La Constitución peruana comentada

Carlos Ramos Núñez
En este temperamento, Villarán entroniza al poder legislativo,
a despecho de los otros, por ser el genuinamente representativo de la
sociedad, y porque, en tal condición, es el que establece los límites
estructurales y funcionales del poder ejecutivo y el poder judicial.
El parlamento fija los dispositivos normativos que el ejecutivo y los
jueces se limitan a aplicar. En buena cuenta, para nuestro autor, la
potestad jurisdiccional se limita al conocimiento exhaustivo de la ley,
a sus excepciones, alcances y concordancias («la virtuosa memoria de
la ley»), y a dirimir las dudas sobre las virtualidades de los derechos
preexistentes; al juez no le cabe proyectar límites a la libertad de los
hombres ni tampoco asignarles facultades; menos aún crear o asignar
derechos, pues ello contraviene su generación voluntaria, por el
imperio de la libertad de aquellos que la impulsaron.
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Esta regencia de la libertad debería concretarse en un modelo
de sociedad en el cual el único óbice debería ser la preservación
del orden. No obstante, si bien Villarán condena los límites a la
libertad de industria y a la fijación de precios de los bienes y de
jornales por decreto, y otras posibles interdicciones a la libre decisión
de los hombres en sus actividades propias (a tono con un
temperamento liberal intransigente), confiere a la ley una legitimidad
que trasciende la de haber sido producto de ese común
acuerdo, cifra de su libertad. Esa legitimidad se expresa en «lo
justo», expresión claramente disidente del absolutismo libertario.
Si el Derecho –en la versión de Villarán– hallaba justificación en
la preservación de la libertades y como consecuencia, para mejor
protegerlas, en la edificación de un orden, lo que suponía, en impulso
paritario, la superioridad axiológica (e intrínseca, pues no
había un «más allá» referencial para el orden jurídico) de la libertad