Revista Vox Legis - Universidad Rafael Landívar

Guatemala de la Asunción, junio 2011
El reto de la ciencia
del Derecho
en el siglo XXI
VOX LEGIS
PREVETREN
Un espacio que
promueve
la prevención
del delito
No. 2
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Derechos de la
persona y la familia:
perspectiva nacional
e internacional

2
La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad Rafael Landívar fue fundada en 1961,
siendo una de las primeras facultades de la Universidad
Rafael Landívar, con el fin de formar integralmente a
futuros profesionales del Derecho, a través de la
inclusión de procesos educativos que fomentaran la
apreciación de los valores y principios de inspiración
cristiana-jesuita.
Misión
Es la unidad académica que, identificada con los valores de
la Universidad Rafael Landívar, forma profesionales en las
Ciencias Jurídicas y Sociales, a través de la investigación,
docencia y proyección social, coadyuvando a la transformación
de la sociedad, mediante la correcta y fundamentada
aplicación del derecho; teniendo como fin último la justicia
y el bien común.
Visión
Ser La Facultad referente en la formación de profesionales
de las Ciencias Jurídicas y Sociales para el país, reconocida
nacional e internacionalmente por desarrollar sus acciones
de investigación, docencia y proyección social con excelencia,
promoviendo la ética, la solidaridad, el desarrollo regional
y el respeto a la dignidad del ser humano, la diversidad
étnico-cultural y el ambiente, en busca de la verdad, la
transformación de la sociedad y la consolidación del Estado
de Derecho.
Consejo editorial: Decano: Dr. Rolando Escobar Menaldo, Lic. José Alejandro Villamar,
M.A. Enrique Sánchez Usera.
Coordinación editorial: Licda. Laura Lucia Castañeda,
Diseño:Lilian Illescas. Fotografía: Departamento de Comunicaciones URL,
Bianka Espósito.
Impresión: Litogres
Autoridades La Universidad Rafael Landívar
Rector: P. Rolando Alvarado, S.J.
Vicerrector Académico: Dra. Lucrecia Méndez de Penedo
Vicerrector Administrativo: Lic. Ariel Rivera Irías
Vicerrector de Integración
Universitaria: P. Eduardo Valdés Barría, S. J.
Vicerrector de Ivestigación
y Proyección P. Carlos Rafael Cabarrús, S. J.
Secretaria General: Licda. Fabiola Padilla B.
Autoridades de la Facultad de Ciencias Jurídicas
y Sociales
Decano: Dr. Rolando Escobar Menaldo
Vicedecano M.A. Pablo Hurtado García
Secretario de la Facultad M.A. Allan González
Director de Área Privada M.A. Helena Machado
Director del Área Pública Lic. José Alejandro Villamar G.
Director del Área
de Ejes Transversales M.A. Enrique Sánchez Usera
Directora de Posgrados M.A. Aida Franco Cordón
Directora de Proyectos y
Servicios Licda. Vania Carolina Soto P.
Representantes de
Catedráticos ante el
Consejo de Facultad Lic. Alfonso Godínez
M.A. Gabriel García Luna
Director del Instituto de
Investigaciones Jurídicas Dr. Larry Andrade-Abularach
Directora del Bufete
Popular Licda. Claudia Abril Hernández
Coordinador de Sedes
Regionales M.A. Francisco Golom Nova

Índice
Editorial 4
El reto de la ciencia del Derecho en el siglo XXI 6
Breve análisis del trabajo en casa particular a la luz de la Constitución,
del Código de Trabajo y el Convenio 175 de la OIT 9
Un espacio que promueve la prevención del delito PREVETREN 13
Derechos de la persona y la familia: perspectiva nacional e internacional 15
Fundamento filosófico de los Derechos Humanos 19
Paradigmas normativos en la investigación jurídica 21
Reseñas del Instituto de Investigaciones Jurídicas 29
Una historia sin finalizar: Manual de derechos humanos para docentes
de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales 2ª. Ed. Guatemala, 2008 28
Eventos de la Facultad 29
Simulacro de Juicio Oral y Público como parte del curso de Derecho Procesal Penal II 29
Segundo Congreso Jurídico Landivariano: “Situación actual y desafíos a futuro del
Derecho Registral en Guatemala” 29
Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition 30
Acreditación Internacional de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales 30
Programa Especial de Graduación (PEG) 31
Doctorado en Derecho 32
Licenciatura en Investigación Criminal y Firense 33
Círculo de Juristas Francófonos 33
Pacific mc George Inter America Summer Program in Guatemala 34
Campus Quetzaltenango 34
Humor Jurídico 35
3

4
Editorial
Dr. Rolando Escobar Menaldo
Decano
Tenemos la convicción que una de las formas básicas e importantes
para propiciar el desarrollo de un país es la educación superior
con calidad. En ese sentido es importante recordar que en una
de las conferencias mundiales sobre Educación Superior organizada
por UNESCO, se destacó la importancia de la calidad de ésta,
señalándose el concepto pluridimensional que debe comprender.
Ese concepto incluye todas sus funciones y actividades tales como
la enseñanza, programas académicos, investigación, personal,
estudiantes, infraestructura, equipamiento, servicios a la comunidad, etc.
En nuestro país como el resto de países del mundo, vemos que
hay una demanda mayor en educación superior y una toma de
conciencia de la importancia fundamental que este tipo de
educación reviste para el desarrollo sociocultural y económico y
para la construcción del futuro, de cara al cual las nuevas
generaciones deberán estar preparadas con nuevas competencias
y nuevos conocimientos e ideales, aspectos que también se ha
resaltado en dichas conferencias mundiales.
Cómo asegurar que esa educación superior sea de calidad?. Con
el objeto de asegurar la eficiencia y calidad de la educación
superior, se ha venido generando la necesidad de búsqueda de
mayores estándares de calidad académica, para ello las universidades
han utilizado la herramienta de la acreditación, en la cual interviene
una agencia acreditadora imparcial que evalúa distintos aspectos
del proceso enseñanza aprendizaje, para que posteriormente, si
procede, certifique la calidad de la carrera. Estos entes pueden
ser nacionales, regionales o internacionales. La Universidad Rafael
Landívar, apostó por la acreditación internacional de sus carreras,
como se establece en su Plan Estratégico, que incluye dicha
acreditación como uno de sus ejes, con el fin lograr la mejora
continua y el aseguramiento de la calidad relacionada, por lo que
una vez concluido el proceso, la carrera recibe el reconocimiento
público internacional. En el caso de la carrera de Ciencias Jurídicas
y Sociales de nuestra Universidad, el proceso de acreditación
internacional inició en septiembre de año 2008 y concluyó en
marzo de 2010.
El proceso voluntario de acreditación internacional ha requerido
la participación de todos los actores, que asumen el compromiso
de efectuar una revisión integral de la carrera. La primera etapa
consistió en la autoevaluación de los diferentes componentes del
proceso enseñanza aprendizaje, entre cuyas variables pueden
mencionarse, las siguientes: El Programa Académico: El cual debe
tener una justificación clara y precisa de su existencia, atendiendo
a una demanda de la sociedad acorde con la misión de institución.
Debe también haber una descripción explícita y clara del propósito
del programa, parqué y porqué fue creado, así como las razones
a que obedece, de manera que tiene a logar los fines propuestos,
por tal razón debe tener claramente establecidos sus respectivos
objetivos, su definición y características. Personal académico: La
carrera o programa debe contar con personal académico idóneo
y suficiente para garantizar la calidad de la docencia, la participación
en la gestión curricular y en actividades de investigación y desarrollo
profesional. Estudiantes: La carrera o programa debe contar con
políticas y estrategias para la conformación de la población
estudiantil y ofrecerle condiciones y facilidades que favorezcan su
permanencia como estudiante y el éxito en sus estudios.
Deberá contar además con la normativa que regula sus actividades
académicas, estímulos y reconocimientos, tutorías, orientación,

entre otros. Plan de Estudios: Éste enunciará los objetivos del programa
el que debe ser estructurado en forma coherente de manera que
los estudiantes adquieran los conocimientos fundamentales, desarrolle
y asuma las actitudes, habilidades y valores requeridos para el ejercicio
de su profesión, así como la capacidad para definir, plantear y atender
problemas del derecho afines en cuanto a la demanda del sector
productivo y la adopción de valores éticos en el ejercicio de la
profesión, generando siempre el hábito del estudio, la disciplina y
trabajo en grupos disciplinarios e interdisciplinarios a efecto de
desarrollar habilidades y actitudes para ejerce el liderazgo en la
sociedad. Proceso Enseñanza-Aprendizaje propiamente dicho: Este
indicador incluye la revisión de todos los actos que se llevan a cabo
bajo contextos culturales entre profesores y alumnos, en ambas
direcciones, utilizando contenidos específicos, del que resultan cambios
cualitativos de los participantes, expresados por la adquisición y
construcción de conocimiento, desarrollo de destrezas y habilidades,
la asunción de actitudes y valores y en general, el crecimiento del
estudiante en su conciencia y responsabilidad en la sociedad.
Infraestructura:
La carrera o programa debe contar con los recursos físicos y
materiales necesarios en cantidad, calidad, pertinencia, disponibilidad
y acceso, para el cumplimiento de sus propósitos y objetivos, cuyos
elementos son necesarios e importantes para que las actividades
académicas se lleven a acabo de manera eficiente y brinden la
oportunidad de lograr mayor calidad en el desarrollo de un programa.
Dentro de estas incluye la evaluación de las aulas, laboratorios,
biblioteca, centro de cómputo, cubículos para profesores, espacios
para actividades culturales, deportivas, etc. Investigación: La investigación
constituye un factor imprescindible para el progreso nacional, por
lo tanto debe ser función sustantiva del programa a acreditarse. El
programa debe tener definidas sus líneas de investigación sobre áreas
de conocimiento de la disciplina, contar con un ente de apoye ese
proceso en la carrera, con personal dedicado a ello. Extensión,
difusión del conocimiento y vinculación.
En este aspecto se evalúa como la extensión del programa debe
darse a través de la actualización profesional, los servicios directos
relacionados y el servicio, así como la relación con los sectores
productivo, social y de servicios que permita que el programa atienda
las necesidades y demandas de éstos y aprovechar las oportunidades
que le brindan para su desarrollo.
Administración: En este indicador se evalúan los aspectos que
determinan las condiciones de operación de un programa académico,
su planeación financiera, el monto del financiamiento con que se
cuenta, así como el equilibrio en cada una de sus partidas y las
fuentes donde provengan. Resultados de impacto: El programa debe
contar estrategias y mecanismos en operación cuyo objetivo sea
medir los resultados del mismo tales como el número de egresados,
su inserción en el medio profesional y las actividades que realizan
en relación con su profesión.
Finalizado esta primera fase del proceso, el cual cabe mencionar,
tiene que estar debidamente documentado, la entidad acreditadora
designa con el título de "pares" a los evaluadores externos, conocedores
de las dinámicas universitarias, quienes participan en el proceso,
teniendo en cuenta su compromiso por la calidad de la Educación
Superior y el mejoramiento de la enseñanza de la carrera. Los pares
en su proceso evaluativo promueven el intercambio de experiencias,
la reflexión interna y la contribución académica. Los mismos deben
ser profesionales del área que corresponda, de conocido prestigio
y trayectoria profesional. Con la anticipación debida y previo a su
visita a las instalaciones en las que se imparte la carrera, los “pares
evaluadores” reciben toda la información generada por la unidad
académica, la cual estudian con detenimiento para así tener
absolutamente claro el contexto en el que se circunscribe la carrera
que está sometiéndose al proceso de acreditación.
Posteriormente los pares se apersonan en la Universidad, visitando
las instalaciones en las que realizan entrevistas y solicitan toda aquella
documentación e información que les permita sustentar su posición.
En este proceso de visita, verifican cada uno de las público y privado,
así como organismos internacionales, ante la sobreoferta de
profesionales del derecho, otorgan un trato preferencial a los
graduados o estudiantes de carreras que cuenten con la acreditación
internacional, así mismo les facilita el otorgamiento de becas. Esa
revisión nos permitirá continuar creciendo y desarrollarnos en forma
permanente.
Cabe mencionar que los beneficios que se obtienen con la acreditación
trascienden, pues se generan transformaciones institucionales abocadas
al mejoramiento continuo, lo que a la vez fortalece a toda la Educación
Superior en Guatemala.
La calidad que posea la carrera es un aspecto esencial en la decisión
de una persona que aspira a convertirse en profesional del derecho.
Cursar estudios superiores en una carrera con acreditación, genera
en los estudiantes confianza pues su calidad está certificada por un
órgano internacional. Ante la amplia oferta académica universitaria
que afecta la mayoría de campos del conocimiento, graduarse de
una carrera internacionalmente acreditada otorga una característica
diferenciadora, constituye un valor agregado y un respaldo importante
en el desempeño profesional.
Lograr la acreditación internacional es motivo de satisfacción para
todos los integrantes de la carrera de ciencias jurídicas y sociales ya
que, entre otras cosas, constituye un trabajo arduo, en equipo, para
la consecución de un objetivo común: el desarrollo y la actualización
permanente de la oferta educativa y saber que la carrera cumple
con estándares académicos internacionales.
El hecho de que la carrera ostente la categoría de estar acreditada
internacionalmente, permite a los estudiantes tener la certeza de
que la educación universitaria que reciben es de calidad, ya que la
evaluación que realiza la agencia acreditadora extra regional, es
integral, rigurosa, objetiva y fundamentalmente con principios éticos.
La acreditación impulsa a las carreras a lograr una mayor vinculación
y pertinencia de su oferta académica con las demandas sociales y
del mercado.
El proceso anterior ha contribuido a que la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar, adoptara como
horizonte propio la innovación y el liderazgo en la enseñanza superior
de las ciencias jurídicas que permitan a las personas que conforman
la comunidad facultativa desarrollar las capacidades para desempeñarse
ética y competentemente en el ámbito nacional e internacional y
formado en el modelo educativo de inspiración cristiana-ignaciana
con vocación para transformar el sistema jurídico y sus instituciones
con el fin de fomentar el bien común.
5

