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La nulidad procesal como una de las consecuencias de la contravención… JURISPRUDENCIA “ Que, la contravención al debido proceso es sancionada ordinariamente con nulidad procesal y se entiende por ésta, a aquel estado de anormalidad del acto procesal, originado en la carencia de algunos de sus elementos constitutivos o en vicios existentes sobre ellos, que potencialmente los coloca en la situación de ser declarado judicialmente inválido, a su vez el estado de nulidad potencial no puede afectar el debido proceso, ya sea por ser subsanable el vicio, por convalidación, o porque el acto ha cumplido con su finalidad y, porque el acto ha cumplido con su finalidad y, porque además el agravio está sustentado en un perjuicio cierto e irreparable; asimismo, la garantía al debido proceso implica también el administrar justicia de acuerdo a las normas procesales, ya sea porque en razón a su texto son consideradas imperativas o bien de estricto cumplimiento deficiente con la respectiva declaración de nulidad, siendo ello así, es tarea de ésta Suprema Sala revisar si han sido vulneradas las normas que establecen un determinado comportamiento procesal con carácter de obligatoriedad, en cuyo caso debe disponerse la anulación del acto procesal viciado” Casación Nº 876-2007 LIMA El Peruano, 03 de diciembre de 2008 Comentario La institución del debido proceso fue una conquista de la Revolución Francesa, en contra de los jueces corruptos que aplicaban no la justicia más estricta, sino la voluntad del rey. En ese sentido, dentro del moderno estado de derecho, se entiende que todas las personas tienen igual derecho al acceso a la justicia. El debido proceso es un principio jurídico procesal o sustantivo según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, y a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones frente al juez. En nuestro país, tal principio se encuentra recogido en la Constitución Política del Estado y en el Código Procesal Civil, constituyendo así uno de los principios procesales de mayor importancia en nuestro ordenamiento jurídico, ya que su respeto implica la 143 120 Febrero de 2009
JURISPRUDENCIA PROCESAL CIVIL - EL DERECHO EN SU INTERPRETACIÓN JUDICIAL existencia de un sistema en el que se respetan los derechos de los ciudadanos, es decir, un estado de derecho. Es por la importancia de este principio, que se encuentra regulado en el artículo I del Título Preliminar del Código Civil. Si queremos hacer una referencia al antecedente de esta norma, citaremos al doctor Monroy Gálvez (1) , quien señala que, sin duda, el antecedente inmediato se encuentra en el artículo 24º de la Constitución de España vigente desde 1978, cuerpo normativo de excepcional importancia para comprender nuestra actual Constitución. Como señala el autor antes citado, el derecho al debido proceso constituye uno de los derechos inherentes a la persona humana y lo define como el derecho que tiene todo justiciable de iniciar o participar en un proceso teniendo, en todo su transcurso, el derecho de ser oídos, de alegar, de probar, de impugnar sin restricción alguna. Se señala que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, en tanto derecho público y subjetivo, tiene dos planos de existencia: esto es de potencia y acto; es decir, se puede ubicar el derecho a la tutela jurisdiccional antes y durante el proceso, respectivamente. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva antes del proceso consiste en aquel derecho que tiene toda persona como sujeto de derecho, de exigir al Estado que provea a la sociedad de los requisitos o presupuestos materiales y jurídicos indispensables para solventar un proceso judicial en condiciones satisfactorias. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva durante el proceso, en cambio, contiene el haz de derechos esenciales que el Estado debe proveer a todo justiciable que participe en un proceso judicial. Por su parte, el doctor Anibal Quiroga anota que se trata de un concepto moderno íntimamente referido a la validez y legitimidad del proceso, mediante el cual se obtienen “..ciertos mínimos procesales que nos permiten asegurar que el proceso como instrumento sirve adecuadamente para su objetivo y finalidad.” (2) Entre estos “mínimos procesales” se encuentra el derecho de defensa, cuyo alcance comprende tanto un principio de interdicción de ocasionarse indefensión como un principio de contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de algunas de las partes de un proceso o de un tercero con interés. La evolución doctrinaria y normativa al respecto ha venido a establecer un ámbito garantista mínimo en tres niveles: 1) El derecho del inculpado a la comunicación previa y detallada de los cargos que se le imputan, 2) La concesión al imputado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa. 3) El derecho del inculpado a defenderse personalmente o de ser asistido 144 –––––––––––– (1) MONROY GÁLVEZ, Juan. “La Formación del Proceso Civil Peruano. Escritos Reunidos”. Comunidad 2003. p. 264. (2) QUIROGA LEON, Aníbal. “El Debido Proceso Legal en el Perú y el sistema interamericano de protección de derechos humanos. Jurisprudencia”; Jurista editores, Lima, Perú, 2003. p. 47. Febrero de 2009 121
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