SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Rec.: Gaspar Reyes y compartes 

Fecha: 20 de abril de 2016 

Número Interno: 2011-5035 

REPÚBLICA DOMINICANA 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 

Sentencia No. 175 

Mercedes A. Minervino A., Secretaria General Interina de la Suprema Corte de 

Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que 

contiene una sentencia de fecha 20 de abril de 2016, que dice así: 

TERCERA SALA 

Audiencia pública del 20 de abril de 2016. 

Preside: Manuel Ramón Herrera Carbuccia. 

Casa 

Dios, Patria y Libertad 

En Nombre de la República, la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, 

Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema 

Corte de Justicia, dicta en audiencia pública la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Gaspar Reyes, Dilio 

Antonio Guerrero Rodríguez, Escolástica Silvestre, Pascuala Castillo, 

Alberto Sánchez De la Rosa, Guillermo Santo Mota, Isaula Paula, 

Alejandro Mercedes, Pedro Aponte Batista, Alfredo Rodríguez y 

Fernando Augusto Mayans E., dominicanos, mayores de edad, Cédulas 

Av. Enrique Jiménez Moya, Esq. Juan De Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Santo Domingo, R. D. • Tel.: 

809-533-3191 • www.suprema.gov.do • E-mail: suprema.corte@verizon.net.do 

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de Identidad y Electoral núms. 028-0056298-1, 028-004722-3, 026-0049385- 

6, 028-0027400-9, 028-006734-9, 085-0003056-7, 028-0013910-0, 028- 

0007493-8, 028-0018615-3, 028-0012225-7 y 028-0004769-4, 

respectivamente, domiciliados y residentes en Higuey, provincia La 

Altagracia; contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de 

Tierras del Departamento Central, el 13 de septiembre de 2011, cuyo 

dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Rafael Octavio 

Ramírez García, por sí y por los Dres. Rafael Helena Regalado y Manuel 

Escoto Minaya, abogados de los recurrentes Gaspar Reyes, Dilio Antonio 

Guerrero Rodríguez, Escolástica Silvestre, Pascuala Castillo, Alberto 

Sánchez De la Rosa, Guillermo Santo Mota, Isaula Paula, Alejandro 

Mercedes, Pedro Aponte Batista, Alfredo Rodríguez y 

Augusto Mayans Escovar; 

Fernando 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Wilson de Jesús 

Tolentino Silverio, abogado de los recurridos Marcelino Rodríguez 

Martínez y Pedro Rijo Castillo; 



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Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la 

República; 

Visto el memorial de casación depositado en la secretaría de la 

Suprema Corte de Justicia, el 17 de noviembre de 2011, suscrito por los 

Dres. Rafael Octavio Ramírez García, Rafael Helena Regalado y Manuel 

Escoto Minaya, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-0074262-6, 

001-0074262-6, 001-0058999-3 y 001-005444-0, respectivamente, abogados 

de los recurrentes, mediante el cual proponen los medios que se indican 

más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la 

Suprema Corte de Justicia el 13 de mayo de 2014, suscrito por los Dres. 

Carlos José Rodríguez G. y Wilson de Jesús Tolentino Silverio, Cédulas 

de Identidad y Electoral núms. 028-0020214-1 y 001-0294041-8, 

respectivamente, abogados de los recurridos; 

Que en fecha 25 de marzo de 2015, esta Tercera Sala en sus 

atribuciones de Tierras, integrada por los Jueces: Manuel Ramón Herrera 

Carbuccia, Presidente; Edgar Hernández Mejía y Robert C. Placencia 

Alvarez, procedieron a celebrar audiencia pública asistidos de la 

secretaria general, para conocer del presente recurso de casación; 



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Visto el auto dictado el 18 de abril de 2016, por el magistrado 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente de la Tercera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama, en su indicada 

calidad, a los magistrados Sara I. Henríquez Marín y Francisco Antonio 

Ortega Polanco, Jueces de esta Sala, para integrar la misma en la 

deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de 

conformidad con la Ley núm. 684 de 1934; 