6
El reto de la ciencia del Derecho
en el siglo XXI
En la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad
Rafael Landívar, imparto las asignaturas de Derecho
Internacional Público I y II; y, al tratar el tema de la
“Globalización” siempre pregunto a mis estudiantes ¿cuál es
el reto de la ciencia del Derecho y de Uds., que serán jóvenes
juristas, en el presente siglo? La respuesta es compleja y
convoca al análisis jurídico y social.
Recuerdo que, en España, durante mis estudios de doctorado,
hace ya más de diez años, siempre fueron apasionantes las
reflexiones que, sobre este tema, hacíamos en clase con los
recordados profesores Dr. D. Álvaro d'Ors, Catedrático de
Derecho Romano, y el Dr. D. Rafael Domingo, Director de
la Cátedra Garrigues de Derecho Global, en la Universidad
de Navarra.
Y, al respecto, ya en aquellos años, en nuestras largas tertulias
doctorales y, al anochecer, se convertían en veladas, siempre
inspirados con un buen vino y acompañados de buena
música, reconocíamos que vivimos en un tiempo de profundos
cambios globales. La rápida implantación de las nuevas
tecnologías, la creciente repercusión de los medios de
comunicación social, el desarrollo de una economía de
mercado a escala mundial, el protagonismo de una sociedad
civil cada vez más consolidada y el deseo común de resolver
los problemas que afectan a la humanidad, son algunos de
los fenómenos que caracterizan nuestro irrepetible momento
histórico.
A cada época, su Derecho. Cuius tempora, eius ius, podríamos
decir empleando la lengua con que se construyó Europa:
el latín. En efecto, en la medida en que se presentan
condiciones sociológicas distintas, se precisan nuevas formas
de organización jurídico-política, nuevas leyes, nueva
jurisprudencia y nuevos mecanismos de resolución de
conflictos. Somos, se quiera o no, protagonistas de una nueva
era: de globalización.
Dr. Larry Andrade-Abularach*
Los diversos ropajes que han revestido al Derecho denotan
los distintos estadios de la ciencia jurídica. El Derecho natural
griego, el ius gentium romano, el ius commune medieval, la
siyar islámica, las variantes vernáculas modernas del Derecho
de gentes como la alemana Völkerrecht, la francesa droit
des gens o la inglesa Law of Nations; el ius universale, el
International Law y el Derecho interestatal (Statenrecht)
de la Ilustración racionalista, o las más recientes
denominaciones de los juristas del siglo XX -Derecho
transnacional, Derecho de los Pueblos, etc.- ponen de
manifiesto los esfuerzos dirigidos a configurar un nuevo
orden intercomunitario y un nuevo Derecho.
En el fondo, los grandes hitos históricos han ido marcando
el ritmo de la especulación intelectual. Así, el descubrimiento
del Nuevo Mundo, la descomposición del orbe cristiano y
el nacimiento del Estado Moderno provocaron una nueva
teorización del ius gentium. La Paz de Westfalia (1648), que
consolidó el sistema de Estados europeos y su influencia en
las relaciones internacionales, originaría una puesta en acción
de los juristas en torno al corpus iuris gentium europaeum.
Coincidiendo en el tiempo con la Revolución Francesa,
Jeremy Bentham apostó por vez primera por la expresión
International Law. Este nuevo concepto sirvió para superar
el principio de legitimidad del Congreso de Viena (1814-
1815), propugnando un Derecho basado en el principio de
nacionalidad, es decir, en la autodeterminación de los pueblos
en tanto titulares de la soberanía estatal. La Declaración de
Independencia de los Estados Unidos de América (1776)
devino en paradigma del principio del self-government, y
abrió la puerta a la independencia de otros pueblos del
mundo. El Derecho internacional estatal europeo -ampliado
espacialmente pero no teóricamente con la colonización,
y desarrollado al ritmo marcado por la revolución industrial
y los tratados internacionales- otorgó al Viejo Continente
una posición hegemónica universal, y fue dejando paso, poco
a poco, a un Derecho internacional verdaderamente mundial,
* Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, URL.

característico del siglo XX. Esta centuria, marcada por
dos conflictos bélicos hasta entonces imprevisibles y
sellada por el lanzamiento de la primera bomba atómica
en el cénit secular, reclamó para la humanidad un
Derecho internacional organizado institucionalmente
y basado en los Derechos humanos. Ésta fue, sin duda,
la mayor aportación del siglo vecino a la ciencia del
Derecho.
La creación de la Organización de Naciones Unidas
(1945), sucesora de la Sociedad de Naciones (1919),
contribuyó enormemente a la institucionalización y
universalización del Derecho internacional. También al
establecimiento de tribunales internacionales
supraestatales de mayor o menor jurisdicción. A su vez,
la Declaración de Derechos Humanos de 10 de
diciembre de 1948, auténtico Bill
of Rights de la Humanidad, ofreció
una sólida defensa de la dignidad
del ser humano, amparándola en
los principios de libertad, igualdad
y solidaridad.
“El Derecho es un
freno a la injusticia,
pero sólo puede
hacerse valer con el
libre sometimiento de
la comunidad
política, y muy
particularmente, con
el de sus
gobernantes.”
La segunda guerra mundial trasladó
el epicentro del Derecho
internacional a los Estados Unidos
de América, permitiendo que
juristas de la talla de Georges Scelle,
Alf Ross, Clarence Wilfred Jenks
o Philip C. Jessup incorporasen nuevas expresiones a
la ciencia jurídica que reflejaban el momento histórico
que vivían. Scelle apostó por un droit intersocial unifié;
Ross por un interlegal law -que comprendería sólo el
Derecho internacional privado-; Jenks por un Common
Law of Mankind, y Jessup, por un novísimo Transnational
Law.
Más recientemente, John Rawls teorizó sobre The Law
of Peoples, en un opúsculo que vio la luz en 1993.
Superador de la idea de Estado como actor de su
«Derecho de los pueblos», el iusfilósofo de Baltimore
formuló ocho principios informadores de su nuevo
edificio teórico. Aunque el propio Rawls concedió un
valor muy secundario a estos principios, me parece, sin
embargo, que éste es el camino adecuado para configurar
un orden mundial, que responda a los retos surgidos
tras los atentados terroristas contra las torres gemelas
del World Trade Center, en New York, el 11 de
septiembre de 2001, conocido como el 11-S.
Hoy, la gran ruptura que se ha producido en el tempus
humanum radica en que todos los hombres, merced a
la tecnología y a los mass media, constituyen un universo
mayor, cohesionado en torno a intereses y problemas
comunes: a un destino compartido (a stronger sense
of shared destiny, como sostiene Richard A. Falk en su
libro Human Rights Horizon). No me refiero a una
homogeneización total, sino a la formación de un grupo
heterogéneo de ciudadanos que comparten necesidades
que sólo pueden ser satisfechas en clave global, universal.
Por tanto, no es sólo posible, sino del todo necesario,
hablar de una aldea global, de un entorno global,
de una comunidad global y, por supuesto, de
un Derecho global. Poco importa que éste sea
denominado Human Law, Global Law o World
Law. Sí parece, en cambio, cuestión de primer
orden que este Derecho se funde en principios
sólidos, distintos de los que han configurado
nuestro Derecho internacional, apoyado en las
ideas de Estado, soberanía, territorialidad, legados
y diplomacia, guerra justa y tratados
internacionales.
El nuevo orden jurídico mundial debe ser, sobre
todo y ante todo, un Derecho jurisdiccional, no
interestatal, consensual, no burocrático, ni positivo u
oficial, propuesto no impuesto, basado más en la idea
de mutuo acuerdo que en leyes y códigos, protagonizado
por una sociedad civil protegida por instituciones
globales, y no sólo por los Estados nacionales. Desde
esta perspectiva, el sistema del commom law es más
apto para la globalización que el civil law europeo, raíz
y fundamento de la mayoría de los ordenamientos
jurídicos en América Latina. Por ello el common law
campa a sus anchas en el mundo de los negocios y
arbitrajes internacionales.
El Estado, al esenciar la modernidad, ha firmado, con
ello, su partida de defunción. El evidente cambio del
paradigma mundial requiere de nuevas formas de
7

8
organización política. La globalización ha
trastornado la hegemonía estatal
permitiendo el desarrollo de una
sociedad civil que expande y enriquece
la base del poder. Se impone, pues, el
principio social de horizontalidad frente
al estatal de verticalidad, pues aquél
permitirá la construcción de un nuevo
consenso -de abajo hacia arriba- que
recoja las demandas más extendidas en
el seno del demos global. Inclusiva y
abierta, la sociedad civil reta al corsé
estatal, apostando por un Derecho
basado en la auctoritas y no en la potestas,
en la razón y no en la coacción.
La persona, y no el territorio, es el núcleo
del Derecho global. Nomóforos. Eso
somos: portadores de Derecho en razón
de nuestra dignidad. El principio de
personalidad nos conduce al de
universalidad, que se contrapone al de
totalidad. La universalidad es incluyente,
jamás excluyente. Sí, en cambio, la
totalidad, que reclama para sí algo
rechazando de esta manera cualquier
suerte de participación. El
fundamentalismo y el nacionalismo no
son sino consecuencias de una aplicación
a ultranza del principio de totalidad, que
alcanzó su esplendor con el pensamiento
hegeliano.
A los principios de personalidad y
universalidad deben unirse los de
subsidiariedad y solidaridad. En efecto, si
el Derecho nace de la persona y no del
Estado, la sociedad ha de organizarse de
abajo hacia arriba, es decir,
subsidiariamente, y no jerárquicamente,
de modo que las instancias superiores
no ahoguen a las inferiores, que siempre
habrán de actuar, eso sí, conforme a las
exigencias del bien común (solidaridad).
Pero de nada servirán estos principios
si no cuentan con el soporte material
de nuevas instituciones globales que
respondan al nuevo espacio-tiempo
histórico. Es tarea, pues, de nuestra
generación de juristas, de políticos y de
una sociedad civil emergente diseñar las
herramientas que frenen los excesos de
una globalización desbocada, anárquica,
que pretende cosificar al hombre,
desnaturalizando su destino y
convirtiéndolo en moneda de cambio
de un mercado mundial francamente
deshumanizado.
El Derecho es un freno a la injusticia,
pero sólo puede hacerse valer con el
libre sometimiento de la comunidad
política, y muy particularmente, con el
de sus gobernantes. Aquí radica su
grandeza y también su miseria. Su función
controladora y su posición subsidiaria.
Su vocación universal y su praxis
sometida.
No es el Derecho global un sistema legal
o un ordenamiento jurídico cerrado,
pero tampoco un mero conjunto de
normas más o menos vinculantes y, por
ende, estériles. Se trata más bien de un
sistema de sistemas, de un iuris ordorum
ordo que ha de erigirse en ordo orbis
en la medida en que sea paulatinamente
aceptado por todas las comunidades y
ciudadanos del mundo.
Como siempre ponían de ejemplo, en
mis estudios de doctorado, la función
del Derecho global es semejante a la del
sol en el sistema en que habitamos,
integrado -principalmente- por planetas,
pero también por billones de cuerpos
celestes menores: asteroides, meteoros,
cometas, etc. Cada uno de los planetas
se correspondería, en nuestro ejemplo,
con una tradición jurídica, de la que
dependen, a su vez, diferentes
ordenamientos legales. Los principios de
Derecho global vendrían a ser como el
núcleo del sol, que irradia la energía. Y
la fuerza de gravedad que los atrae, la
jurisdicción, más no la soberanía.
La ciencia del Derecho debe volar, como
las águilas, con dos alas, ambas
imprescindibles: la teórica y la
experimental. Lo recordaba el gran
internacionalista C. Wilfred Jenks, en su
libro A New World of Law?: «Hace falta
una mezcla adecuada de erudición y
sagacidad, de imparcialidad y experiencia».
En ese sano equilibrio entre lo teórico
y lo práctico, entre la intuición y la
ejecución, veo el auténtico desarrollo de
la sociedad del conocimiento. También
de la justicia. Y, por supuesto, de la
humanidad.
En summa, este es el camino que la
ciencia del Derecho y los juristas
debemos diseñar para hacer del mundo,
un lugar más justo y en paz. Este es
nuestro reto del siglo XXI.

