SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Dios Patria y Libertad

Exp. 2016-417
Rc: Carlos Ezequiel Peña Vásquez
Fecha: 29 de agosto de 2016
Sentencia núm. 918
REPÚBLICA DOMINICANA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Mercedes A. Minervino A., Secretaria General Interina de la Suprema Corte de Justicia, certifica. Que en los
archivos a su cargo existe un expediente que contiene una sentencia de fecha de 29 de agosto de 2016, que dice:
Dios, Patria y Libertad
República Dominicana
En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia, regularmente constituida por los Jueces Miriam Concepción
Germán Brito, Presidente; Esther Elisa Agelán Casasnovas, Alejandro
Adolfo Moscoso Segarra y Fran Euclides Soto Sánchez, asistidos del
secretario de estrados, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad
de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 29 de agosto de
2016, años 173° de la Independencia y 154° de la Restauración, dicta en
audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por Carlos Ezequiel Peña
Vásquez, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y
electoral núm. 096-0018902-2, domiciliado y residente en la calle Proyecto
4, núm. 6, Reparto Oquet, Santiago, imputado, contra la sentencia núm.
00506-2014, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del
Av. Enrique Jiménez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep.
Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do
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Departamento Judicial de Santiago el 17 de octubre de 2014, cuyo
dispositivo se copia más adelante;
Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;
Oído al Licdo. Hilario Alejandro Sánchez por sí y por los Licdos. Juan
Carlos Ortiz e Ismael Comprés, quienes actúan a nombre y representación
de Josuan Emmanuel Fernández Fernández y José Antonio Fernández
Matos, en sus conclusiones;
República;
Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la
Visto el escrito contentivo del memorial de casación suscrito por el
Licdo. Félix Antonio Almánzar, en representación del recurrente,
depositado el 5 de junio de 2015, en la secretaría de la Corte a-qua,
mediante el cual interpone dicho recurso;
Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia, que declaró admisible el recurso de casación interpuesto por el
recurrente, fijando audiencia para el conocimiento del mismo el día 4 de
mayo de 2016;
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Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núms. 156 de
1997 y 242 de 2011;
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber
deliberado y, visto la Constitución de la República; los Tratados
Internacionales que en materia de derechos humanos somos signatarios; la
norma cuya violación se invoca, así como los artículos 70, 246, 393, 394, 399,
400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, modificado por
la Ley núm. 10-15; la Ley núm. 278-04, sobre Implementación del Proceso
Penal, instituido por la Ley núm. 76-02, la Resolución núm. 2529-2006,
dictada por la Suprema Corte de Justicia el 31 de agosto de 2006 y la
Resolución núm. 3869-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 21
de diciembre de 2006;
Considerando, que en la decisión impugnada y en los documentos
que en ella se refieren, son hechos constantes los siguientes:
a) que en fecha de julio de 2011, el Cuarto Juzgado de la Instrucción
del Distrito Judicial de Santiago, dictó auto de apertura a juicio en contra
de Carlos Ezequiel Peña Vásquez, por presunta violación a las
disposiciones de los artículos 59, 62, 379 y 385 del Código Penal
Dominicano;
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b) que para el conocimiento del fondo del asunto fue apoderado el
Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Santiago, el cual en fecha 27 de agosto de
2012, dictó sentencia núm. 285/2012 y su dispositivo es el siguiente:
“En el aspecto penal: PRIMERO: Declara al ciudadano
Carlos Ezequiel Peña Vásquez, dominicano, mayor de edad,
unión libre, comerciante, portador de la cédula de identidad
y electoral núm. 096-0018902-2, domiciliado y residente en
la calle Proyecto 4, núm. 6, Reparto Oquet, Santiago,