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 

1997, y los artículos 1, 20 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de 

Casación; 

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos 

a que ella se refiere, consta lo siguiente: a) que con motivo de una Litis 

sobre Derechos Registrados (Saneamiento), en relación con la Parcela 

núm. 004-18315, del Distrito Catastral núm. 11/9na. Parte, del municipio 

de Higuey, el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de Higuey, 

dictó la sentencia núm. 201000569, de fecha 7 de junio de 2010, cuyo 

dispositivo aparece transcrito en el de la sentencia ahora impugnada; b) 

que sobre el recurso de apelación interpuesto contra esta decisión, 

intervino la sentencia ahora impugnada, cuyo dispositivo es el siguiente: 

“Primero: Se acogen en la forma y se rechazan en cuanto al fondo los tres (3) 



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recursos de apelación: 1) El de fecha 6 de julio de 2010, suscrito por el Lic. 

Daniel Antonio Rijo Castro y el Dr. Manuel de Jesús Morales Hidalgo, en 

representación de los señores Gaspar Reyes, Pedro Aponte Batista, Fernando A. 

Mayans Escobar, Héctor Rochell Domínguez y Máximo Jiménez Suriel, 2) El de 

fecha 8 de julio de 2010, suscrito por el Lic. Julio César Guerrero Rodríguez, en 

representación de Gaspar Reyes y Dilio Antonio Guerrero; 3) El de fecha 27 de 

julio de 2010, suscrito por los Licdos. Damaris Toledo Frías y Julio César 

Guerrero Rodríguez, en representación de los señores Héctor Rochel 

Domínguez, Fernando A. Mayans Escobar, Gaspar Reyes, Dilio Antonio 

Guerrero, Guillermo Santos Mota, Alejandro Mercedes, Pedro Aponte Batista, 

Alfredo Rodríguez Herrera, Alberto Sánchez De la Rosa, Escolástica Silvestre e 

Isabela Paula; Segundo: Se rechazan las conclusiones vertidas en audiencia por 

la Licda. Andrelis Rodríguez Toledo, en representación de la Dra. Damaris 

Toledo, quien a su vez representa a Héctor Rochell y compartes, parte 

reclamante por improcedente, mal fundada y carente de base legal; Tercero: Se 

rechazan las conclusiones vertidas en audiencia por el Lic. Rafael Octavio 

Ramírez García, en representación de Gaspar Reyes, parte recurrente, por 

improcedente, mal fundado y carente de base legal; Cuarto: Se rechazan las 

conclusiones vertidas en audiencia por el Lic. Fernando Augusto Mayans 

Escobar, por sí y en representación de Delio Antonio Guerrero Rodríguez, 

Guillermo Santos Mota, Escolástica Silvestre y compartes, parte recurrente, por 



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improcedente, mal fundado y carente de base legal; Quinto: Se rechazan las 

conclusiones vertidas en audiencia por el Lic. Francisco González Mena, en 

representación de los reclamantes, señoras María Antonia Rodríguez Calderón, 

María Margarita Rodríguez, Rosa Margarita Rodríguez y Banahia Rodríguez, 

por improcedente, mal fundado y carente de base legal; Sexto: Se acogen las 

conclusiones vertidas en audiencia por el Dr. Carlos José Rodríguez 

conjuntamente con el Lic. Daniel Emilio Hernández Hiciano, en representación 

de Marcelino Rodríguez Martínez y Pedro Rijo Castillo, por ajustarse a la ley y 

al derecho; Séptimo: Se confirma sentencia núm. 201000569, de fecha 7 de 

junio de 2010, de fecha 7 de junio de 2010, dictada por el Tribunal de Tierras de 

