ÍNDICE

Un problema de derechos humanos
2. MARCO LEGAL
2.1 Estándares internacionales sobre derechos humanos aplicables a la
prisión preventiva
5. Como resultado de la aprobación y ratificación de tratados internacionales, el Estado de
Guatemala tiene la obligación de cumplir con los estándares en materia de libertad personal,
presunción de inocencia y debido proceso. 11
6. Las normas internacionales y regionales de derechos humanos 12 establecen que la
prisión preventiva debe ser la excepción y no la regla general 13 y debe ser utilizada como
último recurso. 14 En este sentido, la prisión preventiva es una medida cautelar y no punitiva. 15
El derecho a la libertad solo se puede restringir cuando existen razones fundadas para creer
que la persona ha participado o cometido un delito 16 y por ciertos motivos establecidos por
ley 17 los cuales en el caso de la prisión preventiva pueden incluir un riesgo de comisión de
otros delitos graves, un peligro de fuga o un peligro de obstaculización de la investigación o
de la administración de la justicia 18 (principio de necesidad 19 ).
7. Aun cuando la detención es una posibilidad, los estándares internacionales requieren el
11 Ver el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (ratificado por Guatemala en 1992) y la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (ratificada por Guatemala en 1978).
12 Para un resumen de los principios que rigen la prisión preventiva por el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos, véase OEA/Ser.L/V/II. Doc.46/13, 2013, párr. 21.
13 Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, Adoptados
por la Comisión durante el 131º período ordinario de sesiones, celebrado del 3 al 14 de marzo de 2008, Principio III, párr.
2 (“La libertad personal como regla general, y se aplique como excepción la privación preventiva de la libertad”).
14 Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio), Adoptadas
por la Asamblea General en su resolución 45/110 de 14 de diciembre de 1990, art. 6.1 (“solo se recurrirá a la prisión
preventiva como último recurso”).
15 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. Sentencia de 17 de noviembre
de 2009 (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 121 (“Del principio de presunción de inocencia, reconocido en el artículo
8.2 de la Convención, deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente
necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de
la justicia. La prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva. Constituye, además, la medida más severa que se puede
imponer al imputado. Por ello, se debe aplicar excepcionalmente. La regla debe ser la libertad del procesado mientras
se resuelve acerca de su responsabilidad penal”).
16 Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre le prevención del delito y tratamiento del delincuente, Habana,
(1990), p. 169, párr. 2(b); disponible en (Octavo Congreso): https://www.unodc.org/documents/congress/Previous_
Congresses/8th_Congress_1990/028_ACONF.144.28.Rev.1_Report_Eighth_United_Nations_Congress_on_the_Prevention_of_Crime_and_the_Treatment_of_Offenders_S.pdf
(A/CONF.144/28/Rev.1).
17 Por ejemplo: Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (art. 9.1); Convención Americana sobre Derechos
Humanos (art. 7.2).
18 Octavo Congreso, p. 169, párr. 2(b).
19 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Bayarri Vs. Argentina. Sentencia de 30 de octubre de 2008
(Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 69.
7