ÍNDICE

La Aplicación de la Prisión Preventiva en Guatemala:
ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN
2. MARCO LEGAL
2.1 Estándares internacionales sobre derechos humanos aplicables
a la prisión preventiva
2.2 Marco legal nacional
3. PROBLEMÁTICA
3.1 Aplicación no excepcional de la prisión preventiva
a. Situación actual de la prisión preventiva
b. Factores que contribuyen a la aplicación no excepcional de la
prisión preventiva
c. Aplicación desproporcional a personas de bajos recursos
económicos
3.2 Detenciones preventivas prolongadas
a. Situación de las demoras en el proceso penal en Guatemala
b. Factores que contribuyen a la demora en los plazos
4. CONSECUENCIAS
4.1 Hacinamiento y condiciones de los centros de detención
4.2 Impactos de la prisión preventiva en las personas privadas de
libertad
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 Conclusiones
5.2 Recomendaciones
05
07
12
23
27
3

Un problema de derechos humanos
1. INTRODUCCIÓN
1. La prisión preventiva es el periodo de privación de libertad, ordenada por una autoridad
judicial, anterior a una sentencia firme. Los estándares internacionales de derechos humanos
respecto a la prisión preventiva parten de los derechos fundamentales a la libertad personal, 1
que implica que nadie podrá ser arbitrariamente detenido o preso, así como del derecho a la
presunción de inocencia, 2 que significa que el acusado debe ser considerado inocente mientras
no se determine su responsabilidad penal mediante un proceso penal y una sentencia firme.
Los estándares internacionales afirman que la prisión preventiva debe ser la excepción y no
la regla general 3 y debe utilizarse como último recurso cuando las medidas de no privación
no sean factibles. 4
2. Diversos organismos internacionales expresaron hace más de una década su
preocupación sobre el uso de la prisión preventiva en Guatemala. En 1999 MINUGUA
presentó los resultados de un estudio llamado “Los presos sin condena y el uso de la prisión
preventiva” 5 en el cual concluyó que el uso de la prisión preventiva en Guatemala “se ha
convertido en un mecanismo de control social” que “unido a la transgresión sistemática
de las garantías constitucionales, se transforma en un quebrantamiento de la legalidad,
principio fundamental de convivencia en un estado de derecho”. 6 De la misma manera, en
2001 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 7 dedicó un capítulo de su informe
sobre Guatemala al tema de la prisión preventiva, notando que la misma “constituye una
contravención severa del derecho a la libertad en Guatemala”. 8
1 Por ejemplo: Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 3), Pacto Internacional sobre Derechos Civiles
y Políticos (art. 9); Declaración Americana sobre los derechos y deberes del hombre (art. XXV) y Convención Americana
sobre Derechos Humanos (art. 7).
2 Por ejemplo: Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 11), Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos (art. 14), Declaración Americana sobre los derechos y deberes del hombre (art. XXVI) y Convención Americana
sobre Derechos Humanos (art. 8.2). Ver también Comité de Derechos Humanos. Observación General No. 32, Artículo 14
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: el derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y
cortes de justicia, CCPR/C/GC/32, 23 de agosto de 2007, párr. 30.
3 Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, Adoptados
por la Comisión durante el 131º período ordinario de sesiones, celebrado del 3 al 14 de marzo de 2008, Principio III, párr.
2 (“La libertad personal como regla general, y se aplique como excepción la privación preventiva de la libertad”).
4 Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio), Adoptadas
por la Asamblea General en su resolución 45/110 de 14 de diciembre de 1990, art. 6.1 (“solo se recurrirá a la prisión
preventiva como último recurso”).
5 MINUGUA, Décimo Informe, Suplemento: Situaciones sobre Derechos Humanos, “Los presos sin condena y el uso
de la prisión preventiva” (1999).
6 Ibid., párr. 80.
7 Capítulo VII el derecho a la libertad personal, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Organización de
Estados Americanos, OEA/Ser.L/V/II.111, Doc. 21 rev. 6 abril 2001, disponible en: http://www.cidh.org/countryrep/guatemala01sp/cap.7.htm.
8 Ibid., párr. 26.
5

La Aplicación de la Prisión Preventiva en Guatemala:
3. Frente a información recibida sobre la persistencia en la actualidad de la aplicación de la
prisión preventiva en el país, la Defensoría del Debido Proceso de la Institución del Procurador
de los Derechos Humanos (PDH), con el apoyo técnico de la Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (OACNUDH), en el marco
de sus respectivos mandatos, decidieron llevar a cabo un estudio al respecto. El estudio busca
contribuir a identificar los factores que inciden en la aplicación no excepcional de la prisión
preventiva en Guatemala, con miras a proponer el desarrollo de medidas adecuadas para la
disminución del número de personas en esta situación y asistir al Estado en el cumplimiento
de sus obligaciones internacionales y nacionales de derechos humanos en esta materia.
4. Para este fin, se llevaron a cabo entre mayo y octubre de 2016, una serie de entrevistas
con alrededor de 50 funcionarios y funcionarias del sistema de justicia, entre jueces, fiscales,
defensores públicos y del sistema penitenciario, así como con 100 personas privadas
de libertad, 9 en la capital y en varios departamentos del país. 10 Además, la Dirección
de Investigación en Derechos Humanos de la PDH y OACNUDH han recogido todas las
estadísticas disponibles del Organismo Judicial, Ministerio Público, Sistema Penitenciario,
Instituto de Defensa Pública Penal y otras fuentes pertinentes, sobre la población privada de
libertad desde 2011 hasta 2016. La información estadística recopilada se ha desagregado
conforme a los siguientes criterios: (i) el tiempo que la persona privada de libertad ha estado
en situación preventiva; (ii) por departamento; (iii) por delitos y faltas cometidos; (iv) por sexo;
y (v) por origen étnico.
9 Los centros de detención preventiva visitados incluyen: Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona
18; Centro de Detención Preventiva para Mujeres de la zona 18, Santa Teresa; Centro de Detención Preventiva para Hombres
y Mujeres, Mazatenango Suchitepéquez; Centro de Detención Preventiva para Hombres El Boquerón, Cuilapa, Santa
Rosa; Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres Los Jocotes, Zacapa; Granja Modelo de Rehabilitación
Cantel, Quetzaltenango; Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres de Cobán, Alta Verapaz; y Centro de
Detención Preventiva para Hombres y Mujeres, Puerto Barrios, Izabal.
10 Los departamentos visitados fueron: Quetzaltenango, Huehuetenango, Suchitepéquez, Escuintla, Alta Verapaz,
Zacapa e Izabal.
6

Un problema de derechos humanos
2. MARCO LEGAL
2.1 Estándares internacionales sobre derechos humanos aplicables a la
prisión preventiva
5. Como resultado de la aprobación y ratificación de tratados internacionales, el Estado de
Guatemala tiene la obligación de cumplir con los estándares en materia de libertad personal,
presunción de inocencia y debido proceso. 11
6. Las normas internacionales y regionales de derechos humanos 12 establecen que la
prisión preventiva debe ser la excepción y no la regla general 13 y debe ser utilizada como
último recurso. 14 En este sentido, la prisión preventiva es una medida cautelar y no punitiva. 15
El derecho a la libertad solo se puede restringir cuando existen razones fundadas para creer
que la persona ha participado o cometido un delito 16 y por ciertos motivos establecidos por
ley 17 los cuales en el caso de la prisión preventiva pueden incluir un riesgo de comisión de
otros delitos graves, un peligro de fuga o un peligro de obstaculización de la investigación o
de la administración de la justicia 18 (principio de necesidad 19 ).
7. Aun cuando la detención es una posibilidad, los estándares internacionales requieren el
11 Ver el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (ratificado por Guatemala en 1992) y la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (ratificada por Guatemala en 1978).
12 Para un resumen de los principios que rigen la prisión preventiva por el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos, véase OEA/Ser.L/V/II. Doc.46/13, 2013, párr. 21.
13 Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, Adoptados
por la Comisión durante el 131º período ordinario de sesiones, celebrado del 3 al 14 de marzo de 2008, Principio III, párr.
2 (“La libertad personal como regla general, y se aplique como excepción la privación preventiva de la libertad”).
14 Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio), Adoptadas
por la Asamblea General en su resolución 45/110 de 14 de diciembre de 1990, art. 6.1 (“solo se recurrirá a la prisión
preventiva como último recurso”).
15 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. Sentencia de 17 de noviembre
de 2009 (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 121 (“Del principio de presunción de inocencia, reconocido en el artículo
8.2 de la Convención, deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente
necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de
la justicia. La prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva. Constituye, además, la medida más severa que se puede
imponer al imputado. Por ello, se debe aplicar excepcionalmente. La regla debe ser la libertad del procesado mientras
se resuelve acerca de su responsabilidad penal”).
16 Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre le prevención del delito y tratamiento del delincuente, Habana,
(1990), p. 169, párr. 2(b); disponible en (Octavo Congreso): https://www.unodc.org/documents/congress/Previous_
Congresses/8th_Congress_1990/028_ACONF.144.28.Rev.1_Report_Eighth_United_Nations_Congress_on_the_Prevention_of_Crime_and_the_Treatment_of_Offenders_S.pdf
(A/CONF.144/28/Rev.1).
17 Por ejemplo: Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (art. 9.1); Convención Americana sobre Derechos
Humanos (art. 7.2).
18 Octavo Congreso, p. 169, párr. 2(b).
19 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Bayarri Vs. Argentina. Sentencia de 30 de octubre de 2008
(Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 69.
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La Aplicación de la Prisión Preventiva en Guatemala:
establecimiento y consideración de medidas alternativas a la prisión preventiva. 20 Al hacer
el análisis sobre la aplicación de la prisión preventiva se debe tomar en consideración las
circunstancias de cada caso, incluyendo “la índole y gravedad del presunto delito, la idoneidad
de las pruebas, la pena que cabría aplicar, así como la conducta y la situación personal y
social del acusado, incluidos sus vínculos a la comunidad.” 21 Además, la prisión preventiva
debe ser proporcional al delito y la sentencia prevista 22 (principio de proporcionalidad 23 ).
8. El derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable está firmemente establecido
en las normas internacionales. 24 Toda persona detenida o presa a causa de una infracción
penal debe ser llevada “sin demora” ante un juez u otro funcionario autorizado por la
ley para ejercer funciones judiciales. 25 La privación de libertad de una persona en prisión
preventiva deberá aplicarse durante el tiempo mínimo necesario 26 o “lo más rápidamente
posible”. 27 En particular, “no deberá durar más del tiempo para el logro de los objetivos” de
la detención 28 ni extenderse más allá que el máximo tiempo de pena del delito establecido
por ley. 29 El período que la persona pase en prisión preventiva debe ser tomado en cuenta a
fin de reducir la duración de la pena. 30 En este sentido, un periodo de detención preventiva
prolongado puede “constituir una violación de la presunción de inocencia”. 31
9. A estos principios sobre la prisión preventiva se suman las salvaguardas del debido
proceso ampliamente reconocidas cuando una persona es privada de libertad y sujeta a un
procedimiento penal, tal como, entre otros, el derecho de acceso a una defensa adecuada;
a acudir ante un juez competente, independiente e imparcial; de notificación de los cargos
20 Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, Adoptados
por la Comisión durante el 131º período ordinario de sesiones, celebrado del 3 al 14 de marzo de 2008, Principio III,
párr. 4; Octavo Congreso, párr. 2(e).
21 Octavo Congreso, p. 169, párr. 2(c).
22 Octavo Congreso, p. 169, párr. 2(d); Véase también Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las
Personas Privadas de Libertad en las Américas, Adoptados por la Comisión durante el 131º período ordinario de sesiones,
celebrado del 3 al 14 de marzo de 2008, Principio III, párr. 2.
23 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Bayarri Vs. Argentina. Sentencia de 30 de octubre de 2008
(Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 69.
24 Por ejemplo: Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (art. 9.3); Declaración Americana sobre Derechos
y Deberes de los Hombres (Art. XXV); Convención Americana de Derechos Humanos (art. 7.5).
25 Ver Observación General No. 35 del Comité de Derechos Humanos sobre libertad y seguridad personales,
diciembre de 2014, párr. 32.
26 Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, Adoptados
por la Comisión durante el 131º período ordinario de sesiones, celebrado del 3 al 14 de marzo de 2008, Principio I, párr.
1.
27 Ver Observación General No. 35 del Comité de Derechos Humanos sobre libertad y seguridad personales,
diciembre 2014, párr. 37.
28 Reglas de Tokio, art. 6.2.
29 OEA/Ser.L/V/II. Doc.46/13, 2013, párr. 173.
30 Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre le prevención del delito y tratamiento del delincuente, Habana,
(1990), capítulo 1, sección, párr. 2(j); disponible en: https://www.unodc.org/documents/congress/Previous_
Congresses/8th_Congress_1990/028_ACONF.144.28.Rev.1_Report_Eighth_United_Nations_Congress_on_the_Prevention_of_Crime_and_the_Treatment_of_Offenders_S.pdf.
31 Comité de Derechos Humanos, observaciones finales, Italia, CCPR/C/ITA/CO/5, párr. 14.
8