Jurisdicción Original, en relación con el saneamiento de la Parcela núm. 004- 

18315, del Distrito Catastral núm. 11/9na. Parte, del municipio de Higuey, 

cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Rechazar como al efecto rechaza, las 

conclusiones vertidas por la Dra. Damaris Toledo Frías y el Lic. Julio César 

Guerrero Rodríguez, en representación de los señores Fernando A. Mayans 

Escobar, Gaspar Reyes, Dilio Antonio Guerrero Rodríguez, Guillermo Santos 

Mota, Alejandro Mercedes, Pedro Aponte Batista, Alfredo Rodríguez Herrera, 

Alberto Sánchez De la Rosa, Escolástica Silvestre e Isabela Paula, por las 

mismas ser improcedentes, mal fundadas y carentes de base legal; Segundo: 

Rechazar como al efecto rechaza las conclusiones vertidas por el Lic. Francisco 

Teodoro Castillo, en representación de los señores Oscar Rochell Domínguez y 



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Héctor Rochell Domínguez, por improcedentes y falta de base legal; Tercero: 

Rechazar como al efecto rechaza, las conclusiones vertidas por los Licdos. 

Francisco González Mena y Joaquín Emilio Villalona Taveras, en representación 

de las señoras María Antonia Rodríguez, María Margarita, Rosa Margarita y 

Banahia Rodríguez Calderón, en la audiencia de fecha 22 de febrero del año 

2010, por improcedentes, mal fundadas, carentes de pruebas y de base legal; 

Cuarto: Acoger como al efecto acoge, en parte las conclusiones de los Dres. 

Carlos José Rodríguez Guerrero y Wilson Tolentino Silverio, en representación 

de los señores Marcelino Rodríguez Martínez y Pedro Rijo Castillo, por las 

razones expuestas en la presente decisión; Octavo: Se condena al pago de las 

costas del procedimiento a favor del Dr. Carlos José Rodríguez y el del Lic. 

Daniel Emilio Hernández Hiciano, a los señores: 1) Gaspar Reyes, Pedro 

Augusto Batista, Fernando A. Mayans Escobar, Héctor Rochell Domínguez y 

Máximo Jiménez Suriel; 2) Gaspar Reyes y Dilio Antonio Guerrero y 3) Héctor 

Rochell Domínguez, Fernando A. Mayans Escobar, Gaspar Reyes, Dilio 

Antonio Guerrero, Guillermo Santos Mota, Alejandro Mercedes, Pedro Aponte 

Batista, Alfredo Rodríguez Herrera, Alberto Sánchez De la Rosa, Escolástica 

Silvestre Isabela Paula, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad”; 

Considerando, que la parte recurrente propone en su recurso de 

casación los siguientes medios: “Primer Medio: Violación de los 

artículos 68 y 69 de la Constitución de la República, del 26 de enero de 



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2010 y violación al derecho de defensa; Segundo Medio: Falta de base 

legal, violación del derecho de defensa y violación al derecho de 

propiedad; Tercer Medio: Falta de motivos, desnaturalización de los 

hechos, violación de los artículos 141 y 142 del Código de Procedimiento 

Civil; Cuarto Medio: Violación a la regla procesal de los artículos 339 y 

340 del Código de Procedimiento Civil"; 

Considerando, que en el desarrollo del tercer medio, el cual se 

analiza primero por convenir a la solución del presente recurso, la parte 

recurrente expone, en síntesis, lo siguiente: "que los jueces no se 

fundaron sobre el resultado de las medidas de instrucción consistente en 

las dos inspecciones de lugares, hechas por el agrimensor Juan Antonio 

Disla García, de fechas 15 de enero y 17 de abril de 2007, debidamente 

designado por las decisiones 97 de fecha 24 de octubre de 2006 y 159 de 

fecha 21 de noviembre de 2007, sino que sólo señalaron la fecha del 9 de 

junio de 2008, para referirse a la irregular e ilegal inspección del 

agrimensor Arismendy Henríquez, que fue la tomada de forma 

inverosímil por los jueces; que los jueces incurren en una falta de 

apreciación y valoración de la tercera inspección realizada sin ninguna 

decisión que la sustente, por el agrimensor Enrique Arismendy"; 