culpable de violar las disposiciones consagradas en los
artículos 59, 62, 379 y 385, del Código Penal Dominicano,
en perjuicio de Josuan Enmanuel Fernández Fernández y
José Antonio Fernández Matos; SEGUNDO: Condena al
ciudadano Carlos Ezequiel Peña Vásquez, a cumplir en el
Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres de
esta ciudad de Santiago, la pena de tres (3) años de
detención. En el aspecto civil: TERCERO: En cuanto a la
forma, acoge como buena y valida la querella con
constitución en actor civil interpuesta por Josuan Enmanuel
Fernández Fernández y José Antonio Fernández Matos por
intermedio de sus abogados Licdos. Juan Carlos Ortiz,
Ismael Comprés y Jaime Guzmán Caraballo, por haber sido
hecha en tiempo hábil y conforme lo dispone la ley;
CUARTO: En cuanto al fondo, condena al ciudadano
Carlos Ezequiel Peña Vásquez al pago de una
indemnización ascendente a la suma de Seiscientos Mil
Pesos (RD$600.000.00), a favor de los señores Josuan
Enmanuel Fernández Fernández y José Antonio Fernández
Matos por los daños morales sufridos por éstos consecuencia del
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hecho punible; QUINTO: Condena al ciudadano Carlos
Ezequiel Peña Vásquez, al pago de las costas penales y
civiles, estas últimas a favor y provecho de los Licdos. Juan
Carlos Ortiz, Ismael Comprés y Jaime Guzmán Caraballo,
quienes afirman haberlas avanzado en su mayor parte;
SEXTO: Acoge parcialmente las conclusiones vertidas por
el Ministerio Público y la parte querellante y rechaza por
improcedentes las de la defensa técnica del imputado;”
c) que con motivo del recurso de alzada intervino la sentencia núm.
506/2014, ahora impugnada, dictada por la Cámara Penal de la Corte de
Apelación del Departamento Judicial de Santiago el 17 de octubre de 2014,
y su dispositivo es el siguiente:
“PRIMERO: Desestima en el fondo el recurso de apelación
interpuesto por el imputado Carlos Ezequiel Peña Vásquez,
quien tiene como abogado constituido y apoderado especial
al Licenciado Félix Antonio Almánzar; en contra de la
sentencia núm. 285/2012, de fecha veintisiete (27) del mes
de agosto del año dos mil doce (2012), dictada por el Primer
Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del.
Distrito Judicial Santiago; SEGUNDO: Confirma la
sentencia impugnada; TERCERO: Condena a Carlos
Ezequiel Peña Vásquez, al pago de las costas”;
Considerando, que el recurrente propone como medio de casación,
en síntesis, lo siguiente:
“Único Medio: Inobservancia y errónea aplicación de una
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disposición legal. Que la Corte en la sentencia impugnada
hizo una incorrecta aplicación de una disposición de orden
legal, al no observar las disposiciones contenidas en los
artículos 61 y 62 del Código Penal Dominicano y en su
contenido no explica los motivos al recurrente del porque
dicha inobservancia, cuando el recurrente concluyó en esa
dirección, más aún cuando estas disposiciones legales son
claras y no aplican para la infracción de la complicidad. Como
llegó la Corte a la conclusión de que el recurrente conocía la
conducta criminal de los malhechores, si ni siquiera conocía a
esas personas que cometieron los hechos. De la corta y breve
lectura de las disposiciones legales que han sido inobservadas
por la Corte, en perjuicio del recurrente hay que distinguir
dos aspectos fundamentales: a) en qué consiste la
complicidad; y b) cómo se castiga la complicidad. De la
lectura de los artículos 60, 61 y 62 del Código Penal
Dominicano se desprende que la complicidad comprende dos
elementos constitutivos esenciales: un hecho principal
castigable como crimen o delito y un hecho intencional y legal
de complicidad. En el presente proceso ha existido un hecho
principal castigable, no así el hecho intencional y legal de la
complicidad, porque los referidos textos legales, disponen que
el cómplice debe tener conocimiento del hecho principal, debe
tener la intención culpable, esto es haber conocido la voluntad
del autor de cometer el crimen o delito. Existen diferentes
modalidades de complicidad, pero por la que ha sido
condenado el recurrente es por ocultamiento de un vehículo
de motor que había sido robado. La complicidad por