Licda. Jennie Aimée Molina Morán*
En los meses de octubre de 2009 a enero de 2010 tuve la
fortuna de participar, representando al Organismo Judicial
en mi carácter de Jueza de Primera Instancia de Trabajo y
Previsión Social, en un interesante curso: “Las Relaciones
Laborales en el Marco del Derecho del Trabajo”, impartido
por iniciativa de la Universidad Rafael Landívar y la
Organización Internacional del Trabajo, proyecto financiado
con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo
(ATN/SF/10219/RG Fomento en una Cultura de
Cumplimiento en Materia Laboral) al que fuimos convocados
representantes de los sectores de trabajadores, patronos e
instituciones como la Inspección General de Trabajo y el
Organismo Judicial. El curso contó con docentes cuya vasta
experiencia y conocimiento en los temas impartidos
satisficieron ampliamente las expectativas respecto al mismo.
Quisiera poder compartir en este breve espacio los temas
más importantes que se discutieron en las jornadas, sin
embargo resultaría superficial y el análisis insuficiente. Por lo
tanto, dirigiré mi atención a un tema específico que considero
de trascendencia e interés actual, el trabajo en casa particular
analizado a la luz de las normas de la Constitución, el Código
de Trabajo y el Convenio 175 de la OIT sobre el trabajo a
tiempo parcial.
Breve análisis del trabajo en casa particular
a la luz de la Constitución, del
Código de Trabajo y el Convenio 175 de la OIT
* Jueza primera de instancia de Trabajo y Previsión Social y de Familia del Departamento de Chimaltenango
http://despilfarro.com/wp-content/2009/03/entrevista-trabajo.jpg
La inquietud por el análisis de este tema, se presentó por
tres razones: por las opiniones de los participantes en el
curso, especialmente las provenientes de los representantes
de la Inspección General de Trabajo en sus intervenciones
durante las clases magistrales; por el tema investigado por
uno de los grupos, que analizó el Convenio 175 de la OIT
sobre el trabajo a tiempo parcial y la conveniencia o
inconveniencia de su ratificación y puesta en vigencia en
nuestro país, así como las conclusiones vertidas por los
miembros del grupo en la presentación final y defensa del
ensayo, en donde llamaron mi atención algunas posiciones
radicales de oposición sin fundamento a la puesta en vigencia
del Convenio, lo cual también impulsó mi decisión de escribir
sobre un tema en donde considero que abundan opiniones
similares; y finalmente, por algunos de los casos que en mi
función jurisdiccional no he podido dejar de advertir por las
injusticias cometidas en contra de la parte trabajadora como
de la empleadora, provocadas por las interpretaciones
contradictorias de los órganos jurisdiccionales respecto a
las normas del Derecho del Trabajo que rigen las relaciones
laborales en el campo del trabajo en casa particular y por
la inexistencia de normas que regulen el trabajo a tiempo
parcial.
Abordando el tema, en principio considero que esa ausencia
de la finalidad principal del derecho -la justicia- a la que me
refiero, provocada, como he dicho anteriormente, desde mi
punto de vista por los problemas de aplicación e interpretación
de las normas jurídicas atinentes al trabajo en casa particular,
o trabajo doméstico como lo denomina el Código de Trabajo,
surgen por la falta de claridad respecto a que si a dicha
actividad laboral se aplican las normas específicas que lo
rigen o si deben aplicársele las normas generales del Derecho
del Trabajo en virtud del principio de tutelaridad, por lo que
existe una aparente antinomia que considero que debería
ser solucionada bajo el criterio de la especialidad.
Para ejemplificar, basta con el hecho de que en algunas
demandas laborales de trabajadoras de casa particular se
pretende el pago de horas extraordinarias, reclamando como
tales las que exceden las ocho horas de la jornada ordinaria
9

10
diurna (lo cual sería procedente sólo
para el reclamo de las horas que excedan
a los límites y derechos establecidos en
los incisos a) y b) del artículo 164 del
Código de Trabajo), cuando el Código
de Trabajo es claro al indicar que el
trabajo en casa particular no está sujeto
a horario ni a las limitaciones de la jornada
de trabajo, artículo que encuentra su
fundamento en el artículo 102 inciso g)
de la Constitución; pero lo preocupante
en este caso no es el hecho de pedirlo,
sino el hecho de otorgarlo
fundamentándose en las normas
generales del Derecho de Trabajo,
especialmente en los artículos103 y 106
de la Constitución, sin advertir lo
dispuesto en el artículo 102 inciso g) ya
indicado que constituye el fundamento
constitucional del artículo 164 del Código
de Trabajo.
La causa de esta ausencia de uniformidad
en las resoluciones creo que responde,
a su vez, a que las normas generales y
específicas del Código de Trabajo que
regulan dicha actividad laboral ya no se
ajustan a la realidad en que actualmente
se presta, puesto que las modalidades
del trabajo en casa particular por día o
por hora se han difundido ampliamente
en la población y nuestra legislación
laboral no responde a la necesidad de
la existencia de un marco jurídico justo
que no obligue a los patronos a pagar
un salario completo por una jornada de
trabajo incompleta. Considero, asimismo,
que al aplicar las normas generales del
Derecho del Trabajo al trabajo en casa
particular soslayando las normas
específicas que lo regulan y sin reparar
en las características propias de este
último, como el hecho – que es de su
esencia- de que la actividad del trabajador
no representa lucro o negocio para el
patrono que generen alguna riqueza, se
http://lapsusdecristal.files.wordpress.com/2009/09/el-trabajo-es-solo-trabajo.jpg
cometen injusticias que provocan la
intención de análisis del problema.
Esta observación se aplica también a las
limitaciones de la jornada de trabajo, a
las cuales no está sujeto por la naturaleza
misma de las labores desarrolladas que,
sin demeritarlas bajo ningún punto de
vista, no representan alguna
especialización profesional específica y
no requieren excesivo o extraordinario
esfuerzo físico e intelectual, aunque sí es
conveniente revisar la legislación existente
con el objeto de establecer una jornada
de trabajo menos extensa que la que
actualmente contempla la ley en los
casos en los que la trabajadora –pues
generalmente son mujeres- viva en la
casa en donde presta sus servicios;
situación que ha ido cambiando
especialmente en la clase media por la
dificultad de destinar, en casas cada vez
más pequeñas, una habitación del hogar
para la trabajadora, por lo que resulta
más conveniente contratar a alguien sólo
unas horas para labores específicas, como
cuidar niños, lavar, planchar o cocinar.
Por otra parte, estimo que el análisis
desde la perspectiva de género que
actualmente están realizando las
agrupaciones de mujeres a las normas
que regulan el trabajo en casa particular
con el objetivo de alcanzar reformas al
Código de Trabajo para mejorar las
condiciones laborales de las trabajadoras
de casa particular que en su mayoría son
mujeres, no puede ni debe limitarse a
una de las dos partes del fenómeno;
tiene que ser integral y tomar en cuenta
que del otro lado de la relación laboral
generalmente se encuentran también
mujeres, por lo general madres solteras
trabajadoras, que de igual forma merecen
que su situación sea considerada desde
la perspectiva de género, en vista que
necesitan contar con una ayuda en el
hogar, especialmente para el cuidado de
sus niños y niñas mientras ellas trabajan
para ganar el sustento de la familia, pues
la irresponsabilidad paterna es un hecho
indiscutible en miles de hogares
guatemaltecos que afecta a las mujeres
y a sus hijos e hijas; es decir, establecer
el balance correcto desde un punto de
vista realista y objetivo tal como es el
Derecho del Trabajo “porque estudia al
individuo en su realidad social y considera
que para resolver un caso determinado
a base de una bien entendida equidad,
es indispensable enfocar ante todo la
posición económica de las partes" 1 .
Nótese que se refiere a ambas partes,
lo cual se acentúa más cuando se observa
que en el trabajo en casa particular las
dos partes podrían incluso, en
determinados casos, encontrarse en una
posición económica similar. En este
análisis, como es obvio, no me estoy
enfocando en los patronos que tienen
la capacidad económica para contratar
no a una, sino hasta tres trabajadoras del
servicio doméstico para que atiendan y
1 Inciso d) del cuarto CONSIDERANDO del Código de Trabajo

aseen sus grandes viviendas y que constituyen la minoría
de los casos. Me refiero a las relaciones laborales de trabajo
en casa particular que surgen en los departamentos del
país y que constituyen la mayoría de los casos, en los que,
ante la ausencia de guarderías, la ayuda en el hogar para el
cuidado de los niños y niñas, especialmente, y por unas
horas, no es un lujo sino una necesidad de muchas madres
trabajadoras que mal podrían pagar íntegro el salario semanal
sólo por dos o tres horas de servicio doméstico, prestado
tres o cuatro veces por semana, cuando ellas mismas
devengan el salario mínimo por
una jornada completa.
Cuando analizamos la parte
considerativa del Código de Trabajo,
observamos que en el cuarto
CONSIDERANDO se refiere a la
“empresa patronal”, vocación que
conserva en toda su extensión
cuando identifica al patrono como
la parte dentro de la relación laboral
que detenta el poder económico
y a cuya riqueza contribuye la
actividad laboral de sus
trabajadores, riqueza que por justicia
social debe ser distribuida a través
del salario; salvo cuando se refiere
al trabajo en casa particular, por lo
que lo regula acertadamente como un régimen especial,
puesto que precisamente, por la ausencia de lucro y negocio
que comporta la actividad de los trabajadores en este
régimen, dentro de otras razones, merece una regulación
de ese tipo.
La necesidad de resolver este problema se agudiza por la
frecuencia con que en los Juzgados de Trabajo, especialmente
de la provincia, se presentan demandas de empleadas de
casa particular que laboran, por ejemplo, cuatro o cinco
horas al día –a veces menos-, tres o cuatro días a la semana,
por ejemplo, pero que en virtud de lo dispuesto en los
artículos 102 inciso g) de la Constitución y 120 del Código
de Trabajo. 2 Pretenden el reajuste al salario mínimo con el
objeto de obtener el pago de la jornada completa, pues
nuestra legislación no permite el trabajo a tiempo parcial,
aun y cuando se les pague el salario mínimo proporcional
a las horas laboradas. Muchas de estas trabajadoras, que
“...en el seno mismo de la OIT
se ha determinado no sólo la
justicia de devengar un salario
proporcional a las horas de
trabajo efectivamente laboradas,
bajo las condiciones protectoras
que el mismo Convenio
establece, sino la importancia
de facilitar el acceso al trabajo
a tiempo parcial, porque su
limitación constituye un
perjuicio al mismo trabajador...”
de hecho laboran a tiempo parcial aunque nuestra legislación
no lo reconozca, dedican el resto de la jornada a trabajar
en otro u otros hogares.
Por lo que para poner en relieve la inconveniencia de la
falta de regularización legal del trabajo a tiempo parcial
basta con representarse la hipótesis de que si una trabajadora
de casa particular que laborando cuatro horas diarias –o
menos-, es decir, a tiempo parcial para dos patronos fuese
despedida al mismo tiempo, podría perfectamente y con
base en los artículos indicados
interponer contra sus patronos
sendas demandas pretendiendo en
ambos casos el reajuste al salario
mínimo, con lo cual resultaría
devengando una doble remuneración
por una sola jornada de trabajo, ya
que actualmente no es posible el
pago del salario de forma
proporcional a la duración del tiempo
de trabajo.
El Convenio 175 de la Organización
Internacional del Trabajo constituye
una solución a esta realidad -pues
no es más que eso, ya que de hecho
muchas actividades laborales dentro
de las que se cuenta el trabajo en
casa particular, día a día se están prestando bajo esta
modalidad-. Es decir, en el seno mismo de la OIT se ha
determinado no sólo la justicia de devengar un salario
proporcional a las horas de trabajo efectivamente laboradas,
bajo las condiciones protectoras que el mismo Convenio
establece, sino la importancia de facilitar el acceso al trabajo
a tiempo parcial, porque su limitación constituye un perjuicio
al mismo trabajador, quien al no estar reconocida en la ley
su situación especial, es vulnerable a la violación de sus
derechos laborales, tales como el derecho de sindicación
y el derecho de negociación colectiva, a la seguridad y salud
en el trabajo y a la discriminación en materia de empleo
y ocupación, como lo dispone el artículo 4 del Convenio.
El artículo 1 del Convenio brinda la definición de trabajador
a tiempo parcial, al indicar que debe entenderse como tal
a todo trabajador asalariado cuya actividad laboral tiene
una duración normal inferior a la de los trabajadores a
tiempo completo en situación comparable, supuesto que
2 ARTICULO 120. “Los trabajadores permanentes que por disposición legal o por acuerdo con los patronos laboren menos de cuarenta y ocho horas
a la semana, tienen derecho de percibir íntegro el salario correspondiente a la semana ordinaria diurna”.
11

12
perfectamente se configura en el caso del trabajo en casa
particular en el que las trabajadoras laboran por hora o por
día. Además, indica que la duración normal de dicha actividad
laboral puede ser calculada semanalmente o en promedio
durante un período de empleo determinado.
Es de suma importancia lo dispuesto en el artículo 5 que indica
que los Miembros de la OIT que ratifiquen el Convenio deberán
adoptar medidas apropiadas a la legislación y la práctica
nacionales para asegurar que los trabajadores a tiempo parcial
no perciban, por el solo hecho de trabajar a tiempo parcial,
un salario básico que, calculado proporcionalmente sobre una
base horaria, por rendimiento o por pieza, sea inferior al salario
básico, calculado por el mismo método, de los trabajadores
a tiempo completo que se hallen en una situación comparable.
Es decir, la base para el pago del salario la constituirá el salario
mínimo vigente para dicha actividad laboral, lo cual garantiza
que en cualquier caso la remuneración no podrá ser menor
a éste. La intención protectora del Convenio, hacia los
trabajadores a tiempo parcial es evidente en el contenido de
los artículos 6 y 7 al indicar en el primero que los regímenes
de seguridad social establecidos por ley que estén ligados al
ejercicio de una actividad profesional deberán adaptarse de
forma que los trabajadores a tiempo parcial gocen de
condiciones equivalentes a las de los trabajadores a tiempo
completo en situación comparable, condiciones que podrán
determinarse de forma proporcional a la duración del tiempo
de trabajo, a las cotizaciones o los ingresos, o mediante otros
métodos que sean conformes a la legislación y la práctica
nacionales.
El artículo 7 regula, por su parte, la protección de los trabajadores
a tiempo parcial para que estos gocen de condiciones
equivalentes a las de los trabajadores a tiempo completo en
situación comparable, en las esferas de protección a la
maternidad, terminación de la relación de trabajo, vacaciones
anuales pagadas y días feriados y licencia de enfermedad, en
el entendido de que las prestaciones pecuniarias podrán
determinarse proporcionalmente a la duración de trabajo o
a los ingresos. En ambos casos, cuando la duración del tiempo
de trabajo o los ingresos percibidos sean inferiores a límites
mínimos establecidos por la legislación nacional, podrán ser
excluidos de los beneficios indicados en los dos artículos
anteriores, salvo los casos que ahí se indican como en lo que
respecta a la protección a la maternidad.
Por último, el artículo 9 del Convenio regula lo relativo a las
medidas que se deberán adoptar para facilitar el acceso al
trabajo a tiempo parcial, productivo y libremente elegido “que
responda a la vez a las necesidades de los empleadores y de
los trabajadores” siempre que se garantice la protección a que
se refieren los artículos 4 y 7 ya citados.
Dichas medidas deberán comprender la revisión de las
disposiciones de la legislación que puedan impedir o desalentar
el recurso al trabajo a tiempo parcial o la aceptación de este
tipo de trabajo (como las existentes actualmente en nuestra
legislación y que ya fueron comentadas). También la identificación
y difusión de las oportunidades de trabajo a tiempo parcial
por parte de los servicios del empleo en el marco de sus
funciones de información o de colocación; y una atención
especial en el marco de las políticas de empleo, a las necesidades
y preferencias de grupos específicos, tales como los
desempleados, los trabajadores con responsabilidades familiares,
los trabajadores de edad, los trabajadores discapacitados y los
trabajadores que estén cursando estudios o prosigan su
formación profesional.
Estas medidas pueden incluir también la realización de
investigaciones y la difusión de información sobre el grado en
que el trabajo a tiempo parcial responde a los objetivos
económicos y sociales de los empleadores y los trabajadores.
En conclusión, la ratificación del Convenio 175 de la OIT es
una necesidad urgente, pues de hecho el trabajo a tiempo
parcial existe en Guatemala: lo único que hace falta es regularlo
dentro de un marco jurídico adecuado, el cual no podría ser
más apropiado que el Convenio 175 que esperamos contar
muy pronto dentro de nuestra legislación para beneficio integral
de trabajadores y empleadores del trabajo en casa particular.
http://2.bp.blogspot.com/_p2TUIjMBqZU/S8Ugf34LNKI/AAAAAAAAVWc/3I1LfohSsCg/s400/trabajadores_Codelco.jpg

