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DIARIO HOY EN LA NOTICIA
LA PLATA, LUNES 14 DE NOVIEMBRE DE 2016
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Causa Astillero: todos los
caminos conducen a Breitenstein
U
El fiscal Jorge Paolini tomó testimonio a un presunto ñoqui y
a la novia de uno de los imputados: sus declaraciones
comprometieron aún más a quien fue ministro de Producción
durante el gobierno de Daniel Scioli
Cristian Breitenstein. Exministro de Producción y exintendente de Bahía Blanca
na de las principales causas de corrupción
relacionada con la era sciolista es
la que investiga las presuntas maniobras
que se hicieron con empleados ficticios en
el Astillero Río Santiago, un organismo dependiente
del Ministerio de Producción, por el que
se tendría acreditada una estafa millonaria.
El que encabeza la investigación es el titular
de la UFI nº 8 de Delitos Complejos de La Plata,
Jorge Paolini. Según pudo saber este medio, le
tomó declaración a uno de los supuestos empleados
ñoquis del Astillero, identificado como Enrique
Sans, quien tenía armado un legajo trucho;
y a la novia de uno de los imputados, el exjefe de
Gabinete del Ministerio de Producción, Andrés
Omar Ombrosi.
Un vocero judicial le dijo a este diario que
Sans, a pesar de que figuraba en un listado
como personal jerárquico en el Astillero, negó
haber trabajado en ese organismo. Paolini
pudo ubicarlo luego del aporte que realizó días
atrás uno de los imputados y expresidente de
la empresa naval, Héctor Scavuzzo, quien
aportó los nombres de veinte personas a las
cuales el exministro Cristian Breitenstein le
había ordenado designar en la dependencia
que presidía.
Según trascendió, Sans aseguró ante el fiscal
que es un vecino de Quilmes y que en el
año 2012 conoció a través de las redes sociales
a Jorgelina Bhon, una militante sciolista de
la localidad bonaerense de Coronel Pringles.
Sans y Bhon entablaron un vínculo por compartir
la misma afinidad política. Fue así que el
hombre le comentó a Jorgelina que “tenía un
proyecto para producir cerveza artesanal”, por
lo que tiempo después la mujer le pidió sus datos
para darle una mano desde el Ministerio de Producción
bonaerense, que en ese momento conducía
Breitenstein, para que recibiera fondos
para su microemprendimiento.
El hombre le dio sus datos, pero nunca recibió
fondos para el proyecto. Además, este
supuesto ñoqui, Sans, figuraba en unos mails
que le había enviado Ombrosi, mano derecha
de Breitenstein, a Oscar Edgardo Borcerio, el
exsecretario de Scavuzzo, diciendo: “Te paso
los datos de Sans para que lo nombres”.
“Mi cuñado”
Ahora bien, en la lista de los veinte
empleados truchos aparece un cuñado de
Ombrosi. El fiscal se dio cuenta de esto cuando
declaró la novia del exjefe de Gabinete del Ministerio
de Producción. Ella, oriunda de la localidad
de Huanguelén y empleada de la cartera de Producción,
aseguró que entre esos nombres estaba
su hermano, pero que él nunca había trabajado
para Astillero.
Por lo tanto, una de las hipótesis que maneja
la UFI nº 8 es que Ombrosi, a pedido de Breitenstein
o por iniciativa propia, le pasaba datos a
Scavuzzo de allegados suyos. Sin que ellos sepan,
los nombraba en la empresa naval, para luego
cobrar sus sueldos.
“Sería muy extraño que el entonces jefe de
Gabinete del Ministerio de Producción hiciera
estas maniobras de estafa sin que supiera su jefe
directo”, señaló uno de los investigadores judiciales
a este diario.
Hasta el momento, Paolini acreditó la existencia
de 95 empleados “truchos” y un desfalco
de unos 16 millones de pesos. Entre la evidencia
de la que dispone Paolini están los legajos del personal
sospechado, las listas totales de los agentes
que trabajan en Astillero y la documentación que
acredita los cheques emitidos para los respectivos
haberes liquidados a los empleados truchos.
Un informe del IOMA aportaría más elementos al fiscal
Héctor Scavuzzo. Extitular del Astillero
Uno de los imputados por la causa
Astillero, el expresidente de ese organismo,
Héctor Scavuzzo, indicó días atrás en sede
judicial que “(Cristian) Breitenstein en persona
se presentaba en la dirección de
pagos de sueldos y jornales de Astillero Río
Santiago para llevarse el efectivo de los
veinte empleados que él mismo había
pedido designar y que nunca cumplieron
funciones en la empresa naval”.
En este contexto, el fiscal Jorge Paolini
pidió al IOMA que informe si esos veinte
empleados, a los que Scavuzzo identificó
con nombre, apellido y número de documento,
usufructuaron alguno de los servicios
de la obra social bonaerense.
La peor de las noticias para el exministro
de Producción sería que ese grupo de presuntos
ñoquis no haya consumido nada del
IOMA, ya que confirmaría la maniobra ilegal
de que esos nombramientos fueron truchos.
Ese informe aún no llegó a manos del fiscal.
Scavuzzo está imputado como autor
penalmente responsable del delito de peculado
por los hechos acaecidos entre enero
de 2012 y diciembre de 2013. Lo mismo que
el exjefe de Gabinete del Ministerio de Producción,
Andrés Omar Ombrosi, mano derecha
del extitular de esa cartera, Cristian
Breitenstein.
Pero también están imputados por la
presunta estafa millonaria en Astillero:
Rodolfo Guillermo Elisetch, excoordinador
de Sueldos, Jornales y Personal Superior;
Oscar Edgardo Borcerio, exsecretario de
Presidencia; Julio Rubén Borovik, exgerente
general; y Emiliano Giri, que fue
detenido en marzo pasado y luego excarcelado.
La punta del ovillo fue un trabajador rural de Pringles
La megacausa surgió a fines de 2013,
cuando una vecina de la localidad bonaerense
de Coronel Pringles fue a cobrar la
Asignación Universal por Hijo, pero en la
ventanilla le dijeron que su beneficio había
caducado debido a que el esposo, un trabajador
rural de la zona, aparecía cobrando
cerca de 30.000 pesos mensuales en
Astillero.
La mujer y su marido, Gustavo Ferreyra,
hicieron de inmediato la denuncia policial y
judicial. Y esa presentación fue la punta del
ovillo que permitió acreditar la existencia de
los supuestos ñoquis. Según los registros
de la Anses, el hombre ingresó a la empresa
naval en noviembre de 2012 con un salario
de $24.632, pero nunca vio ese dinero.
Antes de que el escándalo se diera a
conocer, la familia recibió en su casa la
visita inesperada de un desconocido que le
dio el dinero correspondiente a dos meses
de la Asignación Universal. Poco después,
se reunieron en persona con el interventor
de Río Santiago, en su estudio jurídico de
Coronel Pringles, según consta en la denuncia
judicial que hizo Ferreyra ante el fiscal
Fernando Enrique Martínez de la ayudantía
fiscal de Pringles.
“Ustedes me quieren sacar plata”, los
habría acusado Scavuzzo. El funcionario
también le quiso adjudicar la culpa a la
AFIP. “Es un error, ya está solucionado”, le
dijo al jornalero y su mujer. La discusión no
terminó en un acuerdo. De todos modos, al
poco tiempo, la familia volvió a cobrar la
ayuda social en el banco.