REVISTA LAS MEDIDAS CAUTELARES Y MUCHO MAS PDF

REVISTA JURIDICA AL DIA
MEDIDAS CAUTELARES
Directora Editorial. FREYDALI SUAREZ
CI: 20.943.580
EXP: CJP 10300549V
Año. 4
Nro. 18
Punto 1: Las medidas
cautelares. Requisitos de procedencia.
Proporcionalidad. Bienes sobre los cuales
pueden recaer. La caución procesal. Clases.
La oposición a las medidas cautelares:
oposición de partes y oposición de terceros.
Otras incidencias. Tramitación.
Punto 2: Clases de medidas cautelares. El
embargo preventivo. Ejecución. Embargo de
créditos y derechos litigiosos. Embargo de
bienes ya embargados. Embargo de créditos
cedidos parcialmente. Ejecución preferente.
Punto 3: El secuestro. Objeto.
Características. Causales.
Punto 4: Le prohibición de enajenar y
gravar. Concepto. Tramitación.
Responsabilidad del juez.
Punto 5: Las medidas innominadas.
Objeto. Requisitos. La oposición. Decreto y
suspensión con caución. Las medidas
complementarias.
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del.

Principio de proporcionalidad en sentido amplio y en
sentido restrictivo
El principio de proporcionalidad se ha entendido en
sentido amplio y restrictivo:
+ Principio de proporcionalidad en sentido amplio
LAS MEDIDAS CAUTELARES
El Diccionario Jurídico Espasa define a las medidas
cautelares como:
Medidas: Actuaciones judiciales a practicar o adoptar
preventivamente en determinados casos previstos en la
Ley.
Cautelares: Aquellas que se pueden adoptar
preventivamente por los Tribunales y estarán en vigor
hasta que recaiga sentencia firme que ponga fin al
procedimiento en el que se hayan acordado, o hasta que
éste finalice; no obstante podrán ser modificadas o
revocadas durante el curso del procedimiento si
cambiaran las circunstancias en virtud de las cuales se
hubieran adoptado
Requisitos de Procedencia
De acuerdo con la doctrina procesal, plenamente
aplicable al contencioso-administrativo, los elementos
fundamentales al momento de examinar la procedencia
de las medidas cautelares, son, en primer lugar, la
apariencia de buen derecho o fumus boni iuris (no plena
prueba sino la argumentación razonable acompañada de
una prueba sumaria). Consiste en un juicio preliminar
acerca de la verosimilitud de la procedencia de la
pretensión interpuesta, que debe lucir como de probable
acogida en la sentencia de fondo.
¿Por qué es necesaria la idea de proporcionalidad?
Como afirma MIR PUIG, la idea de proporcionalidad no
solo es necesaria para limitar las medidas, sino también
para graduar las penas y el principio de culpabilidad. No
basta, entendido en sus justos términos, para asegurar
la necesaria proporcionalidad entre delito y pena. El
principio de culpabilidad exige que pueda culparse al
sujeto por la lesión para la que se la castiga lo que
requiere ciertas condiciones. Nada dice esto de la
gravedad de la lesión ni por tanto de que deba ajustarse
a la cuantía de la pena a ésta
Para COBO–VIVES, que lo planteó de forma amplia, el
principio de prohibición de exceso o de proporcionalidad
comporta que la configuración legislativa y la aplicación
judicial y la aplicación judicial o administrativa de
cualquier clase de medida restrictiva de libertad ha de
ajustarse a las siguientes exigencias:
- Adecuación al fin.
. Necesidad.
. Proporcionalidad en sentido estricto.
Principio de proporcionalidad en sentido estricto
Frente a esta visión amplia, el principio de
proporcionalidad debe ser estimado o considerado en
sentido estricto, esto es, la gravedad de la pena o de la
medida de seguridad debe corresponderse con la
gravedad del hecho cometido y con la peligrosidad social
del sujeto respectivamente.
Regulación legal en la Constitución
La proclamación legal del principio de proporcionalidad
en se puede estimar contemplado en los artículos 15, 17
o 55 de la Constitución DE LA República Bolivariana de
Venezuela. Es sumamente problemático el artículo 25.1
de la CRBV.
Bienes sobre los cuales pueden recaer
Las medidas preventivas son providencias emanadas,
judicialmente a petición de partes o de oficio, por medio
de las cuales se efectúa la prevención o aseguramientos
procesales, con carácter provisorio sobre bienes o
personas para garantizar las resultas de un juicio, deben
denominarse medidas preventivas, en razón de su
trayectoria histórica en el proceso venezolano, y por otra
parte, es el nombre que está establecido por el Código
de Procedimiento Civil. Las medidas preventivas
consideradas dentro de las medidas cautelares, tienen
efectos eminentemente ejecutivos, aseguran la ejecución
forzosa del fallo, lo que ha conducido a denominarlas
medidas preventivas típicas. Están previstas en el
Código de Procedimiento Civil para asegurar la

ejecución de la sentencia, garantizar el resultado
práctico de las acciones del acreedor contra el deudor,
mediante un sistema que permite colocar determinados
bienes, fuera de toda transacción comercial, de manera
que queden afectados forzosamente a la satisfacción de
las obligaciones que se declaren o sean reconocidas en
el proceso.