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Considerando, que el Tribunal a-quo para rechazar los alegatos de 

la primera parte recurrente, los señores Gaspar Reyes, Pedro Aponte 

Batista, Fernando A. Mayans Escobar, Héctor Rochell Domínguez y 

Máximo Jiménez Suriel, indicó, en resumen, lo siguiente; " que del 

estudio y ponderación de los documentos que conforman este 

expediente, especialmente las inspecciones técnicas realizadas por un 

inspector de la Dirección General de Mensuras Catastrales de fecha 09 de 

junio de 2008, este tribunal pasa a contestar los alegatos de la primera 

parte recurrente, y en cuanto al alegato recogido en el numeral, y este 

tribunal entiende y considera que las inspecciones realizadas por la 

Dirección General de Mensuras Catastrales de fechas 15 de enero y 17 de 

abril de 2008, fueron correctas y deben ser acogidas por los tribunales de 

la Jurisdicción Inmobiliaria, por ser ese organismo técnico el encargado 

legalmente de poner este tribunal en condiciones de decir cuando un 

terreno está bien o mal situado en un saneamiento u otras decisiones en 

virtud de la ley de la materia; que los terrenos que desean sanear fueron 

mensurados dentro de otra parcela, no es posible aceptar que sea 

saneado un terreno dentro de otra parcela ya debidamente saneada, 

pues los informes depositados en este expediente dicen que la parcela 

que se pretende sanear ocupa un área de 748,180.96 metros cuadrados, 



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dentro de la Parcela núm. 1005, así como también ocupa un área de 

41,551.53 metros cuadrados, dentro de la Parcela núm. 455-T del 

Municipio de Higüey, así el Departamento Técnico de esta Jurisdicción 

dice que la parcela en litis no existe el Canal de La Mona y 

superabundante ese informe de mensura, dice que la parcela en litis fue 

mensurada ocupando parte de la ocupación de la parte recurrida, 

señores Pedro Rijo Castillo y Marcelino Rodríguez Martínez”; 

Considerando, que además, el Tribunal a-quo para rechazar los 

alegatos de la segunda parte recurrente, los señores Gaspar Reyes y Dilio 

Antonio Guerrero, indicó, en resumen, lo siguiente: “ que este tribunal 

entiende que los recurrentes puede ser que tengan alguna posesión de 

terrenos, pero de acuerdo a las inspecciones técnicas realizadas por los 

inspectores del Departamento Técnico de la Dirección General de 

Mensuras, la parcela en litis que se pretende sanear, ocupa terrenos 

propiedad de otros legítimos propietarios, por lo cual es imposible 

aceptar este saneamiento de la parcela en litis, pues ocupa terrenos; que 

no es posible aprobar el saneamiento de la parcela en litis, porque la 

misma ocupa terrenos propiedad de los señores Marcelino Rodríguez 

Martínez y Pedro Rijo Castillo; que concluye el Tribunal a-quo 

indicando, que luego del estudio de los documentos y en especial los 



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reportes técnicos de la Dirección General de Mensuras Catastrales, el 

juez de primer grado hizo una correcta y eficaz instrucción del 

expediente, al determinar la preponderancia de las pruebas, tomó en 

consideración todos los hechos y circunstancias de la causa, 

especialmente al tomar en consideración los reportes de inspección 

hechos por la Dirección General de Mensuras Catastrales”; 

Considerando, que en cuanto a los informes depositados, en la 

sentencia impugnada se enuncia el reporte de inspección de fecha 28 de 

mayo de 2007 realizado por el agrimensor Juan Antonio Disla García, 

depositado por el señor Gaspar Reyes; así el informe sobre vía de acceso, 

emitido por el agrimensor Saulo Alfredo Salce Ureña, depositado por 

Héctor Rocha y compartes; por igual se encuentra descrito como 

depositados por el señor Marcelino Rodríguez Martínez y Pedro Rijo 

Castillo, copia del reporte de Inspección de fecha 15 de enero y 17 de 

mayo de 2007 y 8 de junio de 2008, aprobado por la Dirección Regional 

de Mensuras Catastrales, copia del reporte de Inspección núm. 00262 de 

fecha 31 de enero de 2008 aprobado por la Dirección Regional de 

Mensuras Catastrales, copia del reporte de Inspección núm. 00395 de 

fecha 9 de junio de 2008 aprobado por la Dirección Regional de 

Mensuras Catastrales y copia del reporte de Inspección núm. 00607 de 



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fecha 16 de octubre de 2008 aprobado por el inspector de la Dirección 

