Situación de derechos humanos en Honduras

Capítulo 3 Respuesta Estatal | 109
sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados
de Hacer cumplir la Ley, que los Estados miembros deben tener en cuenta que la
labor de las fuerzas policiales “constituye un servicio social de gran importancia y,
en consecuencia, es preciso mantener y, siempre que sea necesario, mejorar las
condiciones de trabajo y la situación de estos funcionarios”.
253. Mientras tanto, continúa preocupando a la CIDH el hecho de que en la práctica se
produce una especie de duplicidad de funciones entre la Policía Militar y la Policía
Nacional Civil, sin que haya una definición clara de cuáles son los ámbitos de
acción, incluso geográficos y operativos, de cada una de estas fuerzas de seguridad.
Tampoco hay claridad suficiente respecto de la coordinación de TIGRES con otras
unidades policiales, el rol en las investigaciones que son parte central de la lucha
contra el crimen organizado y los procesos de rendición de cuentas sobre las
acciones de sus agentes 357 . Situación que puede llegar a tener un efecto negativo en
los derechos humanos de la ciudadanía.
254. En virtud de la situación que afecta al pueblo hondureño en materia de seguridad
ciudadana, la CIDH se ve en la necesidad de reiterar al Estado las recomendaciones
realizadas por la CIDH en su Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos
Humanos 358 . El Estado tiene el deber de proteger y garantizar los derechos
humanos, y en este sentido, el Estado debe:
−
−
asumir el cumplimiento de sus obligaciones internacionales de
protección y garantía de los derechos humanos en su relación con la
seguridad ciudadana a partir del diseño e implementación de políticas
públicas integrales, que desarrollen, en forma simultánea, acciones
específicas y planes estratégicos en el plano operativo, normativo y
preventivo. Estas políticas deben ser sustentables, lo que demanda la
búsqueda de los consensos políticos y sociales necesarios. A la vez, estas
políticas requieren ser sometidas a mecanismos de evaluación y
rendición de cuentas permanentes, en un escenario de amplia
participación ciudadana;
generar la capacidad institucional en el sector público para la ejecución
de las acciones comprendidas en los planes y programas que componen
la política pública sobre seguridad ciudadana, disponiendo los recursos
humanos, técnicos y económicos adecuados. Esto implica, entre otros
asuntos, mejorar el proceso de selección y formación de las personas
que integran las instituciones involucradas en la implementación de la
política sobre seguridad ciudadana (en especial: las fuerzas policiales; el
poder judicial; el ministerio público y el sistema penitenciario), del
mismo modo que la asignación de los recursos materiales que se
requieren para brindar un servicio de calidad a la población;
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México, 1998, capítulo V, párr. 392]. Citado en: CIDH. Informe sobre seguridad ciudadana y derechos
humanos. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 57. 31 de diciembre de 2009, párr. 100.
CIDH, Audiencia Pública, Situación del Estado democrático de Derecho en Honduras, 150 periodo ordinario
de sesiones, 25 de marzo de 2014. Disponible en: www.cidh.org
CIDH, Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 57, 31 diciembre 2009,
párr. 232.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos | CIDH