales yuniversales del país. Al respecto, el instituto informó queactualmente se ha diligenciado esta deuda ante la OficinaNacional de Presupuesto (ONAPRE), acción que permitirála tramitación de un crédito adicional. No obstante, loargumentado, a criterio de este Organismo Contralor,evidencia que no se han ejercido las acciones tendentesa la obtención efectiva de los recursos para el pago delmonto adeudado, lo que incide en el incremento de lospasivos laborales por concepto de intereses que alcanzaronal 31-03-2007 la suma de Bs. 46,30 millones.386

Administración Nacional DescentralizadaSector del Desarrollo SocialConclusionesPara el ejercicio fiscal 2006 y primer cuatrimestre 2007,el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA)presentó situaciones que no se ajustaron a la normativaque regula su funcionamiento, toda vez que, se permitióla aprobación de “órdenes internas” mediante las cuales sesustituyó el procedimiento de evaluación de desempeñoestablecido en una norma de rango legal en soslayo de lacorrecta y general aplicación de la misma; los cálculos delbono de permanencia incluyeron conceptos no establecidospor la LOT como integrantes del salario para el cálculo delas prestaciones, beneficios o indemnizaciones que derivende la relación de trabajo; se evidenciaron debilidades enel ejercicio coordinado del control interno de los encargadosde las unidades involucradas en el cálculo y pagodel bono de permanencia y la inexistencia de un sistemade comunicación y coordinación que provea informaciónconfiable, oportuna y actualizada relativa a las operacionespresupuestarias y financieras; asimismo, en el institutono se han ejercido las acciones tendentes a la obtenciónefectiva de los recursos para sufragar los pasivos laborales;situaciones éstas, que desfavorecen el funcionamientoóptimo del instituto y no garantizan el adecuado manejode los recursos del Estado.RecomendacionesEsta Contraloría General de la República insta a la JuntaDirectiva del INIA a:• Establecer mecanismos de control interno dirigidosa velar por la observancia de los requisitos y condicionesque deben cumplirse en la aprobación yautorización de los instrumentos normativos internosa los fines de garantizar su concordancia y sujecióncon las leyes vigentes en la materia.• Organizar, establecer, mantener y evaluar el sistemade control interno, en lo que respecta al cumplimientodel marco legal que rige el otorgamiento de bonificacionesal personal directivo, así como la disponibilidadpresupuestaria para su ejecución.• Girar las instrucciones a las unidades involucradasen el manejo de la nómina, específicamente, las Oficinasde Recursos Humanos y de Administración yServicios, para que revisen la legalidad y sinceridadde los cálculos y pagos del bono de permanencia, eigualmente de cualquier otro beneficio que se apruebepara los funcionarios del INIA.• Emprender las acciones necesarias que permitan darceleridad a la obtención de los recursos destinados alpago de los pasivos laborales a los fines de evitar elincremento de la deuda por concepto de intereses.INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER (INAMUJER)DESIGNACIÓN DEL TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNOEl Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER) fue creadomediante la Ley de Igualdad de Oportunidad para la Mujer,(Gaceta Oficial N° 4.635 Extraordinario del 28-09-1993).Posteriormente, dicha ley fue modificada según DecretoN° 428 del 25-10-99 (Gaceta Oficial N° 5.398 Extraordinariodel 26-10-1999) resaltando entre otros aspectos que,el instituto quedó bajo la tutela del Ministerio de Salud yDesarrollo Social, y actualmente según Decreto N° 5.246del 20-03-2007, sobre Organización y Funcionamiento dela Administración Pública Nacional (Gaceta Oficial N°38.654 del 28-03-2007), está adscrito al Ministerio delPoder Popular para la Participación y Protección Social.INAMUJER es el órgano permanente de definición, ejecución,dirección, coordinación, supervisión y evaluaciónde las políticas y asuntos relacionados con la condicióny situación de la mujer. Su patrimonio estará constituidopor las aportaciones anuales que le sean asignadas en laLey de Presupuesto; otros ingresos y bienes que le puedanser asignados o adscritos; los bienes provenientes de lasdonaciones, legados y aportes de todo índole; sus ingresospropios, obtenidos por el desarrollo de sus actividades ypor los servicios que preste; y los demás bienes que adquierapor cualquier título. Vale resaltar, que los bienesdel instituto no podrán ser objeto de medidas cautelareso ejecutivas de ninguna índole por parte de los órganosjudiciales.En relación con su presupuesto original de Ingresos yGastos, para el año 2005, ascendió a Bs. 5.460,28 millones yfue aprobado mediante Ley de Presupuesto (Gaceta OficialN° 5.744 Extraordinario del 13-12-2004).387

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007Alcance y objetivo de la actuaciónLa actuación se orientó a la evaluación del proceso deselección del titular de la Unidad de Auditoría Interna delINAMUJER, durante el año 2005. En tal sentido, se planteócomo objetivo específico verificar si el proceso de seleccióndel titular de la Unidad de Auditoría Interna del instituto,se realizó de conformidad con la normativa legal vigentepara esa fecha.Observaciones relevantesLa Superintendencia Nacional de Auditoría Interna(SUNAI) dio conformidad a la configuración de los miembrosdel jurado del INAMUJER. Sin embargo, este OrganismoContralor, observó que la SUNAI notificó al instituto 3días después del período previsto en el artículo 4, numeral2 del Reglamento sobre los Concursos para la Designaciónde los Titulares de las Unidades de Auditoría Interna delos Órganos del Poder Público Nacional y sus Entes Descentralizados,(Gaceta Oficial N° 37.394 del 28-02-2002),vigente para la fecha de convocatoria al concurso, el cualestablecía: “Notificar a la Superintendencia Nacional deAuditoría Interna dentro de los cinco (5) primeros díashábiles, a fin de que esta nombre su representante en elJurado con su respectivo suplente dentro de los diez (10)días siguientes a este último lapso”. Condición que tuvosu origen porque la máxima autoridad del INAMUJER, noefectuó acciones tendentes para que la Superintendencianombrara a sus representantes en el tiempo previsto enla norma supra citada, aunado al atraso de la SUNAI alno dar cumplimiento al lapso establecido en el artículomencionado, lo que ocasionó que la designación de losmiembros del jurado de la SUNAI y los procedimientossubsiguientes no se ajustaran a los períodos que estableceel Reglamento, vigente para la fecha en que se realizó elconcurso en el ente.El Directorio Ejecutivo del INAMUJER juramentó al JuradoCalificador del concurso público para la selección delAuditor Interno de su Unidad de Auditoría Interna (UAI).No obstante, este Organismo Contralor, corroboró queel lapso empleado por la SUNAI para la designación de surepresentante en el Jurado Calificador con su respectivosuplente, no se realizó en el lapso previsto. Situación quese originó por cuanto, el INAMUJER no efectuó accionestendentes para que dicho acto se efectuara en el tiempoprevisto en el último párrafo del artículo 4 del citadoReglamento, relativo a que “Una vez realizada la designación,el Jurado deberá ser juramentado por la máximaautoridad jerárquica del respectivo organismo o entidad,dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la designaciónde todos sus miembros”, lo que ocasionó que lajuramentación de los miembros del Jurado Calificadorcon sus respectivos suplentes, no se realizó en el lapsoprevisto en el mencionado criterio.Los miembros del Jurado Calificador, notificaron a lapresidenta del INAMUJER, sobre la ganadora del concursopúblico y el resultado de los aspirantes jerarquizadosde acuerdo con la puntuación obtenida, aún cuando, elnumeral 6 del artículo 10 del citado Reglamento establecíaentre las atribuciones y deberes del jurado delconcurso presentar dicha relación con su veredicto a lamáxima autoridad jerárquica del organismo o entidad.Tal situación se originó porque el jurado se circunscribióa informar sólo a la presidenta y no al Directorio Ejecutivo,como máxima autoridad del ente, lo que reflejadebilidades en el cumplimiento cabal de sus obligaciones,y limita a dicho directorio emitir opinión sobre losresultados del concurso, toda vez que no fue informadooportunamente.Cabe advertir que en fecha 15-10-2007, el Director (E)de Auditoría Interna del INAMUJER, remitió a este OrganismoContralor copia del Acta de Entrega de la Directorade Auditoría Interna del instituto desde el 01-11-2005al 10-09-2007. Lo que conlleva al inicio de un nuevoconcurso en los términos establecidos en el Reglamentosobre los Concursos Públicos para la Designación de losContralores Distritales y Municipales, y los Titulares delas Unidades de Auditoría Interna de los Órganos delPoder Público Nacional, Estadal, Distrital y Municipaly sus Entes Descentralizados (Gaceta Oficial N° 38.386del 23-02-2006), en razón de que la Auditora Internadesignada según los resultados del concurso objeto deesta actuación presentó su renuncia al cargo en fecha10-09-2007.388

Administración Nacional DescentralizadaSector del Desarrollo SocialConclusionesCon base en las observaciones señaladas, vinculantescon el proceso de selección y designación del AuditorInterno del Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER), seconcluye que salvo por la tardanza en el nombramiento delos miembros del Jurado Calificador por parte de la SUNAI,lo que conllevó al atraso de los siguientes procedimientos;así como, la entrega de los resultados del concurso a la presidentaen lugar de la máxima autoridad del instituto, porparte del Jurado Calificador, el citado proceso se ejecutóconforme a lo establecido en el Reglamento sobre los Concursospara la Designación de los Contralores Distritales yMunicipales, y los Titulares de las Unidades de AuditoríaInterna de los Órganos del Poder Público Nacional y susEntes Descentralizados. Igualmente, la Presidenta delINAMUJER, en fecha 11-09-2007 nombró un Director (E) dela Unidad de Auditoría Interna, por cuanto la titular, segúnlos resultados del concurso objeto de la actuación fiscal,presentó su renuncia al cargo en fecha 10-09-2007.RecomendacionesSe insta a la máxima autoridad jerárquica del InstitutoNacional de la Mujer (INAMUJER) a:• Emprender las acciones necesarias para que en unlapso perentorio se inicie el proceso para la convocatoriade un nuevo concurso para la seleccióny designación del titular del órgano de AuditoríaInterna de INAMUJER, con base en lo establecido enel Reglamento sobre los Concursos Públicos (GacetaOficial N° 38.386 del 23-02-2006), en razón de que laciudadana designada como Auditor Interno presentósu renuncia al cargo.• Establecer los mecanismos necesarios dirigidosa efectuar las diligencias pertinentes y oportunasante la SUNAI, para que en los sucesivos procesos deselección del Auditor Interno, sean designados losrepresentantes de dicha dependencia que formaránparte del Jurado Calificador en un tiempo perentorio,que permita cumplir el citado proceso en los lapsosestablecidos en la normativa que lo regula.• Velar porque los resultados presentados por el JuradoCalificador, sean dirigidos a la máxima autoridad delINAMUJER, en cumplimiento de las obligaciones previstasen la normativa que regula la materia.INSTITUTO NACIONAL DE NUTRICIÓN (INN)ESTADO FÍSICO Y SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DE BIENESEl Instituto Nacional de Nutrición (INN) es un InstitutoAutónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio eindependiente del Tesoro Nacional, en consecuencia es un organismodescentralizado funcionalmente de carácter públicoy sujeto al control de este Máximo Organismo Contralor, deconformidad con lo previsto en el articulo 9, numeral 6, dela Ley Orgánica de la Contraloría General de la Repúblicay del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF),Gaceta Oficial N° 37.347 de fecha 17-12-2001, sin perjuiciodel control que le corresponde ejercer a su órgano de controlfiscal interno; fue creado mediante Decreto Nº 320 (GacetaOficial Nº 23.074 de fecha 15-11-49), adscrito bajo la tuteladel Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, actual Ministeriodel Poder Popular para la Salud, tiene como domiciliola ciudad de Caracas. En fecha 12-09-68, mediante GacetaOficial Nº 28.727, se publica la Ley del Instituto, la cualcomenzó a regir a partir 01-01-69.El objeto del INN es investigar los problemas relacionadoscon la nutrición y la alimentación en Venezuela,estimular, asesorar y contribuir con las institucionesdocentes, asistenciales, y de investigación, públicas yprivadas cuando se trate especialmente de investigaciónaplicada, asesorar al Ejecutivo Nacional en la formulaciónde la política nacional de nutrición y alimentación del país,planificar y programar las actividades correspondientes ala política que debe desarrollar, supervisar las actividadesde todos los organismos que efectúen programas de nutricióny alimentación para grupos o colectividades, asesorara los Organismos que lo soliciten, en la organizaciónde Servicios de Alimentación, preparar el personal quejuzgue conveniente para realizar en forma adecuada susprogramas y contribuir a la formación del profesional enel campo de la nutrición con Universidades Nacionales yotras Instituciones Docentes y de Investigación, mantenerconstante divulgación nacional e internacional de los programasque desarrolla, en coordinación con el OrganismoCentral de información.389

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007El INN cuenta con un Consejo Directivo como máximaautoridad y tiene a su cargo la elaboración de normas parala ejecución de política alimentaría que fije el EjecutivoNacional. El Consejo está conformado por un DirectorEjecutivo, quien lo preside, de libre elección y remociónpor el Presidente de la República; y por los representantesde los actuales Ministerios del Poder Popular parala: Salud, Educación, Industrias Ligeras y Comercio yAgricultura y Tierras, y un representante de los trabajadoresque el Ejecutivo Nacional seleccione de una ternasolicitada a los trabajadores de acuerdo con las normaslegales pertinentes.Alcance y objetivo de la actuaciónLa actuación se circunscribió a la evaluación de lascondiciones actuales, tanto administrativas como de infraestructuradel inmueble propiedad del Instituto Nacionalde Nutrición (INN); ubicado en El rincón del Valle, callePrimero de Mayo, El Cementerio, parroquia Santa Rosalía,Caracas, Distrito Capital, así como de los vehículospropiedad del Instituto que se encontraban en el referidoinmueble a la fecha 30-10-2006.Observaciones relevantesEl referido inmueble se encuentra en la actualidad, bajola posesión de un particular, no evidenciándose a la fechade la presente actuación (30-10-2006) que el Instituto Nacionalde Nutrición (INN), haya ejercido las diligenciaspertinentes en procura de recuperar el referido inmueble,propiedad de esa Institución, el cual forma parte del Patrimoniodel Estado Venezolano. No obstante, lo previsto enlos artículos 7 y 17 de la Ley Contra la Corrupción (GacetaOficial N° 5.637 de fecha 07-04-2003) establecen el deberde los funcionarios y empleados públicos de administrar ycustodiar el patrimonio público de forma que la utilizaciónde los bienes y el gasto, se haga de la manera prevista enla Constitución de la República Bolivariana de Venezuelay las Leyes, de manera que se alcancen las finalidadesestablecidas en las mismas, así como, el deber de los funcionariosy empleados públicos de administrar los bienes yrecursos públicos con criterios de racionalidad y eficienciaprocurando la mejor utilización de los recursos disponiblesen atención a los fines públicos. En concordancia con losartículos 131 y 134 de la Ley Orgánica de AdministraciónFinanciera del Sector Público (LOAFSP), Gaceta OficialN° 37.978 de fecha 13-07-2004, los cuales señalan que elsistema de control interno tiene por objeto el asegurar y salvaguardarlos recursos que integran el patrimonio públicoy la responsabilidad de la máxima autoridad en mantenerun sistema de control interno adecuado a la naturaleza,estructura y fines de la organización. En este sentido, laConsultoría Jurídica del Instituto, indicó que no se habíaniniciado las acciones legales, por cuanto se estaba agotandola vía conciliatoria para la reposición del bien. Sin embargo,esta Contraloría General de la República, considera que ellapso transcurrido desde el año 1999 hasta el 30-10-2006,es suficiente para agotar esta vía y haber procurado lasdiligencias pertinentes para que el INN, a través de lasautoridades emprendiera las acciones necesarias para larecuperación del bien. En ese sentido, se indica que a losfines de salvaguardar el patrimonio público las personasencargadas de su administración deben garantizar el manejoadecuado y la transparencia de los recursos públicos,con principios de responsabilidad, eficiencia y legalidad,entre otros, por lo cual, se comprometen sus actos, hechos uomisiones cuando estos causan daño al patrimonio público,toda vez que la correcta administración, incorpora la responsabilidaden la guarda y custodia de los bienes asignados.La actual situación se debe, a el actuar poco diligentede la máxima autoridad y de los responsables en materiade bienes nacionales del Instituto, al no haber establecidomecanismos de control interno adecuados y oportunos enel manejo de los bienes nacionales, que le permita detectarpresuntas irregularidades en contra del patrimonio, lo quetrae como consecuencia, que existan bienes públicos enposesión de terceras personas en detrimento de los interesespatrimoniales de la República, así como, que el INN, no dispongade la información actualizada, oportuna y confiablesobre los bienes asignados, que coadyuven a la obtenciónde sus objetivos y fines establecidos en la Ley, en atencióna los fines públicos y contraviniendo los procedimientosque deben ser adoptados de manera que se garanticen laseguridad y protección de los bienes y recursos que integranel patrimonio público, al ser estos recursos patrimonialesutilizados para fines distintos a lo previsto, en razón deestar su uso en manos de particulares.390

Administración Nacional DescentralizadaSector del Desarrollo SocialEl registro de Bienes Nacionales del citado Instituto, nose encuentra actualizado, toda vez que se observó que enel inventario de vehículos se reflejan 17 vehículos inservibles,que no habían sido desincorporados a la fecha de laactuación. Al respecto, los artículos 30 y 31 de las NormasGenerales de Control Interno (NGCI), Gaceta Oficial N°36.229 de fecha 17-06-1997, establecen el deber implantary mantener un sistema de coordinación que provea informaciónrelativa a las operaciones, confiable, de maneraoportuna y actualizada, acorde a las necesidades de losorganismos y el deber de la máxima autoridad jerárquicade garantizar la existencia de sistemas con informaciónacerca del desempeño de la organización, para controlar yevaluar la gestión. Cabe destacar, que el INN señaló queésta desactualización es motivada a los diversos cambiosque se han realizado en el Instituto y a la falta de continuidadadministrativa por parte de los diferentes jefes el deldepartamento de bienes nacionales, así como, a la carenciade informes técnicos que soporten las desincoporaciones.No obstante, tal situación se origina por la falta de controlesy debilidades en la supervisión de los bienes que conformanla Institución, lo que trae como consecuencia, que tantolos registros como los reportes, en el rubro de vehículoscarezcan de confiabilidad y sinceridad, no permitiendoasegurar la vigilancia, control y la administración adecuadade los recursos y bienes que conforman el patrimonio público,así mismo, limita el correcto manejo y transparenciaatendiendo a principios de calidad y excelencia.En el departamento de bienes nacionales del INN noexiste Manual de Normas y Procedimientos, aprobado porla máxima autoridad que permita canalizar su actividadoperativa y regular los procesos del referido departamento,a los fines de que se definan las funciones, responsabilidades,procesos y procedimientos que se deben realizardentro de esa dependencia. Al respecto, el artículo 36 y37 de la LOCGRSNCF, en concordancia con el artículo134 LOAFSP, indican que cada entidad del sector públicoelaborará, las normas, manuales y demás instrumentos normativoso métodos específicos para el funcionamiento delsistema de control interno, correspondiéndole a la máximaautoridad de cada organismo o entidad, la responsabilidadde establecer y mantener un sistema de control interno adecuadoa la naturaleza, estructura y fines de la organización.En su defecto, indicaron que los procesos relativos a bienesnacionales se rigen mediante la Publicación Nº 09, emitidapor ésta Contraloría General de la República, así como, porel Sistema Integrado de Control y Gestión de las FinanzasPúblicas (SIGECOF) del Ministerio de Finanzas actual Ministeriodel Poder Popular para las Finanzas. Tal situación seorigina a la falta de decisiones oportunas en el desarrollode los instrumentos normativos internos, de seguimientoy coordinación entre las dependencias encargadas de losbienes nacionales, en emprender las acciones. Lo anterior,le resta formalidad a las funciones que realiza el personaladscrito al departamento de bienes nacionales, evidenciándosela carencia de implementación de los mecanismos necesariosde control interno en el referido departamento, no existiendouniformidad en los criterios utilizados para el desarrollo desus funciones, en consecuencia limita al Instituto, mantenerun adecuado sistema de control interno de los bienes nacionalesy su custodia, lo cual no permite evaluar el manejo yseguimiento adecuado de los mismos, y a este OrganismoContralor, ejercer las funciones que en materia de control lehan sido atribuidas constitucional y legalmente.Los funcionarios responsables de la administración,custodia y manejo de los bienes nacionales, para la fechade corte de la presente auditoría (30-10-2006), no contabancon la caución correspondiente, no obstante lo establecidoen el artículo 161 de LOAFSP, en concordancia con el artículo52 de su Reglamento Nº 1 (Gaceta Oficial N° 5.592 defecha 27-06-2002), los cuales señalan que los funcionariosen referencia deben cumplir con tal requisito antes de tomarposesión de sus cargos. Sobre el particular, la DirectoraEjecutiva del INN, señaló que no se había contratado lapóliza correspondiente, por cuanto no se había percatadode la falta del instrumento legal y que en la actualidad seestaban realizando las gestiones necesarias para la regularizaciónde la situación, girándose las comunicacionesa la dirección de administración, para subsanarla, tal situación,se debe a la falta de seguimiento a la normativaque regula la materia, lo que conlleva al desconocimientodel instrumento legal, en consecuencia, el INN, no cuentacon el instrumento que garantice las cantidades y bienesmanejados por los referidos funcionarios, en caso de perjuiciosque causen al patrimonio público, en el desempeñode sus funciones.391

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007ConclusionesLos resultados obtenidos en la evaluación de las condicionestanto administrativas como de infraestructura delinmueble propiedad del Instituto Nacional de Nutrición(INN), presenta debilidades en el sistema de control internode sus actividades administrativas, específicamentea las relativas del control que deben ejercer sobre losBienes Nacionales del Instituto, al no contar con mecanismosadecuados y oportunos en el manejo de los bienesnacionales que le corresponde administrar, de maneraque le permita detectar las presuntas irregularidades encontra del patrimonio del Instituto, así como, contar coninformación actualizada, oportuna y confiable sobre losbienes que dispone para coadyuvar a el logro de sus metasy el cumplimiento de sus objetivos establecidos en la Ley.Asimismo, se evidencia la falta de decisiones oportunas porparte de la Máxima autoridad, al no emprender las accionesy los procedimientos a los fines de lograr la reposición delbien, de manera que se garanticen la seguridad y protecciónde los bienes y recursos que integran el patrimonio publico,en razón de encontrarse el referido inmueble en manos departiculares en detrimento de los intereses patrimoniales dela República. Por otra parte, no dispone de criterios uniformesal carecer de un instrumento normativo único que regule elprocedimiento de los registros de los bienes nacionales, elcual se haya implementado de manera que proporcione unainformación actualizada y veraz, permitiendo mantener losregistros detallados de los bienes a su disposición y posibilitandosu identificación, condición, ubicación y control por partedel Instituto. Igualmente, los funcionarios encargados de laadministración, custodia y manejo de los fondos y bienes, nocuentan con la caución correspondiente, careciendo del instrumentoque garantice las cantidades y bienes administradosen el desempeño de sus funciones, a manera de salvaguardarel patrimonio de la Institución.RecomendacionesSe exhorta a la Directora Ejecutiva y demás miembrosdel Consejo Directivo del Instituto Nacional de Nutrición(INN) a:• Emprender las acciones pertinentes dirigidas a larestitución del bien inmueble al Instituto Nacional deNutrición, a los fines de salvaguardar el patrimoniopúblico y garantizar el manejo adecuado y la transparenciade los recursos públicos.• Girar las instrucciones necesarias con el objeto deelaborar el Manual de Bienes Nacionales, adaptado alos requerimientos del Instituto Nacional de Nutrición,y someterlo a la aprobación del Consejo Directivo,para así disponer de un instrumento normativo queregule y estandarice su funcionamiento.• Establecer los mecanismos necesarios que permitanactualizar los registros correspondientes a los bienesnacionales del Instituto, a los fines de contar con lainformación confiable, oportuna, veraz y actualizadasobre los bienes, que suministre la información relativaa las operaciones y facilite el control sobre losbienes pertenecientes al Instituto.• Agilizar las acciones para la contratación de la pólizade fidelidad, correspondiente a las cauciones de losfuncionarios obligados a presentarlas, a los fines desalvaguardar el patrimonio del Instituto Nacional deNutrición.INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES(IVSS)ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA HEMODIÁLISISEl Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)es un ente descentralizado sin fines empresariales, envirtud de lo establecido en el artículo 7, numeral 1 dela Ley Orgánica de la Administración Financiera delSector Público (LOAFSP), Gaceta Oficial N° 38.198 defecha 31-05-2005, en concordancia con lo previsto en elartículo 29, numeral 1, literal a, de la Ley Orgánica dela Administración Pública (LOAP), Gaceta Oficial N°37.305 de fecha 17-10-2001, con personalidad jurídica deDerecho Público estatal, sujeto al control de este MáximoOrganismo Contralor, de conformidad con lo previsto enel artículo 9, numeral 6 de la Ley Orgánica de la ContraloríaGeneral de la República y del Sistema Nacional deControl Fiscal (LOCGRSNCF), Gaceta Oficial. N° 37.347de fecha 17-12-2001, ello sin perjuicio del control que lecorresponde ejercer a su órgano de control interno; creadocon la promulgación de la Ley del Instituto Central de losSeguros Sociales (Gaceta Oficial Extraordinario del 24 de392

