Expediente de Radicación No ... - Rama Judicial

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá D.C.
Sala Civil
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA
SALA CIVIL DE DECISIÓN
Magistrado Ponente:
MARCO ANTONIO ÁLVAREZ GÓMEZ
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil diez (2010).
Ref: Proceso ordinario de José Antonio Díaz Rodríguez y Fabiola Castañeda
Aponte, Daniel Eduardo, Alejandra y Manuel Díaz Castañeda contra Viacoltur Ltda.
(Discutido y aprobado en sesión 9 de noviembre de 2010).
Decídese el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia proferida el 18 de noviembre de
2009 por el Juzgado 41 Civil del Circuito de la ciudad, dentro del
proceso de la referencia.
ANTECEDENTES
1. José Antonio Díaz Rodríguez y Fabiola Castañeda Aponte,
en nombre propio y en representación de sus menores hijos
Daniel Eduardo, Alejandra y Manuel Díaz Castañeda, solicitaron
declarar que Viacoltur Ltda. es civil y extracontractualmente
responsable de las graves lesiones sufridas por Manuel Andrés
Díaz Castañeda en el accidente de tránsito ocurrido el 14 de junio

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá D.C.
Sala Civil
de 1999 y, por ende, que se le condene al pago del daño
emergente que valoró en $73‟000.000,oo, así como del lucro
cesante a favor de Manuel Andrés Díaz Castañeda por la suma
de $430‟920.000,oo; de José Antonio Díaz Rodríguez por
$543‟862.500,oo; de Fabiola Castañeda Aponte por
$707‟021.250,oo; de Daniel Eduardo Díaz Castañeda por
$326‟317.500,oo, y de Alejandra Díaz Castañeda por
$362‟575.500,oo, que deberán ser reajustadas de acuerdo con el
índice de inflación.
Como pretensiones subsidiarias principales solicitaron condenar a
la demandada a pagar el lucro cesante valorado por un experto, lo
mismo que el monto antes señalado por daño emergente,
debidamente indexados; como pretensiones subsidiarias
secundarias pidieron condena al pago de 2.000 gramos oro para
cada uno, por los daños morales ocasionados, al igual que al
pago del daño emergente ya citado, junto con la correspondiente
indexación; como pretensiones alternativas principales reclamaron
condenar a la demandada a cancelarles las sumas que se
demuestren en el proceso por daño emergente y lucro cesante y
de $73‟000.000,oo que el señor José Antonio Díaz Rodríguez
pagó para la recuperación del menor Manuel Andrés Díaz
Castañeda, con el reajuste monetario respectivo; como
pretensiones secundarias solicitaron condenar a la demandada
por la suma que el despacho considere y que aparezca probada
en el proceso, al igual que al reconocimiento de los
$73‟000.000,oo ya referidos, junto con la corrección monetaria.
M.A.GO. Exp. 41200100515 01 2

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá D.C.
Sala Civil
2. Para sustentar las pretensiones, se adujo que entre la
Comunidad Salesiana –Colegio León XIII- y Viacoltur Ltda. fue
celebrado un contrato para la prestación del servicio de transporte
entre Bogotá y San Antonio de Tena (Cund.), ida y regreso, de los
estudiantes, profesores y demás personas que intervendrían en el
“II Encuentro Inspectorial Salesiano Siglo XXI” que se llevaría a
cabo en el predio rural San Carlos de dicha localidad, entre el 11 y
el 14 de junio de 1999.
Para dicho encuentro fue seleccionado el menor Manuel Andrés
Díaz Castañeda, como estudiante que era de ese colegio desde
1990 y en el que se destacaba por sus resultados académicos, al
punto de quedar exento de matrícula y de representar a la
institución en certámenes estudiantiles.
Una vez terminado el encuentro, Manuel Andrés Díaz abordó
junto con sus compañeros uno de los buses de Viacoltur Ltda.
dispuestos para el transporte, específicamente el de placas SQJ
068, de propiedad Manuel Torres, el cual sufrió un accidente con
volcamiento en el sector de Mondoñedo, municipio de Mosquera
(Cund.), que le ocasionó graves lesiones al niño, quien
permaneció en cuidados intensivos en la Clínica Fundación
Santafé y, luego del tratamiento respectivo, quedó con traumas
físicos irreparables.
Los libelistas añadieron que para el momento del accidente el bus
presentaba sobrecupo, y que varios estudiantes resultaron
muertos, al igual que el conductor del vehículo, por lo que el
M.A.GO. Exp. 41200100515 01 3