Un problema de derechos humanos
y del derecho a un abogado; de supervisión y revisión judicial de la prisión preventiva; de
la equidad procesal; de ser asistida gratuitamente por un intérprete si no habla el idioma
empleado por el tribunal; y de compensación y reparación en caso de una detención ilegal. 32
10. En cuanto a las condiciones de la prisión preventiva, las personas privadas de libertad
tienen derecho a un tratamiento humano y digno en la prisión preventiva. 33 En este sentido es
necesario asegurar que las condiciones de los centros de privación no amenacen estos derechos
ni otros derechos conexos como los derechos a la salud, a la alimentación, a la integridad
física y a la vida, entre otros. Además, las personas que guardan prisión preventiva deben
estar separadas de las personas condenadas y ser sometidas a un tratamiento distinto. 34
11. Con respecto a la aplicación de la prisión preventiva para mujeres, la Oficina de las
Naciones Unidas para la prevención de las Drogas y el Delito ha señalado que “especialmente
en el caso de las mujeres se deberá considerar el uso de alternativas diferentes a la detención
preventiva (y al encarcelamiento), debido a los efectos particularmente dañinos que la privación
de libertad puede tener en ellas, sus familias y sus hijos e hijas”. 35 Además, es importante
resaltar que los pueblos indígenas por lo general mantienen vínculos culturales y sociales en
las comunidades donde viven, por lo que el Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo prevé que en los casos en los que personas indígenas sean detenidas“ deberá
darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento” (artículo 10.2).
2.2 Marco legal nacional
12. El marco legal en Guatemala, en consonancia de los estándares internacionales,
establece que la prisión preventiva debe ser excepcional y proporcional al delito acusado y
que las normas que la regulan deben ser interpretadas restrictivamente a favor de la libertad.
El Código Procesal Penal, Decreto 51-92 del Congreso de la República, afirma que “la
libertad no debe restringirse sino en los límites absolutamente indispensables para asegurar
la presencia del imputado en el proceso” (art. 259). De esta manera, la prisión preventiva
debe aplicarse solamente de manera excepcional, si existe una “presunción razonable de
fuga o de obstaculización de la averiguación de la verdad” (art. 261). El Código Procesal
Penal también enumera los factores que los jueces deben tomar en cuenta para decidir acerca
del peligro de fuga o de obstaculización de la verdad (arts. 262 y 263). El Código Procesal
Penal afirma la obligación del juez a fundamentar de manera clara y precisa sus decisiones
en los autos y sentencias (art. 11 bis).
32 Ver Pacto Internacional sobre derechos Civiles y Políticos (art. 14.3).
33 Ibid., (art. 10).
34 Ibid.
35 Oficina de la ONU para la prevención de las Drogas y el Delito y la Organización para la Seguridad y la Cooperación
en Europa (2006) Criminal Justice Assessment Toolkit, Custodial and Non-Custodial Measures: Detention Prior to
Adjudication, p. 26. Ver también: Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas
de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok).
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La Aplicación de la Prisión Preventiva en Guatemala:
13. Aun en los casos en los cuales exista una presunción razonable de fuga o de
obstaculización del proceso, el Código Procesal Penal hace hincapié en que es necesario
aplicar la medida menos restrictiva si la prisión preventiva puede ser evitada. En este sentido,
el Código Procesal Penal le da potestad al juez o tribunal competente de imponer alguna o
varias medidas sustitutivas a la privación de libertad (art. 264). 36 El juez competente también
está facultado legalmente para aplicar alguna de las medidas desjudicializadoras que prevé
el Código Procesal Penal, como la conversión (art. 26), criterio de oportunidad (art. 25) y
suspensión de la persecución penal (art. 27), posibilitando con ello una “salida alterna” y un
impacto positivo para mermar el uso de la prisión preventiva.
14. Según el artículo 264 del Código Procesal Penal, no se puede otorgar medidas
sustitutivas “en procesos instruidos contra reincidentes o delincuentes habituales”, ni en
relación con los delitos de homicidio doloso, asesinato, parricidio, violación agravada,
violación calificada, violación de menor de doce años de edad, plagio o secuestro en todas
sus formas, sabotaje y robo agravado. 37 Desde 1992 esta disposición ha sido reformada
varias veces para excluir del otorgamiento de medidas sustitutivas a los delitos comprendidos
en la Ley contra la Narcoactividad (1996); 38 la adulteración, producción y distribución de
medicamentos falsificados (2011); 39 y delitos de “portación ilegal de armas de fuego de uso
civil y/o deportivas; tenencia o portación de armas de fuego con número de registro alterado,
borrado o no legalmente marcadas por la DIGECAM” (2013). 40 Además, la Ley contra el
Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer de 2008 establece que las personas
procesadas por la comisión de femicidio “no podrán gozar de ninguna medida sustitutiva”. 41
15. Es importante resaltar que la Corte de Constitucionalidad estableció que la aplicación
obligatoria de la prisión preventiva “desconoce la naturaleza cautelar de la medida” e
“impide al juez apreciar el carácter imprescindible de su uso, ignorando si en el caso concreto
concurren o no aquellos supuestos legalmente exigidos”. 42 Aunado a esto el máximo Tribunal
36 Las medidas sustitutivas incluyen: el arresto domiciliario, en su propio domicilio o residencia o en custodia de
otra persona, sin vigilancia alguna o con la que el tribunal disponga; obligación de someterse a cuidado o vigilancia de
una persona o de institución determinada, quien informará periódicamente al tribunal; obligación de presentarse periódicamente
ante el tribunal o la autoridad que se designe; prohibición de salir, sin autorización, del país, de la localidad en la
cual reside o del ámbito territorial que fije el tribunal; prestación de una caución económica adecuada, por el propio imputado
o por otra persona, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, embargo o entrega de
bienes, o la fianza de una o más personas idóneas, siempre que el peligro de fuga o de obstaculización de la persecución
penal no exista (Código Procesal Penal, art. 264).
37 Código Proceso Penal, art. 264.
38 Decreto 32-96 (art. 18).
39 Decreto 28-2011 (art. 14).
40 Decreto 6-2013. (art.1)
41 Decreto 22-2008 (art. 6)
42 Corte de Constitucionalidad. Expediente 1994-2009, sentencia de 16 de febrero de 2011, pág. 17, publicada
en el Diario de Centro América, que mediante acción de inconstitucionalidad, expulsa del ordenamiento jurídico el artículo
27 de la Ley de Fortalecimiento de la Persecución Penal, Decreto 17-2009 del Congreso de la República, que pretendía
restringir el uso de medidas sustitutivas. La sentencia recoge la sentencia de veintiuno de mayo de 1987 dictada dentro de
10