Administración Nacional DescentralizadaSector del Desarrollo Socialjulio de 1940), y actualmente se encuentra bajo la tuteladel Ministerio del Trabajo.Alcance y objetivos de la actuaciónLa actuación se orientó a la evaluación selectiva de lasactividades cumplidas por el Instituto Venezolano de losseguros Sociales, durante los años 2004 y 2005, relativasa la adquisición de insumos para la hemodiálisis, con elobjeto de verificar si se ajustaron a la normativa legal quelas regula.Observaciones relevantesDe la revisión efectuada a la documentación quesoporta la adquisición de insumos para el tratamientode la hemodiálisis durante los años 2004 y 2005 sedeterminó que las autoridades del IVSS, durante loscitados años aprobaron compras a las empresas extranjeraspor Bs. 90.482,96 millones (US$ 47,13 millones)y Bs. 132.467,23 millones (US$ 61,61 millones), paraun total de Bs. 222.950,19 millones, con aprobación delos respectivos actos motivados por parte de la máximaautoridad del IVSS, acogiéndose a lo previsto en elartículo 88 numeral 6 del Reglamento de la Ley de Licitaciones,el cual establece que: “Se puede proceder porAdjudicación Directa, independientemente del monto dela contratación, siempre y cuando la máxima autoridaddel órgano contratante, mediante acto motivado, justifiqueadecuadamente su procedencia, en los siguientessupuestos: … 6. En caso de emergencia comprobadadentro del respectivo organismo o ente.”En ese sentido, en los actos motivados se indica quelas adquisiciones se realizan para garantizar la atencióndel consumo de pacientes con insuficiencia renal crónicaincorporados en los programas a nivel nacional y deconformidad con la norma constitucional que impone laobligación impostergable de salvaguardar la salud y la vidacomo derechos ciudadanos.Del análisis realizado a las adquisiciones señaladasanteriormente se evidenció que los Actos Motivados parala adquisición por Adjudicación Directa del material parahemodiálisis durante el año 2004, no tenían fecha y fueronsuscritos por los miembros de la Junta Directiva comomáxima autoridad del IVSS, en atención a la ResoluciónN° 22 de fecha 14-01-2004, donde se aprobó la adquisiciónde Material de Hemodiálisis para un año de consumo, eneste sentido se verificó que:En la Resolución de la Junta Directiva N° 757 de fecha10-08-2004, se aprobó la adquisición de 351.780 kitscompletos para la hemodiálisis a través de la orden decompra N° 2574 de fecha 04-08-2004 por un monto de Bs.24.686,51 millones, cotizando el Kit completo a US$ 36,55CIF (Costo, Seguro y Flete Venezuela), para garantizar elconsumo de 3 meses.Posteriormente, fue emitida una nueva orden de compraidentificada con el N o 6108 de fecha 06-01-2005 por unmonto de Bs. 26.341,29 millones debido a la demora en elpago ofrecido de los artículos contenidos en la orden decompra N o 2574 de fecha 04-08-2004, referente a 351.780Unidades de “Kit Completo para Diálisis” y al hecho delfuerte incremento en los precios de los artículos derivadosdel petróleo, se vieron en la necesidad de solicitar unareconsideración del precio de venta.La orden de compra N o 6108 de fecha 06-01-2005, señaladaen el párrafo anterior, fue sustituida finalmente por laorden de compra N o 3773, de fecha 04-08-2005, quedandoestablecido un monto de Bs. 29.496,75 millones. Dichasustitución se debió a la modificación del factor cambiario,de acuerdo con lo indicado por el proveedor citado encomunicación de fecha 06-08-2005.Lo anteriormente expuesto demuestra que no existeemergencia comprobada, debido a que transcurrieron 7meses y 14 días después de haberse solicitado la comprade medicamentos para pacientes con insuficienciarenal, por la vía de emergencia, tomando como basela fecha de emisión de la orden de compra inicial N o2574 de fecha 04-08-2004, con respecto a la fecha dela primera transferencia de recursos fi nancieros porparte del IVSS, en consecuencia debió procederse a laselección del proveedor por Licitación General y no porAdjudicación Directa.393

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007Al respecto el artículo 88, numeral 6 de la Ley de Licitaciones(Gaceta Oficial N o 5.556 Extraordinaria de fecha 13-11-2001) establece que “Se puede proceder por adjudicacióndirecta, independientemente del monto de la contratación,siempre y cuando la máxima autoridad del órgano o entecontratante, mediante acto motivado, justifique adecuadamentesu procedencia, en caso de emergencia comprobada”dentro del respectivo organismo o ente, y el artículo 61 de lamisma Ley establece que: “Debe procederse por LicitaciónGeneral o Licitación Anunciada Internacionalmente: 1. Enel caso de adquisición de bienes o contratación de servicios,si el contrato a ser otorgado es por un monto estimado superiora once mil unidades tributarias (11.000 UT)”, cuyosmontos para los años 2004 y 2005, equivalen a Bs. 271,70millones y Bs. 323,40 millones, respectivamente.Tales circunstancias tienen su origen en debilidadesen el proceso de planificación del IVSS, por cuanto no seproyectaron y estimaron con anticipación los requerimientosbásicos y necesarios para el funcionamiento operativodel Instituto, herramienta indispensable para programarlas adquisiciones de insumos para el tratamiento de lahemodiálisis en un ejercicio fiscal determinado, lo cuales indicativo que no se tomó en consideración el principiode programación anual establecido en el artículo 23 de lacitada Ley, y a su vez, a la toma de decisiones basadas encriterios y procedimientos distintos a los que correspondíaaplicar según los montos de dichas adquisiciones.En consecuencia, la adquisición de bienes en el Institutose efectuó sin vigilar el estricto cumplimiento a loestablecido en la normativa que regula la materia, por locual en tales operaciones no se garantizó el cumplimientode los principios de economía, transparencia, honestidad,eficiencia, igualdad y competencia, los cuales tienden alograrse mediante los procesos licitatorios.Debido al atraso en la cancelación del compromisoadquirido por el IVSS, a través de la orden de compraN o 2574 de fecha 04-08-2004, por la cantidad de Bs.24.686,51 millones, la cual fue sustituida por otras dosórdenes de compra, se incrementaron los costos del Kitcompleto para la hemodiálisis de Bs. 70.176,00 millonesa Bs. 83.850,75 millones, lo que representó un incrementoporcentual de 19,48% en dicha adquisición. Así mismo, seobservó que el precio unitario del Kit completo adquiridoa empresas nacionales durante los meses de diciembrede 2003 y enero de 2004, fue de Bs. 111.649,00 millonesy Bs. 106.605,00 millones, respectivamente, en tantoque en las adquisiciones realizadas posteriormente aempresas del exterior, el IVSS logró disminuir dichosprecios a Bs. 82.560,00 millones y Bs. 76.800,00 millonesdurante el año 2004, y a Bs. 83.850,00 millones duranteel año 2005, lo que contribuyó a una disminución enpromedio del precio de Bs. 28.057,00 millones, que entérminos absolutos representa el 25,71%, entre el preciounitario del Kit para el tratamiento de la hemodiálisispresentado por las empresas nacionales y extranjeras, locual de haberse actuado diligente y oportunamente en elpago, hubiese significado una disminución mayor en elprecio unitario del Kit. Al respecto, el artículo 141 de laConstitución de la República Bolivariana de Venezuelaen concordancia con el artículo 12 de la Ley Orgánica dela Administración Pública prevé que la AdministraciónPública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas yse fundamenta entre otros en los principios de celeridad,eficacia, eficiencia, rendición de cuentas y responsabilidaden el ejercicio de la función pública, con sometimientopleno a la ley y al derecho. Asimismo, la actividad dedicha Administración, se efectuará dentro de parámetrosde racionalidad técnica y jurídica. Por otra parte, elartículo 7 de la Ley Contra la Corrupción señala que losfuncionarios y empleados públicos deben administrar ycustodiar el patrimonio público de forma que la utilizaciónde los bienes y el gasto de los recursos que lo integran,se haga de la manera prevista en la Constitución de laRepública Bolivariana de Venezuela y las leyes, y sealcancen las finalidades establecidas en las mismas conla mayor economía, eficacia y eficiencia, y el artículo 17eiusdem indica que los funcionarios y empleados públicosdeberán administrar los recursos públicos con criterios deracionalidad y eficiencia, procurando la disminución delgasto y la mejor utilización de los recursos disponiblesen atención a los fines públicos.Tal situación se debió a que no se programó los pagosde manera oportuna, y a la falta de mecanismos de controlinterno por parte de la administración del IVSS, lo cual394

Administración Nacional DescentralizadaSector del Desarrollo Socialtrajo como consecuencia que se afectara el patrimonio delinstituto, por el incremento en el costo de los insumos parala hemodiálisis.De la revisión realizada a la documentación que soportalas órdenes de compras referidas a la adquisición enel exterior de insumos para la hemodiálisis, se evidencióque en las Resoluciones de Junta Directiva mediante lascuales fueron aprobadas dichas adquisiciones, no establecióla solicitud de la Fianza de Fiel Cumplimiento alas empresas favorecidas, no obstante que el artículo38 numeral 3 del la LOCGRSNCF, prevé que antes deproceder a la adquisición de bienes o servicios, o a laelaboración de otros contratos que impliquen compromisosfinancieros, los responsables deberán asegurarse quese hayan previsto las garantías necesarias y suficientespara responder por las obligaciones que ha de asumir elcontratista.Tal situación se debe a que la instancia correspondienteno se ajustó a la normativa que establece la solicitud defianza para garantizar el cumplimiento de la obligación queha de asumir el contratista. En consecuencia, el institutono contó con el instrumento que le garantizara el cabal yoportuno cumplimiento por parte de los proveedores enlas entregas de todas y cada una de las obligaciones hastasu total recepción por parte del instituto.ConclusionesEn el proceso llevado a cabo por el Instituto Venezolanode los Seguros Sociales (IVSS), para la adquisición de insumosen el exterior para la hemodiálisis, se evidenciaronsituaciones que no se ajustan a la normativa que regula lamateria, toda vez que, se aprobaron compras a empresasextranjeras por vía de Adjudicación Directa, con actosmotivados, acogiéndose a lo previsto en el artículo 88numeral 6 del Reglamento de la Ley de Licitaciones, antescitada. No obstante, este Órgano Contralor determinó queno hubo emergencia comprobada y en consecuencia debióprocederse a la selección del proveedor por LicitaciónGeneral o Licitación Anunciada Internacionalmente yno por Adjudicación Directa. Por otra parte, se observódebilidades en la planificación y control de las adquisiciones,en ese sentido, debido al atraso en la cancelacióndel compromiso adquirido por el IVSS, por la cantidad deBs. 24.686,51 millones, la cual fue sustituida por otras dosórdenes de compra, se incrementaron los costos del Kitcompleto para la hemodiálisis de Bs. 70.176,00 millonesa Bs. 83.850,75 millones, lo que representó un incrementoporcentual de 19,48% en dicha adquisición. Así mismo,el IVSS logró disminuir los precios del Kit completo adquiridoa empresas extranjeras a Bs. 82.560,00 millonesy Bs. 76.800,00 millones durante el año 2004, y a Bs.83.850,00 millones durante el año 2005, lo que contribuyóa una disminución, que en términos absolutos representóel 25,71%, entre el precio unitario del Kit para el tratamientode la hemodiálisis presentado por las empresasnacionales y extranjeras, lo cual de haberse actuadooportunamente en el pago, hubiese significado una disminuciónmayor en el precio unitario del Kit. En relacióncon la documentación que soporta las órdenes de comprasreferidas a la adquisición en el exterior de insumos parala hemodiálisis, se evidenció que la Junta Directiva delInstituto Venezolano de los Seguros Sociales, en las Resolucionesmediante las cuales fueron aprobadas dichasadquisiciones, no estableció la solicitud de la Fianza deFiel Cumplimiento a las empresas favorecidas. Situaciónque no garantizan el adecuado manejo de los recursos quefueron asignados para tal fin.RecomendacionesSe insta a la máxima autoridad del Instituto Venezolanode los Seguros Sociales (IVSS) a:• Emprender las acciones necesarias dirigidas a velarpor el cumplimiento de la normativa que regula elproceso de adquisiciones en el Instituto, a los fines degarantizar la adecuada administración de los recursospúblicos.• Tomar las medidas pertinentes para que los futurosprocesos de adquisiciones se realicen en función deuna coordinada planificación de los requerimientosnecesarios y la oportunidad en el pago; con el objetode administrar los recursos públicos con criterios derazonabilidad y eficiencia, procurando la disminucióndel gasto y la mejor utilización de los recursos disponiblesen atención a los fines públicos.395

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES(IVSS) / DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNADESIGNACIÓN DEL TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROLINTERNO; CONTRATACIÓN DE PERSONALEl Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)es un ente descentralizado sin fines empresariales, envirtud de lo establecido en el artículo 7, numeral 1 de laLey Orgánica de la Administración Financiera del SectorPúblico (LOAFSP), Gaceta Oficial N° 38.198 de fecha31-05-2005, en concordancia con lo previsto en el artículo29, numeral 1, literal a, de la Ley Orgánica de la AdministraciónPública (LOAP), Gaceta Oficial N° 37.305 defecha 17-10-2001, creado con la promulgación de la Ley delInstituto Central de los Seguros Sociales (Gaceta Oficialnúmero extraordinario del 24-07-1940), y actualmente seencuentra bajo la tutela del Ministerio del Poder Popularpara el Trabajo y Seguridad Social (MINTRA).La Dirección General de Auditoría Interna es la dependenciaque se encarga del control, vigilancia, inspección yfiscalización de las actividades operativas y administrativas,así como, de la evaluación del control interno del IVSS,tiene rango de Gerencia de primera Línea, que reporta ala Presidencia del instituto, cuenta con cuatro divisiones asaber: División de Sistemas Complementarios de Control;División de Evaluación de Gestión; División de ControlPosterior y División de Procedimientos Especiales.Alcance y objetivos de la actuaciónLa actuación se suscribió a la evaluación de las siguientesactividades cumplidas por la Dirección General deAuditoría Interna del Instituto Venezolano de los SegurosSociales (IVSS), durante los años 2004, 2005 y primer cuatrimestredel año 2006: designación por concurso públicodel titular de la Unidad de Auditoría Interna; proceso decontratación, a través del análisis exhaustivo de 29 expedientesde contratos de personal; capacitación profesional ytécnica del personal mediante la revisión de 99 expedientesdel personal de la referida dirección; de un universo de 75actuaciones fiscales realizadas por la Dirección General,se tomó una muestra de 19 actuaciones; y ejecución derecursos financieros asignados en materia de viáticos deun total de Bs. 547,78 millones, se tomó una muestra del54,07% (Bs. 296,14 millones).Observaciones relevantesAl mes de julio 2006, la máxima autoridad del IVSS nohabía convocado al concurso público para la designacióndel cargo del titular del órgano de control interno, dichocargo lo ejerce un Auditor Interno encargado, no obstante,lo establecido en los artículos 27 y 30 de la Ley Orgánicade la Contraloría General de la República y del SistemaNacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), Gaceta OficialN° 37.347 de fecha 17-12-2001, en concordancia con el 136de la LOAFSP (Gacetas Oficiales Nros. 37.606, 37.978 y38.661 de fechas 09-01-2003, 13-07-2004 y 11-04-2007,respectivamente), y el artículo 25 del Reglamento sobrela Organización del Control Interno en la AdministraciónPública Nacional (ROCIAPN), Gaceta Oficial N° 37.783de fecha 25-09-2003, así como lo establecido en las resolucionesdel Contralor N° 01-00-000091 de fecha 17-02-2006 (Gaceta Oficial N° 38.386 de fecha 23-02-2006)y Nº 01-00-000068 de fecha 13-03-2007 (Gaceta OficialN° 38.645 de fecha 15-03-2007), en los cuales se señala laobligación de que los titulares de los órganos de controlfiscal, sean designados mediante concurso público. Talsituación se debió a retardo en el proceso de reorganizaciónde la estructura de la Dirección General de AuditoríaInterna del IVSS, tal reorganización fue aprobada por laJunta Directiva, a través de la Resolución N° 373 de fecha03-05-2005. Lo que trae como consecuencias que el IVSS,no cuente con un Auditor Interno debidamente designadopor concurso público.El personal que labora bajo la figura de contratado desarrollaactividades de control y asuntos jurídicos, que son dela competencia del órgano de control interno, no obstante,el artículo 37 primera parte de la Ley del Estatuto de laFunción Pública (LEFP), Gaceta Oficial N° 37.522 de fecha06-09-2002, prevé que “Sólo podrá procederse por la víadel contrato en aquellos casos en que se requiera personalaltamente calificado para realizar tareas específicas ypor tiempo determinado”. Dicho personal fue contratadopara realizar labores en el área de auditoría, las cuales seencuentran contempladas en el Manual Descriptivo de396

Administración Nacional DescentralizadaSector del Desarrollo SocialClases de Cargos del IVSS, aprobado en el año 1994, porla extinta Oficina Central de Personal (OCP), razón por lacual el referido personal no fue contratado para cumplirtareas específicas. Tal circunstancia se originó al gran volumende trabajo que poseía la referida Unidad de AuditoríaInterna, así como a las exigencias en los cursos de acciónde esa Dirección General. Lo que trae como consecuenciala contratación de personal para realizar labores que noconstituyen actividades específicas, sino que las mismas,de acuerdo a la normativa que regula la materia, le han sidoasignadas a los órganos de control interno.No se evidenció que haya sido debidamente suscritoentre las partes, el documento mediante el cual el IVSScontrató los servicios de asesoría en materia jurídica en laDirección General de Auditoría Interna del IVSS, así comola autorización de la Procuraduría General de la República(PGR) para celebrar el mencionado contrato, no obstante,en la Resolución N° 031 del 23-01-2004, se instruyó a laDirección General de Consultoría Jurídica a que elaboraray realizara el contrato de servicio respectivos, una vezautorizado por la Procuraduría General de la República.Sobre el particular, el artículo 70 de la Ley Orgánica delTrabajo (Gaceta Oficial N° 5.152 Extraordinario del 19-06-1997) señala que “El contrato se hará preferiblemente porescrito…”; asimismo, en los artículos 1 y 6 del Instructivopara la Contratación de Servicios de Asesoría Jurídica enlos Órganos de la Administración Central y Descentralizada(Gaceta Oficial N° 36.740 del 12-07-1999), se prohíbela suscripción de nuevos contratos de servicios de asesoríajurídica a los órganos de la Administración Pública Centraly Descentralizada, sin la previa autorización de la ProcuraduríaGeneral de la República, en concordancia con loestablecido en los artículos 14 y 15 de la Ley Orgánica de laProcuraduría General de la República (LOPGR), en cuantoa que los contratos de asesoría jurídica a ser suscritos porlos órganos y entes de la Administración Pública NacionalCentral y Descentralizada, requieren la autorización previade la PGR, y la verificación por parte de ese organismo sobrelas necesidades y justificación de los referidos contratos.Lo anterior obedece a la inexistencia de controles internospara llevar a cabo los procedimientos administrativos, presupuestariosy jurídicos, relacionados con la contratacióndel personal que labora en el IVSS. En consecuencia, enel referido órgano de control interno, se ejerce actividadesde asesoría en materia jurídica, sin la debida formalidadque exige la normativa que rige la materia.Se evidenció que quien ejerció el cargo de Jefe en laDivisión de Control de Gestión adscrita a la DirecciónGeneral de Auditoría Interna, durante el lapso comprendidodesde el 15-07-2004 hasta el 02-06-2006, no contaba conel nombramiento para ejercer dicho cargo, por parte de lamáxima autoridad del instituto. Al respecto, se constatóque dicho cargo le fue asignado a partir del 15-07-2004,por la Directora General de Auditoría Interna, y es el 02-06-2006, cuando formalmente recibe el nombramiento porparte del presidente del instituto, mediante Resolución N°1393 de fecha 02-06-2006. Sobre el particular, el artículo37 de la Reforma Parcial del Reglamento General de la Leydel Seguro Social (Gaceta Oficial N° 35.302 de fecha 22-09-1993), establece que “El Director de Contraloría postulará,y el Presidente del Instituto extenderá el nombramiento delas personas que habrán de desempeñar los demás cargosde la oficina”, en concordancia con el artículo 40 eiusdemdonde se menciona que “El personal del Instituto seráde la elección y remoción del Presidente del Instituto”.Lo anterior se debe a debilidades en los mecanismos decontrol interno, que se llevan a cabo para el nombramientodel personal que labora en el IVSS. Lo que trae comoconsecuencia que se esté ejerciendo cargos sin cumplir conla normativa que rige la materia.En cuanto al personal que cumple funciones de controlfiscal en la Dirección General de Auditoría Interna, se observóque el 42,39% no posee el nivel académico y técniconecesario para ejecutar las funciones de vigilancia y controlque le compete ejercer al órgano de auditoría interna, envista de que existen bachilleres practicando auditorías, yprofesionales cuyas carreras no son afines a la gestión decontrol; además, no se encuentran capacitados en el área decontrol fiscal, en razón de que no se evidenció constanciade la realización de cursos y talleres en materia de informesy papeles de trabajo, auditorías de gestión, operativay financiera; potestades de investigación, procedimientosadministrativos, formación de auditores e indicadores degestión, entre otros. En tal sentido, el artículo 25 de laLOCGRSNCF establece que el Sistema de Control Fiscal397

