EL MUNDO INDIGENA 2012

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de Obama veía la declaración como un “instrumento internacional aspiracional no
legalmente vinculante” que “tiene fuerza tanto moral como política”. Esta caracterización
limita la Declaración. De acuerdo con Laverdure, el gobierno de Obama está
trabajando en cinco asuntos principales para implementar el espíritu de la declaración:
“La consulta y cooperación antes de adoptar medidas que puedan afectar a los
pueblos indígenas; mantener, proteger y asegurar el acceso a los sitios religiosos y
culturales indígenas privados; proteger las tierras, territorios y recursos naturales indígenas;
mejorar las condiciones sociales y económicas de los pueblos indígenas; la
vida en libertad, paz y seguridad como pueblos diferenciados”. Sin embargo, ninguna
de estas iniciativas trata el estatus legal y político de las naciones indígenas en Estados
Unidos. En lugar de eso, la mayor parte de las iniciativas del gobierno federal
intentan tratar estos asuntos incrementando el acceso individual a los recursos. De
esta manera, las iniciativas del Gobierno parecen socavar, de hecho, las nociones de
la Declaración, donde los pueblos indígenas tienen derechos en tanto pueblos y no
sólo como ciudadanos individuales. La excepción es la iniciativa de consulta y cooperación,
que fue retrasada (ver El mundo indígena 2011) y, al implementarse, a menudo
enterró a las tribus en solicitudes burocráticas en lugar de iniciar un verdadero
diálogo sobre temas importantes.
Robert Coulter, director ejecutivo del Centro Indígena de Recursos Legales, 2 testificó
en la misma audiencia que: “la Declaración puede ser útil como guía para provocar
un cambio positivo” en el marco de la ley sobre los pueblos indígenas, que “no
sólo es inconsistente con nuestra Constitución y las normas de derechos humanos de
todo el mundo” sino que también crea “consecuencias adversas enormes” para las
naciones indígenas de Estados Unidos. No hay dudas de que la ley sobre los pueblos
debería cambiar si Estados Unidos implementara la Declaración tal como está previsto.
Sin embargo, la limitación de la Declaración como un documento no vinculante,
“aspiracional”, no da muchas esperanzas. Son las naciones indígenas las que están
presionando para que se implemente la Declaración, no el Gobierno. Duane Yazzie,
que declaró por parte de la Nación Navajo, afirmó que esto “obligará a Estados Unidos
a rendir cuentas de su responsabilidad ante los indígenas norteamericanos”. Al
igual que otros, Yazzie presionó por una ratificación de la Declaración y una integración
de la Declaración dentro de la ley existente. En el contexto de la implementación,
Fawn Sharp, presidente de la Nación Quinault, señaló que lo que se necesita es un
verdadero diálogo: “Por ‘diálogo’ me refiero a una discusión entre soberanos para
resolver las diferencias, no una ‘consulta’ que se ha interpretado como algo que habilita
a Estados Unidos a retener unilateralmente todo el poder de decisión”.