ocultación consiste en esconder las cosas robadas o dar asilo a
los malhechores (encubrir personas)”;
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Considerando, que para fallar en ese sentido, la Corte a-qua dio por
establecido, en síntesis, lo siguiente:
“…El escrutinio de la decisión atacada deja ver, que para
producir la condena el a-quo dijo, entre otras consideraciones,
que recibió en el juicio las declaraciones del Licdo. José Aníbal
Trejo, Fiscal Adjunto, quien ante el plenario de este tribunal,
manifestó lo siguiente: “Me trasladé acompañado por
miembro de la Policía Nacional al domicilio del imputado, y
luego de identificarnos como miembros del ministerio público,
le solicite al imputado Carlos Ezequiel Peña Vasquez, que nos
acompañara a presenciar las labores de requisa que estábamos
realizando, y en la sala de su apartamento encima del sofá
oculto dentro de un cojín crema, ocupé una llave para
vehículo con el logo Toyota, y en ese mismo sofá oculto dentro
de un cojín con rayas de diversos colores, ocupe un cargador
para escopeta conteniendo siete cartuchos vivos para escopeta
calibre 12, mientras que en el área del lavadero, ocupamos un
radio para vehículo de la marca Suzuki y un farol de alógeno
para vehículo con la marca Nissan. En la habitación principal
de la residencia, donde duerme el imputado, en el interior de
la gaveta superior del extremo derecho del gavetero, un carnet
para tenencia de arma de fuego, con la imagen y el nombre
del imputado, y en la gaveta de la mesita de noche ubicada al
lado izquierdo de la cama del imputado ocupamos siete llaves
para vehículos. En la segunda habitación de las tres que tiene
el apartamento se ocupó un bumper delantero para jeepeta
Toyota Prado color blanco, un guarda lodo delantero para
Jeepeta Toyota Prado color blanco, un guarda lodo delantero
derecho para jeepeta marca Toyota Prado color blanco, un
gordo lado trasero derecho para jeepeta Toyota Prado; Que si
bien el imputado alega que dicho vehículo le fue entregado para
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venderlo porque el solo se dedicaba a la venta y compra de
vehículos, y de que no sabía que dicho vehículo había sido
robado, no menos cierto es, que su participación fraudulenta
se pone de manifiesto en el presente caso dada la situación de
que la llave del vehículo en cuestión se encontró oculta en su
apartamento, el cual fue Identificado con el núm. 2c, y la cual
fue encontrada en la sala de dicho apartamento dentro de un
cojín con forro color crema encima del sofá la cual fue
identificada porque tenía el logo de Toyota y la verificación en
cuanto a que correspondía a la jeepeta marca Toyota, modelo
Prado, color vino, chasis JTEBY25J200054779, año 2007
placa G16036, se efectuó al comprobarse de que la misma fue
encendida con dicha llave; que ante lo ocurrido el imputado
solo se limitó a alegar que recibió dicho 'vehículo de manos de
una persona que sólo dice que se le identificó como José
Antonio Acosta Almonte, y que se la llevó para que se la
vendiera, que para tales fines le presentó una fotocopia de la
matricula sin que ésta estuviera acompañada de otros
documentos que probaran la realidad de que esa persona tenia
derechos a poner en sus manos ese vehículo para tales fines;
Razonó el a quo conforme a la infracción de que se trata, que
el tipo penal de ocultación de objetos robados se encuentra
previsto y sancionado en los artículos 59, y 62 del Código
Penal, los cuales por separados expresan lo siguiente;
Concluye diciendo, que en el caso de la especie al analizar la
participación del imputado Carlos Ezequiel Pena Vásquez
(A) Carlitos Persiana, hemos podido determinar su grado de
culpabilidad en la comisión del hechos imputado, toda vez que
las condiciones antes señaladas se encuentran presente, y por
vía de consecuencia. Existe un lazo de causalidad y resultado
entre su participación y la forma en que se desencadenó la
infracción cometida, tal y como en otra parte de esta decisión
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ha quedado debidamente explicado. La Corte no tiene nada
que reprochar con relación al problema probatorio y a la