Las medidas preventivas están consagradas por ley civil
para asegurar la eficacia de los procesos civiles,
garantizando el resultado práctico de las acciones del
acreedor contra el deudor. Para ello se impone la toma
de medidas orientadas a impedir el menoscabo de ese
derecho, protegiéndolo mediante un sistema que permita
colocar de improvisto determinados bienes fuera de toda
transacción comercial para que queden forzosamente
afectos a la satisfacción de las obligaciones que haya de
declararse o reconocerse al fin del proceso.
a. Nominadas o Generales: (Art.588 CPC):
pueda causar a otra, una lesión patrimonial grave, o de
difícil reparación; como por ejemplo: autorizar o prohibir
la ejecución de determinados actos. Este tipo de
medidas son las que puede dictar el Juez de acuerdo al
caso concreto cuando lo que se persigue es el
aseguramiento de las resultas de aquellas demandas
que no buscan la satisfacción de obligaciones dinerarias
o la restitución de algún bien.
El artículo 585 CPC establece el presupuesto para que
la medida sea decretada por el Juez:
1. Exista un riesgo manifiesto de que quede
ilusoria la ejecución del fallo (FUMUS
PERICULUM IN MORA).
La caución procesal
Art. 46. Caución significa generalmente cualquiera
obligación que se contrae para la seguridad de otra
obligación propia o ajena. Son especies de caución la
fianza, la hipoteca y la prenda.
1°. El embargo de bienes muebles: Medida cautelar
adoptada por la autoridad judicial para asegurar el
resultado de un proceso y que recae sobre determinados
bienes cuya disponibilidad se impide. El embargo es la
retención, secuestro o prohibición de dispones de ciertos
bienes sujetos a responder eventualmente de una deuda
u obligación.
Garantía de carácter patrimonial que debe prestar una
de las partes en el proceso a fin de asegurar a la otra el
cumplimiento de las obligaciones emergentes del mismo.
Por lo general, consiste en poner a disposición del
juzgado una cantidad de dinero o de bienes fungibles.
En algunos casos también se gravan bienes inmuebles a
fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones
emergentes del proceso. Las cauciones procesales
pueden ser de carácter
Clases de Caución
-Personal, real o juratorio.
2°-El secuestro de bienes determinados: El secuestro
es el depósito de bienes muebles o inmuebles materia
de un litigio que, en manos de terceros y para fines
preventivos y de conservación, hacen los interesados o
decreta el Tribunal.
3°. La prohibición de enajenar y gravar bienes
inmuebles: Esta medida no afecta ni perturba de
manera inmediata al afectado, constituye una limitación
al derecho de propiedad y por lo tanto su interpretación
debe ser siempre restrictiva y no puede aplicase de
manera analógica.
b. Innominadas o medidas cautelares atípicas: son
las providencias cautelares que acordará el Juez,
cuando hubiere fundado temor de que una de las partes
Personal. Promesa que el beneficiario de la caución
presta por daños potenciales que pueda causar la MP(
Medida Precautoria) lograda. Se sostiene en la
confianza.
Real. Consiste en el depósito de una suma de dinero
que el juez ordena como caución.
Mejora De La Caución
Una vez en proceso, el sujeto pasivo que es afectado en
su bien por la MP puede pedir que la otra parte aumente
la suma de dinero dado o depositado como caución
(CPC, 174).
Oposición a las medidas cautelares

Oportunidad Art. 546 CPC. Al practicarse la medida y
hasta el día siguiente a la publicación del último cartel de
remate.
Procedimiento
Tercero alega ser tenedor legítimo, presenta prueba de
la propiedad y se encuentra la cosa verdaderamente en
su poder, Juez, aun el comisionado, suspende la medida
en el mismo acto de la práctica del embargo.
Ejecutante se opone con otra prueba fehaciente. Se
abrirá una Articulación probatoria de 8 días, sin término
de distancia, decisión al 9° día.
Situaciones que pueden presentarse. Art 546 CPC.
Si el tercero triunfa, se levanta la medida.
Si el tercero no triunfa y es poseedor precario a nombre
del ejecutado o sólo tiene un derecho exigible sobre la
cosa, se respeta el derecho, pero se mantiene la
medida.
En caso de ejecución el que adquiere en remate
respetará el derecho del tercero.
Si el tercero no prueba nada, se mantiene la medida.
Si la cosa embargada produce frutos, se embargarán
éstos y el producto se destinará a satisfacer la ejecución.
Apelación:
Apelación en un solo efecto; y en caso en los cuales sea
admisible, se oirá el Recurso de Casación.
Consecuencias: Agotados los Recursos la sentencia
produce efectos de Cosa Juzgada, pero el tercero,
puede proponer la tercería si hubiere lugar a ello.
OPOSICION A LAS MEDIDAS CAUTELARES
OPOSICIÓN DE PARTES (Arts. 602 al 606 CPC).
Una vez, cumplida la medida de que se trate (haberse
comunicado al Registrador sobre la prohibición de
enajenar y gravar bienes inmuebles; puestos en depósito
las cosas secuestradas o embargadas). La parte contra
quien se ha ejecutado la medida, puede hacer oposición
a la misma a tenor de lo preceptuado por el Art. 602
CPC, que expresa: “Dentro del tercer día siguiente a la
ejecución de la medida preventiva si parte contra quien
obre, estuviere ya citada o dentro del tercer día siguiente
a citación de parte contra quien obre la medida podrá
oponerse a ella exponiendo las razones y fundamentos
que tuviere que alegar. Haya habido o no oposición, se
entenderá abierta una articulación de ocho días, para
que los interesados promuevan y hagan evacuar las
pruebas que convengan a sus derechos.
En los casos a que se refiere el artículo 590 no habrá
oposición, ni la articulación de que habla este artículo,
pero la parte podrá hacer suspender la medida como se
establece en el artículo 589.
Dentro de dos días a más tardar, de haber expirado el
término probatorio sentenciará el Tribunal la articulación.
De la sentencia se oirá apelación en un solo efecto.
Ni la articulación sobre estas medidas, ni la que origine
la reclamación de terceros, suspenderán el curso de la
demanda principal, a la cual se agregará el cuaderno
separado de aquellas, cuando se haya terminado.