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007se regirá, por el principio relativo al carácter técnico en elejercicio del control, asimismo, el artículo 6 de las NormasGenerales de Auditoría de Estado (NGAE), Gaceta OficialNº 36.229 de fecha 17-06-1997, señala que “El auditordebe poseer formación profesional, capacidad técnica yexperiencia proporcionales al alcance y complejidad dela auditoría que se le haya encomendado”. Tal situaciónobedece a la falta de una adecuada política de selección yreclutamiento del recurso humano, de tal manera que loscargos sean ocupados por profesionales que cumplan conlos requisitos exigidos; lo que trae como consecuencia,que el órgano de control posea un personal sin la debidacompetencia, idoneidad y capacidad en materia de controlfiscal, incidiendo esto en el ejercicio eficiente de las competenciasque le atribuye el ordenamiento jurídico.De la revisión efectuada a la documentación respaldode 19 actuaciones que representan 25,00% del total deactuaciones realizadas durante los años 2004 y 2005, seobservó que habían concluido con informes definitivos10 actuaciones, en los cuales las observaciones no fueronestructuradas con los 4 elementos del hallazgo, es decir,condición, criterio, causa y efecto, asimismo, se evidencióque las conclusiones no indican la opinión acerca de lasituación examinada y las recomendaciones se presentansin precisar de forma clara los correctivos que se debe implantar.Sobre estos particulares, los artículos 18 y 25 delas NGAE, indican que el auditor en las operaciones objetode la auditoría debe evaluar el cumplimiento de las normaslegales y sublegales aplicables a la entidad y que al finalizarla auditoría se presentará un informe por escrito, que deberácontener las observaciones o hallazgos, indicando lascausas y efectos de los mismos. Tal situación se originó porla falta de capacitación técnica y experiencia del personalque labora en la Dirección General de Auditoría Interna enmateria de control fiscal. Lo que trae como consecuenciaque al no estar debidamente conformadas las observacioneso hallazgos, limita al órgano de control fiscal, formular lasrecomendaciones necesarias y pertinentes, y al órgano odependencia evaluada, implantar los correctivos que subsanenlas deficiencias encontradas.El órgano de control interno del IVSS a pesar de no tenerla facultad para manejar recursos presupuestarios, le fueaprobado mediante Resolución de Junta Directiva del 23-03-2004, la administración de un fondo operativo, para elpago de viáticos a los funcionarios que en el ejercicio desus funciones deban trasladarse a las diferentes dependenciasque posee el IVSS a nivel nacional, el fondo estaríacalculado en 2.500 Unidades Tributarias. Al respecto, elartículo 50 del Reglamento N° 1 de la LOAFSP sobre elSistema Presupuestario (Gaceta Oficial N° 5.592 de fecha27-06-2002 y su modificación según Gaceta Oficial N°5.781 Extraordinario de 12-08-2005), indica que “Los créditospresupuestarios de los organismos ordenadores de compromisosy pagos, previa la delegación correspondiente, seránmanejados por las unidades administradoras que en cada organismointegran la estructura para la ejecución financiera delpresupuesto de gastos”. Esta situación se debe a las debilidadesque presentan los mecanismos de control interno implantadosen el IVSS, para el manejo de los recursos presupuestarios, loque trae como consecuencia que dichos recursos estén siendoadministrados por una dependencia que no tiene la debidacompetencia para ello, por lo que está al margen de lo queestablece la normativa que rige la materia.El órgano de control interno pagó viáticos por Bs. 8,51millones, monto superior al reflejado en las Solicitudes deViáticos correspondientes al año 2004. Asimismo, duranteel año 2005 pagó viáticos por Bs. 3,59 millones a 4 funcionariosadscritos a esa dependencia y a un Director delConsejo Directivo del IVSS, para asistir como observadoresdel Acta de Entrega en el Hospital “Raúl Leoni” de SanFélix, estado Bolívar, sin embargo no se encontró documentoalguno que demuestre las actividades realizadas,ni tampoco los comprobantes o recibos que justifiquen losdesembolsos efectuados a dichos funcionarios. Al respecto,el artículo 38 de la LOCGRSNCF señala en su segundoaparte, numerales 4 y 5, que el sistema de control internoque se implante en los entes y organismos deben garantizar,que antes de proceder a realizar pagos, los responsables seaseguren de que sean para cumplir compromisos ciertos ydebidamente comprobados, y además, que se correspondana créditos efectivos de sus titulares. Por su parte, las NormasGenerales de Control Interno (Gaceta Oficial Nº 36.229 defecha 17-06-1997) en su artículo 23, literal “a”, prevén quetodas las operaciones presupuestarias y financieras debenestar respaldadas con suficiente documentación justifica-398

Administración Nacional DescentralizadaSector del Desarrollo Socialtiva. En razón de lo expuesto, se desprende que no existenmecanismos de control interno que posibiliten el manejoeficiente de los recursos destinados para los viáticos, asícomo que permitan demostrar que sean los propios beneficiarioslos que reciban los correspondientes desembolsospor viáticos. Dicha situación limita a la administración delente, a ejercer una adecuada gestión de las erogacionesefectuadas por el referido concepto.ConclusionesLos resultados obtenidos de la evaluación de las actividadescumplidas por la Dirección General de AuditoríaInterna del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales(IVSS), permiten concluir sobre la existencia de debilidadesen el sistema de control interno administrativo, asícomo de situaciones que no se ajustan a la normativa legalque regula la materia, por cuanto, no se había realizadoa julio de 2006 la convocatoria a concurso público parala designación del titular del órgano de control interno;se contrató personal para desarrollar actividades que noconstituyen tareas específicas, por cuanto las mismas seencuentran definidas en el sistema de cargos del IVSS;existe personal que ejerce labores en materia de serviciojurídico en la UAI, sin la suscripción de un contrato, nila aprobación del mismo por la Procuraduría General dela República; el cargo de jefe de la División de Controlde Gestión fue ejercido aproximadamente 10,5 meses sincontar con el nombramiento formal de la máxima autoridaddel IVSS; el 42,39% del personal adscrito no posee el nivelacadémico y técnico necesario para cumplir las laboresde control fiscal; se elaboraron informes definitivos queno se encuentran estructurados conforme lo establece lanormativa aplicable; así como, el órgano de control internodel IVSS maneja recursos presupuestarios sin tener ladebida facultad para ello, con el agravante de que efectuópagos por viáticos por montos superiores a los solicitados yademás, no se encontraron los documentos que justifiquenlas actividades realizadas.RecomendacionesSe insta a la máxima autoridad del Instituto Venezolanode los Seguros Sociales (IVSS), a:• Emprender las acciones necesarias en un lapso perentorio,a los fines de convocar a concurso público parala designación del titular de la Unidad de AuditoríaInterna.• Girar las instrucciones necesarias a la Dirección deAdministración de Personal, para que se establezcanlos mecanismos de control interno necesarios, a losfines de que se proceda por la vía de contratación,sólo en aquellos casos en los que se requieren personalpara realizar tareas especificas y por tiempodeterminado.• Instar a la Dirección General de Consultoría Jurídica,con el objeto de que previamente a la suscripción decontratos para prestar servicios de asesoría en materiajurídica, el referido ente solicite a la ProcuraduríaGeneral de la República, la respectiva autorización,la cual debe ser considerada para suscribir dichoscontratos.• Coordinar junto con la Dirección General de AuditoríaInterna un plan de mejoramiento y capacitacióntécnica en materia de control fiscal al personal quelabora en la referida Dirección General.• Tomar las medidas necesarias, a los fines de que losrecursos presupuestarios del instituto, sean manejadospor las unidades que estén debidamente autorizadaspor la máxima autoridad, y se encuentren en la estructurapara la ejecución financiera del presupuesto, talcomo se contempla en la norma que rige la materiapresupuestaria. Asimismo, se debe garantizar que lareferida Unidad de Auditoría Interna reciba oportunamentelos recursos presupuestarios que requierepara el normal desarrollo de las actividades que lecompeten como órgano de control interno.INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES(IVSS)PENSIONES; VIÁTICOSEl Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)es un ente descentralizado sin fines empresariales, en virtudde lo establecido en el artículo 7, numeral 1 de la Ley Orgánicade la Administración Financiera del Sector Público(LOAFSP), Gaceta Oficial N° 37.606 de fecha 09-01-2003,en concordancia con lo previsto en el artículo 29, numeral 1,399

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007literal a, de la Ley Orgánica de la Administración Pública(LOAP), Gaceta Oficial. N° 37.305 de fecha 17-10-2001,con personalidad jurídica de Derecho Público Estatal,sujeto al control de este Máximo Organismo Contralor, deconformidad con lo previsto en el artículo 9, numeral 6 dela Ley Orgánica de la Contraloría General de la Repúblicay del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF),Gaceta Oficial N° 37.347 de fecha 17-12-2001, ello sin perjuiciodel control que le corresponde ejercer a su órganode control interno; creado con la promulgación de la Leydel Instituto Central de los Seguros Sociales (Gaceta Oficialnúmero extraordinario del 24 de julio de 1940), consede principal y domicilio en la Esquina de Altagracia enCaracas, Distrito Metropolitano y jurisdicción en todo elterritorio de la República, y actualmente se encuentra bajola tutela del Ministerio del Trabajo. Se determinó que laJunta Directiva del IVSS, mediante Resolución N o 1460,Acta N o 22 de fecha 08-07-2003, aprobó la propuesta delPlan de Contingencia presentada por la Dirección de Afiliacióny Prestaciones de Dinero, referida al cronogramapara el ingreso de 190.000 nuevos pensionados, y autorizóla transferencia física de 30 funcionarios de las diferentesoficinas administrativas a la sede del IVSS, para prestarservicio en la Dirección de Prestaciones, para lo cualaprobó la cantidad de Bs. 211,39 millones, para la cancelaciónde viáticos durante el período comprendido entreel 07-07-2003 al 07-09-2003, dicho Plan se programó paraser ejecutado entre los meses de julio de 2003 a enero de2004 (7 meses).Alcance y objetivos de la actuaciónLa actuación se orientó a verificar el cumplimientodel Plan de Contingencia en cuanto a la Incorporación de190.000 nuevos pensionados, así como el monto de los viáticoscancelados en el citado plan, con alcance a los ejerciciospresupuestarios durante los años 2003, 2004 y 2005.Observaciones relevantesDel análisis realizado a la documentación que soportalo antes señalado, se observó que no se cumplió con lasmetas establecidas en el tiempo previsto por el mencionadoplan, toda vez que al mes de enero de 2004, solo habíaningresado 103.143 nuevos pensionados, lo que representó un54,28% de lo planificado, originándose gastos por conceptode viáticos, por un monto de Bs. 537,83 millones.Así mismo, no se evidenció la aprobación por parte dela Junta Directiva del IVSS, de las modificaciones quepresentaron las metas previstas, en cuanto a la culminacióndel Plan, el cual se extendió hasta el mes de septiembre de2004, y a la incorporación de 97.070 nuevos pensionados,para un total de 200.213. Sin embargo, se observó que laJunta Directiva, para darle continuidad a dicha actividad,autorizó la cancelación de viáticos, sin aprobar previamentelos ajustes necesarios al mencionado Plan, siendo que, alfinalizar la ejecución del mismo, se había cancelado lacantidad de Bs. 676,33 millones.Al respecto, el artículo 141 de la Constitución de la RepúblicaBolivariana de Venezuela Gaceta Oficial N° 5.453Extraordinario de fecha 24-03-2000, y el artículo 12 de laLey Orgánica de la Administración Pública Gaceta OficialN° 37.305 de fecha 17-10-2001 prevén que, la AdministraciónPública, está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas yse fundamenta, entre otros, en los principios de honestidad,eficacia, eficiencia y economía, el artículo 35 de la LOCGR-SNCF, establece que el control interno es un sistema quecomprende el plan de organización, las políticas, normas,así como los métodos y procedimientos adoptados dentro deun ente u organismo sujeto a esta Ley, para salvaguardar susrecursos, verificar la exactitud y veracidad de su informaciónfinanciera y administrativa, promover la eficiencia, economíay calidad en sus operaciones, estimular la observancia de laspolíticas prescritas y lograr el cumplimiento de su misión,objetivos y metas. Así mismo el artículo 131 de la LOAFSP,prevé que el sistema de control interno tiene entre sus objetivoslograr el cumplimiento de los planes, programas ypresupuestos, en concordancia con las políticas prescritas ycon los objetivos y metas propuestas y su artículo 132 señalaque el sistema de control interno de cada organismo seráintegral e integrado, abarcará los aspectos presupuestarioseconómicos, financieros, patrimoniales, normativos y degestión, así como la evaluación de programas y proyectos,y estará fundado en criterios de economía, eficienciay eficacia. Por otra parte, el artículo 7 de la Ley Contrala Corrupción Gaceta Oficial N° 5.637 Extraordinario de400

Administración Nacional DescentralizadaSector del Desarrollo Socialfecha 07-04-2003, señala que los funcionarios y empleadospúblicos deben administrar y custodiar el patrimonio públicocon decencia, decoro, probidad y honradez, de forma quela utilización de los bienes y el gasto de los recursos que lointegran, se haga de la manera prevista en la Constituciónde la República Bolivariana de Venezuela y las leyes, y sealcancen las finalidades establecidas en las mismas con lamayor economía, eficacia y eficiencia.Tal situación obedece a la falta de control del citado Plande Contingencia y de decisiones oportunas para tomar loscorrectivos sobre las causas de las desviaciones en el cumplimientode los objetivos y metas establecidos en el ente.No obstante, este Organismo Contralor considera que talsituación se debió a la falta de una adecuada planificación.Lo que trajo como consecuencia que no se cumpliera con losobjetivos en el tiempo previsto, así como un mayor gasto porconcepto de viáticos al personal durante la extensión del operativo,afectando de esta manera el patrimonio del IVSS.Durante la ejecución del Plan de Contingencia parala incorporación de 190,00 mil nuevos pensionados secanceló por concepto de viáticos y pasajes un total de Bs.676,33 millones, al personal que participó en dicho plan,sin embargo del análisis realizado a la documentaciónsuministrada por las autoridades del Instituto se determinóque se realizaron pagos que excedieron en Bs. 227,29millones, siendo él monto correcto a pagar la cantidad deBs. 449,04 millones, de acuerdo a lo previsto en la normativainterna del Instituto sobre las tarifas de viáticos,aprobada por la Junta Directiva del IVSS en Resolución N o174, Acta N o 15, de fecha 04-04-2002, en la cual se prevéque para el cálculo de los viáticos se tomará como base el50,00% de la Unidad Tributaria que se denominará UnidadViático y será aplicado a las diferentes escalas de viáticos,no obstante fueron cancelados viáticos tomándose comobase el 100,00% de la Unidad Tributaria, en tal sentidoes de señalar que todas las actividades que se realicen enel ejercicio de la función pública deben estar orientadas agarantizar el manejo adecuado, efectivo y transparente delos recursos y bienes públicos.Por otra parte, los artículos 141 de la Constitución de laRepública Bolivariana de Venezuela y 12 LOAP, respectivamenteprevén que la Administración Pública, está alservicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta,entre otros, en los principios de honestidad, transparencia,eficacia y eficiencia. Por su parte, el artículo 17 de la LeyContra la Corrupción señala que los funcionarios y empleadospúblicos deberán administrar los recursos públicoscon criterios de racionalidad y eficiencia, procurando ladisminución del gasto y la mejor utilización de los recursosdisponibles en atención a los fines públicos, y el artículo 35de la LOCGRSNCF, establece que el control interno es unsistema que comprende el plan de organización, las políticas,normas, así como los métodos y procedimientos adoptadosdentro de un ente u organismo sujeto a esta Ley, parasalvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y veracidadde la información financiera y administrativa, promover laeficiencia, economía y calidad en sus operaciones. Por suparte, el artículo 54 de la LOAFSP en concordancia conel artículo 57 numeral 3, del Reglamento N° 1 de la LeyOrgánica de Administración Financiera (LOAFSP), señalanque ningún pago puede ser ordenado sino para pagarobligaciones válidamente contraídas y causadas y solo seregistraran como compromisos validamente adquiridoslos que hayan sido dictados previo cumplimiento de lasnormas y procedimientos vigentes.Tal situación se presenta a la falta de controles internosen el IVSS, en el proceso del cálculo de los viáticos ypasajes, así como, a la ausencia de controles internos enla ejecución del Plan de Contingencia en relación con elmanejo del recurso humano que llevaría a cabo el operativoen función de lo que estaba planificado, lo que nopermitió determinar las irregularidades en las asignacionespor efecto de no encontrarse ajustadas a lo previsto por lanormativa que lo regula, lo que trajo como consecuencia larealización de pagos en exceso por el orden de Bs. 227,29millones sin que las autoridades del ente lo detectaran,a los fines de realizar los correctivos y salvaguardar losintereses patrimoniales del Instituto Venezolano de losSeguros Sociales (IVSS).ConclusionesDe acuerdo con los objetivos planteados se concluyeque en la ejecución del Plan de Contingencia para la401

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007incorporación de 190,00 mil nuevos pensionados, ejecutadopor el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales,no se cumplió con la meta fijada, toda vez que para elperíodo desde julio 2003 hasta enero de 2004 en el cualestaba previsto ejecutarse, solo se habían incorporado103.143 nuevos pensionados, equivalente al 54,28% delo planificado, situación que conllevó a la extensión delplan hasta septiembre de 2004, de las modificaciones alas metas previstas, que resultó en la incorporación de97.070 nuevos pensionados, para un total de 200.213.En dicho proceso se cancelaron viáticos al personal queparticipó en la ejecución del Plan, no acorde con lo queestablece la normativa al respecto. La situación descritaobedeció básicamente a la falta de una planificaciónadecuada del tiempo y recurso humano disponibles, asícomo de controles internos del citado plan, situacionesque influyeron en el no cumplimiento de la meta en eltiempo previsto, así como en un mayor gasto por conceptode viáticos.Recomendaciones:Se insta a la máxima autoridad del Instituto Venezolanode los Seguros Sociales (IVSS) a:• Tomar las medidas necesarias dirigidas a que losfuturos planes para la incorporación de nuevos pensionados,se ejecuten en función de una adecuadaplanificación y establecimiento de los respectivoscontroles internos para alcanzar los objetivos deacuerdo a lo programado, y que cuenten con la debidaformalidad que le ostenta la aprobación de la máximaautoridad jerárquica del Ente.• Emprender las acciones respectivas dirigidas a quelos pagos que se realicen por concepto de viáticos, seajusten a las normativas dictadas al efecto.FUNDACIÓN MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEODE CARACAS SOFÍA IMBER (MACCSI)CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALESLa Fundación Museo de Arte Contemporáneo de CaracasSofía Imber actualmente Museo de Arte Contemporáneo(MAC) es un ente estatal que para el momento de suformalización y registro de acuerdo a reunión del ConsejoDirectivo celebrada el 14-10-1985, de conformidad conlo establecido en la Cláusula Quinta, aparte 8 de su ActaConstitutiva y Estatutos Sociales, acordó modificar losmismos, a fin de adecuarlos a lo señalado en el Decreto N°677 (Gaceta Oficial N° 3.574 del 21-06-1985). Asimismo,a través del Decreto N° 3.585 del 08-04-2005, (GacetaOficial N° 38.218 del 29-06-2005) se ordenó la supresióny liquidación de las Fundaciones Museísticas del Estado,entre ellas el MACCSI, y se dispuso que fueran transferidoslos bienes muebles e inmuebles, compromisos financierosy programáticos adquiridos por las fundaciones enliquidación, a la Fundación Museos Nacionales, para queformen parte del patrimonio, estructura institucional yresponsabilidades de ésta última.Alcance y objetivos de la actuaciónLa actuación se circunscribió a los años 2003 y 2004,tuvo como objetivos específicos evaluar el funcionamientodel control interno efectuado en la fundación,para otorgar los contratos de servicios profesionales apersonas naturales y jurídicas, en los préstamos personalespara funcionarios que laboran en dicha fundacióny verificar la legalidad, sinceridad y razonabilidad delgasto, en los contratos de servicios profesionales. Elanálisis fue selectivo, se evaluó el convenio MAC-PD-VSA y las contrataciones profesionales de los años delalcance de la actuación.Observaciones relevantesEl Museo de Arte Contemporáneo (MAC) no cuentacon manuales de normas y procedimientos administrativospara la suscripción de contratos de servicios profesionalespara personas jurídicas y naturales, no obstante que elartículo 37 de la Ley Orgánica de la Contraloría Generalde la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal(LOCGRSNCF) Gaceta Oficial N° 37.347 del 17-12-2001,en concordancia con el artículo 8, numeral 2 de las Normaspara el Funcionamiento Coordinado de los Sistemasde Control Externo e Interno (Gaceta Oficial N°36.229 del 17-06-1997), indican respectivamente, quecada ente deberá elaborar los instrumentos o métodosespecíficos para el funcionamiento del control interno, y402

Administración Nacional DescentralizadaSector del Desarrollo Socialcrear los sistemas y procedimientos de control interno.Lo expuesto se origina por la falta de coordinación ycompromiso institucional por parte de quienes han tenidola responsabilidad de diseñar, implantar y aprobardicho instrumento normativo, lo que conlleva a que enla fundación se efectúen contrataciones al margen deinstrucciones sistemáticas debidamente aprobadas porla máxima autoridad de la fundación, que garanticen elcumplimiento del ordenamiento legal vigente.El MAC no dispone de un sistema de archivo que facilitela oportuna localización y conservación de los documentos,no obstante lo establecido el artículo 18 del Reglamento N°4 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera delSector Público, sobre el Sistema de Contabilidad Pública(LOAFSP), Gaceta Oficial N° 5.623 Extraordinario de fecha29-12-2002, indica que las transacciones de carácter financieroy las de los demás hechos económicos que afecten opuedan llegar a afectar el patrimonio público, deben estarsuficientemente documentadas, los documentos debencontener información completa y exacta de tales transacciones,de acuerdo como fueron incorporadas al sistemay ser archivados de manera tal que estén disponibles parasu examen y permitan el seguimiento de las referidasoperaciones. Asimismo, el artículo 23 de las NormasGenerales de Control Interno (NGCI), Gaceta Oficial N°36.229 del 17-06-1997, señala que todas las transacciones yoperaciones financieras, presupuestarias y administrativasdeben estar respaldadas con la suficiente documentaciónjustificativa. Dichas situaciones obedecen a la ausencia demecanismos de control interno en las áreas administrativasy presupuestarias y a la actuación poco diligente de losfuncionarios encargados de las respectivas dependencias,lo que genera condiciones desfavorables para obtener informaciónconfiable tanto para la toma de decisiones delas autoridades de la fundación, como para los órganos decontrol fiscal interno y externo.De la revisión realizada a los sopotes de pagos efectuadospor el MAC, por Bs. 28,81 millones por concepto deServicios Profesionales, se observó que en los archivos delmuseo, no reposa el contrato o documento donde se establezcanlas condiciones del servicio prestado, no obstantelo establecido en el artículo 23 de las NGCI se realizaronlos pagos por servicios profesionales para ejecutar actividadespropias de una de las dependencias que conforman laestructura organizativa de esa institución, y no se hicieronlas retenciones del Impuesto sobre la Renta por Bs. 1,44millones, no obstante el artículo 9, numeral 1, literal b delReglamento de la Ley de Impuesto sobre la Renta (GacetaOficial N° 36.203 de fecha 12-05-1997), prevé que de lospagos efectuados por personas jurídicas, consorcios ocomunidades a beneficiarios domiciliados o residentesen el país, por concepto de actividades profesionales nomercantiles, le corresponderá retener el 5,00% sobre elmonto pagado, en este caso, a personas domiciliadas deconformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo30 del Código Orgánico Tributario (COT), GacetaOficial N° 37.305 de fecha 17-10-2001, el cual dispone quese consideran domiciliados en la República Bolivarianade Venezuela para los efectos tributarios, las personas jurídicasconstituidas en el país. Los aspectos planteados sedeben a las debilidades existentes en el sistema de controlinterno de la fundación, que se traducen en irregularidadesen los controles administrativos, financieros y fiscales, asícomo, en la carencia de instrumentos que establezcan lasatribuciones y funciones de las dependencias, a los finesde propender a la uniformidad, coherencia y racionalidaden la organización, lo que no garantiza el funcionamientoeficiente de la institución, teniendo en cuenta que los recursospúblicos fueron utilizados sin considerar los principiosque rigen la actividad en la administración pública. Asimismo,los artículos 6, 7 y 17 de la Ley Contra la Corrupción(Gaceta Oficial N° 5.637 Extraordinario del 07-04-2003),prevén respectivamente, que la administración de los bienesy recursos públicos, los funcionarios y empleados públicosse regirán por los principios de honestidad y transparencia,de forma que la utilización de los bienes y el gasto delos recursos se alcancen las finalidades establecidas enlas mismas con la mayor economía, eficacia y eficiencia.Así como los funcionarios o empleados públicos deberánadministrar los bienes y recursos públicos con criterios deracionalidad y eficiencia, procurando la disminución delgasto y la mejor utilización de los recursos disponibles enatención a los fines públicos.En el museo se realizaron préstamos de carácter especialy personal por Bs. 10,50 millones a empleados de dicha403

