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GRUPO II IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN
CAPÍTULO 15. DERECHOS HUMANOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
Lo anterior sugiere que la migración inducida por el poco rendimiento de los cultivos a causa del cambio climático (Albo y
Ordaz, 2011).implicará un problema importante en varias regiones del mundo incluyendo gran parte de África, la India, Bangladesh,
América y Australia, entre otros, cuya población rural podría ser la más afectada con efectos globales que pueden ser
enormes, especialmente si las concentraciones de GEI continúan en aumento; dadas estas proyecciones, países como Estados
Unidos de Norteamérica considerados como receptores de migrantes, se espera que enfrenten altos índices de migración de
personas provenientes de países particularmente vulnerables a los efectos del cambio climático, como es el caso de México,
pues se estima que para el año 2080 la disminución de la producción agrícola atribuible al cambio climático, debido a sequías,
inundaciones y pérdida de tierra cultivable, inducirá a que entre 1.4 y 6.7 millones de mexicanos adultos (o del 2% al 10% de la
población de entre 15 y 65 años) intenten emigrar a los Estados Unidos de Norteamérica (Feng, Krueger y Oppenheimer, 2010).
En el análisis de la relación entre cambio climático y migración, resultan destacables las diferencias en las que mujeres y
hombres son afectados por fenómenos del cambio climático y las posibles diferencias en la migración como estrategia de adaptación.
En un estudio de caso, en el que se realizaron entrevistas con mujeres y hombres en seis comunidades en el sur del estado
mexicano de Chiapas, una zona altamente afectada por fenómenos asociados con el cambio climático y que son intensificados
por un acelerado deterioro ambiental, básicamente se concluyó que debido a los roles de género adscritos por la sociedad, los
hombres son afectados en el ámbito del trabajo remunerado, específicamente en la agricultura, lo que constituye un factor importante
en la migración de muchos varones; por otro lado la mayoría de las mujeres son afectadas principalmente en el ámbito
del hogar al verse afectados los ingresos por la crisis agrícola y la economía en general. En cuanto a destinos de migración, los
hombres emigran a Estados Unidos de Norteamérica, en cambio las pocas mujeres que emigran en reacción a los impactos económicos
del cambio climático, consideran también como destinos ciudades mexicanas, tales como Tijuana, la Ciudad de México,
Nuevo Laredo y Cancún (Jungehülsing, 2010).
El caso de México como país de destino, también es trascendente, lo cual se hace patente en un estudio que se enfocó en los
desplazamientos de nacionales guatemaltecos a México y Estados Unidos de Norteamérica como resultado de la devastación
provocada por el Huracán Stan a finales del 2005, que impactó de manera intensa sobre Centroamérica, especialmente en Guatemala
(Calleros, 2012).
Desde el punto de vista de los derechos humanos, la dimensión del desplazamiento motivado por el cambio climático implica
que cada persona que se ve obligada a abandonar su hogar en contra de su voluntad debe disfrutar de una solución que
respete sus derechos, los proteja y, si es necesario, los cumpla de acuerdo a lo reconocido en disposiciones internacionales en
materia de derechos humanos (Leckie, 2008; Espósito y Torres, 2012), ello debido a que el Consejo de Derechos Humanos ha
identificado a los efectos del cambio climático como una amenaza para el goce y disfrute de derechos humanos, tales como los
derechos a la vida, la salud, la alimentación, el agua, la vivienda y la libre determinación (Consejo de Derechos Humanos, 2009)
y ha reconocido que dicho fenómeno junto con la degradación ambiental y la desertificación están exacerbando la miseria, con
consecuencias negativas para el pleno disfrute del derecho a la alimentación, en particular en los países en desarrollo (Consejo
de Derechos Humanos, 2012).
Los impactos del cambio climático pueden afectar el acceso a la vivienda para millones de personas y conducir al desplazamiento
forzado masivo. El incremento en la intensidad y frecuencia de las grandes tormentas y huracanes han dejado ya cientos
de miles de personas sin hogar y sin una vivienda adecuada en América Latina debido a las inundaciones y deslizamiento de
lodo, aunado a ello la elevación en el nivel del mar podría destruir las casas e infraestructura, lo que obligaría al desplazamiento
interno masivo de la población (Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, 2011).