Si la parte a cuyo favor se haya expedido el decreto de
secuestro podrá hacerlo protocolizar en la Oficina de
Registro respectivo, lo mismo que el del depósito de la
finca vendida o arrendada, hecho para que el dueño
pueda responder al arrendatario cuando hubiere lugar,
conforme al aparte final del artículo 599.
Si sentenciada en definitiva la causa, no se hubiere
decidido todavía la articulación pendiente, sobre las
medidas decretadas, el tribunal ante quien se las haya
promovido continuará conociendo de ellas, aunque haya
admitido antes apelación en ambos efectos u oído el
recurso de casación sobre la sentencia definitiva.
OPOSICIÓN DE TERCERO.
Si al practicar el embargo, o después de practicado y
hasta el día siguiente a la publicación del último cartel
del remate, se presentare algún tercero alegando ser el
tenedor legítimo de la cosa, el Juez, aunque actúe por
comisión, en el mismo acto, suspenderá el embargo si
aquellas se encontrare verdaderamente en su poder y
presentare el opositor prueba fehaciente de la propiedad
de la cosa por un acto jurídico válido. Pero si el
ejecutante o el ejecutado se opusiere a su vez a la
pretensión del tercero, con otra prueba fehaciente, el
Juez no suspenderá el embargo, y abrirá una
articulación probatoria de ocho días sobre a quién debe
ser atribuida la tenencia, decidiendo al noveno, sin
conceder término de distancia. El Juez en su sentencia
revocará el embargo si el tercero prueba su propiedad
sobre la cosa, en caso contrario, confirmará el embargo,

pero si resultare probado que el opositor sólo es un
poseedor precario a nombre del ejecutado, o que sólo
tiene un derecho exigible sobre la cosa embargada, se
ratificará el embargo pero respetando el derecho de
tercero. Si la cosa objeto del embargo produce frutos se
declararán embargados éstos y su producto se destinará
a la satisfacción de la ejecución, podrá ser objeto de
remate. De la decisión se oirá apelación en un solo
efecto. También se podrá utilizar el recurso de casación.
Si se agotaren todos los recursos, la sentencia producirá
de cosa juzgad, pero la parte perdidosa en vez de apelar
de la sentencia de primera instancia podrá proponer el
correspondiente juicio de tercería, si hubiere jugar a él
(Art. 546 CPC).
SUSPENSIÓN DE LA MEDIDA.
El Tribunal podrá, atendiendo a las circunstancias,
suspender las providencias cautelares que hubiere
decretado, si la parte con quien abre, diere caución de
las establecidas en el artículo 590. Si se objetare la
fianza suficiencia de la garantía se abrirá la articulación
probatoria prevista en el artículo 589.
USO DE LA FUERZA PÚBLICA (Art. 21 CPC):
Facultad del Poder Judicial: Los jueces cumplirán y
harán cumplir las sentencias, autos y decretos dictados
en ejercicios de sus atribuciones legales, haciendo uso
de la fuerza pública si fuera necesario.
Deber de las autoridades: Las autoridades de la
República prestarán a los jueces toda la colaboración
que requieran para el cumplimiento.
Otras incidencias.
"De las Incidencias"; en este Título se comprendían las
excepciones dilatorias, recusación de funcionarios,
competencias, secuestro judicial y arraigo, tercerías,
cesión de bienes y de la espera y quita.
Esta disposición del Código arandino vino a servir de
base a la futura legislación procesal sobre medidas
preventivas. Al efecto, es bueno observar que exigía,
para que se pudiera conceder la medida de secuestro y
embargo judicial, que existiera, por lo menos, constancia
de la deuda u obligación por medio de información
sumaria; la medida podía pedirse en cualquier estado de
la causa y procedía:
1 °) cuando había temor de que el demandado pudiera
ocultar o desmejorar el dinero, frutos o cosa mueble
objeto de litigio o no tuviere responsabilidad.
2°) en el caso de que el marido malgastara la dote u
otros bienes de su mujer.
3°) cuando pedía el hijo desheredado por su padre o
madre la parte de los bienes que le toca.
4°) cuando se litigaba entre coherederos sobre la
herencia.
5°) en el caso de que sea dudosa la posesión de la cosa
litigiosa.
6°) aun si la posesión no fuere dudosa, reclamen la
propiedad de ella dos o más personas con títulos
igualmente auténticos.
7°) cuando la sentencia definitiva contra el poseedor de
la cosa litigiosa fuere apelada por éste y no diere fianza
para responder de la misma cosa y sus frutos, aunque
sea inmueble.
En cuanto al arraigo, podía pedirse cuando se temiera la
ausencia o fuga del demandado y consistía en la
obligación de éste de presentar bienes propios o una
fianza por el valor de la cosa demandada,
hipotecándolos para responder de las resultas del pleito,
bajo pena de prisión; pero el demandado podía a su vez,
pedir que el actor afianzara las resultas del juicio,
siempre que fundadamente se temiera su ausencia fuera
de la República.
Se establecía también en el Código de Aranda el
derecho del demandado a que no se acordara el
secuestro ni el arraigo o que se suspendieran, de haber
sido acordados, mediante la prestación de fianza a
satisfacción del actor, símil actual con las caución
prevista en el Código de Procedimiento Civil de nuestros
tiempos.
En la enumeración de los casos en que procedía esta
medida se hicieron también modificaciones, como son;
cuando sea un transeúnte; o bien, si el demandado lo
fuera por la cosa raíz que está gozando sin haber
pagado el precio o se fueren a secuestrar bienes
determinados, si estos han desaparecido o no se
encontraren, en cuyo caso el secuestro se practicaría en
bienes equivalentes del demandado. El Código del año
de 1873 fue derogado por el de 1897, el cual cambió la
denominación del Título sobre la materia, así: "De la
incidencias sobre medidas precautelativas y otras, y de
la Tercería".