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007fundación, con imputación presupuestaria en la partida4.01.00.00.00 “Gastos de Personal”, específica 4.01.01.01.00“Sueldos Básicos Personal Fijo a Tiempo Completo”, lacual según el Plan Único de Cuenta no se contemplan ensu clasificación el concepto de préstamos, no obstante queel artículo 49 de la Ley Orgánica de la AdministraciónFinanciera del Sector Público (LOAFSP), Gaceta OficialN° 37.606 de fecha 09-01-2003, indica que no se podránadquirir compromisos para los cuales no existan créditospresupuestarios, ni disponer de créditos para una finalidaddistinta a la prevista. Asimismo, el artículo 54 eiusdem,establece que ningún pago puede ser ordenado sino parapagar obligaciones válidamente contraídas y causadas, ysegún el artículo 57 del Reglamento N° 1 de la LOAFSP,sobre el Sistema Presupuestario (Gaceta Oficial N° 5.592Extraordinario del 27-06-2002), para que un compromisoquede registrado como válidamente adquirido debe cumplircon el requisito de que el monto del gasto esté previsto enuna partida presupuestaria con crédito disponible en elpresupuesto del ente. Dicha situación obedece a la ausenciade mecanismos de control interno de tipo presupuestario,administrativo y financiero, que le permitan al MAC ejercermedidas efectivas para determinar las desviaciones quepuedan surgir en la ejecución de los recursos que le sonasignados, así como implementar una mayor vigilanciaa efectos de erradicar prácticas discrecionales en cuantoa la administración de los recursos. En consecuencia, seejecutaron recursos con cargo a créditos presupuestariosno autorizados en su presupuesto, que repercuten en ellímite máximo de las autorizaciones disponibles paragastar en la partida de Gastos de Personal, que incluye lossueldos, salarios y otras retribuciones correspondientes alos trabajadores de la institución, lo que incide en la tomade decisiones de la alta gerencia del Museo de Arte.En el MAC se realizaron pagos por Bs. 7,80 millones porconcepto de contrataciones de profesionales para ejecutaractividades relacionadas con asesorías corporativas en elárea jurídica y el cuadre financiero de bancos, a pesar deque en la estructura organizativa del MAC funcionan unaOficina de Consultoría Jurídica y una de Contabilidad conactividades similares a las contratadas, aunado a lo anterior,no se encontró documentación soporte que demuestrela ejecución de las actividades objeto de contratación, noobstante, que la Cláusula Octava de los contratos de fechas01-10-2003 y 16-10-2003, establece que queda expresamenteentendido entre las partes, la obligación inexcusablepor parte de la contratada, de presentar quincenalmenteante el gerente de adscripción un informe detallado desu gestión y trabajo. Asimismo, para la contratación deasesorías legales, el artículo 14 de la Ley Orgánica de laProcuraduría General de la República (Gaceta Oficial N°5.554 Extraordinario de fecha 13-11-2001), indica que loscontratos de asesoría legal suscritos por la AdministraciónPública requieren la autorización de la ProcuraduríaGeneral de la República, en concordancia con lo previstoen los artículos 1 y 6 del Instructivo N° 1 de fecha 21-06-1999, para la Contratación de Servicios de AsesoríaJurídica en los Órganos de la Administración Central yDescentralizada (Gaceta Oficial N° 36.740 del 12-07-1999).Situación que tuvo su origen en que la máxima autoridaddel Museo de Arte no realizó gestiones pertinentes a losfines de garantizar el cumplimiento de lo establecido enlas cláusulas de tales contratos, a efectos de que la gestióndel museo estuviese apegada a los principios que rigen laactividad de la Administración Pública contenidos en elartículo 141 de la Constitución de la República Bolivarianade Venezuela Gaceta Oficial N° 5.453 Extraordinario defecha 24-03-2000 y en el artículo 12 de la Ley Orgánicade la Administración Pública. Asimismo, lo establecidoen los mencionados artículos 6, 7 y 17 de la Ley Contrala Corrupción.En el MAC se suscribió un convenio con Petróleos deVenezuela, S.A. (PDVSA) en fecha 23-12-2003 por Bs.144,95 millones, con el objeto de financiar gastos queatañen a la programación circunscrita en el marco delconvenio de PDVSA en el Parque Los Caobos, de lo cualse evidenció que se realizaron pagos por Bs. 124,07 millones,con cargo a cuenta corriente receptora del aportede PDVSA, sin realizar la imputación presupuestaria, noobstante que el artículo 48 de la LOAFSP, indica que losentes descentralizados están obligados a llevar los registrosde ejecución presupuestaria, registrando la liquidación oen el momento en que se devenguen los ingresos, y enmateria de gastos el momento en que se causen, es decir,cumplir con las etapas del compromiso y del pago. Por suparte, el artículo 57 del Reglamento N° 1 de la LOAFSP404

Administración Nacional DescentralizadaSector del Desarrollo Socialsobre el Sistema Presupuestario, establece que para que uncompromiso quede registrado como válidamente adquiridodebe cumplir con el requisito de que el monto del gastoesté previsto en una partida presupuestaria con créditodisponible en el presupuesto del ente; se efectuaron pagospor Bs. 28,21 millones que representan el 22,74% del totalpagado Bs. 124,07 millones, para cubrir gastos distintos alos previstos en el citado convenio, no obstante lo establecidoen el artículo 49 de la LOAFSP, el cual señala que nose podrán adquirir compromisos para los cuales no existencréditos presupuestarios, ni disponer de créditos para unafinalidad distinta a la prevista. Asimismo, las cláusulasprimera y cuarta del convenio establecen respectivamente,que el objetivo del convenio es el financiamiento de losgastos que atañen a la programación circunscrita en elmarco del convenio de PDVSA en el Parque Los Caobosdel MAC y que a la firma del convenio, PDVSA le otorgaríaun aporte equivalente a Bs. 144,95 millones que seríandistribuidos. Los hechos expuestos, se deben a la ausenciade mecanismos de control interno de tipo administrativo y/opresupuestario que permitieran detectar tales desviacionesy a la poca diligencia por parte de las instancias que teníanel deber de velar por la adecuada administración de losrecursos provenientes del convenio.Los Estados Financieros auditados al 31-12-2004 dela fundación, específicamente el Estado de Ganancias yPérdidas en el rubro de Ingresos no reflejan el aporte deBs. 144,95 millones, proveniente de PDVSA con ocasióndel convenio citado, para financiar gastos que atañen a laprogramación circunscrita en el marco del convenio dePDVSA en el Parque Los Caobos. Sin embargo, lo incorporanerróneamente en el Balance General como un PasivoCirculante en el rubro Otras Cuentas Por Pagar, códigocontable 2.01.01.99.00.110 denominado “Donación PDV-SA”, y como un Activo Disponible en el rubro de BancosPrivados código contable 1.01.01.01.03.009, siendo que laCláusula Tercera del convenio, indica que la fundacióndeberá rendir cuentas, a través de un informe financierosoportado con las facturas respectivas, es decir, no se refierea una contraprestación ya que las donaciones efectuadaspor terceros incrementan el patrimonio de la institución.Aunado a lo anterior, se evidenció una diferencia de Bs.25,40 millones entre el monto del aporte efectuado por PD-VSA y el monto reflejado en el Balance General en el rubro“Donación PDVSA”. Sobre las particularidades señaladas,las Normas Básicas y Principios de Aceptación General,publicadas en la Declaración de Principios de ContabilidadN° 0, emanadas de la Federación de Colegio de ContadoresPúblicos de Venezuela, en concordancia con lo previstoen el artículo 4, numeral 6 de las Normas Generales deContabilidad del Sector Público, principios de RevelaciónSuficiente y el artículo 6, numeral 10 de los Requisitos dela Información Contable denominado Confiabilidad. Dichasituación se debe a la ausencia de mecanismos de controlinterno de tipo administrativo y/o contable por parte dela fundación que permitieran detectar tal desviación, loque limita a la alta gerencia y a los demás usuarios de losestados financieros en la toma de decisiones pertinentesacerca de la razonabilidad de la situación financiera de lafundación.ConclusionesLa actividad administrativa del Museo de Arte Contemporáneo(MAC) en lo que respecta al período 2003 al2004, se desenvolvió sin considerar los principios constitucionalesde eficacia, eficiencia, transparencia y legalidaden la utilización de los recursos que le fueron confiadosen atención a los fines públicos, situaciones que no garantizaronel adecuado manejo de los recursos públicosentregados al museo.RecomendacionesSe recomienda a la máxima autoridad de la FundaciónMuseos Nacionales, lo siguiente:• Acometer las diligencias pertinentes ante las instanciascorrespondientes del museo, a los fines decoordinar las actividades dirigidas a que se elaboreun manual de normas y procedimientos en materiade contratos administrativos con personas naturalesy jurídicas, se someta a su debida aprobación y sehaga del conocimiento del personal responsable delárea responsable.• Establecer los mecanismos necesarios dirigidos aasegurarse de que los recursos otorgados al MACsean utilizados eficientemente, de tal manera que405

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007los compromisos contraídos con personas jurídicasy personales, estén revestidas de transparencia ylegalidad a los fines de salvaguardar el patrimoniopúblico.• Impartir las instrucciones pertinentes a efectos deque los pagos relacionados con convenios con entesgubernamentales se ejecuten con legalidad y quecuenten con el apartado presupuestario respectivo ysean objeto de autorización por la instancia competentedentro de la fundación, además que se registrenrazonablemente en los Estados Financieros.• Instar a las gerencias involucradas en el otorgamientode aportes, así como, del control sobre las rendicionesde cuenta, a ejercer una efectiva vigilancia sobre eldestino y uso de dichos recursos por parte de las unidadesencargadas de ejecutar el patrimonio público.• Girar las directrices necesarias a las instancias correspondientes,a los fines de emprender las gestionesnecesarias que permitan que el sistema de archivofacilite la oportuna localización y conservación dedocumentos.UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA (UBV)ADQUISICIÓN DE BIENES; CONTRATACIÓN DE OBRASY SERVICIOSLa UBV fue creada mediante Decreto N° 2.517 del18-07-2003 (Gaceta Oficial N° 37.737 de fecha 22-07-2003), la cual de acuerdo con su documento de creacióndesarrollará los programas académicos correspondientesa las áreas científicas, tecnológicas y humanísticas,basados en un enfoque de conocimientos complejos ycon criterios de pertinencia social acorde con los preceptosconstitucionales, y actualmente se encuentrabajo la tutela del Ministerio Popular para la EducaciónSuperior, recibiendo a su vez lineamientos del ConsejoNacional de Universidades (CNU) y de la Oficina delSector Universitario (OPSU).La UBV tiene como misión la formación integral detodos los que participan de sus procesos educativos comopersona dignas, profesionales competentes y probos, yciudadanos con sentido de país capaces de contribuir consu desarrollo; y como visión busca en convertirse en unacomunidad universitaria, consolidada, orgánicamente vinculadaa las comunidades locales, a los consejos comunales,a las regiones (estados) y al país.De acuerdo con el Reglamento Interno de la UBV(Gaceta Oficial N° 37.772 de fecha10-09-2003) es unainstitución de educación superior, experimental, participativa,pluralista y democrática que propicia la libertadde pensamiento, vinculada a las comunidades locales,a las regiones, al país y a su entorno latinoamericano ycaribeño, la cual busca la excelencia en sus procesos yprácticas académicas y administrativas; es un espacio quegenere y promueve justicia social mediante la puesta enpráctica del principio de igualdad de oportunidades educativas,tanto en el acceso a ella como en la consecuciónde logros de formación integral a lo largo de toda la vida.Su estructura organizativa está constituida por unidadesflexibles integradas funcionalmente dentro de un sistemajerárquicamente organizado, integrada por órganos de gobiernocolegiados (Consejo Superior de Asesores, ConsejoDirectivo, Consejo Ejecutivo y Consejo de Apelaciones);órganos de gobierno unipersonales (Rector, Vicerrector,Secretario General y Director Académico); órganos departicipación social (Consejo Social); unidades de gestiónacadémica (Áreas Académicas, Consejo de ProgramasAcadémicos, Núcleos Académicos y Programas Académicos);servicios administrativos y de asesoría (Oficinasde Sistemas y Documentación, de Planificación y Desarrolloy de Consultoría Jurídica) y órganos de defensa, devigilancia y de control interno (Defensor Universitario yAuditoría Interna).Para el año 2005, según la Ley de Presupuesto (GacetaOficial N° 5.743 Extraordinario de fecha 13-12-2004),le fueron aprobados recursos a esa casa de estudios Bs.101.228,15 millones, de los cuales Bs. 92.163,75 millonescorresponden a gastos corrientes y Bs. 9.064,40 millonesa gastos de capital. Durante el año 2006, le aprobaronrecursos según la Ley de Presupuesto (Gaceta Oficial N°5.795 Extraordinario de fecha 20-12-2005) Bs. 141.031,37millones, de los cuales Bs. 124.907,37 millones paragastos corrientes; Bs. 10.485,41 millones para gastosde capital; y Bs. 5.638,59 millones para aplicacionesfinancieras.406

Administración Nacional DescentralizadaSector del Desarrollo SocialAlcance y objetivo de la actuaciónLa actuación se orientó a la evaluación selectiva de lasoperaciones relativas al proceso de adquisición de bienes,contratación de obras y servicios, durante los años 2005y 2006. En tal sentido, se plantearon los siguientes objetivosespecíficos: evaluar si el proceso llevado a cabo porla UBV, para la selección de empresas para la adquisiciónde bienes, contratación de obras y servicios, se ajustó ala normativa que rige la materia; y verificar la legalidad,exactitud y sinceridad de los pagos efectuados por la UBV,por concepto de adquisición de bienes, contratación deobras y servicios.Observaciones relevantesPara el análisis realizado a los documentos que soportanlas adquisiciones de bienes, contratación de obras yservicios, tales como: órdenes de compras, requisiciones,órdenes de servicios, contratos, vouchers de cheques,facturas, entre otros, se revisó y analizó una muestra específicamentede ciento noventa y un (191) contratos porBs. 5.300,38 millones (40 para el año 2005 por Bs. 1.922,44millones y 151 durante el año 2006 por Bs. 3.377,94 millones),de los cuales Bs. 3.293,60 millones (62,14% de lamuestra seleccionada), se evidenció que la selección deempresas proveedoras y contratistas durante los citadosaños, se realizó mediante el procedimiento excepcionaldenominado adjudicación directa, de los cuales se precisóque se adquirieron bienes y se contrató servicios mediante44 órdenes de compra y servicios por un monto total de Bs.1.110,24 millones, discriminados en equipos de computación,impresoras y fotocopiadoras por Bs. 242,46 millones;vehículos automotores por Bs. 393,37 millones; equiposde audio y video por Bs. 333,15 millones; alquiler de sonorizacióny servicios de operador de audio por Bs. 41,61millones; reparación y mantenimiento de cocinas por Bs.48,06 millones; y reparación y pintura del piso 7 de la UBVpor Bs. 51,59 millones, no obstante por las característicassemejantes de cada uno de los conceptos antes mencionadosy los montos totales en su conjunto, y con base al valor delas Unidades Tributarias (UT) fijadas para el año 2005 arazón de Bs. 29.400,00 (Gaceta Oficial N° 38.116 de fecha27-01-2005), y para el año 2006 a razón de Bs. 33.600,00(Gaceta Oficial N° 38.350 de fecha 04-01-2006), debieronser sometidos a los procedimientos de Licitación Selectiva,toda vez que se ubicaron entre las 1.100 UT y 11.000UT para la adquisición de bienes o contratación de servicios.Asimismo, se efectuaron adquisiciones de bienesa través de 81 órdenes de compra mediante adjudicacióndirecta, por Bs. 2.312,90 millones durante los citadosaños, para la compra de mesas y sillas universitariaspor Bs. 500,45 millones; vehículos automotores por Bs.458,21 millones, equipos de computación, impresoras yfotocopiadoras por Bs. 780,33 millones; y mobiliario yequipos de oficina por Bs. 573,91 millones, no obstanteen vista que los montos totales sumados en su conjuntoy por las características semejantes de los bienes, debieronser adquiridos por Licitación General, toda vez quesuperaban las 11.000 UT.Al respecto, el artículo 61 de la Ley de Licitaciones(LL), Gaceta Oficial N° 5.556 Extraordinario de fecha 13-11-2001, el cual establece que se procederá por LicitaciónGeneral, en el caso de adquisición de bienes o contrataciónde servicios, si el contrato a ser otorgado es por un montototal estimado superior a 11.000 UT, lo que equivale a Bs.323,40 millones para el año 2005, y Bs. 369,60 millonespara el año 2006. Así mismo, el numeral 1 del artículo 72eiusdem, establece que se debe proceder por LicitaciónSelectiva para la adquisición de bienes o contratación deservicios, si el contrato es por un precio estimado superiorhasta las 1.100 UT y hasta 11.000 UT, lo que equivale desdeBs. 32,34 millones hasta Bs. 323,40 millones para el año2005, y Bs. 36,96 millones hasta Bs. 369,60 millones parael año 2006.Tales circunstancias tienen su origen en debilidadesen el proceso de planificación por parte de la UBV, porcuanto no se proyectaron y estimaron con anticipación losrequerimientos básicos y necesarios para el funcionamientooperativo de la Universidad, herramienta indispensablepara programar las adquisiciones de bienes, contratacionesde obras y servicios en un ejercicio fiscal determinado,situación que deriva en la suscripción y asignación de unnúmero significativo de adquisiciones y contratos para unmismo tipo de compra o servicio, lo cual es indicativo deque no se tomó en consideración el principio de programa-407

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007ción anual establecido en el artículo 23 de la LL, y a su vez,la toma de decisiones basadas en criterios y procedimientosdistintos a los que correspondía aplicar según los montosde cada una de las operaciones señaladas. En consecuencia,las adquisiciones de bienes y contrataciones de serviciosen la Universidad se efectuaron sin vigilar el estricto cumplimientoa lo establecido en la normativa dictada sobre lamateria, por lo cual en tales operaciones no se garantizó elcumplimiento de los principios de economía, transparencia,honestidad, eficiencia, igualdad y competencia, los cualestienden a lograrse mediante los procesos licitatorios.La UBV adquirió bienes y contrató obras y serviciosdurante los años 2005 y 2006, por Bs. 677,60 millones,que representa el 12,78% de la muestra seleccionada (Bs.5.300,38 millones), los cuales fueron objeto del procedimientode adjudicación directa, sin evidenciar los respectivosactos motivados firmados por la máxima autoridadde la Institución. Sobre el particular, el artículo 88 dela mencionada LL, establece que se puede proceder porAdjudicación Directa, independientemente del monto dela contratación, siempre y cuando la máxima autoridaddel órgano o ente contratante, mediante acto motivado,justifique adecuadamente su procedencia, en los supuestosestablecidos en el citado artículo.Lo antes expuesto, se debe a la ausencia de efectivosmecanismos de control interno dirigidos al cumplimientode la normativa dictada para la selección y contrataciónde las empresas proveedoras de bienes y contratistas deobras y servicios, lo cual no garantiza que la escogencia deproveedores y contratistas realizada por la UBV, se hayaefectuado en términos de confiabilidad, transparencia ysinceridad de las operaciones.Del análisis realizado a los cheques y sus respectivosdocumentos soportes (órdenes de entrega, facturas, órdenesde pago, entre otros) que respaldan las erogacionesefectuadas por la UBV, relacionadas con las adquisicionesde bienes, contratación de obras y servicios, se revisó yexaminó una muestra específicamente de 191 pagos por Bs.5.300,38 millones, (40 para el año 2005 por Bs. 1.922,44millones y 151 durante el año 2006 por Bs. 3.377,94 millones),de la cual se evidenció que se le canceló a unaempresa proveedora de servicios durante el año 2006,mediante cheque N° 400.869 del 15-03-2006, de la cuentacorriente N° 00030092680001030821 del Banco Industrialde Venezuela (BIV), la cantidad de Bs. 16,73 millonespor concepto de Alquiler de 6 toldos de 8x12 y 2 toldosde 5x5 para el evento “Feria de Navidad en Revolución”,correspondiente a la factura N° 2.691 del 08-12-2005; sinembargo, dicha factura ya había sido cancelada al citadoproveedor a través del cheque N° 67.462 de fecha 06-02-2006, de la cuenta corriente N° 01340488734881005757 dela entidad financiera Banesco.En este sentido, los artículo 35 y 38 de la Ley Orgánicade la Contraloría General de la República y del SistemaNacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), Gaceta OficialN° 37.347 de fecha 17-12-2001, establecen que el controlinterno es un sistema que comprende los procedimientospara salvaguardar los recursos, verificar la exactitud dela información financiera y administrativa, el cual deberágarantizar que antes de proceder a realizar los pagos, losresponsables se aseguren de que se realicen para cumplircompromisos ciertos y debidamente comprobados.Lo antes expuesto obedece, a la falta de controles internosen el proceso de pagos en la Institución, así como demecanismos de coordinación entre la Dirección de Presupuestoy la Dirección de Administración, toda vez que sedieron autorizaciones presupuestarias y se efectuaron latramitación y cancelación de pagos, sin verificar que dichocompromiso ya había sido cancelado, situación que no garantizala legalidad y transparencia de las operaciones delas operaciones que desarrolla la Universidad en funciónde los recursos que le han sido asignados.ConclusionesDe los resultados obtenidos de la actuación fiscal practicadaen la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV),vinculada con el proceso llevado a cabo para la selecciónde empresas para la adquisición de bienes, contrataciónde obras y servicios, así como la legalidad, exactitud ysinceridad de los pagos efectuados por la UBV, por losmencionados conceptos, durante los años 2005 y 2006, seevidenciaron situaciones que no se ajustan a la normativa408

