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JURISPRUDENCIA PROCESAL CIVIL - EL DERECHO EN SU INTERPRETACIÓN JUDICIAL
JURISPRUDENCIA PROCESAL CIVIL
EL Derecho Y su INTERPRETACIÓN JUDICIAL
La nulidad procesal como una de las
consecuencias de la contravención
al Principio del Debido Proceso
Constitución Política del Perú
Artículo 139º Inciso 3
“Principios de la administración de justicia.- Son principios y derechos de la función
jurisdiccional:
(…)
3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.
Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni
sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por
órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto,
cualquiera sea su denominación”.
Código Procesal Civil
Artículo I del Título Preliminar
“Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.- Toda persona tiene derecho a la tutela
jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción
a un debido proceso”.
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La nulidad procesal como una de las consecuencias de la contravención…
JURISPRUDENCIA
“ Que, la contravención al debido proceso es sancionada ordinariamente con nulidad
procesal y se entiende por ésta, a aquel estado de anormalidad del acto procesal, originado
en la carencia de algunos de sus elementos constitutivos o en vicios existentes sobre ellos,
que potencialmente los coloca en la situación de ser declarado judicialmente inválido, a
su vez el estado de nulidad potencial no puede afectar el debido proceso, ya sea por ser
subsanable el vicio, por convalidación, o porque el acto ha cumplido con su finalidad y,
porque el acto ha cumplido con su finalidad y, porque además el agravio está sustentado
en un perjuicio cierto e irreparable; asimismo, la garantía al debido proceso implica también
el administrar justicia de acuerdo a las normas procesales, ya sea porque en razón a
su texto son consideradas imperativas o bien de estricto cumplimiento deficiente con la
respectiva declaración de nulidad, siendo ello así, es tarea de ésta Suprema Sala revisar si
han sido vulneradas las normas que establecen un determinado comportamiento procesal
con carácter de obligatoriedad, en cuyo caso debe disponerse la anulación del acto
procesal viciado”
Casación Nº 876-2007 LIMA
El Peruano, 03 de diciembre de 2008
Comentario
La institución del debido proceso
fue una conquista de la Revolución
Francesa, en contra de los
jueces corruptos que aplicaban no la justicia
más estricta, sino la voluntad del rey. En
ese sentido, dentro del moderno estado de
derecho, se entiende que todas las personas
tienen igual derecho al acceso a la justicia.
El debido proceso es un principio jurídico
procesal o sustantivo según el cual toda
persona tiene derecho a ciertas garantías
mínimas, tendientes a asegurar un resultado
justo y equitativo dentro del proceso, y
a permitirle tener oportunidad de ser oído
y hacer valer sus pretensiones frente al juez.
En nuestro país, tal principio se encuentra
recogido en la Constitución Política del Estado
y en el Código Procesal Civil, constituyendo
así uno de los principios procesales
de mayor importancia en nuestro ordenamiento
jurídico, ya que su respeto implica la
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JURISPRUDENCIA PROCESAL CIVIL - EL DERECHO EN SU INTERPRETACIÓN JUDICIAL
existencia de un sistema en el que se respetan
los derechos de los ciudadanos, es decir, un
estado de derecho.
Es por la importancia de este principio,
que se encuentra regulado en el artículo I del
Título Preliminar del Código Civil. Si queremos
hacer una referencia al antecedente
de esta norma, citaremos al doctor Monroy
Gálvez (1) , quien señala que, sin duda, el antecedente
inmediato se encuentra en el artículo
24º de la Constitución de España vigente
desde 1978, cuerpo normativo de excepcional
importancia para comprender nuestra
actual Constitución.
Como señala el autor antes citado, el derecho
al debido proceso constituye uno de
los derechos inherentes a la persona humana
y lo define como el derecho que tiene todo
justiciable de iniciar o participar en un proceso
teniendo, en todo su transcurso, el derecho
de ser oídos, de alegar, de probar, de
impugnar sin restricción alguna.
Se señala que el derecho a la tutela jurisdiccional
efectiva, en tanto derecho público
y subjetivo, tiene dos planos de existencia:
esto es de potencia y acto; es decir, se puede
ubicar el derecho a la tutela jurisdiccional
antes y durante el proceso, respectivamente.
