FINALFINAL CONFconcordia -2

Todo comenzó por borrar la memoria. Por tal razón, el eje del
pacto de La Habana fue la tergiversación de la historia de
Colombia con el fin de maquillar para las nuevas generaciones
la razón de ser política y el actuar criminal de las Farc.
De entrada se ignoró el hecho histórico que logró la paz de
Colombia: el acuerdo de los dos grandes partidos para poner
punto final al desangre. Mediante una fórmula audaz se acordó
en 1957 el Frente Nacional. Se logró, en las palabras del
presidente Darío Echandía, que en Colombia fuese posible
“volver a pescar de noche”.
Me cuenta una amiga cercana a los hechos que la fórmula fue
inspirada por los enfrentados católicos y protestantes de la
canadiense y pescadora provincia de Nueva Escocia -en
Halifax, precisamente- en la que sus ciudadanos resolvieron
alternar el poder de común acuerdo para poner fin al conflicto
religioso que hacía su vida y su futuro imposibles. La noticia del
inusual arreglo habría llegado a manos del expresidente
Laureano Gómez, quien eventualmente pactó en Sitges y
Benidorm el Frente Nacional con su contendor Alberto Lleras
Camargo sobre un modelo similarmente heterodoxo.
Cuando los residuos de la violencia partidista fueron asumidos
por el comunismo para darles forma de guerrillas, Colombia
era un país en paz. Un país que había pactado, firmado y
ratificado su paz, unánime y transparentemente en las urnas,
mediante un plebiscito multitudinario. En este entorno de
concordia las Farc le declararon la guerra a la Colombia que
dejó atrás el conflicto para emprender nuevos caminos de
justicia social y desarrollo. La Colombia que estrenaba la
conciliación y apenas la celebraba fue agredida por las Farc
porque al naciente castrismo no le gustaba la paz reinante en
Colombia puesto que la democracia era el obstáculo a sus
propósitos continentales.
La respuesta del país a este grupo, sanguinario desde sus
orígenes, fue apenas en defensa propia. Y lo cierto, lo que la
historia oficial de las Farc y el gobierno de Santos pretenden
hoy ignorar, es que el Frente Nacional entregó en 1974 un país
en paz y progreso, con empleo abundante, ahorro, vivienda y
desarrollo agrícola. Un país el que durante los últimos cuatro
años del experimento político duplicó el número de aulas
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escolares construidas en su 150 años como República. En esa
Colombia, al cierre del Frente Nacional, el enfrentamiento
partidista estaba marcado por la discusión, planteada por el
gobierno entrante, de si la economía estaba creciendo al 7% o al
9%. Dicho sea de paso, el país estaba creciendo al 9%, como se
demostró posteriormente.
Las Farc, el Eln y el M19, prácticamente inexistentes en 1974
como fuerza militar y política, sin ninguna base popular,
habrían de surgir con fuerza después del Frente Nacional como
mafias de secuestro, extorsión, terrorismo y narcotráfico.
Esas guerrillas, tan sui generis y minúsculas en el Frente
Nacional, llegaron a prácticamente doblegar al estado y
generar como reacción el infame paramilitarismo. “Señor
Presidente: estamos perdiendo la guerra”, fueron las primeras
palabras que oí del nuevo comandante de la FF.AA. en mi
primer consejo de ministros como jefe del estado en 1998.
Sin embargo, poco antes, yo había viajado como presidente
electo al campamento de Manuel Marulanda, alias Tirofijo, en
busca de abrir un camino hacia la paz. Hace poco me encontré
por coincidencia una vieja cinta de video que contenía un
registro histórico que creíamos perdido cuando no funcionó
nuestra cámara: la versión paralela lograda por una guerrillera
de mi primera conversación con Marulanda, en la que le
advierto que voy a construir unas nuevas Fuerzas Armadas y
de Policía “para la paz o para la guerra”. “Usted decide”, le dije
a Tirofijo. La constancia histórica del momento está hoy
disponible en mi página web.
La simultaneidad del diálogo y el Plan Colombia garantizaron la
pronta y efectiva respuesta a la mala fe de las Farc en el
Caguán. El país que recibí resignado a la disyuntiva de guerrilla
o paramilitarismo, recuperó el monopolio de la fuerza en
manos del estado. Y la guerrilla, diezmada y doblegada, retornó
eventualmente a la mesa en la que habría de resucitar.
Tal vez en calidad de testigo he sido invitado a este foro para
abordar el tema de la implementación a la fuerza de un acuerdo
rechazado por el pueblo colombiano en la urnas. En acto sin
antecedente en nuestra historia, se ha dado un golpe de estado
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en consonancia con la subversión. En ese marco no debería
caber discusión alguna puesto que se trata del robo descarado
de una elección popular. Todo lo que de allí se desprenda es, por
lo tanto, igualmente ilegal y antidemocrático. Como
colombiano, como demócrata, como expresidente de la
República no puedo menos que condenar, como lo he hecho
insistentemente, ese vergonzoso acto totalitario que desafía lo
poco que queda en pie de nuestras instituciones y nuestra
tradición de libertad y democracia.