Un problema de derechos humanos
Constitucional ha reconocido que, si bien la gravedad del delito debe de ser tomada en cuenta,
este no debe de ser el único criterio o el determinante para imponer prisión preventiva. 43
16. Respecto a los plazos de la prisión preventiva el Código Procesal Penal establece que esta
finalizará cuando su duración exceda de un año (art. 268); sin embargo, en 2002 el Código
Procesal Penal fue reformado para permitir la prórroga de los plazos de prisión preventiva
“cuantas veces sea necesario”, siempre que el caso esté ante la Sala de Apelaciones o ante
la Corte Suprema de Justicia. 44
los expedientes 69-87 y 70-87.
43 Ibid.
44 Decreto 51-2002 (art. 9).
11

La Aplicación de la Prisión Preventiva en Guatemala:
3. PROBLEMÁTICA
3.1 Aplicación no excepcional de la prisión preventiva
a. Situación actual de la prisión preventiva
17. Según información proporcionada por el Sistema Penitenciario, al 25 de octubre de
2016 había un total de 20,939 personas privadas de libertad en Guatemala, de los cuales
9,637 están en situación de prisión preventiva, es decir el 46% de la población penitenciaria
total. 45 De 2,044 mujeres privadas de libertad, 1,061 o el 52%, están en prisión preventiva. 46
La población en prisión preventiva se ha mantenido en los últimos cinco años por encima del
48% en promedio, superando el 50% entre 2012 y 2014. Además, a julio 2016 había 1,651
personas que están detenidas en cárceles públicas a cargo de la Policía Nacional Civil, lo
que es de preocupación ya que persiste la falta de regulación y de procedimientos específicos
para controlar la situación de las personas privadas de libertad detenidas en esos centros,
dejando a estas personas en gran vulnerabilidad frente a eventuales violaciones de derechos
humanos. 47
18. Según cifras del Organismo Judicial, entre enero y agosto de 2016 se aplicó la prisión
preventiva en el 26.4% de los casos a nivel nacional. Las cifras de 2015 y 2014 fueron de
30.5% y 40.8%, respectivamente, lo que indica una práctica no excepcional. 48 Cabe notar
que la aplicación de la prisión preventiva varía significativamente entre departamentos. Los
departamentos con mayor aplicación de prisión preventiva en 2014, 2015 y 2016 fueron:
Guatemala (50%, 42% y 37%) y en particular el municipio de Mixco (51%, 40% y 37%); Jalapa
(57%, 50% y 40%); Retalhuleu (87%, 63% y 50%); Santa Rosa (42%, 55% y 33%); y Zacapa
(36%, 33% y 42%). Por su parte, los departamentos que aplicaron la prisión preventiva con
menos frecuencia en 2014, 2015 y 2016 fueron Alta Verapaz (10%, 9% y 15%), San Marcos
(13%, 11% y 9%) y Sololá (14%, 9% y 15%). 49
b. Factores que contribuyen a la aplicación de la prisión preventiva no
excepcional
Presión pública y mediática que influye en el sistema de justicia
19. Varios funcionarios del sistema de justicia entrevistados señalaron que existe una fuerte
45 Sistema Penitenciario, registro de personas privadas de libertad (25 octubre 2016).
46 Ibid.
47 Informe anual de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, A/HRC/13/26/Add.1, 3 de
marzo de 2010, párr. 45.
48 Informacion del Organismo Judicial, “Audiencias 2012-2016” (18 agosto 2016).
49 Ibid.
12

Un problema de derechos humanos
presión mediática y de la opinión pública dirigida a aplicar la prisión preventiva, lo que un
juez de primera instancia llamó “una cultura represiva”. En este sentido, algunos jueces y
fiscales expresaron la preocupación de que si aplican o solicitan medidas sustitutivas serían
acusados de ser “corruptos” o “comprados”. Por otro lado, durante las entrevistas, la PDH
y OACNUDH recibieron alegaciones de jueces que dicen sentirse poco respaldados por las
instituciones de justicia al otorgar medidas sustitutivas, pues dichas decisiones tienen más
probabilidades de ser revocadas que si hubiesen otorgado la prisión preventiva. Cabe notar
que la exposición de las personas en los medios de comunicación al momento de su detención,
y sin haber sido escuchadas por un juez competente, puede impactar de manera negativa en
su derecho a la presunción de inocencia.
Leyes que tienden a favorecer el encarcelamiento
20. Un factor general que contribuye a los altos índices de aplicación de la prisión preventiva
en Guatemala son las políticas penales que tienden a favorecer el encarcelamiento como
una solución a los desafíos de la seguridad ciudadana y la criminalidad en el país. Esto se
evidencia en las reformas realizadas al artículo 264 del Código Procesal Penal (párr. 14,
supra) y la adopción de leyes especiales, por ejemplo la Ley de Narcoactividad, la Ley de
Fortalecimiento de la Persecución Penal y la Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia
contra la Mujer, que buscan limitar la imposición de las medidas sustitutivas por ciertos delitos
(párr. 14, supra). Cabe notar que las provisiones de estas leyes son determinadas por el Poder
Legislativo lo que podría resultar en una limitación de la facultad del juez para determinar
caso por caso la necesidad de aplicación de la prisión preventiva.
Aplicación sistemática de la prisión preventiva para ciertos delitos y
reincidentes
21. Los jueces entrevistados afirmaron que se tiende aplicar la prisión preventiva de
manera sistemática a los delitos contemplados en el artículo 264 del Código Procesal Penal,
así como a reincidentes o delincuentes habituales (párr. 14, supra), sin argumentar la
necesidad, proporcionalidad y pertinencia de su utilización en cada caso de acuerdo con los
estándares internacionales (párr. 7, supra) y los precedentes jurisprudenciales de la Corte de
Constitucionalidad (párr. 15, supra). Asimismo, la PDH y OACNUDH notan con preocupación
la información recibida de que algunos jueces aplican automáticamente la prisión preventiva
aún en casos que involucran cargos en grado de tentativa, es decir un delito que no se ha
consumado.
22. La información recibida del Ministerio Público confirma lo anterior, ya que las tasas
más altas de encarcelación en prisión preventiva entre 2011 y 2016 son delitos que no
cuentan con medidas sustitutivas según el Código Procesal Penal. Según cifras del Ministerio
Público, por orden de mayor incidencia de prisión preventiva son los siguientes: asesinato,
robo, homicidio, extorsión, portación ilegal de armas, hurto, posesión para el consumo,
13

La Aplicación de la Prisión Preventiva en Guatemala:
promoción o estímulo a la drogadicción. 50 Únicamente los delitos de extorsión y hurto no son
mencionados en el artículo 264 del Código Procesal Penal (hurto agravado fue excluido del
artículo 264 después de ser declarado inconstitucional por la Corte de Constitucionalidad). 51
Fundamentos para demostrar el peligro de fuga o la obstaculización de la
averiguación de la verdad
23. Según las entrevistas, los jueces no siempre fundamentan adecuadamente las razones
por las cuales otorgan prisión preventiva, en particular en las audiencias orales. En ocasiones,
las resoluciones carecen de precisión en la argumentación que debe determinar los elementos
probatorios “del peligro de fuga” (art. 262 del Código Procesal Penal) o de “la obstaculización
de la averiguación de la verdad” (art. 263 del Código Procesal Penal), básandose únicamente
en las sindicaciones del Ministerio Público. En este sentido, algunos jueces han reconocido
que la aplicación de la prisión preventiva no siempre es entendida como una medida cautelar
cuya función es asegurar el resultado del proceso, sino como posiblemente una respuesta
para evitar la reincidencia, luchar contra la criminalidad o como una medida de prevención
de un tipo de delito en relación con “la peligrosidad” del acusado.
Falta de consideración de la situación personal del imputado y de cultura
y género
24. La aplicación sistemática de la prisión preventiva para ciertos delitos o a reincidentes o
delincuentes habituales implica necesariamente que no se toman en cuenta las circunstancias
de cada caso, incluyendo la situación socioeconómica, de salud, étnica y de género, entre
otros aspectos, de la persona imputada, a pesar de los estándares internacionales al respecto
(párr. 7 y 11, supra). Tal como se señaló en el párrafo 17 supra, el 52% de las mujeres en
los centros de detención están en situación de prisión preventiva. Además, a julio de 2016
un promedio de 23% de las personas privadas de libertad que se encontraban en prisión
preventiva son de origen indígena, siendo en su mayoría personas de los pueblos Kaqchikel
y Q’eqchi’. 52 La PDH y OACNUDH toman nota con agrado de la Instrucción General 010-
2005 del Ministerio Público que pide al fiscal tomar en cuenta las situaciones de mujeres 53 y
pueblos indígenas 54 en las solicitudes de medidas de coerción, aunque no se aplique en todos
los casos.
50 Ministerio Público, “Personas con prisión preventiva con etnia, sexo, delitos asociados al caso y estado” (julio
2016).
51 Corte de Constitucionalidad, Expediente 105-99, sentencia de 16 de diciembre de 1999.
52 Dirección General del Sistema Penitenciario, “Privado(a)s de Libertad por Centro, por mes y por grupos étnicos
del 2016, al 11 de julio 2016”.
53 Instrucción General para la utilización de las medidas de coerción personal en el proceso penal por parte de los
fiscales del Ministerio Público (Instrucción 010-2005), directriz 39 que dice que en la situación de las madres y las madres
solteras, el fiscal debe solicitar, bajo ciertas salvaguardas, arresto domiciliario, por ejemplo.
54 Instrucción General para la utilización de las medidas de coerción personal en el proceso penal por parte de los
fiscales del Ministerio Público (Instrucción 010-2005), directriz 38 que pide que los fiscales deben priorizar las medidas de
coerción “que le permitan continuar viviendo” en su comunidad, notando que “en estos casos, solicitará el arresto domiciliario
en la misma comunidad bajo la vigilancia de alguna autoridad o institución local, quien informará periódicamente al
Tribunal respectivo”.
14