Entonces fueron trasladadas a otro lugar, las
excepciones dilatorias, que había dejado en el Título de
las incidencias el legislador del 73 e introdujo el
calificativo de precautelativas y quedó expresa la
intención de no considerar como incidencia la Tercería.
Al modificar el Código del 97 la materia del secuestro y
embargo judicial, introdujo la medida denominada
Prohibición de enajenar. El Código de 1916, trae el
nombre de: "Incidencias sobre las medidas preventivas y
otras y de la tercería". Como se ve la modificación
consiste en sustituir la palabra precautelativa por
preventiva; pero a la prohibición de enajenar agregó "y
gravar bienes inmuebles y el embargo de bienes
muebles". Finalmente, hay que destacar que las
modificaciones introducidas en el articulado que regula el
procedimiento para la obtención y ejecución de las
medidas cautelares en el Código de Procedimiento Civil
vigente (1987), son relevantes conceptualmente y
sistemáticamente, ya que ordenan la materia cautelar y
su aplicación, evitando asi, las lagunas legales que se
producían en el ordenamiento anterior.
TRAMITACION DE LA CAUCION
Para su solicitud no es preceptiva la intervención de
Abogado, ni de Procurador (artículos. 31.1,2º y 23.1,3º
Ley de Enjuiciamiento Civil); y pueden interesarse
conjuntamente con la demanda -que es la fórmula más
usual- o anticipadamente cuando razones de urgencia lo
aconsejen. En este caso tienen un período de validez de
veinte días. Transcurrido ese plazo sin que se presente
la demanda, la medida caduca. Su concesión está
precedida de audiencia de la parte contraria con posible
aportación y práctica de prueba pertinente, excepto en
los supuestos de urgencia perentoria, en que la medida
podrá decretarse provisoriamente, inaudita arte,
legándose la comparecencia para un momento posterior
a su concesión, supuesto en el que la padece podrá
formular oposición (artículos 730 y siguientes Ley
Enjuiciamiento Civil).
Esas medidas también podrán solicitarse y concederse
en segunda instancia y durante la tramitación del recurso
extraordinario por infracción procesal o de casación
(artículo 723.2 Ley Enjuiciamiento Civil).
La resolución que conceda la medida cautelar no es
susceptible de recurso de casación (sentencia Tribunal
Supremo 5 septiembre 2006).
La Ley 13/2009 ha modificado el artículo 730.2, para
concretar el alcance de la intervención del secretario
judicial en la solicitud de embargo, y así señala el
apartado 2º que:
"Podrán también solicitarse medidas cautelares antes de
la demanda si quien en ese momento las pide alega y
acredita razones de urgencia o necesidad.
En este caso, las medidas que se hubieran acordado
quedarán sin efecto si la demanda no se presentare ante
el mismo Tribunal que conoció de la solicitud de aquéllas
en los veinte días siguientes a su adopción. El Secretario
judicial, de oficio, acordará mediante decreto que se
alcen o revoquen los actos de cumplimiento que
hubieran sido realizados, condenará al solicitante en las
costas y declarará que es responsable de los daños y
perjuicios que haya producido al sujeto respecto del cual
se adoptaron las medidas."En el trámite de la vista de la
audiencia de las partes en la Ley 13/2009 se modifica el
artículo 734.1 para darle al secretario judicial la debida
importancia de su intervención, para señalar que:
"1. Recibida la solicitud, el Secretario judicial, mediante
diligencia, salvo los casos del párrafo segundo del
artículo anterior, en el plazo de cinco días, contados
desde la notificación de aquélla al demandado
convocará a las partes a una vista, que se celebrará
dentro de los diez días siguientes sin necesidad de
seguir el orden de los asuntos pendientes cuando así lo
exija la efectividad de la medida cautelar."CLASES DE
MEDIDAS CAUTELARES. El embargo preventivo. El
embargo preventivo. Medida preventiva de carácter
patrimonial que a pedido del actor o acreedor decreta un
juez de partido sobre bienes del deudor para asegurar el
cumplimiento de la obligación y las resultas general del
proceso
. El embargado sigue usando el bien embargado
preventivo se dicta en cualquier estado y grado de la
causa.
Ejecución.
(Procedimiento Civil) Procedimiento rápido y simplificado
de alcance general, tendiente a poner bajo el control de
la autoridad judicial bienes muebles del deudor cuando
el acreedor justifica la existencia de su crédito. Este
embargo no culmina en la venta de los bienes
embargados y en la trasformación de ellos en dinero,
sino que conduce simplemente al bloqueo de los bienes
mobiliarios hasta la ejecución voluntaria o forzada de la
deuda. Es una medida cautelar que garantiza la
efectividad de la sentencia que se dicte en un proceso
cuya pretensión es obtener el pago de una cantidad de
dinero o de una deuda en especie, valorable en dinero.
Como proceso cautelar, es un proceso de ejecución
especial que tiene por objeto asegurar la ejecución de un
proceso principal en el que se reclama un pago en
metálico o en especie; es competente el Juzgado de

Primera Instancia, salvo que el valor de lo reclamado no
exceda de ocho mil pesetas, en cuyo caso podrá
decretar el embargo el Juez de Paz. Para decretar el
embargo se requiere, entre otros, los siguientes
elementos: (1) que la solicitud se acompañe de un
documento del que resulte la existencia de la deuda, (2)
que el deudor se encuentre en alguna de las
circunstancias previstas legalmente que permiten
fundamentar la razonable sospecha de que dificultarán la
eficacia de la decisión que recaiga (suspectio debitoris).
