el principio de legitimidad de la prueba y el requerimiento de ...

vulnerado ningún aspecto garantista del debido proceso ni el núcleo
esencial de los derechos fundamentales de los presuntos culpables, puesto
que por la urgencia tuvo que ejecutarse sin orden judicial.
5.2.- Definición:
Según el diccionario de la Real Academia Española, confirmación
proviene del latín confirmaño”, que significa acción y efecto de
confirmar; en tanto que, confirmar, significa: corroborar la verdad, la
certeza o el grado de probabilidad de algo, revalidar lo ya aprobado.
Asegurar, dar a alguien o algo mayor firmeza o seguridad.
A partir del significado común del término “confirmar”, de la regulación
normativa del NCPP y de su ubicación sistemática en el libro de actividad
procesal y en la sección II sobre la prueba; se puede afirmar que la
convalidación es un acto procesal por el cual, el Juez, a instancia del
Ministerio Público, le otorga mayor firmeza o seguridad a las fuentes de
prueba obtenidas a partir de la aplicación de medidas que restringen
Derechos Fundamentales del imputado, y que se han llevado a cabo sin
una previa orden judicial por tratarse de casos de urgencia o peligro por la
demora. Se trataría de una autorización judicial ex post, es decir posterior
a la realización de la medida, porque no hubo tiempo para solicitarla por
la premura de la situación. Situación que el juez de la investigación
preparatoria tendrá que analizar y ponderar a fin de que las pruebas
obtenidas por la medida restrictiva tengan plena validez como prueba
lícita.
5.3.-¿Cuál es su fundamento?
El legislador del Nuevo Código Procesal Penal al regular la legalidad de
ciertas medidas restrictivas de derechos, ha querido dejar en claro, que
cuando se adopte una de ellas se proteja el núcleo esencial de los derecho
fundamentales transgredidos por dicha medida, para que así no se vulnere
ningún derecho fundamental, puesto que lo que se permite es restringir un
derecho fundamental en aras de la efectividad de la persecución penal,
pero esta proscrita la vulneración de un derecho fundamental.
Por ello, con la finalidad de garantizar que no se cometan excesos, se han
establecido ciertos presupuestos, tales como: La legalidad de la medida
(que se aplique conforme a las exigencias que impone la Ley), la
motivación de la autorización de la medida cuando proviene de una
decisión judicial o la confirmación judicial cuando la decisión fue tomada
por la Policía o el Fiscal, en casos de urgencia o peligro por la demora.
Consideramos que es inevitable que se adopten en forma excepcional
estas medidas restrictivas de derechos, por esa razón han sido legisladas,
puesto que corresponde al Estado garantizar la seguridad, el orden público
y el bienestar general (que son fines constitucionales) y, dentro de un
proceso penal, la eficacia de la labor de los operadores oficiales (Policía
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