PREVETREN
Un espacio que promueve
la prevención del delito Licda. Pamela Marina Spiegeler Mendoza
Campus Regional San Pedro Claver, S.J. de la Verapaz
Fachada lateral derecha
Aproximarse conceptualmente a la
prevención de la delincuencia y de la
violencia no es una tarea fácil en el
mundo jurídico. Se trata de una manera
reciente de pensar y hacer intervención
y no siempre responde a
un conjunto coherente de conocimientos
bien fundamentados. Agrupa
diversas formas de trabajo que
incluyen al Estado, gobiernos locales,
policías, instituciones públicas y actores
de la sociedad civil, bajo el principio
de prevenir la violencia y la actividad
delictual; ambos elementos incorporados
recientemente al tratamiento
de la inseguridad. Ellos obedecen a
la urgencia por enfrentar de manera
innovadora las altas demandas de
seguridad de las últimas décadas a
nivel mundial.
Las recientes transformaciones sociales,
políticas y culturales han traído
aparejadas aumentos de la inseguridad
en las grandes ciudades y también en
sectores rurales. Factores como la
pobreza y desigualdad socioeconómica,
la falta de planificación de una
acelerada urbanización, la carencia de
empleos y expectativas de vida contradictorias,
el tráfico y abuso de
substancias, la disponibilidad de armas,
etc. redundan las probabilidades de
conductas violentas que habilitan la
convivencia social. Además, en ciertos
casos, la administración de justicia
penal se ha visto sobrepasada, por lo
que ha sido necesario impulsar procesos
de reformas que sean pertinentes
a la nueva situación. Ante este
diagnóstico, existe consenso sobre la
necesidad de implementar intervenciones
integrales.
Ante esta nueva corriente de prevención
versus la represión del Estado,
es interesante el estudio académico
de estas corrientes, tomando en cuenta
que no hay una receta única frente
a la inseguridad y el aumento de las
tasas de delitos en la región. Hay que
trabajar y sistematizar en varios frentes
a la vez, complementando estrategias
de control de iniciativas preventivas.
El control y el castigo ante la trasgresión
de la ley tienen su efecto
preventivo en cuanto disuaden al
potencial trasgresor. Resulta más iluminador
evaluar el carácter preventivo
de las iniciativas por sus efectos observables
en conductas futuras que
por el tipo de soluciones que implican
en el corto plazo.
El presente artículo girará a través
del análisis académico de estrategias
de prevención del delito que han
permitido desarrollar una cultura de
prevención y el involucramiento de
la población en los temas de seguridad
ciudadana que puedan ser adaptados
a la realidad guatemalteca, en especial
a la de Alta Verapaz.
En la temática de la prevención de la
violencia es necesaria la promoción
de acciones en las cuales se abra la
integración de espacios en los cuales
los ciudadanos y el poder local analicen
y establezcan estrategias para
la prevención del delito a través de
funciones conjuntas que se traduzcan
en acciones de planificación, diseños
de medidas, ejecución de las mismas
y evaluación de los resultados, ante
ello se desarrolla una serie de etapas
13

14
y pasos a través de los cuales se puede llevar a cabo una
estrategia de prevención adecuada al contexto propio de Alta
Verapaz.
Para el desarrollo de una estrategia técnica y medible en cuanto
a la realización de acciones de prevención una de las herramientas
utilizadas son los planes de prevención los cuales
tiene por fin principal la ubicación de espacios físicos en los
cuales se pueden desarrollar acciones focalizadas para la
disminución de la criminalidad, un ejemplo de ello es el Plan
de Prevención del Delito Pasos Seguros, el cual fue desarrollado
a partir del año 2006 por la comisión de prevención del delito
del Comité Ejecutivo de Justicia.
“El PREVETREN es una
estructura que a través de
programas educativos se
convierte en un espacio que
escucha, orienta, entretiene
e invita a la participación
de jóvenes y a niños.”
Este plan basado en una metodología de construcción de
alianzas entre líderes locales, autoridades municipales, autoridades
de justicia y sociedad civil tuvo como estrategia la elaboración
de un diagnóstico sobre la criminalidad a través de la información
estadística de las instituciones de justicia y el trabajo con grupos
focales. Se tomó en cuenta estos elementos para diseñar una
serie de medidas a ejecutar dentro le plan, las cuales serían
monitoreadas y evaluadas por los miembros de la comisión
que dio origen al Plan de Prevención.
La medida más exitosa del Plan de Prevención del Delito
“Pasos Seguros” fue precisamente la 4ta. medida que comprendía
el Proyecto PREVETREN.
El PREVETREN es una iniciativa novedosa que se puso en
marcha en Chile con el objeto de instalar un espacio para el
desarrollo personal, promoción, orientación y educación para
la prevención de la violencia y ocupación del tiempo libre de
niños y jóvenes.
El PREVETREN es una estructura que a través de programas
educativos se convierte en un espacio que escucha, orienta,
entretiene e invita a la participación de jóvenes y a niños.
Como se ha dicho anteriormente, esta iniciativa surge del Plan
de Prevención del Delito “Pasos Seguros” y fue incluido dentro
de las medidas que impulsa el plan, ya que a través de la
construcción del mismo se pretendía la recuperación de
espacios públicos dentro del municipio de Cobán, especialmente
dentro del Parque Infantil Navidad.
Es por ello que este proyecto ha contado con el apoyo del
Consejo Departemental de Desarrollo Urbano y Rural de
Alta Verapaz, institución que lo construyó; del Ministerio de
Gobernación, quien ha impulsado el fortalecimiento y equipamiento
y de varias instituciones que creen en el proyecto,
ya que el equipo que labora en el Prevetren la presente fecha
ha capacitado a más de once mil jóvenes, niños y niñas a través
de talleres formativos y educativos.
Con lo que se evidencia que este tipo de proyectos deben
replicarse a nivel nacional para promover realmente la participación
de jóvenes, niños y niñas en escenarios en los cuales
puedan expresar y desarrollar acciones que prevengan la
violencia y se recuperen los espacios públicos en pro de la
juventud y la niñez.

Por Dulce Olaverri.
Campus Central.
La legislación internacional siempre ha hecho énfasis, además
de los derechos humanos, en los derechos que se derivan
de las diferentes situaciones a las que el ser humano constantemente
se encuentra sometido. Es decir, que ésta se
extiende más allá del derecho a la vida, a la libertad, a la
propiedad, la religión, situación socioeconómica y cualquier
otra. Desprendiéndose de estos el derecho al libre consentimiento
para contraer matrimonio, la igualdad de los cónyuges,
entre otros.
Hasta este punto puede notarse que a nivel internacional, el
derecho es muy vasto, sin embargo y debido a la cultura de
los diferentes países que han firmado los convenios y tratados
internacionales, muchas veces presenta
situaciones que no contempla
dicha legislación y que los ordenamientos
jurídicos internos deben
ampliar tomando en cuenta, como
se dijo, lo pertinente a cada país.
Legislación nacional e
internacional
En los Títulos I y II del Código Civil,
se encuentran regulados todos los
asuntos relativos a la Persona y a la
Familia.
Para tener un panorama más claro
de lo que ambas legislaciones han preceptuado, acorde a
estas instituciones, se presentará un breve análisis de todas
las demás materias que se desprenden de éstas.
Las personas: el Estado es el primero que se compromete
a la protección de la persona humana, desde la concepción
-coincidiendo con la Teoría de la Vitalidad-, hasta después de
la muerte; como claro ejemplo se encuentra la comorencia
y la premorencia. Indudablemente se ve la importancia que
el Derecho le otorga a la persona y lo más importante, al
derecho a la vida del que ésta goza sin excepción. No
solamente en el Código Civil se encuentra lo relativo a la
persona, sino que inicia con la Constitución Política en el
Título I.
Desde el punto internacional, específicamente en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, se encuentra un artículo
referente a la persona física: “Artículo 4. 1. Toda persona tiene
Derechos de la persona y la familia:
perspectiva nacional e internacional
“...el Estado es el
primero que se compromete
a la protección de
la persona humana,
desde la concepción -
coincidiendo con la
Teoría de la
Vitalidad-, hasta
después de la muerte...”
derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido
por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción.
Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.”
Más claro no puede encontrarse ya que de este artículo, y
muchos otros es que Guatemala ha integrado a su ordenamiento
jurídico todo lo referente al respeto, protección y
soporte al individuo.
La persona individual posee tres atributos que podrán variar
según factores muy individuales; dichos caracteres son: el
NOMBRE, la CAPACIDAD y el ESTADO CIVIL. El primer
atributo se refiere al nombre; únicamente desde la perspectiva
social, es un identificador de la persona, y
hasta cierto punto, tal concepto está bien,
pero además de dicha función, el artículo
cuarto del Código Civil, atiende a las
diferentes situaciones en las que se puede
encontrar una persona, como por ejemplo,
no haber sido reconocido por el padre o
ambos, y en este último caso, la institución
encargada del niño es quien asigna el
nombre para el mismo –prenombre y patronímico-.
El nombre se encuentra regulado no solamente
por el Código Civil, sino también
en el Código Procesal Civil y Mercantil se
estipulan los procedimientos para el cambio
de nombre, pues aunque posea caracteres
absolutos como la oponibilidad erga omnes (en todo momento
y lugar), inalienabilidad e imprescriptibilidad; presenta también
caracteres relativos, tales como la inmutabilidad e irrenunciabilidad,
lo que permite que la persona modifique su nombre,
claro, tomando en cuenta las limitaciones de la ley; la
identificación de la persona y la identificación por parte de
un tercero.
En la Ley del Registro Nacional de las Personas –RENAP-,
se fija el tiempo que debe transcurrir para que un niño sea
inscrito, y en la Ley Reguladora de la Tramitación Notarial de
Asuntos de Jurisdicción Voluntaria se expone el proceso para
solucionar el hecho ante el supuesto de la comisión de un
error u omisión en el acto de la inscripción.
Las leyes internacionales velan porque el derecho al nombre
le sea reconocido a toda persona sin hacer distinción de
15

16
raza, género o religión. Esto se ve de
forma más específica en La Convención
Americana de los Derechos Humanos
en el artículo dieciocho, en el que se
defiende y además se obliga al Estado
a reglamentar este atributo para que a
nadie le sea menoscabado, así como en
el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y la Convención sobre
los Derechos del Niño, en los que se
dictamina la debida inscripción del niño
después de su nacimiento.
El segundo atributo es la capacidad.
Existen dos tipos de capacidad: la de
derecho o de goce y de hecho o ejercicio.
La capacidad es la que designa los
derechos y las obligaciones que cada
persona posee, dependiendo de las facultades
de cada individuo, obviamente
sin contrariar a la Ley Fundamental.
La finalidad de esta “distinción de
capacidades” es la equitativa adecuación
a la realidad de las personas, porque, no
sería justo que una persona que padece
de alguna enfermedad mental (capacidad
de hecho) tenga que cumplir con las
mismas obligaciones de alguien que se
encuentra en el completo ejercicio de
sus facultades (capacidad de derecho),
-Art. 9 del Código Civil-
Internacionalmente, la capacidad no se
encuentra dividida como en nuestra
legislación, pero en la Convención en
Contra la discriminación de la Mujer, se
hace equiparación entre la capacidad
que posee el hombre y la que posee la
mujer. Y en la Declaración de los Derechos
del Niño, se toma en cuenta a los
niños con impedimentos, así mismo en
los beneficios que el Estado debe proporcionarles
para que éstos puedan
desarrollarse en óptimas condiciones y
con las mismas oportunidades.
El tercero; el estado civil, es un atributo
fundamental de la persona, al ser el que
lo sitúa en la sociedad. Esta determinación
la realiza a través de aspectos como la
edad, la nacionalidad, el parentesco, etc.,
para la adquisición de derechos y el
ejercicio de obligaciones. En la legislación
nacional se protege este atributo por
medio de la posesión notoria de estado,
pues por éste se adquieren facultades.
Ejemplo, si el estado civil es el de hijo,
específicos derechos conllevan dicha
posición, y si éstos no se cumplen, la
persona afectada puede ejercer una
acción que los reconozca y exija su
cumplimiento (posesión notoria de estado
en el caso de filiación; las pruebas
supletorias y las actas del Registro Civil
son referentes a la inscripción del mismo
estado civil).
La Constitución Política, el Código Civil,
la Ley del RENAP y la Ley Reguladora
de la Tramitación Notarial de Asuntos
de Jurisdicción Voluntaria son los cuerpos
legales guatemaltecos que rigen lo referente
al estado civil.
En los tratados y Convenios internacionales
no se encuentra especificado este
atributo, pero sí se toman en cuenta los
tipos de estado civil (verbigracia, el ser
casado) y defiende cada uno en forma
separada: Convención sobre la Eliminación
de todas las formas de Discriminación
contra la Mujer:
Art. 11. (…)2. A fin de impedir la discriminación
contra la mujer por razones
de matrimonio o maternidad y asegurar
la efectividad de su derecho a trabajar,
los Estados Partes tomarán medidas
adecuadas para: Prohibir, bajo pena de
sanciones, el despido por motivo de
embarazo o licencia de maternidad y la
discriminación en los despidos sobre la
base del estado civil;”.
Persona Jurídica: en palabras simples, es
una agrupación de personas físicas
orientada hacia un mismo objetivo, sea
público o privado, con un patrimonio
destinado al cumplimiento del mismo.
Generalmente las personas jurídicas
poseen fines humanitarios, por lo que
en el ordenamiento jurídico interno,
éstas se encuentran meticulosamente
especificadas, así como la forma de su
constitución y del término de la misma,
entre otros aspectos.
En Guatemala fue creado el Sistema
Informático de Personas Jurídicas
–SIRPEJU- del Ministerio de Gober-
nación, con el fin de registrar y controlar
a estas asociaciones o fundaciones (según
sea su tipo). Pues toda persona jurídica
debe estar legalmente autorizada y tiene
En los tratados y
convenios internacionales
no se trata
con exactitud la
persona jurídica, sino
que solamente se
establecen los
derechos que cada
persona posee en
cuanto a la libre
asociación.
que ser representada por una persona
individual, que será la que responderá
por toda acción realizada por la institución.
Al igual que la persona física, ésta también
posee atributos, que son: el nombre, la
capacidad y personalidad, el domicilio y
el patrimonio. Estos no se adquieren de
la misma forma, pero sí tienen similares
efectos.
En los tratados y convenios internacionales
no se trata con exactitud la persona
jurídica, sino que solamente se establecen
los derechos que cada persona posee
en cuanto a la libre asociación.
Domicilio: no se limita únicamente a la
región en la que se habita y posee dos
elementos implícitos: la residencia y la
vecindad.
Por lo que se expuso, puede notarse
que el domicilio no es simplemente vivir
en un lugar por determinado tiempo,
pues el Código Civil –artículo treinta y
tres- estipula que por lo menos debe
haber transcurrido un año de residencia
continua en algún lugar.