Un problema de derechos humanos
La actuación del Ministerio Público en favor de la aplicación de la prisión
preventiva
25. La PDH y OACNUDH recibieron alegaciones respecto a la actuación de fiscales del
Ministerio Público en relación con la tendencia de solicitud casi sistemática de prisión preventiva
en sus acusaciones. Según la información recibida, dicha práctica podría ser influenciada por
una falta de objetividad o por prácticas que incitarían a lograr un determinado número de autos
de prisión como medida de desempeño de su función de persecución. Estas alegaciones, las
cuales seguramente no aplican en todos los casos, ameritan una investigación más profunda,
incluso por parte del mismo Ministerio Público.
26. La PDH y OACNUDH notan que la Instrucción General 010-2005 del Ministerio Público
sobre la utilización de las medidas de coerción personal en el proceso penal, establece la
solicitud de prisión preventiva de manera obligatoria para los delitos establecidos en el artículo
264 del Código Procesal Penal y agrega otros delitos graves como tortura, desaparición
forzada, genocidio, incestos contra menor de edad y “en los delitos dolosos cometidos
por funcionarios públicos en ejercicio de su cargo” a la solicitud obligatoria de la prisión
preventiva. 55 Dichas disposiciones deberían de ser revisadas para que puedan ser conformes
al espíritu de los principios de excepcionalidad y necesidad previstos por los estándares
internacionales para establecer que la prisión preventiva debe ser considerada como una
medida cautelar de último recurso.
27. Por otra parte, la PDH y OACNUDH recibieron información de que en algunas ocasiones
los fiscales han agregado cargos por algún delito que no tiene medidas sustitutivas para
asegurar la aplicación de la prisión preventiva. Estas alegaciones han surgido especialmente
en el contexto de acusaciones contra defensores de derechos humanos (muchos de ellos
personas indígenas y autoridades ancestrales) por delitos graves relacionados con acciones
llevadas a cabo en defensa de sus tierras y territorios. En el caso de los defensores del norte
de Huehuetenango, aunque las acusaciones variaron a delitos menores en el transcurso del
juicio, la sentencia final del Tribunal con competencia en casos de Mayor Riesgo Grupo ‘A’
de 22 de julio del 2016 56 establece que los hechos por los que fueron acusados no fueron
constitutivos de delito, y fueron dejados en libertad, después de pasar entre 14 y 18 meses
en prisión preventiva.
Falta de seguimiento a la implementación de medidas sustitutivas
28. En el análisis sobre la situación de la aplicación de medidas sustitutivas, se identificó
que la percepción pública asocia la aplicación de estas medidas con “impunidad” o
55 Instrucción General para la utilización de las medidas de coerción personal en el proceso penal por parte de los
fiscales del Ministerio Público (Instrucción 010-2005), directriz 43. Cabe notar que la directriz 21 establece la importancia
para cada fiscal de valorar “en cada caso concreto la gravedad de los delitos cometidos, atendiendo a la naturaleza de los
mismos y las circunstancias en que se hayan cometido”.
56 Sentencia C-13005-2013-00139, página 485.
15

La Aplicación de la Prisión Preventiva en Guatemala:
como “falta de voluntad de aplicar la ley”, en parte por las deficiencias en el control por
las autoridades encargadas (Organismo Judicial, Ministerio Público y/o Policía Nacional
Civil) para asegurar su correcta implementación. Por otra parte, se identificaron ciertas
deficiencias en el seguimiento de las medidas, por ejemplo en cuanto a la aplicación del
arresto domiciliario algunos jueces manifestaron que se limitan a verificar que el sindicado
firme asistencia regularmente, sin controlar si este sale o no de su domicilio. Asimismo, en los
casos de violencia intrafamiliar o violencia contra la mujer, cuando se aplica la medida en la
que se prohíbe al sindicado comunicarse con la víctima, no existen mecanismos fortalecidos
para evitar que la víctima corra un potencial peligro. Los entrevistados notaron que la medida
otorgada con más frecuencia es la obligación de presentarse periódicamente ante el tribunal
u otra autoridad designada (generalmente el juzgado de paz), ya que es la medida más fácil
de supervisar.
c. Aplicación desproporcional a personas de bajos recursos económicos
29. La PDH y OACNUDH han observado que la prisión preventiva tiende a aplicarse
de manera desproporcionada a las personas de bajos recursos. Esto podría impactar al
derecho humano de ser juzgado de manera no discriminatoria. 57 Sin embargo, no se puede
obtener una dimensión del problema a nivel nacional por la falta de datos desglosados en las
instituciones del sistema de justicia. Cabe resaltar la alta incidencia de personas en prisión
preventiva acusadas por delitos contra el patrimonio, como robo y hurto (párr. 22, supra),
delitos generalmente cometidos por personas de bajos recursos económicos.
30. Las principales causas de la aplicación desproporcional a esta población incluyen:
• Probar el arraigo: dentro de las circunstancias enumeradas por el art. 262 del Código
Procesal Penal establecidas para considerar el peligro de fuga se establece el “arraigo
en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia,
de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar rápidamente el país o
permanecer oculto”. Las personas de bajos recursos tienen dificultad para probar el
arraigo ya que muchas veces no pueden presentar algún documento acreditativo de
trabajo o estudios, facturas del pago de luz, cartas de recomendación de personas
en sus comunidades u otros papeles y documentos probatorios. Otro grupo afectado
significativamente en este sentido son las personas extranjeras, a quienes se considera
que tienen mayor riesgo de fuga por no contar con una dirección en el país. 58
• Pagar la caución económica: las personas de bajos recursos también tienen dificultad
para pagar la caución económica cuando ésta es aplicada como medida sustitutiva,
57 Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 10), el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos
(art. 14).
58 Sobre este punto el Comité de Derechos Humanos ha notado que “el solo hecho de que el acusado sea extranjero
no implica que debe ser detenido en espera del juicio”. Communication No. 526/1993, M. and B. Hill v. Spain (Views
adopted on 2 April 1997), UN doc. GAOR, A/52/40 (vol. II), p. 17, para. 12.3. Ver también Observación General No. 35
del Comité de Derechos Humanos sobre libertad y seguridad personales, diciembre de 2014, párr. 32.
16

Un problema de derechos humanos
a pesar que el Código Procesal Penal establece que se “evitará la imposición de
una caución económica cuando el estado de pobreza o la carencia de los medios
del imputado impidan la presentación” (art. 264). 59 Cabe notar también que según
reformas al Código Procesal Penal, la aplicación de la caución económica en caso
de delitos contra el patrimonio “debe guardar una relación proporcional con el daño
causado”, 60 lo que podría resultar en la aplicación de cauciones altas en ciertos casos,
sin tomar en cuenta las condiciones económicas de la persona acusada.
• Defensa poco adecuada: la situación socio-económica impacta la posibilidad de
contar con una defensa adecuada. En general estas personas sufren las consecuencias
de las deficiencias de recursos que tiene el Instituto de la Defensa Pública Penal, ya
que los profesionales del derecho que siguen sus casos tienen una carga de trabajo
que impacta de manera negativa la calidad de la defensa (en promedio los defensores
y defensoras tienen a su cargo más de 200 casos, ver párr. 41, abajo). Se recibieron
alegaciones que en muchos casos, las personas acusadas conocen a la persona que
les defiende en el momento de la audiencia, lo que ha impedido que preparen juntos
la defensa. Asimismo, las personas de escasos recursos tienen dificultades para pagar
los altos aranceles requeridos por los abogados privados para cada trámite. Por
ejemplo, una persona privada de libertad entrevistada señaló que no pudo pagar los
Q 30,000.00 que pedía su abogado para hacer la solicitud de traslado de centro de
detención de la capital a Puerto Barrios, donde viven su esposa y sus hijos.
• Corrupción: de manera general, según alegaciones recibidas, esta población sufre las
lógicas de corrupción y tráfico de influencias, ya que no tienen los medios económicos
ni el capital social para favorecer su caso frente a las autoridades del sistema
penitenciario y/o de justicia. Muchos entrevistados reportaron la percepción de que
“hay que pagar para que el caso avance en el sistema”. También en este sentido, la
PDH y OACNUDH recibieron información sobre casos en que los abogados se ven
obligados a pagar ciertos montos para agilizar los trámites relacionados con el caso.
Las alegaciones de corrupción dentro del sistema de justicia en este sentido son graves
y deben ser debidamente investigadas y los responsables sancionados.
• Falta de acceso a las medidas desjudicializadoras: muchas veces la persona acusada
no puede optar por una medida desjudicializadora, como por ejemplo un acuerdo
entre víctima-acusado para el pago de cierto monto por un daño supuestamente
causado, ya que no tiene los medios para hacerlo. Además, durante las entrevistas,
varias personas privadas de libertad señalaron que la víctima o miembros de su
familia piden el pago de montos exagerados como condición para no continuar con
la acusación judicial.
• Víctimas de estigmatización: finalmente, las personas de bajos recursos que son
59 También, según Instrucción General para la utilización de las medidas de coerción personal en el proceso penal
por parte de los fiscales del Ministerio Público (Instrucción 010-2005), en relación con la solicitud de la caución económica,
se pide que el Fiscal tome en cuenta los recursos económicos del imputado (directriz 42).
60 Código Procesal Penal, artículo 264, adicionado por el artículo 18 del Decreto 32-96 del Congreso de la
República.
17

