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Crédito: CEDHU 30 Criminalización de la protesta social frente a proyectos extractivos en Ecuador
V. Derecho a la propiedad, participación y derechos políticos (artículos 21 y 23 de la CADH) Las disputas territoriales que pretenden ser neutralizadas a través de la criminalización de líderes comunitarios y defensoras y defensores de derechos humanos y de la naturaleza, tiene una raíz común ligada a la (in)seguridad de la tenencia de la propiedad, que según datos de las Naciones Unidas, constituye un fenómeno mundial de preocupantes dimensiones 100 . Los ejercicios de expropiación por vía administrativa, de imposición de servidumbres para la industria minera, de exploración sin consulta ambiental previa y de restricción del derecho a la circulación por el propio territorio, son los principales detonantes de la conflictividad por razones socioambientales. La Misión trató de encontrarse con el más alto responsable de la Compañía ECSA presente en las instalaciones mineras en la región de Tundayme. Los responsables de seguridad nos informaron que no había ningún responsable presente para atender nuestra visita. A lo largo del camino entre Tundayme y las instalaciones de la compañía, notamos que la Misión estaba vigilada por agentes de seguridad de la empresa, que identificaron cada finca o lugar en el cual recogimos testimonios sobre la situación. Al acercarnos a las instalaciones de la empresa, fuimos seguidos muy cerca por un motociclista que llevaba un casco de motero, quien procuraba no levantar la visera para evitar mostrarnos su cara y hablar con nosotros. La actitud del motociclista pareció por lo menos hostil y pudiera fácilmente ser interpretado como intimidante para los habitantes de la zona. Es importante destacar que desde que la vía pública llega a las instalaciones de la compañía, ésta es controlada por sus guardias de seguridad, impidiendo la libre circulación de las personas. La compañía decide quién puede pasar y utilizar la ruta que llega no solamente a la concesión minera, sino también a territorios y viviendas de personas que han rechazado las ofertas de compra de la compañía, o que han negado el acto de venta por el carácter injusto y abusivo de éstos. Así pues, pudimos constatar que la compañía ha instalado un control de carretera y las idas y vueltas de los habitantes dependen de los agentes de seguridad de ECSA. Cuando la Misión trató de utilizar el camino público en vehículo o a pie, los agentes de seguridad se interpusieron físicamente en el camino, impidiéndole el acceso a la ruta campesina construida por el Estado ecuatoriano así como a las viviendas de los moradores del lugar. La Misión escuchó varios testimonios que indican que en todos los casos estudiados no se había realizado un procedimiento de consulta ambiental adecuado, como lo ordena la Constitución en sus artículos 57 para pueblos indígenas y 61-4 y 398 para todos los ciudadanos 101 y los estándares internacionales en la materia. Efectivamente, en el caso de Pepe Acacho y la nacionalidad Shuar, de Javier Ramírez y la comunidad de Junín, de Manuel Trujillo y la comunidad de San Pablo de Amalí, no se realizó una consulta adecuada. 100. “En el decenio de 2000 los proyectos de desarrollo afectaron a 15 millones de personas al año”. Informe de la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho de no discriminación a este respecto, Raquel Rolnik A/HRC/22/46 del 24 de diciembre de 2012. 101. “Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente.” Criminalización de la protesta social frente a proyectos extractivos en Ecuador 31
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