Embargo de créditos
Artículo 593 CPC.- El embargo de créditos se efectuará
mediante notificación que hará el Juez al deudor del
crédito embargado, en la morada, oficina o negocio de
éste. Si no se encontrare al deudor, la notificación se
hará a cualquiera de las personas indicadas en el
artículo 220, si se tratare de personas jurídicas. Si se
tratare de personas naturales, la notificación se hará en
persona que esté a su servicio o sea pariente del
deudor, que se encuentre en su morada, oficina o
negocio, dejándose constancia en el acta del nombre,
apellido y cédula de identidad de la persona notificada.
Si se tratare de créditos o derechos litigiosos, bastará
con dejar constancia del embargo en el expediente del
juicio respectivo, mediante acta que suscribirán el Juez,
el Secretario y los comparecientes.
Artículo 594 CPC.- Al momento del embargo del crédito,
o dentro de los dos días siguientes, el deudor
manifestará al Tribunal el monto exacto del crédito, la
fecha en que debe hacerse el pago, la existencia de
cesiones o de otros embargos, indicando también el
nombre de los cesionarios y de los otros embargantes, y
las fechas de notificación de las cesiones y embargos.
Si el deudor no hace la manifestación a que se refiere
este artículo, quedará responsable por los daños y
perjuicios que su omisión cause al embargante.y
derechos litigiosos. Embargo de derechos litigiososEl
derecho litigioso presenta la peculiaridad de que si bien
hay un titular para el mismo (el demandado), éste se
encuentra expuesto al evento de perderlo, si es que en
definitiva pierde el juicio entablado. Esto no es un
problema tratándose de las dos partes vinculadas por el
proceso, pero sí lo es tratándose de un tercero que
pretenda adquirir dicho derecho litigioso. Por eso, las
legislaciones contemplan soluciones especiales para el
evento de que se adquiera un derecho litigioso al
demandado que ostenta la titularidad del mismo (aunque
expuesto a perderla), frente al derecho del demandante
a recobrar aquel derecho del cual previamente al juicio
se le ha privado.Se entiende que el derecho pasa a ser
litigioso, una vez que se le practica al demandado
la notificación de la demanda, puesto que antes de tal
evento es imposible que el demandado sepa de manera
cierta y fehaciente que su derecho es objeto de litigio, y
si no lo sabe él, menos puede entonces saberlo el
tercero que adquiere tal derecho litigioso para sí. Esto se
corresponde con el principio según el cual la notificación
de la demanda traba la litis entre las partes. Y
permanece en calidad de litigioso durante toda la
secuela del juicio Embargo de bienes ya embargados.
Caso de bienes ya embargados (Arts. 595 y 534
CPC): Un mismo bien, puede ser objeto de varias
medidas de embargo, graduando los derechos de los
embargantes, por su orden de antigüedad. Si el bien
se rematara se trasladarán los mismos al precio, en
el mismo orden y cuantía en que se hayan
practicado. Quedarán a salvo, las preferencias y
privilegios de Ley. Facultad del deudor ya
embargado (Art. 597 CPC): Siempre que no implique
perjuicios para el embargante, puede el afectado
señalar los bienes sobre los cuales,
preferentemente, se practicará la medida.
EL SECUESTRO.
El secuestro es una medida cautelar para asegurar el
cumplimiento o ejercicio de un derecho legalmente
reconocido, como en el caso de cobros ejecutivo de
créditos, para lo cual se opta por secuestrarlos para
preservarlos hasta la hora en que la justicia tome la
decisión final sobre lo que se esta discutiendo o
alegando, y que de acuerdo a dicha decisión, el bien se
regresa a su propietario o se le hace entrega a quien
alega un derecho, quien lo recibe como garantía, pago o
indemnización.
El código civil regula estos hechos, del cual se transcribe
a continuación lo relacionado con el secuestro de bienes.
ARTICULO 2273. DEFINICIÓN DE SECUESTRO. El
secuestro es el depósito de una cosa que se disputan
dos o más individuos, en manos de otro que debe
restituir al que obtenga una decisión a su favor
Objeto del Secuestro
Es evitar la insolvencia del deudor, también se busca
con dichas medidas asegurar el cumplimiento de la
obligación por parte de este, ya que si no responde
por el cumplimiento, se pueden rematar sus bienes y
de esta manera cumplir con la obligación.
Características.
- estos quedan depositados en manos de un tercero,
cuya designación la ley deja librada a elección del juez.

- comprende solo los bienes muebles y semovientes,
excepción hecha de los que por su naturaleza son
bienes inembargables.
- Es depositar por orden judicial la cosa litigiosa.
respectivamente al arrendatario o al arrendador, si
hubiere lugar a ello. La parte en cuyo favor se otorgó el
secuestro podrá hacer protocolizar el decreto en la
Oficina de Registro correspondiente.
Causales del Secuestro.
Causales taxativas (Art. 599 CPC)
Se declarará el secuestro:
De la cosa mueble sobre la cual verse la demandada,
cuando el demandado sea irresponsable o se tema con
fundamento que éste la oculte, enajene o deteriore.
De la cosa litigiosa, cuando sea dudosa su posesión.
De los bienes de la comunidad conyugal, o en su defecto
del cónyuge administrador, que sean suficientes para
cubrir aquellos, cuando el cónyuge administrador
malgaste los bienes de la comunidad.
De bienes suficientes de la herencia, o en su defecto del
demandado, cuando aquel a quién se haya privado de
su legítimo, la reclame de quienes hubieren tomado o
tengan los bienes hereditarios.