La Aplicación de la Prisión Preventiva en Guatemala:
acusadas, especialmente si pertenecen a alguna mara o pandilla, podrían ser
estigmatizadas por la policía y funcionarios del sistema de justicia, quienes aplicarían
la ley de manera más dura en su contra, dictando prisión preventiva de manera
generalizada, según alegaciones recibidas.
31. En este sentido, la afectación desproporcional de las personas de bajos recursos en
la aplicación de la prisión preventiva puede responder a una lógica de funcionarios del
sistema de justicia que usan la prisión preventiva como un instrumento con fines distintos a
los procesales. En ciertos casos, la aplicación de esta medida ha sido interpretado como una
forma de control social de las autoridades para responder a la comisión de ciertos delitos por
personas de bajos recursos, alegaciones que merecen una investigación mayor.
3.2 Detenciones prolongadas en prisión preventiva
a. Situación de demoras en el proceso penal en Guatemala
32. Además del uso recurrente de la prisión preventiva por parte de los operadores de
justicia, se suma el problema de la estadía prolongada de las personas que se encuentran en
situación preventiva en los centros de privación de libertad guatemaltecos. Preocupa que las
reformas al Código Procesal Penal, mediante Decreto 51-2002, permitan la prórroga de los
plazos de prisión preventiva “cuantas veces sea necesario” siempre que el caso esté ante la
Sala de Apelaciones o ante la Corte Suprema de Justicia (párr. 16, supra). 61
33. Las cifras existentes relacionadas con la duración promedio de la prisión preventiva son
preocupantes. El Ministerio Público registra que el 57% de la población en prisión preventiva
ha estado por más de un año, y de esa población el 32% (4,884 personas) más de tres
años. 62 Del total de personas que tienen más de tres años en prisión preventiva, 3,565 han
pasado entre 3-4 años, 697 entre 4-5 años y 453 entre 5-6 años. 63
34. Las personas entrevistadas afirmaron sufrir demoras y numerosas suspensiones de
audiencias (en algunos casos hasta 3 o 4 veces) en las diferentes etapas del proceso penal.
En cuanto a la demora entre el momento de la detención hasta la primera declaración, la
Constitución establece que los detenidos deberán ser puestos a disposición de la autoridad
judicial competente en un plazo que no exceda las seis horas desde su detención (art. 6) y
que esta deberá resolver su situación jurídica dentro de las 24 horas siguientes a la detención
(art. 9). 64 Sin embargo existen demoras en estos plazos, especialmente si el acusado fue
detenido en flagrancia por la noche o durante el fin de semana en un lugar donde no existe
61 Decreto 51-2002 (art. 9).
62 Ministerio Público, “Prisión preventiva de 2011 a la fecha”(30 de septiembre 2016).
63 Ibid.
64 Ver Corte de Constitucionalidad, Expediente 73-2000, sentencia de 25 de julio de 2000 (que interpreta estos
plazos en un sentido garantista).
18

Un problema de derechos humanos
Juzgado de Turno, que funcionan las 24 horas del día, los 365 días del año, debido a que no
hay jueces para atender los casos.
35. También se reportan demoras en el procedimiento preparatorio 65 (de investigación).
Según el Código Procesal Penal, el Ministerio Público deberá concluir la investigación “lo
antes posible, procediéndose con la celeridad que el caso amerita” y dentro de un plazo
máximo de tres meses (art. 323) (si el acusado cuenta con medidas sustitutivas, el plazo
de investigación es un máximo de seis meses). 66 A pesar de lo anterior, se identificó que
es recurrente ver demoras en la investigación por parte del Ministerio Público. Según la
información proporcionada por este, entre los 4,884 casos registrados 67 que superan los
tres años en prisión preventiva, 3,678 están en la etapa intermedia. Las demoras existen
especialmente en casos complejos que involucran a una cantidad importante de personas,
debido al tiempo que toman las medidas de verificación de las pruebas, los peritajes de la
Policía Nacional Civil, el Institutito Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (INACIF) o
terceros como las empresas telefónicas y entidades financieras, entre otros.
36. Cabe notar que en las entrevistas con operadores y operadoras de justicia, especialmente
en el departamento de Quetzaltenango, se reporta un buen cumplimiento de los plazos,
señalándose como buenas prácticas: la interpretación restrictiva de las circunstancias en las
que se puede otorgar extensión de los plazos del proceso penal por parte de los jueces
de primera instancia; el registro adecuado de los casos y de la fase procesal en la que se
encuentran; la utilización de agendas únicas de audiencias; la existencia de alertas que avisan
para cada caso la fecha del vencimiento de los plazos del proceso; así como una correcta
coordinación interinstitucional, incluyendo la coordinación de agendas y la celebración de
reuniones periódicas entre los operadores de justicia.
b. Factores que contribuyen a demora en los plazos
Modernización del proceso de justicia penal
37. Han habido algunos avances importantes en Guatemala para modernizar el
proceso de justicia penal e intentar reducir la mora judicial, pero falta mucho para que se
consoliden. Estos avances incluyen la transición a la oralidad de los procesos penales, la
65 El plazo razonable para la investigación debe enmarcarse dentro de los máximos de 3 y 6 meses, según sea el
tipo de medida de coerción impuesta y los jueces deben ser objetivos en la fijación de plazos razonables, en especial en los
delitos complejos o graves, que conlleva mayores y especiales actos de investigación (Acuerdo del 31 de agosto de 2010,
reformando el artículo 82 del Código Procesal Penal).
66 El artículo 332 del Código Procesal Penal (reformado por el artículo 27 del Decreto 79-97 del Congreso de la
República) establece que “vencido el plazo concedido para la investigación, el fiscal deberá formular la acusación y pedir la
apertura del juicio. También podrá solicitar, si procediere, el sobreseimiento o la clausura y la vía especial del procedimiento
abreviado cuando proceda conforme a este Código. Si no lo hubiere hecho antes, podrá requerir la aplicación de un criterio
de oportunidad o la suspensión condicional de la persecución penal. La etapa intermedia tiene por objeto que el juez
evalúe si existe o no fundamento para someter a una persona a juicio oral y público, por la probabilidad de su participación
en un hecho delictivo o para verificar la fundamentación de las otras solicitudes del Ministerio Público”.
67 Ministerio Público, “Prisión preventiva de 2011 a la fecha” (30 de septiembre 2016).
19

La Aplicación de la Prisión Preventiva en Guatemala:
creación y el fortalecimiento de unidades administrativas que apoyan técnicamente a los
órganos de justicia, la creación de más juzgados (incluyendo juzgados especializados) y la
ampliación de su cobertura geográfica, la utilización de nuevas tecnologías de información
y comunicación, y la ampliación de las competencias de los juzgados de paz para conocer
delitos menos graves. Sin embargo, tal como han señalado investigadores nacionales desde
los años noventa, 68 la alta tasa de personas en prisión preventiva que perdura y la falta de
fundamentación de los fallos judiciales al aplicar la prisión preventiva, ha sido un reflejo de
que las decisiones siguen teniendo como único fundamento las sindicaciones del Ministerio
Público y, por consiguiente, la persistencia de la visión inquisitiva. Por ello se señala que la
transformación cultural hacia el modelo acusatorio no estaría del todo consolidada.
Falta de registro unificado de expedientes judiciales
38. A pesar de los esfuerzos de la Instancia Coordinadora de Modernización del Sector
Justicia, que reúne a todas las instituciones del sistema de justicia penal en impulsar una
mejor coordinación interinstitucional sobre el tema de la privación de libertad, no existe aun
un registro unificado de los expedientes judiciales de cada persona privada de libertad, lo
que repercute negativamente en la capacidad del sistema para identificar los casos que han
sobrepasado el tiempo razonable en prisión preventiva. Esto también influye para que un alto
número de personas que han cumplido su condena de prisión o podrían gozar de redención
de pena, no consigan recuperar su libertad en el tiempo oportuno. Preocupa que estas
demoras continúen representando actualmente una suerte de “pena anticipada” para las
personas privadas de libertad. Debido al registro inadecuado del Estado, la responsabilidad
de mantener el récord procesal del caso queda en las personas acusadas o sus defensores,
lo que desfavorece a quienes no cuentan con un abogado particular.
Fallas en el registro sobre las suspensiones de audiencias
39. Tampoco existe un registro sistemático de las razones por las cuales se suspenden
las audiencias, lo que no permite tomar medidas para evitar dichas suspensiones. Los
funcionarios del sistema de justicia entrevistados señalaron que son los jueces de cada
caso quienes registran esta información, con diversos niveles de cuidado, y sin subir esta
información a un sistema o base de datos electrónica. Según información proporcionada por
el Organismo Judicial, de las 22,592 suspensiones de audiencias en la Torre de Tribunales
en la capital, registradas entre enero y agosto 2016, la razón de la suspensión en 18,976
de ellas fue dejado “en blanco”. 69 Las otras razones para la suspensión identificadas en
el registro ante la Torre de Tribunales se atribuyen (sin mayor información) al sindicado;
al Sistema Penitenciario que no presenta al sindicado; al testigo; al Defensor Público; al
defensor particular; al fiscal; al querellante o autor civil; al perito; por imposibilidad material
68 Luis Ramírez, Gustavo Cetina, Fernando López, Miguel Urbina, Claudia Paz y Paz, “El proceso penal en Guatemala”,
Disponible en: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan028378.pdf;
Luis Rodolfo Ramírez, Gustavo Cetina, “Alternativas a la justicia penal y a la prisión”. Disponible en : http://unpan1.
un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan029994.pdf
69 Informacion del Organismo Judicial, “Audiencias 2012-2016” (18 agosto 2016).
20