De acuerdo con las Directrices Operacionales sobre la protección de los derechos humanos en situaciones de desastres naturales,
adoptadas por el Comité Permanente entre Organismos (IASC por sus siglas en inglés), las personas afectadas pueden
enfrentar múltiples desafíos en materia de derechos humanos después de una catástrofe natural (Inter-Agency Standing Committee,
2011), especialmente aquellas que se ven forzadas a abandonar su hogar o lugar de residencia debido a un desastre natural,
convirtiéndose en desplazados internos o en el peor de los casos internacionales, cuya violación a sus derechos humanos generalmente
se debe a la falta de capacidad del Estado para otorgar su protección, ello debido a la ausencia de una planificación
y preparación adecuada que genere una estructura institucional para responder en casos de desastres naturales en beneficio
de todos los afectados, por ejemplo en materia de salud, alimentación y vivienda entre otros, además de que jurídicamente no
hay un reconocimiento legal para los desplazados por motivos ambientales (Ibarra, 2014). Es cierto que el gobierno mexicano
cuenta con planes, programas y protocolos para la prevención y atención de desastres, incluso las evacuaciones a gran escala
que han funcionado correctamente en el caso de varios huracanes han sido reconocidas por la Naciones Unidas, sin embargo,
la reconstrucción de las zonas afectadas varían de región a región, principalmente debido a los intereses económicos (prioridad
para áreas turísticas), donde el problema general de desarrollo desigual es reflejado también en prevención y atención de desastres,
dejando desprotegidos a varios sectores sociales, violando sus derechos humanos (Feng, Krueger y Oppenheimer, 2010).
Por otro lado, además de las graves consecuencias humanitarias, se pone de manifiesto los efectos significativos en los ecosistemas
circundantes, generando importantes repercusiones ambientales en las zonas de origen, las zonas de destino, y en las
rutas migratorias, contribuyendo a una mayor degradación ambiental con la consecuente afectación a la biodiversidad (Brown,
2008). De ahí que los futuros flujos migratorios por cuestiones ambientales sean considerados también como un problema de
seguridad internacional (Solana, 2008).
Las autoridades mexicanas reconocen que los principales efectos del cambio climático tienen repercusiones de gran alcance,
sin embargo los efectos que se podrían catalogar como secundarios, como por ejemplo en materia de seguridad, han recibido
una atención menor, sin dejar de ser importantes. El fenómeno migratorio es complejo y entretejido entre aspectos demográficos,
sociales, políticos, económicos y ambientales, de ahí que los responsables de políticas públicas deban considerar los estudios
de caso que se han llevado a cabo, con el objetivo de comprender la relación entre el cambio ambiental, la migración y la
seguridad (Deheza y Mora, 2013), sin descuidar el vínculo relevante que existe en materia de protección de derechos humanos,
sobre todo en México, donde el impacto del cambio climático en el desplazamiento de las personas no ha sido ampliamente
profundizado con todas sus vertientes.
5. Acceso al agua potable y cambio climático
Al conjugar derechos humanos, acceso al agua y cambio climático, encontramos un “coctel” que ha sido bienvenido por la comunidad
académica mexicana, por varias razones, que exponemos en orden cronológico: la vocación agrícola de México, como
eje potenciador del desarrollo, posterior a la Revolución Mexicana (Aboites, 2004); el uso del agua en los procesos industriales,
que en la etapa del desarrollo estabilizador (décadas de los años 50 y 60 del siglo XX) fue la apuesta de los gobiernos de entonces,
convirtiéndose desde entonces, las grandes industrias en altos demandantes del agua y en sus principales contaminadores
(Aboites, 2004; CONAGUA, 2013); el crecimiento acelerado de las grandes concentraciones urbanas, especialmente México, Guadalajara
y Monterrey, sin embargo, posterior a la década de los 80 una veintena de ciudades también crecieron de manera espectacular
(Domínguez y Graizbord, 2011) y su correspondiente consumo de agua (CONAGUA, 2013); los evidentes cambios en el
clima, notorios a partir de 1994, y que además de haber incrementado la temperatura media (Romero-Lankao, 2009), han llevado
a extremos los días más calurosos, sumado a la presencia de fenómenos más violentos y abruptos en forma de tormentas y huracanes
que descargan más en menos (agua-tiempo), prolongación de las sequías, a veces hasta por varios años (Romero, 2009).
El agua como tema monográfico, ya decíamos, ha sido abordado por diversos tratadistas desde los años 60 (García, 2008; Carabias
y Landa, 2005), la producción científica aumentó conforme los problemas relativos al agua cambiaron de ser una problemática
derivada por falta de infraestructura (Legorreta, 2006), a uno de “escases” por demanda (Simental, 2010), posteriormente,
el tema fue el de agotamiento de las fuentes (Legorreta, 2006), para finalmente, incluir el relativo a la contaminación-depuración
(Simental, 2010).
La visión tutelar de los derechos humanos, inició en México a principios de los años 90 del siglo pasado (Denton, 2006), la expansión
semántica de éste constructo dio sustento para incluir entre el listado de los derechos humanos específicos el derecho
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