Sin embargo, he accedido a contribuir a este diálogo con
algunas reflexiones sobre el presente y el futuro de una
democracia a la que un extremista extranjero le ha
superimpuesto una nueva constitución que acaba con el
democrático equilibrio de poderes, con la Justicia y con el
Parlamento para habilitar dictatorialmente al Ejecutivo y a un
seudotribunal de justicia.
El momento no puede ser más oportuno para el análisis de un
país marcado por la corrupción. El acuerdo de La Habana es un
acuerdo corrupto pactado por un gobierno corrupto con una
guerrilla corrupta. Nada bueno para el país podía salir de esta
combinación funesta rechazada por el pueblo colombiano.
Aquí entre nosotros seguramente se encuentran ciudadanos
británicos, italianos o estadounidenses que pueden dar fe de
que en sus democracias el voto se respeta. Que los resultados se
pueden discutir posteriormente con vehemencia, pero nunca se
niegan. Eso no se le pasa por la cabeza a ningún demócrata de
latitud alguna. Excepto por la cabeza del estado colombiano.
Esto, lo que hoy discutimos democráticamente, seguramente
no lo veremos mañana en muchos medios de comunicación de
Colombia, sometidos por los miles de millones de dólares en
publicidad que el gobierno Santos les ha inyectado para
comprar su silencio y sus aplausos. Aquí, en esta mesa,
tenemos un testigo de excepción de ello: el comisionado
encargado de dispensar buena parte de los dineros del estado a
los medios.
He sido invitado a hablar sobre la implementación de unos
pactos que poco tienen que ver con las zonas de distensión y
entrega de armas. La verdadera implementación de los
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acuerdos rechazados por los colombianos en las urnas es el
diario y constante desmonte de las instituciones democráticas
de Colombia.
Hoy, Colombia está sumergida en un escándalo que ha puesto a
toda la contratación pública en entredicho. La corrupción de
Odebrecht compromete hasta ahora, de una u otra forma, a
cinco ministros y exministros de este gobierno, a un ex
secretario general de la Presidencia, al jefe de la campaña
Santos 2014, a los asesores de imagen y al secretario privado
del Presidente. Solo para hablar del inmediato entorno
presidencial. Vendrá más adelante el escándalo de la refinería
de Cartagena, la que costó más que la ampliación del Canal de
Panamá gracias a los más de ocho mil millones de dólares
marcados por la corrupción desmesurada del proyecto.
La corrupción del Congreso es evidente tanto en las cifras
presupuestales como en sus actuaciones anticonstitucionales,
doblegadas al Ejecutivo y la chequera del presupuesto nacional.
La Justicia, mientras tanto, ha sido despojada de sus
herramientas por un seudotribunal elegido por un sospechoso
comité extranjero. A partir de esa instancia incontrolada,
concebida por un comunista foráneo, Colombia será una nación
sin Corte Suprema de Justicia, sin Corte Constitucional, sin
Fiscal, sin Procurador, sin justicia ordinaria.
Hoy, en esta mesa, seguramente veremos cómo los amigos y
funcionarios del gobierno pretenden defender este engendro
con trucos retóricos que apelan a lo que ellos consideran los
sentimientos de paz por encima de todo. Paz sin instituciones,
sin leyes, sin justicia. Apelando a lo visceral sin fundamentos
jurídicos que coincidan con los principios y garantías
universales del derecho. Veremos cómo la única defensa
posible del gobierno y las Farc es y ha sido “el fin justifica los
medios”.
Nos dirán, seguramente, que la Corte decidió en consonancia
con el Ejecutivo que la voluntad popular no es el voto del pueblo
sino el sometimiento del Congreso. Alegarán que dos párrafos
hacen un nuevo acuerdo. Que en el África central han hecho
experimentos jurídicos superiores a las instituciones de
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nuestra vieja República. Dirán cosas que ni siquiera Hugo
Chávez se hubiese atrevido a afirmar. Dirán –de una u otra
forma- que por lograr la firma de las Farc, todo vale. Y dirán
que desconocer un resultado electoral democrático, también
vale. Porque para Santos y las Farc, para el Congreso que
desmonta la Constitución de afán, para la Justicia que le
levantaron la venda, “el fin justifica los medios”.
Basta analizar el proceso de La Habana para darse cuenta de
que lo que buscó el gobierno fue un acuerdo a cualquier precio.
Que las Farc no cedieron un milímetro en sus pretensiones y
que el gobierno no obtuvo nada. Que el gobierno entregó las
instituciones, las salvaguardas constitucionales, a cambio de
nada. Aquí tenemos como testigo de excepción a quien ha
debido negociar algo pero entregó todo.
