El Periodista edición 277

PORTADA
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el periodista
los narcóticos o las campañas
políticas. SCL se fundó hace
más de 25 años, según reza su
sitio web.
Cambridge Analytica se creó en
2013 e inicialmente se centró en
los comicios estadounidenses,
gracias a la inyección inversora
de 15 millones de dólares
del multimillonario donante
republicano Robert Mercer. El
nombre de la consultora fue
elegido por el que sería asesor
de Trump, luego defenestrado,
Steve Bannon.
La compañía de marras, que
posee oficinas en Nueva York,
Washington, Londres, São Paulo
y Kota Damansara (Malasia),
se vende a sí misma como proveedora
de análisis de consumo,
publicidad dirigida y otros servicios
relacionados con datos tanto
para clientes políticos como
corporativos. No da detalles de
quiénes son esas corporaciones,
pero en su página de internet
incluye un
“prestigioso”
periódico
diario que
quería saber
más sobre sus
suscriptores,
una marca
de ropa de mujer que buscaba
información sobre sus clientes
y una aseguradora de automóviles
de EEUU interesada en el
marketing. Todo bastante inocuo.
Aparentemente.
Después de que Trump llegara a
la Casa Blanca, el presidente de
Cambridge Analytica, Alexander
Nix, un personaje con bastantes
pocos escrúpulos, acudió
a más clientes para presentar sus
servicios, ante quienes se jactaba
de que podía desarrollar perfiles
psicológicos de consumidores y
votantes, diciendo que poseía
una “salsa secreta” que solía
influirles más eficazmente de lo
que podría hacer la publicidad
tradicional. La “salsa secreta”
eran, por supuesto, los datos extraídos
de la red social.
Cambridge Analytica dijo que
inicialmente no sabía que Kogan
había violado los términos
de Facebook, y que borró los
“Las explicaciones
aportadas hasta ahora por
Zuckerberg y su mea culpa
dejan fríos a los expertos”
datos una vez que se enteró en
2015. Sin embargo, estos no se
eliminaron, según la prensa estadounidense.
Cambridge Analytica
respondió que esa acusación
no era cierta. Kogan, por su lado,
explicó que él no pensaba que
estuviera haciendo nada malo
con el estudio académico y que
le habían convertido en cabeza de
turco. Facebook informó de que
estaba presionando a Cambridge
Analytica para obtener respuestas,
después de haber recibido garantías
de la firma en 2015 de que
había borrado todos los datos.
En cualquier caso, la gente de
Zuckerberg no ha protegido lo
suficiente a sus usuarios y clientes,
porque sus ejecutivos, aun
conociendo las vulnerabilidades
que padecía su red social, no se
volcaron en encontrar las soluciones
a esos problemas.
Según el exempleado Sandy Parakilas,
Facebook temía que, si se
investigaba una sospecha de incumplimiento
de las normas
y se descubría
que se habían
roto las políticas,
la empresa
podría ser
responsable
de lo ocurrido. Su idea era no
revelar las infracciones y luego
escudarse en que ellos son una
plataforma y, por tanto, no son
culpables.
Este escándalo era previsible. La
burbuja tenía que explotar por
algún lado. Facebook ha estado
trabajando sin descanso en reunir
la mayor cantidad posible
de datos de sus usuarios, beneficiándose
de ello, ganando
mucho dinero con ello, a través
de anuncios patrocinados y una
ingente actividad comercial. Es
verdad que han ido mejorando
las condiciones de uso, pero no
han modificado su esencia del
negocio, basada en “compartir
experiencias” y hacer caja,
vulnerando la privacidad de
las personas. Al final, ha terminado
atrapado en su propia
tormenta.
*Agencia France Press
POR RENATO GARIN GONZÁLEZ*
Sabemos que la ley regula
la despenalización
de la interrupción
del embarazo en tres
causales. Sin embargo, se introdujo
un artículo al Código
Sanitario, el cual reconoce la
posibilidad de ejercer la objeción
de conciencia personal
para excusarse de practicar el
aborto. Este espacio normativo
fue luego utilizado por el
Tribunal Constitucional para
generar una objeción de índole
institucional.
A través de la ley, se generó
Una interpelación
necesaria
“El ministro de Salud
debe responder por su
conducta ilegal que
afecta los derechos
de miles de chilenas”
la necesidad
de dictar un
“Protocolo”
del Minsal
para regular el
uso de dicha
objeción. La
principal modificación
del
referido nuevo protocolo fue
haber eliminado la prohibición
de objetar a los Establecimientos
Privados que se encuentren
adscritos al Sistema
Nacional de Servicios de Salud
mediante la celebración de
convenios a los que se refiere
el D.F.L N° 36 de 1980. Así, la
suma del fallo del TC más el
nuevo protocolo hicieron mutar
la letra original de la ley,
colocando en riesgo el derecho
de las mujeres a abortar
en tres causales.
El protocolo emanado del
Poder Ejecutivo en marzo de
2018 es ilegal. Esta afirmación
parece demasiado apresurada,
puesto que es la Contraloría
quien debe establecerlo. Sin
embargo, al analizar con claridad
la letra del protocolo y
su contexto jurídico, parece
inexorable dicha afirmación
dado que el protocolo subvierte
dos principios del derecho
administrativo cuáles son el
de legalidad y el de jerarquía.
El protocolo es ilegal porque
en su sección IV “deshomologa”,
es decir, abstrae del mismo
tratamiento jurídico, y lo hace
por resolución exenta, beneficiando
a las instituciones que
se adscriben a la ya descrita
objeción de consciencia institucional.
Estas instituciones
están “homologadas” por D.F.L
36 de 1980, por ende el protocolo
va claramente contra el
principio de legalidad, según
el cual una resolución
exenta
no puede
afectar el campo
de un D.F.L.
En segundo lugar:
¿A quién
debía informar
Santelices sobre
el protocolo? Obviamente,
a su superior que es el Presidente
de la República en razón
del artículo 35 de la Constitución.
Sin embargo, Santelices
le informa a Larroulet, según
propia confesión, quien es el
jefe de asesores del segundo
piso, que no es su superior ni
ministro, ni siquiera aparece
en la Constitución. Por ende,
Santelices rompe la cadena de
mando al no informar al Presidente,
ni siquiera a Chadwick,
jefe de gabinete, sino que a
Larroulet que para estos efectos
es un mero asesor. Así, el
nuevo protocolo es ilegal porque
subvierte el principio de
legalidad al afectar el D.F.L 36
y también es ilegal porque es
dictado rompiendo la cadena
de mando en contra del artículo
35 de la CPR.
*Diputado RD (distrito 14)