Situación de derechos humanos en Honduras

92 | Informe sobre la situación de derechos humanos en Honduras
aquellas que cuenten con mayor autonomía e independencia para actuar. Al
respecto, la CIDH y su Relatoría Especial han indicado que:
los Estados deben asegurar no solamente la independencia jerárquica e
institucional de las autoridades responsables de adelantar las
investigaciones y los procesos judiciales, sino también que dicha
independencia se pueda verificar de manera práctica en el caso concreto. En
este sentido, el Estado debe asegurar que los jueces y fiscales competentes
para actuar en casos de violencia contra periodistas puedan operar sin estar
sometidos al ámbito de influencia del funcionario público o de la
organización criminal presuntamente involucrada en el crimen, dados los
indicios de su participación en el acto de violencia. En caso que los órganos
de investigación y persecución penal deban actuar dentro de este ámbito de
influencia, el Estado tiene el deber de dotarles de la capacidad suficiente
para resistir a esta influencia 307 .
213. En todo caso, es fundamental que todas estas instituciones cuenten con protocolos
especiales que obliguen a las autoridades a agotar la línea de investigación relativa
al ejercicio de la profesión en casos de delitos cometidos contra periodistas, así
como con recursos adecuados y personal especializado en la investigación de este
tipo de asuntos.
214. Finalmente, en el curso de la visita in loco, la Comisión recibió quejas de la
sociedad civil y de grupos de periodistas sobre la ausencia de información oficial
relativa a los avances en la investigación de los crímenes contra periodistas y
trabajadores de medios. La obligación de compilar estadísticas detalladas y
desglosadas como una condición esencial para diseñar, implementar y evaluar
políticas públicas efectivas de prevención, protección y juzgamiento penal de la
violencia contra periodistas ha sido abordada por la CIDH en varias
oportunidades 308 . Como mínimo, estas estadísticas deberían incluir: el tipo de
delito cometido (homicidio, agresión, etc.), el nombre, género y empleador de la
víctima, el lugar y la fecha de la agresión, la persona y/o grupo presuntamente
responsable (cuando se sepa), la autoridad a cargo de la investigación y el número
o código de referencia de la investigación y el estado actual de la investigación y/o
el proceso judicial 309 . Esta información debe ser difundida regularmente y de
manera proactiva por el Estado, para así garantizar un amplio acceso a dicha
información y promover el debate y el escrutinio público de las políticas que se
implementen en este ámbito. La Comisión Interamericana ha señalado que esta
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CIDH. Informe Anual 2013. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo III
(Violencia contra periodistas y trabajadores de medios: Estándares interamericanos y prácticas nacionales
sobre prevención, protección y procuración de la justicia). OEA/Ser.L/V/II.149. Doc. 50. 31 de diciembre de
2013, párr. 176.
CIDH. Informe Anual 2013. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo III
(Violencia contra periodistas y trabajadores de medios: Estándares interamericanos y prácticas nacionales
sobre prevención, protección y procuración de la justicia). OEA/Ser.L/V/II.149. Doc. 50. 31 de diciembre de
2013, párr. 166.
CIDH. Informe Anual 2013. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo III
(Violencia contra periodistas y trabajadores de medios: Estándares interamericanos y prácticas nacionales
sobre prevención, protección y procuración de la justicia). OEA/Ser.L/V/II.149. Doc. 50. 31 de diciembre de
2013, párrs. 59-61.
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