DEBATE No. 24

24
LA ESTELA DE
LA CORRUPCIÓN
Segunda época
noviembre-diciembre 2015

JUAN ZEPEDA HERNÁNDEZ

ÍNDICE
3
EDITORIAL
5
EDOMEX: LA CORRUPCIÓN A FLOR DE PIEL
Por: Redacción
7
INDICADORES DE CORRUPCIÓN EN EL EDOMEX
Por: Redacción
10
LA CORRUPCIÓN DEL MEXICANO HONESTO
Por: Redacción
12
LA CORRUPCIÓN CORROSIVA
Por Denise Dresser*
15
FALLAN AYUNTAMIENTOS EN TRANSPARENCIA
FINANCIERA
Por: Redacción
18
RENACE LA ESPERANZA (FOTO GALERÍA)
23
SOCIALDEMOCRACIA: ¿RESPUESTA ANTE LA
CRISIS DEL CAPITALISMO?
Por:Saúl Vázquez Torres

Partido de la Revolución Democrática Estado de México
26
EL PRD Y SU POLÍTICA DE ALIANZAS HACIA EL
2017
Por: Juan Carlos Gómez Esquivel
28
31
TRANSPORTE PÚBLICO SEGURO Y EFICIENTE:
PROMESA GUBERNAMENTAL INCUMPLIDA
Por: Redacción
LA TERCERA EDAD EN EL OLVIDO
Por:Redacción
4

Editorial
El año que se extingue deja en el Estado de México uno de los
capítulos más emblemáticos de la corrupción que carcome desde
hace lustros al gobierno mexiquense, quien no es el único, ni el
solitario responsable de ese mal uso de los recursos públicos, sin
embargo, en 2015 fue exhibido como nunca antes había ocurrido
en otra administración estatal.
Si bien la corrupción es un fenómeno endémico de la sociedad
mexicana y podría considerarse que todos la han padecido o
provocado, lo cierto es que una excelente herramienta para
combatirla sigue siendo el generar buenos gobiernos, con
eficientes políticas públicas que catapulten una convicción ética
de los servidores públicos.
Herramienta fundamental en esta tarea es la verdadera
transparencia gubernamental, no la del discurso a la que todos
recurren cuando es la ocasión, sino la del real compromiso de
permitir que el ciudadano indague hacia el interior de las añejas
burocracias, con el riesgo de percibir vicios e inercias.
A partir del primero de enero de 2016 inicia formalmente la
gestión de las nuevas administraciones municipales del Estado
de México, momento propicio para que los Ayuntamientos que
gobernará el PRD marquen diferencia en el camino para combatir
a la corrupción, con la consolidación de prácticas que garanticen
el derecho de acceso a la información pública, como un garantía
individual; la transparencia, como un bien jurídico que tutela a
toda la sociedad; y la rendición de cuentas, que es una obligación
constitucional de todo gobierno de comparecer ante el ojo
ciudadano.
De ahí el compromiso de los Cabildos perredistas para no sólo
alentar la capacitación de los funcionarios municipales en las
buenas prácticas del servicio público que erradiquen la corrupción,
sino que también adviertan los beneficios democráticos de
consolidar gobiernos abiertos.

Partido de la Revolución Democrática Estado de México
EDOMEX:
LA CORRUPCIÓN A FLOR DE PIEL
El año 2015 deja una estela de corrupción en el Estado de
México por el caso OHL, caso emblemático de los últimos años.
Por Redacción
La historia contemporánea del Estado
de México no registra una exhibición
de presunta corrupción como la que
este año se denunció en el caso de la
empresa española OHL, cuyos directivos
prácticamente habrían armado una red de
complicidades con el gobierno del priista
Eruviel Ávila Villegas.
En el pasado reciente, en materia de
corrupción destaca la denuncia penal
que existió contra el ex Gobernador
Arturo Montiel Rojas por peculado y
presunto enriquecimiento ilícito, además
de la posterior exoneración del entonces
Gobernador Enrique Peña Nieto, sin
embargo, el caso de OHL se distingue por la
contundencia de las pruebas exhibidas en
redes sociales: audios donde funcionarios
estatales aparecen en contubernio con los
directivos de esta empresa española.
Así, la corrupción revelada en el caso OHL
ha representado un punto de quiebre no
sólo en la administración eruvielista, sino
en la forma de gobernar de los políticos
priistas, sean cercanos al llamado Grupo
Atlacomulco u oriundos del Valle de México,
pues evidencia que la transparencia y
manejo adecuado de los recursos públicos
sigue siendo una peligrosa omisión de la
elite que gobierna al Estado de México, no
importando sus gentilicios partidistas.
Todo comenzó el 7 de mayo de 2015,
cuando se dieron a conocer audios
de conversaciones telefónicas entre
directivos de OHL México y el entonces
Secretario de Comunicaciones del Estado
de México, Apolinar Mena Vargas, donde
se habla inflar los precios en un tramo
del Viaducto Bicentenario, una concesión
que le fue otorgada a esta empresa en
2008, cuando el ahora Presidente Enrique
Peña Nieto era Gobernador de la entidad
mexiquense.
El paquete de audios, revelado en redes
sociales, también incluía una conversación
donde Mena Vargas gestionaba unas
vacaciones con los directivos de OHL, e
incluso existió una llamada donde este
7

