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Fondo Jurídico
>Playa de La Isleta del Moro,
en la localidad de Níjar.
destinada a “usos vinculados a las actividades
turísticas ligadas a la zona
costera del levante” (artículo 35),
imponiéndose stándares (artículo 36)
que habrán de desarrollarse en el plan
de ordenación intermunicipal que,
para esta zona, ha de aprobar la Junta:
- el 50% de este suelo estará destinado
a espacios no edificados;
- del edificable, 1/3 está destinado
a establecimientos hoteleros y
como máximo 1/3 a uso residencial;
- se ubicarán al menos tres campos
golf de interés turístico.
Esta previsión del POTLA está sin
embargo sujeta a una doble limitación,
con las que tiene difícil encaje.
En primer lugar, habrá de respetar
los límites de crecimiento establecidos
en el POTA que en su artículo
45.4 establece que “con carácter general,
no se permitirán los crecimientos
que supongan incrementos de suelo
urbanizable superiores al 40% del
suelo existente, ni los incrementos de
población superiores al 30% en ocho
años”. Y es que, a mi juicio, no puede
en modo alguno excepcionarse este
limite establecido en el POTA como
parece deducirse del artículo 35.7 del
POTLA (la clasificación como urbanizables
de estos suelos “no computará”
a los efectos de crecimiento establecido
en el artículo 45.4 POTA),
El POTLA diferencia el régimen de
las Zonas de Especial Protección
(Cap. I), que coincidiría con el
suelo no urbanizable protegido:
espacios naturales, montes
públicos, red natura 2000, vías
pecuarias, dominio público
hidráulico y marítimo-terrestre,
más las zonas de protección
territorial que enumera.
y ello en base a varios fundamentos
jurídicos:
- en primer lugar, por la prevalencia
del POTA sobre el POTLA
que expresamente establece la
LOTA (artículos 6 y 22);
- en segundo lugar, por el distinto
procedimiento de aprobación
de uno y otro instrumento: ambos
planes territoriales se incorporan
en sendos Decretos del Consejo
de Gobierno; sin embargo, en el
caso del POTA, el Decreto gubernamental
es aprobado, además,
por el Parlamento (artículo 8.4
LOTA) conforme al procedimiento
establecido en el Reglamento de
la Cámara al presentar el POTA
el carácter de Plan Económico de
los previstos en el artículo 30.5 del
Estatuto de Andalucía.
Por lo tanto, ni por su contenido ni
por su procedimiento de aprobación
ni por los órganos que intervienen
puede el Decreto aprobatorio del
POTLA excepcionar las limitaciones
establecidas en el POTA.
Además, en segundo lugar, los crecimientos
que deriven de la Zona de
Reserva del Llano central atraen un
segundo límite, derivado ahora de la
legislación estatal: el artículo 25.4 de
la Ley de Aguas (Real Decreto Legislativo
1/2001) exige un informe
preceptivo de la confederación hidrográfica
en la tramitación de planes
autonómicos o locales que comporten
nuevas demandas de recursos hídricos,
informe que contendrá específicamente
un pronunciamiento expreso
sobre la existencia o inexistencia del
recurso para satisfacer tales demandas.
Salvo error por mi parte, no sólo no
existe en el POTLA referencia expresa
a dicho informe sino que además
establece una previsión en sentido
contrario: su artículo 64 impone a la
Administración hidráulica la revisión
de la planificación hidrológica vigente
para adaptarla a los contenidos del
Plan (POTLA).
En definitiva, entiendo que el paisaje
almeriense no tiene aún los instrumentos
de regulación y tutela que
las más recientes técnicas normativas
(previstas en el Convenio de Florencia
de 2008) han incorporado en nuestro
ordenamiento -catálogos, objetivos y
directrices- con el fin de ordenarlo y
no sólo protegerlo en base a su excepcionalidad,
como viene siendo tradicional.
En particular, no puede considerarse
que el POTLA cumpla esta
función ordenadora, instrumento por
lo demás que presenta serios conflictos
de coexistencia con otras normas
–estatales y autonómicas- de nuestro
ordenamiento jurídico.
Nota.- Susana Galera es Profesora
titular de Derecho Administrativo,
especialista en Derecho Ambiental y
Europeo. Oriunda de Cuevas del Almanzora,
mantiene una vinculación
continuada con Almería, colaborando
en acciones culturales y ambientales
así como emitiendo informes en
conocidos asuntos contenciosos de
nuestra provincia.
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ABRIL 2012
SALA DE TOGAS
Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Almería