Consejo Económico y Social - cmeyanchama.com Cruz Melchor ...

E/CN.4/1996/67
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18. Son escasas las leyes dictadas durante el período enero-noviembre
de 1995, al menos por lo que ha llegado a conocimiento del Relator Especial,
dadas las carencias que se señalan en el punto siguiente. No obstante ello,
no dejan de ser importantes y, en general, implican avances en el proceso de
democratización. Aquellas pueden agruparse en dos tipos de leyes:
a) Las que regulan derechos y garantías fundamentales: Ley Nº 9/1995
de fecha 9 de enero, por la que se modifican determinados artículos
de la Ley Nº 4/1992 sobre libertad de reunión y manifestación;
Ley Nº 17/1995 de fecha 11 de octubre sobre protección civil del
derecho al honor y a la buena reputación y la Ley Nº 18 de
fecha 11 de octubre, por la que se regula el procedimiento de
hábeas corpus. Esta última, como lo afirman sus considerandos,
"pretende establecer remedios eficaces y rápidos para los eventuales
supuestos de detenciones de la persona no justificados legalmente
o que transcurren en condiciones ilegales". Este avance normativo
debe ser acompañado por la voluntad de los jueces de consagrarlo
en la práctica.
b) Las atinentes al proceso democratizador: Ley Nº 6/1995 de
fecha 9 de enero, por la que se reforma la Ley Nº 9/1992 sobre
régimen jurídico de la Administración Central del Estado;
Ley Nº 7/1995 de fecha 9 de enero, por la que se modifican
determinados artículos de la Ley Nº 3/1993 reguladora de las
elecciones legislativas, municipales y referéndum; Ley Nº 8/1995
de fecha 9 de enero, sobre financiación de los partidos políticos;
Ley Nº 10/1995 de fecha 6 de enero, por la que se modifica el
artículo 23 y el inciso i) del artículo 25 de la Ley Nº 3/1992
de partidos políticos; Ley Nº 11/1995 de fecha 9 de enero
sobre institucionalización de los consejos de ancianos;
y la Ley Nº 15/1995 de fecha 9 de junio por la que se regulan
las elecciones presidenciales. Esta extensa ley, que
contiene 140 artículos y una fe de erratas, implica un corpus
electoral completo y correspondería que expertos electorales de
las Naciones Unidas realicen un estudio detallado de su articulado,
al que no se ha dado aún publicidad (su texto completo no se
encontraba al tiempo de la quinta misión en poder de los partidos
políticos). El Gobierno proporcionó al Relator Especial una copia
en el mes de noviembre. Se señala nuevamente que aun luego de
las reformas a la Ley electoral aprobadas el 9 de enero de 1995,
se mantiene la existencia de la Junta Nacional Electoral, máxima
autoridad en materia de elecciones y referéndum, en el ámbito del
Ministerio del Interior y presidida por el Ministro (art. 17);
los órganos inferiores también quedan comprendidos en el ámbito del
poder ejecutivo: la Junta Electoral Provincial es presidida por el
gobernador provincial; la Junta Electoral Distrital o Municipal es
presidida por el delegado gubernativo. Esta estructura ha sido
fuente de conflictos en las pasadas elecciones municipales y
conspira contra la credibilidad y confianza de la población en la
transparencia de las elecciones.