Administración Nacional DescentralizadaSector del Desarrollo Socialque regula la materia y contrarias a principios que rigen lasactividades de la administración pública, así como, debilidadesen el sistema de control interno administrativo, queinciden en el correcto manejo de los recursos y por endeafectan el patrimonio público del Estado.Recomendaciones• Se insta a la Rectora y demás miembros del ConsejoDirectivo de la UBV a establecer las medidasde control interno necesarias, en las Direcciones yDepartamentos de la UBV involucrados en los procesospara la selección de las empresas proveedorasy contratistas, a los fines de velar que aquellas comprasde bienes y contratos de obras y servicios a serotorgados mediante el procedimiento excepcionalde adjudicación directa, cumplan con lo dispuestoen la Ley de Licitaciones y dentro de los parámetrosde racionalidad técnica y jurídica, en el sentido deque cuenten con los respectivos actos motivados, ydebidamente suscritos por la máxima autoridad de laUniversidad, así como constatándose que dichas adquisicionesy contratos se enmarcan dentro de algunode los supuestos establecidos en la citada Ley.• Implementar los mecanismos de control internonecesarios en la Dirección de Administración de laUBV y en sus departamentos adscritos, a los efectosde garantizar que no se efectúen duplicidad de pagosde facturas a las empresas contratistas, y al Presidenteemprender las acciones pertinentes, dirigidasa recuperar los recursos que se utilizaron para pagardoblemente a la empresa que realizó el servicio dealquiler de toldos para el evento denominado “Feriade Navidad en Revolución”.UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA (UCV)ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA PAGOS DE JUBILACIONESY PENSIONESLa Universidad Central de Venezuela (UCV) es un entecorporativo de Derecho Público, sin fines empresariales,integrado a la estructura general del Estado. La universidadfue fundada bajo la denominación de Real y PontíficiaUniversidad de Caracas el día 22-12-1721 por Real Cédulaexpedida en Lerma, España, por el Rey Felipe V, posteriormenteen enero de 1727 el Libertador y Presidente DonSimón Bolívar, reformó los reglamentos con la promulgaciónde los nuevos Estatutos Republicanos Universitariosy se convierte en la Universidad Central de Venezuela, lacual tiene su sede en la Ciudad Universitaria de Caracasobra arquitectónica del maestro y arquitecto Carlos RaúlVillanueva, que desde el 30-11-2000 es declarada por laOrganización para la Educación, la Ciencia y la Culturade las Naciones Unidas (UNESCO) Patrimonio Cultural de laHumanidad. Mediante Acta Constitutiva Estatutaria de fecha24-10-1977, el Rector de la UCV, el Presidente de la Asociaciónde Profesores de la UCV y el Presidente del Consejo de ProfesoresUniversitario Jubilados de la UCV, constituyeronuna fundación, la cual denominaron Fondo de Jubilacionesy Pensiones del Personal Docente y de Investigación de laUCV, es una entidad autónoma con personalidad jurídicapropia y con amplia capacidad para realizar todos los actoslícitos de naturaleza mercantil y civil necesarios y conducentespara el cumplimiento de sus funciones. La fundacióntiene por objeto la creación, mantenimiento, ampliación,manejo, inversión y aplicación del Fondo de Jubilacionesy Pensiones del Personal Docente y de Investigación y delProfesorado de la Universidad Central de Venezuela.Alcance y objetivos de la actuaciónLa actuación se orientó a verificar la legalidad, sinceridady oportunidad de las operaciones efectuadas por laUCV, con los recursos presupuestarios asignados para elpago de jubilaciones y pensiones al Personal Docente y deInvestigación, durante los años 2004 y 2005, y tuvo comoobjetivos específicos evaluar el control interno establecidopor la universidad para el pago de jubilaciones y pensionesal Personal Docente y de Investigación, así como, verificarsi los recursos presupuestarios recibidos por la UCV para elpago de jubilaciones y pensiones al Personal Docente y deInvestigación, fueron destinados para los fines previstos.Observaciones relevantesLa UCV no cuenta con una nómina del personal docentejubilado y pensionado separada de la nómina regular de launiversidad, no obstante, el artículo 37 de la Ley Orgánica409

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007de la Contraloría General de la República y del SistemaNacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), Gaceta OficialN° 37.347 del 17-12-2001, establece la obligación que tienenlas máximas autoridades de elaborar las normas, manualesde procedimientos y demás instrumentos o métodosespecíficos que coadyuven al funcionamiento del sistemade control interno. En tal sentido, el literal b del artículo3° de las Normas Generales de Control Interno (NGCI),Gaceta Oficial N° 36.229 del 17-06-1997, señala que elcontrol interno de cada organismo o entidad debe organizarsecon arreglo a conceptos y principios generalmenteaceptados de sistema y estar constituido por las políticas ynormas formalmente dictadas, los métodos y procedimientosefectivamente implantados y los recursos humanos,financieros y materiales, cuyo funcionamiento coordinadodebe orientarse al cumplimiento de los objetivos, entreotros, garantizar la exactitud, cabalidad, veracidad y oportunidadde la información administrativa y técnica. Talsituación obedece a que la Dirección de Administracióny Finanzas de la UCV, no ha recibido instrucciones a losfines de elaborar de manera separada, la nómina de personaljubilado y pensionado de la universidad, con respecto a lanómina regular. Lo anteriormente expuesto limita a lasáreas involucradas (Nómina, Tesorería y Contabilidad) ya los órganos de control fiscal ejercer un adecuado controlinterno, a los fines de garantizar el correcto desempeño dela gestión administrativa.El manual de normas y procedimientos de la Divisiónde Nómina no se encuentra aprobado por el Consejo Universitariode la UCV, sin embargo, el artículo 36 de la LO-CGRSNCF, en concordancia con el artículo 8, literal a, delReglamento sobre la Organización de Control Interno en laAdministración Pública Nacional (Gaceta Oficial N° 37.783del 25-09-2003), señala que corresponde a las máximasautoridades jerárquicas de cada ente, la responsabilidad deorganizar, establecer, mantener, perfeccionar y evaluar elsistema de control interno, el cual debe ser adecuado a lanaturaleza, estructura y fines del ente y en general vigilarsu efectivo funcionamiento. Igualmente, el artículo 22 delas NGCI, establece que los manuales técnicos y de procedimientosdeben ser aprobados por las máximas autoridadesjerárquicas de los organismos y entidades. Tal situaciónobedece a que la Dirección de Administración y Finanzassuministró la primera versión del referido manual, el cualse encuentra en proceso de revisión por parte del personalde la citada División y de la empresa encargada de la elaboración,para la presentación y aprobación del ConsejoUniversitario. Lo anteriormente expuesto se origina a queno se ha efectuado en la UCV una revisión exhaustiva delo que debe comprender su sistema de control interno,que le permita actualizarlo y someterlo a la aprobaciónde la máxima autoridad jerárquica. En consecuencia, laDivisión de Nómina no tiene establecida formalmente unmanual de normas y procedimientos relacionados con lasoperaciones administrativas que realiza el personal de lacitada División, y al no contar con la debida formalidad quele ostenta el documento de aprobación de dicho manual,limita a la universidad de ejercer el adecuado control delos procedimientos que se ejecutan en esa dependencia, loque incide en la evaluación de los procesos y no garantizael correcto desempeño de la gestión administrativa de esaCasa de Estudios.La División de Nómina no dispone de medios y/oinstrumentos magnéticos para respaldar la nómina delpersonal de la UCV, en la cual está incluida la nóminadel personal docente jubilado y pensionado, ya que nocuentan con nómina física o impresa del citado personal.Al respecto, los artículos 35 y 38 de la LOCGRSNCF,establecen que el control interno es un sistema adoptadodentro de un ente u organismo sujeto a esta ley, para salvaguardarsus recursos, verificar la exactitud y veracidad desu información financiera y administrativa, promover laeficiencia, economía y calidad en sus operaciones, el cualdeberá garantizar que antes de proceder a realizar pagos,los responsables se aseguren que estos se hayan realizadopara cumplir compromisos ciertos y debidamente comprobados.Asimismo, el artículo 79 Reglamento N° 1 de laLey Orgánica de la Administración Financiera del SectorPúblico, sobre el Sistema Presupuestario (gacetas oficialesNos. 5.592 y 5.781 ambas Extraordinario de fechas 27-06-2002 y 12-08-2005, respectivamente), señala que losdocumentos comprobatorios de todo tipo de transaccióneconómica financiera, deben conservarse organizados ynumerados en orden consecutivo, en expedientes físicospara cada ejercicio económico financiero. En tal sentido,el literal e del artículo 32 de las NGCI, indica que en410

Administración Nacional DescentralizadaSector del Desarrollo Socialcuanto a los sistemas de información computarizados lamáxima autoridad jerárquica del organismo o entidad ydemás niveles organizativos deben disponer de mecanismoso medidas para la creación de archivos de respaldode los registros correspondientes. La situación descritase origina por la falta de políticas dirigidas al establecimientode efectivos controles a través de la implantaciónde mecanismos o medidas de seguridad que permitana la División de Nómina adscrita a la Dirección de Administracióny Finanzas, el respaldo y/o resguardo de lainformación que genera en cuanto a la nómina de la UCV,lo que trae como consecuencia que la citada Divisióncarezca de una herramienta, que le permita asegurar losdatos necesarios para garantizar el manejo adecuado dela nómina, con el propósito de minimizar los riesgos deperdida de la información.La Dirección de Tecnología, Información y Comunicacionesde la UCV no cuenta con un manual de normasy procedimientos que especifique los pasos y/o procesospara llevar a cabo el respaldo diario de los servidores dela UCV, en los cuales se encuentra el respaldo de la nóminade la universidad, sin embargo, los artículos 35 y37 de la LOCGRSNCF, establecen que el control internocomprende el plan de organización, las políticas, normas,métodos y procedimientos adoptados dentro de un enteu organismo, para salvaguardar sus recursos, verificarla exactitud y veracidad de su información financiera yadministrativa, por lo cual es obligación de la máximaautoridad jerárquica, elaborar en el marco de las normasbásicas dictadas por esta Contraloría General de la República,las normas, manuales de procedimientos y demásinstrumentos o métodos específicos que coadyuven alfuncionamiento del sistema de control interno. En talsentido, el artículo 8, numeral 2 de las Normas para elFuncionamiento Coordinado de los Sistemas de ControlInterno y Externo (NFCSCEI), Gaceta Oficial N° 36.229del 17-06-1997, en concordancia con el artículo 22 de lasNGCI, señalan que corresponde a la máxima autoridadde cada organismo y entidad, crear los sistemas y procedimientosde control interno, asegurar su implantación,funcionamiento, evaluación periódica y actualización,así como, adoptar las acciones a que hayan lugar parasu mejoramiento y eficacia, que los manuales técnicos yde procedimientos deben ser aprobados por las máximasautoridades jerárquicas de los organismos y entidades.La situación planteada obedece, a la inexistencia de unsistema de control interno contentivo de los instrumentosnormativos que permita definir las competencias, funciones,actividades, responsabilidades, procedimientosy registros, lo que trae como consecuencia, que al nocontar con un Manual de Normas y Procedimientos quecontengan los pasos y condiciones de las operacionesque realiza la Dirección de Tecnología de Informacióny Comunicación, que sirva de apoyo y guía al personal,causa desconocimiento a los efectos de asegurar que selleve acabo con éxito el respaldo de la información que segenera en la UCV.La Dirección de Administración y Finanzas de la UCVno dispone de documentación en los cuales se evidencie queel personal docente jubilado y pensionado haya recibido pagospor concepto de jubilaciones y pensiones, no obstante,los artículos 35 y 38 de la LOCGRSNCF establecen que elcontrol interno es un sistema adoptado dentro de un ente uorganismo sujeto a esta ley, para salvaguardar sus recursos,verificar la exactitud y veracidad de su información financieray administrativa, promover la eficiencia, economíay calidad en sus operaciones, el cual deberá garantizarque antes de proceder a realizar pagos, los responsablesse aseguren que estos se hayan realizado para cumplircompromisos ciertos y debidamente comprobados. En talsentido, el artículo 23 de las NGCI, indica que todas lastransacciones y operaciones financieras, presupuestarias yadministrativas deben estar respaldadas con la suficientedocumentación justificativa. Tal situación se debe a que lossoportes lo constituyen los registros quincenales de bancode abono en cuenta, que se detallan en orden correlativo decédulas de identidad, nombre del beneficiario, número decuenta y monto a cobrar; en los cuales está incluido todo elpersonal docente activo, jubilado y pensionado por cuantoen el Sistema de Nómina no hay separación por el tipo depersonal. Lo antes expuesto, limita al personal de las áreasde Nómina, Tesorería y Contabilidad y a la UCV, en ejercerun adecuado control de las operaciones que desarrollan,lo que no permite la evaluación de sus procesos, y no garantizael correcto desempeño de la gestión administrativay financiera.411

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007Durante los años 2004 y 2005 la UCV asignó presupuestariamentea la partida global mensual del sueldo delpersonal docente y de investigación Bs. 306,69 millones yBs. 311,64 millones, respectivamente, para ser transferidosa la Fundación Fondo de Jubilaciones y Pensiones del PersonalDocente y de Investigación por concepto del AporteInstitucional del 4,00%, no obstante, se debió asignar Bs.347,27 millones y Bs. 392,88 millones, por lo que se evidenciauna diferencia por Bs. 40,58 millones y Bs. 81,24millones, respectivamente. Al respecto, el artículo 39 de laLOCGRSNCF indica que los gerentes, jefes o autoridadesadministrativas de cada departamento, sección o cuadroorganizativo específico deben ejercer vigilancia sobre elcumplimiento de las normas constitucionales y legales. Ental sentido, el artículo 23 del Reglamento de Jubilacionesy Pensiones del Personal Docente y de Investigación de laUCV, establece que el aporte de la UCV y de los miembrosdel personal docente y de investigación, será respectivamentedel 4,00% del sueldo mensual. La referida situaciónobedece a la inexistencia de mecanismos de control interno,que garanticen el cumplimiento del citado Reglamento, y deacciones dirigidas a adecuar sus instrumentos de planificacióny control presupuestario a la normativa legal y sublegalque le es aplicable, en este caso lo relativo al monto a serasignado en el Presupuesto de la UCV correspondiente alaporte del 4,00% para la Fundación Fondo de Jubilacionesy Pensiones del Personal Docente y de Investigación. Loque trae como consecuencia que la universidad carezca deun mecanismo de control interno, que le permita asegurarlos créditos presupuestarios necesarios (asignación derecursos) para garantizar el citado aporte.ConclusionesLa UCV presenta debilidades en el sistema de controlinterno relacionado con el pago de jubilaciones y pensionesal personal docente y de investigación de la UCV, porcuanto no cuenta con una nómina para el personal docentejubilado y pensionado, separada de la nómina regular dela universidad; no se encuentra aprobado por el ConsejoUniversitario el manual de normas y procedimientos de laDivisión de Nómina; no dispone la División de Nómina,de medios y/o instrumentos magnéticos para respaldar lanómina del personal de la UCV; la Dirección de Tecnología,Información y Comunicaciones no cuenta con unmanual de normas y procedimientos que especifique lospasos y/o procesos para llevar a cabo el respaldo diario delos servidores de la UCV; la Dirección de Administracióny Finanzas de la UCV no dispone de la documentacióndonde se justifique que el personal docente jubilado ypensionado haya recibido pagos por concepto de jubilacionesy pensiones; igualmente existen situaciones queno se ajusta a la normativa que regula la materia, todavez que la universidad no asignó presupuestariamenteel monto total del aporte institucional del 4,00% a lapartida global mensual del sueldo del personal docente yde investigación. Situaciones que obedecen a la inexistenciade mecanismos de control interno, que garanticenel cumplimiento del citado reglamento, y de accionesdirigidas a adecuar sus instrumentos de planificacióny control presupuestario a la normativa legal y sublegalque le es aplicable.RecomendacionesSe insta al Rector y demás miembros del Consejo Universitariode la UCV, a:• Elaborar y aprobar una nómina para el personal jubiladoy pensionado, separada de la nómina regular de launiversidad, a los fines que las autoridades de la UCVy los órganos de control fiscal, ejerzan un adecuadocontrol interno de las actividades que desarrolla launiversidad, además de garantizar la exactitud, cabalidad,veracidad y oportunidad de la informaciónadministrativa, técnica y contable.• Aprobar el manual de normas y procedimientos de laDivisión de Nómina, así como elaborar y aprobar unmanual de normas y procedimientos para la Direcciónde Tecnología, Información y Comunicaciones, queespecifique los pasos y/o procesos para llevar a caboel respaldo diario de los servidores de la universidad,con el objeto de dar formalidad a las funciones yactividades que desempeña el personal de esa Casade Estudios.• Girar las instrucciones pertinentes a la Dirección deAdministración y Finanzas a los fines de establecerlos mecanismos de control interno necesarios paraque la División de Nómina, disponga de medios y/o412

Administración Nacional DescentralizadaSector del Desarrollo Socialinstrumentos magnéticos, con el objeto de respaldarla nómina del personal de la UCV.• Girar las instrucciones necesarias a la Dirección deAdministración y Finanzas para que disponga de ladocumentación que evidencie los pagos realizadospor concepto de jubilaciones y pensiones, con el finde que las transacciones y operaciones financieras,administrativas y contables estén respaldadas consuficiente documentación justificativa.• Girar las instrucciones pertinentes a la Dirección dePlanificación y Presupuesto para que se asigne presupuestariamenteel aporte institucional del 4,00%,a la partida global mensual del sueldo del personaldocente y de investigación, a los fines que le permitaasegurar a la UCV, los créditos presupuestarios quedebe transferir a la Fundación Fondo de Jubilaciones yPensiones del Personal Docente y de Investigación.UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA (UCV)LEGALIDAD DE LAS OPERACIONES DE HOMOLOGACIÓNDEL PERSONALLa Universidad Central de Venezuela (UCV) es un entecorporativo de Derecho Público, sin fines empresariales,integrado a la estructura general del Estado, y sujeto alcontrol de este máximo Órgano Contralor, de conformidadcon lo previsto en el artículo 9, numeral 8 de la LeyOrgánica de la Contraloría General de la República y delSistema Nacional de Control Fiscal, ello sin perjuicio delcontrol que le corresponde ejercer a su Órgano de ControlInterno.Fue fundada bajo la denominación de Real y PontificiaUniversidad de Caracas el día 22-12-1721 por Real Cédulaexpedida en Lerma, España, por el Rey Felipe V, posteriormenteen enero de 1727 el Libertador y Presidente DonSimón Bolívar, reformó los reglamentos con la promulgaciónde los nuevos Estatutos Republicanos Universitarios y seconvirtió en la Universidad Central de Venezuela, la cualtiene su sede en la Ciudad Universitaria de Caracas, obraarquitectónica del maestro y arquitecto Carlos Raúl Villanueva,que desde el 30-11-2000 es declarada por la Organizaciónpara la Educación, la Ciencia y la Cultura de las NacionesUnidas (UNESCO) Patrimonio Cultural de la Humanidad.La UCV cuenta con personalidad jurídica y patrimoniopropio, actualmente se encuentra bajo la tutela del Ministeriodel Poder Popular para la Educación Superior yrecibe lineamientos del Consejo Nacional de Universidades(CNU) y de la Oficina de Planificación del Sector Universitario(OPSU), en materia de planificación y presupuestouniversitario.Los objetivos de la UCV están dirigidos a fomentar lainvestigación de nuevos conocimientos, en beneficio delbienestar y progreso del ser humano, de la sociedad y deldesarrollo independiente de la nación; participar a travésde programas de Extensión y Apoyo en la solución delos problemas sociales que enfrente el país, así como, laformación integral de profesionales y a su capacitación enfunción de las necesidades de la sociedad y su desarrollo,entre otros.La misión de esta máxima Casa de Estudios es crear,asimilar y difundir el saber mediante la investigación yla enseñanza; completar la formación integral iniciada enlos ciclos educacionales anteriores; y formar los equiposprofesionales y técnicos que necesita la nación para sudesarrollo y progreso.El patrimonio de la Universidad está constituido por losaportes ordinarios que le asigne la Ley de Presupuesto ypor los recursos otorgados por el Ministerio de EducaciónSuperior; los ingresos que obtenga por la prestación de serviciosa terceros; las donaciones y aportes que reciba de lasinstituciones públicas, privadas, nacionales o extranjeras,así como, los recursos provenientes de convenios, acuerdosy actos suscritos con organismos o instituciones públicaso privadas, nacionales o internacionales.El Presupuesto de Ingresos y Gastos de la UCV fue aprobadosegún Ley de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2005,publicada en la Gaceta Oficial Nº 5.743 Extraordinario del13-12-2004, por la cantidad de Bs. 624.718,62 millones.Entre la Universidad Central de Venezuela y unaempresa aseguradora, fue celebrado el Contrato de Administraciónde Servicios del Plan de Salud del PersonalAdministrativo, Técnico y de Servicios de la UCV para el413

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007período comprendido desde el 01-03-2005 al 31-12-2005.El Consejo Universitario autorizó al ciudadano Rectorpara la firma del mencionado Contrato en la sesión deldía 26-10-2005. Mediante este Contrato la Compañía deSeguros se obligó a administrar eficientemente el fondode recursos económicos propiedad de la Universidad, conel fin de indemnizar los siniestros por concepto de gastosde hospitalización, cirugía y maternidad, a los aseguradosde la Universidad de acuerdo con los planes de beneficiosestipulados.La cláusula 1 del Contrato relativa a las definiciones,indica que el Plan Administrado de Salud: “Es el Plan contenidoen las cláusulas del presente Contrato y sus anexos,y sus coberturas se dividen de la siguiente manera:CAPA I: se nutre con fondos aportados por LA UNI-VERSIDAD, los cuales servirán para amparar únicamentelas patologías indicadas en los Anexos “A” y “B”, y su límitemáximo de cobertura es la cantidad de UN MILLÓN DEBOLÍVARES (Bs. 1.000.000,00), con un deducible de Bs.0,00.CAPA II: se nutre con fondos que no son aportadospor LA UNIVERSIDAD, su límite máximo de coberturaes la cantidad de TRES MILLONES DE BOLÍVARES(Bs. 3.000.000,00), con un deducible de UN MILLÓNDE BOLÍVARES Bs. 1.000.000,00), en ningún caso LAUNIVERSIDAD tendrá responsabilidad alguna sobreestos fondos.CAPA III: : se nutre con fondos aportados por LAUNIVERSIDAD, los cuales servirán para amparar únicamentelos casos de alta cirugía en las especialidades deCardiovascular, Neurocirugía y Traumatología (denominadasContingencia) y su límite máximo de cobertura es lacantidad de CUATRO MILLONES DE BOLÍVARES (Bs.4.000.000,00), con un deducible de CUATRO MILLONESDE BOLÍVARES (Bs.4.000.00 0,00)” (sic).Por su parte, el Anexo N° 5 del contrato en comento, elcual representa una modificación del mismo, en su puntoúnico estableció: “En virtud, que la Asociación de EmpleadosAdministrativos, al 05 de agosto de 2005, conforme alo previsto en las Cláusulas 7 y 9 del Contrato celebradopor dicha Asociación, adeuda a la Administradora lacantidad de Bs. 1.360.620.647,58 (Bs. 605.824.417,58 porconcepto de requisiciones para siniestros y honorarios, yBs. 754.796.230,00 por concepto de anticipo por vacaciones)correspondientes a aportes a la Capa II de dicho Planpara amparar siniestros ocurridos a esa fecha, así comoque, al 05 de agosto de 2005, no ha efectuado los aportespara que la Administradora esté en capacidad de prestarsus servicios hasta el 15 de septiembre de 2005, situaciónque ha obligado a ésta a suspenderlos según la Cláusula15 del Contrato celebrado entre la mencionada Asociacióny la Administradora. La Universidad mediante el presenteanexo y con el ánimo de evitar la suspensión de tales servicios,conviene en dirigir hacia la Capa II los aportes quenormalmente hace a la Capa III del Plan de Salud, duranteel período comprendido entre el 05 de agosto y el 15 deseptiembre de 2005, quedando suspendida por dicho plazola cobertura pactada para la Capa III…”Alcance y objetivo de la actuaciónLa actuación se orientó a evaluar el destino de los aportesotorgados por la Oficina de Planificación del Sector Universitario(OPSU) a la UCV en el ejercicio fiscal 2005 porla cantidad de Bs. 3.618,38 millones para cubrir la deudapor normas de homologación del personal 2002 – 2003,así como a determinar las causas de la diferencia por Bs.2.434,32 millones, reflejada en el presupuesto equilibradode la UCV, durante el ejercicio fiscal 2005. En tal sentido,se plantearon como objetivos específicos: evaluar la legalidady sinceridad de las operaciones efectuadas con losaportes otorgados por la Oficina de Planificación del SectorUniversitario (OPSU) a la UCV, en el 2005, por la cantidadde Bs. 3.618,38 millones para cubrir la deuda por normas dehomologación del personal 2002-2003 y determinar las causasde la diferencia por Bs. 2.434,32 millones, reflejada en el presupuestoequilibrado con respecto al presupuesto inicialmenteaprobado de la UCV, para el ejercicio fiscal 2005.Observaciones relevantesLa UCV celebró con una empresa aseguradora el Contratode Administración de Servicios del Plan de Salud del414