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá D.C.
Sala Civil
hecho generó conmoción en la sociedad. También señalaron que
Manuel Andrés Díaz “se encontraba en estado pleno de sus
facultades físicas y mentales, es decir, en excelente condición de
salud” (fl. 83, cdno. 1), y que era un joven reconocido por su nivel
académico y su comportamiento ejemplar, por lo que el Colegio
Salesiano del León XIII, en la graduación de bachilleres del año
2000, le otorgó diploma y títulos ad honorem que ponen de
presente su capacidad y perspectiva hacia el futuro, por lo que
“constituía para sus padres el relevo necesario al frente de la
compañía en cargos gerenciales” (fl. 82).
3. Notificada la sociedad demandada del auto admisorio
proferido el 28 de junio de 2001, se opuso a las pretensiones y
formuló las excepciones de “prescripción de la acción para
demandar perjuicios”; “inexistencia de responsabilidad en el
presunto hecho dañoso por parte de Viacoltur Ltda. por hechos
que son responsabilidad de terceros” y “falta de legitimación en la
causa” (fl. 124 a 130, cdno. 2).
Además, le denunció el pleito a la Comunidad Pia Salesiana
Inspectoría de Bogotá del Colegio Salesiano del León XIII, que se
tuvo por desestimada mediante auto de 2 de octubre de 2007,
ante la falta de notificación dentro del término señalado en el
artículo 56 del Código de Procedimiento Civil.
Como Viacoltur Ltda. no concurrió a la audiencia del artículo 101
del C.P.C., el juez en auto de 8 de abril de 2008, puntualizó que la
demandada no justificó en tiempo su inasistencia.
M.A.GO. Exp. 41200100515 01 4

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá D.C.
Sala Civil
LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Luego de examinar los presupuestos de la responsabilidad civil
extracontractual y de resaltar que los demandantes no tenían
necesidad de demostrar la culpa, por cuanto ella se presume en el
ejercicio de actividades peligrosas como la conducción de
automotores, el juzgador de primer grado declaró probada la
excepción de inexistencia de responsabilidad y denegó las
súplicas de la demanda, porque no se demostró la relación
contractual existente entre el vehículo accidentado y la sociedad
demandada, como tampoco el negocio jurídico de transporte que
ésta habría celebrado con el Colegio Salesiano del León XIII, por
lo que no podía afirmarse que Viacoltur Ltda. era guardiana del
automotor implicado en el suceso, para deducirle responsabilidad.
EL RECURSO DE APELACIÓN
Los demandantes pidieron revocar el fallo de primer grado porque
sí se probó que el bus de placas SQJ 068 estaba vinculado a
Viacoltur Ltda., dadas las consecuencias probatorias derivadas de
la sanción por la inasistencia de la parte demandada a la
audiencia del artículo 101 del Código de Procedimiento Civil y al
interrogatorio de parte. Resaltó también que, en cualquier caso,
se trataba de un hecho notorio difundido por los medios de
comunicación nacionales e internacionales, pues fue de público
conocimiento que para el transporte de los estudiantes del
Colegio Salesiano del León XIII, la referida empresa de
M.A.GO. Exp. 41200100515 01 5

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá D.C.
Sala Civil
transportes puso a su disposición 13 buses con sus emblemas y
signos característicos, de los cuales unos de ellos resultó
implicado en el nefasto accidente.
La parte apelante aseguró que también se acreditó la existencia
del contrato de transporte con las copias de las pólizas de seguro
aportadas y, además, por el hecho de ser 13 los buses de la
misma empresa que participaron en la caravana, circunstancia de
la que se dedujo que no se contrató a cada uno de los
conductores, sino que hubo un convenio con dicha sociedad.
A renglón seguido, señalaron que la responsabilidad solidaria de
la empresa Viacoltur Ltda. fue regulada por los artículos 13 de la
Ley 336 de 1999 y 38 del Decreto 1556 de 1998, vigentes para la
época de los hechos, por lo que, en su concepto, el juez, al pasar
por alto que el vehículo sí se encontraba vinculado a Viacoltur
Ltda., dejó de aplicar dicha normatividad.
Por último, la parte demandante resaltó que se cumplían los
presupuestos de la responsabilidad, pues fue probado que el
menor Manuel Andrés Díaz Castañeda era ocupante del bus
accidentado, que sufrió lesiones como consecuencia de ese
hecho, y que no se presentó ningún eximente de responsabilidad.
Por el contrario, el informe de accidente de tránsito demuestra
que no hubo colisión; que fue el único bus de la caravana que
resultó accidentado; que estaba vinculado a la empresa
demandada; que la vía había sido dispuesta por las autoridades
de tránsito en un solo sentido por terminar un puente festivo; que
M.A.GO. Exp. 41200100515 01 6

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá D.C.
Sala Civil
el bus se desplazaba a gran velocidad y siguió derecho en una
curva “a plena luz del sol”; que la víctima no intervino en la
producción del suceso; que se ejecutaba una actividad peligrosa,
y que la demandada falló en los controles, dada la ausencia de
seguros de responsabilidad civil extracontractual y de accidentes
de tránsito.
CONSIDERACIONES
1. Es asunto averiguado que quien causa un daño debe
resarcirlo, y que si éste se origina en el ejercicio de una actividad
peligrosa, a la víctima le basta acreditar el perjuicio que se le
ocasionó y su nexo causal con la conducta desplegada por su
demandado, para que se abra paso la pretensión indemnizatoria,
toda vez que, en esa hipótesis, debe presumirse la culpa por un
daño que es imputable a la negligencia de otra persona. Así lo
establecen los artículos 2341 y 2356 del Código Civil.
Sobre este particular ha precisado la Corte Suprema de Justicia
que:
“La Corporación de modo reiterado tiene adoptado como criterio
hermenéutico el de encuadrar el ejercicio de las actividades peligrosas bajo
el alero de la llamada presunción de culpabilidad en cabeza de su ejecutor o
del que legalmente es su titular, en condición de guardián jurídico de la cosa,
escenario en el que se protege a la víctima relevándola de demostrar quién
tuvo la responsabilidad en el hecho causante del daño padecido cuyo
resarcimiento reclama por la vía judicial, circunstancia que se explica de la
situación que se desprende de la carga que la sociedad le impone a la
persona que se beneficia o se lucra de ella y no por el riesgo que se crea con
su empleo. El ofendido únicamente tiene el deber de acreditar la
configuración o existencia del daño y la relación de causalidad entre éste y la
conducta del autor, pudiéndose exonerar solamente con la demostración de
M.A.GO. Exp. 41200100515 01 7