Partido de la Revolución Democrática Estado de México
funcionario se comunicaba al hotel donde
se hospedaría, haciendo referencia a
dicha empresa.
Un día después de que se filtraron
los audios, Ávila Villegas anunció
que la Contraloría estatal, a cargo de
Alejandro Hinojosa Velasco, realizaría
una investigación sobre la concesión
otorgada a OHL México en las obras del
Viaducto Bicentenario.
Investigación que es un misterio, pues se
desconocen resultados salvo la renuncia
de Apolinar Mena, que ocurrió el 17 de
mayo, además de ser multado con 189
mil pesos, aunque posteriormente se
reintegró al gobierno mexiquense como
Secretario Técnico del Gabinete, cargo
clave en la administración, al ser quien
coordina las acciones del resto de las
Secretarías estatales.
Un mes después, el 25 de junio, un
nuevo audio exhibió a otra funcionaria
mexiquense operando a favor de OHL.
Esta vez tocó el turno a Luz María Zarza
Delgado, Consejera Jurídica del Estado
de México.
En una conversación que sostuvieron
Luz María Zarza y el entonces Secretario
de Comunicaciones, Apolinar Mena
Vargas, en octubre de 2014, se escucha
cómo el funcionario intenta llamar por
teléfono a Pablo Wallentin, entonces
director de Relaciones Institucionales de
OHL México, pero quien responde es la
Consejera Jurídica.
Dicho audio, que habría sido grabado el 27
de octubre de 2014, refiere la colaboración
del gobierno estatal con OHL, respecto de
los litigios de esta empresa con otra de
nombre Infraiber.
El origen de tales revelaciones, donde
aparecen las voces atribuidas aa tales
funcionarios, se ha ubicado en esa disputa
que vive OHL con la empresa Infraiber.
Y es que Infraiber ha demandado que de
manera ilegal le fue cancelado el contrato
para verificar el aforo vehicular en el
Circuito Exterior Mexiquense, otra obra
concesionada a OHL.
Al margen del conflicto entre particulares,
preocupa que en el Circuito Exterior
Mexiquense, de acuerdo a versiones
periodísticas, se está cobrando a cada
automovilista que transita por esta vía un
concepto de 50 centavos por verificación
de aforo vehicular, tarea que no se realiza,
pues era un trabajo asignado a Infraiber.
Esto ocurre desde 2013, sin que se tenga
claro el uso y destino de estos recursos
captados por OHL, y que en teoría
deberían ser reintegrados al gobierno
estatal o definir en qué se usarán.
Las mismas estimaciones periodísticas
indican que por tal concepto, hasta
febrero de 2015, se habían recaudado
110 millones de pesos, lo cual sólo podría
ser la punta del iceberg de un fraude de
colosales dimensiones.
A este respecto el PRD del Estado de
México ha insistido que la única instancia
fiscalizadora que podría terminar con la
densa bruma de corrupción y opacidad
que los mexiquenses ven en la relación
de OHL y el gobierno mexiquense, es la
Auditoria Superior de la Federación (ASF).
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Partido de la Revolución Democrática Estado de México
INDICADORES
DE CORRUPCIÓN
EN EL EDOMEX
La entidad mexiquense destaca en el entorno nacional por su alto índice
de corrupción.
Por Redacción
El Estado de México se ubicó en el lugar número 31 dentro
del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2010, de
Transparencia Mexicana, sólo abajo del Distrito Federal, con lo
cual sería la segunda entidad más corrupta a nivel nacional.
Dicho estudio es el más reciente de dicha organización, pero
representa un referente vigente, ya que en cinco informes similares
(emitidos en los 10 años previos por Transparencia Mexicana) el
Estado de México ha ocupado la misma posición.
“La ausencia o debilidad de una cultura ética y transparente de
instrumentos que impulsen su desarrollo, da pie a las múltiples
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Partido de la Revolución Democrática Estado de México
prácticas corruptas en la conducta de los servidores públicos en el Estado de México”,
admite el documento denominado “Políticas de Gobierno para el Estado de México”,
editado por el Instituto de Administración Pública de la entidad (IAPEM) en noviembre de
2015.
En el rubro de ética y transparencia dicho documento cita a la Encuesta Nacional de
Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), realizada por el INEGI, quien midió las
experiencias de la población al enfrentar una situación de corrupción. En dicho estudio el
Estado de México fue la tercera entidad con mayor corrupción, sólo superado por San Luis
Potosí y el Distrito Federal (en 2014).
Dicho documento del IAPEM, que propone políticas públicas para su implementación,
aclara que es pertinente comenzar con la elaboración de un diagnóstico sobre la corrupción
en el Estado de México.
“Es necesario revisar exhaustivamente el diseño institucional de las instituciones
mexiquenses (sic) en relación con los instrumentos normativos y prácticos que se han
utilizado para combatir la corrupción, y promover una cultura ética, también deben revisarse
las evaluaciones que al respecto se han realizado, ello brindará un panorama ilustrativo
sobre las políticas de formación en ética, combate a la corrupción y transparencia en las
organizaciones públicas mexiquenses”, refiere el texto que ya debería estar aplicando el
gobierno mexiquense.
DE DICHO
La corrupción es un tema que al Gobernador Eruviel Ávila Villegas le ha ocupado al
momento de hacer sus propuestas electorales, pero que en los hechos deja un saldo
pendiente.
Por ejemplo, durante su campaña electoral la coalición que lo postuló al cargo, registró una
plataforma comicial que incluía un sistema público de medición y evaluación de la gestión
pública, la divulgación de bases de datos puras para promover un gobierno abierto, la
publicación del gasto del gobierno en tiempo real, fortalecer atribuciones del Órgano
Superior de Fiscalización y darle autonomía de gestión, además de crear un tablero de
control de adquisiciones, entre otras propuestas que la fecha han sido soslayadas.
El gobierno estatal también ha buscado instrumentar medidas publicitarias y de corto
alcance, como evitar que los policías varones apliquen las multas de tránsito o restringir las
causas para enviar un vehículo al corralón, iniciativas que atacan a los sectores más bajos
de la administración pública, pero sin incidir en los funcionarios de primer nivel, donde se
gestan las mayores irregularidades en perjuicio del presupuesto público.
Otra medida anunciada por el actual gobierno mexiquense fue la reforma al artículo 38 bis
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México y al 52 de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, con el objetivo
de habilitar funcionarios encubiertos que detectaran actos de corrupción en las diferentes
áreas de gobierno, sin embargo, a la fecha se desconocen resultados o avances logrados.
Al respecto el documento “Políticas de Gobierno para el Estado de México”, del IAPEM,
aclara que una forma fundamental para desincentivar la corrupción es la instrumentación
de la ética pública, “que obviamente se enriquece con la política de transparencia de
todos aquellas entidades que reciban recursos públicos en su funcionamiento”.
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Partido de la Revolución Democrática Estado de México
- México es percibido como el país más corrupto de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE). Los dos integrantes más cercanos (Italia y Grecia)
tienen una calificación 7 puntos más alta.
- El Barómetro de las Américas 2014 indica que México es el
cuarto país de América Latina en donde es más común el pago
de sobornos, tan sólo por debajo de Haití, Bolivia y Paraguay.
- El Barómetro Global de la Corrupción (2013) señala que para
más del 90% de los ciudadanos la corrupción constituye un
problema y para el casi el 80% de ellos es un problema serio.
- La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (2013)
coloca a la corrupción en el tercer lugar de las preocupaciones de
los mexicanos con 48.5% de las menciones, sólo después de la
inseguridad y el desempleo y antes que la pobreza.
CORRUPCIÓN EN MÉXICO:
- La Encuesta de Fraude y Corrupción en México señala que
el 77% de las empresas que operan en el país han sufrido
cuando menos un fraude en el año, mientras que organismos
como Coparmex han alertado que la corrupción representa al
menos el 25% de los delitos que cada año tienen que sortear
las empresas.
- La Encuesta de Fraude y Corrupción en México señala que
el 77% de las empresas que operan en el país han sufrido
cuando menos un fraude en el año, mientras que organismos
como Coparmex han alertado que la corrupción representa al
menos el 25% de los delitos que cada año tienen que sortear
las empresas.
- De acuerdo al Barómetro Global de la Corrupción 2013, el 17%
de los mexicanos reportó haber pagado un soborno en los
últimos doce meses previos y lo hizo para acceder o facilitar un
trámite en el sector.
- Entre 1996 y 2014 el número de notas sobre corrupción en la
prensa tuvo un crecimiento de más de cinco mil por ciento. Pasó
de 502 a 29 mil 505 notas en 18 años (Anatomía de la Corrupción).
- Sólo el 2 por ciento de los delitos de corrupción son castigados,
y siempre los cometidos por mandos inferiores.
- De las 444 denuncias penales presentadas por la Auditoría
Superior de la Federación desde 1998 hasta 2012, sólo 7 fueron
consignadas, es decir, 1.5 por ciento (Anatomía de la Corrupción).
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Partido de la Revolución Democrática Estado de México
LA COR
Los mexicanos ven corrupción,
pero no en ellos, ni en su entorno
cercano.
De acuerdo con el Índice de Percepción
de la Corrupción, de Transparencia
Internacional, entre 2008 y 2014 México
cayó 31 posiciones.
Por Redacción
El Instituto Mexicano para la Competitividad
(IMCO) y el Centro de Investigación y
Docencia Económicas (CIDE) realizaron el
estudio “México: Anatomía de la Corrupción”,
coordinado por la académica María Amparo
Casar, donde muestran un fotografía de
cómo nos vemos los mexicanos a nosotros
mismos y cómo nos perciben y califican en el
mundo en materia de corrupción.
El documento indica que la corrupción es un
lastre por los enormes costos económicos,
políticos y sociales que ocasiona en
los países que la padecen con mayor
agudeza. Identificar y cuantificar dichos
costos es indispensable para conocer la
dimensión del problema y diseñar políticas
públicas adecuadas para su prevención y
erradicación.
A su vez en el Barómetro Global de la
Corrupción 2013, también de Transparencia
Internacional, el 88 por ciento de los
mexicanos pensamos que la corrupción es
un problema frecuente o muy frecuente, y
la mitad de la población considera que la
corrupción ha aumentado mucho en los
últimos dos años.
El análisis aclara que ningún estado se
escapa de la corrupción, pues en todas
las entidades se percibe corrupción en
el sector público. En Querétaro, el estado
mejor calificado, el 65 por ciento de las
personas cree que existe corrupción. El
promedio de las 32 entidades fue de 85
por ciento de percepción. Por otra parte,
las instituciones que se perciben como más
corruptas son:
1 Partidos políticos (91%)
2. Policía (90%)
3. Funcionarios públicos (87%)
4 Poder Legislativo (83%)
5. Poder Judicial (80%)
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Partido de la Revolución Democrática Estado de México
RUPCIÓN DEL
MEXICANO
HONESTO
La investigación aclara que la corrupción
no empieza ni termina en el sector público.
Es un problema de oferta y demanda.
El 44 por ciento de las empresas en México
reconoció haber pagado un soborno, esto
nos ubica solo por debajo de Rusia. Además,
los encuestados respondieron que el 75
por ciento de los pagos extraoficiales que
hacen las empresas mexicanas se utiliza
para agilizar trámites y obtener licencias y
permisos. Finalmente, una tercera parte de
estos pagos se entregan a dependencias
municipales.
100% HONESTOS
Sin embargo, los mexicanos nos sentimos honestos, añade el estudio, pues la percepción
de corrupción en nuestros círculos cercanos es baja.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Impacto y Calidad Gubernamental del INEGI así
nos vemos:
- 43 por ciento de los mexicanos dice que sus familiares nunca son corruptos
- 38 por ciento dice que sus vecinos nunca son corruptos
- 20 por ciento dice que sus compañeros de trabajo nunca son corruptos.
Pero en 2013 se registraron más de 4 millones de actos de pequeña corrupción, según el
INEGI, la pregunta es ¿quién los cometió? si todos somos honestos.
Recomendaciones
De la investigación se derivan las siguientes propuestas:
- Nivel Federal: acompañamiento de la sociedad civil en la redacción de leyes secundarias
sobre corrupción.
- Nivel Estatal: homologación de códigos penales para delitos de corrupción.
- Nivel Municipal: Uso de herramientas digitales para reducir discrecionalidad y trámites
en ventanilla.
- Multinivel: Persecución de oficio para delitos de corrupción y prohibir uso de dinero en
efectivo en actividades gubernamentales.
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Partido de la Revolución Democrática Estado de México
CORRUPCIÓN
CORROSIVA
Por Denise Dresser*
En todas partes, en todas las transacciones.
La corrupción acendrada, la corrupción
arraigada, la corrupción corrosiva. Allí,
presente en la recolección de basura, en
las gasolineras, en las plazas de maestros
heredadas, en la fuga de un delincuente, en
la licitación de un puente, en la exoneración
de impuestos, en cada reducto de la vida
cotidiana del país. Como forma de vida. Como
obstáculo al crecimiento. Como detonador de la
desigualdad. Y a pesar de sus consecuencias
negativas, los mexicanos siguen tolerándola.
Justificándola. Practicándola. Perpetuándola
con la permanencia en el poder público y
privado de quienes han sido sus íconos.
Los impunes que ni siquiera reciben sanción
social, ocupando una curul, un puesto del
gabinete, una página en las revistas de
sociales. México no castiga la corrupción; la
normaliza.
Los datos disponibles lo constatan: el problema
ha llegado a niveles alarmantes, como lo
expone María Amparo Casar en el estudio
México: Anatomía de la Corrupción. En 2014
México obtuvo una calificación de 35 puntos
de 100 posibles y el lugar 103 de 175 países
de acuerdo con Transparencia Internacional.
En comparación con sus principales
competidores, México retrocede, México cae,
minando su capacidad para atraer la inversión
extranjera, para posicionarse como potencia
emergente.
Según el Barómetro Global de la Corrupción,
para un 90 por ciento de los ciudadanos
la corrupción constituye un problema,
actualmente situado entre los primeros lugares
de preocupación. Lo cual no sorprende dados
los casos de la Casa Blanca, la casa de
Luis Videgaray, la licitación del tren México-
Querétaro, la investigación estadounidense a
Humberto Moreira, entre tantos más.
Basta con examinar el caso de OHL. Los
abusos. Las mentiras. La ofuscación. La
complicidad gubernamental. El monto original
del Circuito Exterior Mexiquense calculado
en 5,637 millones de pesos. Monto que
inexplicablemente crece a 18,740 millones de
pesos, según documentos presentados por
OHL. Pero según la autoridad, la inversión ha
sido de 23,376 millones de pesos, y con base
14

