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JURISPRUDENCIA PROCESAL CIVIL - EL DERECHO EN SU INTERPRETACIÓN JUDICIAL
existencia de un sistema en el que se respetan
los derechos de los ciudadanos, es decir, un
estado de derecho.
Es por la importancia de este principio,
que se encuentra regulado en el artículo I del
Título Preliminar del Código Civil. Si queremos
hacer una referencia al antecedente
de esta norma, citaremos al doctor Monroy
Gálvez (1) , quien señala que, sin duda, el antecedente
inmediato se encuentra en el artículo
24º de la Constitución de España vigente
desde 1978, cuerpo normativo de excepcional
importancia para comprender nuestra
actual Constitución.
Como señala el autor antes citado, el derecho
al debido proceso constituye uno de
los derechos inherentes a la persona humana
y lo define como el derecho que tiene todo
justiciable de iniciar o participar en un proceso
teniendo, en todo su transcurso, el derecho
de ser oídos, de alegar, de probar, de
impugnar sin restricción alguna.
Se señala que el derecho a la tutela jurisdiccional
efectiva, en tanto derecho público
y subjetivo, tiene dos planos de existencia:
esto es de potencia y acto; es decir, se puede
ubicar el derecho a la tutela jurisdiccional
antes y durante el proceso, respectivamente.
El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva
antes del proceso consiste en aquel derecho
que tiene toda persona como sujeto de derecho,
de exigir al Estado que provea a la
sociedad de los requisitos o presupuestos
materiales y jurídicos indispensables para
solventar un proceso judicial en condiciones
satisfactorias. El derecho a la tutela jurisdiccional
efectiva durante el proceso, en cambio,
contiene el haz de derechos esenciales
que el Estado debe proveer a todo justiciable
que participe en un proceso judicial.
Por su parte, el doctor Anibal Quiroga
anota que se trata de un concepto moderno
íntimamente referido a la validez y legitimidad
del proceso, mediante el cual se obtienen
“..ciertos mínimos procesales que nos permiten
asegurar que el proceso como instrumento sirve
adecuadamente para su objetivo y finalidad.” (2)
Entre estos “mínimos procesales” se encuentra
el derecho de defensa, cuyo alcance comprende
tanto un principio de interdicción de
ocasionarse indefensión como un principio
de contradicción de los actos procesales que
pudieran repercutir en la situación jurídica
de algunas de las partes de un proceso o de
un tercero con interés.
La evolución doctrinaria y normativa al
respecto ha venido a establecer un ámbito
garantista mínimo en tres niveles: 1) El derecho
del inculpado a la comunicación previa
y detallada de los cargos que se le imputan,
2) La concesión al imputado del tiempo y
de los medios adecuados para la preparación
de su defensa. 3) El derecho del inculpado
a defenderse personalmente o de ser asistido
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(1) MONROY GÁLVEZ, Juan. “La Formación del Proceso Civil Peruano. Escritos Reunidos”. Comunidad 2003. p. 264.
(2) QUIROGA LEON, Aníbal. “El Debido Proceso Legal en el Perú y el sistema interamericano de protección de derechos
humanos. Jurisprudencia”; Jurista editores, Lima, Perú, 2003. p. 47.
Febrero de 2009 121