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá D.C.
Sala Civil
la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima o
la intervención de un tercero.
“Este estudio y análisis ha sido invariable desde hace muchos años y no
existe en el momento actual razón alguna para cambiarlo, y en su lugar
acoger la tesis de la responsabilidad objetiva, porque la presunción de culpa
que ampara a los perjudicados con el ejercicio de actividades peligrosas
frente a sus victimarios les permite asumir la confrontación y el litigio de
manera francamente ventajosa, esto es, en el entendido que facilita, con
criterios de justicia y equidad, reclamar la indemnización a la que tiene
derecho.
“La interpretación judicial de la Sala que se ha consignado en innúmeros
fallos de la Corte, emana del texto mismo del artículo 2356 del Código Civil
cuando dispone que “por regla general todo daño que pueda imputarse a
malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta”, lo que
significa sin lugar a dudas que los calificativos de la conducta del actor
enmarcan dentro del sentido más amplio de lo que debe entenderse por el
accionar culposo de una determinada persona en su vida social y en las
relaciones con sus semejantes cuando excediendo sus derechos y
prerrogativas en el uso de sus bienes o las fuerzas de la naturaleza causa
menoscabo en otras personas o en el patrimonio de éstas.” 1
También es pacífico que si dos o más personas le infieren un
daño a otro, ellas deben responder solidariamente frente a la
víctima por los perjuicios que le hayan ocasionado (art. 2344
C.C.), quedando sus patrimonios comprometidos al pago de la
indemnización, hasta tanto se haya producido la reparación
integral del detrimento causado, siendo claro que, en estos casos,
“la solidaridad legal que consagra el artículo 2344 del Código Civil
y por la cual se ata a varias personas cuando todas ellas
concurren a la realización del daño, sin importar la causa eficiente
por las que se les vincula como civilmente responsables..., tiene
como único objeto garantizarle a ella –la víctima- la reparación
íntegra de los perjuicios”, evento en el cual se “le otorga la
posibilidad de reclamar de todos o de cada uno de ellos el pago
de la correspondiente indemnización, y para el efecto cuenta
1
Cas. civ. de 26 de agosto de 2010. Exp.: N° 4700131030032005-00611-01.
M.A.GO. Exp. 41200100515 01 8

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá D.C.
Sala Civil
entonces con varios patrimonios para hacerla efectiva, de acuerdo
con lo que más convenga a sus intereses” 2 .
De igual manera, es indisputable que tratándose de
responsabilidad por el daño causado en ejercicio de actividades
peligrosas, como es la conducción de automotores, no solamente
está llamado a responder por los perjuicios ocasionados el autor
material del hecho (conductor), sino también la persona que
ejerce la administración del vehículo (como sucede, por regla, con
la empresa de transporte a la que se encuentra afiliado), y, en
general, quien tenga la calidad de guardián (la que se presume en
el propietario), pues la responsabilidad comprende no sólo el daño
por el hecho propio de la persona, “sino también por el hecho de
las cosas que le pertenecen o que sobre ellas ejerza, de cualquier
otro modo, la dirección, control y manejo, como cuando a
cualquier título se detenta u obtiene provecho de todo o parte del
bien mediante el cual se realizan actividades caracterizadas por
su peligrosidad”, como es el caso de las empresas de transporte,
que constituyen, “por definición, una unidad de explotación
económica permanente, con los equipos, instalaciones, y órganos
de administración adecuados para efectuar el acarreo de
personas o bienes de un lugar a otro”, al punto que “la ejecución
del servicio público de transporte únicamente se presta a través
de las mismas, efectuándose dicho servicio bajo su control y
responsabilidad 3 (se subraya).
2
Cas. civ. 10 de septiembre de 1998. Exp. 5023.
3
Cas. civ. mayo 26/89. Cfme: Alvaro Pérez Vives, Teoría General de las
Obligaciones, Primera parte, Tomo II, pág. 372 y 373. citado en ese fallo.
M.A.GO. Exp. 41200100515 01 9