Un problema de derechos humanos
del órgano jurisdiccional, y por la continuidad de otra audiencia. 70
Limitaciones de recursos del sistema judicial
40. El problema identificado sobre el incumplimiento de los plazos ha sido relacionado con
las ineficiencias del sistema legal debido a las limitaciones de recursos humanos y económicos
para atender la cantidad y complejidad de casos que reciben. La PDH y OACNUDH recibieron
alegaciones de demoras por la sobrecarga de las agendas de los jueces, especialmente en
los juzgados y tribunales con competencia en casos de mayor riesgo. En este sentido, es de
importancia la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de crear un juzgado adicional,
el Juzgado de Mayor Riesgo “D”, para atender casos que fueron asignados hasta el 31 de
marzo del 2015 al Juez del Grupo “B” de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos
contra el Ambiente. 71 Además, varias personas entrevistadas compartieron la percepción de
que sus casos no avanzaban en el sistema de justicia porque “se da prioridad a los casos de
alto impacto”.
La capacidad de la Defensa Pública y el derecho a la defensa
41. Existe una cantidad limitada en el número de los defensores públicos. Ante esta situación,
el Instituto de Defensa Público Penal (IDPP) interpuso una acción de inconstitucionalidad al
artículo 20 de la Ley del IDPP (Decreto 129-97) que establece un límite de 25 abogados en
la sección metropolitana. Actualmente cada defensor público tiene a su cargo más de 200
casos judiciales, algunos de los cuales son conformados hasta por 2,500 folios; incluyen
decenas de personas sindicadas, hasta 95 personas en un solo caso; y concurren diversos
delitos. Esta situación impide a defensores y defensoras ejercer una defensa efectiva para
cada caso judicial en particular. Las personas privadas de libertad que se encuentran en
prisión preventiva sufren las consecuencias de la sobrecarga de trabajo de la defensa pública,
ya que depende de ellos darle seguimiento cercano a su situación jurídica, incluyendo la
supervisión del tiempo que pasa en prisión preventiva. Además, PDH y OACNUDH notaron
con preocupación a partir de las entrevistas que muchas veces, las personas que llevan mucho
tiempo privadas de libertad tienen por lo general poco contacto con sus defensores.
La disparidad del número de jueces, fiscales y defensores públicos
42. Un problema relacionado con la falta de recursos en general es el desbalance entre el
número de jueces, fiscales y defensores públicos. Por ejemplo, entre 2009 y 2015, el número
total de jueces penales atendidos subió de 124 a 322, mientras el número de defensores
públicos permaneció casi igual, de 153 a 164. 72 Además, en la última reforma del Código
Procesal Penal se amplió la competencia de los juzgados de paz para que conozcan los
delitos de menor gravedad, pero no siempre pueden desempeñar esta competencia debido a
la escasa presencia del Ministerio Público y de la Defensa Pública Penal en los lugares donde
70 Ibid.
71 Acuerdo oficial 15-2016 (24 de junio 2016).
72 Asociación de Investigación y Estudios Sociales, Iniciativa Think Tank, Konrad Adenauer Stiftung. “Proceso de
Fortalecimiento del Sistema de Justicia, Avances y Debilidades”, noviembre 2011-octubre 2015 (2015), p. 118.
21

La Aplicación de la Prisión Preventiva en Guatemala:
existen estos juzgados. Se nota también que en algunas jurisdicciones existe una fiscalía
liquidadora para ayudar a procesar casos anquilosados en el sistema pero mantienen el
mismo número de jueces, lo que produce un congestionamiento y sobrecarga de las agendas
de los propios jueces.
Cantidad de recursos judiciales interpuestos
43. El Código Procesal Penal permite la apelación de diversos autos dictados por los Jueces
de Primera Instancia en los distintos momentos del proceso penal, 73 incluyendo decisiones de
otorgar medidas sustitutivas. En 2009, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la
independencia de magistrados y abogados expresó su preocupación sobre la prolongación de
los procesos penales en Guatemala debido a la posibilidad de interponer recursos judiciales
respecto de cualquier resolución judicial. 74 Por otra parte, algunos de los defensores públicos
entrevistados señalaron que a menudo optan por no apelar ciertos autos dictados ya que con
ello se corre el riesgo de que su patrocinado quede aún más tiempo privado de libertad por
los atrasos que implica la consideración de las apelaciones.
Traslado de personas privadas de libertad
44. Muchas personas privadas de libertad entrevistas señalaron el problema que han tenido
con los traslados desde los centros penitenciarios a los correspondientes juzgados o tribunales.
Las autoridades por su parte afirmaron que a pesar de los esfuerzos, la falta de recursos del
propio Sistema Penitenciario, así como algunas fallas en la coordinación interinstitucional
en relación a la planificación de las audiencias, afecta dicho servicio. En algunos casos
las personas que no fueron trasladadas a tiempo, deben esperar más de tres meses para
agendar nuevamente su audiencia.
73 Incluyendo los que resuelven: a) los conflictos de competencia; b) los impedimentos, excusas y recusaciones; c)
los que declaren la suspensión condicional de la persecución penal; d) los que declaren la prisión o imposición de medidas
sustitutivas y sus modificaciones; y e) en los cuales se declare una falta de mérito (art. 404). También son apelables las sentencias
que emitan los jueces de primera instancia sobre el procedimiento abreviado (art. 405) y las dictadas por los Jueces
de Paz relativas al criterio de oportunidad (art. 404).
74 A/HRC/11/41/Add.3, párr. 103.
22

Un problema de derechos humanos
4. CONSECUENCIAS
4.1 Hacinamiento y condiciones de los centros de detención
45. El elevado número de personas en prisión preventiva contribuye a los altos índices de
hacinamiento dentro de los centros, lo que ha sido notado con preocupación desde 2013 por
el Comité contra la Tortura. 75 Los centros de detención registran un 219% de sobrepoblación a
nivel nacional, es decir una “sobrepoblación crítica”. 76 En algunos centros la sobrepoblación
es incluso superior: 599% (El Boquerón); 411% (Centro de Orientación Femenina COF);
405% (Centro de Detención Los Jocotes - Zacapa hombres); 381% (Centro de Rehabilitación
Puerto Barrios-Hombres); 378% (Granja Canadá Escuintla); 303% (Centro de Detención para
Mujeres Santa Teresa); entre 220% y 228% (Preventivo zona 18, Granja Cantel para hombres
y mujeres); y entre 259% y 288% (Centro de Detención de Chimaltenango). 77
46. La situación de hacinamiento hace que los recursos del Sistema Penitenciario sean
insuficientes para cumplir con su función establecida por la ley del Régimen Penitenciario
en relación al desarrollo de actividades educativas, laborales, deportivas y culturales para
la población sometida a la detención preventiva (art. 29). Además, el Sistema ha mostrado
tener grandes dificultades para dar acceso a servicios básicos de salud y medicamentos a la
población penitenciaria, así como alimentación, agua, servicios sanitarios y lugares dignos
para pernoctar. 78 Las personas privadas de libertad entrevistadas señalaron numerosos
problemas con la infraestructura de los centros, incluyendo la falta de camas (muchas personas
se quejan de tener que dormir en el piso) y falta de alimentación adecuada y agua suficiente
(en el centro de Mazatenango reportaron haber pasado dos meses sin agua para bañarse
debido a la demora en el arreglo de una bomba quebrada).
47. El hacinamiento también ocasiona una fuerte presión sobre los recursos humanos
necesarios para ofrecer seguridad adecuada a las poblaciones detenidas. Lo anterior
contribuye a un incremento de los riesgos de violencia, motines, fugas, homicidios, violencia
sexual y otros problemas derivados que se producen dentro de los centros, tal como ha
75 CAT/C/GTM/CO/5-6, párr. 17.
76 El Consejo de Europa elaboró en 1999, un informe especial acerca de la sobrepoblación penitenciaria en el viejo
continente, y definió como casos de “sobrepoblación crítica” los de unidades o sistemas penitenciarios con una densidad
igual o mayor que el 120%. Carranza et al. 2001: 20, disponible en: http://iij.ucr.ac.cr/sites/default/files/documentos/
sobrepoblacion_y_hacinamiento_carcelarios.pdf.
77 Procuraduría de Derechos Humanos. Informe Anual Circunstanciado de Situación de Derechos Humanos 2015,
p. 203.
78 Cabe notar que el Sistema Penitenciario ejecutó el cero por ciento del presupuesto para la construcción, equipamiento
y ampliación de centros de detención de una asignación de Q 301 millones (USD $39 millones) para 2013 y 2014
y Q 134 millones (USD $18 millones) para 2015. Procuraduría de Derechos Humanos, Informe Anual Circunstanciado de
Situación de Derechos Humanos 2014, págs. 204 y 205.
23

La Aplicación de la Prisión Preventiva en Guatemala:
sido señalado por la PDH. 79 Entre enero y octubre 2016 hubo 54 muertes violentas dentro
del Sistema Penitenciario. 80 En 2015 también se reportaron 54 casos, lo que significó un
incremento exponencial de muertes violentas en los centros de detención en comparación
con los años anteriores: 23 muertes violentas en total entre 2010 y 2014 (entre 4 y 5 casos
en promedio anual). 81 Esta situación afecta no solo la seguridad de las personas privadas de
libertad, sino también resulta en condiciones peligrosas dentro de los centros que afectan a
los empleados, las personas que visitan los centros y el resto de la población.
48. En cuanto a la seguridad, preocupa que en junio de 2015 el Ministerio de Gobernación
decidiera cancelar los contratos de Directores y Subdirectores de los centros de detención,
dejando a guardias penitenciarios desempeñando esa función. Los guardias carecen
de la capacitación adecuada, así como del conocimiento técnico para asumir la gestión
penitenciaria, incluyendo la administración de los centros, la gestión de la seguridad personal
de las personas privadas de libertad y el tratamiento diferenciado necesario para quienes
están en prisión preventiva, entre otros problemas.
4.2 Impactos de la prisión preventiva en las personas privadas de libertad
49. La prisión preventiva, especialmente en los casos de detención prolongada, tiene
múltiples efectos negativos sobre la vida de las personas privadas de libertad. En este sentido,
además de tener implicaciones negativas sobre el goce del derecho a la libertad en sí mismo,
la sobre utilización de la detención preventiva podría resultar en otras situaciones violatorias
de los derechos humanos, como los derechos a la vida, la integridad física y la salud. Es
importante resaltar que estos impactos se suman a los riesgos de violaciones de derechos
humanos por la situación generalizada de hacinamiento, falta de infraestructura básica y
violencia en los centros de detención.
Mismas condiciones de detención que las personas condenadas
50. A pesar que los estándares internacionales 82 y la Constitución Política de la República
de Guatemala establecen que “los centros de detención, arresto o prisión provisional serán
distintos a aquellos en que han de cumplirse las condenas” (art. 10), en todos los centros
visitados las personas privadas de libertad en prisión preventiva están mezcladas con quienes
ya están en cumplimiento de condena, sin ninguna distinción. Según los directores de los
centros entrevistados, las personas privadas de libertad son ubicadas en los respectivos
79 Procuraduría de Derechos Humanos, Informe Anual Circunstanciado de Situación de Derechos Humanos 2015,
pág. 202.
80 Sistema Penitenciario, Oficio No. 3708-2016-REF/JURIDICO/VCML/DH/cp-oa (26 octubre 2016).
81 Política Nacional de Reforma Penitenciaria 2014-2024, pág. 51. Disponible en: http://www.sejust.gob.gt/sites/
default/files/Politica%20de%20Reforma%20Penitenciaria.pdf.
82 Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (art. 10); Naciones Unidas, reglas mínimas para el tratamiento
de los reclusos, párr. 8, adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y
Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones
663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977.
24