Regional de Mensuras Catastrales, es decir que fueron preparados 

reportes de inspección por tres agrimensores diferentes, coincidiendo 

los reportes de los agrimensores Saulo Alfredo Salce Ureña y Juan 

Antonio Disla, en cuanto a que la parcela de los recurrentes estaba 

correctamente ubicada, y el tercero preparado por Arismendy Henríquez 

que favorecía a los recurridos; 

Considerando, que ante informes contradictorios avalados por el 

órgano técnico regulador como es la Dirección de Mensuras, los jueces 

debieron explicar las razones que lo llevaron a dar preferencia a uno de 

estos y a descartar los otros, máxime cuando los primeros informes que 

fueron favorables a los recurrentes también fueron ordenados por el 

Tribunal de Jurisdicción Original; o en su defecto ordenar otro informe, 

para así lograr que la prueba técnica que era relevante en los casos de 

conflictos de derechos que catastralmente se contradicen, se constituyera 

en un elemento probatorio de carácter objetivo; que siendo este punto 

uno de los argumentos en que se basó la parte recurrente al interponer el 

recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Tierras, los jueces 

debieron establecer los motivos que los condujeron a no considerar los 

reportes de inspección preparados por el agrimensor Juan Antonio Disla 



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en el cual se señalaba que la parcela saneada por los recurrentes no 

abarcaban las parcelas propiedad de los recurridos; que al obrar de esta 

manera incurrieron en una falta de ponderación de la prueba y de 

motivos que lo respalden; por tales razones, procede acoger el medio 

analizado, y casar la sentencia impugna, sin necesidad de analizar los 

demás medios propuestos en el recurso; 

Considerando, que de acuerdo a lo previsto por el artículo 20 de la 

Ley sobre Procedimiento de Casación, siempre que la Suprema Corte de 

Justicia casare un fallo enviará el asunto ante otro tribunal del mismo 

grado o categoría que aquel de donde proceda la sentencia que sea 

objeto del recurso; 

Considerando, que toda parte que sucumbe en justicia será 

condenado al pago de las costas, de conformidad con el artículo 65 de la 

Ley sobre Procedimiento de Casación. 

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia dictada por el Tribunal 

Superior de Tierras del Departamento Central, el 13 de septiembre de 

2011, en relación a la Parcela núm. 004-18315 del Distrito Catastral núm. 

11/9 del municipio de Higüey, provincia La Altagracia, cuyo dispositivo 

se ha copiado en parte anterior de la presente sentencia, y envía el asunto 

por ante el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Este; 



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Segundo: Condena a la parte recurrida al pago de las costas, con 

distracción a favor de los Dres. Rafael Octavio Ramírez, Rafael Helena 

Regalado y Manuel Escoto Minaya, quienes afirman haberlas avanzado 

en su mayor parte o totalidad. 

Así ha sido hecho y juzgado por la Tercera Sala de lo Laboral, 

Tierras, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la 

Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por la misma, en 

la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la 

República, en su audiencia pública del 20 de abril de 2016, años 173° de 

la Independencia y 153° de la Restauración. 

(Firmados).- Manuel Ramón Herrera Carbuccia.- Edgar Hernández 

Mejía.- Sara I. Henríquez Marín.- Robert C. Placencia Alvarez . 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces 

que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella 

expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que 

certifico. 

La presente copia se expide en Santo Domingo, Distrito Nacional, hoy 

25 de mayo de 2016, a solicitud de la parte interesada. Exonerada de pagos 

de impuestos y sellos de Impuestos Internos. 

MERCEDES A. MINERVINO A. 

Secretaria General Interina 



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