La Constitución peruana comentada

Luis Felipe Villarán
se reconoce al poder ejecutivo y es así el medio de defensa del poder
judicial contra los posibles excesos de las asambleas. Encomendado
su ejercicio al más alto de los tribunales, limitado a cada caso especial
y a mérito de un litigio que va al conocimiento de ese tribunal por el
camino que abre la ley procesal, no ofrece sin duda los peligros que
señalan los enemigos del sistema.
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Rarísimos, sin embargo, son los países que conceden al poder
judicial esta facultad conservadora u otra cualquiera. El poder judicial,
es según el derecho positivo casi universal, el único privado
de participación en ese poder conservador, que no puede residir en
un o rgano separado de los tres poderes políticos, y que es necesario
por lo mismo distribuir entre ellos para impedirla ilimitación de su
autoridad.
Nuestro derecho político sigue el mismo régimen. Ninguna
disposición existe en la Carta ni en las leyes de la cual pudiera deducirse
aquella u otra atribución moderadora. Lejos de eso, el artículo
VIII del título preliminar del código civil dispone que «Los jueces no
pueden dejar de aplicar las leyes, ni juzgar sino por lo dispuesto en
ellas», y en el artículo IX no consigna siquiera la Constitución como
una de las fuentes a que deben acudir, en los casos de falta, oscuridad
o insuficiencia de las leyes.