Partido de la Revolución Democrática Estado de México
en ese monto falso modifica el título de
concesión y autoriza incrementar las tarifas
legales, aunque no hay estudios del peaje.
Gracias a esa colusión con el gobierno
del Estado de México y la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, OHL ha
tenido ingresos por cuotas de peaje en el
Circuito Exterior Mexiquense por más de
12,000 millones de pesos hasta diciembre
de 2014. Y mientras tanto, OHL afirma
que el monto de su inversión pendiente
de recuperar con cargo es superior a los
52,000 millones de pesos, casi 10 veces
el monto total original del proyecto y 1.3
veces la deuda pública total del Estado de
México.
OHL ha adquirido una “renta a perpetuidad”
con cargo a todos los usuarios que pagan
los abusos de OHL, tarifas irracional e
injustificadamente altas.
Y a pesar de las grabaciones donde
directivos de la empresa hablan de sobornar
a jueces, a pesar de la evidencia, a pesar
de las cifras alteradas y el escándalo
internacional, la empresa permanece
intocable. Protegida. Cuidada por la
connivencia que se da entre las empresas y
el sector público. Impune en la intersección
en donde hay puntos de encuentro entre
compañías y autoridades. El contubernio
concesionado. El imperio del influyentismo.
Donde sí hay sanción siempre es en la
categoría de “mandos medios”. Nunca
se aplica a los jerarcas de la política,
como debería ser el caso hoy con Eruviel
Ávila, Gobernador del Estado de México,
y Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de
Comunicaciones y Transportes.
Y los ciudadanos se vuelven cómplices
de esta situación. En México se cometen
más de 4 millones anuales de actos de
pequeña corrupción. El ciudadano de a
pie con frecuencia es tan culpable como
la clase política a la cual critica. En los
trámites vehiculares. En los trámites ante
el Ministerio Público. En el pago de la
tenencia. En los trámites en juzgados o
tribunales. En el pago del predial. En los
trámites fiscales. En los trámites para abrir
una empresa.
Los ciudadanos construyen -día con díala
cultura de la ilegalidad al pensar que
como el gobierno viola la ley, pueden
hacerlo también. Un Estado depredador
genera una población que también lo
es. Un Estado que imparte la justicia
diferencialmente produce una población
que la aplica por su propia mano. Un
Estado que transgrede las leyes engendra
una población que no cree en ellas.
Parafraseando a Voltaire, muchos terminan
haciendo todo por dinero, porque creen
que el dinero lo hace todo. Y en México,
con demasiada frecuencia, así es.
Artículo tomado de http://www.nssoaxaca.com/
MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN
La reforma que dio vida al Sistema Nacional Anticorrupción establece
la creación de sistemas estatales en la materia, lo cual es una tarea
pendiente en el Estado de México. Estas son algunas de las medidas
que plantea el sistema nacional:
1. Los servidores públicos estarán obligados a presentar su declaración
de conflicto de interés.
2. El titular de la Secretaría de la Función Pública será propuesto por
el Ejecutivo pero deberá ser ratificado por el Senado, con el fin de
garantizar imparcialidad en su trabajo.
3. El plazo de para la prescripción de sanciones administrativas graves
se amplía de 3 a 7 años.
4. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) tendrá más facultades
como realizar auditorías en tiempo real y fiscalizar los recursos
federales destinados a estados y municipios y ejercidos por
fideicomisos, fondos y mandatos, públicos y privados.
15