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá D.C.
Sala Civil
Por su importancia para la definición de este litigio, es necesario
enfatizar en que las empresas de transporte a las cuales se
encuentran vinculados vehículos automotores con los cuales se
presta ese servicio, no pueden excusar su responsabilidad en que
son los propietarios –o los conductores- quienes deben asumir el
deber de resarcir los perjuicios causados a los pasajeros, cuando
se quebrantan algunas disposiciones del Estatuto General del
Transporte (Ley 336 de 1996). Como sociedades habilitadas,
tienen un deber de vigilancia, control y cuidado de los vehículos
automotores que utilizan para el transporte de personas y de
cosas, sobre los cuales ejercen un control efectivo y tienen un
poder de dirección, por lo que no es posible que ellas excusen su
deber de reparar por la vía de enarbolar la infracción de ciertos
compromisos legales o contractuales asumidos por los
propietarios o poseedores en virtud del contrato de vinculación.
En este sentido se memora que según el Decreto 1556 de 1998,
reglamentario del referido Estatuto y vigente para la época en que
sucedieron los hechos (14 de junio de 1999), la habilitación de
una empresa de transporte especial estaba sujeta al cumplimiento
de ciertas condiciones de organización, técnicas, financieras y de
seguridad (art. 9º), por lo que ella debía contar con una
“estructura sólida, dinámica y competitiva, orientada a optimizar la
calidad de los servicios ofrecidos al usuario”, que incluyera “sedes
operativas y talleres de mantenimiento” de los equipos propios y
vinculados, un “manual de funciones, procedimientos y sistemas
de selección del recurso humano”, “reglamentos de trabajo e
higiene y seguridad industrial, actualizados y aprobados por la
M.A.GO. Exp. 41200100515 01 10

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá D.C.
Sala Civil
autoridad competente”, así como los contratos de trabajo
celebrados entre la empresa y los conductores, para resaltar sólo
algunas exigencias (art. 10). Igualmente debían tener “una
infraestructura de recursos físicos y humanos” que incluyera, por
ejemplo, programas de capacitación a los conductores, la
“relación del equipo con el cual se prestará el servicio, con
indicación del nombre y cédula del propietario, clase, marca,
placa, modelo, número del chasis, capacidad y demás
especificaciones que permitan su identificación, de acuerdo con
las normas vigentes” y, ello es medular, con un plan sistematizado
“de utilización de los vehículos que permita la distribución racional
y equitativa del equipo” (art. 11), con programas de revisión y
mantenimiento preventivo “que desarrollará la empresa… con
énfasis en los sistemas de frenos, suspensión, eléctrico, dirección,
motor, caja de velocidades, transmisión y estado general de la
carrocería”, lo mismo que con una “ficha técnica por cada vehículo
que contenga entre otros, su identificación, fecha de revisión,
taller responsable reparaciones efectuadas, reporte, control y
seguimiento” (art. 12).
Todo ello revela que las empresas de transporte ejercen una
inspección, vigilancia y control efectivos sobre los vehículos con
los cuales presta el servicio, incluidos aquellos que son objeto de
vinculación, y que tienen, sin duda, un poder de dirección cierto y
real sobre los mismos. No es extraño, entonces, que el artículo 38
del Decreto aludido, relativo a los contratos de vinculación,
hubiere precisado que “La vinculación hará solidariamente
responsable a la empresa y al propietario o al tenedor del
M.A.GO. Exp. 41200100515 01 11

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá D.C.
Sala Civil
vehículo, del cumplimiento de las obligaciones que surjan de la
operación del servicio”.
En este sentido, la Corte Suprema de Justicia ha puntualizado
que:
“Es evidente que las obligaciones que el artículo 22 del decreto indicado [el
1927 de 1991, objeto de escrutinio por esa Corporación] le imponen a las
organizaciones económicas dedicadas a prestar servicios de transporte,
tales como tener un sistema de mantenimiento mecánico adecuado, operar
dentro de las áreas y horarios autorizados, contratar por sí mismas el
personal de conductores, identificar los vehículos con la razón social, el
número de orden y los distintivos suyos, mantener vigentes las pólizas de
seguro exigidas por la ley, entre otras muchas, ponen de presente “… no
sólo que estas empresas obtienen de su actividad un beneficio económico,
sino que también la ejecución del servicio público de transporte únicamente
se presta a través de las mismas, ejecutándose dicho servicio bajo su control
y responsabilidad”(G. J. CXCVI, pag.155); ello quiere decir que así como de
esa dirección y control, que ejercen alrededor de sus propios vehículos y de
los ajenos que tengan en calidad de afiliados, emergen derechos a favor de
la correspondiente compañía transportista, también de allí se derivan, sin
duda ninguna, deberes y obligaciones a su cargo, entre las que se ubica, con
señalada importancia, la de responder por los daños que le causen a
terceros en desarrollo de la actividad propia de su objeto social.
“Lo expuesto supone, por consiguiente, que la “…afiliación no es otra cosa
que la relación jurídica por medio de la cual se vinculan los vehículos
automotores a las empresas de transporte, para la prestación del servicio
público respectivo, cuando ésta no es propietaria de todos los vehículos
necesarios para la adecuada prestación…” (Sentencia 021 de 1° de febrero
de 1991, no publicada aún), relación jurídica que, en todo caso, destaca la
Sala, existe independientemente de que se produzca su registro en las
oficinas públicas respectivas y cuya prueba es libre en tanto ninguna norma
establece restricción tendiente a su formación, puesto que si, como lo ha
precisado la Corte, “…por no tratarse (la afiliación) de un acto o contrato para
cuya validez el régimen probatorio exija como prueba la literal ad sustantiam
actus.”(S-021 de 1991), a su demostración pueden conducir los medios que
sean útiles para generar el necesario convencimiento en el juez, de acuerdo
con la regla general señalada en el artículo 175 del Código de Procedimiento
Civil y de conformidad con el postulado de la apreciación racional de la
prueba o sana crítica contemplado en el artículo 187, ibídem.” 4
Más recientemente, la Corte señaló que,
4
Cas. civ. de 15 de abril de 2009. Exp.: 08001-3103-005-1995-10351-01
M.A.GO. Exp. 41200100515 01 12

