Listín Diario 29-04-2024

2 SANTO DOMINGO, RD. LUNES, 29 DE ABIRL DE 2024
10 cm
La Arrancada
5 cm
4 cm
Hasta 3 años
de prisión por
comprar y
vender cédula
3,5 cm
3 cm
DEYANIRA POLANCO
Santo Domingo, RD
De uno a tres años de prisión
es la sanción que
contempla la Ley 20-23,
Orgánica del Régimen
Electoral, para quienes incurran
en delitos electorales.
La legislación vigente,
por ejemplo, sanciona por
igual a los representantes
de los partidos políticos
que compran cédulas, como
el elector que la vende.
El artículo 316 de la ley
instaura castigo para los
funcionarios que utilicen
los recursos del Estado en
la campaña electoral; los
que amenacen a empleados
con bajarles el sueldo
o despedirlos y a quienes
utilicen los fondos destinados
a los partidos políticos
para otros fines, y otros
delitos.
En el comunicado, emitido
el 19 de marzo pasado,
por la Junta Central
Electoral, en el que ordenó
detener las inauguraciones
e inicio de nuevas
obras en el período de campaña
electoral, destaca este
aspecto de la ley.
Específica que no se podrá
pintar ni diseñar letreros,
dibujos, lemas, emblemas
o cualquier otro tipo
de propaganda electoral en
los edificios públicos, ni ser
utilizados para propaganda
política.
QUIEN OBLIGUE
A UNA MUJER A
RENUNCIAR A SUS
ASPIRACIONES,
RECIBIRÁ DURAS
SANCI0NES, SEGÚN
LA LEY ELECTORAL
“Los funcionarios en el
ejercicio de la función pública
que utilicen fondos
públicos con fines políticos
para beneficiar a alguna organización
política, incurren
en un delito electoral
y, por consiguiente, de conformidad
con lo dispuesto
en el artículo 316 numeral
19 de la Ley 20-23, Orgánica
del Régimen Electoral,
son susceptibles de ser cas-
tigados con pena de uno
a tres años de reclusión, lo
que será investigado y perseguido
por la Procuraduría
Especializada para la Investigación
y Persecución de
los Crímenes y Delitos Electorales,
que es la autoridad
competente para estos casos,
según la ley”.
Las sanciones
El artículo 316, sobre sanciones
a otras violaciones
electorales, en 21 numerales
especifica esa reclusión
para los que votaren sin tener
derecho para hacerlo;
que votaren más de una vez
en una misma elección y que
votaren usando cualquier
nombre que no sea el suyo.
A la cárcel
Los electores que directa o
indirectamente solicitaren
dádivas o presentes para votar
a favor de cualquier candidato
o grupo de candidatos
en una elección; los que
mediante soborno o de otra
manera procuraren que una
persona investida por la ley
de un cargo oficial en rela-
Impedir el ejercicio del voto por la fuerza se considera un grave delito y es sancionado.
ción con las elecciones deje
de cumplir o se niegue a
cumplir los deberes que éste
le impone. Igual “los que mediante
soborno o cualquier
otro medio procuraren que
una persona investida por la
ley con un cargo oficial en relación
con las elecciones, cometa
o permita a otra persona
cometer algún hecho que
constituya infracción a las
disposiciones legales relativas
a la elección”.
Si viola el padrón
Los que amenazaren o cometieren
excesos de poder
en relación con las materias
electorales; los que sustrajeren,
desfiguraren, suprimieren,
destruyeren todo
o parte de cualquier lista de
inscritos, documentos de
propuesta, boleta de votación,
pliego de escrutinio,
certificado de elección, acta
de colegio electoral, credenciales
de funcionarios electorales,
o cualquier otro documento
que se exija por la
ley electoral. Los que sobornen
por cualquier medio a
los electores; que realizaren
actos de gestión electoral a
distancia menor de 20 metros
de cualquier colegio
electoral, el día de elecciones,
entre otras.
Amenazas se sancionan
La ley contempla prisión para
“los que amenazaren, prometieren
o acordaren, directa
o indirectamente, separar
o rebajar de su categoría o
sueldo a un funcionario, empleado
público o trabajador
privado, o procurare que se
le separe o se le rebaje de categoría
o sueldo, con el propósito
de ejercer influencias
sobre las determinaciones de
dicho funcionario o empleado
en el ejercicio de su derecho
electoral”.