Administración Nacional DescentralizadaSector del Desarrollo SocialPersonal ATS de la UCV, para el período comprendidodesde el 01-03-2005 al 31-12-2005, al respecto se constatóque la UCV realizó una transferencia por la cantidad de Bs.600,00 millones a dicha empresa, con el fin de reponer elFondo Administrado de Salud del Personal Administrativo,Técnico y de Servicio (ATS), agremiado a la Asociaciónde Empleados Administrativos (AEA), decisión que quedóasentada en el Acta de fecha 15-09-2005, en la cualse acordó transferir de la partida de Previsión Social delPersonal Administrativo a la empresa aseguradora, la sumade Bs. 600,00 millones, a fin de cancelar los siniestros porconcepto de Hospitalización, Cirugía y Maternidad quepresentaran los agremiados a la Asociación de EmpleadosAdministrativos, en materia de salud, porque de esperar laobtención de los recursos por parte del gremio se estaríaatentando contra la salud y la vida de dicho personal, envista del déficit de fondos que presentaba el Plan Complementario.Al respecto, la cláusula 1 del Contrato deAdministración de Servicios del Plan de Salud del PersonalATS de la UCV, con relación a la capa II, conocida comoplan complementario, de manera expresa establece quela UCV no tiene responsabilidad alguna de aportar esosfondos; tal responsabilidad le corresponde a la Asociaciónde Empleados Administrativos de la UCV, de acuerdo conlo señalado tanto en el Acta de fecha 15-09-2005 dondequedó asentada la decisión de transferir los Bs. 600,00millones a la empresa aseguradora, como en el AnexoN° 5 del Contrato. Así mismo, es importante señalar quemediante “Notas Administrativas en Línea”, publicadapor el Vicerrectorado Administrativo de la UCV, en fecha04-10-2005, las Autoridades Universitarias señalan que lacobertura complementaria, correspondiente a la capa II esresponsabilidad de la AEA.De lo anteriormente expuesto, se desprende que la transferenciaa por Bs. 600,00 millones, para la reposición delFondo Administrado de Salud del Personal Administrativo,Técnico y de Servicio (ATS), agremiado a la Asociaciónde Empleados Administrativos (AEA), fue efectuada, aúncuando la UCV no tiene responsabilidad alguna de aportaresos fondos; por su parte, el artículo 49 de la Ley Orgánicade la Administración Financiera del Sector Público (GacetaOficial. N° 38.198 de fecha 31-05-2005) prevé que no sepodrán adquirir compromisos para los cuales no existancréditos presupuestarios, ni disponer de créditos para unafinalidad distinta a la prevista, y por otra parte, el artículo54 eiusdem, establece que ningún pago puede ser ordenadosino para pagar obligaciones válidamente contraídas. Entendiéndose,a su vez, como obligaciones o compromisosválidamente contraídos, aquellos actos, que de acuerdo conel artículo 57 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de laAdministración Financiera del Sector Público (LOAFSP),Gaceta Oficial N° 5.592 del 27-06-2002, reúnen, entre otrosrequisitos, los siguientes: que hayan sido dictados previocumplimiento de las normas y procedimientos vigentesy, que la naturaleza y el monto del gasto esté previsto enuna partida presupuestaria con crédito disponible en elpresupuesto vigente. Esta situación, se originó debido aque se decidió realizar la transferencia, sin considerar lanormativa legal vigente y aplicable en materia presupuestaria,además, de no haber implantado un sistema de controlinterno que permita a la administración activa, ejercer uneficiente control administrativo, contable y presupuestario.Consecuentemente, se usaron fondos para fines distintos alos previstos, obstaculizándose así, el cumplimiento de lasfinalidades para las cuales se habían aprobado los créditosempleados en la transferencia.El presupuesto ajustado de la UCV para el año 2005presentó diferencias en la partida 4.01 Gastos de Personalpor la cantidad de Bs. 2.434,32 millones, con respectoal presupuesto inicialmente aprobado por Bs. 83.845,95millones. Al respecto, este Máximo Órgano Contralor,considera que la causa principal de estas inconsistenciaspresupuestarias, obedece a que el sistema de control internono cumple con el objeto de asegurar la obtención de informaciónadministrativa, financiera y operativa útil, confiabley oportuna para la toma de decisiones, ni es un sistema integrale integrado, que abarca los aspectos presupuestarioseconómicos, financieros, patrimoniales, normativos y degestión, según lo consagran los artículos 131 y 132 de laLOAFSP. Por otra parte, también se observa como causade esta situación, que no se ha asumido la responsabilidadde organizar, establecer, mantener y evaluar el sistema decontrol interno, según el artículo 30 de las Normas Generalesde Control Interno (NGCI), Gaceta Oficial Nº 36.229del 17-06-97, que prevé que como soporte de los sistemas ymecanismos de control interno se debe implantar y mantener415

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007un sistema de comunicación y coordinación que proveainformación relativa a las operaciones, confiable, oportuna,actualizada y acorde a las necesidades de los organismos.Como consecuencia la forma en que se genera la informaciónno garantiza la exactitud, cabalidad, veracidad y oportunidadde la información presupuestaria, financiera, administrativay técnica, con incidencia en las decisiones tomadas por lasautoridades competentes en la materia.ConclusionesCon base en los objetivos específicos de la presenteactuación se concluye que para el período 2005, laUniversidad Central de Venezuela, presentó situacionesque no se ajustaron a la normativa presupuestaria queregula su funcionamiento, toda vez que, fue realizadauna transferencia a una empresa aseguradora para la reposicióndel Fondo Administrado de Salud del PersonalAdministrativo, Técnico y de Servicio (ATS), agremiadoa la Asociación de Empleados Administrativos (AEA),aun cuando no era su responsabilidad aportar dichosfondos; así mismo, el presupuesto ajustado de la UCVpara el año 2005 presentó diferencias en la partida 4.01Gastos de Personal, debido a debilidades en el sistemade control interno el cual debe cumplir con el objeto deasegurar la obtención de información administrativa,financiera y operativa útil, confiable y oportuna para latoma de decisiones, y ser un sistema integral e integrado,que abarque los aspectos presupuestarios económicos,financieros, patrimoniales, normativos y de gestión; situacionesque no garantizan el cumplimiento de la normativapresupuestaria que forma parte integrante del sistema decontrol interno y desfavorecen el manejo óptimo de losrecursos asignados a la universidad.RecomendacionesEsta Contraloría General de la República insta al Rector ydemás miembros del Consejo Universitario de la UCV a:• Emprender las acciones necesarias dirigidas a velarpor el cumplimiento cabal de la normativa presupuestariaque regula el funcionamiento de la Universidada los fines de garantizar la adecuada administración,manejo y disposición del patrimonio público.• Tomar las medidas tendientes a organizar, establecer,mantener y evaluar un sistema de controlinterno, que sirva para suministrar informaciónconfiable, oportuna y actualizada de las operacionesde la Universidad.UNIVERSIDAD DE ORIENTE (UDO) / NÚCLEO DE MONAGASASIGNACIÓN DE RECURSOSLa Universidad de Oriente (UDO) fue creada medianteDecreto Nº 459-21 (Gaceta Oficial Nº 25.831 de fecha06-12-1958), y cuenta con sedes en los estados orientales:Anzoátegui, Bolívar, Monagas, Nueva Esparta y Sucre. Deacuerdo con el Reglamento de la UDO (Gaceta Oficial N°4.622 Extraordinario de fecha 03-09-1993), la universidadestá constituida por una Junta Superior Universitaria yun Consejo Universitario, asimismo con un Rectorado,Vicerrectorado Académico, Vicerrectorado Administrativo,Secretaría, con unidades de apoyo administrativo ydel proceso medular de la universidad y con los diferentesnúcleos que la conforman.La universidad tiene como misión formar profesionalesdel más alto nivel de calidad, que atiendan problemas de suparticular formación y competencia, bajo un alto espíritude solidaridad y compromiso social. Se trata de formarprofesionales creativos, capaces de destacarse en un mercadomás competitivo con el mejoramiento de la calidadde vida y con el desarrollo productivo del país. Asimismo,la UDO tiene como visión reafirmar su compromiso deser el centro de estudios, análisis y producción de ideasnecesarias para el desarrollo social, económico y políticodel Oriente del país, capaz de desarrollar métodos y tecnologíasinnovadoras, de asegurar la calidad por mediode los sistemas eficientes de planificación, evaluación ymotivación. La universidad debe ser una institución cuyoambiente estimule la creatividad y productividad de todossus miembros.Entre los diferentes núcleos que conforman la universidad,se encuentra el Núcleo de Monagas, creadopor Resolución del Consejo Universitario, de fecha 20-02-1960, el cual inició sus actividades académicas enoctubre de 1961.416

Administración Nacional DescentralizadaSector del Desarrollo SocialDurante los ejercicios fiscales 2003 y 2004 le fueronaprobados recursos a la UDO (gacetas oficiales Nos 5.618del 19-12-2002 y 5.678 del 16-12-2003) por Bs. 183.401,78millones y Bs. 260.749,22 millones, respectivamente, delos cuales le fueron transferidos inicialmente al Núcleo deMonagas para el ejercicio 2003 la cantidad de Bs. 1.598,83millones y durante el 2004 Bs. 1.612,24 millones, lo querepresentó 0,87% y 0,62% de los montos originalmenteaprobados a la universidad. Adicionalmente, recibió créditosadicionales durante los referidos ejercicios fiscales porBs. 414,49 millones y Bs. 1.841,91 millones, contando conpresupuestos modificados por Bs. 2.013,32 millones y Bs.3.454,15 millones respectivamente, de los cuales ejecutóBs. 1.948,27 millones y Bs. 3.309,66 millones, cifra querepresentó 96,77% y 95,82% respectivamente, de ejecuciónde los presupuestos de los citados ejercicios.Alcance y objetivo de la actuaciónLa actuación se orientó a la evaluación selectiva de lasoperaciones realizadas por el Núcleo de Monagas de laUDO con los recursos percibidos con ocasión del conveniosuscrito entre la Gobernación del Estado Monagas yla Universidad de Oriente (UDO), durante el año 2003 y2004. En tal sentido, se plantearon los siguientes objetivosespecíficos: evaluar la legalidad del convenio suscrito; yverificar la sinceridad en la asignación y destino dado a losrecursos recibidos por el Núcleo de Monagas de la UDO,a través de la suscripción del citado convenio.Observaciones relevantesEl Núcleo de Monagas de la Universidad de Oriente(UDO) por Órgano del Decanato suscribió en fecha 29-10-2003, el Convenio Interinstitucional entre el citado núcleoy la Gobernación del Estado Monagas; sin embargo, elcitado convenio fue suscrito sin que mediara la respectivaautorización o acto de delegación por parte del Rector deesa Casa de Estudios. El artículo 137 de la Constituciónde la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), GacetaOficial N° 5.453 Extraordinario de fecha 24-03-2000, queconsagra el Principio de la Legalidad Administrativa,igualmente establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánicade la Administración Pública (LOAP), Gaceta Oficial N°37.305 de fecha 17-10-2001, establecen que la Constitucióny las leyes definen las atribuciones de los órganosque ejercen el Poder Público, a las cuales deben sujetarselas actividades que realicen. Por su parte, los artículos 37y 23 de la Ley de Universidades y del Reglamento de laUDO (gacetas oficiales Nos. 1.429 Extraordinario y 4.622Extraordinario de fechas 08-09-1970 y 03-09-1993, respectivamente),establecen que el Rector es el representantelegal de la universidad y el órgano de comunicación deésta con todas las autoridades de la República y con lasinstituciones nacionales o extranjeras, el cual entre sus deberesy atribuciones tiene la de designar a las personas quedeban actuar como representantes de la universidad anteotros organismos o instituciones, todo ello concatenadocon el numeral 2 del artículo 35 del citado Reglamento, elcual indica, entre otras, que son deberes y atribuciones delDecano representar al Rector en el núcleo correspondientey ejercer en su nombre las funciones que él le delegue. Lasituación en referencia, obedece a la ausencia de adecuadosmecanismos de comunicación y coordinación entre las autoridadesdel Núcleo de Monagas y la UDO, toda vez queel Decano realizó operaciones en nombre de la universidad,sin estar autorizado para ello por el Rector para actuarcomo representante en la suscripción del citado convenio,situación que no contribuye con el correcto desempeño delnúcleo, toda vez que sus representantes realizan actos queexceden a las competencias que le han sido asignadas enel ordenamiento jurídico, sin observar el principio de lalegalidad que rige a todo funcionario público al servicio delEstado. Lo antes expuesto, incide en la autenticidad de losactos y operaciones administrativas y financieras derivadasde ese Decanato con ocasión de los recursos recibidos porla suscripción del citado convenio.Para la ejecución del convenio, el Núcleo de Monagasrecibió directamente de la Gobernación del EstadoMonagas, la cantidad de Bs. 250,00 millones y Bs. 16,59millones, provenientes de la inscripción de los bachilleresque ingresaron al núcleo a través del citado convenio, locual totalizó Bs. 266,59 millones, sin embargo dichosrecursos no fueron incorporados al Presupuesto de Ingresosy Gastos de la universidad así como del núcleo.Alrespecto, el artículo 314 de la CRBV, establece que no sehará ningún tipo de gasto que no haya sido previsto en la417

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007Ley de Presupuesto. Por su parte, los artículos 12 y 33 dela Ley Orgánica de la Administración Financiera del SectorPúblico (LOAFSP), Gaceta Oficial N° 37.606 de fecha09-01-2006, parcialmente modificada en Gaceta Oficial N°37.978 de fecha 13-07-2004, ambas vigentes para la fecha delas operaciones, establecen que los presupuestos públicoscomprenderán todos los ingresos y todos los gastos, y lospresupuestos de los entes descentralizados funcionalmentecomprenderán sus ingresos, gastos y financiamientos. Lospresupuestos de ingresos incluirán todos aquellos que sehan de recaudar durante el ejercicio. Asimismo, los artículos49 y 54 eiusdem, establecen que no se podrán adquirircompromisos para los cuales no existan créditos presupuestarios,y ningún pago puede ser ordenado sino parapagar obligaciones validamente contraídas y causadas. Lasituación en referencia, obedece a debilidades en el sistemade control interno presupuestario y financiero del Núcleode Monagas de la UDO, toda vez que los recursos fueronejecutados sin considerar la normativa legal vigente que lees aplicable para la ejecución de los mismos, aunado a queno han implementado mecanismos de control que asegurena la Administración, el cumplimiento de los requisitos ycondiciones establecidas en el ordenamiento jurídico queregula la materia. Lo antes expuesto, no permite a la UDOconocer con exactitud, la situación real, presupuestaria yfinanciera de los recursos que fueron recibidos y ejecutadospor el citado núcleo, y por ende no garantiza el manejo adecuado,transparente y eficiente de los recursos que ejecutó,en relación con el mencionado convenio, y además limitaa la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), evaluar laejecución de los presupuestos de la República y de los entesdescentralizados funcionalmente sin fines empresarialesy a la Oficina Nacional de Contabilidad Pública (ONCOP),a efectuar la consolidación del Balance de la República yde sus entes descentralizados, funciones atribuidas a losmismos mediante la LOAFSP.En la ejecución de los recursos del Convenio Interinstitucional,el Núcleo de Monagas de la UDO emitióy pagó Bs. 255,22 millones, mediante 441 vouchers decheques, de los cuales, se evaluaron 440 de ellos y sussoportes por Bs. 254,43 millones, cifra que representó99,69%, de la muestra analizada, obteniéndose las observacionessiguientes:El Núcleo de Monagas de la UDO ejecutó con los recursosdel Convenio Interinstitucional, 5 obras y serviciospor Bs. 62,89 millones, sin embargo no fueron suscritoslos respectivos contratos en los cuales se establecieran lasobligaciones de las partes y se garantizaran los interesesde la universidad, ni se establecieron las garantías suficientesy necesarias para responder por las obligacionesasumidas por los contratistas, y dichas obras no fueronobjeto de inspección por parte de la Delegación de PlantaFísica del núcleo.El numeral 3 del artículo 38 de la Ley Orgánica de laContraloría General de la República y del Sistema Nacionalde Control Fiscal (LOCGRSNCF), Gaceta Oficial N°37.347 de fecha 17-12-2001, establece que el sistema decontrol interno que se implante en los entes u organismos,deberá garantizar que antes de proceder a la adquisiciónde bienes o servicios, o a la elaboración de otros contratosque impliquen compromisos financieros, los responsablesdeben asegurarse que se hayan previsto las garantías necesariasy suficientes para responder por las obligacionesdel contratista. Por su parte, el artículo 5 de la Ley deLicitaciones, (Gaceta Oficial N° 5.556 Extraordinario defecha 13-11-2001), expresa que el contrato es el instrumentojurídico que regula la ejecución de una obra, prestaciónde un servicio o suministro de bienes, incluidas lasórdenes de compra y órdenes de servicios, todo ello enconcordancia con el artículo 2 de las Condiciones Generalesde Contratación para la Ejecución de Obras (GacetaOficial N° 5.096 Extraordinario de fecha 16-09-1996),el cual establece que entre los documentos que formanel contrato se encuentran: el documento principal, asícomo los documentos de constitución de las garantíassolidarias exigidas al Contratista, mediante documentoautenticado o registrado, fianza de fiel cumplimiento,otorgada por una institución bancaria o empresa de segurosa satisfacción del ente contratante y por la cantidadque sea indicada en el documento principal.Lo indicado se originó, por toma de decisiones basadasen criterios y procedimientos distintos a los que lescorrespondía, según la normativa que regula la materia ya la falta de controles internos que en toda organizacióndeben seguirse para el manejo de los recursos que le son418

Administración Nacional DescentralizadaSector del Desarrollo Socialasignados, situación que trajo como consecuencia, quela contratación de servicios en el núcleo, se efectuarasin vigilar el estricto cumplimiento a lo establecido en lanormativa dictada al efecto, lo que no garantiza al ente,la ejecución oportuna y correcta de las obligaciones queasume el contratista y la salvaguarda de los recursosasignados, y a su vez limitó a la Delegación de PlantaFísica ejercer sus funciones, a los efectos de evaluar yconstatar la ejecución de los trabajos contratados, y alnúcleo contar con los instrumentos que le garantizaran elcabal y oportuno cumplimiento de los trabajos realizados,así como emprender las acciones necesarias ante eventualesincumplimientos de las obligaciones contraídas por partede la contratista.ConclusionesEn el Núcleo de Monagas de la Universidad de Oriente(UDO) existen debilidades en el sistema de control internoadministrativo en la suscripción de convenio, por situacionesque no se ajustan a la normativa legal que rige sufuncionamiento, toda vez que el citado núcleo suscribió elConvenio Interinstitucional con la Gobernación del EstadoMonagas sin autorización o acto de delegación por partedel Rector de esa universidad.RecomendacionesSe insta a la Rectora y demás miembros del ConsejoUniversitario de la Universidad de Oriente (UDO) y alDecano del Núcleo de Monagas a:• Adoptar las medidas necesarias dirigidas a asegurarsede que los compromisos institucionales que afectenel presupuesto del Núcleo de Monagas tales comosuscripción de convenios, contratos de arrendamientoy contratación de personal, sean realizados por elRector, dado que son funciones que le han sido atribuidasen el Reglamento que rige a la universidad, oen su defecto asegurarse que el Decano cuente conla respectiva autorización o acto de delegación porparte del Rector de esa Casa de Estudios para realizartales operaciones, así como garantizar que todos losdocumentos cuenten con la previa revisión por partede las Consultorías Jurídicas de la universidad y delcitado núcleo, y con ello garantizar que las condicionesestablecidas vayan en beneficio del núcleo y porende de la universidad.• Establecer los mecanismos de control interno necesarios,a los efectos de garantizar que las transferenciasde otros organismos por suscripción de convenioso cualquier otro aporte recibido por el núcleo, seanincorporados al presupuesto de ingresos y gastos ypor ende en el de la universidad, de acuerdo con lanormativa que rige la materia presupuestaria.• Adoptar las medidas necesarias que permitan ajustarsea las disposiciones establecidas en las CondicionesGenerales para la Contratación de Obras, especialmentelo relativo a la elaboración del respectivodocumento principal o contrato y el establecimientode garantías suficientes y necesarias por parte de loscontratistas, así como girar las instrucciones pertinentesa los efectos de que las obras a realizarse, seanobjeto de inspección por parte de la Delegación dePlanta Física del núcleo, a los fines de garantizar lasobligaciones de las partes y resguardo de los interesesasignados a la universidad.UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA(UNEG)ASIGNACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS PARA EL PAGO DEBONO VACACIONALLa Universidad Nacional Experimental de Guayana(UNEG) fue creada mediante Decreto N° 1.432 de fecha09-03-1982 (Gaceta Oficial N° 32.429 del 09-03-1982), cuyamisión es formar ciudadanos, intelectuales y líderes parala transformación socio-cultural y técnico-científicas queaseguren el desarrollo social y económico sustentable, conrespeto y protección al ambiente y a la diversidad biológicay cultural de la región Guayana para las generaciones futuras.El patrimonio de la universidad está constituido por losaportes del Estado, aranceles universitarios, las donacionesque reciba, los ingresos propios por actividades rentablesy los bienes que le pertenezcan o que puedan adquirir porcualquier título.El presupuesto inicial de Ingresos y Gastos de la UNEGpara el año 2002 fue de Bs. 17.704,70 millones (Gaceta419

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007Oficial N° 37.380 del 09-07-2002), el cual presentó modificacionespresupuestarias, relacionadas con traspasos entrepartidas, donaciones, aportes financieros y crédito adicionalde Bs. 6.680,61 millones, para cubrir gastos relacionadoscon el pago de prestaciones sociales (período noviembrediciembre2001), obras eléctricas y de construcción, pagode bono de fin de año y 3 meses del bono de alimentación,entre otros, alcanzando el presupuesto de Ingresos y Gastosun monto final de Bs. 20.977,62 millones. Del referidomonto, la cantidad de Bs. 1.536,42 millones fue para cubrirel pago de 65 días de bono vacacional, según los lineamientosestablecidos por la Oficina de Planificación del SectorUniversitario (OPSU), en las Normas de Homologación2000-2001, aprobadas mediante acta del 20-06-2001, porel Consejo Nacional de Universidades (CNU).Alcance y objetivos de la actuaciónLa actuación estuvo orientada a verificar la legalidady sinceridad de las operaciones efectuadas por la UniversidadNacional Experimental de Guayana (UNEG), conlos recursos presupuestarios asignados para el pago delbono vacacional al personal docente y de investigación,administrativo y obrero de dicha universidad, durante elaño 2002 y tuvo como objetivos específicos evaluar si loscálculos utilizados por la UNEG, para el pago de dichobono se ajustó a la normativa que regula la materia; asícomo evaluar los mecanismos de control interno vinculadoscon el proceso presupuestario.Observaciones relevantesLa UNEG pagó por concepto de bono vacacional correspondienteal año 2002, un monto total de Bs. 1.949,67millones, no obstante, sólo recibió por vía presupuestariaBs. 1.536,42 millones, equivalente a 65 días, siendo el caso,que el monto restante por Bs. 413,25 millones para cubrir20,20 días resultantes de la conversión de su fórmula ala establecida por el CNU, fueron pagados con recursosprovenientes de traspasos presupuestarios, sin embargotal diferencia debió presupuestarse con ingresos propiosde la universidad, de conformidad con lo previsto en elPunto N° 6 de las “Instrucciones para efectuar los aumentossalariales y otros beneficios acordados por el ConsejoNacional de Universidades”, contenidas en las citadasNormas de Homologación 2000-2001, la cual indica que lasuniversidades que sobrepasen el límite de días acordados(65 días), tendrán que financiar la diferencia con recursospropios. Sobre el particular, se observó que la UNEG,antes de entrar en vigencia las citadas normas pagaba a supersonal 89 días por tal concepto, por lo que debió ajustarsu fórmula a la aprobada por el CNU, según lo indicadoen el punto N° 3.3 de las referidas normas, la cual exigía alas universidades que pagaban mayor número de días porconcepto de bono vacacional, ajustar su fórmula de cálculoa la nueva fórmula, para así determinar el número de díasequivalente que resulta de aplicar la misma. Para el casode la UNEG, el resultado de la referida conversión, fue de85,20 días, los cuales fueron pagados por dicha universidadcomo se indicó, esto es, 65 días con recursos financiadospor el Ejecutivo Nacional y la diferencia de 20,20 días contraspasos presupuestarios. Al respecto, el artículo 137 dela Constitución de la República Bolivariana de Venezuela(Gaceta Oficial N° 5.458 Extraordinario del 24-03-2000),establece que las actividades que ejercen los órganosdel Poder Público deben sujetarse a las atribuciones queconstitucionalmente y legalmente le han sido atribuidas,y el artículo 315 eiusdem, señala que en los presupuestospúblicos anuales de gastos, en todos los niveles de gobierno,se establecerá de manera clara, cada crédito presupuestario,el objetivo específico a que esté dirigido, los resultadosconcretos que se espera obtener y los funcionarios públicoso las funcionarias públicas responsables para el logro detales resultados, en concordancia con lo indicado en losartículos 49 y 54 de la Ley Orgánica de la AdministraciónFinanciera del Sector Público, sobre el Sistema Presupuestario(LOAFSP), Gaceta Oficial N° 37.029 del 05-09-2000,en cuanto a que no se podrán adquirir compromisos paralos cuales no existan créditos presupuestarios, ni disponerde créditos para una finalidad distinta a la prevista y queningún pago puede ser ordenado, contra el tesoro sino parapagar obligaciones válidamente contraídas y causadas.Igualmente, el artículo 18 de la Ley Contra La Corrupción(Gaceta Oficial N° 5.637 del 07-04-2003), señala que losfuncionarios y empleados públicos deberán utilizar losbienes y recursos públicos para los fines previstos en elpresupuesto correspondiente. Tal situación obedeció a quela máxima autoridad del ente en coordinación con el per-420