Partido de la Revolución Democrática Estado de México
5. Se crea un nuevo esquema para fincar responsabilidades a
servidores públicos y, en su caso, particulares que comentan
faltas administrativas.
6. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se
transforma en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con
facultades para sancionar a los servidores públicos federales por
faltas administrativas graves.
7. Los estados deben crear sistemas locales anticorrupción.
8. Se crea un Comité Coordinador entre las diversas instancias
involucradas a nivel federal, estatal y municipal.
9. Estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior de
la Federación (ASF), de la Fiscalía contra el combate a la
corrupción, la Secretaría del Ejecutivo federal responsable del
control interno, el magistrado presidente del Tribunal Federal de
Justicia Administrativa, el comisionado presidente del Instituto
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI),
un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del
Comité de Participación Ciudadana.
10. Las facultades del Comité son: diseñar y promover políticas
para fiscalizar y controlar recursos públicos; prevenir, controlar
y disuadir faltas administrativas y hechos de corrupción, con
especial atención a las causas que los generan.
11. Anualmente el Comité presentará un informe sobre sus avances y
la aplicación de políticas y programas. Emitirá recomendaciones
a las autoridades con el objeto de que adopten medidas
institucionales dirigidas al fortalecimiento para la prevención
de la corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño
y del control interno. Las autoridades destinatarias de las
recomendaciones informarán al Comité sobre la atención que
brinden a las mismas.
12. Se contempla un esquema preventivo para que las autoridades
competentes cierren cualquier espacio a la discrecionalidad y
al abuso de la autoridad, corrigiendo los procedimientos y los
entornos donde la corrupción haya sido observada de manera
sistemática.
13. Propone la creación de un Comité de Participación Ciudadana
integrado por 5 ciudadanos destacados por su contribución a la
transparencia, rendición de cuentas o combate a la corrupción.
14. El Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán expedir las
leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes
dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor de las
leyes generales.
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Partido de la Revolución Democrática Estado de México
FALLAN
AYUNTAMIENTOS EN
TRANSPARENCIA FINANCIERA
La Transparencia es considerada una herramienta para combatir
la corrupción, sin embargo, la mayoría de los Ayuntamientos
mexiquenses que en este mes concluyen su gestión son omisos
en proporcionar información pública.
Por Redacción
Derivado de una base de datos construida
por el portal www.metricadigital.com, se
observa que de los 125 Ayuntamientos
mexiquenses, 20 no publican ningún tipo
de información financiera a la que están
obligados, lo cual representa el 16 por ciento
del total.
Otros 81 también están reprobados, pues su
calificación va de 0.1 a 59, lo cual significa
el 64.8 por ciento, mientras 23, equivalentes
al 18.4 por ciento, obtienen entre 60 y 80 de
calificación, y sólo un Ayuntamiento rebasa
la puntuación de 80.
Las anteriores cifras revelan que un 80.8
por ciento de los gobiernos municipales del
Estado de México está reprobados en esta
evaluación.
Tales conclusiones derivan de la revisión a
las páginas web de Transparencia de cada
uno de los Ayuntamientos mexiquenses,
sitios donde de acuerdo a Ley deben
publicar la información requerida.
A nivel de partido político la tendencia
de opacidad se mantiene, pues el PRI
gobierna en 94 municipios, de los cuales 13,
equivalentes al 13.8 por ciento, registran una
calificación de cero al no publicar ningún tipo
de información de los 18 rubros revisados.
Otros 61 Ayuntamientos priistas, que
significan el 64.8 por ciento, están
reprobados con una calificación que va de
0.1 a 59; sólo 19 obtuvieron entre 60 y 80,
que representan el 20.2 por ciento; y uno
rebasó la última puntuación.
Al sumar a los municipios que están
reprobados con una calificación de cero o
menor a 60 resulta que representan el 78.6
por ciento de los 94 Ayuntamientos priistas.
Los Ayuntamientos del PRI que están
en ceros al no revelar ningún dato a los
ciudadanos son Almoloya de Alquisiras,
Amecameca, Atenco, Ayapango, Chiautla,
Cocotitlán, Ecatzingo, Isidro Fabela,
Jaltenco, Otzoloapan, San Felipe del
Progreso, Villa del Carbón y Zacazonapan.
17

Partido de la Revolución Democrática Estado de México
La negligencia en materia de Transparencia
no es privativa de municipios rurales, pues en
los gobiernos priistas, con una calificación de
0.1 a 59, están Tecámac, Zumpango, Tultitlán,
Tenango del Valle, Metepec, Chimalhuacán,
Capulhuac y Cuautitlán, entre otros.
En la trinchera del PAN, que gobierna 16
municipios mexiquenses, la realidad es similar.
Cuatro de sus Ayuntamientos simplemente no
publican nada de la información revisada, lo
cual significa el 25 por ciento del total, y los
restantes 12 gobiernos (75%) registran una
calificación reprobatoria.
Los cuatro gobiernos panistas que tienen
nulo interés en informar a la ciudadanía
sobre las finanzas públicas son Apaxco,
Hueypoxtla, Tequixquiac, y Texcaltitlán. Entre
los Ayuntamientos con mayor calificación,
pero que también están reprobados están
Atizapán de Zaragoza, Atlautla, Coatepec
Harinas, Huehuetoca, y Valle de Bravo.
En el PRD de los 11 gobiernos locales, tres
no publican nada de la información revisada
(27.2%), seis tienen una puntuación reprobatoria
de 0.1 a 59 (54.5%), y dos registraron una
calificación entre 60 y 80 (18.1%).
Adicional a los tres principales partidos, el
PT gobierna en dos municipios, Calimaya y
Xonacatlán, quienes logran una calificación
entre 60 y 80 puntos, mientras los dos
Ayuntamientos de Movimiento Ciudadano,
Temamatla y Texcoco, están reprobados al
tener una calificación menor a 60.
Para obtener tales cifras se utilizó la
metodología descrita en los “Lineamientos
por los que se establecen las normas que
habrán de observar los sujetos obligados en
la identificación, publicación y actualización
de la información pública de oficio”,
documento aprobado por el Instituto de
Acceso a la Información del Estado de
México (Infoem) y publicado el 2 de abril de
2013 en la Gaceta del Gobierno.
La revisión consistió en analizar la
información que los 125 Ayuntamientos
publican en 18 rubros, que tienen relación
con datos financieros de sus gobiernos,
incluido el salario de los alcaldes.
Para la ponderación también se siguió la
metodología de dicho documento, donde por
cada rubro se asignan calificaciones de 0 a
1, dependiendo del grado de cumplimiento.
Los rubros revisados fueron el salario de
los alcaldes, programas anuales de obras,
procesos de licitación de obra pública,
estadística sobre solicitudes de información y
datos personales, presupuestos asignados,
informes de ejecución de presupuestos,
programas sociales, situación financiera,
deuda pública, licitaciones y contrataciones;
autorizaciones, permisos, licencias,
certificaciones y concesiones; informes de
auditorías, trámites y servicios, y cuentas
públicas.
El artículo 12 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado
de México y Municipios obliga a que los
gobiernos municipales publiquen dichos
datos, pues se consideran como información
pública de oficio, y no de hacerlo se incurre en
responsabilidades administrativas y penales.
A su vez el artículo 15 de la misma Ley también
incluye la obligación de los Ayuntamientos
para publicar información sobre el desarrollo
de obras, la hacienda pública, los valores
unitarios de suelo y construcción, y el reporte
de participaciones y aportaciones recibidas,
conceptos que también fueron incluidos en
la revisión instrumentada.
SÓLO LO FÁCIL
Destaca que sólo en el concepto de trámites
y servicios se obtiene una evaluación
positiva.
Del total de los 125 Ayuntamientos, 86
sí transparentan servicios y trámites
que proporcionan a los ciudadanos,
especificando las características de los
mismos, sin embargo, el resto no lo hacen.
Este rubro se consideraría el más fácil para
revelar, pues no implica ninguna información
comprometedora para el gobierno municipal
e incluso es indispensable para orientar a los
vecinos de cada localidad.
No obstante, en una ponderación que implica
la suma de las calificaciones obtenidas en
cada rubro por los 125 Ayuntamientos, se
obtiene que los conceptos más ocultados
por los gobiernos municipales son el
desarrollo de obras públicas (22.4%), los
reportes de la deuda pública (23.6%),
las licitaciones y contrataciones (24%), la
hacienda pública (24%) que consiste en el
18

