ÍNDICE

Un problema de derechos humanos
identificar medidas adecuadas y eficaces para abordar los problemas relacionados con la
prisión preventiva desde una perspectiva interinstitucional.
5.2 Recomendaciones
Sobre aplicación no excepcional de la prisión preventiva
72. Se recomienda que las instituciones de justicia, en particular el
Organismo Judicial y el Ministerio Público, aseguren que la aplicación de
la prisión preventiva sea usada de manera objetiva y excepcional, caso
por caso, sin responder a lógicas discriminatorias, e independiente de la
opinión pública y de los medios de comunicación.
73. Se recomienda implementar las reformas legales necesarias,
incluyendo al artículo 264 del Código Procesal Penal, para asegurar la
aplicación excepcional y no obligatoria de la prisión preventiva, con base
en los estándares internacionales, así como en los alcances interpretativos
de los precedentes jurisprudenciales de la Corte de Constitucionalidad en
la materia. Se debe revisar en el mismo sentido las políticas internas de
las instituciones del sector justicia respecto a la aplicación de la prisión
preventiva, incluyendo la Instrucción General 010-2005 del Ministerio
Público.
74. Como una manera de fortalecer la independencia judicial, se recomienda
asegurar que los jueces fundamenten debidamente la decisión de otorgar
la prisión preventiva, con base en el artículo 11 bis del Código Procesal
Penal. Para este mismo fin, se debería impulsar una coordinación entre
las escuelas de formación profesional de las instituciones del sistema de
justicia para lograr el fortalecimiento de la argumentación jurídica de los
funcionarios.
75. Se recomienda realizar un esfuerzo para crear espacios
interinstitucionales, incluyendo espacios de capacitación, para discutir y
acordar criterios interpretativos de la aplicación de la prisión preventiva con
base en los estándares internacionales y la interpretación de los precedentes
jurisprudenciales de la Corte de Constitucionalidad en la materia.
76. Se debe tomar las medidas necesarias para abordar de manera
integral una evaluación de la aplicación de la prisión preventiva por los
jueces y los fiscales. Los resultados de evaluación del desempeño bajo
criterios objetivos podrían generar insumos para identificar necesidades
de formación de jueces y fiscales en esta materia.
29