Aproximación a la Geografía del despilfarro en España: balance de las dos últimas décadas

nuestras primeras estimaciones indican que el volumen es igualmente muy importante en aquellas
áreas inversoras que son competencia de la Administración General del Estado.
Es necesario contar con legislación que regule el papel de los lobbies en los tres niveles de
gobierno, así como una decidida apuesta por la transparencia. En este punto la Administración
General del Estado está, a día de hoy, más retrasada que muchas Comunidades Autónomas y
gobiernos locales.
En España no se dispone de instrumentos eficaces para la evaluación ex ante, intermedia y ex post
de inversiones en infraestructuras. La inversión no se prioriza con criterios objetivos y transparentes.
Tampoco se dispone de indicadores. Solo se dispone de preceptivos y rutinarios informes de
impacto ambiental poco eficaces, de control de legalidad de expedientes y de estudios a la carta
sobre posibles efectos económicos, muchos de los cuales se han revelado como documentos que
han equivocado por completo sus previsiones. Este trabajo sistemático, esencial de evaluación
desde el punto de vista de la eficiencia y la rentabilidad social, no lo hace el Tribunal de Cuentas y
tampoco los órganos regionales equivalentes, en especial en las áreas donde el volumen de gasto
público comprometido es mayor.
Ni siquiera contamos con evaluaciones del estilo de las elaboradas por el Tribunal de Cuentas
Europeo que de forma reiterada ha formulado severas críticas a España, tanto por los graves
errores relacionados con modificaciones al alza de contratos, como por la tardía e insatisfactoria
trasposición de la Directiva comunitaria sobre contratación pública de 2004 a la legislación estatal.
(Tribunal de Cuentas Europeo, 2015).
Es imprescindible poder contar con órganos independientes responsables de hacer esta tarea.
Nosotros creemos que más que dotar de más medios a unos Tribunales y Cámaras de Cuentas
muy mediatizados por los grandes partidos (Peña, 2016, p. 108), es preferible crear organismos
dependientes de los parlamentos, acordados mediante mayorías cualificadas, para evitar riesgos de
sesgo y malas prácticas o la posibilidad de cambiar decisiones correctas por la llegada de un
nuevo gobierno (Manzano, 2013). Del mismo modo, es muy importante que los informes de
impacto ambiental sean competencia de órganos diferentes a las áreas de gobierno responsables
de la inversión, y que además se respete su contenido.
La contratación pública, o si se prefiere las compras públicas, desempeñan un papel destacado en
la consecución de los fines de la buena gobernanza, algunos de los cuales tienen tanta importancia
como acabar con la pobreza y la injusticia o incentivar la prosperidad compartida. Los países con
instituciones eficaces y honestas prosperan promoviendo entornos que facilitan el crecimiento
económico, facilitando la extensión de servicios públicos de calidad y ganando la confianza de los
ciudadanos. Así, los países capaces de controlar el despilfarro en la contratación pública son
capaces de usar sus recursos humanos y de capital más eficientemente, atraen más inversión
Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 77, 1–51 37