suficiencia de las pruebas como base de la condena. Y es que
la víctima y testigo Josuan Enmanuel Fernández, a quién el
tribunal le creyó, contó durante el juicio," estoy aquí para
hablar de un secuestro, pues yo estaba en la casa de una
amiga mía y como a los tres minutos llegaron tres personas
diciendo que eran policías, quienes portaban armas de fuego
con las cuales me encañonaron y me quitaron la Jeepeta en la
que yo andaba propiedad de mi padre la cual es una Jeepeta
marca Toyota, Modelo Prado, color rojo vino, además me
llevaron la suma de Diecisiete Mil Pesos (17,000.00) en
efectivo, un (1) guillo de oro amarillo; un (1) celular marca
Iphone, color negro, un (1) anillo de oro; la billetera
conteniendo en su interior documentos personales. Ellos me
obligaron a montarme en la parte de atrás de la jeepeta en la
que yo andaba y me trasladaron a una finca ubicada en la
Provincia Duarte, en donde me dejaron sin ropa y sin zapato,
luego ellos hicieron tres disparos al aire y se fueron en la
jeepeta, yo caminé como dos horas a pies pidiendo auxilio a
los vehículos que pasaban y dos señores que andaban en un
motor llamaron a mi familia y entonces mi familia me rescató,
eso es todo señores magistrados. Respecto a las pruebas
valoradas por el a quo para fundamentar su condena, no
sobra decir en este punto, reiterando una doctrina firme de la
Corte (fundamento jurídico 1, sentencia 0942/2008 del 19 de
agosto; fundamento jurídico 14, sentencia 0216/2008 del 8 de
junio), que lo relativo a la credibilidad dada por el tribunal de
sentencia a declaraciones testimoniales (en este caso las de la
víctima del atraco y la del fiscal actuante en la investigación
y que posteriormente declaro en el juicio) depende de la
inmediación, es decir, si el testigo declaró tranquilo, si fue
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pausado, si mostró seguridad, lo cual es un asunto que escapa
al control del recurso, en razón de que ¿cómo le enmienda la
plana la Corte de Apelación que no vio ni escuchó al testigo, a
los jueces del juicio que sí lo vieron y lo escucharon?, a no ser
que se produzca una desnaturalización de la prueba
testimonial, lo que no ha ocurrido en la especie; por lo que el
motivo analizado debe ser desestimado”;
Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y los
medios planteados por la parte recurrente:
Considerando, que alega el recurrente, en síntesis, en el único medio
de su acción recursiva, que la Corte a-qua en su sentencia hizo una
incorrecta aplicación de una disposición de orden legal al no observar las
disposiciones contenidas en los artículos 61 y 62 del Código Penal
Dominicano, no explicando los motivos del porqué de su inobservancia,
cuando el recurrente concluyó en esa dirección. Que en el presente caso ha
existido un hecho principal castigable, no ha así el hecho intencional y legal
de la complicidad, porque los referidos textos legales, disponen que el
cómplice debe tener conocimiento del hecho principal, debe tener la
intención culpable, esto es haber conocido la voluntad del autor de cometer
el crimen o delito y el imputado no conocía a las personas que cometieron
los hechos;
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Considerando, que respecto a lo aducido de que la Corte a-qua no dio
respuesta respecto del tipo penal de la complicidad, incurriendo en
inobservancia de las disposiciones de los artículos 61 y 62 del Código Penal
Dominicano, la Corte a-qua estableció de manera motivada, lo siguiente:
“Que si bien el imputado alega que dicho vehículo le fue
entregado para venderlo porque él solo se dedicaba a la venta
y compra de vehículos, y de que no sabía que dicho vehículo
había sido robado, no menos cierto es, que su participación
fraudulenta se pone de manifiesto en el presente caso dada la
situación de que la llave del vehículo en cuestión se encontró
oculta en su apartamento, el cual fue identificado con el
número 2C, y la cual fue encontrada en la sala de dicho
apartamento dentro de un cojín con forro color crema encima
del sofá la cual fue identificada porque tenía el logo de Toyota
y la verificación en cuanto a que correspondía a la jeepeta
marca Toyota, modelo Prado, color vino, chasis