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá D.C.
Sala Civil
“cómo las sociedades transportadoras, en cuanto afiliadoras para la
prestación regular del servicio a su cargo, independientemente de que no
tengan la propiedad del vehículo respectivo, ostentan el calificativo de
guardianas de las cosas con las cuales ejecutan las actividades propias de
su objeto social, no sólo porque obtienen aprovechamiento económico como
consecuencia del servicio que prestan con los automotores así vinculados
sino debido a que, por la misma autorización que le confiere el Estado para
operar la actividad, pública por demás, son quienes de ordinario ejercen
sobre el automotor un poder efectivo de dirección y control, dada la calidad
que de tenedoras legítimas adquieren a raíz de la afiliación convenida con el
propietario o poseedor del bien, al punto que, por ese mismo poder que
desarrollan, son las que determinan las líneas o rutas que debe servir cada
uno de sus vehículos, así como las sanciones a imponer ante el
incumplimiento o la prestación irregular del servicio, al tiempo que asumen la
tarea de verificar que la actividad se ejecute previa la reunión integral de los
distintos documentos que para el efecto exige el ordenamiento jurídico y las
condiciones mecánicas y técnicas mediante las cuales el parque automotor a
su cargo debe disponerse al mercado.
“En el sentido que se acaba de exponer la Corporación dejó sentado,
teniendo como punto de referencia las normas incorporadas en el decreto
1393 de 1970, “vigente para la época de ocurrencia de los hechos, que las
empresas de transporte son, por definición, una unidad de explotación
económica permanente, con los equipos, instalaciones, y órganos de
administración adecuados para efectuar el acarreo de personas o bienes de
un lugar a otro (art.9º ), que las mismas deben poseer un sistema adecuado
de mantenimiento de los vehículos, bien que lo hagan por cuenta propia o
faciliten a los demás los medios para hacerlo (art.21); que deben
forzosamente contratar los conductores y les asignan los honorarios (arts.2º,
47 y 51); que son las que elaboran tanto el reglamento de funcionamiento
como el interno de trabajo (arts.9º y 24); las que, cuando no son propietarias
de todos los vehículos, los vincula ´por cualquier forma contractual
legalmente establecida´(art.9º), y en fin, la de que una vez obtenida la
licencia de funcionamiento, que la acredita encontrarse en posibilidad ´de
prestar el servicio público de transporte terrestre automotor´ (art.23), obtiene
la tarjeta de operación de los vehículos”(G. J., t. CXCVI, pag.155).
“Esas particulares características, que brotan como consecuencia de la
ejecución del negocio a través del cual las sociedades transportistas asumen
la función de operar y explotar los vehículos que de otras personas vinculan,
“legitima suficientemente a la empresa afiliadora para responder por los
perjuicios que se causan a terceros en el ejercicio de la actividad peligrosa
que entraña la movilización de vehículos automotores para la satisfacción del
aludido servicio, pues si ella es la que crea el riesgo ´… es acertado, ha
dicho esta Corporación, que se le repute culpable de todo detrimento
ocasionado por su obrar…´…”(sentencia número 021 de 1º de febrero de
1992, no publicada aún oficialmente), ya que, como en otra ocasión
igualmente lo sostuvo, “el solo hecho de estar afiliado un vehículo a
determinada sociedad, implica que ésta en principio soporte alguna
responsabilidad y tenga algún control sobre el vehículo”(G. J., t. CCXXXI, 2º
volumen, pag.897).
M.A.GO. Exp. 41200100515 01 13

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá D.C.
Sala Civil
“4. En este orden de ideas, es palmario que cuando como consecuencia de la
realización de la actividad de transporte, con el instrumento mediante el cual
ese servicio es cumplido, se ejecuta un hecho que causa daño a otros, la
acción a través de la cual se reclame la reparación de la consiguiente
indemnización puede intentarse involucrando como contradictor, aparte de
otras personas como, verbi gratia, al conductor o al propietario, únicamente a la
compañía transportadora en la cual el vehículo se hallaba afiliado para la época
del accidente, pues, por efecto del principio de solidaridad que campea en la
materia, del que trata el artículo 2344 del Código Civil, al decir que si un hecho
como el que involucra este proceso ha sido cometido por dos o más personas,
cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio
procedente del mismo, “la víctima o acreedor queda facultado para exigir la
totalidad del crédito respecto de todos los deudores solidarios conjuntamente, o
igualmente por la totalidad contra cualquiera de ellos, a su arbitrio, sin que
éstos puedan oponerle el beneficio de división”(G. J., t. CLXXX, pag.280).”Cas
civ. de 20 de junio de 2005. Exp. 7627.
2. Aplicadas estas premisas al caso que ocupa la atención de
la Sala, bien pronto se advierte que el juez se equivocó al valorar
las pruebas recaudadas en primera instancia, que aunadas a las
que se practicaron en esta sede, permiten afirmar la
responsabilidad de la sociedad demandada.
En efecto, es un hecho admitido por las partes –hecho 13 y su
respuesta- que el día 14 de junio de 1999, a la altura del sitio
conocido como “Mondoñedo” en jurisdicción del municipio de
Mosquera, el bus de placas SQJ 068 tuvo un accidente en el que
resultó gravemente herido el niño Manuel Andrés Díaz
Castañeda, quien sufrió “Trauma Craneoencefálico Severo con
RNM”, “fractura temporal derecha, lesión de hemisferio izquierdo
de tipo isquémico, contusión y hemorragia del tallo cerebral y
tálamo”, como lo precisa el dictamen rendido por el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quien revisó la
historia clínica de la Fundación Santa Fe (fl. 200, cdno. 1).
M.A.GO. Exp. 41200100515 01 14

