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Resolución 2625 (XXV) de las
NN UU. La jurisprudencia ha
afirmado también el carácter
erga omnes –oponible frente a
todos– de las obligaciones que
se derivan del mismo. Hoy es
también indiscutible el carácter
de derecho humano fundamental
que ostenta la libre determinación
de los pueblos colonizados,
al alzarse como condición
previa para la existencia y disfrute
del resto de las facultades
esenciales de la persona.
La particularidad y relevancia
de esta prerrogativa se ha
puesto de manifiesto con la
codificación llevada a cabo por
la Comisión de Derecho Internacional
en relación con la responsabilidad
de los estados,
por cuanto se ha calificado de
crimen internacional toda «violación
grave de una obligación
internacional esencial para la
salvaguardia del derecho a la
libre determinación de los pueblos,
como la que prohíbe el
establecimiento o el mantenimiento
por la fuerza de una
dominación colonial».
Los caracteres definitorios
del derecho a la libre determinación
impiden su derogación
o sustitución por cualquier
acuerdo que no cuente con el
beneplácito del pueblo, pues el
sujeto de este título es la
población autóctona como conjunto
de habitantes originarios,
y no sus representantes; en
este caso, el Frente Polisario
en su condición de movimiento
de liberación nacional y representante
único y legítimo de la
población del Sahara Occidental,
tal y como ha sido considerado
por las NN UU.
Es importante resaltar que
solo el titular de un derecho
puede disponer del mismo, por
lo que la alternativa política a la
celebración de un referéndum,
preconizada a través de un
posible acuerdo negociado
entre las partes –es decir entre
representantes–, constituye
una peligrosa innovación contraria
a la práctica constante de
las NN UU. La posibilidad de
privar de voz y voto a los legitimarios
del derecho puede dar
lugar, si no ha ocurrido ya, a
una espiral perversa en la que
los partícipes en la negociación
se enroquen en posiciones
injustificadas e ilegales para,
llegado el momento, procurarse
un mejor derecho obtenido gracias
a un abuso previo. Es por
ello trascendental el cumplimiento
de la legalidad internacional,
que exige que sea el
pueblo saharaui quien se pro-
Seguridad y Defensa
La nueva postura española de respeto a la
legalidad internacional provocó que Marruecos
modificara sus postulados, hasta ese momento
favorables a la celebración del referéndum
nuncie libremente y tome las
riendas de su propio futuro.
En íntima relación con lo
expuesto se alza el principal
obstáculo a la solución del problema:
la confección del censo.
Para su resolución se creó la
Misión de las NN UU para el
Referéndum del Sahara Occidental
(MINURSO), encargada
de determinar quiénes son los
electores facultados para tomar
parte en la consulta. Se calcula
que hay unos 300.000 saharauis,
de los que 120.000 viven
en el territorio ocupado por
Marruecos y algo más de
180.000 en los campos de refugiados
de Tindouf (Argelia).
Marruecos pretende la inclusión
en el censo de súbditos
marroquíes pertenecientes a
tres tribus que habitan en el sur
de su territorio, ya que las con-
REVISTA EJÉRCITO • N. 804 ABRIL • 2008 17