Listín Diario 24-11-2022

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SANTO DOMINGO, RD. JUEVES, 24 DE NOVIEMBRE DE 2022
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La República
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3,5 cm
Enfoque
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SUSANA GAUTREAU DE WINDT
Santo Domingo
Ante el ruido
generado en
la provincia
San Juan es
posible que
parte de la población se haga
estas preguntas: ¿Qué es
el proyecto Romero? ¿Qué
está pidiendo Goldquest?
¿Por qué anda visitando el
liderazgo local y nacional?
Estas preguntas deben
ser respondidas con datos
reales y no con prejuicios
sin sustento científico.
Goldquest dominicana es
una compañía junior de exploración
con 20 años en el
país que, bajo concesión de
exploración minera, encontró
un depósito mineral en
profundidad en el municipio
San Juan de la Maguana
invirtiendo para ello más
de 44 millones de pesos a
sus expensas.
La empresa agotó los trámites
que establece la Ley
Minera Dominicana 147-
71, aportó más de una década
de trabajo geológico
y científico, así como entregó
todos y cada uno de los
documentos, estudios de
pre-factibilidad, modelos
matemáticos y satisfizo los
exigentes requerimientos
La romería de Romero
En medio de
l a a c t u a l
realidad que
nos arropa
debido a la
ola de delincuencia; por
cierto, tradicional para
esta fecha del doble y de
Navidad, nos enfrentamos
hoy más que nunca
a las numerosas entradas
ilegales de migrantes haitianos.
Con elogios saludamos
el vivo ejemplo del presidente
de El Salvador, Napara
avalar la capacidad legal,
técnica, científica y económica
del proyecto.
Es por esto que en el 2018
el Ministerio de Energía y Minas
remitió su recomendación
favorable y solicitó al Poder
Ejecutivo la autorización
para el otorgamiento de la
concesión de explotación. La
propuesta de resolución inédita
contenía el compromiso
expreso de parte del concesionario
Goldquest de un
aporte extra de un 8%, adicional
al 5% establecido por
la Ley de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, porcentaje
que sería exclusivamente
para la ejecución de un Plan
de Desarrollo para la provincia
San Juan.
Y aunque nuestra legislación
dominicana establecía
que debían primar en la
actuación de la administración
los principios de seguridad
jurídica, previsibilidad y
certeza normativa, así como
los de coherencia, confianza
legítima, celeridad, debido
proceso, igualdad de trato,
racionalidad y eficiencia,
la realidad ha sido distinta.
Desde ese día la empresa, sus
directivos y accionistas han
estado sumidos en la incertidumbre
y a una romería sin
fin. La administración, que
debió responder en el plazo
administrativo ordinario de
los 30 días, hace silencio.
Esta romería fatigosa los
ha obligado a realizar cientos
de visitas, contactos, acercamientos,
encuentros, entrega
de información, comparecencias
ante medios de
comunicación, dar una y
otra vez explicaciones, apelaciones
y desmentidos en
defensa de su proyecto.
Han tenido que hacer frente
a ataques, injurias e infamia
de toda laya proveniente
de actores políticos que
abusando de su investidura
agitan y amenazan a las autoridades
porque entienden
les es conveniente detener
y entorpecer el avance del
proyecto con fines inexplicables
e irracionales.
Romero es un proyecto
subterráneo, lo que implica
que no se hará daño a la capa
vegetal, que no se ejecutará
en terrenos de producción
ni de vocación agrícola ni pecuaria.
Que no utilizará químicos
ni substancias peligrosas,
pues es un proceso físico, no
químico, de concentración
de metales por flotación.
Que no producirá colas,
pues el material inerte volverá
al subsuelo para estabilización
y restauración del
terreno.
Que no consumirá agua
de la cuenca, pues su requerimiento
estimado se va a
satisfacer con las precipitaciones
(según el histórico de
pluviometría zonal) el agua
de escorrentía y el sistema de
almacenamiento, recirculación
y tratamiento de su agua
de proceso.
Que es altamente conveniente,
porque ofrece obras
sociales adicionales tales como
un plan de manejo y recuperación
agroforestal que
permitiría la recuperación de
la cuenca del río San Juan cuyos
suelos están erosionados
y por lo que la presa de Sabaneta
está sedimentada y disminuida
en un 50% de su capacidad.
Que, en términos de beneficios
nacionales y locales,
se estiman $310 millones de
dólares de inversión de capital,
gastos de operación de
$400 millones de dólares,
contribución impositiva y
compensatoria de $465 millones
de dólares.