De la cosa que el demandado haya comprado y esté
gozando sin haber pagado su precio. En este caso el
propietario y el vendedor podrán exigir que se acuerde el
depósito en ellos mismos, quedando afectado el bien
para responder al vendedor o al comprador, si hubiere
lugar a ello; pudiendo el vendedor hacer protocolizar el
decreto de secuestro en la Oficina de Registro
correspondiente.
De la cosa litigiosa, cuando dictada la sentencia
definitiva contra el poseedor de ella, éste apelare sin dar
fianza para responder de la misma cosa y sus frutos,
aunque sean inmuebles.
El secuestro puede recaer, sobre bienes muebles,
semovientes o inmuebles, según sea la naturaleza de la
cosa litigiosa. Existe cierta discrepancia en relación a si
pueden ser secuestrables las cosas incorporales, como
por ejemplo, los derechos y obligaciones. Pero de
acuerdo a la doctrina y la jurisprudencia, se considera
que esto es perfectamente posible, en atención, a que
tales bienes, pueden ser objeto de la cosa litigiosa, como
podrían ser por ejemplo: un crédito, el usufructo, el uso,
la habitación de un inmueble, una servidumbre, un
derecho hereditario, etc.
PROHIBICIONDE ENAGENAR Y GRAVAR
Esta medida solamente puede recaer sobre bienes
inmuebles, a diferencia del embargo preventivo que solo
puede recaer sobre bienes muebles. Esta medida
implica o involucra una privación al propietario del "Ius
Autendi", es decir, del derecho de disponer lo que se
traduce como la imposibilidad de vender, hipotecar ese
bien inmueble, realizar todos los actos relacionado con lo
anterior, entre otras. Cabe destacar que el uso y disfrute
del propietario permanece intocable.
Esta medida es una temporal que por convenio o
temporal e impide la transmisión, a título gratuito u
oneroso, del bien a que se refiera. Muchos autores
consideran que el impedimento del ejercicio de las
facultades que normalmente corresponden al propietario,
no implica el tipo de incapacidad de la persona para
disponer sus bienes; precisamente la tiene, pero
Temporalmente se encuentra privado del “ius
disponendi”, veto al natural desenvolvimiento de aquellas
facultades del dominio normal.
De la cosa arrendada:
Cuando el demandado lo fuere por falta de pago de
pensiones de arrendamiento;
O por estar deteriorada la cosa:
O por haber dejado de hacer las mejoras a que lo
obligaba el contrato. En este caso, podrá el arrendador
propietario y el arrendatario respectivamente, podrán
solicitar que se acuerde el depósito en ellos mismos,
quedando afecto el bien, para responder
Tramitación.
La parte que solicita una medida preventiva, debe
acompañar a su solicitud los medios probatorios del
“fumus boni iuris”, es decir, de la presunción fundada, de
la existencia del derecho reclamado y la demostración
de las circunstancias que sirvan de fundamento
necesario a la medida. Si la solicitud se hace antes de la

citación del demandado, el actor puede formularla en el
mismo texto del libelo de la demanda, o también puede
hacerla, mediante escrito aparte. Para algunos autores,
hacerla en escrito separado, es lo más conveniente, por
cuanto la incidencia, se tramita en cuaderno separado.
Aunque la Ley no lo prohíbe, no es aconsejable hacer la
solicitud mediante diligencia ante el secretario del
Tribunal, por cuanto de esta manera se permitiría que la
parte contraria, se imponga del contenido de la misma, y
pueda obstaculizar o frustrar el objetivo de la medida que
se decrete. El Tribunal debe proveer sobre la solicitud en
el mismo día en que se presente, en atención a que,
estas medidas, siempre tienen carácter de urgencia. En
este caso la decisión del Juez, puede ser: negativa y
declarar improcedente la solicitud. b) de ampliación, y en
este caso ordenar que se amplíe la prueba que según el
criterio del Tribunal es insuficiente, y c) favorable, en
cuyo caso decretaría inmediatamente la medida
solicitada. Conforme a nuestro Ordenamiento Jurídico
Procesal, cualquiera que sea la decisión o decreto no
tendrá apelación. Cuando el Tribunal considere que la
prueba es insuficiente, deberá determinar mediante un
auto, el punto de la insuficiencia y mandará que se
amplíe dicha prueba, a fin de hacerla completa. Una vez
decretada la medida solicitada, debe procederse
inmediatamente a su ejecución, por cuanto dicho decreto
no es apelable.
“Podrá el Juez, decretar el embargo de bienes muebles
o la prohibición de enajenar y gravar de bienes
inmuebles, aun cuando no estén llenos los extremos de
Ley, siempre y cuando quien lo solicite ofrezca y
constituya caución o garantía suficiente, para responder
de los posibles daños y perjuicios que el decreto de tales
medidas pudiere ocasionar a la parte contra quien obren.
Tal caución o garantía, de conformidad con la ley, son:
1° Fianza principal y solidaria de empresas de seguro,
instituciones bancarias o establecimientos mercantiles
de reconocida solvencia.
declaración al impuesto sobre la renta; y del certificado
de solvencia correspondiente.
BIENES SOBRE LOS CUALES SE PUEDEN
EJECUTAR LAS MEDIDAS (Art. 587 CPC).
“Únicamente podrán ejecutarse sobre bienes que sean
propiedad de aquel contra quien se haya librado la
medida, salvo en los casos de secuestro”.
Responsabilidad del Juez.
Su aplicación y enfoque relacionado con la necesidad de
tener una visión mejorada de éstas y que permitan a las
partes implicadas en el proceso civil su uso para evitar
un daño y abreviar el proceso; así como las medidas
cautelares innominadas y su importancia, igualmente,
permitió precisar el compromiso de la administración de
justicia, quienes deben asumir con responsabilidad
social y profesionalismo el poder cautelar general
concedido por la ley al juez; para que el arbitrio, con
criterio de oportunidad, y atendiendo a las circunstancias
de modo tiempo y lugar, pueda escoger los medios más
adecuados para asegurar el resultado procesal de la
ejecución.