Por igual a los miembros o
empleados de cualquier junta
electoral que hiciere propaganda
en el día de elecciones;
y los que, en algún caso
no previsto por la ley, abrieren
cualquier paquete sellado
que contenga boletas, listas
de inscritos, pliegos de escrutinio,
relaciones de votación
o cualquier otro documento
determinado por esta ley”.
Ejercer violencia contra
una mujer u obligarla a renunciar
a sus aspiraciones
recibirá sancion según elnumeral
11 “se sanciona
cualquier tipo de violencia
contra una mujer, que afecte
el ejercicio de sus derechos
políticos y electorales”.
Sin paños tibios
FEDERICO A. JOVINE RIJO
Santo Domingo, RD
Los civiles se deleitan
con el argot
militar, al
punto que palabras
de la jerga
castrense pasaron al vocabulario
de la gerencia,
el mercadeo o el multiverso
coach: estrategia, táctica,
inteligencia, punto focal,
cobertura, vanguardia,
logística, daños colaterales,
etc. Así, desde el pasado 24
de abril, fecha en que tomaron
posesión las autoridades
municipales electas, se lee en
medios y redes sobre alcaldes
que le han declarado la
“guerra a la basura”, haciendo
que uno sienta como si estuviera
viajando al pasado, o
peor aún, como si nunca hubiera
salido de él.
El problema de la recogida
de basura en las ciudades ha
sido recurrentemente ventilado
desde hace décadas,
al punto que, en el imaginario
colectivo, el trabajo de
una alcaldía es ese, recoger
basura; y, en función de qué
tan bien lo haga será evalua-
La guerra a la basura
do su desempeño, quedando
relegadas muchas de sus importantes
funciones –en tanto
gobierno local–, como ordenar
el territorio, garantizar
espacios de esparcimiento,
mantenimiento de vías, drenajes,
etc.
Sin embargo –quizás porque
a los dos días hiede–, la
basura es la principal preocupación
de los munícipes y el
mayor quebradero de cabeza
de los alcaldes, y a esta realidad
no escapan las nuevas
autoridades. Las imágenes
están ahí. Algunas tan vergonzosas
como las que precedían
a la juramentación de
Junior Santos en Los Alcarrizos,
donde una montaña de
basura le aguardaba justo
frente al palacio municipal;
o a Ulises Cabrera en Santiago;
Betty Gerónimo en Santo
Domingo Norte; o, el más
emblemático, Dio Astacio en
Santo Domingo Este. Todos
ellos –y muchos más– han
declarado una guerra a la
basura, y cabe preguntarse,
¿cómo se pudo llegar ahí?
Más allá de que hay un serio
problema de educación
en una ciudadanía que ni
quiere pagar por el servicio
de recogida –porque entiende
que debe ser gratuito–, ni
echa la basura en los zafacones
existentes, sino que lo
hace donde quiera; también
las alcaldías han desmejorado
en el servicio de recogida
–una obligación a su cargo–,
justo cuando la ley No. 225-
20 sobre gestión integral de
residuos sólidos se está implementando,
y que, desde
el Fideicomiso DO Sostenible
operan manera exitosa los sitios
de disposición final de
Dajabón, Baní, Higuey, Santiago,
San Francisco, Boca
Chica, Gautier, Punta Cana, y
hay en marcha más de 23 intervenciones
de cierre y regularización
de otros. De forma
que, a nivel de disposición
final el gobierno central está
haciendo su trabajo, pero,
a nivel de gobiernos locales,
las alcaldías van a su ritmo y,
en el caso de las salientes, algunas
sencillamente dejaron
de recoger basura semanas
antes del cambio de mando,
quizás a manera de castigar a
los munícipes por haberle negado
su voto.
Más allá de la incompetencia,
negligencia y crimen
municipal que esto representa,
es una pena que en 2024
estemos enfrentando los mismos
problemas de siempre,
como si no hubieran recursos,
logística y equipos para
hacerlo, como si sólo nos faltara
decisión, capacidad, coordinación
y voluntad.