Un problema de derechos humanos
sectores solo con base en la disponibilidad de espacio físico y, en ciertos casos, tomando en
cuenta si la persona pertenece a una pandilla o es “paisa”. 83
Impactos sobre las personas privadas de libertad, sus familias y sus
comunidades
51. Las personas entrevistadas señalaron numerosos impactos negativos derivados de la
prisión preventiva, incluyendo la separación de sus familias y sus comunidades (lo que es
particularmente difícil en el caso de madres con hijos e hijas dependientes), la pérdida de
ingresos y los efectos que ello implica para sus familias (por ejemplo, divorcios, impacto
psicológico). En general estos impactos son más graves para las personas que pasan tiempos
extendidos en prisión preventiva. Por ejemplo, una persona privada de libertad que ha pasado
más de tres años en prisión preventiva indicó que su cónyuge había gestionado el divorcio
después de dos años porque “se cansó de esperar”; una mujer privada de libertad dijo que
su hija adolecente falleció mientras ella estaba detenida; otro señaló que ya no podía cuidar
a su cónyuge con discapacidad cuya condición estaba deteriorándose; otra persona dijo que
perdió su casa por no pagar el alquiler, diciendo “mi familia está destruida: no tienen cómo
vivir”, entre muchos otros testimonios similares.
Impactos sobre la salud física y psicológica
52. También son visibles los impactos negativos sobre la salud física y psicológica de
las personas privadas de libertad. Muchas de las personas entrevistadas se quejaron de
problemas de salud y una falta generalizada de acceso a medicamentos y servicios de salud.
Actualmente se registran solo ocho médicos para las 20,000 personas privadas de libertad
en todos los centros de detención y desde el inicio de este año, según información del Sistema
Penitenciario, 56 personas detenidas han fallecido por razones de salud. 84 Además, existen
personas privadas de libertad que se encuentran en prisión preventiva y de condena, que
padecen enfermedades terminales.
53. La prisión preventiva también conlleva impactos negativos importantes en el estado
psicológico de las personas privadas de libertad. El impacto psicológico para la persona se
ve incrementado por el hecho de estar detenida por largos períodos y sin recibir información
sobre su situación jurídica. Una persona privada de libertad entrevistada expresó que “lo
que mata es la desesperación, porque no se sabe cuánto tiempo le falta”. Ciertos grupos de
personas también sufren impactos psicológicos por la discriminación que sufren dentro de los
centros, ya sea por cuestiones de cultura, raza, idioma u orientación sexual. Una persona
garífuna que ha pasado un año y ocho meses en prisión preventiva indicó que ha sufrido
maltrato por parte de otras personas privadas de libertad, porque “piensan que no tenemos
valor”.
83 “Paisa” es el calificativo que reciben las personas privadas de libertad que no forman parte de ninguna mara o
pandilla.
84 Sistema Penitenciario, Oficio No. 3708-2016-REF/JURIDICO/VCML/DH/cp-oa (26 octubre 2016).
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La Aplicación de la Prisión Preventiva en Guatemala:
Impacto sobre el derecho a preparar una defensa adecuada
54. La situación de detención preventiva también puede afectar de manera negativa el
derecho a preparar una adecuada defensa. Muchas de las personas entrevistadas señalaron
una considerable falta de comunicación con sus abogados defensores, públicos y privados;
alegaron no tener mayor información sobre su caso, ni los motivos por los que se habrían
producido las sucesivas demoras. Como dijo una de las personas entrevistadas: “el abogado
casi no viene mucho aquí”. En muchas ocasiones, las familias de las personas privadas de
libertad son las que tienen que asumir la responsabilidad de dar el seguimiento jurídico, lo
que desfavorece a quienes no tienen redes familiares, incluyendo a las personas extranjeras.
Apoyo para la reintegración después de salir de la prisión preventiva sin
condena
55. A pesar de estos efectos negativos de la prisión preventiva en las vidas de las personas
acusadas, no existe en Guatemala una reparación establecida por la aplicación indebida
de la prisión preventiva. Aunque se puede pedir una indemnización mediante un proceso
de revisión ante la Corte Suprema de Justicia, 85 los defensores o defensoras no siempre la
solicitan, ni los órganos jurisdiccionales siempre la otorgan. Además, no hay un apoyo a
las personas que salen de la prisión preventiva para la reintegración a sus comunidades, la
búsqueda de empleo o apoyo psicológico, entre otros. Varias personas entrevistadas también
reportaron un temor de ser estigmatizados al regresar a sus comunidades, además de sufrir las
consecuencias irreparables en sus vidas personales, tales como situaciones de desintegración
familiar, pérdida de familiares o pérdida de bienes.
85 Código Procesal Penal, art. 521 (“Cuando a causa de la revisión del procedimiento, el condenado fuere absuelto
o se le impusiere una pena menor, será indemnizado en razón del tiempo de privación de libertad o inhabilitación sufrida”).
26

Un problema de derechos humanos
5. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
5.1 Conclusiones
Aplicación no excepcional de la prisión preventiva
56. A partir de este estudio se identificaron serias dificultades para una efectiva aplicación del
espíritu de las normas nacionales que regulan la prisión preventiva por parte de funcionarios
del sistema de justicia, a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos.
57. En este sentido existen deficiencias importantes dentro del sistema de justicia para
asegurar el uso de la prisión preventiva realmente de forma excepcional, así como la aplicación
de medidas sustitutivas en los casos apropiados, lo que sigue resultando en violaciones a los
derechos a la libertad y a la presunción de inocencia.
58. La prisión preventiva es aplicada de manera no excepcional sin la debida argumentación
y verificación sobre la presencia de los dos requisitos (el peligro de fuga y/o la obstaculización
de la justicia).
59. El criterio de los funcionarios del sistema de justicia no siempre toma en consideración la
situación personal del imputado, incluyendo su situación socioeconómica, de etnia y género,
especialmente en casos de pueblos indígenas y mujeres, para emitir la decisión o la solicitud
de prisión preventiva.
60. Factores externos relacionados con la presión mediática y la adopción de leyes (muchas
que responden a lógicas del clamor social por la seguridad) que excluyen la posibilidad para
el juzgador de aplicar medidas sustitutivas, han contribuido a una aplicación no excepcional
de la prisión preventiva.
61. Persisten serias debilidades en el seguimiento de las medidas sustitutivas por las
autoridades competentes, como por ejemplo la verificación del cumplimiento del arresto
domiciliar o la prohibición de comunicarse con personas determinadas.
62. La prisión preventiva tiende a aplicarse de manera desproporcionada a las personas
de bajos recursos, lo que podría impactar en el derecho humano de ser juzgado de manera
no discriminatoria.
Detenciones prolongadas en prisión preventiva
63. Es de preocupación la inobservancia de los plazos máximos establecidos legalmente
para la permanencia de personas en detención preventiva, lo que refleja que la prisión
27

La Aplicación de la Prisión Preventiva en Guatemala:
preventiva continúa teniendo el impacto de una “pena anticipada” y una violación del derecho
al debido proceso.
64. La extensión de los plazos de la prisión preventiva es un problema del sistema de justicia
en su conjunto y no únicamente de una sola institución: cada uno de los sujetos procesales
tiene una responsabilidad. Los avances que puede realizar una institución en la reducción de
la mora judicial por ejemplo, se pueden ver comprometidos por la falta de recursos de otra
institución.
65. Las razones por las cuales los plazos máximos en prisión preventiva se extienden hasta
por más de tres años incluyen la suspensión regular de audiencias del Organismo Judicial, la
cantidad limitada de funcionarios de justicia tales como jueces, fiscales y defensores públicos,
el desbalance entre el número de los mismos en ciertas jurisdicciones y la cantidad de recursos
interpuestos en contra de las decisiones que toman los juzgadores, entre otros.
66. Se observa una debilidad en el control de los plazos por parte del sistema de justicia y
el Sistema Penitenciario debido a la falta de un sistema automatizado y unificado de registro
de los casos y los plazos en que se encuentran.
67. El derecho a la defensa se ve comprometido por los recursos limitados del Instituto de la
Defensa Pública Penal y por la sobrecarga de trabajo que tienen los defensores, en particular
para las personas de bajos recursos. Este problema repercute no sólo en la calidad de la
defensa durante el proceso judicial, sino también en el control del periodo que pasan en
prisión preventiva.
Consecuencias de la aplicación de la prisión preventiva
68. Una atención específica a la situación de la prisión preventiva podría contribuir en un
nivel significativo a reducir de manera efectiva la problemática del hacinamiento de los centros
de detención, los recursos limitados del Sistema Penitenciario, la situación de seguridad de las
personas dentro de los centros, y otros problemas conexos.
69. Las personas privadas de libertad en prisión preventiva no son tratadas como inocentes,
sufriendo por lo tanto las mismas consecuencias de las penas que reciben las personas
condenadas.
70. La detención preventiva y en particular cuando ésta es prolongada, ha generado
múltiples efectos negativos sobre los derechos humanos de personas privadas de libertad en
cuanto a los derechos a la salud, la integridad física y a la vida, entre otros, así mismo ha
resultado en efectos negativos colaterales en sus familias y comunidades.
La Instancia Coordinadora para la Modernización del Sector Justicia
71. La Instancia Coordinadora para la Modernización del Sector Justicia, que reúne a las
autoridades de todas las instituciones del sistema de justicia penal, es un espacio idóneo para
28