Administración Nacional DescentralizadaSector del Desarrollo Socialsonal del área de presupuesto, no tomaron las previsionesnecesarias a los fines de presupuestar oportunamente losrecursos destinados a pagar la referida diferencia, obviándoseasí, la normativa legal que en materia presupuestariale es aplicable. Lo indicado conlleva a que la mencionadauniversidad dispuso de recursos presupuestarios para unafinalidad distinta a la presupuestada inicialmente.La UNEG no elaboró el manual de procedimientos delsistema de modificaciones presupuestarias, no obstante alo establecido en el artículo 187 de la LOAFSP, en concordanciacon el artículo 114 del Reglamento N° 1 de laLOAFSP (Gaceta Oficial N° 5.592 del 27-06-2002), loscuales señalan que la Administración Pública deberá ajustarsus estructuras y procedimientos a las disposiciones de lanormativa antes citadas, en tal sentido, los entes descentralizadofuncionalmente sin fines empresariales, elaboraránlos manuales de procedimientos sobre el sistema de modificacionespresupuestarias y estos deberán ser aprobadospor la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), previaopinión del ente de tutela. Tal situación obedeció, a la faltade coordinación y de la toma de desiciones por parte delárea de presupuesto y de las autoridades de la universidadpara la elaboración del referido manual, en consecuenciano existen parámetros que permitan verificar y orientarla gestión presupuestatria que corresponde a la organización,asimismo, limita a esta Contraloría General ejercerun adecuado control interno aplicable a las operacionesrealizadas el área presupuestaria, por cuanto no existe uncriterio uniforme y actualizado acorde con la normativavigente.De la revisión practicada a los documentos que soportanlos pagos efectuados en el año 2002, por concepto debono vacacional al personal docente y de investigación,administrativo y obrero de la UNEG, se determinó queno existe documentación justificativa, que permita comprobarque el personal de la universidad recibió el mencionadopago, no obstante el artículo 23 de las NormasGenerales de Control Interno (Gaceta Oficial N° 36.229del 17-06-1997), establece que las transacciones y operacionesfinancieras, presupuestarias y administrativasdeben estar respaldadas con la suficiente documentaciónjustificativa, asimismo, el artículo 86 del Reglamento N°1 de la LOAFSP, indica que los documentos comprobatoriosde todo tipo de transacción económica, financierarealizada por algunas de las unidades administradorasdeben conservarse organizados y numerados en ordenconsecutivo, en expedientes físicos para cada ejercicioeconómico financiero, esta situación obedece a que lainstitución utiliza la modalidad de listín de pago automatizadopor el sistema de nómina con la opción de serconsultado vía web por los trabajadores, sin embargoeste Organismo Contralor considera que debe existir uncomprobante debidamente firmado por el beneficiario,por medio del cual se deje constancia que el personalrecibió tal bonificación. Por consiguiente, la falta de unmecanismo de control interno eficiente en las transaccionesvinculadas con el pago al personal, por concepto debono vacacional, trae como consecuencia limitacionespara efectuar de forma expedita, accesible y oportunalas distintas operaciones relacionadas con el archivo dela universidad.ConclusionesDe los resultados obtenidos de la actuación practicadaen la Universidad Nacional Experimental de Guayana(UNEG), relacionada con los recursos presupuestariosasignados a la referida universidad, para el pago del bonovacacional durante el año 2002, se concluye que, no obstanteque los cálculos utilizados por la UNEG, para el pagodel mencionado bono, se realizaron de acuerdo con lo establecidoen las Normas de Homologación 2000-2001, aprobadaspor el Consejo Nacional de Universidades (CNU),se constataron situaciones en el pago del mencionadobono, que no se ajustan a la normativa legal que regulala materia presupuestaria, toda vez que la cantidad deBs. 413,25 millones equivalente a 20,20 días, que lecorrespondía pagar a la citada universidad con ingresospropios, fueron pagados con recursos provenientes detraspasos presupuestarios entre partidas de un mismoprograma; además, existen debilidades en el sistema decontrol interno, relacionadas a que no se ha elaborado elmanual de procedimientos del sistema de modificacionespresupuestarias, y no se evidenciaron los comprobantesde pagos, mediante los cuales, se justificara que el personaldocente y de investigación, administrativo y obrero421

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007de la UNEG, haya recibido los pagos correspondientespor concepto de bono vacacional. Tales situaciones nogarantizan el manejo adecuado y transparente de los recursosasignados a la UNEG.RecomendacionesSe insta al Rector y demás miembros del Consejo Universitariode la UNEG a:• Emprender las acciones dirigidas a coordinar con elpersonal del área de presupuesto, los mecanismosnecesarios y pertinentes a los fines de presupuestaroportunamente la diferencia que por concepto de bonovacacional debe pagar la UNEG a su personal, conel objeto de que tales pagos se ajusten a la normativaque le es aplicable.• Tomar las medidas necesarias dirigidas a elaborar elmanual de procedimientos del sistema de modificacionespresupuestarias, en atención de lo que estableceel Reglamento N° 1 de la LOAFSP, sobre el SistemaPresupuestario, manual que deberá ser sometido a laaprobación de la ONAPRE, previa opinión del órganoo ente de adscripción o de tutela, cuando corresponda,para que posteriormente se someta el mismo a laaprobación de la máxima autoridad de la UNEG.• Establecer las medidas de control interno necesarias,para que los pagos efectuados por concepto de bonovacacional al personal de la UNEG, estén suficientementerespaldados y justificados, con el fin de mantenerun adecuado sistema de control administrativo.UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LOS LLANOSOCCIDENTALES “EZEQUIEL ZAMORA” (UNELLEZ)RECURSOS PRESUPUESTARIOS; CONTROL INTERNO; ADQUISICIÓNLa UNELLEZ es un ente corporativo de derecho públicosin fines empresariales, integrado a la estructura generaldel Estado. Fue creada en el año 1975, mediante DecretoPresidencial N° 1.178 de fecha 07-10-75 (Gaceta OficialN° 30.863 de fecha 04-12-75), cuya misión es el deber debuscar y aplicar el conocimiento avanzado en pro dela formación integral de hombres y mujeres, tomandoen consideración sus intereses personales, los interesesde la comunidad local y regional y los intereses de lanación, de una forma solidaria con la consolidación y elequilibrio de los espacios del hombre con la naturaleza,a objeto de contribuir con el desarrollo y transformaciónde las realidades del país.El Presupuesto de Ingresos y Gastos de la UNELLEZ parael año 2003 fue aprobado por Bs. 57.885,97 millones (GacetaOficial N° 5.618 Extraordinario de fecha 19-12-2002), yexperimentó modificaciones presupuestarias por un montode Bs. 2.211,93 millones, para ubicarlo finalmente en Bs.60.097,90 millones. Para el ejercicio 2004, fue aprobadoen la Gaceta Oficial N° 5.679 Extraordinario de fecha16-12-2003, por la cantidad de Bs. 72.221,69 millones;y experimentó modificaciones presupuestarias por Bs.16.753,59 millones, por lo que ascendió a la cantidad deBs. 88.975,28 millones.La UNELLEZ cuenta con la empresa Rental de la UniversidadNacional Experimental de los Llanos Occidentales“Ezequiel Zamora” S.A. (REUNELLEZ), entre cuyos objetivosse encuentran el desarrollo de actividades de transferenciatecnológica, extensión agrícola, capacitación y asistenciatécnica, la explotación agropecuaria, pesquera y forestal, delos recursos naturales renovables y no renovables, así comola compra, venta, distribución, importación y exportaciónde recursos agrícolas.Alcance y objetivo de la actuaciónLa actuación se orientó a evaluar el destino dado a losrecursos presupuestarios transferidos por la Oficina dePlanificación del Sector Universitario (OPSU) a la UNELLEZ,durante los ejercicios 2003 y 2004, y tuvo como objetivosespecíficos evaluar los mecanismos de control interno implementadospor la UNELLEZ, para vigilar el destino dado alos recursos presupuestarios transferidos por la OPSU, asícomo, evaluar la legalidad y sinceridad de las operacionesefectuadas con los aportes otorgados por la OPSU a laUNELLEZ para ser invertidos en la “Planta Procesadora deGranos y Demás Fincas”, por la cantidad de Bs. 1.173,10millones y Bs. 167,70 millones, para la adquisición detractores, con recursos provenientes de un crédito adicionalcon cargo a la Partida Rectificaciones al Presupuesto 2003y de las Partidas Centralizadas de la OPSU.422

Administración Nacional DescentralizadaSector del Desarrollo SocialObservaciones relevantesLa UNELLEZ transfirió la cantidad de Bs. 1.173,10 millonesa empresa Rental de la Universidad Nacional Experimentalde los Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora”S.A. (REUNELLEZ), por concepto de “Ayuda especial paracubrir gastos de la conformación de expedientes de losproductores que opten por financiamiento ante el Fondode Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y Afines(FONDAFA)” (Bs. 50,00 millones), y por “Aporte especialpara cubrir gastos de reestructuración y acondicionamientode la Planta Procesadora de Granos y demás Fincas deesta Empresa” (Bs. 1.123,10 millones), sin que REUNELLEZcontara con un Presupuesto Anual de Gestión, correspondienteal ejercicio fiscal 2003, en los términos previstosmateria presupuestaria. Al respecto, el artículo 137 de laConstitución de la República Bolivariana de Venezuela(Gaceta Oficial N° 5.453 Extraordinario del 24-03-2000),establece que los órganos del poder público, sólo puedenrealizar los actos para los cuales han sido autorizados porel ordenamiento jurídico, y los artículos 314 y 315 eiusdem,establecen por su parte, que no se hará ningún tipode gastos que no haya sido previsto en el presupuesto, ypor otra, que la administración económica y financierase regirá por un presupuesto aprobado anualmente porLey. En este orden, la Ley Orgánica de AdministraciónFinanciera del Sector Público (LOAFSP), Gaceta OficialN° 37.606 del 09-01-2003, establece en el artículo 74 laprohibición expresa a los entes y órganos regidos por elCapítulo II del Título II de dicha Ley, a realizar aporteso transferencias a las sociedades del Estado y otros entesdescentralizados con fines empresariales, cuyo presupuestono esté aprobado conforme a las condiciones previstas endicha Ley, ni haya sido publicado en la Gaceta Oficial de laRepública Bolivariana de Venezuela. Lo expuesto obedeceal actuar poco diligente de los responsables que manejanlos recursos en la UNELLEZ, así como a debilidades en lasupervisión y vigilancia del sistema de control interno, y afalta de mecanismos de planificación y coordinación entrela UNELLEZ y REUNELLEZ, toda vez ves que se transfirieronrecursos sin considerar que la empresa contara con un presupuestoaprobado que cumpliera los principios legales quepublicación oficial, que orientara los planes de acciones,las autorizaciones de gastos y su funcionamiento. Situaciónque limita comparar los resultados operativos, económicosy financieros previstos para la gestión de dicha empresa,así como a la Universidad, a los fines de garantizar que losrecursos transferidos se apliquen en la consecución de losfines, lo cual incide en el ejercicio adecuado del control delas operaciones vinculadas con la gestión administrativa yfinanciera que le corresponde ejercer a la universidad.No se evidenció contrato, acuerdos o convenios celebradospor la Universidad con la REUNELLEZ que dieran origena la transferencia por la cantidad de Bs. 50,00 millones,que permitieran verificar cual era el objeto o motivo dela transferencia; en la documentación relacionada con lasoperaciones efectuadas por la Universidad y la REUNELLEZ,con motivo de la transferencia de recursos por la cantidadde Bs. 1.123,10 millones, no se evidenciaron proyectosde inversión, ni acuerdos o convenios, que permitieranconstatar detalladamente los proyectos de inversión, lafinalidad y destino previsto; de los recursos recibidos porBs. 1.173 millones, la REUNELLEZ aplicó la cantidad de Bs.536,47 millones en determinadas “Unidades Productivas”,sin contar con información y/o documentación relacionadacon la definición y/o constitución de dichas “UnidadesProductivas”, y en la rendición de los recursos transferidos,no se evidenció documentación que soporte los pagosefectuados, correspondientes a notas de débito por conceptode Nóminas y por Transferencias, por la cantidad de Bs.200,35 millones y Bs. 93,45, millones, respectivamente. Elartículo 38 de la Ley Orgánica de la Contraloría Generalde la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal(LOCGRSNCF), Gaceta Oficial N° 37.347 del 17-12-2001,establece que el sistema de control interno que se implanteen los entes u organismos, deberá garantizar que antes deproceder a la adquisición de bienes y servicios, o a la elaboraciónde otros contratos que impliquen compromisosfinancieros, y antes de proceder a realizar pagos, los responsablesse aseguren, entre otros, del cumplimiento de lasdisposiciones legales y reglamentarias correspondientes.El artículo 86 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánicade la Administración Financiera del Sector Público, sobreel Sistema Presupuestario (gacetas oficiales Nos. 5.592 y5.781 ambas Extraordinario de fechas 27-06-2002 y 12-08-2005, respectivamente) establece que los documentoscomprobatorios de todo tipo de transacción económica423

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007financiera realizada por alguna de las unidades administradoras,deben conservarse organizados y numerados enorden consecutivo, en expedientes físicos para cada ejercicioeconómico financiero, y los artículos 3, literal “b” y23 de las Normas Generales de Control Interno (NGCI),Gaceta Oficial N° 36.229 del 17-06-97, indican que las autoridadesde cada organismo debe velar porque el controlinterno se encuentre diseñado conforme a conceptos y principiosgeneralmente aceptados de sistema, garantizandola exactitud y cabalidad de la información manejada. Loexpuesto, obedece a la ausencia de políticas en materia deplanificación y control que permitan una adecuada administraciónde los recursos financieros transferidos por laUniversidad a REUNELLEZ, situación que no garantiza quelas operaciones ejecutadas con los recursos transferidospor la UNELLEZ a la REUNELLEZ, estén en correspondenciacon los lineamientos específicos en materia presupuestariaestablecidos por el Ministerio de Finanzas, lo que limitaa dichos entes, demostrar la legalidad y sinceridad de losgastos, su vinculación con la finalidad para lo cual fueronotorgados los recursos, su orientación y el tipo de inversiónprevista.La UNELLEZ efectuó la selección de contratistas medianteel procedimiento excepcional de Adjudicación Directa, parala adquisición de 2 tractores, por la cantidad de Bs. 166,70millones, siendo que por el monto de las adquisiciones, consideradasen su conjunto, y con base al valor de la UnidadTributaria (UT) de Bs. 24.700, vigente para la fecha de lasoperaciones, fijada mediante Gaceta Oficial N° 37.876 del10-02-2004, debieron ser sometidos a los procedimientosde licitación Selectiva. Es importante destacar, que elartículo 72, numeral 1, de la Ley de Licitaciones (GacetaOficial N° 5.556 Extraordinario del 13-11-2001) estableceque se procederá por Licitación Selectiva, en los casos dela adquisición de bienes o contratación de servicios, cuandoel contrato a ser otorgado es por un precio estimado desde1.100 Unidades Tributarias (UT) y hasta 11.000 UT. Tal circunstanciaobedeció a fallas relacionadas con los procesosadministrativos que en materia de adquisición de bienesllevó a cabo la UNELLEZ, tales como los procedimientosde selección de contratistas, por lo cual no se garantizó laescogencia de las ofertas más convenientes a los interesesde la Universidad, de conformidad con los principios de laLey de Licitaciones.La UNELLEZ no cuenta con manuales de normas y procedimientospara el control de la aplicación de los recursospresupuestarios transferidos por la OPSU, ni con Manualesde Procedimientos del Sistema de Modificaciones Presupuestarias.Al respecto, el artículo 36 de la LOCGRSNF,en concordancia con el artículo 4 del Reglamento sobrela Organización de Control Interno en la AdministraciónPública Nacional (Gaceta Oficial N° 37.783 del 25-09-2003),señala que corresponde a las máximas autoridades decada entidad, establecer y mantener un sistema de controlinterno, adecuado a la naturaleza, estructura y fines de laorganización; y el artículo 37 de esa misma Ley establecela obligatoriedad de elaborar las normas, manuales deprocedimientos y demás instrumentos específicos parael funcionamiento adecuado del mismo. Por su parte, elartículo 114 del Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica deAdministración Financiera del Sector Público, Sobre elSistema Presupuestario, prevé que los entes descentralizadosfuncionalmente con o sin fines empresariales debenelaborar los manuales de procedimientos del sistema demodificaciones presupuestarias. Tal situación obedece ala falta de toma de decisiones por parte de las autoridadesdirigidas a la elaboración, aprobación e implementación delos referidos instrumentos normativos, lo cual no garantizaa la universidad el cumplimiento de los fines previstosatendiendo a criterios de economía y eficiencia.ConclusionesLos resultados obtenidos de la actuación fiscal permitenconcluir que en los procesos llevados a cabo por la UNELLEZ,relacionados con el manejo de los recursos presupuestariosque le fueron transferidos por la OPSU, para ser asignadosa REUNELLEZ y para la adquisición de equipos, durante losaños 2003 y 2004, existen situaciones que no se ajustan ala normativa que regula la materia, aunado a la debilidadesen el sistema de control interno, por cuanto en la rendiciónde cuenta de dichos recursos, no existe información y/o documentación,que permita vincular que los mismos fueronutilizados para las finalidades; así como deficiencia en ladocumentación que soporte los pagos efectuados. Por otra424

Administración Nacional DescentralizadaSector del Desarrollo Socialparte, en la adquisición de equipos, la universidad efectuóla selección del contratista mediante el procedimientoexcepcional de Adjudicación Directa, siendo que por elmonto de las adquisiciones, consideradas en su conjunto,debieron ser sometidas al procedimiento de licitación Selectiva;y la UNELLEZ no cuenta con manuales de normasy procedimientos para el control de la aplicación de losrecursos presupuestarios transferidos por la OPSU, ni conManuales de Procedimientos del Sistema de ModificacionesPresupuestarias.RecomendacionesEsta Contraloría General de la República insta al Rector ydemás Miembros del Consejo Directivo de la UNELLEZ a:• Coordinar conjuntamente con las autoridades de laREUNELLEZ, para que la referida empresa Rental elaborey apruebe en el ejercicio económico financierocorrespondiente, el presupuesto de ingresos y gastosy el plan de inversiones.• Establecer los mecanismos de planificación, controly supervisión sobre las operaciones relacionadas conla transferencia de recursos que la universidad realizaa la mencionada empresa.• Establecer las medidas de control interno necesarias,a los fines de que en los procedimientos para laselección de contratistas, se consideren los montosestimados en los contratos respectivos.• Tomar las medidas necesarias dirigidas a elaborar yaprobar los manuales de normas y procedimientospara el control de la aplicación de los recursos presupuestariostransferidos por la OPSU y el Manualde Procedimientos del Sistema de ModificacionesPresupuestarias.UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL“SIMÓN RODRÍGUEZ” (UNESR)PAGO DE VIÁTICOS Y DIETAS, FONDOS ROTATORIOS,ASIGNACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOSLa Universidad Nacional Experimental “Simón Rodríguez”(UNESR) fue creada mediante Decreto PresidencialN° 1.582 de fecha 24-01-1974 (Gaceta Oficial N° 30.313 del25-01-1974). De acuerdo con lo previsto en el Reglamento,está constituida por un Consejo Superior, un Consejo Directivo,asimismo con el Rectorado, Vicerrectorado Académico,Vicerrectorado Administrativo, Secretaría, conunidades de apoyo administrativo y del proceso medularde la universidad, y con núcleos en el territorio nacional.Para el año 2005, según la Ley de Presupuesto, (GacetaOficial N° 5.743 Extraordinario de fecha 13-12-2004), lefueron aprobados recursos a la UNESR por Bs. 130.553,92millones, el cual se incrementó por Bs. 7.493,22 millones,contando con un presupuesto modificado por Bs. 138.047,14millones, de los cuales ejecutó Bs. 125.861,88 millones, cifraque representó 91,17% de ejecución del presupuesto.Alcance y objetivo de la actuaciónLa actuación se orientó a la evaluación selectiva de lasoperaciones relativas al pago de viáticos y dietas, fondosrotatorios, asignación de obras y contratación de servicios;así como el proceso presupuestario aplicado por laUNESR durante el año 2005. En tal sentido, se plantearonlos siguientes objetivos específicos: evaluar la legalidad,exactitud y sinceridad de los pagos efectuados por conceptode dietas y viáticos a los miembros del Consejo Directivode la UNESR; verificar la sinceridad, legalidad y razonabilidadde los gastos realizados con cargos a los recursosasignados al Fondo Rotatorio de la Dirección de Seguridady al Vicerrectorado Académico de la UNESR, se efectuaronconforme a la normativa que los regula; verificar si laasignación de obras y contratación de servicios por partede la UNESR se realizó conforme a la normativa legalaplicable; y verificar si el proceso presupuestario realizadopor la UNESR se justa a lo previsto en la Ley Orgánicade la Administración Financiera del Sector Público y suReglamento N° 1.Observaciones relevantesLa UNESR pagó por concepto de asistencias a 17 reunionesordinarias de Consejo Directivo la cantidad de Bs. 5,92millones durante el año 2005, al representante estudiantil,suplente e invitados especiales, sin la autorización conferidapor instrumento normativo, para efectuar ese tipo depagos, y sin que se evidenciara su asistencia a las mismas.En este sentido, los artículos 35 y 38 de la Ley Orgánica425

