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Sanción: Paradigm llegó a un acuerdo con el Departamento
de Justicia de EU para evitar que se le fincaran cargos
criminales: pagó una multa de un millón de dólares.
7.-Empresa: Crawford Enterprises Inc.
País: Estados Unidos
Dependencia involucrada: Pemex
Ganancias obtenidas: 230 millones de dólares
Acusación: Entre diciembre de 1977 y mayo de 1980,
Crawford y sus filiales pagaron un total de 9 millones 960
mil dólares a funcionarios de Pemex para que se aprobara
la compra de sus sistemas de compresión.
Crawford inflaba los precios de los pedidos para incluir
el monto de los sobornos destinados a los funcionarios. Para
aparentar competitividad, Crawford y otras empresas cómplices
ajustaban los precios de sus ofertas de modo que la
empresa texana siempre aparentara ser la mejor opción.
Grupo Delta, firma representante de Crawford en México,
se dedicaba a elaborar facturas falsas para cobrar los
sobornos. Delta destapó las operaciones que involucraban
al presidente y dueño de la empresa, Donald Crawford,
porque éste se negó a pagar las comisiones acordadas.
Sanción: Donald Crawford fue acusado por conspiración
y soborno y pagó una multa de 309 mil 999 dólares; su
compañía fue multada por 3 millones 460 mil.
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El 29 de septiembre de 2010, el Departamento de Justicia
de EU anunció que había llegado a acuerdos con la empresa
suiza ABB Ltd en torno a las acusaciones por fraude y
soborno.
ABB admitió que su filial ABB Network Managment,
con sede en Sugar Land, Texas, pagó 1.9 millones de dólares
en sobornos a funcionarios de la Comisión Federal de
Electricidad durante ocho años.
El convenio para declararse culpable tenía antecedentes
desde 2005. El 27 de abril de ese año, Fernando Basurto,
director de la firma Equipos y Sistemas de México (Esimex),
recibiría un correo electrónico inusual de Joseph O’Shea,
uno de sus clientes en Estados Unidos.
“Mi abogado cree que estaría bien que usáramos una
cuenta de correo privada, así será más difícil que alguien
descubra nuestras conversaciones. Creo que deberíamos
alterar nuestra rutina, es decir, dejar de vernos en el ‘lugar
de los huevos benedictinos’ ”.
O’Shea se escondía del FBI. Cinco meses antes había sido
despedido de ABB Network Management, filial ABB Ltd.
El corporativo en Suiza había detectado transacciones
sospechosas autorizadas por O’Shea mientras éste fungía
como gerente general de ABB NM.
Después de que fue despedido, la policía hallaría el destino
de esas transacciones: las cuentas bancarias de subdirectores
de CFE, identificados en los documentos de la Corte
Distrital del Sur de Texas, con las iniciales N, C, J y G.
De 1997 a 2003, el entonces gerente de ABB NM envió
1.9 millones de dólares en sobornos para asegurar el contrato
para la operación y desarrollo del Sistema de Información
en Tiempo Real para la Administración y Control de la
Energía (Sitracen), y otro para su actualización y mantenimiento,
con un valor total de 81 millones de dólares.
Los sobornos no fueron iniciativa de O’Shea. Según los
documentos de la Corte, los funcionarios de CFE informaron
al gerente, a través de Fernando Basurto, intermediario
entre la paraestatal y la compañía, que “sería necesario
realizar pagos para la obtención de los contratos Sitracen
y Evergreen”.
O’Shea, Basurto y los funcionarios de la CFE acordaron
en un encuentro que estos últimos recibirían 10 por ciento
del monto de los contratos.
A partir de entonces, O’Shea realizaría transacciones
electrónicas de la cuenta de ABB NM a las cuentas de Basurto
y sus familiares, incluidos sus padres. Basurto transfería
el dinero a las cuentas de los funcionarios de CFE, a los que
identificaba como “Los Buenos Muchachos”.
Las sospechas de los sobornos también surgirían en
México. En agosto de 2005, Enrique Santacana, presidente
de la división ABB en Norteamérica, presentó una denuncia
en la PGR por “los comportamientos impropios” de Gustavo
Salvador Torres, subdirector del Centro Nacional de Control
de Energía, en relación con el contrato Evergreen.
Cuatro años más tarde, la Auditoría Superior de la Federación
solicitaría una revisión a la CFE “en relación con
los presuntos actos de corrupción que involucran a servidores
públicos de la entidad”.
Pero a principios de 2010, el director de la paraestatal,
Alfredo Elías Ayub, respondió e informó que después de
investigar las acusaciones, el departamento auditor de CFE
no encontró elementos para sustentarlas, por lo que dieron
de baja el expediente.
Meses más tarde, cuando el Departamento de Justicia
de EU reveló lo mismo que él había desechado, Elías Ayub
tuvo que echar marcha atrás.
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Ángela Gómez nunca perdió la elegancia. Ni siquiera cuando
salió de la Corte federal de Houston el 13 de agosto de
2010.
Aún esposada y con uniforme naranja (el que usan los
presos en Estados Unidos), la morelense tenía las uñas
pintadas de rojo y su cabello rubio cenizo estaba peinado
con ondas prolijas.
Un mes después, mientras en México se celebraba el
Bicentenario de la Independencia, Ángela Gómez y su esposo
Enrique Aguilar fueron acusados por lavado de dinero,
conspiración para realizar lavado de dinero y fraude en la
Corte Central de California.
La pareja dirigía las firmas Grupo Internacional de Asesores
SA y Sorvill en México; ambas representaban a compañías
extranjeras que buscaban hacer negocios con la CFE.
Una de esas firmas foráneas era Lindsey Manufacturing
(LM), proveedora de materiales y sistemas de restauración
para la industria eléctrica con sede en Azusa, California.
LM eligió buena representación. Enrique Aguilar era
amigo cercano de Néstor Moreno, director de Operaciones
de la CFE. Gracias a esta estrecha relación, Aguilar pedía
una comisión de 30 por ciento por cada contrato obtenido
con la CFE, el doble de lo que LM estaba acostumbrada a
conceder.
Pero la amistad de Aguilar y Moreno no era el elemento
determinante para obtener los contratos. Parte de las
comisiones eran, en realidad, sobornos para Néstor Moreno
y Arturo Hernández, su antecesor en la dirección de
Operaciones. Ambos son identificados en los documentos
| EMEEQUIS | 18 de OCTURe de 2010
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