Partido de la Revolución Democrática Estado de México
informe de impuestos locales, el monto de
participaciones y aportaciones recibidas por
el Ayuntamiento (24.4%), y los informes de
auditorías (27.6%).
Un concepto sensible para medir la voluntad
de Transparencia de los respectivos alcaldes,
es la difusión de su propio sueldo, rubro en el
que se obtiene una calificación general de los
125 Ayuntamientos de 48.4 por ciento.
Dentro de las principales deficiencias de los
gobiernos municipales destaca que además
de no publicar la información a la que están
obligados, no actualizan la que ya colocaron
en línea, lo cual provoca que las páginas
web de Transparencia no sean útiles para
la evaluación adecuada de rubros como
presupuestos asignados y ejecutados.
Los lineamientos en materia de Transparencia
precisan que en la mayoría de los rubros
revisados las autoridades municipales
deben informar datos del año en curso y de
los dos o tres ejercicios anteriores, lo cual no
cumplen los Ayuntamientos.
Incluso en materia de las Cuentas Públicas
de los gobiernos municipales existe poca
claridad respecto al documento que se
pone a disposición de los ciudadanos, pues
generalmente cuando un Ayuntamiento
publica esta información remite a complejos
estados financieros que no garantizan una
comprensión fácil de las finanzas públicas.
Lo mismo ocurre con los informes de
auditorías, donde tampoco existe una
homologación sobre el tipo de auditorías
a publicar, pues en algunos casos las
administraciones locales difunden simples
documentos llenados a mano y sin orden o
concierto.
En materia de los presupuestos asignados,
los Ayuntamientos que sí transparentan sus
recursos también obvian la obligación con la
simple publicación de las caratulas de sus
presupuestos.
Hay casos singulares donde las autoridades
municipales se escudan en argumentos
baladís para justificar su opacidad.
Un ejemplo es el Ayuntamiento priista de
Amatepec, quien inopinadamente dice
que no realiza procesos de licitación y
contratación de obra pública. Otro caso
es Coacalco, también gobernado por el
PRI, donde aseguran no aplicar programas
sociales o de algún subsidio, lo cual también
ocurre en Melchor Ocampo, igualmente
administrado por el tricolor y quien en el
mismo rubro refiere: “no hubo en este año”.
Los lineamientos en Transparencia señalan
que los gobiernos municipales deben
justificar plenamente por qué no informan de
algún rubro precisado en Ley.
Otras Alcaldías optan por confundir
a la ciudadanía, como sucede en el
Ayuntamiento priista de Tultitlán, que en el
concepto de situación financiera señala, de
manera contradictoria, que esta información
se entregó a “Transparencia” en un disco
magnético. Se desconoce a qué se refiera
con “Transparencia” y donde estará dicho
disco magnético.
Este Ayuntamiento también dice que no
informa de ningún programa anual de obras,
pues tal rubro no lo opera el Instituto de
Cultura Física y Deporte, lo cual es engañoso,
pues la obligación legal es informar a nivel
de todo el gobierno municipal, y no sólo de
un organismo de la administración local.
Resalta que en materia de salarios de los
alcaldes, los gobiernos municipales optan
por distintos recursos para enredar la
información: en algunos casos el apartado
correspondiente está escondido en el reporte
general de sueldos y en otros municipios
de plano lo ocultan. Hay extremos como el
Ayuntamiento priista de Tlalmanalco, donde
sólo se publica el salario de su “coordinador
de Transparencia”.
LO QUE MÁS OCULTAN
LOS AYUNTAMIENTOS:
Desarrollo de obras públicas (22.4%)
Reportes de la deuda pública (23.6%)
Licitaciones y contrataciones (24%)
Hacienda pública (24%)
Monto de participaciones y aportaciones
recibidas por el Ayuntamiento (24.4%)
Informes de auditorías (27.6%)
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Partido de la Revolución Democrática Estado de México
Fotogalería
RENACE
LA
ESPERANZA
Los presidentes municipales del PRD que resultaron
electos en los comicios del 7 de junio rindieron protesta
en diciembre para iniciar sus gestiones a partir del
primer minuto de 2016, con lo cual inicia nuevamente
el reto de cumplir las expectativas de la confianza
ciudadana depositada en nuestro partido
20

Partido de la Revolución Democrática Estado de México
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Partido de la Revolución Democrática Estado de México

Partido de la Revolución Democrática Estado de México
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Partido de la Revolución Democrática Estado de México

Partido de la Revolución Democrática Estado de México
Por: Saúl Vázquez Torres - @SawieV
Una importante paradoja en la historia
de la izquierda mexicana es que en el
momento de mayor crisis a nivel mundial,
en México obteníamos nuestra mayor
victoria histórica.
El muro de Berlín cayó el mismo año que
el PRD fue fundado. Pareciera que en
México nos enteramos años más tarde
de la desaparición del bloque soviético.
Los planteamientos que se hicieran en
Europa como la Tercera Vía de Tony Blair
no hicieron eco en el primer programa del
PRD que se autoproclamó socialista al
momento de su fundación.
Los primeros visos de una discusión
sobre el planteamiento ideológico del PRD
entorno al régimen se dieron en nuestro
Tercer Congreso Nacional, aquel que
discutiera las posturas enarboladas por
Cuahtémoc Cárdenas junto a Adolfo Gilly,
Rosa Albina Garavito, René Bejarano,
Camilo Valenzuela… que postulaban el
“gobierno de salvación nacional” y por otro
lado Porfirio Muñoz Ledo y Amalia García
con su “transición pactada”.
En el fondo su discusión sería muy similar
a la que Lenin describe en “Izquierdismo,
el infantilismo del comunismo”, lo que
Muñoz Ledo y compañía sostenían era la
necesidad del PRD de participar de todos
los espacios de negociación política, en
sus palabras: “La debilidad del gobierno
no se traduce necesariamente en el
incremento de nuestra fuerza, el desafío es
la reconstrucción democrática (del Estado)
y no su demolición irresponsable” .
En ese momento el PRD abandonaría la
postura completamente contestataria y
abonaría a lograr algunas de las reformas
políticas más grandes: la creación del IFE
(ahora INE), la reforma política del DF, que
a la postre permitiría la llegada del primer
25