Las Farc fueron amnistiadas como cartel, obtuvieron la
protección de sus cultivos gracias a la no fumigación,
guardaron sus dineros, mantienen sus rutas, no reparan a sus
víctimas, no devuelven a los niños que secuestraron para
convertirlos en asesinos, imponen al Congreso su voluntad,
obtienen territorios y feudos políticos intocables, curules
parlamentarias, cadena de emisoras. Pero, ante todo,
desmontan la justicia y la sustituyen por un seudotribunal,
escogido por un comité extraño y extranjero, omnipotente y
omnímodo, sin control y sin límite en el tiempo, afín a sus
convicciones y propósitos.
En esta mesa me ha correspondido hacer la presentación de los
mecanismos de ratificación del golpe de estado de Juan Manuel
Santos y las Farc. Lo que el gobierno eufemísticamente llama
‘implementación de los acuerdos’. De los pactos con las Farc
rechazados por los colombianos, de los acuerdos impuestos a la
fuerza pretendiendo el engaño de una ilusión de paz sin
instituciones democráticas que no es más que una bomba de
tiempo.
Colombia vive el drama de la autocracia y el golpe de estado
permanente. Ante este drama, la discusión no debe centrarse
en la tendencia del gobierno y o la de quienes lo enfrentan sino
en la manera de garantizar la solidez de las instituciones
democráticas en los vaivenes del péndulo de la alternación en
el poder y las ideas.
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La más reciente edición de la revista Atlantic trae una
reflexión sobre los peligros en Estados Unidos de una
autocracia y las deformaciones institucionales y abusos del
poder que pueden estimularla. El autor no se refiere a Colombia
cuando analiza el fenómeno de orden global, pero sus
reflexiones indudablemente traen un eco de la realidad
colombiana. Particularmente cuando se muestra el paso de la
autocracia a la cleptocracia -el gobierno de los ladrones- en las
naciones que concentran todos los poderes en el Ejecutivo a
costa de la mutilación o anulación efectiva del Congreso y la
Justicia.
Es así, por razón de sus desmanes y los de su entorno, que el
gobierno de Santos no sería comparable con Estados Unidos o
Francia sino más bien con los regímenes cleptocráticos de
Jacob Zuma en Suráfrica o Hugo Chávez en Venezuela. El país
así lo entiende y las encuestas confirman el descontento
general, semana tras semana.
Únicamente con los poderes concentrados del Ejecutivo y el
desmonte de la justicia y el parlamento pactados con las Farc
puede mantenerse impune la predominante cleptocracia que
saquea el presupuesto nacional al ritmo de 20 billones de pesos
anuales. Solamente con la implementación de los pactos que el
gobierno rechazó se garantiza el florecimiento impune de la
industria del narcotráfico. La razón es muy sencilla: los pactos
fueron hechos a la medida de un cartel mafioso y de sus
intereses. Esos pactos de impunidad que se ajustan
perfectamente a los intereses de los carteles de la contratación
y el saqueo de las entidades públicas.
Lo que hemos de discutir aquí, entonces, es si la paz es posible
en un país sin instituciones efectivas, sin equilibrio de poderes,
autocrático y profundamente corrupto. Si la democracia es
posible tras el desconocimiento de un proceso electoral y en
medio del robo continuado de $20 billones de pesos anuales de
las arcas del estado. nos debemos preguntar si la eventual
victoria por la Presidencia en las urnas de quienes vencimos en
el plebiscito será garantizada en 2018 o será birlada de nuevo.
Pero más allá, la preocupación de los colombianos en las
próximas elecciones no debe centrarse en la disyuntiva de Paz
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o guerra. Lo que está en juego es la democracia liberal y
participativa cuando vemos la paja en el ojo ajeno de los
vecinos pero no la viga en el propio. Porque la concentración
del poder en el Ejecutivo se ha convertido en la herramienta
para garantizar la impunidad de la corrupción.
La verdadera implementación de la paz se dará en Colombia
tras las elecciones de 2018 en las que dos puntos de vistas
habrán de enfrentarse: el de la ilusión de paz en la corrupción,
sin Constitución efectiva y sin instituciones legislativas y de
justicia. O la opción de la paz real y duradera sustentada sobre
las instituciones democráticas sólidas con pesos, contrapesos y
garantías democráticas. Esta última triunfó en 2016 para
rechazar lo que hoy se pretende implementar y su victoria le
fue rapada por el régimen. Pero esa Colombia, cuya mano
tendida el presidente Santos rechazó tras el plebiscito en aras
del golpe contra la Constitución y las leyes con las Farc, ha de
volver renovada en 2018 para liderar un gobierno sin
exclusiones, para todos los colombianos.
Muchas Gracias
Foro Concordia , Metropolitan Club , Febrero 21, 2017
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