ACUERDO PARA UN GOBIERNO REFORMISTA Y DE PROGRESO

Incorporar las deudas con Hacienda y con la Seguridad Social al mecanismo de
segunda oportunidad, con un tratamiento similar al que gozan las entidades
mercantiles en los concursos;
Reducir los requisitos o condicionantes para poder acceder a la exoneración del pasivo
insatisfecho de la persona natural;
Inembargabilidad de la vivienda habitual en caso de familias con dificultades.
2. MERCADOS E INSTITUCIONES INCLUSIVAS PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Contra el capitalismo de amiguetes: buena regulación y fomento de la competencia
Revisar la regulación de sectores donde haya una gran concentración empresarial -
sectores estratégicos, como el energético, telecomunicaciones o las infraestructuras- para
favorecer la entrada de nuevos competidores, dotando de transparencia a las
regulaciones.
Reforma de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, dotándola de mayor
independencia funcional y recursos, y en su caso acercándola al modelo alemán. La CNMC
dispondrá de la autoridad necesaria de competencia, plenas capacidades normativas para
los reguladores, independencia de recursos financieros y suficiente personal cualificado.
Avanzar en la liberalización del acceso y ejercicio a los servicios profesionales, revisando
todas las barreras de entrada y eliminando todas aquellas que no sean estrictamente
justificadas. Los servicios no económicos de interés general quedan excluidos.
Reorganizar la estructura institucional de la supervisión financiera, adoptando el modelo
de dos pilares (twin peaks), uno para solvencia y otro para conductas, vigente ya en la
mayor parte de los países de nuestro entorno. En concreto se plantea:
o
o
La creación de una Autoridad de control macroprudencial en el Banco de
España, mediante la integración en su área de supervisión bancaria de la
vigilancia de la solvencia de las compañías de seguros (actualmente en la DGS
del Ministerio de Economía y Competitividad, contraviniendo el requisito de
independencia aceptado en todo el mundo) y de las Empresas de Servicios de
Inversión (actualmente supervisadas por la CNMV).
La creación de la Autoridad de Protección al Consumidor e Inversor
Financiero que, a partir de la CNMV, unifique y refuerce los servicios de
reclamaciones y de protección de los tres supervisores financieros (banca,
valores, seguros) para recuperar la confianza de los ahorradores en los
productos financieros. Además, la nueva Autoridad se ocuparía de la
supervisión de compañías de auditoría (siguiendo el modelo dominante en la
UE) que actualmente desempeña el ICAC. Esta Autoridad mantendría un
régimen de independencia similar a la CNMV actual y estaría financiada
íntegramente por tasas de la industria, fijadas por Ley.
Medidas de promoción de la economía social
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