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necesidad de aumentar los condicionamientos financieros de Estados Unidos y la militarización de Guatemala y la costa atlántica hondureña. Una vez dimensionado el poderío militar y económico de Estados Unidos y la geopolítica que lo mueve en Guatemala, el tercer capítulo enfatiza en tres situaciones que conectan las dinámicas del bloque en el poder nacional con la realidad política de Huehuetenango, sin perder de vista aquellas relaciones internacionales. Si bien la posición de Estados Unidos en el país fue clave para lograr la caída del gobierno del PP, el Águila no objetó la militarización que impulsó el ex presidente Otto Pérez Molina, y que incluyó la apertura de un destacamento militar en Ixquisis, San Mateo Ixtatán. Esto con el objetivo de neutralizar a la resistencia comunitaria y salvaguardar los intereses hidroeléctricos en el norte de Huehuetenango, en donde participa el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y por tanto Estados Unidos, que figura como uno de los principales accionistas de la banca multilateral. La disputa territorial existente en Huehuetenango implica por un lado, el ordenamiento territorial del poder, en el que confluyen el Plan de Alianza para la Prosperidad y el Plan K’atun 2032 que promueven las élites industriales guatemaltecas. Por el otro, un movimiento en defensa del territorio que ha emergido de la resistencia de los pueblos indígenas y su forma de relacionarse con los bienes naturales. El agua, los bosques y el aire han sido los motivos para realizar 29 consultas comunitarias de Buena Fe en Huehuetenango desde 2006, siendo la última, la consulta de Malacatancito en 2015, precisamente, ante la amenaza de la empresa transnacional Gold Corp Inc., en donde participan capitales de Canadá y Estados Unidos. Así, logra comprenderse el discurso de los derechos humanos que maneja Estados Unidos, que aplica únicamente para los casos de justicia transicional, más no así, para los casos donde se criminaliza la defensa del territorio. Hasta la fecha existen siete presos políticos de la resistencia en Santa Cruz Barillas y Santa Eulalia, y decenas de órdenes de captura. La situación ha llegado al punto que el Centro de Administración de Justicia (CAJ) que le daba cobertura a ocho municipios del norte de Huehuetenango fue cerrado a principios de 2015. La judicialización de la política ya quedó evidenciada en los casos de 13 liderazgos comunitarios de Huehuetenango, que entre 2013 y 2015 fueron absueltos de los cargos que les imputaba la empresa Hidro Santa Cruz y el Ministerio Público, entre ellos, el delito de terrorismo.
El capítulo IV, dedicado al mercado electoral 2015, una situación que conecta dinámicas del bloque en el poder nacional con el poder local en Huehuetenango y su incidencia en el comportamiento del voto. El momento concreto de la votación es el único en el que Estados Unidos no incide, quizá porque a la larga no importa que figura se siente en casa presidencial, el Águila continuará su plan de vuelo desde el “tiempo político”, y seguirá chillando a tono con las élites, tratando de hacer nido en los territorios que forman parte de la ruta migratoria de los Azacuanes, incluyendo a los altos y azules montes Cuchumatanes. 11
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