Partido de la Revolución Democrática Estado de México
Jefe de Gobierno emanado de nuestras
filas; la creación de la CNDH, entre otras.
Dicho cambio en la línea política de
nuestro partido sería también asumido
por la dirigencia de López Obrador, quien
sería el primero en experimentar con
alianzas PAN-PRD en San Luis Potosí y
Tlaxcala. Además de Amalia García y
las dirigencias posteriores, quienes no
sólo han continuado, sino profundizado la
participación del PRD en las negociaciones
formales con el régimen.
Si bien esa línea política permitió muchos
avances a lo largo de la década de los
noventa, habría que preguntarnos: ¿sigue
siendo la colaboración socialdemócrata la
solución ante la crisis del capitalismo?
Primero habría que decir por qué juzgamos
que hay una crisis capitalista. Ante la
corrupción, la violencia generalizada y
la profunda desigualdad hay centenares
de diagnósticos, pero como menciona
el filósofo político esloveno Slavoj Zizek,
tenemos que entender que en el fondo de
esas crisis y muchas otras está el sistema
de producción capitalista que agrava las
desigualdades , especialmente en un país
sin instituciones políticas sólidas como lo
es México.
Esta crisis es tan mexicana en sus
síntomas, como lo es internacional en
sus causas. El desprestigio de la política
(según Parametría sólo el 1% de los
mexicanos confían en los políticos ) no
es exclusivo de México y es más bien
algo planeado desde el autoritarismo
invertido del capitalismo financiero . Es
decir, hoy nos enfrentamos a un sistema
que contrario al autoritarismo clásico no
se basa en la movilización de una amplia
base social, sino por el contrario en el
desprestigio de la política, la sociedad de
consumo y una sociedad paradójicamente
descontenta, pero inmovilizada.
Ante un público que no cree en la política,
es momento de regresar a ella. ¿Cómo?
habría que cambiar la manera en que
como partido nos relacionamos con la
sociedad, quizás dar una vuelta a los
principios estratégicos delineados por
Laclau, referente ideológico de los nuevos
movimientos de izquierda a nivel mundial.
El partido no puede actuar como guía del
debate público, sino como su repositorio.
Es decir, abrir el PRD a la sociedad, ser un
foro abierto al diálogo. Recoger las causas
sociales, antes que impulsar agendas
propias.
En segunda instancia, tenemos que vernos
en el espejo de las crisis de otros partidos
socialdemócratas en el mundo, el fallo de
PASOK en Grecia, del PSOE en España y
del SPD en Alemania ante alternativas más
radicales debe ser un grito de atención a la
dirigencia del PRD. Como decía Zygmunt
Bauman a los dirigentes socialistas
alemanes:
El hecho de que la izquierda, la
socialdemocracia, haya permitido la
victoria de la ideología burguesa en la
batalla cultural resulta particularmente
lamentable y humillante, sobre todo
porque lo ha hecho en un momento en
el que se agrava cada vez más la crisis
de esa ideología. Y la socialdemocracia
es incapaz de explotar esa circunstancia
favorable.
La desgracia de la socialdemocracia
actual es que no hay una visión alternativa,
una «utopía». Cuando el canciller Schröder
señaló que no había una economía
capitalista o socialista, sino simplemente
una economía buena o mala, produjo un
retroceso en la historia. Es como si hubiera
tirado la toalla: «Me rindo, no tengo nada
que decir. Estamos todos en el mismo
bando, todos nos proponemos lograr una
buena economía». No se hizo ninguna
referencia entonces al mensaje de ese
imaginario burgués semiderruido .
Bauman también advierte al SPD: hace
10 años ustedes alcanzaban niveles de
votación de alrededor del 35%, hoy con
suerte llegan al 25%. La dirigencia del SPD
parece no haberlo escuchado, hoy con una
participación menor son cogobierno de la
coalición democristiana de Angela Merkel,
controlan tan sólo algunas secretarias
menores y han dejado la banda de la
izquierda a un nuevo partido Die Linke.
Hoy la izquierda en México y en el mundo
tiene la obligación de nueva cuenta de
representar un modelo alternativo, de decir
a la gente que un mundo posible es mejor y
de que la construcción de ese mundo será
colaborativa y en alianza con el pueblo.
26

Partido de la Revolución Democrática Estado de México
De otra manera seguiremos siendo
marginales ante una derecha que cada
vez manipula mejor sus métodos: la
manipulación a través de los medios
de comunicación tradicionales, la
desmovilización de la sociedad y la
compra de voluntades. Es quizás también
debido a esa mimetización con la derecha
que podemos explicar la derrota de Daniel
Scioli, candidato del Frente Para la Victoria
en Argentina, ante dos candidatos que
representaban al viejo menemismo de la
derecha, la gente prefirió el original, Macri,
a la copia.
Es decir, el modelo socialdemócrata tuvo
sentido en su momento, quizás incluso ante
la amenaza del comunismo, como también
lo marca Bauman, la derecha estuvo más
dispuesta a colaborar con algunos de los
objetivos de la socialdemocracia ante el
mal mayor del otro lado del muro.
En México fue un régimen de partido
único necesitado de legitimidad ante sus
aliados en Estados Unidos el que impulsó
las reformas democráticas de las segunda
mitad de los noventa. Hoy el régimen es
visto en el mundo como democrático,
realiza elecciones regulares y claras,
ha encontrado alternativas sofisticadas
al fraude tradicional, como lo son los
mecanismos del autoritarismo invertido
mencionados anteriormente.
Entonces: ¿es la socialdemocracia la
solución a la crisis del capitalismo? no, ni
en el mundo, ni en México. Tenemos que
mirar al nacimiento de otras alternativas,
ya sea la ruta bolivariana en Sudamérica,
que tras 10 años está mostrando algunos
signos de desgaste; la ruta del populismo
griego y español; o, la mejor en mi opinión
personal, el renacimiento del socialismo en
Inglaterra y Estados Unidos.
Las alternativas socialistas planteadas
por Jeremy Corbyn y Bernie Sanders
han logrado estremecer los fundamentos
ideológicos de dos de las principales
economías del mundo. En un mundo
donde el 1% más rico de la sociedad
concentra más de la mitad de la riqueza
y un México en el cual esa concentración
en el 1% más rico es del 43% hay que
encontrar alternativas políticas a la simple
colaboración con una clase oligárquica sin
frenos que ha mostrado estar dispuesta a la
manipulación política por todos los medios
con tal de hacer crecer su acumulación
desmedida de la riqueza.
27

EL PRD Y SU
DE ALIA
HACIA E
Partido de la Revolución Democrática Estado de México
El presente no tendría sentido sin la experiencia del
pasado y la esperanza del futuro.
Por Juan Carlos Gómez Esquivel
El PRD está en el escenario donde priva
el regreso al presidencialismo dominante,
que quiere hacer de todas las instituciones
un apéndice de su gobierno y en donde
busca controlar cada acción; como lo está
pretendiendo con la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, el Congreso de la
Unión, la Procuración de Justicia, la Función
Pública; y además la iniciativa de eliminar la
representación plurinominal, para que con
esto mantengan el control del Congreso
y así lograr que sus iniciativas y reformas
pasen y esto incluso pasando por encima
de la voluntad del pueblo.
Por eso debemos reflexionar sobre
la necesidad de una transición en el
Poder Ejecutivo Federal, y que ésta sea
encabezada por la izquierda, que recupere
el pacto social, la seguridad ciudadana y
esto debemos lograrlo pasando por el filtro
de ir en una alianza programática, en donde
vayamos abriendo espacios en los estados
en donde no ha existido alternancia alguna
y que eso ha acrecentado que el tumor de
la corrupción, la impunidad y el abuso de
autoridad lleven al país a su agonía.
Se necesita buscar una alianza programática
principalmente con la izquierda, que nos
brinde el mismo discurso, las mismas metas,
pero si ésta no se puede dar debemos
de pensar más allá, en donde se logre la
oportunidad de hacer una transición en el
Estado de México, en donde un solo partido
político ha gobernado y según los datos
del Coneval se ha incrementado el nivel
de pobreza en la sociedad mexiquense, la
cual se ve olvidada por este gobierno, que
sólo en el discurso de campaña es cuando
la considera.
El gobierno federal, el gobierno del Estado
de México, su partido y los partidos
28

