ÍNDICE

Un problema de derechos humanos
y defensores.
83. Para casos especiales de alto impacto que implican a un número alto
de personas sindicadas, se recomienda retomar la buena práctica de contar
con la participación de todas las instituciones del proceso penal (Ministerio
Público, Defensa Pública, Organismo Judicial) para facilitar y acelerar los
procedimientos relacionados a la primera declaración e imputación de
cargos.
84. Se recomienda el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional,
incluyendo la interconexión de la base de datos de todas las instituciones y
el fortalecimiento de los sistemas de registro, especialmente por parte del
Organismo Judicial, para mejorar la gestión judicial y reducir las demoras
en los procesos penales. En este sentido, se exhorta a tomar las medidas
necesarias para instaurar la obligatoriedad para los usuarios (funcionarios)
de hacer buen uso de la base de datos electrónica.
85. Se debe fortalecer el uso de sistemas de tecnología e información por
parte de las instituciones de justicia, incluyendo un sistema de alerta sobre
los plazos que llevan las personas detenidas; la notificación sistemática y
unificación de las agendas de audiencias; y el establecimiento y utilización
de un registro electrónico adecuado de los casos, con información accesible
públicamente sobre la fase procesal en la que se encuentran y sobre el
tiempo que el sindicado ha llevado en el proceso.
86. Se debe asegurar una investigación eficiente y oportuna del Ministerio
Público y un control efectivo por parte de los jueces de Primera Instancia
para que ésta se realice dentro de los plazos establecidos por la ley. Para
ello, es necesario que el Ministerio Público asegure que la investigación se
encuentre en una fase avanzada antes de girar las órdenes de captura.
Asimismo es necesario mejorar la coordinación efectiva entre el Ministerio
Público y el INACIF a la hora de realizar los peritajes para una investigación
criminal, particularmente en casos complejos, a fin de reducir las demoras
en la investigación.
87. Se recomienda mejorar la coordinación efectiva entre la Defensoría
Pública y las oficinas jurídicas de los centros de detención; con ello se
podrían optimizar los tiempos para preparar una adecuada defensa de
los casos, la comunicación y regímenes de visitas con sus patrocinados, o
el seguimiento a las diferentes etapas de los procesos judiciales que están
viendo, incluyendo las notificaciones de las audiencias.
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