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá D.C.
Sala Civil
También está probado que ese vehículo se encontraba “vinculado
en el parque automotor de la empresa Viacoltur Ltda.”, como lo
certificó el Ministerio de Transporte – Dirección Territorial
Cundinamarca, en comunicación de 12 de abril de 2000, visible al
folio 46 del cuaderno No. 1 de copias del proceso ordinario que
adelantaron Jairo Nieto Rincón y otros contra Viacoltur Ltda., ante
el Juzgado 19 Civil del Circuito de Bogotá.
Más aún, contrario a lo señalado en la sentencia de primer grado,
en el proceso sí se demostró que entre el Colegio Salesiano León
XIII y Viacoltur Ltda. fue celebrado un contrato para el transporte
de estudiantes a San Antonio de Tena (Cund.) el día 11 de junio
de 1999, con regreso a Bogotá el día 14 siguiente, como se
desprende de la confesión ficta que se dedujo contra la sociedad
demandada al amparo del artículo 210 del Código de
Procedimiento Civil, por la inasistencia injustificada de su
representante legal a la diligencia de interrogatorio de parte. Así
consta en el acta de fecha 30 de junio de 2009, en la que se
declaró confeso a la demandada en relación con el primer
cuestionamiento contenido en el pliego de preguntas escrito que
presentaron los demandantes.
Pero además, el representante legal de la Sociedad Salesiana,
Inspectoría de Bogotá, propietaria del Colegio Salesiano del León
XIII, igualmente manifestó que “se había hecho un contrato de
transporte con la empresa Viacoltur, a través de su representante
Jorge Eliécer Martínez, quien se presentaba en el Colegio desde
hacía algunos años ya para prestar ese servicio de transporte” (fl.
M.A.GO. Exp. 41200100515 01 15

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá D.C.
Sala Civil
47, cdno. 4). Incluso, en la demanda que dio lugar al proceso que
se tramitó ante el Juzgado 19 Civil del Circuito de Bogotá –en el
que fue parte Viacoltur Ltda.-, ya referido, la Sociedad Salesiana
también manifestó que era cierto que “El contrato de transporte se
realizó con Viacoltur Ltda., por intermedio del ciudadano Jorge
Eliécer Martínez C., quien durante los últimos dieciocho meses
asumió tal rol par atender el servicio de transporte requerido…”,
puntualizando que éste “se presentó a partir de finales de 1997
como agente de sociedades transportadoras y de Viacoltur en
particular”, más concretamente como “comisionista o
intermediario” (fls. 7 a 9, 46 a 48, cdno. 2 de copias).
De igual manera, con fundamento en la aludida confesión ficta se
puede tener como probado que “en desarrollo del anterior contrato
la Empresa Viacoltur Ltda. destinó 13 buses afiliados a la
empresa” (pregunta No. 2); “que el bus de placas SQJ 068 hacía
parte del anterior contrato (pregunta No. 3); “que el bus de placas
SQJ 068 sufrió un accidente en las inmediaciones del sitio
conocido como Mondoñedo” (pregunta No. 4); “que el señor
Manuel José Torres Triviño (Q.E.P.D.) era la persona quien
conducía el bus de placas SQJ 068 el día que se presentó el
accidente” (pregunta No. 5); “que Manuel Andrés Castañeda
estudiante en ese entonces del Colegio Salesiano León XIII
demandante en este proceso, fue uno de los heridos” (pregunta
No. 7); “que para el día 14 de junio de 1999 a la hora aproximada
de las 3,50 pm, el bus de placas SQJ 068 conducido por el señor
Manuel Antonio Torres Triviño y afiliado a Viacoltur Ltda. no
colisionó o chocó con ningún otro vehículo” (pregunta No. 9).
M.A.GO. Exp. 41200100515 01 16

