mutualismo hoy en baja 272

Decreto 66/19, implicancias para las Mutuales de Salud
Entre las modificaciones dispuestas,
se debe distinguir aquellas que alcanzan
a todo el universo de sujetos
comprendidos en la Ley de Medicina
Prepaga, incluidas las mutuales
y cooperativas, y por otro lado, las
que impactan de manera específica
sobre las entidades de la Economía
Social que prestan el servicio de salud.
Entre las primeras, hay algunas
que venían siendo anunciadas por el
mercado de la actividad, tales como
las referidas a planes parciales, al régimen
de aumentos de cuotas y a las
preexistencias.
Atentos a lo que se menciona de
los planes parciales en el decreto
66/2019, se observa que se elimina el
párrafo que hacía referencia a mutuales
y cooperativas, en donde se autorizaba
a que estas entidades pudieran
continuar prestando servicios bajo la
supervisión del INAES, pero inscribiéndose
en el Registro de Empresas
de Medicina Prepaga (EMP).
En este último aspecto, desde el sector
expresan su preocupación al pretender
quitar la competencia del
INAES, resultando evidente que las
modificaciones introducidas al decreto
1993/2011 se orientan a concentrar
en la Superintendencia de Servicios
Salud todas las funciones relacionadas
con la aplicación del régimen
de Medicina Prepaga, apuntando
a una exclusividad semejante a
la que existe con otras actividades, tal
como sucede con la Superintendencia
de Seguros en materia aseguradora, y
del Banco Central en cuanto a la actividad
financiera.
Siguiendo con los planes parciales, el
decreto también hace hincapié en que
la Autoridad de Aplicación autorizará
los nuevos planes parciales a propuesta
de la Comisión Permanente,
prevista por el artículo 6° de la ley,
constituida por tres representantes
del Ministerio de Salud- hoy Ministerio
de Salud y Desarrollo Social- y
tres del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas- actualmente Finanzas
Públicas-, previendo que todos
los sujetos comprendidos en la Ley
26.682 presenten nuevos planes de
cobertura parciales a la mencionada
Comisión Permanente.
En el sector todavía recuerdan la
situación en 2017, en donde ya advertían
que “ante la caída de mucha
gente del sistema privado de salud,
producto de los elevados costos de
cualquier plan de cobertura médica,
las grandes prepagas plantean que el
gobierno autorice la comercialización
de planes parciales, permitiéndoles
así sostener clientes y, además, ganar
un mercado de usuarios con menores
ingresos”.
También, rechazan la visión de planes
parciales como una herramienta
de mercado, reivindicando el derecho
natural de los asociados en definir el
alcance de una cobertura médica y el
valor que pagará por ella.
A los efectos de aclarar estos asuntos,
desde el mutualismo ya se solicitó
formalmente audiencias al Superintendente
de Servicios de Salud, Sebastián
Neuspiller; al secretario de
Promoción de la Salud, Prevención y
Control de Riesgos, Adolfo Rubinstein;
y, particularmente, a la ministra
de Salud y Desarrollo Social, Carolina
Stanley, con el objeto de evacuar
estas dudas, dejar formalmente expresada
la posición de las mutuales
y cooperativas que brindan servicios
de salud en nuestro país y solicitar
tener participación en las decisiones
que se tomen en la Comisión Permanente.
Al respecto:
FEMUJ manifestó su
preocupación por el polémico
decreto en materia sanitaria
Reproducimos a continuación el
comunicado de prensa:
LA FEDERACION DE ENTIDA-
DES MUTUALISTAS DE LA PRO-
VINCIA DE JUJUY manifiesta su
profunda preocupación por los constantes
avasallamientos al sector de la
Economía Social, en esta nueva oportunidad
con la supresión de competencias
al INAES sobre el servicio de
salud. La evolución histórica del sector
muestra en distintas etapas de su
desarrollo, un crecimiento importante
tanto en su capacidad de gestión
como en la prestación de variados
servicios a sus asociados, resulta evidente
que su crecimiento incomoda a
sectores Públicos y Privados, tanto es
así que a lo largo de los años fueron
regulando las actividades e imponiendo
LIMITACIONES y obstáculos
de distinta índole a la prestación de
los servicios con la finalidad de desalentar
al sector.
El Instituto Nacional de Asociativismo
y Economía Social también fue
transformándose y adecuando sus
normativas de control y sancionatorias,
que por cierto son innumerables,
al sector y acompañando este crecimiento
conforme las funciones que le
competen.
Es verdad que hay una innecesaria
superposición de cometidos y funciones
públicas en detrimento de
la simplificación de los trámites administrativos
según dice el decreto
66/19 y nosotros agregaríamos una
duplicidad de controles e información
a distintas áreas del Estado y
Privado, cuando en realidad debería
darse una centralización de estos aspectos
y datos en el órgano de control
de mutuales y cooperativas INAES,
dotándolo de mayor fortaleza técnica
que comprenda y entienda la variedad
de servicios que las Entidades
prestan evitando que éstas envíen
documentación a todas las áreas del
Estado que controlan cada servicio,
generando onerosidad.
Es inconcebible que cada servicio
deba ser regulado por distintas áreas
del Estado, sometiendo a las entidades
a administraciones costosas e innecesarias
que afectan el Patrimonio
de la Entidad y consecuentemente
la prestación del o los servicios a los
asociados, cuando en realidad todos
estos gastos deberían traducirse en
mejores servicios o la creación de
otros para satisfacer las necesidades
de los mismos.
En materia de salud, la intervención
técnica de la Superintendencia de salud
es muy importante ya que entien-
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