ACUERDO PARA UN GOBIERNO REFORMISTA Y DE PROGRESO

concretamente de las dirigidas al Presidente del Gobierno, y del tiempo destinado a las
mismas; incluyendo que la mitad de las preguntas se realicen sin formulación ni
notificación previa
Regulación expresa de las interpelaciones dirigidas al Presidente.
Establecer el carácter obligado de las comparecencias urgentes del Presidente del
Gobierno y de los Miembros del Gobierno cuando lo solicite una minoría cualificada de
la Cámara.
En otros procedimientos parlamentarios
Regular el desarrollo del debate anual sobre el Estado de la Nación.
Facilitar la creación de Comisiones de Investigación a solicitud de una minoría cualificada
de la Cámara. Prever expresamente la obligación de veracidad de los comparecientes en
estas comisiones.
Celebración de los debates sobre los Consejos Europeos con carácter previo a su
reunión.
Previsión de procedimientos parlamentarios específicos para que el Congreso de los
Diputados participe en decisiones que afectan a sus competencias originarias, como las
que se derivan de las previsiones de la Unión Económica y Monetaria en materia
presupuestaria, especialmente las relativas al semestre europeo y las previstas en el
Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza. Se debe arbitrar también la
posibilidad de que los diputados del Parlamento Europeo puedan tomar la palabra en
debates de comisiones en que se traten temas relacionados con Europa.
Incorporación a la norma reglamentaria del procedimiento de consulta previa y
autorización parlamentaria en relación con las operaciones de las Fuerzas Armadas en el
exterior, así como la regulación de documentación que debe acompañar al acuerdo del
Gobierno.
En materia de Registros de Intereses
Reforzar las obligaciones de información relativas a las declaraciones de actividades y
bienes patrimoniales, que deberán homologarse a las que rijan para los altos cargos y
que deberán incluir la manifestación de otros intereses específicos o sectoriales del
parlamentario, por las tareas desarrolladas recientemente, por la titularidad de
participaciones o por cualquier otra circunstancia que no se deduzca claramente de sus
declaraciones, modificando también a tal efecto la Ley electoral.
Los Diputados deberán presentar, al comienzo y fin de su mandato, una Certificación
de Hacienda sobre su situación patrimonial y sobre el estar al corriente de sus
obligaciones fiscales y con la Seguridad Social.
Atribuir a la Comisión del Estatuto de los Diputados, además de sus funciones
preparatorias de las decisiones del Pleno en materia de incompatibilidades, la capacidad
para comprobar la veracidad de las declaraciones sobre actividades y bienes
patrimoniales de los diputados y, concretamente, para investigar las omisiones o
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