Aproximación a la Geografía del despilfarro en España: balance de las dos últimas décadas

hubiera facilitado mejoras sustanciales en movilidad sostenible. Desaprovechando incluso la ocasión
de haber impulsado un nuevo modelo de infraestructuras, un cambio en la concepción de la
infraestructura, poniendo en el centro no la titularidad de la misma, sino la gestión de la movilidad
de los ciudadanos; y no la parcelación de actuaciones, sino la consideración de, por ejemplo,
corredores logísticos multiregionales para las mercancías en el horizonte 2030. Sin olvidar la
conveniencia de haber acometido una gran estrategia de adaptación a los impactos del cambio
climático.
Probablemente, la visibilidad y favorable acogida de la gran obra pública, que además se asocia a
la modernidad (aunque permanezca anclada en concepciones tradicionales), la “tiranía del ciclo
político”, la necesidad de obtener rédito electoral inmediato, el bajo coste político, junto a la
posibilidad de obtener de forma irregular financiación para partidos políticos esté en la base de la
explicación. Y no es seguro que las élites políticas y económicas hayan aprendido de la experiencia
reciente y de la inconveniencia de un modelo y un sistema de contratación “que atiende más las
señales de la oferta que de la demanda” (Bel, 2015, p. 19). De hecho, las constructoras ya
reclaman nuevas inversiones y cifran en 100 000 millones de euros las nuevas necesidades de
España en infraestructuras para los próximos años (SEOPAN, 2017).
Los ciudadanos han tomado plena conciencia del problema de la corrupción, pero no tanto del
despilfarro de recursos públicos. El coste político es menor, si existe, en el segundo caso. Sin
embargo, el problema es importante y es estructural. Es cierto que las dificultades de financiación
de las administraciones públicas no solo pueden atribuirse al despilfarro de recursos públicos,
puesto que existen otras causas relevantes que lo explican (Zabalza, 2015), pero es innegable su
influencia.
No tenemos una idea precisa del verdadero alcance de ambos fenómenos. De la corrupción
tenemos evidencia de los casos que han llegado a los tribunales (no sabemos qué representa sobre
el total) y del aumento de la percepción ciudadana. El despilfarro puede tener cuatro dimensiones:
a) una en forma de corrupción; b) otra en forma de sobrecostes; c) otra en forma de obras
infrautilizadas o inútiles, y d) otra en forma de priorización inadecuada de inversiones. Se necesitan
muchas investigaciones a escala regional y local para conocer la verdadera dimensión, así como
acceder a información de los organismos inversores de la Administración General del Estado y de
las Comunidades Autónomas y gobiernos locales, muy reticentes a proporcionar información
actualizada y desagregada. Además no es delito, de modo que la dificultad para obtener
información a través de sumarios no es posible.
Suele decirse que la corrupción ha afectado más a la escala local y regional que a los niveles de la
Administración General del Estado. Sin embargo, si atendemos al despilfarro de recursos públicos,
Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 77, 1–51 36