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá D.C.
Sala Civil
Finalmente, el dictamen del Instituto de Medicina Legal y Ciencias
Forenses permite afirmar que Manuel Andrés Díaz Castañeda
presenta “secuelas neurológicas por trauma craneoencefálico
severo en accidente de tránsito”, que “no establece relación con el
entorno” y tiene, “dentro de la escala de Berthel”, “un puntaje que
nos indica que es una persona con una limitación „Grave‟, es
decir, dependiente para todas sus actividades básicas cotidianas.
Es una persona que requiere de un manejo integral permanente
consistente en controles médicos periódicos, fisioterapia diaria
que mejores la espasticidad y movilidad de sus miembros”, así
como de “una tercera persona que le ayude a su desplazamiento
principalmente para reincorporarse de la cama a la silla [de
ruedas] y viceversa, para el baño diario, vertirse, cambios
constantes de posición para evitar el desarrollo de escaras,
cambios de parámetros nutricionales y hábitos alimentarios, entre
otros”. En general, Manuel Andrés Díaz “presenta un déficit
neurológico importante que compromete sus funciones motoras,
sensitivas y cognitivas de manera irreversible, con pobres
expectativas de rehabilitación” (fls. 200 y 201, cdno. 1).
Luego fue claramente probado el daño y su relación de causalidad
con el accidente de tránsito del vehículo de placas SQJ 068, con
el que se ejercía una actividad peligrosa, al punto que sufrió un
volcamiento mientras se desplazaba entre el municipio de San
Antonio de Tena y Bogotá.
M.A.GO. Exp. 41200100515 01 17

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá D.C.
Sala Civil
Y como fue probado que ese automotor estaba vinculado a
Viacoltur Ltda., debe presumirse la culpa de esta sociedad, quien
no puede excusar su responsabilidad en que no fue ella la que
directamente contrató el servicio de transporte, o en que el viaje
no respetó ciertas reglas establecidas en la Ley 336 de 1996 y el
Decreto 1556 de 1998, puesto que en virtud de la vinculación del
bus a la empresa, ella se considera guardián del mismo, como
que, se reitera, tenía inspección, vigilancia y control sobre él, lo
mismo que un poder de dirección.
Si se presentaron fallas en el ejercicio de esos deberes y poderes,
más concretamente en la vigilancia y control del vehículo, no
puede fincarse en ellos para eludir su responsabilidad. Antes bien,
esas omisiones gravan y comprometen aún más a Vicoltur Ltda.,
quien, según la prueba recaudada, sí fue la sociedad con quien se
contrataron los servicios de transporte por parte de la Comunidad
Salesiana, a través de un intermediario. Resulta inadmisible que
la demandada pretenda excusarse, cuando 13 buses afiliados a
su empresa, con los colores y distintivos de ella, fueron puestos a
disposición de una institución educativa para el transporte de
niños estudiantes, profesores y directivos.
3. Por eso, entonces, las pretensiones debían prosperar, sin
que a ellas se opongan, por las razones expresadas, las
excepciones de inexistencia de responsabilidad y falta de
legitimación en la causa propuestas por la demandada.
M.A.GO. Exp. 41200100515 01 18

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá D.C.
Sala Civil
En lo que concierne a la prescripción, ella quedó desierta por
mandato del numeral 4° del artículo 103 de la Ley 446 de 1998,
dado que Viacoltur Ltda. dejó de asistir sin justa causa a la
audiencia del artículo 101 del Código de Procedimiento Civil (fls.
142 y 143, cdno. 1). Se trata de un efecto legal de obligatoria
aplicación, que ni el juez ni el Tribunal pueden eludir, como
tampoco la confesión ficta que, por la misma razón, se deduce
respecto de los hechos de la demanda, y que con el indicio grave
edificado al amparo del numeral 2° del parágrafo 2° del artículo
101, sirven para corroborar las conclusiones de la Sala.
4. Ahora bien, en lo que atañe a la cuantificación del daño,
tanto en las pretensiones principales como en las subsidiarias y
alternativas, los demandantes piden que se les reconozca la suma
de $73‟000.000,oo por daño emergente (gastos de atención
médica).
Sin embargo, en el expediente no existe prueba de esa erogación,
porque el dictamen pericial no sirve para ese propósito, en la
medida en que se soportó en documentos que tampoco son útiles
para apoyar esa puntual reclamación. Las certificaciones
expedidas por el revisor fiscal de la sociedad Comercializadora
Díaz Castañeda Ltda., amén de ser documentos dispositivos
emanados de terceros que debieron ser autenticados por
mandato del numeral 1° del artículo 277 del Código de
Procedimiento Civil, carecen de eficacia en la medida en que esa
es una sociedad familiar integrada por los demandantes, como
ellos mismos lo reconocen en su demanda, quienes, por ese
M.A.GO. Exp. 41200100515 01 19

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá D.C.
Sala Civil
camino, no pueden hacer su propia prueba. Al fin y al cabo, con
arreglo a este principio, “una decisión no puede fundarse
exclusivamente en lo que una de las partes afirma a tono con sus
aspiraciones. Sería desmedido que alguien pretendiese que lo
que afirma en un proceso se tenga por verdad, así y todo sea muy
acrisolada la solvencia moral que se tenga. De ahí que la Corte
Suprema de Justicia haya dicho en un importante número de
veces... que „es principio general de derecho probatorio y de
profundo contenido lógico, que la parte no puede crearse a su
favor su propia prueba. Quien afirma un hecho en un proceso
tiene la carga procesal de demostrarlo con alguno de los medios
que enumera el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil,
con cualesquiera formas que sirvan para formar el convencimiento
del Juez. Esa carga... que se expresa con el aforismo onus
probandi incumbit actori no existiría, si al demandante le bastara
afirmar el supuesto de hecho de las normas y con eso no más
quedar convencido el Juez (Sent. de 12 de febrero de 1980)” 5 .
De otra parte, en lo que concierne al lucro cesante, la condición
de estudiante destacado y de menor de edad de Manuel Andrés
Díaz para la época del accidente, no permiten afirmar, en
principio, que generaba o debía generar unos ingresos
económicos periódicos que se vieron disminuidos por razón del
daño que se le ocasionó. Incluso, en el proceso no existe
evidencia de que él trabajaba y recibía unos ingresos laborales
habituales. A lo sumo, podría aceptarse que en su condición de
socio de la Comercializadora Díaz Castañeda Ltda. percibía unas
5
Cas. civ. de 9 de noviembre de 1993. G.J. CCXXV, pag. 405.
M.A.GO. Exp. 41200100515 01 20