Que el Estado dominicano
recibirá el 60% de las ganancias,
sin soportar riesgos
ni tener que invertir, ceder ni
aportar recursos públicos.
Que dentro de sus inversionistas
cuenta con Agnico Eagle,
la tercera empresa en la
producción de oro en el ranking
mundial, de sólido prestigio
y reputación internacional
por el cumplimiento de su responsabilidad
y sostenibilidad
de sus proyectos, lo que garantiza
experiencia y éxito a la
operación de Goldquest.
Que en términos de compromiso
social, Goldquest
aportara 13% de sus ganan-
cias y adicionalmente creará
más de 1,000 empleos durante
la construcción y 3,000
durante la operaciónón.
En definitiva, el proyecto
Romero de Goldquest está
formulado dentro de los
más altos principios de sostenibilidad
social, ambiental
y económica, por lo que no
puede seguir peregrinando
en la búsqueda de respuesta
de las autoridades. Errancia
que persigue, dentro del
marco del estado de derecho,
se autorice la continuidad
del proceso y se proceda
con la evaluación estratégica
de impacto ambiental, que
garantice el aprovechamiento
sostenible de los recursos
mineros.
Esto ocurrirá si se toma acción
a partir de los datos que
arroja la evaluación ambiental
que establece indubitablemente
la factibilidad, sostenibilidad
medio ambiental y
social para el beneficio y desarrollo
de San Juan, una de
las provincias más pobres del
país. Esperamos que los ejecutivos
de Romero puedan
poner fin a su frenética trashumancia
por todos los altares
del liderazgo político,
social y económico y que el
padre Estado responsablemente
le conceda el derecho
a pasar al proceso de evaluación
ambiental y social para
el beneficio de San Juan.
La autora es abogada.
Vicepresidente Ejecutiva de
la Cámara Minera Petrolera
(CAMIPE)
Enfoque
JESSY SÁNCHEZ
Santo Domingo, RD
Migraciones, refugiados
políticos y la Cruz Roja Suiza
bib Bukele, un mandatario
que combate la delincuencia
con métodos cuestionados,
pero podemos afirmar
que los análisis realizados
por los internacionalistas
en relación, son positivos.
La Embajada de Estados
Unidos de América emite
en un comunicado, este
19 de noviembre 2022, una
“Alerta: Reforzamiento en
curso de migración en Republica
Dominicana”.
Pero ya había un reclamo
a voces de la sociedad
a las autoridades, frente
al peligro que corremos
como país que comparte
una frontera con Haití,
una nación constitucionalmente
quebrada, y
un marco social inestable
y conflictivo.
Veo propicio el momento
en que República Dominicana
puede lograr establecer
un legado diplomático,
donde se resalten nuestros
derechos constitucionales
y de establecimiento de
una separación entre los
Estados para funcionales
políticas públicas migratorias.
En mi pasada conversación
con el embajador de
Haití en Madrid España, el
Dr. Saintil Louis Marie, representativo
defensor de
los derechos humanos, en
virtud común a esta doctrina
político-institucional,
nos expresa, que las
autoridades diplomáticas
haitianas, evidentemente
temen por la seguridad
social de cada haitiano y
emanan directamente de
voluntad por estabilidad
migratoria en territorio internacional.
En varias ocasiones
nuestro presidente Luis
Abinader, ha comentado
públicamente, que el Estado
dominicano no puede
cargar solo, con el tema
de Haití.
¿Qué espera nuestra diplomacia
para actuar?
Enhorabuena llegaría
un llamado a los organismos
internacionales, con
un proyecto emancipador
de protección social y migratoria.
Para obtener la
atención de dichos organismos,
debe de estar en
la mirada de nuestra diplomacia,
una cumbre internacional
en el asunto de
Haití, que presente relevante
su afinidad con metas y
objetivos de desarrollo sostenible
en una agenda hasta
el 2030, así ofrecemos un
mapa transparente con contenidos
que se negocian para
la construcción de una
migración segura, ordenada
y regular.
En un mundo globalizado
como el presente, la migración
desempeña un rol
central para los procesos de
reproducción social.
Una política pública migratoria
estancada, es una
arbitrariedad que afecta la
economía de Republica Dominicana,
que frena la llegada
de inversores, convirtiéndonos
en una Republica
laica de facto desmontando
el Estado de derecho y
orden constitucional por la
puerta de atrás.