Ahora bien, la función del domicilio no
es puramente de localización, sino que
es la sede legal de la persona (como se
mostró anteriormente, tanto la persona
física como la moral disfrutan de este
atributo) donde ejerce derechos y
adquiere obligaciones.
En la Constitución Política, en el artículo
veintitrés protege la vivienda de arbitrariedades,
y en el artículo veintiséis
otorga la libertad a todas las personas
a transitar en todo el territorio nacional
únicamente atendiendo a las limitaciones
establecidas por la ley. En el Código Civil
se encuentra más detallada esta institución,
además de establecer una clasificación
a la misma: el domicilio civil, del
que se desprende el forzoso y el convencional
(contratos).
La vecindad va de la mano con el domicilio,
pues ésta es el municipio o departamento
donde reside la persona, y
domiciliarse o avecindarse son sinónimos
para la acción de arraigarse en determinada
región de un país. En la Ley del
RENAP, con la innovación del Documento
Personal de Identificación -DPI-, se
regula lo concerniente a la vecindad.
El domicilio se encuentra protegido por
los acuerdos y pactos internacionales,
pues es un derecho inherente de la
persona que no le puede ser violado o
arrebatado.
Imagen: http://www.entrepadres.com/wp-content/uploads/2009/11/ejercicio-en-familia.jpg
Un ejemplo de esto se encuentra en la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos: “Artículo 12. Nadie será objeto
de injerencias arbitrarias en su vida
privada, su familia, su domicilio o su
correspondencia, ni de ataques a su
honra o a su reputación. Toda persona
tiene derecho a la protección de la ley
contra tales injerencias o ataques.”.
Ausencia: el acto de regular el que una
persona no se encuentre dentro del
territorio guatemalteco se realiza con
miras a la protección de su patrimonio
y a la responsabilidad ante obligaciones
contraídas (ámbito social, familiar y
económico). En el ordenamiento jurídico
nacional se lleva un proceso desde la
declaración de ausencia hasta la
declaración de muerte presunta del
ausente, esto, como se dijo antes, para
la protección del patrimonio –principalmente-.
Claro, para que se proteja la
propiedad del ausente se requiere de
otras personas nombradas judicialmente
(defensor, depositario y guardador de
los bienes).
La declaración presunta se efectúa para
que los bienes queden en la posesión
de los familiares, y se realiza de acuerdo
a lo que establece el artículo sesenta y
tres del Código Civil, y siempre se abre
a la posibilidad de que la persona regrese
a su domicilio o se tengan noticias de
él para que los bienes le sean devueltos
o en su caso, restituidos.
Las leyes internacionales no reparan
específicamente en esta institución, pero
sí protegen el patrimonio de las personas
y dan las pautas para que cada país
ajuste lo estipulado a sus propias insituciones.
La familia en ambos
ordenamientos jurídicos
Hasta este punto se han tratado instituciones
que, aunque tengan repercusiones
de tipo familiares, no se refieren
únicamente a tan importante elemento
dentro de la sociedad, por lo que en
adelante, se expondrán las instituciones
referentes a la Familia.
“La fuerza de una nación se deriva
de la integridad del hogar”
(Confucio). Si bien la familia como se
dice comúnmente, es la base de la sociedad,
posee implicaciones mucho más
profundas, como las obligaciones, derechos
y distintos tipos de relaciones
(conyugal, paterno-filial y parental) que
la misma origina.
Ya en la legislación nacional como la
internacional se reconoce el derecho
que todas las personas tienen a una
familia. En la Constitución Política -
artículo cuarenta y siete-, se reconoce
este derecho y además se le ofrece
amparo ante las diversas situaciones de
la vida. La Ley de Protección Integral de
la Niñez y Adolescencia reconoce este
derecho en los niños y propone la solución
ante la realidad que el infante no
la posea: familia sustituta (de este tema
se conocerá más adelante). Los órganos
jurisdiccionales encargados de todos los
asuntos circundantes a esta institución
son los Tribunales de Familia, los que
velarán por el cumplimiento de los
deberes contraídos por esta institución.
Las formas de relaciones que existen
dentro de una familia se encuentran
reguladas en diferentes títulos en los
convenios y pactos internacionales.
El matrimonio: Nuestra Constitución
Política funda la familia sobre la base del
matrimonio debido a que es la institución
por la que un hombre y una mujer se
unen legalmente con ánimo de permanencia,
con el fin de procrear una familia
y de apoyarse mutuamente. El matrimonio
es un contrato sui géneris, puesto
que los contrayentes no pueden convenir
en qué obligaciones sí adquieren y
cuales no, sino que las leyes por las que
se rigen son de carácter público, es decir,
OBLIGATORIO.
Resulta pertinente no dejar atrás uno
de los elementos más importantes del
matrimonio: el consentimiento de los
17

18
futuros cónyuges. Este es un tema por demás controversial ya
que en muchos países del mundo, siempre la mujer es quien
se encuentra en la posición de objeto dentro de un contrato,
y son otros los encargados de decidir por ellas en materia de
contraer matrimonio. Contra esta atrocidad, autoridades
internacionales se han pronunciado, obligando a los Estados
Parte a que regulen este tipo de situaciones para no violentar
los derechos inherentes de las personas, principalmente de la
mujer. A esto viene el siguiente ejemplo:
Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la
edad mínima para contraer matrimonio y el registro de
matrimonios: “Artículo 1” No podrá contraerse legalmente
matrimonio sin el pleno y libre consentimiento de ambos
contrayentes, expresado por éstos en persona, después de la
debida publicidad, ante la autoridad competente para formalizar
el matrimonio y testigos, de acuerdo con la ley.”
En el Código Civil se detallan todos los requisitos, derechos
y obligaciones concernientes al matrimonio. Las formalidades
se especifican en el Código Procesal Civil y Mercantil.
Algo muy importante es lo referente a los requisitos, pues de
estos dependen que el matrimonio sea anulable o insubsistente
(por razones de parentesco principalmente). En cuanto a las
obligaciones y a los derechos, además de los que se especifican
en los artículos ciento ocho al ciento quince, se encuentra el
régimen económico al que deben someterse los consortes,
por el que se decide todo lo que se relaciona con el patrimonio
que se acumule durante la relación.
La disolución del matrimonio no se especifica en los tratados
internacionales, pero sí hay temas ligados a esta institución,
como la discriminación a la mujer, la igualdad de responsabilidad
entre los consortes, etc.
Guatemala sí se extiende en cuanto al tema, desde el Código
Civil hasta el Código Penal, considerando que algunas causales
de divorcio son delitos.
La Unión de Hecho es bastante parecida al matrimonio, y en
la legislación nacional, específicamente en el Código Civil, sí
está regulada, pero en la legislación internacional no hace
distinción entre ésta y el matrimonio.
La adopción: esta supone restituir a un niño o en algunos casos
a un mayor de edad, el derecho a una familia.
A través de toda la legislación que se ha desarrollado, se puede
ver el interés que se manifiesta por la seguridad de los niños
que se pretenden adoptar y por esto mismo, Guatemala ha
creado un cuerpo legal exclusivo para esta institución (Decreto
Número 77-2007), y esto tomando en cuenta los pactos y
convenios internacionales, especialmente el principio del Interés
Superior del Niño, por el que se toma en cuenta la opinión
de éste acerca del deseo de ser adoptado.
Patria potestad: esta se relaciona con la institución de la
paternidad y filiación, pues de esta se deriva la patria potestad.
Ambos padres son iguales ante la ley, con las mismas obligaciones
para los hijos. El Estado de Guatemala reconoce estos deberes
y vela por su cumplimiento por medio de los Tribunales de
Familia –artículo dos-.
En los tratados internacionales se reconoce el derecho que
tienen los padres sobre los hijos, pero también propone la
igualdad de éstos en términos de crianza y alimentación.
Alimentos: se entiende por alimentos a la vestimenta, educación,
medicina, comida, etc. no solo a esta última. En la legislación
guatemalteca sí se encuentra lo regulada, incluso se estipula
en el Código de Trabajo cuánto se puede embargar de los
sueldos para cubrir el pago de esta obligación.
Pero en los convenios internacionales se incluye en el tema
de los deberes de los padres y los derechos fundamentales
de las personas.
Tutela: la principal función de esta institución es administrar
los bienes de quien no pudiere hacerlo. El ordenamiento
jurídico nacional si se extiende en cuanto al tema, exponiendo
cuándo debe otorgarse, los requisitos, obligaciones y prohibiciones
del tutor, así como la remuneración para el cargo.
Por el contrario, en los convenios y pactos internacionales no
se encuentra regulada específicamente, pero sí se establecen
los derechos y obligaciones competentes a los padres de familia
–patria potestad-, y se considera que ambas instituciones son
similares más no iguales porque se conceden en situaciones
distintas.
Patrimonio familiar: se conforma para satisfacer las necesidades
de una familia. En la legislación interna sí se da un concepto
a ésta, así como su finalidad y constitución, pero en materia
internacional solo se puede relacionar con el derecho a la
propiedad privada.
Fácilmente puede advertirse que son los convenios y tratados
internacionales imprescindibles “guías” para que los países
signatarios puedan hacer leyes acordes a sus necesidades, e
innoven sus métodos para alcanzar de forma certera sus
objetivos propuestos para beneficio de la población.

Edgar Alfredo Ortega Franco
La fundamentación filosófica de los Derechos Humanos es un
tema aún muy vigente, que suscita controversia y que debe
ser desarrollado por lo relativamente reciente de la consolidación
de la materia en el concierto de naciones.
La tesis de Maestría de Gustavo Adolfo García Fong aborda
precisamente dicha temática, la cual se pretende resolver por
medio del fundamento consensual. A partir de tal texto, se
realiza un breve análisis de los elementos más relevantes de
éste, extrayendo los más notorios.
Este documento, ciertamente ha traído a colación un planteamiento
que en lo personal no había formulado: la fundamentación
de los Derechos Humanos.
Tal cuestionamiento me resulta
atípico, ya que en los casi cinco
años de carrera universitaria,
los Derechos Humanos han
sido algo tan elemental, y tan
“predeter-minado” que se ha
reflejado en la experiencia
académica que ha permitido
conjugar éstos con prácticamente
cualquier materia del
Derecho, a apreciar la existencia
de éstos al punto de
buscar aplicarlos en el día a
día.
En reiteradas ocasiones he
escuchado que los Derechos
Humanos se basan en la dignidad humana, que son
“interdependientes” 3 que “han existido desde que existe la vida
humana” 4 y que “el hombre los posee por el hecho de ser
hombre, por su naturaleza y dignidad” 5 pero vale la pena
preguntarse ¿porqué se consideran los Derechos Humanos
inherentes a la persona? O una condición natural de la
humanidad inclusive, ¿qué sustenta su existencia y tal calidad?
Al atravesar las páginas de la tesis en cuestión, hay tres puntos
que considero son torales: i) La relación que existe entre la
fundamentación de los DDHH con el Iusnaturalismo y Humanismo;
ii) La procedencia de los DDHH de una realidad
histórica y; iii) El “consenso” como fundamento de los DDHH.
Imagen: http://ciudadsolidaria.files.wordpress.com/2008/05/manos.jpg
Fundamento filosófico de los
Derechos Humanos
Indudablemente no son las únicas temáticas “sensibles” que se
abordan, puesto que también, aunque lo hace de manera un
tanto breve, se hace mención sobre el sustento ideológico
que podrían tener los DD.HH. que se conocen hoy por hoy
y se aceptan como tales. Sin embargo, en ese punto me
detendré posteriormente.
Como bien menciona y evidencia el M.A. García Fong, las
formas de fundamentar los Derechos Humanos son numerosas;
con un enfoque iusnaturalista, humanista, positivista o inclusive
ecléctico; sin embargo, indudablemente, se podrá estar en
desacuerdo con alguna de éstas. Tal es el caso del autor del
presente ensayo en relación a los postulados positivistas, que
en principio exponen que “no hay más derechos que los
establecidos en las leyes” 6 Evidentemente,
es una postura un tanto radical y bastante
cerrada, que no toma en cuenta la
subjetividad que es parte de la formación
y creación de una norma.
Cabe decir que generó cierto grado de
reflexión algunos de los planteamientos
del M.A. García Fong, específicamente
la sustentación iusnaturalista de los
Derechos Humanos, puesto que se
plantea que existen ciertos derechos
anteriores al ser humano. Pero si se
sostiene tal aseveración, habría que
evaluar si algunos de los llamados
DD.HH. de segunda y tercera generación
podrían entonces tener la calidad de
Derechos fundamentales; sin embargo,
posteriormente, tal cuestionamiento fue contestado en la
misma tesis, cuando el autor explica lo relativo a la zona
discursiva del derecho natural 7 en la que tendré que admitir
tuve una comprensión más integral sobre el fundamento de
los DESC y la reafirmación de la interdependencia de los
DD.HH., puesto que, tal y como lo afirma el M.A. García Fong
“para que los derechos humanos originados del núcleo intuitivo
del derecho natural constituyan una auténtica realidad, se
requiere también de los derechos producto del segmento
discursivo”, a lo que yo le agregaría que al inverso funciona
exactamente igual, es decir que los derechos producto del
segmento discursivo nece sariamente requieren del segmento
intuitivo.
3 Artículo 5, Declaración y plan de acción de Viena, Conferencia Mundial de Derechos Humanos, 25 de junio de 1993.
4 Polo Gálvez, Luis Felipe; “ Fundamentos filosóficos de los Derechos Humanos”, Guatemala, Artes Nativas, 2000, página 14
5 Taleva Salvad, Orlando; “Derechos Humanos”, Argentina, Valleta Ediciones, 2004, página 11
6 García Fong, Gustavo Adolfo; “La condición histórica de los derechos humanos y su fundamento consensual”, Guatemala, 2004, Maestría en Derechos Humanos, URL, página 25
7 Ibid. Página 49
19