LAS MEDIDAS NOMINADAS.
Cuando hablamos de medidas nominadas, hablamos de
embargo de bienes muebles, prohibición de enajenar y
gravar bienes inmuebles y el secuestro de bienes
determinados, están tipificada, El artículo 588 del código
de procedimiento civil están establecidas las medidas
nominadas e innominadas, las ultimas en el único aparte
del artículo, el cual expresamente dice: "Podrá también
el juez acordar cualesquiera disposiciones
complementarias para asegurar la efectividad y resultado
de la medida que hubiere decretado".Objeto.Para
acordar cualesquiera disposiciones complementarias
para asegurar la efectividad y resultado de la medida
que hubiere decretado". a fin de asegurar la eficacia de
la medida cautelar
2° Hipoteca de primer grado sobre bienes cuyo
justiprecio conste en los autos.
3° Prenda sobre bienes o valores.
4° Consignación de una suma de dinero hasta por la
cantidad que señale el Juez.
En el caso de fianzas de establecimientos mercantiles, el
Juez requerirá la consignación en autos del último
balance certificado por contador público, de la
.REQUISITOS DE PROCEDENCIA:
A) Verosimilitud del derecho reclamado: A pesar de que
el legislador lo coloca en segundo lugar, nos permitimos
analizarlo previamente, toda vez que así debe hacerlo el
juez antes de examinar la posibilidad de que quede
ilusoria la ejecución del fallo. Es el conocido “fumus boni
iuris” cuya traducción literal del latín es: humo del buen
derecho, la entendemos como coloratura imprescindible
de juridicidad y de razón, suficientes para llevar a la
convicción del juez, sin necesidad de penetrar los
intríngulis del mérito de la causa y mediante un proceso
de cognición reducida o “sumaria cognitivo”, que el

solicitante está munido verosimilitud en su reclamo y que
el retardo en el juicio habrá de causar daños a esos
derechos, por hacer ilusoria la ejecución del fallo. En
otras palabras, se requiere que la apariencia de certeza
del derecho reclamado, sea suficiente para que el juez
mediante ese conocimiento superficial anticipe la
probabilidad de que en el proceso principal se decrete su
certeza definitiva, sin que influya en la validez del
decreto de la medida, la posibilidad de que la sentencia
definitiva niegue ese derecho. Esta fórmula es
principista, pues siendo la naturaleza jurídica de la sede
cautelar proteger un derecho verosímil hasta tanto se
dicte la sentencia definitiva, postergar o supeditar la
decisión cautelar, por mor de una mayor certeza,
significaría la negación de la institución cautelar.El juicio
de valor propio de la “sumaria cognitio”, en sede cautelar
estará dirigido a determinar a) que el derecho invocado
como pretensión tiene o no, verosimilitud; b) que la
pretensión no sea contraria a la ley, al Orden Público, a
las buenas costumbres y que no sea temeraria y, c) que
el derecho de la parte contraria tenga o no también
apariencia de verosimilitud. Serán los elementos de
prueba que exige el texto articular, acompañados al
libelo o a la solicitud los que constituyan la base de tal
juicio de valor, al punto de constituir “presunción grave”
del derecho reclamado.B) Del peligro en la demora: El
peligro probable de que la tutela jurídica definitiva que la
parte solicitante aguarda de la sentencia definitiva, a
dictarse en el proceso principal, no pueda hacerse
efectiva en razón de que el transcurso del tiempo hace
faltar las circunstancias favorables a la tutela en si
misma, y por lo tanto haga temer fundadamente daño
jurídico derivado del retardo, es el conocido “Periculum
in mora”. Más que un requisito de procedencia para la
tutela cautelar, es el fundamento del instituto, puesto que
el peligro que las partes pretenden conjurar con las
medidas es la desmedida duración de los procesos, no
el genérico peligro del daño jurídico que pudiera producir
la actividad de la parte contraria, el cual se puede obviar
con la cautela de diseño y así lo expresa la propia Ley.
Son dos los elementos integrantes de este presupuesto:
a) el retraso y b) el daño marginal de la demora, por lo
tanto, lo urgente es el aseguramiento preventivo de los
medios aptos para determinar que la providencia judicial,
cuando llegue, sea justa y eficaz.-Respecto de la
solicitud de medidas cautelares en los Juicios de Amparo
Constitucional, es de advertir, que el peticionario no está
obligado a probar la existencia de estos extremos, sino
que, dada la naturaleza célere del procedimiento de
amparo, ha de estarse al sano criterio del Juez, quien
deberá tomar en consideración las circunstancias
particulares del caso. Ello no releva al profesional del
derecho encargado de redactar el libelo, de exponer las
circunstancias que a su parecer patentizan el “periculum
in mora” y el “fumus boni iuris” e incluso cuando solicite
medidas innominadas, de conformidad con lo dispuesto
en el parágrafo primero del artículo 588 del Código de
Procedimiento Civil, las circunstancias demostrativas del
“periculum in damni”.
La Oposición
Es estar contra algo, en su forma, en su concepción, o
en su existencia. Oponerse, según Escriche, ves el acto
que tiene por objeto impedir que se ejecute o se lleve a
efecto alguna cosa en perjuicio del que lo hace.