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá D.C.
Sala Civil
utilidades, cuya recepción en el futuro no se afecta por el daño
físico que sufrió, como lo demuestra –si se le da valor a ese
documento- el certificado que obra a folio 10, en el que se refiere
que durante el año 2000 a aquél le correspondieron por
dividendos $7‟251.500,oo.
Tampoco existe evidencia de que sus padres y hermanos (éstos
últimos menores de edad) también se vieron afectados de manera
sensible en sus ingresos futuros por causa del daño ocasionado,
por lo que no es posible reconocerles el lucro cesante pedido en
las distintas pretensiones.
De todas las pretensiones formuladas: principales,
consecuenciales, subsidiarias, secundarias y alternativas, la
mayoría de ellas repetidas, sólo puede concederse la vinculada al
daño moral, cuya cuantía fijará el Tribunal teniendo en cuenta el
grave estado en que quedó Manuel Andrés Díaz Castañeda,
quien dependerá toda su vida de otra persona, por efecto de las
secuelas neurológicas que le quedaron por el trauma
craneoencefálico severo que se presentó en el accidente de
tránsito y que comprometió de manera irreversible sus funciones
motoras, sensitivas y cognitivas. Para él se fijarán
$80‟000.000,oo, pues en materia civil no es posible acudir al
gramo oro.
El dolor de ver a su hijo en las condiciones en que quedó por un
absurdo accidente, es inconmensurable; empero, para resarcir en
lo posible ese perjuicio, se les fijará a los señores José Antonio
M.A.GO. Exp. 41200100515 01 21

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá D.C.
Sala Civil
Díaz Rodríguez y Fabiola Castañeda Aponte la suma de
$30‟000.000,oo para cada uno.
En cuanto a los hermanos, el dolor es similar, pero no igual. Por
eso se les reconocerá a cada uno la suma de $10‟000.000,oo.
La sociedad demandada asumirá las costas de ambas instancias.
5. Puestas de este modo las cosas, se revocará la sentencia
apelada, para, en su lugar, acceder a las pretensiones, en los
términos señalados.
DECISION
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá, en Sala de Decisión Civil, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA la
sentencia proferida el 18 de noviembre de 2009 por el Juzgado 41
Civil del Circuito de Bogotá, dentro del proceso de la referencia y,
en su lugar,
RESUELVE:
1. Declarar no probadas las excepciones propuestas.
2. Declarar que la sociedad Viacoltur Ltda. es civilmente
responsable de los perjuicios ocasionados a la parte demandante,
M.A.GO. Exp. 41200100515 01 22

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá D.C.
Sala Civil
con ocasión del accidente de tránsito que se presentó el 14 de
junio de 1999, en el que sufrió graves lesiones el menor Manuel
Andrés Díaz Castañeda.
3. Por ende, condenar a Viacoltur Ltda. a pagarle a los
demandantes las siguientes sumas de dinero, a título de perjuicios
morales:
a) A favor de Manuel Andrés Díaz Castañeda, la suma de
ochenta millones de pesos ($80‟000.000,oo) moneda legal.
b) A favor de José Antonio Díaz Rodríguez, la suma de
treinta millones de pesos ($30‟000.000,oo) moneda legal.
c) A favor de Fabiola Castañeda Aponte, la suma de
treinta millones de pesos ($30‟000.000,oo) moneda legal.
d) A favor de Daniel Eduardo Díaz Castañeda, la suma
de diez millones de pesos ($10‟000.000,oo) moneda legal.
e) A favor de Alejandra Díaz Castañeda, la suma de diez
millones de pesos ($10‟000.000,oo) moneda legal.
Estas sumas se pagarán dentro de los cinco (5) días siguientes a
la ejecutoria de esta sentencia, vencidos lo cuales comenzarán a
devengarse intereses moratorios legales civiles.
M.A.GO. Exp. 41200100515 01 23

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá D.C.
Sala Civil
4. Negar las demás pretensiones de la demanda y las
restantes condenas solicitadas, incluidos los perjuicios materiales.
5. Condenar a la sociedad demandada a pagarle a los
demandantes las costas causadas en ambas instancias. El
Magistrado Sustanciador ordena incluir como agencias en
derecho por la apelación la suma de $2‟000.000,oo.
NOTIFÍQUESE.
MARCO ANTONIO ÁLVAREZ GÓMEZ
Magistrado
NANCY ESTHER ANGULO QUIROZ
Magistrada
M.A.GO. Exp. 41200100515 01 24