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en el país en los últimos años, es posible cuestionar la contribución de la educación superior<br />
al crecimiento económico, a la reducción de la pobreza y al mejoramiento de la justicia social,<br />
tres factores relacionados directamente con la pertinencia de las instituciones educativas y de<br />
su oferta académica. Conviene subrayar la importancia de considerar la pertinencia en su más<br />
amplio sentido, sin eludir el trascendental papel de la educación en la transformación de las<br />
naciones. El planteamiento anterior genera implicaciones relevantes en las instituciones de<br />
educación superior, ya que bajo esta perspectiva las instituciones debieran no solamente<br />
adoptar el desafío de preparar competitivamente al capital humano que se insertará en los<br />
procesos productivos, generando profesionistas con las competencias demandadas por el<br />
mercado laboral; sino personas formadas integralmente, interesadas en conocer las<br />
realidades de las comunidades en las que se encuentran inmersas y capaces de<br />
comprometidamente proponer soluciones de mejora a las problemáticas existentes desde el<br />
ámbito de competencia de sus propias disciplinas.<br />
Teniendo en cuenta que es a través de procesos de evaluación que es posible conocer del<br />
grado de cumplimiento de los objetivos formativos, misiones y visiones planteadas por las<br />
instituciones educativas, es justamente en la evaluación en donde se identifica una<br />
herramienta de gestión estratégica para el fortalecimiento de la educación superior en el país;<br />
ya que como dijera en su momento el padre de la administración Peter Drucker: “lo que no<br />
se mide no se puede mejorar”.<br />
Particularmente en México, como lo anota Julio Rubio en su obra titulada “La política<br />
educativa y la educación superior en México” 2 , las primeras acciones en materia de<br />
evaluación de la educación superior datan de la década de los setenta y fueron producto de<br />
programas gubernamentales, así como de iniciativas de la Asociación Nacional de<br />
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). La evaluación se<br />
institucionalizó con el Programa para la Modernización Educativa 1989 – 1994 del gobierno<br />
federal, impulsando de esta manera la evaluación permanente como mecanismo para<br />
promover la mejora de la calidad de los programas educativos. Particularmente relevante<br />
resultó en 1991 la creación de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la<br />
Educación Superior (CIEES) como una estrategia para sistematizar en el país la evaluación<br />
externa, su principal objetivo es la evaluación diagnóstica de los programas educativos<br />
ofrecidos por las instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas. No<br />
obstante las contribuciones de la evaluación diagnóstica a los procesos de mejora de la<br />
calidad en las instituciones de educación superior, era necesario dar el paso a la acreditación<br />
de los programas académicos como una estrategia de fortalecimiento integral de los mismos,<br />
que facilitara la cooperación e intercambio entre las instituciones a nivel nacional e<br />
internacional. En respuesta a las tendencias internacionales, a finales del año 2000 se<br />
conformó el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) como única<br />
instancia autorizada por la Secretaría de Educación Pública para conferir reconocimiento<br />
2<br />
Rubio, J. (Coord.) (2006). La política educativa y la educación superior en México. 1995 – 2006.<br />
Un balance. México. Recuperado de: http://www.ses.unam.mx/curso 2008/pdf/Rubio2007.pdf