Revista Portafolio y Economía | 7ma edición | Junio 2021

graves problemas de gobernabilidad. Y si no hay respuestas rápidas y solidarias a los problemas sociales,
no deben sorprender nuevas y mayores reacciones populares -como la que si vivió en octubre del 2019-,
con la consiguiente inestabilidad que frenará la construcción de otra economía más sustentable y justa.-
EDUCACIÓN SUPERIOR
Y EXÁMEN DE ACCESO
Eco. Mercy Orellana
Subdecana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Estatal de Cuenca
A
lo largo de las últimas décadas, el Ecuador ha experimentado una serie de transformaciones
en materia de educación superior, con el propósito de garantizar una educación de calidad y,
en la última década, la gratuidad de la misma. Sin embargo, no todos los procesos han sido
encaminados en lograr estos criterios de calidad, y la gratuidad en la educación superior no ha
permitido crear igualdad de oportunidades.
Durante los años 1990 e inicios de 2000, la liberación y falta de control en materia de normativa y
aplicación de las mismas, permitió la creación de un gran número de instituciones de educación superior
sin planificación ni políticas de control de calidad. De hecho, hasta el 12 de abril del 2012, el Ecuador
contaba con 71 universidades, 45 de ellas creadas entre 1992 y 2006, evidenciando un crecimiento sin
precedentes del 273% en apenas 14 años.
Esta creación de universidades presentó tres etapas marcadas. La primera corresponde a la creación
de instituciones privadas de carácter autofinanciado, siendo 35 de las 45 universidades creadas,
instituciones de este tipo. La segunda etapa corresponde a la creación de universidades privadas y de
élite, influenciadas en mayor parte por el modelo universitario estadounidense. Mientras que la tercera
etapa fue la creación de instituciones privadas menos elitistas, con menos barreras de admisión y con
significativas carencias de calidad, las cuales se convertirían en la mayoría de las instituciones de categoría
“E”. Razón por la cual, se evidenció la falta del accionar y/o creación de instituciones y organismos de
control en ese periodo.
Varias han sido las acciones tomadas para solventar este problema. Desde la Constitución de 1998 se
dispuso la creación de un Sistema Autónomo de Evaluación y Acreditación para asegurar los objetivos
de calidad de las instituciones, a través del Consejo de Educación Superior (CONESUP) y la Secretaría
Técnica (art. 13 de la Ley de Educación Superior), creándose en el año 2000 el Consejo Nacional de
Evaluación y Acreditación (CONEA) para dirigir dicho sistema.
Tiempo después, la Constitución del 2008 consideró importantes cambios en materia de educación
superior, creando la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación
(SENESCYT), a partir de la creación de la nueva Ley Orgánica de Educación Superior. En este periodo,
además, se estableció la gratuidad de la educación superior pública, la eliminación del CONESUP y la
división de sus funciones en 3 organismos diferentes: CES (Consejo de Educación Superior), SENESCYT y
el Consejo Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES).
Previo a la eliminación del CONEA, se estableció la obligatoriedad de elaborar un informe técnico sobre
el desempeño institucional y académico de las instituciones de educación superior. Esta evaluación
permitió el diagnóstico de las universidades, y la clasificación en categorías desde la “A” hasta la “E”,
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