20
El otro enfoque que se recalca a lo largo del texto en cuestión,
es la sustentación histórica de los DDHH, y qué papel tiene
ésta para el actual estado del reconocimiento de los Derechos
Individuales, es indudable que la historia da cuenta de ese
“algo” que nos dice que las cosas están mal. Ese ensayo y
error ha ocurrido a nivel macro a lo largo del tiempo. García
Fong plantea la importancia de la historia en la formación del
fundamento de los DDHH en reiteradas ocasiones, y desde
diferentes enfoques; por ejemplo al afirmar que los Derechos
Fundamentales “Son funciones históricas que recogen las
experiencias básicas de la dignidad humana” que atienden a
“la realidad histórica de la que procede” 8 .
Ejemplo de ello es que la humanidad partió
desde un reconocimiento tácito de los
Derechos Humanos en la antigüedad, a los
DDHH como concesión del soberano, hasta
finalmente desembocar a los DDHH como
doctrina filosófica e ideario político. 9
Es decir, tal y como destaca el García Fong
Norberto Bobbio ha manifestado que, estamos
en constante evolución moral, en la
cual nos percatamos como raza humana que
existen ciertos principios que nos hacen
diferentes del resto de especies de seres
vivos y de “la importancia de la dignidad de
la persona humana, hasta el punto de que
en relación con ella existen obligaciones
morales en los individuos.” 10
Pero esta “evolución moral” no sólo comprende
la determinación de los Derechos
Humanos, sino también el “consenso” que propone tanto
Bobbio como García Fong como el fundamento más adecuado
para los Derechos Humanos en nuestra época.
Tal conclusión es en virtud de que los derechos, a través del
tiempo, cambian; sin embargo el “consenso” se tendrá que
entender como “la aceptación del significado de los derechos
por parte de la población” ya que “un valor (los Derechos
Humanos) estaría tanto más fundado cuanto más compartido
fuese”. 11
Paralelo al “consenso” como fundamento de los Derechos
Humanos, García Fong acota que Bobbio plantea la relación
que tiene el reconocimiento, protección y difusión de los
DDHH para la protección de las democracias y requisito para
la vida en paz. Para tal efecto plantea dos circunstancias
“generadoras” 12 :
1) La base de los sistemas democráticos es el reconocimiento
y la protección de los Derechos Humanos ya que indudablemente
“éstos son garantías jurídicas universales que protegen
a los individuos y a los grupos contra acciones y omisiones
que interfieren con las libertades, con los derechos fundamentales
y con la dignidad humana” 13 y 2) La paz constituye el
presupuesto necesario para el reconocimiento y protección
de los derechos humanos.
Es hasta en este momento que retomaré el “asunto ideológico”,
pero no para discutirlo como fundamento de los DDHH, sino
en su aplicación concreta, puesto que
hoy por hoy, tal y como muy atinadamente
puntualiza García Fong en
Bobbio plantea la
relación que tiene el
reconocimiento,
protección y difusión
de los DDHH
para la protección
de las democracias
y requisito para la
vida en paz.
su discusión de resultados, en Guatemala,
“…se relaciona la temática de
los iura humana con ideologías políticas
de “izquierdas” 14 .
Tal mal interpretación, indudablemente
se ha ido forjando por una serie de
situaciones circunstanciales y muy
propias del contexto guatemalteco;
sin embargo, para que la protección
y defensa de los Derechos Humanos
sea verdaderamente una piedra angular
de nuestra democracia, tales
preconcepciones tienen que ser superadas.
Nosotros los guatemaltecos,
debemos darnos cuenta que la
temática de Derechos Humanos es
incompatible con ideologías determinadas,
y que no es un asunto ni de derechas, ni de izquierdas,
es una dinámica de las personas, de los seres humanos sin
importar creencias, raza, sexo, etc.
Existen diversas vertientes con las cuales es posible intentar
explicar y fundamentar filosóficamente los Derechos Humanos;
sin embargo, la mayoría, sino es que en todas existe alguna
limitante para que sean plenamente racionalizadas; ya sea la
temporalidad, la naturaleza de la vertiente, entre otras.
El fundamento consensual supone una explicación con ventajas
concretas, es verificable fácticamente así como la aceptación
de los derechos para su realización efectiva. Así también, tal
fundamentación es tan dinámica como los Derechos Humanos,
puesto que tal y como se constató, los Derechos Humanos
cambian según la época y deberá ser renovada su fundamentación.
8 García Fong,,Op.Cit. página 34
9 Hübner Gallo, Jorge Iván; “Los derechos humanos, historia, fundamento, efectividad” , Chile, Editorial Jurídica de Chile, 2004, página 52
10 García Fong,,Op.Cit. página 86
11 García Fong,,Op.Cit. página 78
12 Ibid, página 89
13 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH por sus siglas en español). “Preguntas Frecuentes sobre Enfoque de Derechos
Humanos en la Cooperación para el Desarrollo”. Nueva York y Ginebra, 2006
14 García Fong, Op.Cit., Página 96

Walter Geovani Macz Poou
Campus de la Verapaz
Concepto de paradigma:
Un paradigma es una concepción del objeto de estudio de
las Ciencias Jurídicas y Sociales, de los problemas generales
a estudiar, de la naturaleza de sus métodos y técnicas, de
la información requerida, y finalmente, de la forma de
explicar, interpretar o comprender –según el caso- los
resultados de la investigación jurídica y social realizada.
Contexto del fenómeno jurídico y social
a) Lógica de la ciencia (problemas lógicos y estructura lógica
de las teorías científicas).
b) Semántica de la ciencia (análisis en interpretación de la
conceptualización científica).
c) Teoría del conocimiento científico (diferencia con otros
tipos de conocimiento).
d) Metodología de la ciencia (estudio del método general
de la investigación científica y de los métodos y técnicas
particulares de cada ciencia).
e) Ontología de la ciencia (análisis de los supuestos básicos
o metafísicos de la investigación científica).
f) Axiología de la ciencia (estudio del sistema de valores
que guía la investigación).
g) Ética de la ciencia (estudio de las normas morales que
se cumplen o quiebran la investigación).
h) Estética de la ciencia (valores y reglas estéticas de la
investigación científica).
Concepto de
Paradigma jurídico y social
“Una o más realizaciones científicas pasadas, que alguna
comunidad científica particular reconoce durante cierto
tiempo con fundamento para su practica posterior”.
Emplea también el término en sentido bastante distinto,
que designa tanto la elección de problemas como la selección
de técnicas con que analizarlos, llegando incluso a veces a
atribuir al termino paradigma Jurídico en sentido mucho
mas amplio, de visión general del Derecho.
El Instituto de las Ciencias Penales y Derecho Comparado
admite la imprecisión terminológica de la versión anterior
del mismo y sugiere que se sustituya el término paradigma
por el de matriz disciplinaria de las Ciencias Jurídicas y
Sociales. (Definición en Debate)
Paradigmas normativos en la
investigación jurídica
Paradigma materialista:
El materialismo postula que todo lo que existe es material
o depende por completo de la materia para su existencia.
El mundo tiene existencia objetiva por ser materia y esa
existencia es independiente de la conciencia.
Puesto que la materia cambia, lo que existe son procesos
de cambio en el Derecho.
La realidad a la que se refiere la ciencia jurídica y social es
un todo concreto y estructurado que se desarrolla y crea.
La totalidad Jurídica es distinta a la concebida por los
Holistas, Organicistas y Racionalistas, que suponen la concepción
de un todo superior y a las partes que suelen
considerar los idealistas y funcionalistas.
Paradigma funcionalista:
• Se apoya directa o indirectamente en conceptos de la
filosofía idealista.
• El objeto de estudio esta constituido, individualmente o
en conjunto, por elementos estandarizados dentro de un
sistema social (roles sociales, patrones culturales, normas
sociales, formas afectivas, instituciones....), donde las
motivaciones y disposiciones subjetivas de las personas
son casualmente relevantes en la ocurrencia de los
elementos sociales.
• Cualquiera de los elementos (la parte), puede tener
consecuencia para el sistema Jurídico, político, y social o
cultural del que forma parte (el todo).
En este paradigma se distinguen (análisis funcional):
1). Funciones: Consecuencias observadas que contribuyen
a la adaptación o ajuste de un sistema dado del derecho
como tal
a) Manifiestas: Consecuencias objetivas que contribuyen a
la adaptación y que son intentadas y reconocidas por
los participantes del sistema Jurídico.
b) Latentes: No son intentadas ni reconocidas por los
participantes.
2). Disfunciones: Consecuencias observadas que disminuyen
la adaptación o ajuste del sistema Jurídico.
21

22
En todo análisis funcional están implícitos
o explícitos los supuestos Jurídicos de
los “requisitos fun- cionales” que son las
condiciones básicas políticas ysociales
que el sistema debe cumplir para sobrevivir.
Paradigma analíticoexplicativo:
Sus fundamentos epistemológicos se
relacionan con el materialismo moderno
y más directamente con el realismo
científico y critico, que afirma la existencia
del derecho como realidad jurídica
independiente de la conciencia individual.
Lo percibo, más allá de la reproducción
de la realidad (el conocimiento), resulta
de la combinación de la percepción, la
concepción y la acción.
Según este paradigma, de mayor uso en
la ciencia jurídica social empírica, todo
conocimiento empírico implica (o se
relaciona con) alguna observación directa.
La teoría o las hipótesis permiten observaciones
indirectas que proporciona
nconocimientos mas amplios y profundos,
referidos a entes individuales o
pautas que se dan entre fenómenos
Jurídicos y Sociales.
Solo es posible conocer entes materiales
y objetos conceptuales o constructos
Jurídicos conceptos, proposiciones y
teorías.
La realidad se divide en varios niveles,
cada uno de los cuales esta caracterizado
por un conjunto de propiedades y leyes
que les son propias.
Dado que los niveles superiores han
surgido de los inferiores, la explicación
de un fenómeno Jurídico y social debe
recurrir a las leyes de niveles contiguos
cuando no es posible hacerlo con las
del propio nivel.
La relación investigador-objeto, modifica
o cambia a este último, lo que da lugar
a un problema practico que exige el
desarrollo de procedimientos técnicos
y analíticos que posibiliten la máxima
reducción de esa distorsión en la realidad
jurídica. La ciencia Jurídica y Social trata
de explicar las apariencias en base a los
hechos objetivos y no a la inversa.
La ciencia Jurídica y social jamás
podrá liberarse completamente
de las ideologías, pues aparecen
en la elección del tema de investigación,
en el diseño, en la
evaluación de resultados, etc.
Paradigma cualitativointerpretativo:
Pretende agrupar a un conjunto de paradigmas
Jurídicos que se ubican dentro
del idealismo y abierta oposición al positivismo;
cualitativos, fenomenológicos,
naturalisticos, etnográficos.
Postula que en la investigación Jurídica
social el investigador se encuentra frente
a múltiples realidades construidas o perspectivas
de los actores respecto de las
cosas que ven, de las cuales tienen experiencia
e interpretan a su modo.
Las descripciones de esas realidades son
diferentes en cada investigador e incluso,
divergentes, por lo que no es posible
hacer predicciones de los fenómenos
Jurídicos sociales, ni menos tener el poder
de controlarlos.
En el proceso del conocimiento, se da
la interacción sujeto-objeto, de forma
inseparable, por lo que la observación
perturba y moldea al objeto observado,
y este a la observación, dada esa interpretación
inseparable la teoría Jurídica
y los hechos Jurídicos no son independientes.
El paradigma cualitativo (a diferencia del
clásico), no pretende hacer generalizaciones,
su propósito termina en la
descripción ideográfico del objeto estudiado.La
investigación cualitativa esta
siempre influenciada por valores del
investigador, de la teoría o de contexto.
Dada la continua interpretación jurídica
mutua que se da entre los hechos jurídicos
sociales, no es posible establecer
conexiones de causa y efecto.
Las explicaciones culturales de la conducta
humana son diferentes e irreductibles
a otros tipos de explicación que
se usan en las ciencias jurídicas y sociales.