Partido de la Revolución Democrática Estado de México
POLÍTICA
NZAS
L 2017
satélites buscarán durante todo este año
2016 dividirnos, buscando a toda costa
que no vayamos en una alianza de partidos
que compartimos ideológicamente, ni que
decir de una alianza de amplio espectro,
que busque concretar un gobierno de
transición.
Vemos que los partidos satélites del
sistema no les importa violar las leyes
electorales, pagar multas estratosféricas,
siempre y cuando el fin se cumpla, mientras
que el partido del sistema se queda
quieto, pidiendo respeto a las leyes, pero
sin detener a sus aliados, como estamos
viendo el caso del Partido Verde, que su ex
dirigente y ex Subsecretario del gobierno
federal se encuentra respondiendo ante la
FEPADE sobre delitos que cometió en la
pasada elección intermedia.
La militancia debe dar una discusión muy
amplia sobre este tema en cada parte del
territorio estatal y debe hacerlo al interior de
cada una de sus corrientes ideológicas, y
con lo que se vaya construyendo, debemos
de dar la discusión y el debate hacia los
partidos de la misma ideología, hacía los
demás partidos políticos de nuestro estado
y hacia la sociedad para ver cómo debemos
de construir una oportunidad de cambio.
Hoy la transición de la elección del Estado
de México será el parteaguas de la elección
federal de 2018. Es por eso que debemos
de ver a fondo nuestra oportunidad en
esta elección de 2017 en el cambio de la
Gubernatura y lo que desde ahí podamos
construir para la elección de 2018.
Por eso en los trece estados en donde se
elegirán gobiernos estatales debemos de
ver cómo vamos construyendo una alianza
programática que nos lleve al triunfo de la
Presidencia de la Republica. Los números
de los estudios demoscópicos dan un
liderazgo de la izquierda y posibilidades
de triunfo, y si el gobierno federal no
logra recuperar y mantener los gobiernos
estatales que estarán en juego el año
próximo, será la gran oportunidad para
lograr la citada transición.
29

Partido de la Revolución Democrática Estado de México
TRANSPORTE PÚBLICO
SEGURO Y EFICIENTE:
PROMESA GUBERNAMENTAL INCUMPLIDA
Con la promesa de mejorar las condiciones del sector a mediados de
2013 la autoridad estatal avaló un incremento al pasaje de 7 a 8 pesos;
dos años y siete meses después el servicio sigue siendo deficiente,
inseguro y el más caro del país.
Por: Redacción
El 16 de mayo de 2013 en la Gaceta
de Gobierno del Estado de México se
publicó la tarifa oficial que permite a los
conductores de unidades del servicio
público de pasajeros, en la modalidad de
colectivo, cobrar 8 pesos como pasaje
mínimo a los usuarios.
En ese momento el gobernador Eruviel
Ávila Villegas y su equipo de colaboradores
especializados en dicho sector, comunicó
a la población que la petición de los
empresarios del transporte que consistía
en elevar de 7 a 8 pesos el pasaje, se
avalaba porque que la autoridad estatal
exigiría y obligaría a los chóferes mejorar
la prestación de su servicio y también
haría lo necesario para garantizar una
operación de calidad, segura y eficiente
de las unidades.
Han pasado 2 años y 7 meses de dicha
autorización y al cierre de este 2015,
el servicio de camiones, vagonetas,
combis, microbuses, unidades tipo Urvan
y Estaquitas doble cabina (con operación
en el sur de la entidad), sigue siendo
deficiente, inseguro y de alto riesgo para
los usuarios, pero sobre todo el más
costoso del país.
Ya que mientras la tarifa mínima en Jalisco
es de 6 pesos, en Guerrero de 5.50 a 7
(zona urbana de Acapulco), en Michoacán
de 7, Hidalgo 7.50 y en el Distrito Federal
va de 4 a 6 pesos, en los 125 municipios
que integran al Estado de México el
desembolsó para una persona que utiliza
unidades del servicio concesionado
público de pasajeros asciende a 8 pesos
por viaje.
“Se homologa la tarifa del transporte
público colectivo para las zonas I, II,
III y IV, considerando sus respectivas
delegaciones regionales, en virtud de
que en las zonas urbanas se observa un
comportamiento similar en la operación del
transporte público de pasajeros. El ajuste
permite una mejor integración de sistemas
regionales de transporte; de derroteros
30

Partido de la Revolución Democrática Estado de México
alimentadores al transporte masivo y de
mediana capacidad, y que los usuarios
no tengan una tarifa mayor en trayectos
cortos”, precisa el apartado identificado
como “Justificación” de la referida Gaceta
de Gobierno, es decir la autoridad nunca
precisó de forma concreta y clara porque
se permitió el incremento al pasaje.
No obstante, en dicha Gaceta sí se
estableció que el usuario debe pagar 8
pesos por los primeros cinco kilómetros de
recorrido y cuando la unidad supere dicha
distancia, por cada kilómetro adicional
la tarifa registrará un incremento de 20
centavos más, por lo que el usuario está
obligado a pagar el monto que se precisa
en las pirámides tarifarias que todas las
unidades portan (en teoría) de manera
visible.
“$8.00 (ocho pesos con cero centavos
00/100 M.N.) por los primeros cinco
kilómetros. $0.20 (veinte centavos) por
cada kilómetro adicional excedente de la
tarifa inicial”, precisa el apartado “tarifa
máxima” que forma parte del cuadro
donde se precisan todas las zonas del
transporte público de pasajeros en el
territorio mexiquense.
De forma paralela a la autorización del
incremento al transporte público, el
gobernador anunció la implementación de
diez acciones que realizaría la entonces
Secretaría del Transporte, hoy de
Movilidad, para regular y mejorar al sector.
Dicha política pública se identificó y
comprimió en lo que se conoció como el
Decálogo del Transporte.
Uno de los principales objetivos de dichas
medidas no sólo consistía en obligar a los
concesionarios del transporte a prestar
un buen servicio, sino sobre todo evitar
que los operadores siguieran causando
accidentes que afectan a peatones,
pasajeros y automovilistas.
De acuerdo a reportes oficiales, en ese
2013, los siniestros donde se vieron
involucradas unidades del transporte
público de pasajeros, arrojaron un saldo
de 39 personas muertas y 403 lesionadas.
Para el año 2014, la cifra prácticamente
se habría duplicado ya que el número de
personas que perdieron la vida, llegó a 69
y las que resultaron lesionadas por hechos
como colisión, volcadura, atropellamiento
y robo, se colocó en 477 eventos.
Estimaciones extraoficiales recabadas con
base en reportes periodísticos, advierten
que al cierre del presente 2015, el número
de decesos podría ascender a más de 70 y
el de lesionados superaría los 500.
31

Partido de la Revolución Democrática Estado de México
Aunque en teoría el documento identificado
por el GEM como “Decálogo del Transporte”
sigue vigente, en los hechos ninguna
medida se ha cumplido en su totalidad,
por lo que la “determinación” anunciada en
mayo de 2013, se puede calificar como una
política pública fracasada.
Es de destacar que en ese momento el
titular del Poder Ejecutivo mexiquense, junto
con el entonces secretario Ismael Ordóñez
Mancilla, puso en marcha el “Decálogo del
Transporte”, tras admitir que su gobierno
estaba en deuda con la sociedad, ya que
no se había hecho lo necesario para brindar
a la población el servicio de transporte
público que merece.
La “acción” verbal gubernamental se
detonó a raíz de una cadena de accidentes
protagonizados por unidades del transporte
de pasajeros que arrebataron varias vidas a
principios de ese mismo año.
a través del IMSS; implementación de
esquemas de prepago, habilitar internet
inalámbrico a bordo de las unidades y
sistemas de información de rutas y horarios
de los usuarios.
Así como revisiones mecánicas periódicas
de unidades para abatir riesgos de
accidentes y reducir los índices de
contaminación; habilitar mobiliario urbano
multifuncional “para que los usuarios
cuenten con espacios públicos de espera
dignos y seguros”, donde exista información
de rutas y horarios; instalación de cámaras
de videovigilancia y botones de emergencia
conectados al sistema de emergencia
066 para evitar asaltos; ampliación del
transporte masivo y reordenamiento de
rutas en el Valle de Toluca.
Dos años y siete meses después ninguna
de las promesas se ha cumplido en su
totalidad.
Siniestros fatales que generaron
reclamos sociales, los cuales
hicieron eco en la clase política
mexiquense que opera el
transporte y obligaron a que
el gobernador Ávila Villegas,
sostuviera en público que esta
vez el objetivo sería aplicar un
verdadero reordenamiento de
los transportistas y obligarlos
a prestar un servicio eficiente,
seguro y de calidad.
“Con esta serie de medidas vamos a
consolidar una nueva etapa que nos permita
transitar del transporte público tradicional, a
un esquema de movilidad urbana, y que en
el Estado de México se incentive el uso de
transporte masivo sobre el privado, que sea
un transporte seguro, eficiente, amigable
con el medio ambiente… Estamos en deuda
con la gente, estamos en deuda con la
sociedad, necesitamos darle el servicio que
la gente merece”, dijo Ávila Villegas en ese
mayo de 2013.
¿En qué consiste el Decálogo del
Transporte? Aquí la respuesta:
Capacitación, certificación y aplicación de
exámenes a operadores, implementación
de uniformes y gafetes de identificación;
brindar a operadores servicio médico
32