El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva
antes del proceso consiste en aquel derecho
que tiene toda persona como sujeto de derecho,
de exigir al Estado que provea a la
sociedad de los requisitos o presupuestos
materiales y jurídicos indispensables para
solventar un proceso judicial en condiciones
satisfactorias. El derecho a la tutela jurisdiccional
efectiva durante el proceso, en cambio,
contiene el haz de derechos esenciales
que el Estado debe proveer a todo justiciable
que participe en un proceso judicial.
Por su parte, el doctor Anibal Quiroga
anota que se trata de un concepto moderno
íntimamente referido a la validez y legitimidad
del proceso, mediante el cual se obtienen
“..ciertos mínimos procesales que nos permiten
asegurar que el proceso como instrumento sirve
adecuadamente para su objetivo y finalidad.” (2)
Entre estos “mínimos procesales” se encuentra
el derecho de defensa, cuyo alcance comprende
tanto un principio de interdicción de
ocasionarse indefensión como un principio
de contradicción de los actos procesales que
pudieran repercutir en la situación jurídica
de algunas de las partes de un proceso o de
un tercero con interés.
La evolución doctrinaria y normativa al
respecto ha venido a establecer un ámbito
garantista mínimo en tres niveles: 1) El derecho
del inculpado a la comunicación previa
y detallada de los cargos que se le imputan,
2) La concesión al imputado del tiempo y
de los medios adecuados para la preparación
de su defensa. 3) El derecho del inculpado
a defenderse personalmente o de ser asistido
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(1) MONROY GÁLVEZ, Juan. “La Formación del Proceso Civil Peruano. Escritos Reunidos”. Comunidad 2003. p. 264.
(2) QUIROGA LEON, Aníbal. “El Debido Proceso Legal en el Perú y el sistema interamericano de protección de derechos
humanos. Jurisprudencia”; Jurista editores, Lima, Perú, 2003. p. 47.
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La nulidad procesal como una de las consecuencias de la contravención…
por un defensor de su elección, así como de
comunicarse libre y privadamente con este.
Ahora bien, una de las consecuencias de
la vulneración al principio del debido proceso
es la declaración de nulidad del acto
procesal, conforme al artículo 171º del
Código Procesal Civil. Entendemos por
nulidad procesal el estado de anormalidad
de un acto procesal debido a la ausencia o
a la presencia defectuosa de requisitos que
condicionan su existencia regular, determinando
la posibilidad de ser declarado
judicialmente nulo.
Tenemos clases de nulidades procesales,
encontrando entre ellas tres tipos (3) : la absoluta,
la relativa y la inexistencia del acto.
Nulidad Absoluta.- Es aquella que por
carecer de un requisito esencial impide la formación
del acto. Es decir cuando los actos jurídicos
viciados son insubsanables Puede ser
declarada de oficio por el juez o a petición de
cualquier persona interesada. Ejemplo: persona
enajenada que pretenda iniciar un proceso.
Nulidad Relativa.- Esta se refiere a los
requisitos accesorios, vale decir que los actos
jurídicos procesales son subsanables. La
nulidad relativa puede ser pedida únicamente
por la parte. Ejemplo: notificación de
demanda en parapente, el juez no lo puede
declarar de oficio, sólo las partes lo pueden
pedir.
Actos inexistentes.- Son aquellos actos
que, tal como se difiere de su nombre, no
existen, por lo cual no necesitan ser invalidados
ni convalidados. Ejemplo: sentencia
sin firma de juez, no es un acto jurídico procesal,
no existe.
Podemos concluir entonces que para que
vivamos en una sociedad justa, en la que se
respetan los derechos de los ciudadanos y
en los que seamos tratados como seres humanos
con dignidad, deben respetarse los
principios reconocidos en la Constitución
del Estado, y en general en nuestras normas
legales, las mismas que tienen, o deberían tener
como finalidad, lograr un país mejor.
––––––––––––
(3) DANÓS LEZAMA, Franco Renato. “La Nulidad Procesal”.
En: http://www.amag.edu.pe/webestafeta2/index.asp?warproom=articles&action=read&idart=237
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