Tipo de
información
Factores de
contexto social
ADECUACIÓN
Datos
requeridos
DISEÑO
METODOLÓGICO
LOGRO DE LOS
OBJETIVOS
DESCRIPTIVOS O
EXPLICATIVOS
PROPUESTOS
Forma de
análisis
TIPOS DE
INVESTIGACIONES
TIPOS DE INVESTIGACIONES
TRADICIONALES
Investigaciones jurídicas o diseños
experimentales
Investigaciones jurídicas o diseños
cuasi-experimentales
Investigaciones basadas en la
encuesta jurídica
Investigaciones cualitativas
tradicionales (antropológicas,
Jurídicas etnográficas, análisis y
estudio de casos)
TIPOS DE INFORMACIÓN
PREFERENTEMENTE USADA
Cuantitativa
Cuantitativa
Cuantitativa
Cualitativa
Criterios de enfoque jurídico
Paradigma de
Base
(Función de
conocimiento que
cumple)
DESCRIPTIVAS
EXPLICATIVAS
O
INTERPRETATIVAS
Tiempo
Sincrónicas diseños
seccionales:
encuesta
Diacrónicas
a) Cuantitativas
(diseño
longitudinal).
- Estudio de
tendencia.
- Estudio de
casos
- Estudio de
paneles.
b). Cualitativas
- jurídicas en
general.
- Etnográficas en
particular.
Tiempo y
Paradigma
DESCRIPTIVAS
EXPLICATIVAS /
INTERRETATIVAS
DESCRIPTIVAS
EXPLICATIVAS/
INTERPRETATIVAS
Simples Compuestos
23

24
VALIDEZ INTERNA Y EXTERNA DE UNA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA
Validez interna
(control de variables para
estudiar efectos y asegurar
“calidad” de resultados
normativos
Validez externa
(posibilidad
De generalizar causas y
efectos )
- Historia Jurídica y social Dinámica
Del Derecho
- Efecto jurídico
- Instrumentos jurídicos -Regresión
jurídica
- Selección jurídica
- De población
-Consecuencia jurídicas
* Descripción deficiente
* Novedad
* Efectos del experimentador
* Medición de la variable
Dependiente.
Nuevas investigaciones cualitativas:
Usan preferente o exclusivamente informaciones de tipo cualitativo.
El análisis está orientado a proporcionar:
• Descripciones detalladas de los fenómenos jurídicos y sociales
estudiados.
• Explicaciones donde no intervienen técnicas jurídicas y hechos
jurídicos
• Interpretaciones o análisis de significaciones culturales o
diversidad jurídica
La mayoría de las investigaciones ponen el énfasis en la utilización
de la práctica de la investigación.
Principales investigaciones cualitativas de mayor uso en las ciencias
sociales y jurídicas
a) Investigación Participativa.
b) Investigación – Acción
c) Investigación Etnográfica
d) Investigación Naturalística
e) Estudio Interpretativo de Casos.
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE UNA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
CRITERIOS
Credibilidad (Validez interna).
Transversalidad (Validez externa).
Comprobabilidad (Confiabilidad).
PROCEDIMIENTOS
• Observación persistente.
• Análisis de datos negativos (función similar a prueba
se Significación). -Chequeo de los informantes.
• Triangulación (uso de múltiples fuentes, métodos e
Investigadores). (Validez de los hallazgos).
Posibilidad de hacer ciertas inferencias lógicas a
situaciones que tengan bastantes similitudes con el caso
estudiado.
Comprobación de una investigador externo de gran
experiencia -de la adecuación de la estrategia seguida
en todo el proceso de la investigación, la calidad de la
información recogida, la coherencia interna de los datos,
la relación entre estos y las interpretaciones, etc.
a. La investigación-acción:
a) Se da una amplia y explícita interacción entre investigadores
y personas implicadas en la situación investigada.
b) De esta interacción resulta un orden de prioridades de los
problemas a ser investigados y de las soluciones que serán
buscadas en formas concretas de acción.
c) El objeto de investigación no está constituido por las
personas sino por la situación jurídica y social y por
problemas de diferentes naturalezas encontrados en esa
situación.
d) El objeto de la investigación-acción consiste en resolver o,
a lo menos, esclarecer los problemas de la situación
observada.
e) Durante todo el proceso de la investigación se da una
unidad entre decisiones, acciones y de toda la actividad
intencional de los actores de la situación.
f) La investigación no se limita a una forma de acción (riesgo
de activismo): se pretende aumentar el conocimiento o el
nivel de conciencia de las personas y grupos interesados.
Una de las especificidades de la investigación-acción consiste
en perseguir, de manera relacionada, dos tipos de objetivos:
a). Objetivos Prácticos: Contribuir a la mejor determinación
posible del Problema que se considera central en la
investigación, con propuesta de Soluciones y de acciones
correspondientes para auxiliar al agente (o actor).
En sus actividades transformadoras de la situación. Debe
ser claro que este tipo de objetivos debe ser visto con
“realismo”, esto es, sin exagerar respecto de las soluciones
propuestas. No todos los problemas tienen solución en
el corto plazo.
b). Objetivos de Conocimientos: Obtener informaciones que
son de difícil acceso por medio de otros procedimientos
y que aumentan nuestro conocimiento de determinadas
situaciones (reivindicaciones, representaciones, capacidades
de acción o de movilización).
b. La investigación participativa:
la investigación participativa no puede aceptar la distancia
tradicional entre sujeto y objeto de la investigación; por ello
busca la participación de los sectores populares en todo el
proceso de investigación.
Los sectores populares tienen un cúmulo de experiencias
vividas. Existe un saber popular que debe ser la base para

cualquier actividad de investigación que se desarrolle en
beneficio del ellos. Son los sectores populares los sujetos de
la investigación sobre su propia realidad.
La investigación participativa establece, entonces, una nueva
relación entre la teoría y la practica, entienda ésta como la
acción hacia la transformación.
El proceso de investigación participativa se considera como
parte de una experiencia educativa que sirve para determinar
las necesidades de los sectores populares y para crear una
mayor conciencia de sus propios recursos y posibilidades.
La investigación participativa es un proceso permanente de
investigación y acción. La acción crea necesidades de
investigación, por lo que no se acepta una investigación aislada
de la acción, dado que no se trata de conocer por conocer.
La participación no puede ser efectiva sin un nivel adecuado
de organización, o sea las acciones deben ser acciones
organizadas.
c. La investigación etno jurídica y social
La investigación etno jurídica y relaciones interétnicas se
distingue por el uso principal que hace la observación, ya sea
con observadores participantes o no. En cualquier de estas
opciones (que pueden ser consideradas, como también
completadas con otros recursos para la recolección de
información), la observación trata de registrar todo –dentro
de lo posible- lo que sucede en el lugar que se está estudiando.
En el caso especifico de la observación directa –no participanteel
procedimiento habitual para registrar los sucesos consiste
en la anotación detallada de ellos.
El campo de la investigación etno jurídica cubre muy distintos
tópicos y problemas. Entre ellos sobresalen el estudio de las
relaciones interétnicas, el derecho y la costumbre, diversidad
jurídica, derecho indígena, organización comunitaria, Derecho
de los pueblos indígenas, antropología jurídica, peritaje cultural.
Etc.
Como estudio antropológico jurídico que es en su base, la
investigación etno jurídica de las relaciones interculturales
tienen su centro conductor en la descripción de la cultura y
subcultura de los grupos estudiados. Sin embargo, existen
investigadores que prefieren acentuar el análisis de las
características en los hallazgos encontrados, para el debate
académico o en profundo discenso.
“La centralidad del concepto de cultura, en alguno de sus
múltiples sentidos, es evidente en casi toda la etnográfia jurídica
existente. En muchos de los estudios etnográficos la existencia
de un conflicto cultural es el supuesto de base que explica el
fracaso de l inclusión por ejemplo. La cultura tiende a
considerarse determinante del comportamiento de los sujetos
involucrados.
El fracaso de los actores locales que provienen de grupos
“mayoritarios” o de “maya hablantes” se explica por el conflicto
entre sus propias pautas culturales y de las de los gobiernos
locales, que coinciden con las de la clase política gobernante.
No cabe duda que el proceso de cultura ha orientado la
mirada hacia algunos procesos importantes en el país, sin
embargo, el sesgo relativista del concepto también ha sido un
obstáculo para la reconstrucción de otros procesos que
suceden en la comunidad, como la dominación ideológica, el
ejercicio del poder político y la apropiación y reconstrucción
de conocimientos en las sociedades de clase” como la nuestra.
La investigación Endógena: Es una forma de investigación
propuesta por Magoroh Maruyama de la Universidad de Illinois
en Carbondale de Estados Unidos. Según su proponente, la
investigación endógena queda incluida en uno de los diferentes
tipos de la llamada antropología poliocular en la cual pueden
combinarse diferentes perspectivas endógenas y exógenas.
En el caso particular de la investigación endógena, ella es
conceptualizada, diseñada y realizada por investigadores de la
propia cultura de referencia, con el uso de su propia
epistemología y de su propia estructura de relevancia.
De los varios rasgos con los cuales se caracteriza este tipo de
Investigación, queremos destacar en esta presentación los tres
siguientes: a) Filosofía en relación con la comunicación; b)
Disonancia relevante y c) Disonancia crítica.
d. La investigación naturalistica:
La investigación naturalista representa a la investigación cualitativainterpretativa
en sentido estricto.
1) En lo que se refiere al objeto de estudio, el investigador
naturalístico se encuentra con una diversidad de
construcciones exigentes en las mentes de las personas,
aún cuando son designadas con un mismo nombre (por
ejemplo, delincuencia juvenil, cualidades de los sistemas
jurídicos, autoritarismo, etc.). Pero ninguna de esas cosas
existe en otra forma que no sea aquella de la construcción
individual, como tampoco resulta ser un agregado de esas
representaciones individuales. Aceptar esta multiplicidad
implica aceptar la existencia de diversas lógicas en la conducta
y ordenación de las cosas por parte de diferentes individuos.
2) En el proceso de indagación, el investigador y el “objeto”
de investigación interaccionan entre ellos; conocedor y
objeto conocido son inseparables.
Hay muchas formas bajo las cuales se presenta esta interacción:
una pregunta modificada puede provocar una respuesta
25

26
diferente por parte del entrevistado que aquella correspondiente
a la pregunta original; una cierta conducta-verbal o no verbal
no parte del “Objeto” puede llevar al investigador a cambiar
su marco de referencia o alguna hipótesis; la validez que busca
el investigador depende y se modifica según la calidad y mayor
o menor información que den las personas, etc. A diferencia
de los estudios clásicos, que tratan de evitar la interacción
como posible fuente de error, en la indagación naturalistica se
la trata como una situación de la cual puede obtenerse
provecho.
3) La investigación naturalistica no está libre de valores. Por
el contrario, reconoce el impacto de ellos provenientes
de cuatro fuentes principales:
a) los valores personales del investigador.
b) Los valores incluidos en el paradigma epistemológico.
c) Los valores que guían del diseño metodológico; y
d) Los valores que existen en el ambiente en el cual se realiza
la investigación.
El reconocimiento de la naturaleza ideológica de la investigación
naturalistica, se expresa de diversas maneras. Así, se dice que:
“La verdad tendrá validez indeterminada..... Hasta que otras
personas den su acuerdo y consideren como suyas las normas
y valores de los investigadores..... La idea que el sistema de
valores subyacentes del investigador pueda excluir, no considerar,
el sistema de valores de los sujetos puede sólo generar pseudoverdades
sobre las personas”.
4) En términos de conocimiento final, la investigación naturalistica
busca la interpretación ideográfica de los datos, es decir,
en términos de particularidades del objeto en vez de
generalizaciones o leyes. Pero reconoce que pueden existir
diversas interpretaciones que son significativas para diversas
personas.
e. El estudio interpretativo de casos
paradigmáticos
El estudio interpretativo de casos se inscribe netamente dentro
de las investigaciones cualitativas las relaciones comerciales
entre Maya hablantes, los matrimonios tradicionales dentro de
la multiculturalidad del país, como se interpretan los derechos
específicos y colectivos de los pueblos indígenas en Guatemala
dentro de su diversidad etc. . Dentro de ellas podemos destacar
algunas de sus principales características:
1) El estudio de casos busca preferentemente descubrir
elementos, situaciones o procesos no establecidos
previamente en el estudio; individualización.
2) Un principio básico de tales estudios consiste en la
interpretación del caso en el contexto en el cual se inserta.
3) El estudio de casos toma en cuenta diferentes y a veces
conflictos puntos de vista que se dan en la situación analizada.
Esto se hace, principalmente, a través de la explicación de
la “lógica”, que orienta las representaciones e interpretaciones
de las personas, según el relato que ellas hacen delas
mismas.
4) El estudio utiliza diversos puntos de información; la validez
y confiabilidad de los datos se trata de lograr con el uso
de técnicas de triangulación.
5) Los estudios de casos tratan de reflejar la realidad en la
forma completa y profunda mediante la descripción de la
multiplicidad de dimensiones presentes en la situación
estudiada, pero considerada como un todo, sin dejar de
enfatizar los detalles y circunstancias especificas que se dan
en ellas; y
6) El informe de investigación se redacta en un lenguaje
accesible a los miembros del grupo, con un estilo informal
y mediante el uso de recursos gráficos como fotografías,
audiovisuales, etc.
Partes del informe de investigación de un
estudio de casos:
• Una descripción detallada del problema estudiado.
• Una descripción detallada del contexto en el cual se realizo
el estudio y de quienes intervienen o están comprometidos
con ese contexto.
• Una descripción detallada de las transacciones y procesos
que se originaron al definir los propósitos y características
del problema estudiado.
• Una discusión y justificación (por qué) de l os aspectos que
se estudiaron en profundidad.
• Una presentación de los resultados del estudio, con las
interpretaciones dadas. Tales resultados así comprendidos
deben destacar las características de “lecciones aprendidas”
y no de generalizaciones inferidas.
• Una presentación metodológica en la cual se expongan:
• Las características de los investigadores y los roles
desempeñados por cada uno de ellos en el estudio de casos.
• Los métodos y técnicas empleadas y las dificultades que

pudieron presentarse en el despliegue de las estrategias
metodológicas.
• Las normas y resultados de las acciones realizadas para
asegurar la fidelidad y comprabilidad de los hallazgos del
estudio.
Otros tipos de investigaciones no-tradiconales:
La investigación experiencial:
Es una propuesta hecha por su autor Richard Wilson y según
el cual este tipo de investigación tiene como base empírica el
conocimiento experiencial de las personas en relación con su
situación, con su mundo. En ella las personas del estudio
contribuyen no sólo en las actividades que conlleva la indagación
sino también en el pensamiento creativo que genera, manipula
y saca conclusiones de la investigación. Los investigadores, por
su parte, contribuyen no sólo al pensamiento creativo sino
también participan, como otras personas, en la actividad que
se realiza.
La investigación dialógica:
Es una forma de investigación que, con algunas de cuyas
características básicas, suele incorporarse a la investigación
participativa y a la investigación-acción. En sentido diferencial,
puede ser considerada como un subtipo de esta última en
cuanto uno o más investigadores se proponen ayudar a un
grupo que tiene algún problema o que se encuentra dividido
en subgrupos con cierto grado de antagonismo, con el fin de
resolver esas dificultades.
Bibliografía
• ACKOFF R. El Arte de Resolver Problemas. México, Limusa.
•BAEZ. T. Cómo Gerenciar la Transformación de
La Calidad Total en la Investigación Jurídica. Firenze, Italia.
La Facultad de
Ciencias Jurídicas y
Sociales
implementó este año su nueva carrera
en Campus Central, La Verapaz y
Huehuetenango:
Licenciatura en
Investigación
Criminal y Forense
Esta carrera pretende desarrollar competencias necesarias
en materia de investigación criminal y forense en dos
niveles:
a. En los primeros tres años de formación, permitirá
realizar investigaciones científicas; recabar pruebas e
incorporarlas a un proceso judicial, en cualquier rama
del medio forense (Técnico Universitario).
b. En los siguientes 2 años permitirá dirigir investigaciones
científicas, equipos de investigación e instituciones o
entidades públicas y privadas (Licenciatura).
Mayor información:
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Elige estudiar en la Landívar
27
EXCELENCIA ACADÉMICA CON VALORES

