Expediente de Radicación No ... - Rama Judicial

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá D.C.
Sala Civil
Por su importancia para la definición de este litigio, es necesario
enfatizar en que las empresas de transporte a las cuales se
encuentran vinculados vehículos automotores con los cuales se
presta ese servicio, no pueden excusar su responsabilidad en que
son los propietarios –o los conductores- quienes deben asumir el
deber de resarcir los perjuicios causados a los pasajeros, cuando
se quebrantan algunas disposiciones del Estatuto General del
Transporte (Ley 336 de 1996). Como sociedades habilitadas,
tienen un deber de vigilancia, control y cuidado de los vehículos
automotores que utilizan para el transporte de personas y de
cosas, sobre los cuales ejercen un control efectivo y tienen un
poder de dirección, por lo que no es posible que ellas excusen su
deber de reparar por la vía de enarbolar la infracción de ciertos
compromisos legales o contractuales asumidos por los
propietarios o poseedores en virtud del contrato de vinculación.
En este sentido se memora que según el Decreto 1556 de 1998,
reglamentario del referido Estatuto y vigente para la época en que
sucedieron los hechos (14 de junio de 1999), la habilitación de
una empresa de transporte especial estaba sujeta al cumplimiento
de ciertas condiciones de organización, técnicas, financieras y de
seguridad (art. 9º), por lo que ella debía contar con una
“estructura sólida, dinámica y competitiva, orientada a optimizar la
calidad de los servicios ofrecidos al usuario”, que incluyera “sedes
operativas y talleres de mantenimiento” de los equipos propios y
vinculados, un “manual de funciones, procedimientos y sistemas
de selección del recurso humano”, “reglamentos de trabajo e
higiene y seguridad industrial, actualizados y aprobados por la
M.A.GO. Exp. 41200100515 01 10