Un problema de derechos humanos
identificar medidas adecuadas y eficaces para abordar los problemas relacionados con la
prisión preventiva desde una perspectiva interinstitucional.
5.2 Recomendaciones
Sobre aplicación no excepcional de la prisión preventiva
72. Se recomienda que las instituciones de justicia, en particular el
Organismo Judicial y el Ministerio Público, aseguren que la aplicación de
la prisión preventiva sea usada de manera objetiva y excepcional, caso
por caso, sin responder a lógicas discriminatorias, e independiente de la
opinión pública y de los medios de comunicación.
73. Se recomienda implementar las reformas legales necesarias,
incluyendo al artículo 264 del Código Procesal Penal, para asegurar la
aplicación excepcional y no obligatoria de la prisión preventiva, con base
en los estándares internacionales, así como en los alcances interpretativos
de los precedentes jurisprudenciales de la Corte de Constitucionalidad en
la materia. Se debe revisar en el mismo sentido las políticas internas de
las instituciones del sector justicia respecto a la aplicación de la prisión
preventiva, incluyendo la Instrucción General 010-2005 del Ministerio
Público.
74. Como una manera de fortalecer la independencia judicial, se recomienda
asegurar que los jueces fundamenten debidamente la decisión de otorgar
la prisión preventiva, con base en el artículo 11 bis del Código Procesal
Penal. Para este mismo fin, se debería impulsar una coordinación entre
las escuelas de formación profesional de las instituciones del sistema de
justicia para lograr el fortalecimiento de la argumentación jurídica de los
funcionarios.
75. Se recomienda realizar un esfuerzo para crear espacios
interinstitucionales, incluyendo espacios de capacitación, para discutir y
acordar criterios interpretativos de la aplicación de la prisión preventiva con
base en los estándares internacionales y la interpretación de los precedentes
jurisprudenciales de la Corte de Constitucionalidad en la materia.
76. Se debe tomar las medidas necesarias para abordar de manera
integral una evaluación de la aplicación de la prisión preventiva por los
jueces y los fiscales. Los resultados de evaluación del desempeño bajo
criterios objetivos podrían generar insumos para identificar necesidades
de formación de jueces y fiscales en esta materia.
29

La Aplicación de la Prisión Preventiva en Guatemala:
77. El fortalecimiento del control y supervisión de las medidas sustitutivas
por parte de las autoridades judiciales y la coordinación con otras
autoridades, como la Policía Nacional Civil, debe ser una prioridad para
hacer efectiva su implementación, especialmente en casos de violencia
contra la mujer. Se recomienda trabajar hacia el desarrollo de nuevas
tecnologías para mejorar este control.
Sobre las demoras en los plazos
78. Se debe asegurar una revisión regular judicial de la decisión de
aplicar la prisión preventiva, especialmente en los casos de detenciones
prolongadas. En este sentido, también es necesario asegurar un estricto
cumplimiento con el artículo 268 del Código Procesal Penal que afirma
que la prisión preventiva no puede durar más de un año. Por otro lado,
se recomienda implementar reformas al mismo precepto legal con miras a
limitar la prolongación desmedida de la prisión preventiva.
79. En el caso del Organismo Judicial, se recomienda adoptar medidas
que permitan abordar el problema del hacinamiento estableciendo de
manera periódica un grupo de jueces que se encargue específicamente de
la revisión de expedientes para identificar casos de duración excesiva de
la prisión preventiva.
80. Se exhorta al fortalecimiento del sistema de justicia en su conjunto,
asegurando una presencia a nivel nacional, para que los operadores
de justicia puedan desempeñar sus funciones de manera adecuada. La
designación de la cantidad de jueces, fiscales, defensores públicos y otros
funcionarios del sistema de justicia, debe realizarse de forma articulada,
lo que podría requerir llevar a cabo las reformas legales correspondientes.
81. En particular, es necesario asegurar la asignación presupuestaria
al Instituto de Defensa Pública Penal para disminuir la brecha entre los
recursos humanos disponibles de esta institución con relación a los
demás instituciones del sistema de justicia. El precedente de la acción de
inconstitucionalidad presentada por el propio IDPP (al artículo 20 de la Ley
del IDPP) marca la tendencia que debería seguirse para responder a esta
demanda.
82. El Organismo Judicial debería considerar el traslado efectivo de
competencias a los juzgados de paz, en aquellos departamentos que todavía
no cuentan con dichas capacidades instaladas. En esas jurisdicciones, el
sistema de justicia debe asegurar la presencia correspondiente de fiscales
30

Un problema de derechos humanos
y defensores.
83. Para casos especiales de alto impacto que implican a un número alto
de personas sindicadas, se recomienda retomar la buena práctica de contar
con la participación de todas las instituciones del proceso penal (Ministerio
Público, Defensa Pública, Organismo Judicial) para facilitar y acelerar los
procedimientos relacionados a la primera declaración e imputación de
cargos.
84. Se recomienda el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional,
incluyendo la interconexión de la base de datos de todas las instituciones y
el fortalecimiento de los sistemas de registro, especialmente por parte del
Organismo Judicial, para mejorar la gestión judicial y reducir las demoras
en los procesos penales. En este sentido, se exhorta a tomar las medidas
necesarias para instaurar la obligatoriedad para los usuarios (funcionarios)
de hacer buen uso de la base de datos electrónica.
85. Se debe fortalecer el uso de sistemas de tecnología e información por
parte de las instituciones de justicia, incluyendo un sistema de alerta sobre
los plazos que llevan las personas detenidas; la notificación sistemática y
unificación de las agendas de audiencias; y el establecimiento y utilización
de un registro electrónico adecuado de los casos, con información accesible
públicamente sobre la fase procesal en la que se encuentran y sobre el
tiempo que el sindicado ha llevado en el proceso.
86. Se debe asegurar una investigación eficiente y oportuna del Ministerio
Público y un control efectivo por parte de los jueces de Primera Instancia
para que ésta se realice dentro de los plazos establecidos por la ley. Para
ello, es necesario que el Ministerio Público asegure que la investigación se
encuentre en una fase avanzada antes de girar las órdenes de captura.
Asimismo es necesario mejorar la coordinación efectiva entre el Ministerio
Público y el INACIF a la hora de realizar los peritajes para una investigación
criminal, particularmente en casos complejos, a fin de reducir las demoras
en la investigación.
87. Se recomienda mejorar la coordinación efectiva entre la Defensoría
Pública y las oficinas jurídicas de los centros de detención; con ello se
podrían optimizar los tiempos para preparar una adecuada defensa de
los casos, la comunicación y regímenes de visitas con sus patrocinados, o
el seguimiento a las diferentes etapas de los procesos judiciales que están
viendo, incluyendo las notificaciones de las audiencias.
31

La Aplicación de la Prisión Preventiva en Guatemala:
Sobre el Sistema Penitenciario
88. Se recomienda incrementar el número de los equipos multidisciplinarios
y fortalecer sus capacidades para que puedan cumplir con su mandato de
asegurar la división y clasificación de los privados de libertad tomando en
cuenta su perfil y su situación preventiva o de condena.
89. Se recomienda fortalecer las supervisiones que deben efectuar los
jueces a los centros penales para poder dar seguimiento a las condiciones
de detención de las personas privadas de libertad, de acuerdo con el artículo
95 de la Ley del Organismo Judicial y en cumplimiento del convenio de
cooperación interinstitucional entre el Organismo Judicial y el Procurador
de los Derechos Humanos “Supervisión de Centros de Detención y Cárceles
del Sistema Penitenciario”, suscrito el 6 de septiembre de 2016.
90. Se considera prioritario que el Sistema Penitenciario invierta en el
control de la seguridad personal de los centros penales, incrementando sus
recursos en términos de número de guardias penitenciarios y fortaleciendo
sus capacidades así como la carrera penitenciaria. Se recomienda a los
centros penales garantizar que los directores y/o subdirectores de centros
penales sean las personas idóneas, con la formación que se requiere para
el puesto.
91. Se recomienda a las autoridades brindar una especial atención de
trato, seguridad y respuesta a las necesidades especiales de las personas
consideradas como más vulnerables, como las personas indígenas y
afrodecendientes, en particular las que no hablan el idioma español,
personas LGBTI, personas con discapacidad y personas mayores.
Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia
92. Se recomienda el fortalecimiento de la Instancia Coordinadora de la
Modernización del Sector Justicia como espacio idóneo para abordar el
tema de la prisión preventiva de acuerdo con una agenda estratégica, con
miras a desarrollar respuestas interinstitucionales de manera concertada.
93. Para ello es necesario que se adopte una ley marco que fortalezca
la Instancia y le brinde estabilidad, contando con presupuesto y personal
propio, para asegurar el análisis y seguimiento permanente de problemas
como el uso de la prisión preventiva, así como el desarrollo de políticas,
planes y programas. 86
32
86 Ver Informe anual de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en 2009, A/HRC/13/26/
Add.1, párr 40.