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Reseñas
del Instituto de
Investigaciones Jurídicas
Una historia sin finalizar
Manual de derechos humanos para docentes de las
Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales
2ª. Ed. Guatemala, 2008
El Instituto de Investigaciones
Jurídicas y la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales
de la Universidad Rafael
Landívar –URL– ; la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales
y el Instituto de Derechos
Humanos de la Universidad
de San Carlos de Guatemala
–USAC– y la Asociación de
Investigación y Estudios
Sociales –ASIES– en el marco
del Proyecto Regional “Apoyo
a la Educación, Capacitación
e Investigación en Derechos Humanos en Centroamérica”,
también conocido como Proyecto Finlandia –Segunda Fase–,
ejecutado en Guatemala y Honduras con el apoyo financiero
del Gobierno de Finlandia y la asistencia técnica del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD–, se
complacen en presentar la segunda edición actualizada del
texto Una historia sin finalizar… manual de derechos humanos
para docentes de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales.
La primera edición del manual fue elaborada durante la primera
fase del Proyecto Finlandia en el año 2004 por los consultores
guatemaltecos Luis Mario Martínez Turcios y Ernesto Burgos
Fetzer con el acompañamiento del profesor costarricense
Víctor Rodríguez Rescia.
Para la segunda edición se solicitó el apoyo de la Universidad
Pedagógica Nacional Francisco Morazán de Honduras
–UPNFM–, entidad especializada en formación pedagógica e
implementadora del Proyecto Finlandia en ese país
centroamericano. Los comentarios y adiciones emitidos por
Por Julia Nicté Soto Fuentes
Campus Central
dicha universidad se incorporaron a la introducción de esta
edición del Manual; asimismo, se incorporaron los instrumentos
internacionales de protección de los derechos humanos más
importantes y vigentes en Guatemala y Honduras.
El manual de derechos humanos contiene una propuesta
metodológica novedosa y pragmática para la enseñanza de
los derechos humanos como eje transversal que puede ser
adoptada fácilmente por los docentes para enriquecer los
propios aportes, notas, casos y experiencias profesionales.
La metodología fue elaborada por especialistas guatemaltecos
y merece ser recomendada para la docencia, no sólo en las
Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales, sino en cualquiera
otra facultad.
La aplicación del manual representa un desafío para la docencia
en las universidades que reclama un enfoque integral e
interdisciplinario de los derechos humanos cuyo cumplimiento
permitirá una mejor formación para los profesionales, estudiantes
universitarios, investigadores sociales y público en general.

Como parte de l contenido práctico de este curso, se desarrollan
simulacros de juicios orales penales, dese su inicio hasta la
sentencia.
Los participantes fueron los mismos estudiantes de las secciones
de derecho procesal penal, jornada matutina y vespertina,
quienes asumieron los roles de los sujetos dentro de un proceso
penal: jueces, abogados, defensores, sindicados, fiscales, testigos
y expertos, en este último aspecto, los estudiantes de la carrera
en Investigación Criminal y Forense participan rindiendo
dictámenes y pruebas científicas
El objetivo primordial de este segundo congreso fue el de
generar espacios de aprendizaje y discusión sobre temas
académicos de actualidad con la participación de estudiantes,
egresados, personal docente y administrativo de la Facultad,
Simulacro de juicio oral y público
como parte del curso de Derecho Procesal Penal II.
Segundo Congreso Jurídico Landivariano:
“Situación actual y desafíos a futuro del Derecho Registral en Guatemala”
Complementándose con actividades de índole cultural, social
y deportiva que redunden en una adecuada formación integral.
En esta oportunidad, dentro del ámbito académico, se tuvo
la participación de valiosos expositores de distintas instituciones
públicas como fueron el Registro Mercantil General de la
República, Registro de Garantías Mobiliarias, Registro General
de la Propiedad, Registro de la Propiedad Intelectual y Registro
de Información Catastral. Como parte de las actividades
culturales y sociales varios estudiantes participaron en concursos
de oratoria, pintura, fotografía y ensayo. Y dentro de las
actividades deportivas: el torneo de fútbol masculino y
femenino, ambos integrados por personal docente, estudiantes
y egresados.
Eventos de la Facultad
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Philip C. Jessup International Law
Moot Court Competition
La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad
Rafael Landívar, participó por primera vez en la Philip C.
Jessup International Law Moot Court Competition, la
competencia más grande del mundo, con participantes de
más de 500 facultades de derecho de alrededor de 80
países, realizada del 19 al 26 de marzo de 2010.
En esta actividad los estudiantes compitieron simulando un
conflicto ficticio entre países llevado ante la Corte
Internacional de Justicia en rondas orales totalmente en
ingles.
En las fotografías el equipo de la Facultad, comparte con
estudiantes de otras delegaciones vistiendo orgullosamente
los trajes típicos de Guatemala, dentro de una actividad
cultural de la competencia y también con jueces de la
competencia, después de terminar una ronda con estudiantes
de Rusia y del Reino de Losoto.
Los integrantes del equipo fueron: Ana Lucía Chacón,
Francisco Valencia, Carlos Arturo Villagrán, Fernando Marín
Luna y Rodrigo de Ojeda, quienes representaron dignamente
a la Universidad y dieron a conocer nuestra Facultad a
nivel mundial.
Acreditación Internacional de la Licenciatura
en Ciencias Jurídicas y Sociales
El año pasado el Consejo para la Acreditación de la Enseñanza
del Derecho –CONAED- entregó a la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la URL, el certificado que constata el
reconocimiento público internacional de la calidad académica
de la carrera de ciencias jurídicas y sociales. Este acto constituye
un hecho histórico, puesto que es la primera carrera en
Guatemala dedicada a la formación de juristas a la que se hace
entrega de un certificado de esta naturaleza.
El proceso inicio en el 2008, conllevó un esfuerzo de todo el
equipo facultativo, dígase personal académico-administrativo,
docentes y alumnos. Éste permitió la revisión integral del
programa académico en sí, su personal docente, de las políticas
y estrategias para la conformación de la población estudiantil,
el plan de estudios, el propio proceso enseñanza-aprendizaje,
la infraestructura, la definición de sus líneas de investigación,
la forma de difusión del conocimiento y vinculación con los
sectores social, productivo y de servicios, su administración,
así como resultados de impacto.
Constituye este proceso un antes y después de la carrera, así
como un punto de inicio para seguir buscando la excelencia
académica con valores.

Programa Especial de Graduación (PEG)
En el año 2010 un grupo de 150 alumnos de nuestra facultad
que tenían pendiente la elaboración de su trabajo se tesis,
vio materializado el sueño de concluir sus estudios
universitarios a través del Programa de Acompañamiento
en la Elaboración del Trabajo de Grado (PEG), en el que
durante seis meses y acompañados por sus asesores,
realizaron la investigación en temáticas diversas. Creyeron
en ellos y con mucha energía y dedicación lograron en
¡Vuelve a tu facultad!
mayo culminar el programa y portar con orgullo la toga,
beca y bonete de universitario, unos como abogados y
notarios, otros optaron por la licenciatura en ciencias jurídicas
y sociales; logra que les ha permitido abrir una serie
oportunidades, tanto en el ámbito laboral como continuar
sus estudios de posgrado.
Muchas felicidades a todos los nuevos colegas.
31

32
Doctorado en Derecho
Como parte del Plan de Desarrollo Académico de
Facultad, el mes de septiembre del año pasado, dio inicio
el Doctorado en Derecho con la colaboración de la
Universidad del País Vasco, España.
El programa de Doctorado en Derecho es pionero en
America Latina, ya que a los egresados se le otorgará
una doble titulación oficial: por la Universidad Rafael
Landívar y la Universidad del País Vasco; tendrá además,
una triple validez: en Guatemala, España y el Espacio
Europeo en Educación Superior. El mismo cuenta con
la cooperación de la Comunidad Autónoma y de la
Universidad del País Vasco, así como del Reino de España.
Tiene con una plantilla de docentes integrada por
doctores españoles y europeos, que contribuirán a la
formación de juristas y humanistas, con valores y
excelencia académica, quienes además de elevar el nivel
académico universitario, generaran nuevo conocimiento,
que en definitiva fortalecerán el sistema de justicia y el
Estado de Derecho en el país y la región centroamericana.
El Decano Dr. Rolando Escobar Menaldo, ha destacada
la importancia de contar en la Universidad con un
programa como el citado, de alto contenido académico,
con el que se completa la oferta académica en educación
superior ofrecida por la Facultad, la que va desde la
carrera técnica en investigación criminal y forense; la
Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales acreditada
internacionalmente; la Licenciatura en Investigación
Criminal y Forense; 5 maestrías con el apoyo de
importantes y prestigiosas Universidades extranjeras; el
doctorado en Derecho citado y el Programa de
Actualización Académico Profesional.

Licenciatura en Ivestigación Criminal y Forense
Este año inició la Licenciatura en Investigación Criminal y
Forense. El programa constituye una ampliación y continuidad
del técnico en esa misma materia ya existente, de conformidad
con la cual los técnicos en investigación criminal y forense
graduados en la Universidad Rafael Landívar o cualquier otra
universidad nacional o extranjera podrán continuar sus estudios
de Licenciatura a partir del cuarto año de la carrera.
La carrera tiene como objetivo desarrollar en los cursantes
la preparación, conocimientos y habilidades necesarias para
mejorar el proceso de la investigación criminal, específicamente
dentro de la investigación forense y las más avanzadas teorías
del crimen y, con ello, constituirse en los auxiliares ideales de
la administración de justicia. De igual manera, en forma
consistente con la realidad nacional, el programa ha sido
diseñado para dotar a sus estudiantes de las capacidades y
competencias necesarias para desempeñarse en los ámbitos
Círculo de
Juristas Francófonos
Con la disertación acerca de El estado de Derecho en
Guatemala a cargo de la Señora Embajadora de Francia
en Guatemala Michelle Ramis-plum se inauguró este
evento el cual reunió a juristas y estudiantes de Derecho
franco parlantes en el cual se discutieron temas legales
en lengua francesa.
industrial, comercial, de servicios, de seguros y financiero,
poniendo al servicio de los distintos sectores la investigación
científica forense, coadyuvando con ello en la prevención de
los conflictos o al menos la reducción de los que llegan al
sistema oficial de justicia. La carrera se imparte en los Campus
Central, de la Verapaz y de Huhuetenango.
33

34
Campus de Quetzaltenango
Pacific mc George Inter America
Summer
Program in Guatemala
En la sede de Antigua se impartieron tres cursos de verano para estudiantes de
Derecho de universidades de Estados Unidos de América y la URL. Quince alumnos
landivarianos ganaron una beca que incluía la matricula para los siguientes cursos
impartidos: Comparative Latin American law: The Guatemala case study (en español),
Commercial law for foreing investor in Guatemala (en español) e International
Trade law and developmento (en Inglés). Por parte de la URL el representante fue
el M.A. Enrique Sánchez Usera quien estuvo a cargo de uno de los cursos.
“El Consejo en pleno de la Facultad
se reunió con las autoridades del
Campus de Quetzaltenango, para
el efecto se formaron varias mesas
de trabajos que culminaron con una
sesión plenaria en la que se
expusieron aspectos importantes
en aras de la mejora continúa de la
formación académica, así como la
implementación de nuevos
proyecto.”

El fraude:
Alumno de Derecho al presentarse a un examen oral.
- ¿Qué es un fraude?
- Es lo que el señor profesor está haciendo- responde el alumno.
El profesor queda indignado.
- ¡Lo que faltaba! ¡Explíquese.!
Entonces el alumno dice:
- Según el Código Penal, 'comete fraude todo aquel que se aprovecha de
la ignorancia del otro para perjudicarlo'.
http://www.taringa.net/posts/humor/2027544/Un-poco-de-humor-jur%C3%ADdico.html
La secre
El abogado, enfadado le dice a la
secretaria:
- ¿Es que no oye el teléfono señorita?
¿Por qué no contesta?
Responde:
- ¿Para qué, si todas las llamadas son
para usted?
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http://www.taringa.net/posts/humor/2027544/Un-poco-de-humor-jur%C3%ADdico.html

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Doctorado en Derecho