JTEBY25J200054779, año 2007, placa G16036, se efectuó al
comprobarse de que la misma fue encendida con dicha llave;
que ante lo ocurrido el imputado solo se limitó a alegar que
recibió dicho vehículo de manos de una persona que solo dice
que se le identificó como José Antonio Acosta Almonte, y que
se la llevó para que se la vendiera, que para tales fines le
presentó una fotocopia de la matrícula sin que esta estuviera
acompañada de otros documentos de que probara la realidad
de que esa persona tenía derecho a poner en sus manos ese
vehículo para tales fines. Razonó el a-quo conforme a la
infracción de que se trata, que el tipo penal de ocultación de
objetos robados se encuentra previsto y sancionado en los
artículos 59 y 62 del Código Penal. Que la Corte no tiene nada
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que reprochar con relación al problema probatorio y a la
suficiencia de las pruebas como base de la condena”;
Considerando, que de lo antes transcrito, esta Segunda Sala advierte,
que contrario a lo expuesto por el recurrente, la Corte a-qua ofreció
motivos de las razones que tuvo a bien acoger el tribunal de primer grado
para retenerle responsabilidad penal al encartado, estableciendo que el
mismo fue condenado en base a las pruebas aportadas, tanto testimoniales
como documentales, que arrojaron fuera de toda duda razonable la
participación del justiciable en el hecho endilgado; que en el caso de la
especie, la valoración de los medios de pruebas aportados se realizó
conforme a la sana crítica racional y el debido proceso de ley, por lo que
contrario a lo aducido por el reclamante la sentencia dictada por la Corte a-
qua contiene una correcta fundamentación respecto a la queja esbozada, no
verificándose el vicio atribuido, por lo que procede desestimar el señalado
alegato;
Considerando, que es pertinente dejar por establecido, que el
presente caso se trata de una infracción que ha sido cometida por varias
personas y estas no necesariamente se encuentran en la misma situación
en cuanto a su participación se refiere, toda vez que pueden ser inducidas
a una respuesta motivada por un impulso individual, que se efectúa en
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un mismo momento, no importando que su acción influya sobre otros,
aún cuando ésta no ha sido concertada con nadie; que también es cierto,
que cuando entre los mismos individuos exista un acuerdo, una acción
común, un esfuerzo conjunto, concertado, una meta, una misma intención
para realizar el ilícito penal propuesto, su accionar, más que la figura de
la complicidad caracteriza la figura de coautor;
Considerando, que nada hay que reprocharle a la sentencia dictada
por la Corte a-qua, ya que la misma hizo una correcta interpretación y
aplicación de los textos que sirvieron de base legal a la sentencia emanada
por el tribunal de primer grado, cumpliendo con las garantías
constitucionales del recurrentes, en consecuencia procede el rechazo del
recurso de casación interpuesto, conforme a lo establecido en el artículo
427.1 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley 10-15 del 10 de
febrero de 2015.
Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia,
FALLA:
Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto
por Luis Daniel Peñaló Ramírez, contra la sentencia
núm. 00506-2014, dictada por la Cámara Penal de la
Corte de Apelación del Departamento Judicial de
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Santiago el 17 de octubre de 2014, en consecuencia
confirma la decisión recurrida, cuyo dispositivo
aparece copiado en parte anterior del presente fallo;
Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas
del proceso;
Tercero: Ordena la notificación de la presente
decisión a las partes y al Juez de la Ejecución de la
Pena del Departamento Judicial de Santiago.
(Firmados).-Miriam Concepción Germán Brito.-Esther Elisa Agelán
Casasnovas.-Alejandro Adolfo Moscoso Segarra.-Fran Euclides Soto
Sánchez.-
La presente sentencia ha sido dada y firmada por los Jueces que
figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año
en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria
General, que certifico.
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