El Periodista edición 277

OPINIÓN
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el periodista
POR MAURICIO DAZA CARRASCO*
Hace algunos días se reveló el contenido
de las declaraciones de
Patricio Contesse, ex gerente general
de SQM y hombre de confianza
histórico de Julio Ponce Lerou. Si bien
la atención se ha centrado en lo que dijo sobre
Marco Enríquez Ominami, la declaración en
fiscalía de Contesse, resulta más significativa
por lo que no dice.
Sobre lo que dice, no resulta verosímil su versión
en cuanto a que él decidió por sí solo pagos
ilegales a campañas políticas, ejecutándolos
sin informar a nadie. Son bien conocidos
los esfuerzos desplegados por Ponce Lerou
para controlar SQM de manera férrea durante
los últimos años, colocando a personas de
su entera confianza a cargo de su administración.
Pensar que en dicho contexto su gerente
habría destinado para tales efectos 10 millones
de dólares al año, según valoración que propio
Contesse hace, resulta a lo menos dudoso.
Por otra parte, impresiona la desidia con la
que explica sus motivos para realizar los referidos
“aportes”: le parecía que la ley estaba mal,
entonces decidió hacerlo a su manera. Si bien
lo anterior podría resumir lo que para muchos
es el lema de una parte importante de los grupos
económicos que controlan los principales
mercados de nuestro país, no resulta plausible
que una decisión de esa relevancia la tomara
el gerente de SQM por sí mismo bajo ese argumento.
En cuanto a Enríquez-Ominami, la revelación
de que él le habría solicitado directamente
financiamiento para su campaña política a
través de la triangulación de facturas falsas,
no resulta una sorpresa, si se consideran los
demás antecedentes que ya existen en la investigación,
tales como correos electrónicos
OMERTÁ
e información contable. Sin embargo, lo más
llamativo es su negativa para hablar sobre el
ex senador PS Carlos Ominami y el ex diputado
DC Roberto León, sumado a su silencio
con relación al financiamiento ilegal que habría
efectuado SQM a las candidaturas de Michelle
Bachelet, Sebastián Piñera, además de los aportes
que se han imputado respecto de Jorge Pizarro,
Fulvio Rossi, Pablo Longueira, entre otros.
Lo anterior se puede interpretar como una señal
clara de que no está dispuesto a revelar, por
ahora, toda la trama de vínculos entre la empresa
de Ponce Lerou y nuestra “clase política”;
“Contesse aparece
entregando a un par de
personas que hoy son
irrelevantes en la gestión
del poder, a cambio de un
acuerdo que le garantice
impunidad a él y al resto
de los implicados”
lo que también implica una suerte de amenaza
implícita a una parte importante de la misma.
En todo caso, esta declaración es consistente
con los evidentes esfuerzos del fiscal Pablo Gómez
Niada de poder una lápida al caso SQM
cuanto antes, impidiendo que se establezca toda
la verdad de lo sucedido respecto del caso de corrupción
más importante que haya investigado
el Ministerio Público. En este contexto adquiere
fuerza la hipótesis de que la declaración de
Contesse es sólo un trámite para viabilizar una
salida alternativa rápida, justificando una “colaboración
sustancial” con la investigación, por
la vía de revelar información incriminatoria en
contra de un ex candidato presidencial, quien
hoy no vale mucho en el actual escenario político
de nuestro país, y respecto de un exsenador
fallecido, como Adolfo Zaldívar.
Sin embargo, si se analiza con más detalle, lo
más impresentable de esta diligencia es la conducta
del fiscal a cargo del caso SQM. Es así
como Contesse declaró que “mis abogados
me han señalado que, a lo menos, hay 45 otras
empresas que están en esta misma situación”,
aludiendo al pago de aportes políticos a través
de facturas falsas. Ante esto, el fiscal ni siquiera
le preguntó cuales serían esas empresas, lo que
más allá de atentar en contra del sentido común,
resulta significativo si se considera que dentro de
los abogados a los que refiere Contesse se encuentra
Samuel Donoso, quien era miembro
de la directiva del PPD cuando Carolina Tohá
presidia ese partido, en la misma época en que
habrían recibido aportes ilegales de la minera
para el financiamiento de su gasto corriente;
denuncia que Gómez Niada nunca investigó
efectivamente. Tampoco lo hizo respecto de
Rodrigo Peñailillo, hombre clave de la ultima
campaña de Bachelet, quien como ministro del
Interior habría enviado al propio Donoso con el
fin de presionar en dependencias del ministerio
de Hacienda al entonces director y subdirector
jurídico del Servicio de Impuestos Internos,
para que no siguieran indagando a SQM.
En definitiva, Contesse aparece entregando a
un par de personas que hoy son irrelevantes en
la gestión del poder en nuestro país, a cambio
de un acuerdo que le garantice impunidad a
él y al resto de los implicados; en un país que,
desde hace un buen tiempo, ha normalizado la
impunidad.
*Abogado. Magister Derecho Penal y Procesal Penal