Octubre

del artículo: “excepto cuando de las circunstancias que precedieron o acompañaron el
acto, pueda deducirse que no hubo intención dañada al cometerlo”. Tampoco tomaron
en consideración el principio de in dubio pro reo establecido en el artículo 76 de la
constitución.
Estos elementos no considerados, dejan en entredicho la imparcialidad de los
funcionarios judiciales que abordan casos de tan alto perfil político. Como lo ha
mencionado la Comisión de Paz de San Pablo de Amalí:
“Es importante resaltar que si los administradores de justicia (sean
fiscales, jueces, tribunales, u otros que conocen los casos) se
pronunciaren emitiendo órdenes de prisión preventiva, dictámenes
acusatorios, audiencias de formulación de cargos, autos de
llamamiento a juicio, sentencias, etc., sin analizar el contexto general
y sin determinar las verdaderas causas de los hechos, lejos de
cumplir con su función primordial de administrar justicia, ellos pasan
a ser un mero instrumento funcional a la criminalización 51 ”
Protección judicial
El artículo 25 de la CADH establece el derecho a la protección judicial, esto es, a que
las personas cuenten con recursos sencillos, rápidos y efectivos ante los tribunales
competentes, que las amparen “contra actos que violen sus derechos fundamentales
reconocidos (…) aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en
ejercicio de sus funciones oficiales”.
Esta Misión ha corroborado las increíbles dificultades para la justiciabilidad de los
derechos humanos en el Ecuador, ligados a tres hechos fundamentales. El primero,
una administración de justicia precaria que no reconoce en el marco constitucional e
internacional un referente de actuación; el segundo, la falta de independencia de la función
judicial respecto de otros poderes públicos y, tercero, al escaso apoyo de organismos
nacionales de derechos humanos.
• La cultura jurídica desligada de marcos normativos garantistas impacta
negativamente en la justiciabilidad de derechos y demuestra una precariedad en la
justicia ecuatoriana. El caso de San Pablo de Amalí es un claro ejemplo de ello.
Esta comunidad ha iniciado más de 30 acciones judiciales para la protección de derechos
sin resultados favorables a ellos, a pesar de que la Defensoría del Pueblo 52 en 2007
determinó que las expropiaciones realizadas por el Consejo Nacional de Electricidad –
CONELEC-, constituían actos violentos “y atentatorios de los derechos fundamentales a la
seguridad jurídica, al debido proceso y a la propiedad de las personas”:
o 7 acciones constitucionales (acciones de protección, acceso a la
información pública y medidas cautelares).
o 2 denuncias ante la Contraloría General del Estado por Irregularidades en la
contratación y ejecución de la Obra y por la negativa de acceso a la información
o 7 acciones penales, por varios delitos, lesiones, forjamiento y utilización
dolosa de instrumento público, allanamiento y destrucción y tortura.
o 17 acciones verbales sumarias por indemnización de daños y perjuicios
causados por el rompimiento de la ataguía (mini represa).
o 3 denuncias presentadas a la Presidencia de la República y 1 a la
Vicepresidencia
51. Comisión de Paz y Verificación Caso San Pablo de Amalí, ob. Cit. Página 46.
52. En la resolución Defensorial DAP-011-2007
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Criminalización de la protesta social frente a proyectos extractivos en Ecuador