propiedad-intelectual-anteproyecto-ley

La potestad sancionadora corresponderá a la Sección Primera de la
Comisión de Propiedad Intelectual y se ejercerá de conformidad el
procedimiento establecido en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y en su normativa de desarrollo.
“Artículo 158 ter. Función de salvaguarda de los derechos en el entrono
digital.
1. La Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual ejercerá
las funciones de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a
su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de información
a través de un procedimiento cuyo objeto será el restablecimiento de la
legalidad.
2. El procedimiento de reestablecimiento de la legalidad se dirigirá contra:
a) Los prestadores de servicios de la sociedad de la información que
vulneren directamente derechos de propiedad intelectual de forma
significativa, atendiendo al número de obras y prestaciones protegidas
indiciariamente no autorizadas a las que es posible acceder a través del
servicio y a su modelo de negocio.
b) Subsidiariamente, en el caso de que dichos prestadores de servicios no
tengan con España vínculos suficientes o cuando concurran otros
motivos que impidan la eficaz salvaguarda de los derechos vulnerados,
aquellos prestadores de servicios de la sociedad de la información que
cumplan las siguientes condiciones:
1º. Que participen en la vulneración de los derechos de forma
significativa considerando su nivel de audiencia en España o el
volumen obras y prestaciones protegidas indiciariamente no
autorizadas cuya localización se facilite.
2º. Que su principal actividad sea la de facilitar de manera específica
y masiva la localización de obras y prestaciones que
indiciariamente se ofrecen sin autorización.
3º. Que desarrollen una labor activa, específica y no neutral de
mantenimiento y actualización de las correspondientes
herramientas de localización, en particular ofreciendo listados
ordenados y clasificados de enlaces a las obras y prestaciones
referidas anteriormente. Todo ello con independencia de que
dichos enlaces puedan ser proporcionados inicialmente por los
destinatarios del servicio.
4º. Que no se limiten a desarrollar actividades de mera
intermediación técnica.
5º. Que, directa o indirectamente, actúen con ánimo de lucro o
hayan causado o sean susceptibles de causar un daño
patrimonial.
3. El procedimiento se iniciará de oficio, siempre a instancia del titular de
los derechos de propiedad intelectual que se consideren vulnerados o de la
persona que tuviera encomendado su ejercicio.
Este procedimiento, que se desarrollará reglamentariamente, estará
basado en los principios de celeridad y proporcionalidad y en el mismo serán
de aplicación los derechos de defensa previstos en el artículo 135 de la Ley
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