Octubre

En el caso de Javier Ramírez, varios elementos demuestran la violación de este
derecho. En primer lugar, su detención ocurrió en condiciones de incomunicación y
privación de defensa técnica, y su legalización no estuvo precedida de audiencia oral y
contradictoria, por lo que la Corte Provincial de Imbabura declaró en algún momento
la nulidad de lo actuado. En segundo lugar, en el proceso no se evidencia la debida
motivación de las decisiones de sustanciación, por ser débil, no inferencial y dar por
descontados hechos no probados.
En tercer lugar, la Misión pudo observar en la audiencia de juzgamiento la connivencia
y dependencia entre los representantes de la ENAMI y de la Fiscalía, esto es, entre el
representante del ejecutivo y de la función judicial. Luego, con la lectura de la sentencia
resulta evidente que la valoración probatoria omitió considerar los elementos en favor
del acusado: los supuestos ofendidos no identificaron directa y plenamente a Ramírez;
la infracción -impedir la entrada de los técnicos con violencia-, en suma, el daño, no
quedó demostrado en relación a los acusados; y finalmente, lo dicho por el principal
testigo de la defensa –el médico y patrón de Ramírez- que aseguró haber estado
con el acusado en el momento de los hechos y aportó pruebas de este hecho, no fue
considerado.
Cabe agregar que la actuación de la empresa fue determinante para lograr la condena.
En primer lugar, antes de la denuncia, las autoridades ya estaban tratando el episodio
como un hecho de agresiones leves y daño material; en segundo lugar, y cómo se
puede leer de los testimonios del expediente, fue la empresa la que determinó desde
el principio que –sólo- los hermanos Ramírez debían ser investigados en calidad de
autores (pese a que afirmaron que por lo menos siete comuneros habían participado),
así como los delitos por los cuales debían serlo -rebelión y obstaculización de vías
públicas- y que debía darse un carácter de continuado a estos delitos (dada la historia
de resistencia de la comunidad del Íntag). Como se puede leer en la sentencia, lo que
se reprocha realmente a los hermanos Ramírez, más que la resistencia a la actuación
de autoridades públicas, es el retraso en el calendario de explotación minera:
“Este suceso, inesperado y sorpresivo soportado por los citados
funcionarios, ha impedido llevar a la comunidad de Chontal Alto, la
información contenida en un documento técnicamente elaborado
para ello, denominado Guía Metodológica, como para recoger
las inquietudes y sugerencias de la población, y ofrecerles las
explicaciones y asesoramiento del caso, habiéndose impedido
el desarrollo de la fase de exploración que adelantaba la empresa
minera ENAMI AP, pues, al ser obstruido el cronograma de labores,
se altera el desenvolvimiento del plan minero que se había puesto en
marcha 47 ”.
Pero a la Empresa ENAMI AP, no le fue suficiente la condena y los 10 meses de prisión
de Javier. La empresa apeló la decisión alegando que no se tuvo en cuenta la causal de
agravación (agresión a servidor público) y que por lo tanto debía aplicarse la condena
prevista de 12 meses en su totalidad. El Tribunal de Ibambura, el 15 de mayo le dio razón
a la empresa y condenó a Javier a pagar 2 meses más de prisión. Sin embargo la defensa
de Javier interpuso recurso de Casación y el 15 de julio de 2015, la Corte decidió que Javier
no debía pagar 2 meses más de prisión.
En el caso de Pepe Acacho y Pedro Mashiant, la violación al debido proceso se
constata en el proceso de inferencia de que la condición de líderes indígenas,
participantes en un proceso de negociación con autoridades estatales para
conjurar el levantamiento, implica la autoría mediata de la violencia suscitada en
47. Sentencia emitida en el Juicio No. 10332-2014-0372. El 23 de febrero de 2015.
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Criminalización de la protesta social frente a proyectos extractivos en Ecuador