ÍNDICE

La Aplicación de la Prisión Preventiva en Guatemala:
77. El fortalecimiento del control y supervisión de las medidas sustitutivas
por parte de las autoridades judiciales y la coordinación con otras
autoridades, como la Policía Nacional Civil, debe ser una prioridad para
hacer efectiva su implementación, especialmente en casos de violencia
contra la mujer. Se recomienda trabajar hacia el desarrollo de nuevas
tecnologías para mejorar este control.
Sobre las demoras en los plazos
78. Se debe asegurar una revisión regular judicial de la decisión de
aplicar la prisión preventiva, especialmente en los casos de detenciones
prolongadas. En este sentido, también es necesario asegurar un estricto
cumplimiento con el artículo 268 del Código Procesal Penal que afirma
que la prisión preventiva no puede durar más de un año. Por otro lado,
se recomienda implementar reformas al mismo precepto legal con miras a
limitar la prolongación desmedida de la prisión preventiva.
79. En el caso del Organismo Judicial, se recomienda adoptar medidas
que permitan abordar el problema del hacinamiento estableciendo de
manera periódica un grupo de jueces que se encargue específicamente de
la revisión de expedientes para identificar casos de duración excesiva de
la prisión preventiva.
80. Se exhorta al fortalecimiento del sistema de justicia en su conjunto,
asegurando una presencia a nivel nacional, para que los operadores
de justicia puedan desempeñar sus funciones de manera adecuada. La
designación de la cantidad de jueces, fiscales, defensores públicos y otros
funcionarios del sistema de justicia, debe realizarse de forma articulada,
lo que podría requerir llevar a cabo las reformas legales correspondientes.
81. En particular, es necesario asegurar la asignación presupuestaria
al Instituto de Defensa Pública Penal para disminuir la brecha entre los
recursos humanos disponibles de esta institución con relación a los
demás instituciones del sistema de justicia. El precedente de la acción de
inconstitucionalidad presentada por el propio IDPP (al artículo 20 de la Ley
del IDPP) marca la tendencia que debería seguirse para responder a esta
demanda.
82. El Organismo Judicial debería considerar el traslado efectivo de
competencias a los juzgados de paz, en aquellos departamentos que todavía
no cuentan con dichas capacidades instaladas. En esas jurisdicciones, el
sistema de justicia debe asegurar la presencia correspondiente de fiscales
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