LA TERCERA EDAD
EN EL OLVIDO
Programas, acciones y esquemas de ayuda insuficientes para atender a
1.5 millones de mexiquenses de dicho sector
Por Redacción
De acuerdo a datos del Consejo Estatal de
Población (COESPO) en el Estado de México
hay un millón 503 mil 732 personas de la
tercera edad en el presente 2015, lo que
representa alrededor del 9 por ciento de la
totalidad de habitantes; las proyecciones
indican que para el 2020 dicho sector de la
población llegará a un millón 917 mil 769 y
en el 2025 los mexiquenses que superen los
sesenta años sumarán 2 millones 409 mil 727.
Los datos obligan a la autoridad estatal
emprender un programa emergente y de
aplicación inmediata, porque dicho sector
de la población mexiquense está llegando
a esa etapa de su vida con severos
problemas económicos, salud y de atención
en general.
De acuerdo a Gabino González Becerril,
economista e investigador de estudios de
la población en la Universidad Autónoma
del Estado de México (UAEMEX), de la
totalidad de los mexiquenses de la tercera
edad, aproximadamente 900 mil enfrentan
severos problemas y están llegando a la
recta final de su vida en condiciones muy
desfavorables, ya que no cuentan con un
ingreso fijo y sí con un gran número de
problemas de salud.
veremos más personas de 65 y más años
de edad pasar a la inactividad económica,
sumados al contingente de población que
por distintas razones se encuentra sin
empleo”, precisa un documento del Consejo
Nacional de Población (CONAPO) respecto
al sustantivo incremento poblacional de
personas de la tercera edad que se está
registrando en el Estado de México.
Añade que “si relacionamos con este hecho
la notoria reducción de los grupos de edad
jóvenes, veremos igualmente una merma de
la capacidad productiva en la sociedad que
inevitablemente afectará la capacidad de
transferencias intergeneracionales para los
cuidados y servicios públicos que se habrán
de requerir a la edad de retiro. El aumento
de población de adultos mayores necesitará
“El reto principal del envejecimiento
demográfico radica en la
necesidad de implementar
políticas públicas referentes a
los servicios de salud, dado que
habrá una demanda creciente
de atención por enfermedades
crónico-degenerativas, sin
dejar de lado la atención a
los otros grupos de edad. El
envejecimiento poblacional
puede tener impactos
económicos, pues cada vez

Partido de la Revolución Democrática Estado de México
del desarrollo de programas y estrategias
que estén orientados a incrementar la
cobertura en seguridad social, al acceso a
servicios de salud y al apoyo a las familias
para que junto con las instituciones puedan
enfrentar este proceso”.
El 6 de agosto de 2008 el Congreso local
emitió la Ley del Adulto Mayor del Estado
de México que en su Capítulo II “De
los Derechos”, Artículo 5 establece los
siguientes 12 puntos-derechos de 43:
I. Disfrutar plenamente, sin discriminación
o distinción alguna, de los derechos
que ésta y otras leyes consagran.
II. Vivir en una sociedad sensibilizada
con respeto a sus problemas, sus
méritos, sus responsabilidades, sus
capacidades y experiencias.
III. Recibir protección de su familia, de la
sociedad y de las instituciones públicas
y privadas, estatales y municipales.
IV. Acceder en igualdad de oportunidades,
a los programas sociales que para tal
efecto establezcan las instituciones
públicas y privadas.
V. Participar en la planeación integral
del desarrollo social y productivo para
promover e incidir acciones a favor de
los adultos mayores.
VI. Recibir información y acceso a los
derechos del Adulto Mayor.
VII. Recibir trato digno y apropiado de las
autoridades estatales y municipales en
el ejercicio y respeto de sus derechos.
VIII. Gozar de condiciones apropiadas
de reclusión cuando se encuentren
privados de su libertad.
IX. Recibir asesoría jurídica en los
procedimientos administrativos y
judiciales en que sea parte y contar
con un representante legal cuando lo
considere necesario.
X. Decidir, cuando tenga capacidad,
sobre la tutela de su persona y bienes,
para el caso de pérdida de capacidad
de autogobierno.
XI. Decidir libremente el ingreso a una
casa hogar o albergue, así como el
ejercicio pleno de sus derechos en
casos de internamientos involuntarios;
XII. Ser sujetos de programas de asistencia
social en caso de desempleo,
discapacidad y pérdida de sus medios
de subsistencia.
No obstante a dicho mando legal que
está vigente en el Estado de México, un
elevado porcentaje de mexiquenses de la
tercera edad que registra, entre otras, las
condiciones establecidas en el apartado
número XII, no es beneficiario o tiene
acceso a ningún programa social estatal.
De acuerdo a reportes de las mismas
autoridades, el envejecimiento de la
población “va a ser un desafío demográfico
para muchas entidades federativas en los
próximos cincuenta años. Sus implicaciones
para los sistemas socioeconómicos, como
los sistemas de pensiones y de hogares,
la atención en salud o las estructuras de
parentesco, pueden ser considerables”.
ADULTOS MAYORES
EN LAS CALLES
En los últimos meses la presencia de
personas de la tercera edad que solicitan
ayuda económica a automovilistas y
peatones que circulan y deambulan,
respectivamente, por las principales calles
y vialidades del Estado de México, se ha
incrementado de forma sustancial.
Hasta hace una década en cruceros
viales mexiquenses sólo se observaba a
voceadores de periódicos y uno que otro
“limpiaparabrisas”, no obstante durante
los últimos cinco años, en dichos espacios
públicos, no sólo hay un “ejército” de
adolescentes, jóvenes y personas maduras
dedicadas a limpiar automóviles a cambio
de unas monedas, sino también personas de
la tercera edad que solicitan la solidaridad
de sus vecinos: dinero.
La presencia de estos últimos en los cruceros,
obedece sin duda al incumplimiento de
la Ley referida e incapacidad que los
administradores del Poder Ejecutivo estatal
han tenido para que los actuales programas
(Pensión Alimenticia para Adultos Mayores
de 60 a 69 años; Control de Calidad y
Nutrición; Tarjeta de Compromiso; Bolsa
de empleo; Jornadas de Salud y Servicios;
Seguro Popular; Consulta médica y asesoría
jurídica para Adultos Mayores; Programa
de Atención a Población en Condiciones de
Emergencia; Menús para adultos mayores;
Terapia ocupacional y Salud Geriátrica)
alcancen a cubrir la totalidad de la población
de la tercera edad que enfrenta condiciones
desfavorables.
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