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007de la Contraloría General de la República y del SistemaNacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), Gaceta OficialN° 37.347 de fecha 17-12-2001, establecen que el controlinterno es un sistema que comprende los procedimientospara salvaguardar los recursos, verificar la exactitud yveracidad de la información financiera y administrativa,y garantizar que antes de proceder a realizar los pagos, sehaya dado cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentariasaplicables y para cumplir compromisos ciertosy comprobados. Por su parte, los artículos 7 y 8 parágrafoúnico del Reglamento de la UNESR (Gaceta Oficial N°36.936 de fecha 24-04-2000) indican que es el ConsejoSuperior quien podrá invitar a participar a sus sesiones,por conducto del Rector, a cualquier funcionario de launiversidad, y aquellos que no sean miembros del personaldocente y de investigación de ésta podrán percibir una dietapor reunión, según lo determine el Consejo Directivo. Loantes expuesto obedece, a la falta de controles internos en elproceso de pagos en la institución, así como de mecanismosde coordinación entre la Secretaría del Consejo Directivoy la Dirección de Administración, toda vez que efectuaronla tramitación y pago de dietas, sin verificar la asistencia alas reuniones, y a su vez a que los organismos de direcciónuniversitaria por órgano del Consejo Directivo, asumieronatribuciones que le fueron conferidas en el Reglamento dela UNESR al Consejo Superior de la universidad, dado queal no estar operativo el Consejo Superior, se autorizaronpagos por asistencia a reuniones de Consejo Directivo. Loque trae como consecuencia, que los pagos en referencia noestén ajustados a la normativa que los regula y sujetos a uncriterio uniforme, que garantice la legalidad, transparenciay eficiencia de las operaciones que desarrolla la universidaden función de los recursos que le han sido asignados.Se efectuaron erogaciones por concepto de viáticosBs. 119,05 millones, sin documentos que demuestrenla asistencia o participación de los beneficiarios, en loseventos efectuados; Bs. 13,73 millones, para la asistenciaa actividades, con fechas en que se causaron igualmentea los mismos beneficiarios, para eventos a celebrarse enciudades distintas durante los mismos días. Al respecto,los artículos 35 y 38 de la LOCGRSNCF, establecen queel control interno es un sistema que comprende los procedimientospara salvaguardar los recursos, verificar laexactitud y veracidad de la información y garantizar elpago de compromisos ciertos y comprobados. Igualmente,el artículo 79 del Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica dela Administración Financiera del Sector Público (GacetaOficial N° 5.592 Extraordinario de fecha 27-06-2002),modificado en Gaceta Oficial N° 5.781 Extraordinario defecha 12-08-2005, establece que los documentos comprobatorios,deben conservarse en expedientes físicos para cadaejercicio. El artículo 35, Capítulo VI De la Tramitación yPago de Viáticos inserto en las “Normas para la Solicitudy Tramitación de Viáticos de la UNESR”, aprobado en actade fecha 11-07-2001, modificado en Decisión de ConsejoDirectivo N° 378 de fechas 06 y 11-07-2005, señala que elpago de viáticos para misiones oficiales dentro del país,será objeto de control posterior. Asimismo, el artículo 25,de las citadas normas, señala que cuando se trate de viajaral exterior para participar en eventos, el interesado deberáanexar entre otros recaudos, un informe explicativo de losbeneficios que obtendrá la universidad con ocasión de laparticipación en los eventos a que asista el personal. Loexpuesto, obedece a debilidades en la vigilancia que debeejercer la máxima autoridad y las dependencias encargadasde los procesos de revisión y verificación del trámitey pago de viáticos, en el sentido de exigir la presentacióndel informe previo que avale la solicitud para efectuar latramitación del viaje al exterior antes de su pago, así comode exigir los comprobantes que demuestren la asistencia delos beneficiados a los eventos en los cuales la universidadfinanció su participación. Situación que limitó a la UNESR,verificar la legalidad y sinceridad de los pagos por conceptode viáticos, así como evaluar la operatividad del sistema decontrol interno empleado por esa Casa de Estudios.Los soportes presentados en las rendiciones de los FondosRotatorios asignados al Vicerrectorado Académicoy Dirección de Seguridad de la UNESR durante el año2005, (facturas o comprobantes) por Bs. 8,08 millones, noreflejan los requisitos mínimos exigidos por el ServicioNacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria(SENIAT): Nit, cantidad, precio unitario, identificaciónde la imprenta, concepto o descripción de los artículosadquiridos, cuyos conceptos fueron “consumos varios”. Elartículo 141 de la Constitución de la República Bolivarianade Venezuela (CRBV), Gaceta Oficial N° 5.453 Extraor-426

Administración Nacional DescentralizadaSector del Desarrollo Socialdinario de fecha 24-03-2000, establece que el ejercicio dela administración pública se fundamenta en los principiosde honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia,transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad enel ejercicio de la función pública. Asimismo, el artículo 12de la Ley Orgánica de la Administración Pública (LOAP),Gaceta Oficial N° 37.305 de fecha 17-10-2001, señala quela administración debe asegurarse que las actividades sedesarrollen con base en los principios constitucionales. Loantes expuesto, obedece a la ausencia de adecuados mecanismosde comunicación y coordinación entre la Direcciónde Administración y las dependencias de la UNESR queadministran recursos, así como a debilidades en el sistemade control interno, que no garantizan la sinceridad yconfiabilidad de las erogaciones realizadas; y por ende nocontribuye con el correcto desempeño de la UNESR en laejecución de los recursos.Del análisis realizado a las contrataciones de obras yservicios, a una muestra de 56 contratos por Bs. 3.451,05millones, que representan 47,46% del importe total de contratossuscritos (118 contratos por Bs. 6.312,10 millones) seevidenció que la UNESR seleccionó contratistas medianteel procedimiento de Adjudicación Directa por Bs. 2.763,79millones, equivalente a 43,79% del total emitido, no obstante,que de acuerdo al monto de los citados contratos ubicadosen conjunto, con base al valor de la Unidad Tributaria (UT)del año 2005 a razón de Bs. 29.400,00 (Gaceta Oficial N°38.116 de fecha 27-01-2005) debieron ser sometidos a losprocesos de Licitación Selectiva o General, según corresponda,toda vez que se efectuaron durante el mismo año ypor los mismos conceptos. Al respecto, el artículo 61 de laLey de Licitaciones (Gaceta Oficial N° 5.556 Extraordinariode fecha 13-11-2001), establece que se procederá por LicitaciónGeneral, en el caso de contratación de servicios, si elcontrato a ser otorgado es por un monto estimado superiora 11.000 UT, (Bs. 323,40 millones). Asimismo, el numeral 1del artículo 72 eiusdem, establece que se debe proceder porLicitación Selectiva la construcción de obras si el contrato espor un precio estimado superior a 11.500 UT y hasta 25.000UT, (De Bs. 338,10 millones a Bs. 735,00 millones); y lascontrataciones de servicios desde 1.100 UT hasta 11.000UT (De Bs. 32,34 millones a Bs. 323,40 millones). Talescircunstancias tienen su origen en debilidades en el procesode planificación de la UNESR, por cuanto no se proyectarony estimaron con anticipación los requerimientos básicos ynecesarios para su funcionamiento operativo, situación quese deriva en la suscripción y asignación de un número significativode contratos para un mismo tipo de obra o servicio,lo cual es indicativo de que no se tomó en consideración elprincipio de programación anual establecido en el artículo23 de la citada ley, y a su vez, a la toma de decisionesbasadas en criterios y procedimientos distintos a los quecorrespondía aplicar según los montos de dichas contrataciones.En consecuencia, no se garantizó el cumplimientode los principios de economía, transparencia, honestidad,eficiencia, igualdad y competencia, los cuales tienden alograrse mediante los procesos licitatorios.El sistema automatizado de la Dirección de Presupuestode la UNESR para el registro de la ejecución presupuestariay financiera denominado “CKF”, no refleja información enel renglón de pagado. El artículo 48 de la LOAFSP (GacetaOficial N° 37.978 de fecha 13-07-2004) modificado enGaceta Oficial N° 38.198 del 31-05-2005, dispone que elregistro del pago se utilizará como mecanismo para reflejarel pago de las obligaciones asumidas. Tal situación obedece,a que desde que fue instalado el citado sistema en elaño 96, no fue habilitado el módulo de pagado para poderregistrar tales operaciones, aún cuando la citada direccióncomunicó al Director de Tecnología de Información de laUNESR, la necesidad de solventar la situación de la ejecución.Lo señalado trae como consecuencia, que la direcciónen referencia, no disponga de información en los registrosde los pagos realizados por la UNESR para cada una delas partidas de su presupuesto y a la máxima autoridad,disponer de controles efectivos que le permitan establecerlos montos cancelados, así como, el control el control dela ejecución de los recursos, y limita tomar las decisionespertinentes inherentes a la gestión de la Institución, a losfines de que se realicen los correctivos correspondientes.ConclusionesDe los resultados obtenidos de la actuación practicada enla Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez(UNESR), vinculadas con pagos de dietas y viáticos,fondos rotatorios, contratación de obras y servicios; y427

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007sistema presupuestario, se evidenciaron situaciones que nose ajustan a la normativa que regula la materia y contrariasa principios que rigen las actividades de la administraciónpública, así como debilidades en el sistema de controlinterno administrativo, que inciden en el correcto manejode los recursos y por ende afectan el patrimonio públicodel Estado.RecomendacionesSe insta al Rector y demás miembros del Consejo Directivode la UNESR a:• Emprender las acciones pertinentes, para que lasdependencias de dirección universitaria ajusten susactuaciones a las funciones que le han sido a tribuidasen los artículos 7 y 8 del Reglamento que rigela universidad, en lo relativo a la determinación delmonto de la dieta por asistencia a reuniones que celebreel Consejo Superior una vez que el mismo seaconstituido.• Establecer los mecanismo de planificación, control ysupervisión de las operaciones relacionadas con eventosque generen gastos por conceptos de viáticos y pasajes,en el sentido, de que la asistencia a eventos, se realiceconforme a una programación claramente definida, a losfines de evitar en los pagos coincidencias en las fechasque el personal ha sido asignado a otras actividades,en pro de la utilización racional y transparente de losrecursos asignados a la universidad.• Girar las instrucciones necesarias al VicerrectoradoAcadémico y Dirección de Seguridad, a los fines deque los soportes presentados, en las rendiciones defondos rotatorios asignados, cumplan con los requisitosmínimos exigidos por el SENIAT, que garanticenla legalidad y sinceridad del gasto efectuado.• Emprender las acciones necesarias dirigidas a cumplircon los procesos de selección de contratistas previstosen la Ley de Licitaciones, relacionados con la contrataciónde obras y servicios, en razón de escoger aaquellas empresas que ofrezcan las condiciones másventajosas en beneficio de los intereses patrimonialesde la universidad, y con base a los principios previstosen la citada ley, dentro de los parámetros de racionalidadtécnica y jurídica.• Ejecutar las acciones pertinentes a los fines de que elsistema automatizado utilizado por la Dirección dePresupuesto de la UNESR, para que el registro de laejecución presupuestaria y financiera “CKF”, le seahabilitado el módulo del renglón de pagado, para asícontar con información en dicha etapa del gasto, aobjeto de cumplir con las disposiciones legales aplicablesen materia presupuestariaUNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SUR DEL LAGO“JESÚS MARÍA SEMPRUM” (UNESUR)VIÁTICOS, GASTOS DE PUBLICIDAD, ADQUISICIÓN DE BIENES YCONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOSLa Universidad Nacional Experimental Sur del Lago“Jesús María Semprum” (UNESUR) fue creada medianteDecreto N° 819 de fecha 07-05-2000 (Gaceta Oficial N°36.945 de fecha 08-05-2000), modificado parcialmenteen Decreto N° 1.705 del 12-03-2002 (Gaceta Oficial N°37.403 de fecha 13-03-2002), para lo cual el Ministro deEducación Superior, en Resolución N° 959 del 08-08-2003(Gaceta Oficial N° 37.751 de fecha 12-08-2003) designó unaComisión Organizadora que se encargara del proceso deorganización administrativa y jurídica, en razón del cambiode universidad privada a pública.La universidad tiene como misión ser una instituciónde intereses éticos y sociales, cuyo fin es la formaciónprofesional en diferentes niveles con criterios de altacalidad y excelencia, y la interacción con la comunidad,contribuyendo de esta manera con el íntegro desarrollo dela persona humana y el mayor bienestar para la sociedad enfunción de sus valores trascendentales y sus necesidades.Asimismo, tiene como visión ser la primera instituciónacadémica, de investigación y asesoramiento dentro delsector agropecuario nacional, poseedora de una estructuracon programas lo suficientemente flexibles, objetos deconstante evaluación y transformación, reconocida comoprestadora de un servicio público que satisfaga los requerimientosde nuestros usuarios, y que sirva como base para lainstalación de los paradigmas institucionales establecidospor el nuevo modelo de universidad venezolana de calidadcon equidad.428

Administración Nacional DescentralizadaSector del Desarrollo SocialLa universidad está constituida por una ComisiónOrganizadora, el Rectorado, Vicerrectorado, Secretaría,Auditoría Interna y las direcciones de apoyo y ejecutantesdel proceso medular.Para el año 2005, según la Ley de Presupuesto (GacetaOficial N° 5.743 Extraordinario de fecha 13-12-2004) lefueron aprobados recursos a la UNESUR por Bs. 24.211,71millones, el cual se incrementó por Bs. 1.745,98 millones,contando con un presupuesto modificado por Bs. 25.957,70millones, de los cuales ejecutó Bs. 17.736,09 millones cifraque representó 68,33% del presupuesto modificado.Alcance y objetivo de la actuaciónLa actuación se orientó a la evaluación selectiva delas operaciones relativas al pago de viáticos, gastos depublicidad, adquisición de bienes y contratación de obrasy servicios realizadas por la Universidad Nacional ExperimentalSur del Lago “Jesús María Semprum” (UNESUR)durante el ejercicio fiscal 2005. En tal sentido, se plantearonlos siguientes objetivos: evaluar la legalidad, exactitud ysinceridad de los pagos efectuados por concepto de viáticosal personal de la UNESUR; verificar la sinceridad, legalidady razonabilidad de las erogaciones realizadas por conceptode gastos de publicidad, y si éstos se efectuaron conformecon la normativa que lo regula; así como verificar si laadquisición de bienes y contratación de obras y serviciospor parte de la universidad, se realizaron de acuerdo conla normativa legal aplicable.Observaciones relevantesSe pagaron viáticos al personal de la UNESUR por Bs.46,22 millones en el período comprendido del 01-01-2005al 30-09-2005, sin embargo en los soportes de los pagosefectuados no constan los documentos que demuestren laasistencia o participación de los beneficiados en las reuniones,eventos o actividades efectuadas dentro del territorionacional por los cuales se les pagó viáticos. Sobre el particular,el artículo 38 de la Ley Orgánica de la ContraloríaGeneral de la República y del Sistema Nacional de ControlFiscal (LOCGRSNCF), Gaceta Oficial N° 37.347 de fecha17-12-2001, establece que antes de proceder al pago losresponsables deben asegurarse de que se haya dado cumplimientoa las disposiciones legales y reglamentarias, yque los mismos correspondan a compromisos ciertos ydebidamente comprobados. Por su parte, artículo 86 delReglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la AdministraciónFinanciera del Sector Público (Gaceta Oficial N°5.592 Extraordinario de fecha 27-06-2002) señala quetodas las transacciones deben estar respaldadas con lasuficiente documentación justificativa, de forma completa,exacta, archivarse en expedientes físicos y en ordencronológico. Al respecto, el instrumento denominado“Reglamento Interno de Viáticos y Gastos de Viaje”,aprobado por la Comisión Organizadora en fecha 15-01-2002, establecía en el artículo 14 que el beneficiario deviáticos o gastos de viaje, una vez concluida la misión ydentro de los 5 días hábiles siguientes, debía presentarante la Dirección General de Administración, un informede las actividades realizadas avalado por el coordinadorde la unidad de adscripción. Sin embargo, el 27-10-2005 se aprobó la reforma de excluir la presentación deinformes que justifiquen el pago de viáticos a las autoridadesrectorales y a los choferes, contemplado en elparágrafo tercero del artículo 15 del citado reglamento.Lo expuesto obedece a debilidades en la aplicación delos controles implantados y aprobados para la fecha através del referido reglamento, toda vez que al concluirla actividad asignada la Dirección de Administración noexigió la presentación de los documentos comprobatoriosde la asistencia de los beneficiados a los eventos, para verificarel cumplimiento del objeto o finalidad del viáticopagado. En consecuencia, la situación en referencia impidegarantizar la legalidad de las operaciones efectuadas, asícomo la sinceridad y confiabilidad de las erogaciones poreste concepto, lo cual no contribuye con el correcto desempeñoque debe ejercer la universidad en la ejecución delos recursos asignados.La UNESUR emitió pagos por concepto de publicidad,propaganda y avisos por Bs. 65,72 millones, a una empresaque pertenecía a una accionista única, la cual se desempeñabapara el momento de la prestación de los referidosservicios como coordinadora de Relaciones Públicas dela universidad. Al respecto, los artículos 141 y 145 de laConstitución de la República Bolivariana de Venezuela429

ActuacionesAnexo al Informe de Gestión 2007(CRBV), Gaceta Oficial N° 5.453 Extraordinario de fecha24-03-2000, establecen que quien esté al servicio de laRepública no podrá celebrar contrato alguno con ellas, nipor sí ni por interpuesta persona, ni en representación deotro u otra, fundamentados en los principios de honestidad,participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia,rendición de cuentas y responsabilidad para el ejercicio dela función pública, con sometimiento pleno a la ley y alderecho, en correspondencia con el artículo 12 de la LeyOrgánica de la Administración Pública (LOAP), GacetaOficial N° 37.305 de fecha 17-10-2001, el cual señala que laadministración debe asegurarse de que los procedimientosque apliquen se desarrollen con base en los principios constitucionales,dentro de parámetros de racionalidad técnicay jurídica. Lo expuesto obedece a que los procedimientosde contratación y pago de la empresa se realizaron a niveldel Rectorado, toda vez que se evidenció que éste girabainstrucciones directas al Departamento de RelacionesPúblicas para la contratación del servicio y a la Direcciónde Administración para procesar el pago, sin considerarel trámite regular a través del Departamento de Bienes yServicios al momento de efectuar la contratación y, a su vez,a la ausencia de mecanismos de control que establecieranel flujo de información de las actividades administrativas yfinancieras a través de la implantación de manuales de normasy procedimientos debidamente aprobados, ajustadosa las disposiciones legales y reglamentarias aplicables quepermitan el manejo adecuado y transparente de los recursosasignados a esa casa de estudios. La situación en referenciano garantiza la transparencia en el ejercicio de la funciónpública, la cual se subsume en la aplicación de la ética ymoral administrativa que deben observar los funcionariospúblicos para garantizar los intereses del Estado.Se adquirieron 3 vehículos por un total de Bs. 188,33millones, cuya selección de proveedores se efectuó através del proceso excepcional de adjudicación directa,mediante acto motivado dictado por el rector en su condiciónde miembro de la Comisión Organizadora de launiversidad, no obstante que con base en el valor de launidad tributaria (UT) fijada para el año 2005, a razónde Bs. 29.400,00 (Gaceta Oficial N° 38.116 de fecha 27-01-2005), resultaba procedente el proceso de licitaciónselectiva.Sobre el particular, el numeral 1 del artículo 72 de la Leyde Licitaciones (Gaceta Oficial N° 5.556 Extraordinario defecha 13-11-2001) establece que se procederá por licitaciónselectiva en el caso de la adquisición de bienes desde 1.100UT hasta 11.000 UT (de Bs. 32,34 millones a Bs. 323,40millones). Tales circunstancias tienen su origen en debilidadesen el proceso de planificación de la UNESUR, porcuanto no se estimaron con anticipación los requerimientosbásicos y necesarios para el funcionamiento operativo dela universidad, herramienta indispensable para programarlas adquisiciones de bienes en un ejercicio determinado,indicativo de que no se tomó en consideración el principiode programación anual establecido en el artículo 23 de lacitada ley y, a su vez, a la toma de decisiones basadas encriterios y procedimientos distintos a los que correspondíaaplicar según los montos de dichas adquisiciones. Enconsecuencia, la adquisición de bienes en la universidadse efectuó sin vigilar el estricto cumplimiento de lo establecidoen la normativa dictada sobre la materia, por locual en tales operaciones no se garantizó el cumplimientode los principios de economía, transparencia, honestidad,eficiencia, igualdad y competencia.La UNESUR en fecha 17-01-2005 suscribió un contrato porBs. 872,18 millones, para la construcción de la obra “Módulosde Aulas”, con un lapso de ejecución previsto de 5meses, mediante proceso de licitación general, la cual seríafinanciada con recursos de la Oficina de Planificación delSector Universitario (OPSU); sin embargo, no fue ejecutadadurante el lapso establecido en el contrato, toda vez que enfecha 17-03-2005, la empresa contratista solicitó la paralizaciónde la obra, debido a que no le había sido pagado elanticipo correspondiente. Al respecto, el artículo 53 de lasCondiciones Generales de Contratación para la Ejecuciónde Obras (Gaceta Oficial N° 5.096 Extraordinario de fecha16-09-1996) señala que el contratista tendrá derecho a paralizarla obra, en caso de que el ente contratante tenga unatraso mayor de 30 días calendario en el límite establecido,hasta tanto se realice el pago del anticipo.La situación en referencia se origina en la ausencia demecanismos permanentes de comunicación y coordinaciónentre las autoridades de la universidad y la OPSU, y a lapoca diligencia por parte de la UNESUR a los efectos de430

Administración Nacional DescentralizadaSector del Desarrollo Socialobtener de manera oportuna los recursos financieros quele permitieran la ejecución de la obra, toda vez que fue enfecha 21-12-2005 cuando la OPSU otorgó Bs. 259,38 millonespara el pago del anticipo, recibido por la universidaden fecha 20-02-2006, 11 meses después de iniciada la obra.Situación que ocasionó demoras en el cumplimiento de lasobligaciones contraídas con la contratista y retardos en laejecución de la obra.ConclusionesLa Universidad Nacional Experimental Sur del Lago“Jesús María Semprum” (UNESUR) presentó debilidadesen el sistema de control interno administrativo y desupervisión de los jefes o autoridades de cada área odepartamento, ya que se ejecutaron actividades sin ceñirsea las disposiciones contenidas en la Constitución,ni ajustadas al cumplimiento de las leyes, reglamentos,y a las normas generales de control interno que regulasus actividades, así como las cláusulas establecidas enlos contratos de obras suscritos entre la universidad y lasempresas contratistas.RecomendacionesSe insta al rector y miembros de la Comisión Organizadorade la Universidad Nacional Experimental Sur delLago “Jesús María Semprum” a:• Tomar las medidas necesarias para asegurarse de laimplantación, control y seguimiento del instrumentonormativo de viáticos, así como gestionar la respectivarevisión y ajuste por parte de las instancias competentesdel citado documento, en el sentido de incluir enel mismo mecanismos de control interno que exijanla presentación de documentos que demuestren laasistencia y/o participación de los beneficiarios enlos eventos o actividades para las cuales se les asignóviáticos.• Girar las instrucciones pertinentes e implementar losmecanismos de control interno necesarios en la Direcciónde Administración y el Departamento de RelacionesPúblicas de esa casa de estudios, a los efectosde efectuar una programación de las necesidades derecursos necesarios para satisfacer el normal funcionamientode la universidad, en cuanto a publicidad,propaganda y avisos, en pro de estimar y adelantarlos procesos licitatorios que permitan la contrataciónde tales servicios, a través de un proceso de ampliacompetencia, las mejores condiciones técnicas yeconómicas, así como la oferta más ventajosa paralos servicios que contrata la universidad.• Emprender las acciones necesarias a los fines decumplir los procesos de selección de contratistasprevistos en la Ley de Licitaciones, relacionadoscon la adquisición de bienes, en razón de escoger aaquellas empresas que ofrezcan las condiciones másventajosas en beneficio de los intereses patrimonialesde la universidad.• Adoptar las medidas de control interno necesarias, dirigidasa garantizar que la universidad cuente oportunamentecon los recursos financieros necesarios, parael pago de anticipos a las empresas responsables dela ejecución de obras, a los fines de dar cumplimientocon las obligaciones establecidas con los contratistas,y a su vez que dichas obras se ejecuten en los lapsosprevistos.431