Oponerse a una medida preventiva es pedir su
enervación, porque no se conjugan, ven su
requerimiento jurisdiccional, las exigencias legales, por
no haberse llenado las condiciones que señala la Ley o
porque su existencia y eficacia no son la expresión y el
sentir de la misma. Oponerse a la medida preventiva es
requerir del Juez la revisión de una medida
DECRETADA Y EJECUTADA, por considerar que se
decretó y se ejecutó sin la fundamentación legal exigida,
violando la normativa expresa o las condiciones de
existencia que le son propias a dicha cautela.
PARTE es la persona o personas, natural o jurídica que
interviene o participa de una relación jurídica. Existe
parte de una relación jurídica extraprocesal y se habla de
parte material y existe parte de un proceso y se habla
entonces de PARTE PROCESAL. Sobre el concepto de
"parte procesal" se ha hablado bastante en la doctrina y
traemos a título de ejemplo algunos conceptos: Para
CHIOVENDA parte es "el que demanda en nombre
propio (o en cuyo nombre es demandada) una actuación
de la Ley, y aquel frente a la cual ésta es demandada".
Para ESCRICHE "es parte, cualquiera de los litigantes,
sea el demandante o el demandado". Para UGO
ROCCO parte es "cualquier sujeto autorizado por la Ley
procesal para pedir en nombre propio la realización de
una relación jurídica propia o ajena, mediante proveídos
jurisdiccionales de diversas naturalezas".
Artículo 602.-Dentro del tercer día siguiente a la
ejecución de la medida preventiva, si la parte contra
quien obre estuviere ya citada, o dentro del día siguiente
a su citación, la parte contra quien obre la medida podrá
oponerse a ella, exponiendo las razones o fundamentos
que tuviere que alegar.
Haya o no habido oposición, se entenderá abierta una
articulación de ocho días para que los interesados
promuevan y hagan evacuar las pruebas que convengan
a sus derechos. En los casos a que se refiere el art. 590,
no habrá oposición, ni la articulación de que trata este
artículo, pero la parte podrá hacer suspender la medida,
como se establece en el art. 589.Artículo 603.-Dentro del
tercer día, a más tardar, de haber expirado el término

probatorio, sentenciará el tribunal la articulación. De la
sentencia se oirá apelación en un solo efecto
.Artículo 604.-Ni la articulación sobre estas medidas, ni
la que origine la reclamación de terceros, suspenderán el
curso de la demanda principal, a la cual se agregará el
cuaderno separado de aquellas, cuando se haya
terminado.
Sobre el particular, la Sala observa que el artículo 588 del
Código de Procedimiento Civil establece:
“En conformidad con el artículo 585 de este Código, el
Tribunal puede decretar, en cualquier estado y grado de la
causa, las siguientes medidas:
1° El embargo de bienes muebles;
2° El secuestro de bienes determinados;
3° La prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles.
Oposición de terceros
La práctica de una cautela nominada o innominada
puede producir lesiones en los derechos de los terceros
que, obviamente, no solo afectan el derecho de quien no
es parte en el juicio, sino que también se produce
ilegalmente, pues el artículo 587 del Código de
Procedimiento Civil, dispone que ninguna de las medidas
preventivas de que trata el Título I del Libro Tercero del
citado Código podrá ejecutarse sino sobre bienes que
sean propiedad de aquel contra quien se libren, salvo los
casos previstos en el artículo 599 CCV
Decreto y suspensión con Caución
Decreto de Ejecución: Art 524. Cuando la sentencia haya
quedado definitivamente firme, el Tribunal, a petición de
la parte interesada, pondrá un decreto ordenando su
ejecución. En dicho decreto el Tribunal fijará un lapso
que no será menor de tres días ni mayor de diez, para
que el deudor efectúe el cumplimiento voluntario, y no
podrá comenzarse la ejecución forzada hasta que haya
transcurrido íntegramente dicho lapso sin que se hubiese
cumplido voluntariamente la sentencia. Art 526:
Transcurrido el lapso establecido en el artículo 524, sin
que se hubiese cumplido voluntariamente la sentencia,
se procederá a la ejecución forzada.
Suspensión de la Ejecución por Actos de Composición
Voluntario del Cumplimiento de la Sentencia: Art 525.
Las partes podrán de mutuo acuerdo que conste en
autos, suspender la ejecución por un tiempo que
determinarán con exactitud, así como también realizar
actos de composición voluntaria con respecto al
cumplimiento de la sentencia. Vencido el término de la
suspensión o incumplido el acuerdo, continuará la
ejecución conforme lo previsto.
Podrá también el Juez acordar cualesquiera disposiciones
complementarias para asegurar la efectividad y resultado de
la medida que hubiere decretado.
Parágrafo Primero: Además de las medidas preventivas
anteriormente enumeradas, y con estricta sujeción a los
requisitos previstos en el artículo 585, el Tribunal podrá
acordar las providencias cautelares que considere adecuadas,
cuando hubiere fundado temor de que una de las partes
pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho
de la otra. En estos casos para evitar el daño, el Tribunal
podrá autorizar o prohibir la ejecución de determinados actos,
y adoptar las providencias que tengan por objeto hacer cesar
la continuidad de la lesión. (omissis)” (Resaltado y subrayado
añadidos).
El único aparte de la norma transcrita estatuye lo que se
conoce en doctrina como “disposiciones complementarias” o
“medidas complementarias”, que no son mas que aquellas
providencias accesorias que el juez dicta, a petición de parte o
de oficio, con el objeto de asegurar o conservar la eficacia de
una medida cautelar o de una medida preventiva nominada o
innominada previamente decretada.
Las Medidas Complementarias.
Resulta necesario esclarecer qué se entiende por medidas
complementarias, y si el ordenamiento jurídico venezolano
autoriza o no al juez para decretar –de oficio- éste tipo de
providencias en el marco de un procedimiento especial
contencioso de interdicción.